La fiscal Begoña García Boró ha solicitado la absolución de David Sánchez en un alegato en el que ha cargado contra las “conjeturas” en las que, a su juicio, se basan el Partido Popular y las acusaciones ultras que sustentan la causa contra el hermano del presidente del Gobierno. También ha defendido el papel de la Fiscalía “en defensa de la legalidad, los derechos de los ciudadanos y el interés público” tras las críticas recibidas por parte de las acusaciones populares, que han calificado de “virulenta” la “defensa” que, a su juicio, ha realizado del familiar del jefe del Ejecutivo. La Fiscalía también pide la absolución del expresidente de la Diputación de Badajoz Miguel Ángel Gallardo y de los otros nueve acusados.

Respecto al objeto del procedimiento, la representante del Ministerio Público ha asegurado que en los escritos de las acusaciones populares no concretan “ningún acto de influencia” o de “presión” que motivara la contratación de David Sánchez en la Diputación de Badajoz en 2017. Y que, ante ese vacío, han tratado de “construir” durante el juicio esas “influencias de personas indeterminadas que no están ni siquiera en ese procedimiento”, en una posible alusión al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, citado de forma reiterada por los letrados de la acusación popular. 

En el momento de crear la plaza (octubre de 2016), Pedro Sánchez ya había dimitido como secretario general del PSOE en el polémico comité federal del 1 de octubre y cuando se activó el proceso de selección aún no se habían celebrado las primarias que le enfrentaron a Susana Díaz y que acabó ganando. Aún faltaba un año para que el Congreso aprobara la moción de censura contra el Gobierno de Mariano Rajoy. Pedro Sánchez tenía, cuando se creó la plaza, nulo poder orgánico o político.

Por otro lado, la representante del Ministerio Público ha defendido que no ha quedado acreditado que en el músico “no concurrieran las habilidades y los méritos exigidos en el contrato”. “No hay ninguna prueba de que se haya determinado de una forma grosera, arbitraria, injusticia y legal el nombramiento de David Sánchez como coordinador de las actividades de los conservatorios de música de Badajoz”, ha aseverado. 

La fiscal también ha mantenido, asimismo, que está “documentalmente acreditado” que David Sánchez ejerció su actividad: “Queda acreditado que desempeñó sus funciones, que tenía despacho, que acudía de la forma que se tendría que acudir, que tenía relaciones con los directores de los conservatorios”.

La fiscal se ha referido a los interrogatorios tanto del secretario general como del interventor, que defendieron que el expediente pasó por sus manos y que “no les suscitó ninguna sospecha ni reparo”. La representante del Ministerio Público ha recordado que ambos son funcionarios de la Administración General del Estado, después de que el PP y las acusaciones ultra trataran de atacar la credibilidad de los testigos que contradicen las tesis de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. 

“Son funcionarios habilitados de carácter nacional. No están aquí designados de forma arbitraria, no han concurrido a una oposición de la Diputación, han concurrido a una oposición nacional. No podemos dudar de la veracidad ni poner entredicho lo que aquí se ha declarado y el ejercicio leal de sus funciones”, ha aseverado la fiscal. 

También se ha referido a Francisco Serrano, el representante de CSIF en la Mesa de Negociación de la Diputación pacense que se opuso a la creación de dicha plaza. Según la fiscal, su desacuerdo se debió que quería que fuera ofertada en el ámbito interno de la Administración, no a la generalidad de los ciudadanos“. En este sentido, la fiscal ha mantenido que no hubo ”ninguna alegación, reclamación, advertencia, ni siquiera un recurso posterior“ por parte de los diputados de otros partidos que conformaban el pleno de la Diputación sobre la creación del puesto. 

“¿Se va a condenar a un señor por un chascarrillo?”

Por la tarde ha sido el turno de los informes de las defensas. Emilio Cortés, abogado de David Sánchez, ha reclamado la absolución de su cliente, que se enfrenta a una petición de hasta seis años de cárcel por su contratación en la Diputación de Badajoz en 2017. En una intervención que se ha prolongado durante algo más de media hora, el letrado ha defendido que no hay pruebas de los delitos de prevaricación y tráfico de influencias que se le atribuyen al hermano del presidente del Gobierno. 

Así, ha desdeñado que sea una prueba la inclusión de la palabra “hermanísimo” en el asunto del correo que el exdirector del Conservatorio Superior de Badajoz, Evaristo Valentí, envió el 19 de mayo de 2017 a la entonces directora del Conservatorio Profesional, Yolanda Sánchez, con las bases del proceso de selección, que se hicieron públicas ese mismo día. Ante el tribunal, Valentí dijo que usó ese calificativo porque era “llamativo”, si bien negó que hubiera rumores de amaño de la plaza. 

“¿Se va a condenar a un señor por un chascarrillo que han creado los demás? ¿De verdad que en esas estamos?”, se ha preguntado Cortés, quien en otro momento de su informe ha preguntado directamente a los magistrados si con la “prueba practicada” están en condiciones de decir si se produjo la “presión moral eficiente” que requiere la jurisprudencia para determinar que ha existido un delito de tráfico de influencias. 

El letrado también ha tenido palabras para el Partido Popular y el resto de acusaciones ultra que sustentan la causa, a quienes ha atribuido un “sesgo” absolutamente “unívoco”. “Aquí se acabaron las conjeturas, las filtraciones interesadas, el interés de los medios de comunicación, incluso las ganas de poder derrotar a un Gobierno”, ha aseverado el letrado, quien ha cuestionado el intento de las acusaciones populares de caricaturizar a la Diputación de Badajoz como si de una “banda facinerosa” se tratara y a su cliente como el toro de Miura que “mató a Manolete”. 

Se ha referido, asimismo, al intento de las acusaciones populares de atacar la credibilidad de los funcionarios, técnicos y peritos que, en las últimas sesiones, han puesto en entredicho las deducciones incriminatorias de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. “No sé qué razón hay para poner de manifiesto la vieja máxima de que si no me gustan los testigos, los tiro, que es lo que han dicho aquí, que si tienen miedo, que si tienen represalias, que si mintieron... Si esto fuera así, ganaríamos los pleitos todos los letrados siempre”, ha aseverado.

La defensa de Gallardo carga contra Balas

Previamente había tomado la palabra Juan José Torres Ventosa, el abogado del expresidente de la Diputación de Badajoz Miguel Ángel Gallardo, acusado de los delitos de prevaricación y tráfico de influencias por la contratación del hermano de Pedro Sánchez en esa institución. En su informe, el letrado ha cargado contra los informes de la UCO de la Guardia Civil que señalan a Gallardo como el presunto instigador político de las supuestas maniobras para que el músico obtuviera la plaza. 

Torres Ventosa ha afirmado que el teniente coronel de la UCO Antonio Balas hizo en el tribunal una “valoración” de sus atestados que “no coincide o se aparta” de lo recogido en los atestados realizados por esa unidad del instituto armado. En esos informes policiales, la UCO aseguraba desconocer de quién fue la decisión de crear la plaza y, sin embargo, en el juicio señaló directamente a Miguel Ángel Gallardo por una “visión holística” de los oficios y atestados incluidos en la investigación. 

El letrado ha rebatido la tesis expresada por este mando policial, según la cual como el diseño final de la plaza no se parecía a las conversaciones preliminares que había habido en el área de Cultura y el área de Recursos Humanos “carece de autoridad empaque o fuerza suficiente para imponer un diseño determinado”, era “evidente” que la orden debía venir de la presidencia y, por tanto, de Gallardo. 

La investigación del presunto soborno cometido por Alberto González Amador a un directivo del Grupo Quirón permanece detenida antes de arrancar. Los requerimientos de la Unidad Central Operativa (UCO) al juez Antonio Viejo para que le autorice a acceder a las cuentas bancarias y a la información societaria de la pareja de Isabel Díaz Ayuso cumplen seis meses sin que el magistrado instructor se haya prestado a autorizarlos, informan a elDiario.es fuentes próximas al caso. 

Las últimas semanas de retraso son especialmente llamativas. A instancia de los investigadores, el juzgado de Instrucción número 19 de Madrid albergó una reunión el pasado 30 de abril entre el magistrado Viejo, una representación de los agentes de la UCO y el fiscal del caso. En ese encuentro, Viejo se comprometió a librar los oficios en el plazo de una semana. Un mes y una semana después sigue sin hacerlo. 

La operación ha sido bautizada ya por los agentes de la UCO como ‘Cirbelia’, en alusión a Círculo de Belleza S.L, la empresa cuya compra por González Amador supondría en realidad el pago encubierto de una comisión a Fernando Camino, presidente de Quirón Prevención. 

Cuando se cumplieron tres meses sin que el juez Antonio Viejo contestara al requerimiento de la UCO para empezar a investigar, un portavoz del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) trasladó a elDiario.es que el magistrado no había tomado posesión de su nuevo cargo hasta octubre de 2025 y que tuvo que “empezar de cero” revisando todas las causas. 

Según la citada explicación, el juez Viejo habría dado prioridad a las causas con preso o a otras de especial complejidad que afectaban al día a día de las víctimas, como las grandes estafas o las que tienen que ver con herencias. La entrada en vigor de la Ley de Eficiencia en los juzgados, que ha cambiado el modelo que regía los juzgados, habría redundado en ese retraso, alegaba el mismo portavoz. 

La primera jueza del caso, Inmaculada Iglesias, se jubiló el verano pasado. A finales de junio dictó un auto en el que ordenaba a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil actuar como policía judicial del caso debido a la complejidad que había adquirido el mismo. El cambio de titular en el juzgado, que instruye en estos momentos varias causas complejas, retrasó la investigación a Alberto González Amador. El nuevo juez, Antonio Viejo, se incorporó durante el mes de octubre. Hasta el 31 de ese mes no llegó a la UCO la primera parte de la información de la causa por corrupción en los negocios y administración desleal contra la pareja de Ayuso. Una semana después, el 6 de noviembre, el juzgado completó la remisión de documentos a la Guardia Civil, según los datos recabados por elDiario.es.

Ocultar un “soborno”

El empresario y comisionista Alberto González Amador compró en 2020 una sociedad sin apenas valor por medio millón de euros a Gloria Carrasco, una farmacéutica de León casada con Fernando Camino, presidente de Quirón Prevención. Los dos jueces del caso, la Fiscalía y la acusación popular sospechan que el precio de la sociedad se hinchó para ocultar un “soborno”. 

Dos son las líneas de investigación que se siguen en este sentido. La primera de ellas sostiene que Fernando Camino, presidente de Quirón Prevención, ostentaba otro cargo además del que tiene en la empresa sanitaria. Camino era consejero de una empresa gallega llamada Mape y habría intercedido para que esta comprara 42 millones de euros en material sanitario de protección a una sociedad catalana. Lo habría hecho sabedor de que esa empresa de Cataluña habría acordado previamente pagar una comisión a la pareja de Isabel Díaz Ayuso de un 4,5% por cada venta que obtuviera. 

La compra de la sociedad de la mujer de Camino por parte de Alberto González Amador habría sido la forma de ocultar el porcentaje de la comisión que se llevaría el presidente de Quirón por haber facilitado la operación de compraventa de material sanitario desde su silla en el consejo de administración de Mape. Una cuarta parte de los 1.973.000 euros del pelotazo de González Amador, cerca de 500.000, habrían acabado de esta forma en el bolsillo de Camino. 

La segunda tesis que estableció la primera jueza del caso pasa porque ese medio millón de euros por esa sociedad, llamada Círculo de Belleza SL, podía corresponderse con el “soborno” de Alberto González Amador por el incremento de la facturación a Quirón Prevención, que preside Fernando Camino. La sociedad apenas había facturado 30.000 euros en el ejercicio que precedió a la venta y su capital consistía en tres aparatos de depilación amortizados y un ordenador portátil.

González Amador trabaja con esta división de la empresa sanitaria desde 2017, pero el año que comenzó su relación con Isabel Díaz Ayuso aumentó su facturación por cuatro. El Grupo Quirón es el gran beneficiado de la política de gestión privada de la sanidad pública que desarrolla el Gobierno de Ayuso, con casi 1.000 millones de euros públicos de facturación al año. 

Pese a los indicios recabados en la instrucción, a fecha de hoy solo han declarado en el juzgado por el presunto soborno Alberto González Amador y la antigua dueña de la empresa, Gloria Carrasco, la mujer del directivo de Quirón. Sus comparecencias presentaron serias contradicciones entre ellas, principalmente cuando intentaron dar cada uno su versión de por qué Círculo de Belleza, con tan poco valor, costó medio millón de euros. Esas discrepancias fueron el desencadenante para que la Fiscalía solicitara a la jueza dar un salto en la investigación en implicar a la UCO.

Instrucciones precisas de la primera jueza del caso

Según las fuentes consultadas por elDiario.es, la primera jueza del caso, Inmaculada Iglesias concretó a la UCO dónde quería que escarbara. La magistrada pidió en julio aclarar el “incremento patrimonial” de González Amador, un empresario con discretos resultados hasta que la comisión en 2020 disparó su carrera. Los agentes, detalló la jueza, deberían centrarse en analizar la obtención de esa comisión y el resto de ingresos de Alberto González Amador.

Inmaculada Iglesias es la jueza que instruyó la pieza principal, por el fraude fiscal de 350.951 euros de González Amador, y que abrió una pieza separada a petición de las acusaciones populares, que ejercen PSOE y Podemos. Al poder acceder a todo el expediente tributario, los abogados de los partidos encontraron indicios de otros delitos que trascendían el fraude fiscal. 

Poco antes de abandonar el juzgado por su jubilación, la jueza Iglesias dio una instrucción precisa para que la UCO escudriñara la operación de compra de Círculo de Belleza SL por parte de González Amador a Gloria Carrasco. Con posterioridad a la compra, la pareja de Ayuso rebautizó la empresa con el rimbombante nombre de Masterman & Whitaker. La Agencia Tributaria y la Fiscalía creen que utilizó la sociedad para facturar encargos de Quirón que en realidad realizaba su empresa principal, Maxwell Cremona SL, y obtener así ventajas fiscales de forma irregular. La jueza pedía a la UCO que le informara sobre el posible “uso instrumental” de sociedades de González Amador. 

Asimismo, la jueza Iglesias solicitó a la UCO el análisis de todos los flujos financieros relacionados con González Amador y su empresa así como un posible delito de blanqueo de capitales, precisan las fuentes consultadas. Esta última instrucción de la jueza ofrecía una pista de por dónde puede crecer el caso, ya que esa dinámica delictiva no había sido contemplada hasta ese momento por la jueza. Ocurre igual con la mención a la trama compleja en la que participó presuntamente González Amador y que podría derivar en una nueva imputación por integración en grupo criminal.

Agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil irrumpieron en la mañana del pasado 27 de mayo en la sede federal del PSOE, en la calle Ferraz de Madrid. Durante 12 horas, los investigadores se incautaron de un enorme volumen de documentación. Hubo registros en otros domicilios y empresas. El análisis de esa información arrojará más luz sobre la magnitud de un caso que ha vuelto a tambalear los cimientos del partido. Por el momento, en los miles de folios que componen el sumario se agolpan los indicios de que el PSOE financió parte de una trama conspiranoica que trabajó para frenar investigaciones judiciales y que buscó extender su influencia a la Guardia Civil, cuyos mandos están detrás de algunas de las causas que atañen al entorno del partido y del Gobierno. 

El avance de esas investigaciones constata que la trama fracasó en su intento de torpedear los casos más comprometidos para los dirigentes socialistas. El exministro José Luis Ábalos, el ex fiscal general del Estado y el hermano del presidente del Gobierno ya han pasado por el banquillo y todo apunta a que su mujer lo hará próximamente. Pero los mensajes y audios intervenidos por orden de la Audiencia Nacional sí revelan los intentos de la trama presuntamente dirigida por el ex ‘número tres’ del PSOE Santos Cerdán y la exmilitante Leire Díez por desacreditar o inquietar el trabajo de jueces, fiscales o policías. 

Así lo evidencia la intensa agenda de reuniones que esta última mantuvo con personajes muy variopintos a partir de abril de 2024, cuando Santos Cerdán le encargó desplegar una estrategia que tenía un plan dual. Por un lado, neutralizar las citadas causas judiciales. Y, por otro, destapar a la “policía patriótica” en la época del PP para mostrar cómo sus oscuras maniobras tuvieron a Pedro Sánchez como blanco y reforzar así su posición política. “Yo os digo cuál ha sido mi prioridad en todo esto: el presidente, porque sin eso no hay nada más”, escribió Leire Díez en un mensaje incautado por la UCO. 

Uno de los ejes de esa estrategia era, por tanto, desestabilizar cualquier procedimiento judicial o policial que pudiera afectar a los intereses del Gobierno y del PSOE. Especialmente, al entorno familiar del presidente. De hecho, el germen de estas actuaciones es una reunión que el entonces secretario de Organización del partido convocó en la sede de Ferraz el 26 de abril de 2024, dos días después de que Pedro Sánchez cancelara su agenda para decidir si continuaba en el cargo ante “la campaña de acoso” contra su esposa, que acababa de ser imputada por el juez Juan Carlos Peinado. 

Con ese objetivo, la trama se acercó a guardias civiles o empresarios imputados en diversas causas, como los hidrocarburos. Les ofrecían supuestos acuerdos favorables de la Fiscalía, destinos privilegiados o “protección” en sus procedimientos a cambio de información comprometedora sobre los responsables de sus investigaciones, que eran los mismos que lideraban las que afectaban al entorno del Gobierno: el teniente coronel de la UCO Antonio Balas y el fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón. También intentaron encontrar trapos sucios de los instructores de las causas contra la mujer y el hermano del presidente, Juan Carlos Peinado y Beatriz Biedma. 

Asimismo, buscaron fallos en las instrucciones policiales que les permitieran crear un efecto dominó y anular las causas vinculadas al Gobierno, así como alimentar las dudas sobre el conjunto de las investigaciones ante la opinión pública. La trama no dudó en utilizar el soborno en ocasiones como medio para lograr sus fines, según la UCO. La realidad constata, sin embargo, que esa estrategia fue un absoluto fracaso. Todas las causas que la trama quiso desbaratar siguen en marcha. Algunas, como la del hermano de Sánchez, se están juzgando esta misma semana. Y las pocas que terminaron en archivo o absolución llegaron a ese desenlace por razones ajenas a la exmilitante, que actuó de la mano de aliados de dudosa reputación y arropada por mandos socialistas del más alto nivel.

Antes del encargo de Santos Cerdán en abril de 2024 —y de que el PSOE empezara a financiar sus actividades—, Leire Díez se había movilizado para torpedear causas que afectaban, principalmente, al socialismo andaluz, como los ERE, Isofotón o Aznalcóllar. La UCO sitúa el inicio de estos movimientos en 2020, meses después de que el expresidente de la SEPI Vicente Fernández fuera imputado en el último de esos casos y tuviera que dejar su cargo (fue absuelto años después). Leire Díez y Vicente Fernández tenían una “relación personal” desde 2019 tras haber coincidido en el holding público, donde la exmilitante era responsable de comunicación de ENUSA, la empresa pública del sector nuclear.

En paralelo, la UCO apunta a que ambos habrían puesto en marcha a partir de 2021 junto a Santos Cerdán y un empresario amigo de este —Antxon Alonso— una operativa para “orientar” expedientes de ayudas y rescates públicos dependientes de la SEPI. Para ello, se valían supuestamente de la capacidad de influencia que aún conservaba Vicente Fernández en el conglomerado público. A cambio, presuntamente, cobraban mordidas. Esta es la línea de investigación sobre la SEPI que investiga de forma simultánea la Audiencia Nacional. Santos Cerdán emitió este viernes un comunicado en el que negó su implicación en estos casos y acusó a la UCO de “destrozar personas”. 

Información sobre la brigada política

De vuelta a las maniobras de la trama conspiranoica, el otro eje de trabajo para defender al Gobierno tras la encomienda de Santos Cerdán fue conseguir material sonoro y documental que evidenciara cómo Pedro Sánchez había sido víctima de la policía política que actuó amparada por el Ministerio del Interior con el Gobierno de Mariano Rajoy, así como trapos sucios de sus rivales políticos. “Tenemos audios e información sobre las cloacas contra Pedro Sánchez. De Manos Limpias. El PP. Y la comisaría general de información”, le escribió la periodista Patricia López —ahora fallecida— a Leire Díez el mismo día que Sánchez amenazó con dimitir. 

Buscando pruebas de esas maniobras, Leire Díez se reunió con algunos de los protagonistas de ese grupo parapolicial que operó en la época del PP. El sumario acredita que se vio en dos ocasiones en julio de 2024 con el secretario de Estado de Seguridad de esa época, Francisco Martínez, quien se sienta ahora en el banquillo acusado por esas maniobras que forman el caso Kitchen. La exmilitante se presentó como una emisaria que “ha puesto el PSOE” y le ofreció un pacto con la Fiscalía para “sacarle” de esa investigación. A cambio, le pidió que colaborara aportando información para “limpiar” las instituciones y desentrañar operaciones policiales del pasado. 

Martínez le dijo en la segunda de esas reuniones que el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) había investigado en 2015 a Pedro Sánchez y había hecho informes sobre las saunas que regentaba su suegro, según un audio que consta en el sumario. El traslado de esa información no mejoró su situación procesal. La Fiscalía pide para él 15 años de cárcel por malversación de fondos públicos y varios delitos de revelación de secretos, entre otros, en el ‘caso Kitchen’ por el que está siendo juzgado en la Audiencia Nacional. 

Leire Díez también se alió con el comisario José Villarejo, al que ofreció un supuesto trato de favor en sus causas judiciales a cambio de que él aportara grabaciones, notas e informes que todavía no habían salido a la luz y que supuestamente implicaban a toda la cúpula del Gobierno de Rajoy e incluso al juez del Tribunal Supremo Manuel Marchena en la citada brigada política. El supuesto acuerdo incluía un pacto con la Fiscalía que evitara la eventual entrada en prisión de Villarejo y que parte de su patrimonio fuera salvaguardado. 

Al final, esa alianza salió mal y acabó con el comisario echando en cara a la exmilitante su falta de resultados: “Está visto que nosotros somos los únicos que cumplimos”. El sumario revela que el fiscal del caso rechazó cualquier acercamiento y apunta a la existencia de una reunión entre el abogado del comisario y el entonces fiscal general, Álvaro García Ortiz, que el letrado negó en su declaración ante la UCO. Villarejo acumula varias condenas y tiene abiertos todavía varios procedimientos en la Audiencia Nacional. 

En esa cruzada, Leire Díez contó también con la colaboración de Javier Pérez Dolset, un empresario encausado en la causa Zed por un fraude de más de 30 millones de euros que defiende que es una víctima más de la brigada política del PP, al nivel de los líderes independentistas o Podemos. Dolset ha recabado en los últimos nueve años abundante información sobre las prácticas mafiosas de la policía política que funcionó en España durante la etapa de Gobierno de Mariano Rajoy. 

De hecho, la investigación ha revelado que antes del encargo de Santos Cerdán, Leire Díez y Pérez Dolset llevaban tiempo intentando establecer contacto con el PSOE. Sin éxito. “Intentamos contactar con el PSOE dos años y solo ocurre cuando lo de Begoña alguien nos escribe”, recoge una anotación de la propia Leire Díez que fue incautada por la Guardia Civil cuando fue detenida en diciembre. 

Fue a partir de ese momento cuando el PSOE, bajo las órdenes de quien fuera su ‘número tres’, empezó a dar un soporte financiero y logístico a la trama. Leire Díez cobró —a través de empresas interpuestas— algo más de 43.000 euros en medio año. Además, el partido sufragó viajes suyos y de Pérez Dolset y alojó al menos 22 reuniones de la trama. Estos hechos son los que utiliza la UCO para señalar al PSOE como financiador. Pero también abren el interrogante sobre el alcance del conocimiento de estas maniobras en la cúpula del partido.

El sumario recoge algunos mensajes en los que la exmilitante hace referencias al “one” [uno, en inglés]. La UCO infiere que con ese apelativo “solo” pueden estar refiriéndose a Pedro Sánchez, si bien en la investigación judicial no constan por el momento indicios de que estas operaciones irregulares se hicieran por orden o con el conocimiento del secretario general del PSOE.

“Nunca he conocido ni se me ha informado de las andanzas de la señora Leire Díez. Ni lo avalé ni tuve información. Nunca lo hubiera tolerado”, dijo este viernes Pedro Sánchez desde Bruselas. En la última Ejecutiva del partido, el pasado lunes, el presidente pidió a sus dirigentes que salgan a defender contra viento y marea la acción del Gobierno y a difundir el mensaje de que una confluencia de intereses judiciales, políticos y mediáticos intenta tumbarlo con malas artes.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha asegurado este viernes que “nunca he conocido ni se me ha informado de las andanzas de la señora Leire Díez. Ni lo avalé ni tuve información. Nunca lo hubiera tolerado”, a su llegada a Tivat (Montenegro) para participar en la Cumbre UE-Balcanes Occidentales. Sánchez ha reiterado su respaldo a la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, y ha rechazado las comparaciones con la “policía patriótica” que puso en marcha el PP: “Nunca haría lo que otros sí me hicieron a mí”.

Sánchez también ha apoyado a la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, que ha reconocido varias reuniones con Leire Díez. En una de ellas, la 'fontanera' le pidió ayuda para un comandante implicado en el caso Koldo. “Desde el Ministerio del Interior se ha manifestado la confianza en su honestidad. Solamente puedo apoyar esas declaraciones y trasladar esa confianza”, ha insistido.,

En un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en el sumario del caso Leire se recoge cómo la exmilitante del PSOE hace referencias en varias conversaciones a sus conexiones con “los de arriba del Gobierno” además de con el “one del Gobierno” o el “one del partido” que la UCO apunta en su investigación que “la referencia al one se considera que solo podría estar efectuada al Presidente del Gobierno y Secretario General del Partido”.

Sin embargo, Sánchez ha sido tajante en lo que respecta a Leire Díez: “Nunca he conocido ni nunca se me ha informado sobre las andanzas entre la señora Leire Díez. Y si no se ha hecho es precisamente porque nunca las hubiera tolerado. Por eso quiero ser absolutamente rotundo, que los ciudadanos y ciudadanas no tengan ninguna duda al respecto: es el momento de la justicia. Vamos a dejar trabajar la justicia, como siempre hemos dicho desde el Gobierno de España y también desde el partido que me honro en dirigir, que es el Partido Socialista Obrero Español”.

Ante las acusaciones de corrupción, Sánchez ha añadido que el equipo jurídico del PSOE “está trabajando para saber exactamente qué acciones se van a emprender en defensa de la honorabilidad y de la limpieza del Partido Socialista”.

El presidente del Gobierno ha asegurado que “nunca” haría “lo que otros” sí le hicieron a él, en referencia a maniobras como la realización de un informe por parte del CNI sobre los negocios del suegro de Sánchez antes de las elecciones de 2015, según admitió el ex número dos de Interior en un audio con Leire Díez que consta en el sumario del caso.

También ha rechazado las comparaciones con la “policía patriótica” que puso en marcha el PP para robar documentación sobre la financiación ilegal del PP, entre otras cosas. “Yo no hago ni he hecho lo que otros sí me hicieron a mí. Hay informaciones de hace muchos años donde una policía mal llamada patriótica del Gobierno del PP, que este sí utilizó resortes del Estado para obstruir investigaciones”, ha criticado.

“No va a haber un superdomingo electoral”

Ante los rumores de adelanto electoral, el presidente del Gobierno ha negado que las elecciones generales vayan a coincidir con las elecciones municipales y de algunas autonomías, que tendrían lugar en mayo de 2027. “Puedo garantizar por activa y por pasiva que no va a haber un superdomingo electoral. Hay un debate que se tiene que sustanciar, que es el de los alcaldes y alcaldesas candidatos a las alcaldías, también a las presidencias autonómicas que concurran en esos comicios del próximo mes de mayo. Lo que sí que les puedo garantizar a los españoles y a todos los partidos políticos es que desde luego no va a haber un superdomingo electoral”.

Ante la petición de elecciones adelantadas por parte de un grupo de 100 militantes socialistas, Sánchez ha destacado que “el Partido Socialista impulsó ya definitivamente los procesos de primarias a todos los niveles, también para la elección de su secretario o secretaria general. Hay democracia interna, hay debate. Es saludable y hay que dar la bienvenida a cualquier tipo de debate que contribuya a mejorar y consolidar una opción que está demostrando que las políticas socialdemócratas están haciendo muy bien al país en términos de crecimiento y de creación de empleo de consolidación de derechos y libertades y de proyección internacional”.

