Torra admite que desoyó a la Junta Electoral y no retiró los lazos amarillos: "Desobedecí porque era una orden ilegal"

Torra, en el banquillo

"No, no cumplí la orden de la Junta Electoral. Desobedecí porque era una orden ilegal". El president de la Generalitat, Quim Torra, ha admitido que desoyó a la Junta Electoral Central y no retiró los lazos amarillos y símbolos independentistas de sedes gubernamentales durante la precampaña de las pasadas elecciones generales del mes de abril. Según ha alegado el president en su declaración como acusado ante el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC), la orden "nula e ilegal" de la JEC era "imposible de cumplir" porque el ente de vigilancia electoral no tenía competencia para reclamar la retirada de los lazos.

Torra se enfrenta a su salida obligada de la política en el juicio por no retirar los lazos amarillos de la Generalitat

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La Fiscalía pide veinte meses de inhabilitación y una multa de 30.000 euros por un delito de desobediencia, pena que, de confirmarse por el Tribunal Supremo en unos meses, apearía a Torra de la presidencia de la Generalitat. Por su lado, el partido de extrema derecha Vox, que ejerce la acusación popular, solicita dos años de inhabilitación y una sanción de 72.000 euros.

Torra ha salido al ataque en una declaración de marcado tinte político que no ha olvidado su principal baza jurídica para intentar salir absuelto: el president ha insistido que la JEC “no es un órgano jerárquicamente superior” a la presidencia de la Generalitat, una de las circunstancias que el tribunal debe considerar probadas para poder condenar a Torra por desobediencia, tal y como piden las acusaciones. El president se ha acogido a su derecho a no contestar al fiscal superior de Catalunya, Francisco Bañeres, y a la acusación popular que ejerce Vox, partido que Torra ha tildado de "franquista".

“La Junta Electoral se inventó la competencia y la manera de tramitar” la orden de retirar los lazos, ha apostillado Torra, que ha ido incrementando las descalificaciones a la JEC a lo largo de su media hora de declaración. Primero ha acusado a la JEC de "coaccionarlo" con la orden para quitar los lazos. Luego ha llegado a sostener que el requerimiento para retirar los símbolos suponía "una amenaza" y solo buscaba llevarle a juicio. También ha recordado la cercanía a PP y Ciudadanos de dos de los vocales de la JEC. Por todo ello Torra ha considerado que la JEC quería situar a Torra en la disyuntiva de "obedecer un acto nulo e ilegal o hacerlo prevaricar" si obedecía.

Cabe recordar no obstante que Torra sí terminó descolgando la pancarta con los lazos amarillos y el mensaje en favor de los "presos políticos" del balcón de la Generalitat. Lo hizo, sin embargo, cuatro días más tarde del ultimátum de la JEC, y tras cambiar la pancarta del lazo amarillo por otra que pedía la libertad de los presos y que incluía con un lazo rojo. Esta segunda pancarta también fue retirada y sustituida por otra sin lazos ni mensajes sobre los presos, en la que solo se reclamaba libertad de expresión. Es decir, Torra acató a la JEC, pero tarde. En medio, Torra se escudó para no retirar los lazos en un informe del defensor del pueblo catalán que ya conocía días antes, y que le recomendaba seguir las órdenes de la JEC.

Por otro lado, Torra ha argumentado que ni los lazos amarillos ni los mensajes en favor de los presos del procés son "símbolos partidistas", al contrario de lo que concluyó la JEC. El president, buen conocedor de la historia de Catalunya, se ha permitido dar una breve lección sobre el origen de los lazos amarillos y la bandera 'estelada'. Torra ha explicado que el lazo amarillo surgió durante la guerra de sucesión de 1714 y que su uso también está documentado durante la Segunda República y la consulta soberanista del 9-N de 2014.

“Es un símbolo -ha dicho Torra en referencia a los lazos- que no es propaganda, que va mucho más allá de los partidos y apela a un deseo de justicia, es un símbolo que tendría que ser patrimonio común”. Torra también ha sostenido que ni el lazo amarillo, ni la 'estelada' ni el lema “libertad presos políticos” son mensajes partidistas.

“La libertad de los presos políticos no son de ningún partido, son de la gente que piensa que este país vive un conflicto democrático”, ha agregado Torra, que ha lanzado a un dardo al presidente del TSJC, Jesús María Barrientos. El magistrado, que preside la vista oral, hace unos meses abandonó un acto en el colegio de la abogacía de Barcelona cuando Roger Torrent mencionó a los “presos políticos”. “Son presos políticos por mucho que alguien se levante de una sala cuando se habla de ellos”, ha aseverado Torra, en una velada referencia a Barrientos.

La vista oral ha empezado con un nuevo intento de la defensa de Torra, que ejercen los letrados Gonzalo Boye e Isabel Elbal, de anular toda la causa cuestionando la imparcialidad del tribunal y del juez instructor del caso. Durante el trámite de cuestiones previas, Elbal ha insistido en mostrar sus dudas sobre la “imparcialidad” del tribunal que juzgará a Torra, presidido por el presidente del TSJC, Jesús María Barrientos. El tribunal ha rechazado las cuestiones previas y ha recordado que las recusaciones de Torra contra los magistrados ya se resolvieron.

El exjefe de los Mossos contradice a Torra

La vista oral se ha alargado menos de lo previsto porque Vox ha renunciado a las declaraciones de los testigos previstas para la tarde, las del líder de la oposición, Carlos Carrizosa (Ciudadanos); la delegada del Gobierno, Teresa Cunillera (PSC); la exportavoz del Govern Elsa Artadi (JxCat); el conseller de Interior, Miquel Buch (JxCat); y el Síndic de Greuges, el defensor del pueblo catalán, Rafael Ribó.

De esta forma, en el juicio solo han comparecido los policías nacionales que fotografiaron las sedes del Govern para comprobar si se había retirado la ideología independentista y el entonces jefe de los Mossos d'Esquadra, el comisario Miquel Esquius. El comisario ha contradicho a Torra y ha afirmado que la Generalitat acató la orden de la Junta Electoral para retirar simbología independentista de las sedes gubernamentales. “En ningún caso hubo desobediencia en la retirada de simbología”, ha zanjado Esquius.

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