La ministra de Defensa, Margarita Robles, firmó el pasado 1 de septiembre la orden de ascenso a coronel del guardia civil Antonio Balas, quien ha estado al frente del departamento Anticorrupción de la UCO en los últimos años. El ascenso supone el cambio de destino de Balas, ya que su puesto está destinado a un teniente coronel, pero en la orden Robles accede a la petición de la Fiscalía Anticorrupción y el juez Ismael Moreno para que siga al frente del caso Koldo o Cerdán que se sigue en la Audiencia Nacional.

Balas permanecerá en la UCO a través de una comisión de servicio que acabará “al desaparecer las causas que la motivan, se incorpore al adjudicatario de la vacante, obtenga destino o al cumplirse el plazo máximo establecido”, recoge la orden publicada por el Boletín Oficial de Defensa.

Tanto el auto como el informe del fiscal Luis Pastor que han motivado la decisión de la ministra de Defensa, de la que depende orgánicamente la Guardia Civil, pedían que Balas pudiera “continuar en el desempeño de su puesto por el tiempo que sea necesario, para el avance y desarrollo de los hechos de la presente investigación”. Pastor y el juez se dirigían al superior de Balas en la UCO, el coronel Pedro Merino Castro.

La directora de la Guardia Civil, Mercedes González, firmó el ascenso de Balas a finales de junio, pero está establecido que la doble dependencia de la Guardia Civil, por su naturaleza militar, conlleve la firma de la titular de este último Ministerio.

El fiscal Pastor, en su informe, explicaba que Balas es uno de los instructores de la unidad policial a la que se ha encomendado la investigación del caso Koldo y que “ha tenido un papel relevante en el curso de la misma”. Y por ello, en atención al artículo 16 de la norma que regula el papel de la Policía Judicial interesa que permanezca en su destino del Departamento de Delincuencia Económica y Anticorrupción de la UCO “por el tiempo necesario, hasta la conclusión de la investigación”.

Los casos del PSOE y el Gobierno

El puesto de jefe del Departamento de Investigación Criminal II le ha valido a Balas que sea conocido por haber liderado la parte policial de los casos de corrupción en torno al PSOE y este Gobierno. Con cerca de dos décadas de experiencia en ese departamento, lo que le ha supuesto investigar a políticos de casi todos los partidos, algunos errores en la investigación del caso Ábalos, inferencias en atestados clave en la actual esfera política y mediática y su predilección por defender esos atestados en las vistas públicas de los juicios le han valido censuras públicas.

Balas defendió en el juicio al fiscal el papel “preeminente” en la filtración por la que fue condenado Álvaro García Ortiz por el solo hecho de ser el máximo responsable de la Fiscalía. En la vista reconoció que él y sus agentes obviaron investigar cualquier otra posibilidad de origen de la filtración. Algo similar ocurrió durante el juicio al hermano de Sánchez, en el que Balas admitió que no conocía a los acusados que no eran David Sánchez y el que fuera líder de los socialistas extremeños, Miguel Ángel Gallardo.

El expresidente de Correos y ex jefe de gabinete de Pedro Sánchez en el PSOE, Juan Manuel Serrano, ha solicitado formalmente al juez de la Audiencia Nacional que investiga el caso Leire Díez que le devuelva su teléfono móvil después de que la Guardia Civil haya terminado el segundo clonado.

En un escrito al que ha tenido acceso Europa Press, Serrano ha pedido este viernes al juez Santiago Pedraz que le devuelva el teléfono depositado en sede judicial, dado que este miércoles la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil terminó la operación de clonado del dispositivo, así como la copia de trabajo “para que sirva como a los propósitos de la investigación”.

Esa diligencia no se realizó en presencia de un abogado de Serrano, según las mismas fuentes, y por ello la defensa del expresidente de Correos había pedido anular la validez de esta prueba. Sin embargo, el juez ordenó que se volviera a realizar el clonado, esta vez en presencia de Serrano y su abogado.

Serrano solicita la devolución argumentado que “consultados los propios agentes encargados de realizar el clonado y copia posterior, confirmaron que, en efecto, el dispositivo ya no les es necesario a los efectos de la investigación”.