Sánchez ha añadido que están trabajando para recuperar el diálogo con Junts y con el PNV, aunque la formación nacionalista vasca ha pedido elecciones anticipadas, para intentar cerrar los presupuestos de 2027. “El PNV, creo que con dudas y escepticismo, ha abierto la puerta a ese diálogo. En relación con la propuesta de los Presupuestos Generales del Estado y con Junts, efectivamente esa interlocución está rota, pero seguimos trabajando precisamente para reconstruir esa relación de diálogo”.

El ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán ha emitido un comunicado en el que niega su implicación en la trama conspiranoica que trabajó para desestabilizar causas judiciales vinculadas a la corrupción socialista y que ha destapado la Audiencia Nacional.

Cerdán, que dimitió tras la implicación por el ‘caso Koldo’ que le llevó incluso a entrar en prisión, defiende que no existe “relación orgánica alguna, y mucho menos de superioridad” con esta trama y que no existe “mensaje o comunicación alguna emitida” por él que permita sustentar su implicación.

Además, acusa a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que investiga el caso de “destrozar personas” utilizando una “metodología inversa”: “Se seleccionan objetivos y luego se dirigen operaciones abiertas contra ellos con la finalidad de encontrar 'algo' que pueda servir para ensuciar su imagen y minar su credibilidad pública”. 

Cerdán recuerda que ya declaró como testigo en la causa que se abrió por estos mismos hechos hace un año en un juzgado de Madrid y que “después de meses de instrucción” no se planteó el cambio de su estatus procesal. “A día de hoy nadie ha dado explicación del motivo de la necesidad (y legalidad) de una segunda investigación paralela”, sostiene.

Por otro lado, el exdirigente socialista recuerda que la UCO todavía no ha emitido el informe patrimonial que solicitó el juez del Tribunal Supremo cuando lo envió a prisión provisional por su supuesta implicación en el amaño de obras que se investiga en el 'caso Koldo'.

“Hace justo un año ya fui objeto de una campaña mediática parecida instada por otra actuación de esta misma unidad de la Policía Judicial que comportó incluso mi ingreso en prisión bajo la acusación de haber cobrado un mínimo de 5 millones de euros. Esta afirmación debía justificarse entonces con un informe patrimonial que, un año después, no ha sido emitido”, subraya.

Cerdán, en un “nivel superior”, según la UCO

El sumario del caso contiene un atestado de la Guardia Civil que apunta a Cerdán como el máximo responsable del supuesto operativo. Según la UCO, el objetivo del grupo era “desestabilizar” causas judiciales que “directa o indirectamente presentaban afectación a miembros del PSOE o el Gobierno”. Y Cerdán, entonces 'número tres' del partido, era el encargado de conseguir que Leire Díez cobrara dinero y así “dar cobertura logística a las acciones de este grupo”.

La de la UCO en el atestado que cimenta las diligencias de la Audiencia Nacional es que Cerdán y Leire Díez eran los “dirigentes” del grupo. El primero en un “nivel superior” y la segunda en un “nivel ejecutivo”. La semana pasada, la Guardia Civil registró la casa de Cerdán en Milagro, de donde se llevó documentación, móviles y portátiles.

El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha negado este viernes que el Presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, conociera las actuaciones de Leire Díez, como recoge el informe de la Guardia Civil incluido en el sumario del caso. Bolaños, que se encuentra en Luxemburgo en una reunión de ministros de Justicia de la UE, ha subrayado que “en el sumario no hay nada, absolutamente nada, que indique que el presidente del Gobierno tuviera ningún conocimiento” de la supuesta trama de Díez.

Bolaños ha subrayado que “es verdad, es indiscutible que hay una persona que utiliza el nombre del presidente del Gobierno continuamente”, en referencia a las conversaciones de Díez recogidas en el sumario, pero el ministro de Justicia lo ha atribuido a que “probablemente lo hace para darse importancia”.

El ministro de Justicia ha puntualizado que Sánchez “no tiene ningún conocimiento de esto porque el Presidente es una persona íntegra, una persona que cuando tiene conocimiento de la más mínima irregularidad, pone pie en pared y de manera muy contundente expulsa del partido, expulsa de cualquier responsabilidad que tengan las personas que hayan podido indiciariamente cometer alguna irregularidad”.

Bolaños ha insistido en que “tendrán que ser los tribunales quienes decidan”, pero respecto a la posible participación del presidente del Gobierno en la trama de supuesta corrupción de Leire Díez, ha recalcado que “el sumario con toda claridad establece que no hay nada”.

Referencias al “one”

En un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil se recoge un mensaje de 2025 entre Díez y otro imputado en este caso, Vicente Fernández, expresidente de la Sociedad Estatal de Participación Industriales (SEPI), también imputado en la causa, en la que comentan cómo le va a trasladar una supuesta conversación con un empresario al entonces secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán. Díez dice: “Voy a trasladarle a Santi lo de L., pero lo tengo que hacer a mi manera si quiero que salga bien. Lo conozco y ahora mismo su prioridad es lo de los hidrocarburos por orden del one”.

La UCO apunta en su investigación que “teniendo en cuenta a la persona a la que se está refiriendo y su posición orgánica”, se supone que es Cerdán, “la referencia al one se considera que solo podría estar efectuada al Presidente del Gobierno y Secretario General del Partido”. Los agentes lo argumentan apuntando que “la única persona que por su posición podría estar en disposición de ordenar algo a Santos dentro del partido y, por otro, por el significado implícito de la referencia ”one“, de la que se deduce que estaría efectuada a una persona que se encontrase en el primer nivel de responsabilidad”.

En otro apartado del sumario también aparece como la exmilitante del PSOE hace referencias a sus conexiones con “los de arriba del Gobierno” además de con el “one del Gobierno” o el “one del partido” en dos reuniones que mantuvo en marzo de 2025 con el comandante de la Guardia Civil Rubén Villalba, imputado en el caso Koldo.

Ni elecciones adelantadas ni congreso extraordinario

Respecto a la petición de elecciones anticipadas que han hecho varios miembros del PSOE y el PP, Bolaños ha comentado que “las legislaturas duran cuatro años, tanto cuando gana el Partido Popular, como cuando gobierna el Partido Socialista. Las legislaturas son de cuatro años. Las legislaturas no duran lo que quiere el Partido Popular”.

El ministro ha minusvalorado la petición de 100 militantes socialistas de un congreso extraordinario del partido al señalar que “el Partido Socialista es un partido democrático. Decide todos sus órganos de dirección y todos sus líderes a través de primarias... Una manifestación o una reunión de 100 personas en un partido... Creo que ahora estaremos en torno a 150.000 militantes, pues tiene la importancia que tiene. No obstante, cuando llegue el momento habrá procesos democráticos y por supuesto que cualquier compañera que cualquier compañero podría optar a lo que deseara. Otra cosa es el apoyo que tenga”.

El juez Santiago Pedraz, que investiga a Leire Díez en la Audiencia Nacional, ha rechazado la petición del expolítico Gaspar Zarrías sobre el registro que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ejecutó hace una semana en su despacho profesional de Madrid. El exalto cargo denuncia que los agentes se llevaron “la totalidad” de los expedientes de todos los clientes de su despacho desde 2015, algo “manifiestamente ilegal” al afectar a su derecho profesional. El juez Pedraz, por el momento, ha optado por mantener toda esa documentación en la causa a la espera de su examen y sacar lo que no tenga que ver con el PSOE o Leire Díez.

Gaspar Zarrías, ex alto cargo con José Luis Rodríguez Zapatero e histórico dirigente del socialismo andaluz, volvió a ejercer como abogado en 2019 después de casi tres décadas en política. El juez Pedraz investiga si él fue uno de los vehículos que usó el PSOE para pagar dinero a Leire Díez a cambio de sus trabajos de búsqueda de trapos sucios de jueces, fiscales y guardias civiles y puntos flojos que pudieran desestabilizar causas judiciales que afectaban al partido o al Gobierno. Según reconoció el propio Zarrías ante el juzgado que arrancó el caso, pagó 16.000 euros a Leire en cuatro nóminas distintas, aunque el objetivo no alcanzado era descubrir la implicación del comisario José Manuel Villarejo en la investigación de los ERE.

Su despacho, ubicado entre los barrios madrileños de Retiro y Estrella, fue uno de los registrados por la UCO a finales del pasado mes de mayo, en la operación liderada por la Audiencia Nacional para encontrar no solo más detalles sobre la actividad del grupo de Leire Díez, sino las vías de financiación supuestamente orquestadas por el PSOE. Allí los agentes, además de casi 20.000 euros repartidos en billetes de 20 y 50 euros, se incautaron de gran cantidad de carpetas relacionadas con todos los clientes del despacho.

Zarrías se quejó poco después ante Pedraz, que en un primer momento abrió la puerta a obligar a la UCO a liberar esos papeles que no tuvieran que ver con el caso. “La fuerza actuante se incautó de la totalidad de los expedientes de todos los clientes del despacho, abogado en ejercicio. Esta incautación es manifiestamente ilegal y nula”, dijo esa primera queja. La incautación había llegado a “expedientes abiertos desde el año 2015”, cinco años antes de lo que abarca la investigación, algo que ni el propio Pedraz había autorizado.

El juez de la Audiencia Nacional atendió la petición de Zarrías y convocó al exdirigente andaluz para que examinara personalmente las carpetas y dijera, ante la UCO, los documentos que consideraba que no debían permanecer incautados. La Guardia Civil decidió que no retiraba ninguno y el juez terminó avalando esa decisión. “La documentación no implica ninguna actuación concreta como letrado que afecte al derecho de defensa de sus clientes”, dijo el juez. Esas carpetas, añadió, “pudieran guardar relación con los hechos” pero aclaró que se procederá a “su devolución” si “se observara la existencia de documentos ajenos”.

La defensa de Zarrías ha presentado un último escrito solicitando esta devolución con “urgencia”. “Se podría producir un daño irreparable tanto a la actividad como abogado de mi representado, como a los derechos y valores protegidos por su secreto profesional y el derecho de defensa”. Añade al final de su escrito que “cualquier filtración de su contenido tendrá claros efectos perjudiciales tanto para mi mandante como para sus clientes”.

Pedro Sánchez ha negado este viernes haber conocido las presuntas operaciones de Leire Díez: “Ni lo avalé ni tuve información. Nunca lo hubiera tolerado”, ha asegurado. También ha reiterado su respaldo a la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, cuya relación con la militante socialista - González admitió que Díez le pidió ayuda para un comandante implicado en el caso Koldo- estaría detrás de la apertura de tres investigaciones internas por otras tantas filtraciones sobre casos que lleva la Unidad, según la UCO. Eso sí, el PP no se ha quedado ahí y ha citado para el próximo jueves 12 de junio a González para que comparezca en el Senado, donde tiene mayoría absoluta. Igualmente, la Fiscalía ha pedido que la presidenta socialista, Cristina Narbona, declare como testigo en el caso, algo sobre lo que el PSOE expresa su “máxima tranquilidad” porque la dirigente “ya ha dado explicaciones sobre estos hechos”.

En otra de las relaciones inesperadas de la llamada 'fontanera' del PSOE, el ex número dos de Interior con el PP e implicado en la Kitchen, Francisco Martínez, dijo a Leire Díez que “el CNI hizo informes de las saunas” del suegro de Sánchez. Aunque Díez maniobró para proteger al PSOE y a sus propios colaboradores, no consiguió ni el sobreseimiento de los casos judiciales ni cambiar el criterio de los jueces, fiscales y guardias civiles a los que apuntó. En el Gobierno, el ministro Félix Bolaños sale en defensa de Sánchez sosteniendo que en el sumario “no hay nada” que indique que el presidente conocía las actuaciones de Díez.

En los dos años desde que se presentó la primera querella contra él, David Sánchez ha sido presentado por varios medios de comunicación como el típico enchufado sin oficio ni beneficio que consiguió un puesto en una diputación gracias a que era el hermano del presidente del Gobierno. Solo había aparecido antes una vez en la prensa en un artículo que destacaba de forma irónica que era el hermano listo de la familia gracias a sus estudios de música en Rusia. En el Conservatorio Estatal de San Petersburgo obtuvo una matrícula de honor en Composición Musical y Dirección Operística y años después fue director artístico del Teatro Mikhailovsky de esa misma ciudad.

Lo que aparecía sobre él no tenía que ver con óperas y partituras. Se dijo que contaba con un patrimonio millonario –un millón de euros en acciones que luego resultaron ser 90.000–, que le habían regalado el puesto en Badajoz sin tener los conocimientos necesarios y hasta que vivía en Portugal, como si esto último fuera delito. Todo esto no tenía que ver con el procedimiento judicial, pero ayudaba a ponerle la etiqueta de culpable. La querella la puso Manos Limpias, una más de las muchas que presentan de forma mecánica en los tribunales. Con el Tribunal Supremo, encadenan derrota tras derrota, pero en los juzgados siempre puede sonar la flauta.

David Sánchez declaró el jueves en el juicio en el que las acusaciones populares –el PP, Vox y varias organizaciones ultraderechistas– pedían tres años de prisión para él. Eso era al principio del juicio, porque de repente el jueves decidieron doblar la petición de pena hasta los seis años sin que hayan aparecido elementos nuevos en el transcurso de la vista sobre los posibles delitos cometidos. Es una forma de decir al tribunal que una absolución no sería tolerable.

El acusado solo respondió a las preguntas de su abogado. No muchas. Se vio claramente que el acusado no estaba preparado para la situación. Sea o no apropiado para su estrategia de defensa, dio muestras de estar perplejo por pasar por este trago. Su abogado podía haberle preguntado por sus antecedentes profesionales con el fin de confirmar que estaba preparado para el puesto, pero por alguna razón prefirió no hacerlo.

Sánchez no estuvo nada acertado en la fase de instrucción cuando dio explicaciones no muy claras sobre el espacio físico en que trabajaba. Su puesto pasó a llamarse jefe de la Oficina de Artes Escénicas, con el mismo sueldo, pero nunca fue un departamento propio con funcionarios y unas oficinas específicas para esa función. En el juicio, explicó que le dieron inicialmente un despacho y que luego tuvo que cambiarse. “A partir de entonces, compartí otros espacios comunes con otros trabajadores”. En la última etapa, se le entregó uno nuevo “también compartido”. A preguntas de su abogado, dijo que “no era una oficina, sino una categoría administrativa”.

Ese trasiego de espacios de trabajo desmiente la idea de que Sánchez impuso su influencia por ser quien era a la hora de realizar sus funciones. “No tengo capacidad de influir en nada”, dijo. No era un cargo político ni un funcionario, pero sí un cargo de confianza. El entonces presidente de la Diputación de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo, contó después el motivo. “Si luego se cesa al titular, se puede amortizar el puesto”, dijo, y no es necesario nombrar a un sustituto. “Eso es lo que quería oír”, respondió su abogado. Seguro que le había dicho antes a su cliente qué le iba a preguntar, pero no había quedado muy satisfecho con la primera respuesta.

