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CATALUNYA

Quim Torra acepta que desobedeció pero intenta retrasar su condena para no abortar la legislatura

La defensa del president avanza que reclamará al Supremo enviar a la justicia europea una cuestión prejudicial sobre la imparcialidad de los magistrados del TSJC

El Govern busca fórmulas para evitar que una inhabilitación de Torra le empuje a unas elecciones con demasiada anticipación

Aunque por la mañana el mundo independentista ha arropado a Torra en la calle, ni un solo conseller le ha acompañado desde la sala de vistas del tribunal

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Torra ya tiene su juicio

El president de la Generalitat, en el banquillo de los acusados durante el juicio EFE

"Bienvenida sea la condena si es por defender los derechos de los catalanes". Así se ha expresado el president de la Generalitat, en su última palabra en el juicio por no retirar los lazos amarillos. Quim Torra ha aceptado este lunes que desobedeció el requerimiento de la Junta Electoral para retirar lazos amarillos, aunque ha considerado que no fue un hecho delictivo que merezca la pena de la inhabilitación por tratarse de una orden "nula e ilegal". Torra ha dado tanto la batalla política como la jurídica, mostrando su intención de retrasar todo lo posible el fallo, y por lo tanto su salida obligada de la Generalitat.

La defensa de Quim Torra se ha sacado de la manga una fórmula que sirve tanto para que la Justicia europea evalúe la imparcialidad de los jueces del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) cuestionada por el president como para retrasar la emisión de la sentencia. En el trámite de informe final, el abogado Gonzalo Boye ha reclamado al tribunal elevar tres cuestiones prejudiciales al Tribunal de Justicia de la UE, algo que ha sido inmediatamente rechazado por el presidente del tribunal y del TSJC, Jesús María Barrientos. Sin embargo, según la defensa, el Tribunal Supremo deberá elevar las cuestionas al TJUE una vez el president presente el recurso de casación.

El president de la Generalitat pretende con la apertura de la vía europea alargar los plazos de la deliberación y retrasar la sentencia que podría inhabilitarle. Gracias a esa fórmula, Torra puede disponer de hasta un año más hasta conocer la resolución de su juicio en primera instancia, evitando así abortar la legislatura catalana en 2020. La petición de cuestiones prejudiciales, según ha explicado su defensa, será de nuevo reclamadas ante el Tribunal Supremo, cuando el expresidente apele la sentencia que el TSJC emitirá en unas pocas semanas. Si el Supremo acepta plantear las cuestiones prejudiciales la resolución definitiva del caso se podría retrasar hasta bien entrado 2021 y los planes de los que ven unas elecciones catalanas inmediatas se harían trizas.  

La petición europea de la defensa se basa en cuestionar la imparcialidad de los jueces del caso, tal y como ya ha planteado a lo largo de la instrucción. Según alega la defensa, Barrientos no es imparcial porque en declaraciones a los medios respaldó la orden de la JEC de retirar los lazos. Tampoco es imparcial, según la defensa, el instructor del caso, el magistrado Carlos Ramos, porque fue escogido a propuesta del Parlament y en concreto del PSC, lo que, a su juicio, muestra que tenía interés en que fuera juzgado e inhabilitado porque dicho partido quiere que Torra dimita o convoque elecciones.

Las peticiones que Torra ha planteado a última hora elevar a la Justicia europea ya fueron rechazadas por el propio TSJC cuando el president recusó a ambos magistrados. El TSJC concluyó, al contrario del criterio de la defensa de Torra, que "ninguno de los comportamientos públicos, manifestaciones o conductas" de Barrientos relativas al procés revelaban una "pérdida de imparcialidad objetiva o subjetiva por su parte". Y de Ramos, el tribunal recordó que no fue nombrado magistrado por el Parlament, sino que la Cámara catalana propuso al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) una terna de magistrados, entre los que además de Ramos estaba la actual consellera de Justicia, Ester Capella. La terna se aprobó por la mayoría que en 2004 tenían PSC, ERC e ICV en el Parlament. 

El propio Torra, tras la petición de su defensa, ha lanzado varios ataques contra el tribunal. "Este tribunal no es imparcial y acuso al Estado de vulnerar mis derechos y los de mis compatriotas", ha empezado Torra. "No hacía falta que yo pidiera su recusación, ustedes se tenían que haber apartado", ha proseguido, para a renglón seguido acusar al tribunal de celebrar "un juicio político" que solo busca apartarle de la presidencia. Con todo, la última palabra de Torra también ha sonado a despedida: "Continuaré como president los meses que me queden".