Imputado en el caso Leire Díez

El juez ordenó dicha operación el pasado martes, tras la comparecencia de Serrano en la Audiencia Nacional, donde había sido citado para verificar el clonado de su móvil por parte de la UCO tras la incautación de su terminal a finales del pasado mes de mayo, durante el requerimiento de información de la Guardia Civil en la sede del PSOE.

En el marco de esta causa, el instructor imputó el pasado 10 de julio a Serrano después de que la Guardia Civil le atribuyera un “papel preeminente” en las dos ramas del caso Leire Díez antes mencionadas.

Pedraz acordó el acceso, volcado y análisis en sede policial del móvil de Serrano, indicando que “la apertura de sus dispositivos, la clonación íntegra y la salvaguarda de su contenido se realizará con las condiciones técnicas necesarias para asegurar la autenticidad e integridad de los datos y las garantías de su preservación”.

Esta diligencia, sin embargo, no se realizó en presencia de un abogado de Serrano, según las mismas fuentes. Por este motivo, la defensa del expresidente de Correos había pedido anular la validez de esta prueba, motivo por el que se le había citado para verificar el mismo.

El nuevo clonado se comenzó a realizar el pasado martes en una sala precintada del juzgado y Serrano y su abogado fueron citados este miércoles para recoger una copia del mismo. Así, el anterior clonado quedará invalidado como prueba, y a partir del nuevo, la Guardia Civil elaborará un informe que entregará al instructor para incorporarlo a la causa.

Juan Manuel Serrano, quien fuera jefe de gabinete de Pedro Sánchez en el PSOE y expresidente de Correos, ha solicitado al juez Santiago Pedraz, instructor del caso Leire Díez, que anule la incautación y el clonado de su teléfono móvil y le devuelva el terminal. En un escrito, al que ha tenido acceso elDiario.es, la defensa de Serrano alega que agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil intervinieron su móvil sin “autorización judicial” antes de que tuviera la condición de investigado y exige la destrucción de los datos extraídos.

Su defensa presentó el escrito después de que el juez le citara para el próximo 18 de agosto para que “verifique” el clonado que la Guardia Civil hizo de su móvil. El exdirigente cuestiona que los agentes incautaran su teléfono el pasado 27 de mayo, cuando todavía no tenía la condición de investigado —que sí tiene del pasado julio—. Y denuncia, además, que la UCO clonó el móvil sin cumplir el mandato del juez Pedraz para que se hiciera en su presencia y acompañado de su abogado.

Así, la defensa de Serrano considera que la intervención del móvil no tiene cobertura legal al haberse producido fuera de los límites formulados por el auto judicial y que eso equivale a “una restricción del secreto de las comunicaciones no amparada por autorización judicial válida”, lo que debe derivar en la nulidad y la “inutilización probatoria de las grabaciones, transcripciones o hallazgos obtenidos al margen de la autorización”. Además, califica de “chocante” que Pedraz no ordenara la inmediata devolución del móvil después de que la UCO lo interviniera el pasado mayo.

El magistrado, que investiga los intentos de la presunta trama para, por un lado, hacerse con adjudicaciones públicas de manera irregular y, por otro, para torpedear procedimientos judiciales que afectan al PSOE y al entorno del presidente del Gobierno, imputó a Serrano el pasado julio. Tras recibir un atestado de la UCO, el juez tiene indicios para relacionar a Serrano con los integrantes de la organización criminal, sobre todo con el expresidente de la SEPI Vicente Fernández y con la exmilitante socialista Leire Díez.

En su resolución, el juez detallaba las presuntas actuaciones irregulares que se le atribuyen en su etapa al frente de Correos y pone el foco en la “irregular” contratación en esa empresa pública de la 'fontanera' del PSOE y en que se sucedieron “distintas actuaciones de características semejantes a las denunciadas respecto de otras entidades públicas de la SEPI”.

Pedraz explicaba que tras nombrar a Leire Díez “llevó a cabo distintos procesos de contratación que permiten sostener que se llevaron a cabo con apartamiento de la normativa pública, en beneficio de la misma o de terceros (Vicente Fernández) y, todo indicaría, que se contaba con la aquiescencia de Juan Manuel Serrano.