No era una oposición a la que se presentan muchos candidatos que tienen que pasar por varias pruebas. Una persona que se sintió injustamente postergada en la selección había declarado antes como testigo. En las declaraciones del jueves, uno de los acusados, el exdirector de Cultura de la Diputación, dijo que ella solo había presentado un proyecto de “una hoja y media”.

Las declaraciones como testigos de las tres personas que han dirigido los dos conservatorios de Badajoz desde entonces habían desmentido muchas de las presunciones hechas durante dos años sobre el trabajo de Sánchez y por las acusaciones en la vista. Confirmaron que el director de la oficina había realizado las funciones asignadas a su puesto con normalidad. Yolanda Sánchez dijo que su ayuda había sido valiosa y que tenía “un buen currículum y estaba muy bien formado y capacitado para la plaza”.

Nunca pensaron que la adjudicación estuviera amañada. Otro director que le había llamado “hermanísimo” en un email redujo el uso de la palabra a una anécdota por ser un comentario que circulaba en pasillos. Después de varias preguntas sobre esa palabra, el presidente del tribunal las zanjó diciendo que a la sala no le interesaban “ni los rumores ni las elucubraciones ni los corrillos”.

Una declaración muy diferente fue la del teniente coronel Antonio Balas, director de la Unidad de Delitos Económicos de la UCO. Al igual que en el juicio del fiscal general, el jefe de la UCO explicó tanto los hechos de la investigación como sus deducciones. Una vez más, se atuvo al principio de que quien manda en una institución impone sus deseos sobre todos los niveles. Dio por hecho que las necesidades de personal están condicionadas por intereses políticos. Por ello, declaró que la decisión de crear el puesto “partió de un nivel superior con capacidad política”, refiriéndose a Gallardo como presidente de la Diputación. Las defensas argumentaron que no había presentado ninguna prueba sobre esa afirmación.

En la fecha en que se decidió crear esa plaza en octubre de 2016, Pedro Sánchez ya no era secretario general del PSOE. Gallardo, como declaró en el juicio, apoyó en las primarias posteriores a su rival, Susana Díaz, atendiendo al criterio del líder del partido en Extremadura, Guillermo Fernández Vara. En opinión de Balas, la elección de David Sánchez para el puesto ya estaba “predeterminada” en ese momento. El proceso de selección de la plaza no se puso en marcha hasta mayo de 2017, un mes antes de las primarias.

En el juicio, un abogado preguntó a Balas por la responsabilidad de los demás acusados. Sorprendentemente, no tenía nada concreto que decir sobre ellos. “No sé quiénes son los otros acusados. Evidentemente, para darle una apariencia de legalidad a todo el proceso, si esto es así, pues se necesitan diferentes intervinientes”. Solo estaba interesado en Sánchez y Gallardo.

Las investigaciones de la Audiencia Nacional dejan al descubierto cuál era el objetivo de Leire Díez: desestabilizar causas judiciales que afectaran al PSOE, al Gobierno y también a sus propios colaboradores. La exconcejala socialista amontonó promesas de torpedear las diligencias incómodas y saltó de causa en causa buscando trapos sucios de jueces, fiscales y guardias civiles, del hermano del presidente del Gobierno al caso Villarejo, pasando por el caso Koldo. El sumario desvela que las gestiones fueron intensas y que encontró aliados de dudosa reputación, pero que, en última instancia, fracasó. Todas las causas que quiso desbaratar siguen en marcha y algunas se están juzgando esta misma semana. Y las pocas que terminaron en archivo o absolución llegaron a ese desenlace por razones ajenas a la exmilitante que actuaba arropada por mandos socialistas del más alto nivel.

El “punto de inflexión” de la actividad de la trama de Leire Díez fue 2024, cuando el juez Juan Carlos Peinado abrió una causa contra Begoña Gómez y desde Ferraz, según comentó ella misma, les empezaron a hacer caso. Pero para entonces esta exconcejala de Vega de Pas (Cantabria) ya tenía experiencia estudiando a fondo causas judiciales de supuesta corrupción y buscando sus puntos flojos. También tenía experiencia en localizar a las personas que le podían ofrecer información comprometedora de jueces y fiscales.

“¿Qué podemos destapar de ella? Yo necesito cuatro cosas que me permitan dos impactos y lo demás lo sigo yo con un libro. Yo me encargo, me voy a poner hoy mismo, yo escribo rápido y con muy mala leche”. La que hablaba era Leire Díez y al otro lado del teléfono estaba Rafael S.M., entonces responsable de la Policía Nacional adscrita a los juzgados de Sevilla. Era 2020 y la exmilitante estaba pidiendo información delicada sobre Mercedes Alaya, la magistrada que instruyó la causa de los ERE y muchas ramificaciones que pusieron en jaque al socialismo andaluz. Ese caso acababa de ser sentenciado por la Audiencia de Sevilla, pero Díez buscaba datos para atacar más ramificaciones todavía abiertas: el caso Isofotón y el caso Aznalcóllar.

Uno de los colaboradores de Leire Díez tenía un especial interés en la segunda causa. Vicente Fernández había tenido que dimitir como presidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) porque Alaya había reabierto contra él esa causa, centrada en la adjudicación presuntamente ilegal de la mina de este municipio sevillano. “Yo estoy hilando un relato porque además de la muerte procesal tiene que ser social también”, le dijo Leire Díez en un mensaje. Después de sus reuniones con ese policía al que apodaban 'Torrente' decidió que tenía material para ir contra la jueza y sus causas. “Con las cosas que ya sé de Alaya lo que menos necesito saber es de Derecho. Todo saldrá bien, volverás”. Unas semanas después, su mensaje fue aún más contundente: “Tenemos que exterminar socialmente a Alaya”.

El paso del tiempo demuestra que si Leire Díez recabó información comprometedora sobre la magistrada sevillana nunca llegó a conseguir nada con ella. Tampoco escribió el libro que prometió en esa conversación telefónica grabada por ella misma. Mercedes Alaya siguió ejerciendo como jueza. El caso de los ERE siguió su tramitación, las condenas fueron avaladas por el Tribunal Supremo y finalmente reducidas a la mínima expresión por el Tribunal Constitucional. El caso Isofotón sobre un supuesto fraude millonario de subvenciones a una empresa de placas fotovoltaicas se acabó archivando porque el juzgado se había saltado los plazos procesales. El caso Aznalcóllar en el que estaba imputado Vicente Fernández fue a juicio y terminó con una sentencia absolutoria de la Audiencia de Sevilla por falta de pruebas con un duro varapalo a Alaya, ratificado el año pasado por el Tribunal Supremo.

Esa intervención de Leire Díez en tres causas relacionadas con Andalucía tiene todos los ingredientes apreciables en todas sus maniobras posteriores a la imputación de Begoña Gómez: contactos con informantes de los casos, promesas de dar al traste con las diligencias y, finalmente, fracasos a la hora de conseguirlo. También alusiones a que alguien, “desde posiciones elevadas”, había gente dispuesta a tomar medidas.

El “punto de inflexión”

Las causas andaluzas de 2020 fueron el punto de partida de una actividad que se prodigó hasta las primeras imputaciones de 2025. El “punto de inflexión” en su actividad, destacan todos los investigadores y la propia Leire Díez en sus conversaciones, fue la apertura de una causa contra Begoña Gómez por parte del juez Juan Carlos Peinado, momento en que supuestamente Santos Cerdán le abrió las puertas del número 70 de la calle Ferraz para dirigir su afán investigador y conspirador a otro nivel. Pero entonces, como ya había sucedido en Andalucía, sus enredos y contactos no tuvieron el éxito penal que se esperaba.

El sumario registra unas pocas gestiones sobre el magistrado Juan Carlos Peinado, el origen de su nueva y prolífica relación con Ferraz. Contactó con Nervis Villalobos, antiguo mandatario venezolano que había sido encarcelado por Peinado en una causa de blanqueo de capitales que finalmente había instruido la Audiencia Nacional. Era mayo de 2024 y Villalobos le entregó un “cronograma de irregularidades” a Leire Díez sobre cómo Peinado y el fiscal José Grinda habían gestionado su caso. Todo factual y todo publicado por la prensa: en 2020 el Tribunal Constitucional había dado la razón a Villalobos y decretado que Peinado le había encarcelado irregularmente allá por 2018.

El caso de Begoña Gómez siguió adelante y dos años después el juez Peinado ha mostrado su intención de llevar al banquillo a la esposa del presidente del Gobierno. Las únicas limitaciones que se han impuesto a la causa han llegado desde la Audiencia Provincial de Madrid. Pero el sumario no recoge, al menos por el momento, ninguna gestión adicional de Díez. Algo parecido sucede con una causa que estalló pocos meses después en Extremadura. Una magistrada, Beatriz Biedma, aceptó estudiar otra querella de Manos Limpias, esta vez por presuntas irregularidades en la contratación de David Sánchez, hermano de Pedro Sánchez, en la Diputación de Badajoz. Leire Díez encontró aliados de dudosa trayectoria que sí pusieron en marcha una ofensiva real contra la magistrada, pero que tampoco consiguieron su objetivo.

Los extraños aliados de Leire Díez

Todo se gestó en un grupo de WhatsApp llamado “Vacaciones y viajes”. Además de Leire Díez y Javier Pérez Dolset, en ese grupo estaban Joaquín Parra y Luis José Sáenz de Tejada. El primero, el expresidente del CD Badajoz entonces imputado –y hoy ya condenado– en varias causas de fraude fiscal ligado a los hidrocarburos. El segundo había sido juez, pero llevaba dos años fuera de la judicatura tras haber sido condenado por amenazas de muerte a su exmujer con frases como: “Te pego un tiro, tú sin mí no vales nada”.

Sáenz de Tejada, según se desprende de la investigación, aceptó ser el brazo ejecutor de la estrategia de la trama contra la jueza que investigaba al hermano del presidente del Gobierno. “Paso 1. Destruir procedimiento”, anotó ella en sus agendas. El plan abarcaba que este abogado se personase en el proceso para “paralizar” la causa e incluso asumir la defensa de David Sánchez, algo que nunca sucedió. Pero si puso en marcha acciones penales contra Biedma que nunca prosperaron. Por ejemplo, una denuncia ante la Fiscalía General del Estado que Leire, además, rebotó a Santos Cerdán.

Sáenz de Tejada no se pudo personar en la causa, sus recusaciones contra la jueza Biedma nunca prosperaron y su denuncia fracasó de la manera más estrepitosa posible. “El Ministerio Fiscal carece de competencia para iniciar investigación alguna”, contestó Ana García León desde la Secretaría Técnica del Ministerio Público antes de enviar el asunto a Extremadura. La causa contra David Sánchez no se vio afectada y el juicio se está celebrando esta misma semana mientras se conocen los detalles del sumario de Leire Díez.

Este magistrado condenado por violencia machista no fue el único aliado atípico que buscó Leire Díez para dinamitar causas judiciales y aflorar supuestos casos de corrupción. También recurrió al considerado como bedel de dichas cloacas: el comisario jubilado José Manuel Villarejo Pérez. Para entonces ya sumido en decenas de piezas separadas sobre su actividad como policía al margen de la Policía, Leire Díez fue muy clara al decir a su abogado que la Fiscalía les ofrecería un pacto a cambio de su colaboración: entregar toda la información comprometedora que tuviera contra determinados jueces, políticos y fiscales. Llegaron incluso a elaborar un plan de trabajo.

Aquí las promesas de Leire Díez tampoco fructificaron y el fiscal anticorrupción del caso, César de Rivas, le espetó que no tenía “nada” que hablar con él. La Fiscalía no ha bajado desde entonces el pistón en los juicios que se han celebrado con Villarejo en el banquillo. El comisario jubilado, condenado ya en varias causas, dejó por escrito su lamento cuando el Ministerio Público no aflojó la presa: “Está visto que nosotros somos los únicos que cumplimos”.

La UCO y los fiscales

Las maniobras de Leire Díez y su grupo tenían por objetivo a tres personas aborrecidas por una pluralidad de sus colaboradores. El fiscal jefe de Anticorrupción, Alejandro Luzón, su subordinado José Grinda, y el teniente coronel de la Unidad Central Operativa, Antonio Balas. El primero era el impulsor de causas como Koldo que amenazaban al Gobierno mientras Luzón pactaba confesiones con Víctor de Aldama y su defensa. El segundo era considerado por Javier Pérez Dolset, Sandro Rosell y Nervis Villalobos, entre otros, como un fiscal sin escrúpulos que les había perjudicado de forma ilegal. El tercero, amparado en el habitual anonimato de los investigadores de la Guardia Civil, era señalado como el autor de informes y atestados dudosos en casos como el de Begoña Gómez, el fiscal general o la causa contra José Luis Ábalos.

Una vía de entrada para llegar a este último, el mando de la UCO Antonio Balas, fue una de las múltiples causas de hidrocarburos de la Audiencia Nacional. Entramados empresariales destinados a defraudar cientos de millones de euros en impuestos en el ámbito de las empresas dedicadas a este sector. Hubo reuniones con otro guardia civil, el capitán Juan Sánchez Yepes, hubo reuniones con la Directora General de la Guardia Civil y con Alejandro Hamlyn, empresario del sector de los hidrocarburos pendiente de juicio en la Audiencia Nacional que, supuestamente, tenía información.

Se dejaron por escrito estrategias para desacreditar a Balas, para culpar a Repsol del fraude de hidrocarburos y para explorar las múltiples causas abiertas y buscar un punto flojo. Meses después, ya en noviembre de 2025 y con Hamlyn sin salir de Dubái, la Audiencia Nacional condenó a 14 personas por este entramado fraudulento relacionado con los hidrocarburos e impuso una multa de 159,1 millones de euros a su empresa. El asunto, según Leire, era la “prioridad” de sus contactos socialistas, según sus mensajes “por orden del one”, término con el que supuestamente se refería a Pedro Sánchez. En rueda de prensa, cuando sus maniobras ya eran conocidas, ella aseguró que estaba escribiendo un libro sobre ese tipo de fraudes.