Una película con varias tramas

"Como en las películas: ¿cumplió usted la orden de la Junta Electoral, sí o no?", ha preguntado por la mañana el abogado del president de la Generalitat, Gonzalo Boye. Y Quim Torra ha dado una respuesta que resume su línea de defensa: "Sí, desobedecí. Era imposible cumplir una orden ilegal". Es decir, desobedeció a la JEC, pero no merece la condena penal porque era una orden ilegal. Al intento del president de imitar la pregunta del código rojo de la película Algunos hombres buenos  se han agarrado la Fiscalía y Vox para reclamar que se inhabilite al president por desobediencia durante 20 meses y dos años, respectivamente. En palabras del fiscal superior de Catalunya, Francisco Bañeres, Torra “intensificó sus faltas de respeto y befas” hacia la Junta Electoral tras decidir desobedecer la orden.

El juicio que este lunes se ha celebrado en el TSJC contra el president por los delitos de desobediencia tenía varias tramas. En la estrictamente judicial, la defensa ha combatido que la JEC fuera una "autoridad superior", requisito indispensable para que el tribunal condene por desobediencia. Asimismo, también ha considerado que la JEC no era el órgano competente para ordenar la retirada de los lazos al no ser un tribunal de justicia, por lo que su requerimiento es "nulo e ilegal" y no puede suponer la base para inhabilitar a Torra. Lo contrario ha sostenido Bañeres, que ha argumentado que las órdenes de la JEC competen "al presidente de la Generalitat y al presidente del Gobierno".

Respecto a la subtrama política de este juicio, si el tribunal catalán considera que Torra cometió un delito y la pena es confirmada en el Supremo, el jefe del Govern quedaría inhabilitado para continuar en el cargo, lo que pondría en marcha el plazo de 70 días para que el Parlament invistiera a un nuevo president de entre los 135 diputados de la Cámara. Si no pudiera elegirse, agotado el plazo se convocarían automáticamente nuevas elecciones.

Evitar un anticipo electoral indeseado

El bloque independentista, y en concreto el grupo de JxCat que ostenta la presidencia del Govern, quiere evitar perder el control de la legislatura por esta causa. La inhabilitación de Torra obligaría a intentar consensuar el nombre de un nuevo president, algo que volvería a abrir la pugna entre los partidos independentistas, que se encuentran en una situación muy diferente a mayo de 2018, cuando votaron a Torra como última opción para levantar el 155. Además, en este momento la CUP, necesaria para obtener cualquier mayoría independentista, se muestra mucho menos colaboradora para buscar entendimientos con JxCat y ERC que entonces.

La alternativa sería dejar correr el plazo e ir a unas nuevas elecciones autonómicas, las quintas en una década. Una opción que, en la práctica, impediría a JxCat utilizar una de las atribuciones reservadas al president, la de convocar comicios de forma anticipada, y por lo tanto no podrían elegir el mejor momento electoral para dar por concluida la legislatura. Debe tenerse en cuenta que, en caso de cesión forzosa del president, el vicepresident –en este caso Pere Aragonès (ERC)– lo sustituye en sus funciones, pero no tiene capacidad de convocar elecciones. 

En los encuentros semanales que mantienen los partidos independentistas fuera de la mesa del Govern, la cuestión de la inhabilitación de Torra y sus posibles efectos derivados ha sido discutida e, incluso, ha habido propuestas sobre posibles salidas, como la investidura de una figura de consenso que se comprometa a convocar elecciones en un plazo determinado. Ninguna de las opciones planteadas, sin embargo, han obtenido el beneplácito de las partes, por lo que la cuestión sigue en el aire.

Muestra de las discrepancias entre partidos independentistas ha sido que, dentro de la sala de vistas del TSJC, ni un conseller ha arropado a Torra. Al margen de su mujer y su hijo, en los bancos reservados a autoridades de la sala de vistas solo se ha sentado el vicepresidente del Parlament Josep Costa (JxCat), y por la tarde, la jefa de filas de los posconvergentes en el Congreso, Laura Borràs. Los consellers se han limitado a acompañarlo hasta la puerta del juzgado. El president ha intentado emular a Algunos hombres buenos, pero este lunes, dentro de la sala, ha estado más bien Solo ante el peligro.

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