La Unitat Central Operativa (UCO) de la Guàrdia Civil ha revelat, en un informe incorporat al sumari del cas Assut, al qual ha tingut accés elDiario.es, que el cunyat de Rita Barberá, l’advocat José María Corbín, va invertir en dipòsits a tipus fix un total d’1,7 milions d’euros procedents de presumptes mossegades d’empreses adjudicatàries municipals. Els investigadors de l’Institut Armat recorden que el 80% dels ingressos del despatx de Corbín entre el 2005 i el 2017 provenien d’empreses que, “directament o indirectament”, van ser beneficiàries d’adjudicacions de l’Ajuntament de València, com Cyes, amb 752.700 euros; Axis, amb 599.110; Cleop, amb 407.402; Secopsa, amb 348.000, o Ocide, amb 197.290 euros.

La presumpta mossegada d’Acciona lligada al contracte de sanejament de València, per un valor d’1,7 milions d’euros, es va vehicular, segons l'UCO, mitjançant pagaments al bufet de José María Corbín procedents del despatx de l’advocat Diego Elum, amic veterà des dels temps de la Transició, quan tots dos militaven en l’extrema dreta. Elum, que també figura com a investigat en la causa, era el principal pagador de Corbín.

L’inici del transvasament d’aquests fons coincideix temporalment amb l’obertura d’un compte a Bancaja a nom de Corbín, un mes abans que s’abonara la primera transferència. El cunyat de Barberá feia servir aquest compte per a abonar-se la seua pròpia nòmina, de 3.600 euros.

L’anàlisi efectuada per l'UCO de la Guàrdia Civil conclou que el cunyat de Rita Barberá va contractar productes d’inversió amb fons “que es pressuposen de naturalesa delictiva i procedents de les diferents empreses investigades”.

Corbín va invertir en productes financers a termini fix de Bancaja per un import total de més d’1,7 milions d’euros entre el maig del 2007 i el setembre del 2008. La coincidència temporal entre els ingressos procedents del despatx d’Elum i els càrrecs per inversions en imposicions a termini fix “reforça la seua relació amb fons de naturalesa delictiva”, destaca l’informe.

També va destinar 70.001 euros d’aquell compte bancari al pagament, per part de la seua dona, María Asunción Barberá, coneguda com a Totón i ja finada, del préstec de l’habitatge familiar a València.

La “naturalesa delictiva” del 90% dels fons del bufet

El 2008, també va utilitzar un poc més de mig milió d’euros d’aquell compte per al pagament d’obligacions tributàries, a més de 9.600 euros per a un pla de pensions.

En els dos exercicis amb més volum d’activitat, el 2007 i el 2008, el 90% dels fons declarats pel bufet de Corbín haurien sigut “de naturalesa delictiva”, segons l'UCO.

Els investigadors també ressenyen la compra d’accions de Gas Natural, Telefónica, Iberdrola i Repsol el 2010 per un import total de 100.000 euros. Aquell mateix exercici, els comptes de l’advocat van registrar 60.500 euros en reintegraments de diners en efectiu i compres a El Corte Inglés per valor de 22.536 euros.

L’informe explica la presumpta mecànica utilitzada pel cunyat de Rita Barberá: “S’ha pogut comprovar que, una vegada es recuperen els capitals invertits en aquestes IPF [imposicions a termini fix], es fan servir per a ser transformats en altres actius patrimonials, com ara l’adquisició d’accions i altres actius financers, compres a El Corte Inglés i reintegraments de diners en efectiu, usant part d’aquells diners per al pagament de reformes en un habitatge”.

També el 2010, José María Corbín va destinar 750.000 euros d’imposicions a termini fix a invertir en la societat de gestió patrimonial Arcalia, la boutique financera de la burgesia valenciana vinculada a Bancaja.

La “naturalesa delictiva” del 90% dels fons del bufet

El 2008, també va utilitzar una mica més de mig milió d'euros d'aquell compte per al pagament d'obligacions tributàries, a més de 9.600 euros per a un pla de pensions.

En els dos exercicis de major volum d'activitat (2007 i 2008), el 90% dels fons declarats pel bufet de Corbín haurien estat “de naturalesa delictiva”, segons l'UCO.

Els investigadors també ressenyen la compra d'accions de Gas Natural, Telefònica, Iberdrola i Repsol el 2010 per un import total de 100.000 euros. Aquest mateix exercici, els comptes de l'advocat van registrar 60.500 euros en reintegraments de diners en efectiu o compres a El Corte Inglés per valor de 22.536 euros.