Una parte importante de estos movimientos, según la UCO, tenían por objetivo buscar los puntos flojos de la causa ya entonces abierta contra Koldo García, antiguo asesor de José Luis Ábalos y que ya entonces apuntaba al exministro de Transportes. Unas diligencias que terminarían explotando contra el propio Santos Cerdán, aunque eso entonces no era público. Durante una etapa, Leire Díez coordinó su acción con la defensa de Koldo con poco éxito. Dos años después de esas maniobras, el exministro y su asesor esperan su primera sentencia del Tribunal Supremo mientras tanto ellos como Santos Cerdán siguen imputados en otra pieza separada del caso.

Un último bloque de gestiones gira en torno a un grupo de personas que se consideraban agraviadas por el fiscal anticorrupción José Grinda. Javier Pérez Dolset y Sandro Rosell también unieron sus fuerzas a Leire Díez y, en un momento dado, plantearon exigir a Grinda el “cierre” de media docena de causas a cambio de puestos en el extranjero enterrar las derivadas judiciales de una joven a la que supuestamente este fiscal había enviado un vídeo sexual cuando ella era menor de edad.

Ni Grinda aceptó la propuesta, ni las causas se archivaron. El caso Zed que afecta a Javier Pérez Dolset sigue pendiente de juicio, como el caso Duro Felguera y la causa del 3% catalán. Lo mismo sucede con la causa de los Pujol, también integrada en esa lista de exigencias y cuyo juicio acaba de quedar visto para sentencia en la Audiencia Nacional. La petición de Sandro Rosell de que Grinda revelara el origen ilegal de sus dos años de encarcelamiento preventivo tampoco fue atendida.

Según revela la investigación de la UCO, Leire Díez pasó años haciendo gestiones judiciales entre bambalinas, creando una 'matrioshka' de promesas que, en su inmensa mayoría, nunca se cumplieron. La UCO sospecha que algunas veces, como es el caso de las denuncias contra la jueza Beatriz Biedma, alguien hizo creer a Díez que la Fiscalía atendería sus peticiones de investigación y nunca fue así. La gran baza que activó Santos Cerdán para combatir sus frentes judiciales y los del PSOE ni publicó los libros que anunció, ni tumbó las causas penales que intentó manipular.

El ‘caso Leire’ alberga en su seno el último episodio de enfrentamiento soterrado entre la Guardia Civil y el Gobierno progresista que arrancó apenas dos meses después de que Pedro Sánchez se convirtiera en presidente. En el último giro de este choque, el teniente coronel Antonio Balas, protagonista de las investigaciones por corrupción contra dirigentes del PSOE, del Gobierno y de la familia de Sánchez, escarba en las presiones que él mismo habría sufrido y que atribuye a la connivencia entre Leire Díez y la directora de la Guardia Civil, la socialista Mercedes González.

El miércoles 27 de mayo toda la atención mediática estaba puesta en la sede del PSOE en Ferraz, donde los agentes de la UCO habían irrumpido requiriendo documentación y dispositivos electrónicos. Buscaban la vinculación del partido con una trama de acoso a policías y fiscales que investigan casos que afectan a los socialistas. Parecía la diligencia más relevante de cuantas practicaba ese día la UCO por orden de la Audiencia Nacional. Y, sin embargo, el jefe de la investigación no estaba allí. 

El teniente coronel Antonio Balas había escogido otro frente, la Dirección General de la Guardia Civil. Una delegación de agentes encabezada por él se presentaba por sorpresa en las dependencias de la Benemérita, tal y como adelantó elDiario.es al filo de las 11 de la mañana. 

Ataviado con gorra deportiva y vaqueros, al estilo de cuando fue fotografiado por la prensa en el registro de la sede de Servinabar en Pamplona (caso Cerdán), Balas hacía entrega del requerimiento del juzgado. Buscaba toda la documentación de las tres investigaciones internas abiertas en la Dirección General de la Guardia Civil por otras tantas filtraciones, unas informaciones reservadas que se vivieron en la UCO como una maniobra de presión contra sus agentes.

En el momento de personarse en la Dirección General, Balas ya atribuía esas presuntas maniobras a la relación de Leire Díez y la directora del Cuerpo. Así había quedado plasmado en los informes entregados al juez antes de la operación. 

Balas conocía necesariamente esas investigaciones internas porque incluyeron tomas de declaración a su inmediato superior y al jefe de este. De hecho, una de las propuestas de investigación incluía que el propio Balas prestara declaración por las filtraciones. La apertura y posterior cierre de las informaciones reservadas había circulado en un ámbito muy reducido del Cuerpo. Sus superiores, según ha declarado el entonces jefe de la UCO, quisieron aislar a Balas y a sus agentes de lo que vivieron como una estrategia de presión.

El requerimiento que salió del juzgado de Santiago Pedraz no parecía que necesitara tantas horas para ser satisfecho en la sede central de la Guardia Civil. Sin embargo, los agentes de la UCO tardaron cuatro horas en abandonar la Dirección General. El motivo es que el teniente coronel guardaba una carta: tomaría declaración a cuatro testigos sin necesidad de un auto judicial, una actuación policial que ampara la Ley. 

Un agente, en presencia de Balas, lanzó preguntas durante horas a los dos generales que habían sido interrogados por superiores en las investigaciones internas: el entonces coronel jefe de la UCO, Rafael Yuste, y el general de Policía Judicial, Alfonso López Malo. La UCO intentó lo propio con los dos generales a los que se había encargado practicar la información reservada –necesariamente superiores de los primeros–, pero solo uno de ellos estaba en Madrid. 

Consciente o no de lo que iba a obtener, los testimonios recabados por Balas sobre hechos acaecidos a finales de 2024 y principios de 2025 resultaron una bomba cuyas consecuencias para el Gobierno son aún difíciles de calcular. 

Las presiones de las que ambos generales hablaron para orientar las investigaciones de la UCO por parte del anterior director de la Guardia Civil, el socialista Leonardo Marcos, y del director adjunto operativo entonces y ahora, teniente general Manuel Llamas, nunca antes habían sido denunciadas por ellos, pese a haber ocurrido hace dos años. El juez Santiago Pedraz no ha apreciado por ahora motivos suficientes para otorgar a los presuntos autores de las mismas como investigados. 

Tampoco hay por ahora una imputación judicial a Mercedes González, la actual directora de la Guardia Civil. Cuando Balas acudió a la Dirección General ya había entregado un atestado al juez con los tres encuentros que González había mantenido con Leire Díez mientras esta lideraba una desconcertante operación contra el propio teniente coronel de la UCO y otros funcionarios públicos, convencida de que participaban en una conjura para acabar con el PSOE.

Balas y sus agentes de la UCO iban más allá: si González se había reunido con Leire Díez y esta presumía ante terceros de su relación con la directora de la Guardia Civil, necesariamente la apertura de tres informaciones reservadas para esclarecer otras tantas filtraciones tenía que responder a esa “influencia” de la investigada Leire Díez sobre Mercedes González. 

Los atestados de la UCO con esa inferencia trascendían a la opinión pública el mismo día en que Balas declaraba en el juicio contra el hermano de Pedro Sánchez. Durante su testimonio ante el tribunal, Balas realizaba otra inferencia: para crearse la plaza que ganó el concertista David Sánchez tuvo que haber una “influencia política superior”. 

En ese momento retumbó en el PSOE la apreciación que la UCO hizo acerca del papel “preeminente del fiscal general del Estado” en la filtración del caso de la pareja de Ayuso. Balas defendió entonces que si Álvaro García Ortiz era el fiscal general tenía que haber participado necesariamente en que el correo de González Amador llegase a los medios. La tesis triunfó en la Sala Segunda del Tribunal Supremo y García Ortiz resultó condenado. 

En el teléfono de Díez apareció cómo ella misma presumía ante otros integrantes de tener “amistad” con González o estar tratando con ella la supuesta operación de la UCO contra el Gobierno. También habló de que el director adjunto operativo, Manuel Llamas, iba a ser sustituido y que ella nombraría a su sucesor, según anotó un comandante imputado en el caso Koldo tras reunirse con Díez. Fue el 26 de marzo de 2025. A día de hoy, Llamas sigue siendo el DAO.

¿Ordenaron la directora y su número dos la apertura de tres informaciones reservadas porque así lo había indicado, sugerido u ordenado Leire Díez a Mercedes González? Para responder resulta conveniente acercarse a los hechos que motivaron, al menos oficialmente, la apertura de esas investigaciones internas. 

El correo de Begoña Gómez. 29 de noviembre de 2024

La publicación del correo electrónico de Begoña Gómez en Okdiario estuvo seguida de una ola de mensajes ofensivos en esa dirección, hasta colapsarla. El director adjunto operativo (DAO), Manuel Llamas, preguntó esa mañana al entonces coronel jefe de la UCO, Rafael Yuste, por los hechos. Este consultó a su vez a Balas, que le respondió por escrito que habían enviado a la jueza del caso una explicación de cómo acceder a la información digital que le adjuntaban en su informe, y que en esa especie de manual habían incluido imágenes donde aparecía la que delataba la dirección de Begoña Gómez. Un error en el juzgado, que dio traslado a las partes personadas en la causa de esa explicación, habría precedido a la filtración a los medios. 

El DAO Llamas no quedó conforme con la explicación de Yuste, según este, y ordenó abrir una información reservada. Yuste no volvió a saber nada de ello. Solo el general elegido para instruirla le comunicó su designación. A mediados de diciembre, la información reservada fue cerrada sin que el instructor llegara a tomar declaración a Yuste. 

Una información reservada es el procedimiento anterior a la apertura de un expediente. Indaga en si un hecho es merecedor del procedimiento reglamentario citado. Si se aprecia indicios entonces se abre el expediente contra un agente, se nombra instructor y secretario y estos trabajan durante meses, hasta que proponen una sanción o el archivo de las actuaciones. Este caso no llegó siquiera a la apertura del expediente. 

Los mensajes de Ábalos y Pedro Sánchez. 10 de mayo de 2025

“Los 'whatsapps' de Sánchez a Ábalos en 2023: He echado de menos muchas veces trabajar contigo, también tu amistad”. El titular de portada de El Mundo adelantaba que sus periodistas habían accedido a comunicaciones entre el presidente del Gobierno y Ábalos, inmerso de lleno en una causa de corrupción, en el periodo que comprendió entre su destitución como ministro de Transportes y su posterior rehabilitación como diputado socialista. 

Tres días después, un general de la Dirección le comunicó que se le había nombrado instructor de una información reservada sobre la publicación de dicha información. Yuste le trasladó su tranquilidad porque había leído mensajes en El Mundo que no estaban en poder de la UCO al ser posteriores a la incautación del teléfono de Ábalos. Solo podía haber sido el exministro.

El otro general que declaró como testigo ante Balas el pasado 27 de mayo, el general de Policía Judicial, Alfonso López Malo, aportó un pantallazo de su teléfono. En él se aprecia una conversación con Yuste en la que López Malo traslada al jefe de la UCO que el DAO Llamas le ha dicho que “tiene claro” que la filtración no sale de la Unidad. 

Pese a ello, la información reservada siguió adelante sin que quede claro si Llamas se limitaba a seguir una instrucción superior o si evidencia que él mismo ordenó continuar con la investigación interna por motivos que se desconocen.

El general trasladó a Yuste que iba a consultar con el juez del caso Ábalos, el magistrado del Supremo Leopoldo Puente, sobre la conveniencia de esa investigación interna. Yuste se lo desaconsejó, pero el general habló con Puente y este le dijo que no cabía una investigación paralela a la judicial. No hubo más noticia de la información reservada.

El teniente general Llamas, “peón de Marlaska”. 20 julio de 2025

Sobre una publicación en El Mundo dedicada a Manuel Llamas, el general López Malo explicó que la información reservada se abrió en septiembre y que esta vez, la orden venía firmada por la directora general de la Guardia Civil. Fuentes del Cuerpo explican que al afectar la publicación al DAO, el único superior que tiene en el Cuerpo debía encargarse reglamentariamente de dar esa orden y que por eso fue la directora general de la Guardia Civil quien la firmaba.

La información de El Mundo citaba “fuentes de toda solvencia” y “fuentes conocedoras del conflicto” que habría provocado Llamas en la Guardia Civil al interesarse por el contenido de los informes de la UCO sobre el PSOE. López Malo explicó que la orden de información reservada requería identificar los miembros del grupo de Balas que participaban en las investigaciones de corte político. La información reservada, como las dos anteriores, fue cerrada sin que se llegara a abrir expediente. 

La grabación a Leire Díez, el detonante

Esta línea de investigación sobre los contactos entre Leire Díez y la directora de la Guardia Civil confirma el terremoto que vivió la UCO a partir de la publicación de una grabación en la que la exmilitante del PSOE revela sus intenciones contra Balas (“Si Balas está muerto, mejor”). El teniente coronel pregunta a los testigos del Cuerpo por la nota que elaboró sobre aquella grabación la Jefatura de Información de la Guardia Civil y cómo se le hizo llegar a Mercedes González. Esa nota está fechada el 29 de abril de 2025. 

Los tres contactos de González con Leire Díez son anteriores (30 de septiembre y 20 de diciembre de 2024 y 2 de abril de 2025), pero los comentarios con terceros de Díaz sobre la “vía” que dice haber abierto con Mercedes González son posteriores a que la directora recibiera el informe interno sobre la operación contra la UCO. A esos mensajes de Leire con terceros recurren los agentes de Balas para acusar a su directora de colaborar con Leire Díez pese a saber que ellos eran su objetivo. 

En el informe vuelven a tener un lugar destacado los adverbios. La influencia de Leire Díez sobre la directora de la Guardia Civil y superiora de los autores del informe se da “previsiblemente” y “supuestamente” de acuerdo a lo que va contando la propia Leire Díez. En un determinado párrafo, los agentes presentan “un conjunto de elementos de los que se desprende que Leire habría pretendido el inicio de una 'investigación interna' en el seno de la Guardia Civil y dirigida contra su Unidad Central Operativa, previsiblemente valiéndose de la propia Directora”.

Tras la publicación de la grabación de Leire pidiendo la cabeza de Balas, la directora de la Guardia Civil convocó al jefe de la UCO, al general de Policía Judicial y a Antonio Balas. Les reiteró su confianza en el trabajo que realiza la UCO y les pidió que siguieran trabajando con “rigor, profesionalidad y objetividad”, según reveló este medio. Los mandos de la Guardia Civil se mostraron correctos con la directora, pero la tensión se palpaba en el ambiente. Balas intervino brevemente para decir que las revelaciones sobre Leire Díez no afectaban a su trabajo.