L'informe explica la suposada mecànica usada pel cunyat de Rita Barberá: “S'ha pogut comprovar que, un cop es recuperen els capitals invertits en aquestes IPF [Imposicions a Termini Fix],” s'utilitzen per a “ser transformats en altres actius patrimonials com són l'adquisició d'accions i altres actius financers; compres a El Corte Inglés, i reintegraments de diners en efectiu, utilitzant part d'aquells diners per al pagament de reformes en un habitatge”.

També el 2010, José María Corbín va destinar 750.000 euros d'imposicions a termini fix per invertir a la societat de gestió patrimonial Arcalia, la 'boutique' financera de la burgesia valenciana vinculada a Bancaja.

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha desvelado en un informe incorporado al sumario del 'caso Azud', al que ha tenido acceso elDiario.es, que el cuñado de Rita Barberá, el abogado José María Corbín, invirtió en depósitos a tipo fijo un total de 1,7 millones de euros procedentes de supuestas mordidas de adjudicatarias municipales. Los investigadores del Instituto Armado recuerdan que el 80% de los ingresos del despacho de Corbín entre 2005 y 2017 provenían de empresas que, “directamente o indirectamente”, fueron beneficiarias de adjudicaciones del Ayuntamiento de València, tales como Cyes (752.700 euros), Axis (599.110 euros), Cleop (407.402 euros), Secopsa (348.000 euros) u Ocide (197.290 euros).

La supuesta mordida de Acciona ligada al contrato del saneamiento de València, por un valor de 1,7 millones de euros, se vehiculó, según la UCO, mediante pagos al bufete de José María Corbín provenientes del despacho del letrado Diego Elum, veterano amigo desde los tiempos de la Transición en que ambos militaban en la extrema derecha. Elum, que también figura como investigado en la causa, era el principal pagador de Corbín.

El inicio del trasvase de esos fondos coincide temporalmente con la apertura de una cuenta en Bancaja a nombre de Corbín, un mes antes de que se abonara la primera transferencia. El cuñado de Barberá usaba esa cuenta para abonar su propia nómina, de 3.600 euros.

El análisis efectuado por la UCO de la Guardia Civil concluye que el cuñado de Rita Barberá contrató productos de inversión con fondos “que se presumen de naturaleza delictiva y provenientes de las diferentes empresas investigadas”.

Corbín invirtió en productos financieros a plazo fijo de Bancaja por un importe total de más de 1,7 millones de euros entre mayo de 2007 y septiembre de 2008. La coincidencia temporal entre los ingresos por parte del despacho de Elum y los adeudos por inversiones en imposiciones a plazo fijo “refuerza su relación con fondos de naturaleza delictiva”, destaca el informe.

También destinó 70.001 euros de esa cuenta bancaria para el pago por parte de su mujer, María Asunción Barberá (conocida como Totón y ya fallecida), del préstamo de la vivienda familiar en València.

La “naturaleza delictiva” del 90% de los fondos del bufete

En 2008, también usó algo más de medio millón de euros de esa cuenta para el pago de obligaciones tributarias, además de 9.600 euros para un plan de pensiones.

En los dos ejercicios de mayor volumen de actividad (2007 y 2008), el 90% de los fondos declarados por el bufete de Corbín habría sido “de naturaleza delictiva”, según la UCO.

Los investigadores también reseñan la compra de acciones de Gas Natural, telefónica, Iberdrola y Repsol en 2010 por un monto total de 100.000 euros. Ese mismo ejercicio, las cuentas del abogado registraron 60.500 euros en reintegros de dinero en efectivo o compras en El Corte Inglés por valor de 22.536 euros.

El informe explica la supuesta mecánica usada por el cuñado de Rita Barberá: “Se ha podido comprobar que, una vez que se recuperan los capitales invertidos en estas IPF [Imposiciones a Plazo Fijo],” se usan para “ser transformados en otros activos patrimoniales como son la adquisición de acciones y otros activos financieros; compras en El Corte Inglés, y reintegros de dinero en efectivo, utilizando parte de ese dinero para el pago de reformas en una vivienda”.

También en 2010, José María Corbín destinó 750.000 euros de imposiciones a plazo fijo para invertir en la sociedad de gestión patrimonial Arcalia, la 'boutique' financiera de la burguesía valenciana vinculada a Bancaja.

La jueza instructora del 'caso Azud' ha acordado el sobreseimiento parcial de las actuaciones para José María Cataluña, extesorero del PSPV-PSOE, y para el empresario Enrique Gimeno.

El auto, al que ha tenido acceso elDiario.es, acepta la solicitud del fiscal anticorrupción al considerar que los hechos atribuidos al expolítico y al empresario —la presunta financiación ilegal de campañas electorales del PSPV— están prescritos, según el lapso de tiempo establecido en el Código Penal.

La instructora también ha acordado el sobreseimiento parcial para varios de los investigados “al entender que no ha quedado acreditada la participación de los mismos en los hechos objeto de investigación”.

Se trata de varios funcionarios y empresarios: Francisco Javier Piqueras Roca, Felipe Molina López, Joaquin Vaño Hurtado, Carmen Manzano Imbernon, José Luis Camarero, María Dolores Cruz Selva, Alfredo Fluixá, Juan Hermosilla Tro, José María Marugan, José Luis Miguel Belenguer, Juan José Moragues Terrades, José Francisco Ripoll Borja y María Asunción Albalat Moreno.

El juez instructor del Tribunal Central de Instancia (Audiencia Nacional) Ismael Moreno ha acordado investigar también la adjudicación de las obras de desdoblamiento de los túneles de Belate, en el norte de Navarra, dentro de la causa por corrupción tiene abierta. Se trata de una contratación de 76 millones de euros que recayó en Acciona, lo local Osés y Servinabar 2000, la mercantil del empresario vasco Antxon Alonso y de la que aparentemente era copartícipe el exdirigente socialista Santos Cerdán. Esta última tenía un 15%.

El juez Moreno pidió la pasada semana a la UCO de la Guardia Civil, la Policía judicial, que le hiciese un reporte sobre la situación procesal de los túneles de Belate. El cuerpo, en un oficio, indica que en un informe de 2025 ya mencionó la cuestión e indica que reflejó “someramente” los “diferentes indicios” de estas obras con la etapa en el Ministerio de Fomento del ya condenado José Luis Ábalos o que el partido UPN, desde la oposición en Navarra, también había denunciado “irregularidades en el proceso licitador”.

Según la UCO, está pendiente un nuevo atestado con una “ampliación” sobre los datos relativos a estas obras. El instructor, en una providencia, ha acordado este lunes “integrar” esta adjudicación en el sumario y queda “a la espera” del informe. Solamente después de que entreguen el documento “se acordará lo procedente”.

Las obras de Belate se adjudicaron en 2023 y fueron las más cuantiosas de todas las adjudicaciones recibidas por Servinabar 2000 en Navarra. El Parlamento foral acaba de finalizar una comisión de investigación en el que la mayoría política descartó la existencia de corrupción. El dictamen aprobado por el foro presidido por Irati Jiménez, de EH Bildu, sí apuntó a “irregularidades y deficiencias procedimentales” en determinados expedientes. Por el contrario, los últimos informes de la Guardia Civil apuntan a que Servinabar 2000 fue empleada para recaudar comisiones ilegales y que Cerdán y su familia dispusieron de fondos de esta firma.

La comisión de investigación no vio “injerencia”

Desde el Gobierno navarro han expresado su “máximo respeto” a las actuaciones “judiciales y policiales” y también un “compromiso de total colaboración”. Añaden fuentes del Gobierno de María Chivite que el Ejecutivo “estudiará solicitar la personación ante la Audiencia Nacional, como ya se intentó ante el Tribunal Supremo con respuesta negativa, por si mediase daño patrimonial contra la Hacienda navarra”.

“En lo concerniente a la adjudicación de la obra de ampliación de los túneles de Belate, el Gobierno de Navarra recuerda que se trató de una adjudicación con reparo 'no suspensivo' de la Intervención delegada y que cuenta con el aval de la Intervención General en tanto que se abordó mediante una deliberación 'adecuada'. Además la Cámara de Comptos especificó que no medió 'responsabilidad contable ni de ninguna otra naturaleza', mientras que la comisión de investigación acometida en el Parlamento de Navarra descartó la existencia de presiones ni injerencias políticas”; sostienen fuentes del Gobierno.

La presidenta de Navarra, la socialista María Chivite, ha asegurado este viernes que sufre una “caza de brujas”. Chivite ha sido llamada a comparecer en el Parlamento foral por UPN a raíz del último informe de la UCO de la Guardia Civil sobre Santos Cerdán. “Cuanto más se investiga y más se avanza en los tribunales, más queda claro que no hay nada de nada sobre mí. No hay nada ni va a haber nada contra mí”, ha afirmado desde la “tranquilidad total”.