Los investigadores han encontrado mensajes entre Díez y el líder de una asociación de guardias civiles especialmente beligerante contra el Gobierno, Jucil, conocida por sus posicionamientos políticos coincidentes con Vox y el PP. El marco de estos mensajes son el primer encuentro en persona entre Díez y González. Según los whatsapps intervenidos, Díez iba a hacer de puente con la directora de la Guardia Civil y abordar la necesidad de la equiparación salarial con los Mossos y la Ertzaintza.

Otra vez, la supuesta fontanera se atribuía misiones históricas: la equiparación salarial es una reivindicación de décadas en la Guardia Civil descartada por los diferentes gobiernos y que además tiene un cauce de reivindicación establecido en el consejo del Cuerpo, que reúne a la Administración y las asociaciones profesionales. 

Desde que trascendió el contenido del sumario no hay explicación del Ministerio del Interior a por qué González se reunió con Leire Díez, si fue simplemente porque la conocía de su época como delegada del Gobierno –habrían contactado a raíz de una huelga en 2002 en Correos, donde la exmilitante del PSOE era directiva– o si alguien del partido o del Gobierno le instó a hacerlo. Solo Marlaska, que había negado que esas reuniones existieran, defendió este jueves desde Luxemburgo la “ejemplaridad” y “honestidad” de la directora de la Guardia Civil. 

La propia Guardia Civil ha emitido un comunicado a última hora de la noche de este jueves en el que ha reconocido que Mercedes González mantuvo dos reuniones con Leire Díez. Sus primeras conversaciones tuvieron lugar por WhatsApp cuando ella todavía era Delegada del Gobierno en Madrid y no trataron nada relacionado con el Cuerpo, dice la nota. Posteriormente, tras ser nombrada directora de la Guardia Civil, tuvieron un primer encuentro en una cafetería en el que hablaron de trabajo. Meses después, en otra cita, Leire Díez preguntó si el comandante Rubén Villalba, ya por entonces imputado en el caso Koldo, podría de alguna manera recuperar su trabajo. “Una petición que la directora rechaza de plano”, afirma el comunicado de la Guardia Civil.

“La Directora General de la Guardia Civil afirma que jamás ha participado en ninguna operación contra ninguna unidad de la Guardia Civil”, añade la nota. “Jamás ha interferido en ninguna investigación llevada a cabo por los agentes de este Cuerpo”, concluye.

Un conflicto que arranca en 2018

El mandato de Marlaska coincide con el enfrentamiento entre la Guardia Civil y el Gobierno. Arrancó con el nombramiento de un comisario de Policía afín al PSOE para un puesto clave en Interior que llevaba décadas siendo asignado a un guardia civil. Al poco del cambio de Gobierno, Interior ordenó detener el pago de fondos reservados hasta realizar una auditoría sobre su uso y el jefe de la UCO se rebeló. Estrecho colaborador de Rubalcaba durante la época del socialista en Interior, Manuel Sánchez Corbí era un mando con gran ascendente en el Cuerpo.

La política del Gobierno socialista respecto a la gran afrenta para los sectores conservadores del país, el proceso soberanista en Cataluña, también alcanzó a uno de sus sectores, encarnado en la Guardia Civil. Los roces se elevaron a hostilidad manifiesta cuando Marlaska decidió atribuir a otro referente en la institución, el coronel Diego Pérez de los Cobos, los informes que responsabilizaban al Gobierno de la expansión del Covid-19 por autorizar la marcha feminista de marzo de 2020.

Pérez de los Cobos ya se había convertido en un referente para una parte del país al coordinar a los agentes enviados a Cataluña a impedir el 1-O y mantener un enfrentamiento directo con el director de los Mossos, Josep Lluís Trapero. Marlaska destituyó a Pérez de los Cobos por los informes del Covid-19 sin pruebas y de un modo irregular, según certificó después la justicia. El coronel pasó a ser, involuntariamente, un nuevo mártir para la derecha y la extrema derecha, que tienen en Marlaska uno de sus enemigos referidos, por considerarlo un juez conservador “vendido” a Pedro Sánchez.

El nombramiento de Leonardo Marcos como director de la Guardia Civil en junio de 2023 no gustó en algunos sectores de la cúpula del Cuerpo. Algunas fuentes discrepantes con su gestión califican su perfil de “intervencionista” y apuntan también a sus formas.

Cuando Balas acudió el miércoles de la semana pasada a tomar declaración a los jefes de UCO y Policía Judicial estos describieron reuniones con Leonardo Marcos en las que éste daba instrucciones para exculpar al hermano de Pedro Sánchez y no ser “proactivos” en las investigaciones con políticos implicados. Otras fuentes aseguran que se limitó a pedirles un plus de rigor en asuntos de tanta relevancia mediática y a insistir en la neutralidad que requerían. Marcos fue destituido en septiembre de 2024 sin que Interior haya dado una explicación precisa del motivo. 

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha defendido este jueves a la directora de la Guardia Civil, Mercedes González, tras descubrirse tres encuentros con Leire Díez, investigada por emprender maniobras contra la Unidad Central Operativa (UCO) del propio cuerpo. “Lo que me consta de la directora de la Guardia Civil es su actuación ejemplar en todo momento y su plena honestidad. Su ejemplaridad y honestidad en el desarrollo de su trabajo como directora de la Guardia Civil”. Marlaska se encuentra en Luxemburgo para participar en un encuentro de ministros de Interior de la UE.

Los investigadores de la UCO siguen el rastro de la directora general del instituto armado en una supuesta maniobra sobre ellos mismos en el marco de la causa que instruye el juez Santiago Pedraz en la Audiencia Nacional. Díez está imputada por varios delitos y, dentro de su supuesta actividad delictiva, la UCO enmarca esos contactos con la directora general de la Guardia Civil. Ni la Fiscalía ni el juez atribuyen por ahora ningún delito a Mercedes González pese a las reiteradas referencias que los agentes supuestamente perjudicados por Díez hacen de su jefa 'política'.

Marlaska ha subrayado que no ha conocido “ninguna actuación que pudiera ir dirigida a menoscabar el trabajo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, en este caso de la UCO, simplemente porque si lo hubiera conocido no la hubiera tolerado”.

El ministro del Interior ha comentado que desde el primer momento en el que se conocieron las supuestas presiones sobre los agentes se “reunió con los jefes de la UCO para manifestarles el apoyo más efectivo, directo y real como Ministro del Interior” y les pidió “neutralidad y profesionalidad” en su trabajo.

Además, ha recordado que mantuvo otra reunión con los jefes de la UCO en la que también participó la propia directora de la Guardia Civil “respaldando su actuación desde el primer momento, como no puede ser de otro modo”.

El ministro ha admitido que está preocupado por la situación, pero ha querido aclarar que “a diferencia de otros momentos históricos de este país, Guardia Civil y Policía Nacional trabajan con absoluta independencia bajo las órdenes directas de los jueces y de los fiscales, y están respaldados por sus jefes orgánicos”, en referencia a la 'policía política' que actuó durante los Gobiernos del PP.

Ante la pregunta de si debería dimitir si finalmente se confirman las presiones sobre la UCO, Marlaska ha pedido no hacer “especulaciones”. El ministro ha insistido en que “la Policía y la Guardia Civil están investigando con plena libertad. Son obviedades que cuesta tener que expresarlas en un Estado de derecho y bajo la dirección y tutela de los jueces y de los fiscales”.

El PSOE ya debería tenerlo claro. Por mucho que corra, Santos Cerdán siempre le terminará pillando. Por precisar, todo lo que Cerdán hizo cuando era secretario de Organización del partido, lo que le convertía en la práctica en el hombre que daba las órdenes que había que cumplir. Eso era así porque Pedro Sánchez le había elegido para el cargo en sustitución de José Luis Ábalos. Le entregó las llaves del partido y el acceso a sus cuentas corrientes, le dio una palmada en la espalda y le dijo: tú te ocupas de todo. Dicho esto, se subió al coche y se volvió a Moncloa.

Viene esto a cuento de los titulares que aparecieron el miércoles por la publicación del contenido del sumario de la Audiencia Nacional sobre las maniobras realizadas para atacar la credibilidad de las investigaciones policiales y judiciales que perjudicaban al Gobierno. Al final, no importa tanto que el sujeto de esas frases sea 'Santos Cerdán' o 'el PSOE'. Era lo mismo. No había más PSOE que lo que Cerdán decidiera o las medidas que pusiera en marcha. Todo lo demás estaba en el Gobierno ocupándose de las cosas a las que se dedican un presidente y sus ministros. La alta política, como les gusta decir. En la baja política, Cerdán tenía las manos libres para establecer sus prioridades.

Cuando te metes en una operación para desacreditar a policías, jueces o fiscales, no puedes ir por ahí diciendo que no conoces a nadie de arriba o que eres una mindundi. Todo lo contrario. Haces promesas para obtener información y las respaldas con el argumento de que podrás cumplirlas. Dinero, ascensos o lo que sea. Si no lo haces, nadie te va a contar nada, porque tus interlocutores se preguntarán qué van a sacar a cambio en beneficio propio. En esos momentos, Leire Díez se presentaba como la señora Lobo del PSOE. Ella estaba ahí para arreglarlo todo. Como en 'Pulp Fiction', aparecería de improviso y sería la salvadora del partido.

A los socialistas les gusta decir que son un partido de 140 años de historia. Ahora tendrán que asumir que esa trayectoria se resumió en un momento dado en Santos Cerdán, Leire Díez, Gaspar Zarrías y el empresario Javier Pérez Dolset. No es precisamente la alineación que eliges para disputar un Mundial o para que te resuelva un problema de reputación. Lo más probable es que te envíe a lo más profundo de una fosa submarina.

La respuesta socialista fue marcar distancias con los implicados. “La documentación conocida hoy es una suma de comportamientos individuales de farsantes, oportunistas y resentidos que han usado el nombre del PSOE en vano y en falso, muy a pesar del PSOE”, dijo su secretaria de Organización, Rebeca Torró. El problema es que las órdenes en ese grupo de “farsantes” las daba Cerdán, según el sumario, y ya sabemos quién puso al navarro al frente de Ferraz.

Quien también deberá dar explicaciones es la directora general de la Guardia Civil. La UCO ha desvelado tres encuentros de Mercedes González con Leire Díez, presumiblemente para que investigaran las filtraciones de las investigaciones a los medios. Sí se abrieron “informaciones reservadas” en el Cuerpo, pero se cerraron después sin que hubiera ningún expediente disciplinario. Leire Díez presumía de tener amistad “con la DG de la GC”.

El informe de la UCO que aparece en el sumario indica que la operación dirigida por Leire Díez y financiada por Cerdán tenía como objetivo proteger los intereses del Gobierno y “desestabilizar” causas judiciales que “directa o indirectamente presentaban afectación a miembros del PSOE o el Gobierno”. Cerdán se ocupaba de poner el dinero que permitiera “dar cobertura logística a las acciones de este grupo”. “Habría puesto a disposición de la estructura criminal la propia estructura del partido”, dice el informe. Se hicieron pagos a Díez a través de una empresa de Gaspar Zarrías, exvicepresidente del Gobierno andaluz, al que la Guardia Civil encontró 19.850 euros en su casa en un registro.

No hay pruebas o indicios en el sumario que acusen directamente a Pedro Sánchez a partir de lo que él dijo o hizo. Tratándose de un informe de la UCO, no faltan las deducciones, un terreno en que se puede hacer volar la imaginación. Relatan una conversación entre Díez e Ismael Oliver, que fue el primer abogado de Koldo García, con esta frase del segundo: “Y dile al presidente y a tu jefe que espabilen de una pura vez (sic) o les van a joder la vida”. El jefe sería Cerdán y el presidente ya sabemos quién es. Acto seguido, los agentes proceden a especular con lo que eso podría significar, basándose también en otras frases de Díez: “En este caso y en palabras de Leire, lo que se evidenciaría del contenido de los mensajes anteriores es el conocimiento por parte del presidente del Gobierno de la actividad que venía desarrollando la propia Leire”.

Evidentemente, el juez de instrucción no está obligado a asumir como propios estos comentarios. Una vez que aparecen en un informe policial, su utilidad cobra una vertiente nada menor, porque pueden aparecer en los medios de comunicación. De ahí, el titular de ABC: “La UCO sostiene que Pedro Sánchez conocía el trabajo de las cloacas del PSOE”. Con eso es suficiente para que el Partido Popular dé por hecho que Sánchez dirigía una “organización criminal” y que tendrá que declarar como testigo en la Audiencia Nacional o algo peor.

Para comprobar hasta qué punto podían llegar Díez y sus cómplices, en el informe aparece una reunión de ella con el abogado del comisario José Manuel Villarejo al que también hicieron una oferta. Villarejo, el rey de todas las conspiraciones con sus correspondientes grabaciones. A cambio de la información que creían que podía aportar, le ofrecieron conseguir que la investigación del caso Tándem contra él se quedara en “una multa y pena de cárcel pequeña” gracias a un supuesto contacto con la Fiscalía. Lo importante era hacer promesas que resultaran irresistibles. El abogado, que seguro que conocía bien a su cliente y los procedimientos judiciales que había contra él, rechazó la oferta. Todo le parecía “poco creíble y muy fantasioso”.

Lo que no es una fantasía es que esos contactos se produjeron. Por mucho que nadie ha conseguido probar que tuvieran éxito –de hecho, todas las investigaciones judiciales que perjudican al PSOE han seguido su curso–, han quedado reflejados en informes policiales y autos judiciales a partir de comunicaciones interceptadas. Ser un inepto al intentar obstruir la acción de la justicia no es un atenuante. A los socialistas no les será suficiente con afirmar que todo quedará en Santos Cerdán. La respuesta obvia a ese argumento vendrá en forma de pregunta: ¿quién puso a Cerdán en un puesto que le dio tanto poder?

La Audiencia de Badajoz ha completado la fase testifical en el juicio contra el hermano del presidente del Gobierno David Sánchez y el expresidente de la Diputación de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo, por presuntos delitos de prevaricación y tráfico de influencias en la contratación del primero en el año 2017 en la institución. Las tres primeras sesiones de la vista oral, en la que han participado 42 testigos, han estado definidas por una contradicción técnica directa entre las conclusiones de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y las declaraciones de los funcionarios, peritos, aspirantes y directores de los conservatorios provinciales.

Este jueves es el turno de los acusados. Declarará en primer lugar Gallardo y después lo hará Sánchez y el resto de encausados, 11 en total.