“La única intervención que ha tenido este Gobierno relacionada con ese informe es la colaboración con la Justicia para dar información y contribuir al buen desarrollo de la investigación. Todo lo demás es parte de una estrategia de caza de brujas contra mí que ni el Supremo ni la UCO avalan con sus investigaciones y pronunciamientos porque no hay nada”, ha subrayado, según informa Europa Press.

Chivite ha indicado a UPN: “Ustedes seguirán con su historia falsa y yo diciendo una verdad que nunca van a querer creer porque no les interesa. Y así podemos estar en bucle lo que resta de legislatura. Pues yo estoy dispuesta. Si alguien ha hecho algo, que pague, pero no seré yo”.

La presidenta ha comparecido en comisión parlamentaria a petición de UPN. Ha dicho que no ha tenido acceso al informe de la Guardia Civil y ha criticado las filtraciones. “No sé si son conscientes sus señorías de que la filtración de informes de la UCO pudiera constituir un delito. Esos informes forman parte del procedimiento y no tienen que ser documentos públicos, aunque de hecho lo son”. Esas filtraciones, hechas además a modo 'goteo', permiten sobre todo a la oposición, construir un 'relato' desvirtuando la realidad, porque lo que los informes contienen son elementos indiciarios que deben ser validados en parte o en su totalidad por un juez y posteriormente en un juicio oral“, ha interpretado. Y ha agregado: ”Que la presidenta tenga que hablar de un informe que no recibimos oficialmente porque no somos parte de esta causa sobre una investigación patrimonial de una persona, que ni forma ni ha formado parte del Gobierno de Navarra, es cuando menos extraño“. Entrando al contenido, ha indicado que Cerdán hizo uso de la tarjeta de Servinabar 2000 hasta febrero de 2024, mientras que los pagos por las obras de Belate, en las que participaba esta empresa UTE, se inicieron ”en junio“ de 2024.

El portavoz de UPN, Javier Esparza, ha dicho: “No tiene usted ninguna credibilidad; es imposible desvincular Cerdán y Belate, con 129.000 euros en medio. Usted ha pasado de cuadrarse ante Cerdán a proclamar que 'esto no va conmigo'; y esto sí va con usted”. “Sin Cerdán usted no hubiera sido presidenta nunca”, ha dicho también. “Y a Cerdán y a sus amigos, usted les abrió las puertas del Palacio de Navarra de par en par para que andaran a sus anchas”, ha añadido.

Por parte de EH Bildu, Laura Aznal ha indicado que UPN ha llamado hoy a la presidenta con “el único objetivo de estirar el chicle de la comisión de investigación y tratando de volver a inflar un globo que ya quedó pinchado en las conclusiones”. Esta formación presidió el foro parlamentario por medio de Irati Jiménez. El portavoz de Geroa Bai, Pablo Azcona, ha pedido no “relativizar en absoluto la corrupción ni la preocupación ante ciertas informaciones”, pero “tampoco” el hecho de “convertir sospechas en sentencias o utilizar una investigación que está en curso para construir un relato político concreto”. “La corrupción debe investigarse hasta el final”, ha dicho.

Por su parte, Javier García, del PP, ha indicado a la presidenta “la verdad”. “Si después de todo lo que vamos conociendo sostiene usted que no sabía nada, no escuchó nada y no sospechó nada, solo quedan dos posibilidades, o es que su Gobierno carecía de controles sobre lo que ocurría a su alrededor, o que prefiere pedir a los navarros que crean en lo increíble”, ha señalado. Finalmente, Miguel Garrido, de Contigo-Zurekin, ha expuesto que el informe de la UCO avala “tanto la falta de ética política del señor Cerdán como ”la sospecha que tiene que ver con sus relaciones con Acciona y Servinabar“, aunque ha matizado que no hay ”ninguna prueba, tampoco indiciaria, de que haya habido alguna manipulación o injerencia en la obra pública de Navarra“.