El teniente coronel Antonio Balas, jefe del Departamento de Investigación Económica y Anticorrupción de la UCO y responsable del volcado de los correos intervenidos a los trabajadores de la Diputación, ha atribuido al ex secretario general del PSOE extremeño la decisión de crear la plaza de libre designación de coordinador de los conservatorios pacenses y ha considerado que la adjudicación a Sánchez estaba “predeterminada”.

Balas “entiende y considera evidente” estas afirmaciones por inferencias tras el análisis de las comunicaciones internas entre funcionarios, altos cargos socialistas de la Diputación y Gallardo, aunque no ha aportado ninguna prueba, algo que algunos letrados de la defensa han querido evidenciar.

De Gallardo a Doraemon

El abogado de David Sánchez, Emilio Cortés, incluso ha dejado patente que la afirmación del teniente coronel es una deducción y a la salida de la Audiencia ha señalado que “ha apuntado a Gallardo como podría haber apuntado a Doraemon, al final de lo que se trata es de probarlo”.

Cortés se ha mostrado combativo con el agente y en la Sala ha dejado en evidencia la falta de formación de la UCO, como ha admitido el teniente coronel, en materia de contratación administrativa, aunque hayan analizado y redactado un informe sobre esta cuestión.

Según el mando de la UCO, la decisión de crear el puesto en octubre de 2016 “partió de un nivel superior con capacidad política” y no de las necesidades técnicas del área de Cultura. Balas ha sostenido que, como el tema de Personal obedece a “estrategias políticas”, el impulso para crear la plaza “partió de un nivel superior con capacidad política”. Y ha concluido: “El único que hemos visto relacionado de manera íntima con este puesto es a Miguel Ángel Gallardo”.

No obstante, en un primer atestado, de finales de 2024, la UCO aseguró desconocer de quién partió la idea de habilitar la plaza de libre designación. Pero tras una “visión holística” de los oficios y atestados incluidos en la investigación “concluimos lo que acabo de concluir”, ha indicado Balas.

El teniente coronel ha indicado que le “llamó la atención” la “urgencia” para la habilitación de la plaza. El Gobierno provincial dio el visto bueno el 10 de octubre de 2016 durante una reunión preparatoria para los presupuestos del año siguiente, a pesar de que unos días antes Gallardo había considerado “excesiva” la propuesta del área de Cultura para crear nuevos puestos de alta dirección. Para entonces, Pedro Sánchez no solo no era presidente del Gobierno: además había dimitido como secretario general del PSOE en el Comité Federal que se había celebrado el 1 de octubre.

El mando de la Guardia Civil también ha destacado que, a pesar de esa “urgencia” para habilitar la plaza en octubre de 2016, luego no se activó el proceso para cubrirla hasta mayo de 2017. El proceso de adjudicación se hizo efectivo en poco tiempo, por lo que “parece que estaba predeterminada” a David Sánchez, según Balas. El proceso de selección, con la publicación de las bases, no se activó hasta el 19 de mayo de 2017.

Cabe recordar que para entonces el PSOE aún no había celebrado las primarias que enfrentaron a Susana Díaz y Pedro Sánchez. En ese proceso, además, Miguel Ángel Gallardo apoyó a la política andaluza y no a Sánchez. No fue hasta un año más tarde, en 2018, que el Congreso de los Diputados aprobó la moción de censura al Gobierno de Mariano Rajoy, tras la que Sánchez se convirtió en presidente.

“Hermanísimo”, el término de la discordia

Uno de los indicios de la UCO para afirmar que el proceso de selección estaba amañado es el correo que ese 19 de mayo envía el entonces director del Conservatorio Superior, Evaristo Valentí, a su compañera Yolanda Sánchez, directora del Conservatorio Profesional, en el que le envía las bases y en el asunto pone “hermanísimo”. A juicio del teniente coronel, Valentí “no es cualquier persona, sabe que la otra persona lo va a entender. Sabe que [Sánchez] se va a presentar y se lo van a dar, como pasó”.

Sin embargo, este extremo lo desmintió Valentí en su declaración como testigo el lunes. El director del conservatorio rebajó a categoría de anécdota el uso de ese término porque era “llamativo” y había “rumores” de que se presentaría a la plaza, pero que también conocía los nombres del “80% de los candidatos”, pero no de que el puesto estuviera adjudicado de antemano. Por su parte, la directora del otro centro afirmó que ni siquiera se percató de que el asunto del correo fuera ese.

Ambos, que en un principio no eran partidarios de la creación de una nueva plaza porque “había otras necesidades”, afirmaron en su comparecencia que la ayuda del coordinador “vino muy bien” por la carga de trabajo “tremenda” que tienen los conservatorios y porque el hermano del presidente del Gobierno tenía “un buen currículum, estaba muy bien formado y capacitado” y realizaba “todas” las funciones de las que era responsable. En este sentido, la UCO no ha encontrado indicios del posible absentismo laboral que señalan las acusaciones, ejercidas por Manos Limpias, Hazte Oír, Abogados Cristianos, Liberum, Iustitia Europa, PP y Vox.

Sobre la afirmación de que la plaza estaba dada de antemano, sustentada en el término “hermanísimo” y en que Sánchez buscara vivienda de alquiler en Badajoz antes de la adjudicación de la plaza, su abogado ha sido muy crítico, aunque ha asegurado que se trata de una parte de la causa que el tribunal ya declaró prescrito el lunes. Uno de los participantes en el proceso de selección, Nerses Avakimyam, aseguró el lunes que no percibió irregularidades ni detectó nada extraño en los requisitos exigidos. Pero otra de las aspirantes, Cristina de Frutos, se quejó de “falta de igualdad de oportunidades”, aunque no denunció y solo envió una queja a la Fiscalía en 2025, siete años después del proceso de selección y cuando el caso estaba siendo investigado por el juzgado de instrucción.

Los técnicos de la Diputación, peritos y directores de centros musicales que han comparecido en el juicio han mantenido una postura uniforme de defensa de la legalidad de los trámites y procedimientos en la creación de la plaza, la adjudicación al músico, el posterior cambio de denominación del puesto de trabajo, que las acusaciones consideran que se hizo para satisfacer las “preferencias personales” del músico, y la contratación del funcionario Luis María Carrero, amigo del Sánchez, en comisión de servicio como jefe de sección de actividades transfronterizas.

La exdirectora de Recursos Humanos, Cristina Correa, y otros funcionarios testificaron que tanto la contratación por Carrero como el posterior cambio de nomenclatura del puesto a jefe de la Oficina de Artes Escénicas en 2022 fueron procedimientos “ordinarios” y “habituales”. Correa aclaró además que la desaparición de la casilla de incompatibilidad ('I') en la relación de puestos de trabajo de 2023 no eximía al puesto de dicho régimen, el cual continuó vigente por ley al tratarse de un cargo de alta dirección.

En 2024 el comisario José Manuel Villarejo ya tenía un horizonte judicial complicado en la Audiencia Nacional. Un año antes se había conocido la primera condena en el caso Tándem y le quedaba hacer frente a más de una veintena de piezas separadas. Pero esta realidad no impidió que Leire Díez pensara en él como posible bastón en el que apoyarse en su batalla por “limpiar a fondo el estado profundo”.

Uno de los atestados de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que consta en el 'sumario Leire' recoge que la exmilitante socialista se acercó en abril de 2024 al entorno del comisario. Eran viejos conocidos porque ya en 2021 Villarejo, al que Leire se refería de forma críptica como 'el de la txapela' o 'el de la boina', había sido lo que en el argot periodístico se conoce como su fuente de información.

Así, Leire Díez vuelve a “abrir vías” con el comisario y celebra varias reuniones con él y con su abogado. Y hay acuerdo. El comisario aportaría información “crítica” sobre diversas personas y operaciones y, a cambio, recibiría “beneficios en el marco de los procedimientos judiciales” en los que estaba inmerso.

Esa suerte de pacto quedó plasmado en un documento que llevaba por título 'LD Planteamientos' que habría sido elaborado por el propio comisario Villarejo y que fue entregado a Leire Díez el 26 de agosto de 2024, coincidiendo con la última de las reuniones. Ese documento podría ser calificado como el último de los 'proyectos' conocidos de José Manuel Villarejo. Un proyecto en el que, en lugar de pactar una retribución dineraria como era habitual en él, buscaba lograr a través de Leire Díez un pacto con el Ministerio Fiscal que evitara su eventual entrada en prisión y que el daño económico a su patrimonio no fuera demasiado dañino. Al final, esa alianza Leire-Villarejo salió mal y acabó con el comisario echando en cara a la militante su falta de resultados: “Está visto que nosotros somos los únicos que cumplimos”.

El trabajo encargado al comisario por Leire Díez, a juzgar por el documento, constaba de dos fases. Una primera incluía la entrega de “un informe de inteligencia sobre PS” —la UCO indica que esas siglas corresponden a Pedro Sánchez—, al que se debía unir por parte de Villarejo un listado de “objetivos de interés”. Entre ellos estaba el expresidente del Gobierno Mariano Rajoy, la ex secretaria general del PP María Dolores de Cospedal, el ex número dos de Interior Francisco Martínez, el PSOE de Andalucía, la “persecución de Pedro Sánchez (Begoña)”, fiscales como José Grinda, o dirigentes como Alberto Núñez Feijóo por la campaña electoral de 2012 para las elecciones gallegas en las que se enfrentó al exbanquero Mario Conde.

Esta entrega de información por parte del comisario debía ser correspondida con “muestras de cambio en la situación procesal de Villarejo”. Y, una vez finalizada esa primera fase, conforme se aclarara la situación judicial del comisario, este iría entregando paulatinamente material sobre esos objetivos.

Ese documento, al que la UCO da gran importancia, finalizaba con unas conclusiones en las que Villarejo asumía que los interlocutores de los tres encuentros que se produjeron “representan a personas capaces de producir un cambio en la situación procesal de la parte aportante”. La Guardia Civil infiere que quien se reunió con Villarejo fue la propia Leire Díez, pero que lo hizo “a instancias de Santos” Cerdán y que los costes logísticos de los viajes de la exmilitante corrieron a cargo del PSOE.

Las tres reuniones

Según el atestado, esas tres reuniones tuvieron lugar el 30 de julio de 2024, el 9 de agosto de 2024 y el 26 de agosto de 2024. La primera de ellas fue en el restaurante 'El Buey' de Boadilla del Monte y la unidad de élite a cargo de la investigación infiere por conversaciones previas a través de WhatsApp que la exmilitante tenía “el papel subordinado sobre terceros pero, al mismo tiempo, un rol prevalente”.

De hecho, pone el foco en que antes de ir a ver al comisario pasó por la sede del PSOE. Un día después, en lo que la UCO entiende como una dación de cuentas, la exmilitante socialista regresó a Ferraz para verse con Cerdán. “Tengo que ir hoy a las 10. A hablar con el jefe”, reza uno de los mensajes que se cruzó con una secretaria del partido. Los investigadores también se fijan en que dio cuenta de esa reunión a Juanma Serrano, ex jefe de gabinete de Pedro Sánchez.

La segunda cita, el 9 de agosto, es auspiciada por la propia Leire Díez porque estaba preocupada ante la falta de información por parte del comisario. Esto, decía, provocaba “dudas en S” —letra que la UCO asigna a Cerdán—. El abogado de Villarejo concierta ese encuentro y la exmilitante le comenta que pedirá que le saquen “billete” para acudir a la cita. “He quedado a las 12:00 con el de la txapela”, le dice a Vicente Fernández, otro de los investigados y expresidente de la SEPI.

La reunión se concretó en una terraza de la lonja de Boadilla del Monte. Quince días después tenía lugar el último encuentro, era 26 de agosto. Tras esto, el abogado de Villarejo comenzó con su particular 'qué hay de lo mío' y se interesó por determinados asuntos procesales que requerían la participación de la Fiscalía. Leire Díez y él hablaron del fiscal anticorrupción del caso Tándem, César de Rivas, y la exmilitante le comentó que esperara una llamada desde el Ministerio Público. “Si te llaman, avísame”, le dijo. Pero esa llamada no se produjo nunca.

La UCO encontró en el portátil de Leire Díez una reflexión al respecto. Les habían dicho —sin especificar quién— que el abogado del comisario debía dirigirse al fiscal “para llegar a un acuerdo”. Y añadía que, cuando el abogado se acercó, el fiscal “le dijo que tenía un teléfono escacharrado y que ni acuerdo ni nada”.

Ya en enero de 2025, Leire Díez trató de retomar ese contacto fallido y, una vez más, el abogado de Villarejo no pudo acercarse al fiscal del caso. Ante esta situación, la exmilitante comunicó al letrado en febrero que iba a ser recibido, aparentemente, por el fiscal general del Estado, entonces Álvaro García Ortiz. “Te cuento. Te va a recibir el FGE. Ahora te digo lo que me ha dicho”.

La UCO explica en su atestado que este anuncio de reunión puede guardar relación con una imagen alojada en el iPhone 15 de Leire Díez. Era una captura de un texto que tendría por título 'ACUERDO V', en el que se prevé la celebración de una reunión a la que acudiría ella, una persona de la Fiscalía General del Estado y “el cliente” (presumiblemente Villarejo).

Los investigadores recogen que ese encuentro tendría como objetivo un acuerdo firmado que recogiese “la aceptación de la culpabilidad y de una pena de cárcel” por parte de Villarejo, y la asunción de una pena económica. El comisario, a cambio “colaboraría con la Fiscalía para limpiar la corrupción del Estado”. La UCO añade que el texto concretaba que el “pilar de la colaboración” sería la entrega de materiales de audio, emails y documentos comprometidos sobre una serie de temas y personalidades.

Más adelante, en el segundo semestre de 2025, las comunicaciones entre Villarejo y Leire continúan. Y la UCO recoge un lamento del comisario: “Está visto que nosotros somos los únicos que cumplimos”. Los investigadores suponen que hacía referencia “a la falta de colaboración del fiscal en el marco de la causa que le afecta”, y recogen la respuesta de Leire Díez: “Estoy trabajando en ello”.

El abogado pensó que era “poco creíble” y niega que lo recibiera García Ortiz

El abogado del comisario José Manuel Villarejo, señaló en su declaración ante la Unidad Central Operativa (UCO) que la exmilitante socialista mantuvo dos reuniones con él y varias conversaciones por aplicaciones de mensajería en las que le ofreció mantener reuniones con la Fiscalía porque “le parecía injusta la acusación contra Villarejo”.

Indicó a la UCO que no le dio credibilidad a los distintos ofrecimientos porque tildó el contenido de sus conversaciones con Díez de “poco creíble y muy fantasioso”. Pero sí que recordó que la exmilitante socialista, al referirse a un posible pacto con la Fiscalía, hablaba “de una multa y pena de cárcel pequeña”.

Sobre su acercamiento al fiscal del caso Tándem, De Rivas, explicó que cuando Leire le dijo que se acercara a él, lo hizo. Pero el fiscal “le trasladó que no conocía nada y que no le metiera en líos”, por lo que rechazó reunirse con él.

Los agentes de la UCO mostraron al letrado el documento en el que se hablaba de una reunión que mantendría la defensa del comisario con “una persona de la Fiscalía General del Estado y con Leire (la que manda)” en la que Villarejo aceptaría una pena de cárcel que no supusiera volver a prisión y multa pero preservando su patrimonio. Pero el letrado negó tajantemente que García Ortiz le recibiera a él o a su cliente.

Ese acuerdo fallido, recordó el letrado, era a cambio de su colaboración para “desenmarañar el resto de las causas creadas a las víctimas” y “terminar inmediatamente con las causas viciadas, manipuladas o creadas por encargo”. El documento recogía que el comisario debía entregar todo lo que tuviera, ya no solo sobre Rajoy y Cospedal, sino también de figuras destacadas de la judicatura como el magistrado del Supremo Manuel Marchena.

La presunta trama del caso Leire Díez se interesó supuestamente por “información que pudiera comprometer” a la magistrada Mercedes Alaya, jueza instructora del caso ERE y del caso Aználcollar, en el que imputó al exdirector de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) Vicente Fernández, que también se encuentra investigado en esta causa de la Audiencia Nacional.

Así lo recoge la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en un atestado, al que ha tenido acceso Europa Press, dirigido al juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, que investiga una presunta red para intentar desestabilizar causas judiciales que afectan al PSOE y al Gobierno que habría liderado el exsecretario de Organización del partido Santos Cerdán y coordinado la exmilitante Leire Díez.

Los investigadores detallan que el caso ERE contó “inicialmente como responsable policial a la Unidad de Policía Nacional adscrita a los juzgados de Sevilla”, al frente de la cual se encontraba en ese momento Rafael Salvador.

“¿Qué podemos destapar de ella?”

Según el atestado, Díez se habría reunido con Salvador en dos ocasiones en 2020 para, supuestamente, obtener “información que pudiera comprometer a la magistrada Alaya” y “para cuestionar las investigaciones que llevó a cabo”. La UCO ha encontrado en una cuenta de Drive una carpeta titulada “22 GRABACIONES RAFAEL SALVADOR”.

Los investigadores señalan que la exmilitante socialista le dijo a Salvador: “¿Qué podemos destapar de ella? O sea, yo necesito cuatro cosas que me permitan dos impactos, y los demás los sigo yo con un libro, ¿vale?'”.

“Con las cosas que ya sé de Alaya, lo que menos necesito saber es de derecho. Todo saldrá bien, volverás y nos ocuparemos que el tumor se extirpe”, escribió Díez a Vicente Fernández en febrero de 2020. Y, apenas un mes después, le dijo: “Tenemos que exterminar socialmente a Alaya. El dolor gratuito ya no puede ser gratis”.

Los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil han descubierto tres encuentros entre la directora general del Cuerpo, Mercedes González, y la investigada por emprender maniobras contra la propia UCO Leire Díez. Los agentes infieren que esos tres encuentros y el resto de contactos telefónicos entre González y Díez motivaron que las informaciones reservadas que se abrieron en el seno de la Guardia Civil para determinar el origen de otras tantas filtraciones en los medios.

Los investigadores de la UCO siguen el rastro de la directora general del instituto armado en una supuesta maniobra sobre ellos mismos en el marco de la causa que instruye el juez Santiago Pedraz en la Audiencia Nacional. Díez está imputada por varios delitos y, dentro de su supuesta actividad delictiva, la UCO enmarca esos contactos con la directora general de la Guardia Civil. Ni la Fiscalía ni el juez atribuyen por ahora ningún delito a Mercedes González pese a los reiteradas referencias que los agentes supuestamente perjudicados por Díez hacen de su jefa 'política'.

En el atestado, los agentes de la UCO dan por ciertos los comentarios que hace Leire Díez sobre su “confianza” con Mercedes González y dan el salto a que eso provocó la apertura de informaciones reservadas que se cerraron sin la apertura de expediente disciplinario alguno. Lo hacen pese a que dando credibilidad a Leire Díez esta misma es la que cuenta que la directora general del Cuerpo no creía que las filtraciones partieran de la UCO. “Acabo de jugarme una comida [con González] a que las filtraciones vienen de la UCO”, dice Leire a una abogada.

Las tres informaciones reservadas se abrieron por la publicación de unos chats entre Ábalos y Pedro Sánchez, otra que incluía el correo elecrtrónico de la mujer del presidente y que pertenecía a la causa contra el hermano y una tercera en la que un periódico llamaba a al director adjunto operativo de la Guardia Civil, el teniente general Llamas, “peón de Marlaska”, y lo atribuía a fuentes del Cuerpo. Las informaciones reservadas incluyeron las tomas de declaración a los miembros de la cadena de mando de la UCO, el jefe de los investigadores, teniente coronel Balas; el jefe de la Unidad entonces, Rafael Yuste; y el general de la especialidad de Policía Judicial, Alfonso López Malo.

Los investigadores de UCO hacen “recapitulación”. Comienzan con que Díez y González tenían una relación previa, de 2022. Fuentes del entorno de la directora asegura que ambas entraron en contacto porque González era delegada del Gobierno durante una huelga en Correos, empresa pública donde Leire dirigía las Relaciones Institucionales. Luego están los encuentros, durante el segundo periodo de Mercedes González al frente de la Guardia Civil, el 30 de septiembre y 20 de diciembre de 2024 y el 2 de abril de 2025.

“Se han aunado los indicios de los que se desprende que Leire le estaría haciendo llegar informacion obtenida en el marco de la actividad supuestamente delictiva que venía desarrollando”, concluyen los guardias civiles de mensajes que Díez intercambia con terceros sobre su trato con González, tales como el que hace después del tercer y último encuentro documentado: “No estuvo mal la reunión con la directora. Voy a ver si sigo alimentando esa vía”.

Leire Díez se reunió en dos ocasiones con el comandante Rubén Villalba, imputado por pertenecer al grupo de Aldama, Koldo García y Ábalos. El comandante levantó una especie de acta de esos encuentros después de producirse. Tras uno de ellos, Villalba escribió: “Leire confirma que todas las filtraciones que se están produciendo del caso vienen de la UCO directamente. Que ha hablado en diferentes encuentros con la directora de la GC pero que la misma no se entera de lo que ocurre en GC y no da crédito de donde está metida, está perpleja de lo que ocurre en la GC y no sabe cómo meterle mano”.

Villalba también anotó que el intermediario del encuentro le dijo que Leire le había trasladado que la directora de la Guardia Civil conocía el encuentro y esperaba un “feedback” del mismo. Los agentes de la UCO no recogen en su atestado una de las consideraciones que hizo Leire Díez a Villalba y que éste anotó en su acta. La investigada le dijo que el teniente general Llamas iba a ser sustituido por otro DAO de Guardia Civil que iba a “poner” ella. El encuentro es de marzo de 2024; Llamas sigue siendo director adjunto operativo de la Guardia Civil.

El relato de la UCO en su atestado “finalmente culmina con el conjunto de elementos de los que se desprende que Leire habría pretendido el inicio de una 'investigación interna en el seno de la Guardia Civil y dirigida contra su Unidad Central Operativa, previsiblemente valiéndose de la propia directora”.

El general Rafael Yuste, anterior jefe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, relató ante los investigadores del caso Leire de su antigua unidad que el director de la Guardia Civil Leonardo Marcos, destituido en octubre de 2024, ordenó que se cambiara el contenido de un informe que perjudicaba a David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno.

El 12 de julio de 2024 Leonardo Marcos había citado al superior de Yuste, el general jefe de Policía Judicial, Alfonso López Malo, y le dijo en su despacho que “estaba enfadado y contrariado respecto del informe emitido por la UCO relacionado con la investigación entre cuyos encausados estaba el hermano del presidente del Gobierno, David Sánchez Pérez-Castejón, reprochando al testigo que no hubiese tenido conocimiento previo de dicho informe de forma previa a su entrega”. Así se lo trasladó la semana pasada Yuste a los agentes de la UCO que se personaron en la Dirección General de la Guardia Civil.

Yuste contó que ese mismo día 12 de julio de 2024, por la la tarde, hubo otro encuentro en el que participaron los anteriores más el jefe de la UCO y el DAO Llamas. En esta reunión, Leonardo Marcos “les manifestó que se encontraba indignado porque había conocido por terceros una propuesta de actuaciones elaborada por UCO en el marco del procedimiento judicial abierto por la denominada operación Cajirón [sobre David Sánchez], en la que, según él, se hacían presunciones falsas”, según declaró el general Yuste, anterior jefe de la UCO al instructor de la información reservada.

Leonardo Marcos habría dicho en esa reunión que el informe en el que la UCO proponía a la juez actuacione en el caso sobre el hermano de Sánchez era “prospectivo y mal intencionado” y añadió que la credibilidad de la unidad estaba “por los suelos”. Marcos habría pedido que se elaborara otro informe en el que constara que “no había nada” y que si para ello había que dejar sin vacaciones a los agentes de la UCO que así se hicera. Marcos quería el siguiente informe exculpando a David Sánchez para el 19 de julio.

Tres meses después de estas reuniones, en octubre, el Ministerio del Interior destituyó a Leonardo Marcos como director general de la Guardia Civil y le envió a un puesto en la Embajada española en Washington. El hermano de Pedro Sánchez sería llamado igualmente a declarar como investigado en noviembre de 2024.

Yuste también declaró que el director adjunto operativo del instituto armado, el general Manuel Llamas [quien ocupó el cargo con Leonardo Marcos y sigue ahora a las órdenes de Mercedes González], ordenó que los agentes implicados que se pusieran “de perfil” en las investigaciones que “tuvieran afectación política”.

Estas instrucciones de Llamas se habrían producido en una reunión el 16 de julio de 2024 cuando el director de la Guardia Civil era Leonardo Marcos. El encuentro se produjo en dependencias de la UCO y en ella participaron el citado DAO, Manuel Llamas; el entonces coronel jefe de la UCO, Rafael Yuste; el general jefe de Policía Judicial, Alfonso López Malo, y miembros de la UCO implicados en la investigación al hermano de Pedro Sánchez.

“En esta reunión, por parte del DAO, se indicó a los presentes en la misma que, en aquellos procediientos policiales que tuvieran afectación política, no se fuese proactivo en las mismas, bajo la indicación de que 'nos pusiéramos de perfil', debiendo ser, en este caso concreto, la autoridad judicial quien tomase la iniciativa”, aseguró el jefe de la UCO al instructor de una de las tres informaciones reservadas abiertas el pasado 27 de mayo.

El sumario de la investigación judicial contra Leire Díez y su supuesto entramado para desacreditar a jueces, fiscales y policías contiene un atestado de la Guardia Civil que apunta a una persona como el máximo responsable del supuesto operativo: Santos Cerdán. Según la Unidad Central Operativa, con unos argumentos que asumió el juez Santiago Pedraz, el objetivo del grupo era “desestabilizar” causas judiciales que “directa o indirectamente presentaban afectación a miembros del PSOE o el Gobierno”. Y Santos Cerdán, entonces el hombre más poderoso de Ferraz, era el encargado de conseguir que Díez cobrara dinero y así “dar cobertura logística a las acciones de este grupo”.

La unidad de élite de la Guardia Civil lanzó la operación hace una semana. Registros en casas como la de Santos Cerdán en la localidad navarra de Milagro, la de Gaspar Zarrías en Madrid y búsqueda de información en la propia sede central del PSOE además de la toma de declaración de una veintena de testigos más. La conclusión que saca la UCO en el atestado que cimenta actualmente las diligencias de la Audiencia Nacional es que Santos Cerdan y Leire Díez eran los “dirigentes” del grupo. El primero en un “nivel superior” y la segunda en un “nivel ejecutivo”.

Cerdán, explica este atestado, jugó un papel fundamental en dar soporte al grupo utilizando para ello recursos del PSOE y aprovechando que era su secretario de organización. “Habría puesto a disposición de la estructura criminal la propia estructura del partido”. Por ejemplo para “funciones administrativas” pero también para celebrar reuniones en sus dependencias, el alquiler de vehículos o incluso pagos de dinero.

La Guardia Civil registró la casa de Cerdán en Milagro, de donde se llevó documentación, móviles y portátiles pero nada más. El exdiputado se acogió a su derecho a no declarar, como hicieron la mayoría de investigados ante la UCO. En otras casas registradas también encontraron numerosa documentación, como fue el caso del empresario Javier Pérez Dolset. Él sí declaró ante los agentes, que le acusan de ser una “fuente de información” para la trama pero también un apoyo fundamental para Leire Díez.

La “operación PSOE”

Preguntado por una carpeta de documentación llamada “operación PSOE”, explicó que recogía la documentación del caso Villarejo que él había aportado tanto a Asuntos Internos de la Policía como a la Audiencia Nacional. “Al analizarla, la clasifico y todo lo que tiene que ver con el PSOE lo archivo en una carpeta bajo esta denominación”, dijo, aunque ciñendo el asunto a “documentos que tienen que ver con investigaciones que se están haciendo al PSOE de Andalucía desde 1998”. Reconoció varias reuniones en la sede del PSOE en la que estuvo presente Santos Cerdán y “otros miembros del PSOE de los que no me acuerdo”.

Fue al día siguiente de que Pedro Sánchez, tras conocerse la imputación de su esposa por parte del juez Peinado, enviara una “Carta a la Ciudadanía”. Los investigadores creen que esta apertura de diligencias tras una denuncia de Manos Limpias fue el detonante para que Cerdán pusiera en funcionamiento el entramado de Leire Díez para obtener información de jueces, fiscales y policías para “desestabilizar” esa y otras causas.

Los pagos a Díez, según la UCO, se hicieron entre otras cosas a través de una empresa de Gaspar Zarrías, antiguo alto cargo de José Luis Rodríguez Zapatero y de la Junta de Andalucía que ya testificó por este asunto en un juzgado de la Plaza de Castilla. Pagó en total de 16.000 euros en cuatro abonos y en su casa la Guardia Civil encontró casi 20.000 euros en efectivo en billetes de 20 y 50. La Guardia Civil también intervino el teléfono móvil de Juan Manuel Serrano, en su momento jefe de gabinete de Pedro Sánchez en el PSOE.