El PP ha reclamado al juez de la Audiencia Nacional que instruye el 'caso Leire Díez' que prohíba a la directora de la Guardia Civil, Mercedes González, y al director adjunto operativo (DAO), Manuel Llamas, “cualquier facultad de mando” sobre la Unidad Central Operativa (UCO) mientras la causa siga investigándose. Así lo ha hecho a través de un escrito en el que incide en que ambos mandos de la Guardia Civil, imputados en la causa, mantienen “el ejercicio pleno de sus funciones y en la superioridad jerárquica sobre la propia unidad cuya labor se investiga si trataron de obstaculizar”.

Los 'populares', que dirigen la acusación popular unificada en la causa, interesan varias “medidas cautelares de protección” para los agentes investigadores, empezando por “la prohibición de ejercer cualquier facultad de mando, dirección, supervisión, destino, evaluación o régimen disciplinario sobre la UCO y, en particular, sobre el Departamento de Delincuencia Económica y Anticorrupción (DIECAN) y sus integrantes, atribuyéndose tales facultades a un mando ajeno a la cadena de los investigados”.

Asimismo, abogan por que se impida a González y Llamas “incoar, tramitar o resolver informaciones reservadas, expedientes o procedimientos disciplinarios de cualquier clase que afecten a los mandos y agentes de la UCO mientras dure el procedimiento”.

También interesan que no puedan acceder “a la documentación, sistemas y expedientes relativos a la investigación en curso, así como la de comunicarse, directamente o a través de terceros, con los agentes y testigos que han declarado en la causa”. Asimismo, dejan en manos del juez instructor, Santiago Pedraz, que adopte “cuantas otras medidas que estime procedentes para asegurar la indemnidad de la investigación, la integridad de las fuentes de prueba y la protección de los agentes afectados”.

El PP considera que existe un “riesgo de represalia sobre testigos y agentes”

En nombre de la acusación popular unificada, apuntan que “existe un riesgo de represalia sobre testigos y agentes”, porque “los mandos de la UCO que han declarado bajo juramento sobre las presiones sufridas siguen orgánicamente subordinados a los investigados”, que ante el juez negaron haber presionado a esa unidad.

El PP recuerda que el juez imputó a González y Llamas por presuntos delitos de prevaricación administrativa y contra la Administración de Justicia por obstrucción, “consistentes en la instrumentalización del régimen disciplinario interno de la Guardia Civil, mediante la apertura de sucesivas informaciones reservadas, para presionar, intimidar y condicionar el trabajo de la UCO en causas que afectaban al entorno del Gobierno y del PSOE”.

Según resalta, el bien jurídico que se debe proteger “no es sólo el correcto funcionamiento de la Administración, sino, de manera nuclear, la indemnidad de la actividad de auxilio a la Administración de Justicia que la UCO desarrolla, bajo la dirección de los distintos órganos judiciales, en procedimientos penales de la máxima sensibilidad”. “Constituye un hecho público y notorio que, pese a su condición de investigados, tanto la directora general como el DAO continúan al frente de sus respectivos cargos, sin que se haya adoptado decisión administrativa alguna de cese o suspensión y sin que hayan presentado su dimisión”, añaden.

Una situación que, bajo su punto de vista, “resulta objetivamente incompatible con la naturaleza de los hechos investigados, pues los dos máximos responsables del Cuerpo mantienen intacta su capacidad de mando directo sobre los propios agentes de la UCO y sobre quienes conservan facultades de dirección, destino, evaluación, régimen disciplinario y asignación de medios”.

Solicitan la imputación del antecesor de Mercedes González

Los 'populares' también han solicitado por segunda vez que se cite como investigado al exdirector de la Guardia Civil Leonardo Marcos, el antecesor de la actual directora, una petición que el juez Pedraz rechazó en el primer intento al no apreciar indicios en su contra.

En un escrito, insisten en que el exjefe de la UCO Rafael Yuste desveló ante agentes de esta misma unidad que recibió presiones por parte de Marcos y de Llamas para “ponerse de perfil” en la investigación a David Sánchez, el hermano del presidente del Gobierno. Así, remarcan que los hechos investigados “responden a una actuación coordinada de la cúpula de la Guardia Civil, en la que el director general ostentaba la máxima responsabilidad institucional”.

La directora de la Guardia Civil, Mercedes González, ha declarado este viernes ante el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, quien investiga la supuesta trama orquestada por la exmilitante del PSOE Leire Díez para desestabilizar procedimientos relacionados con el PSOE o con el entorno de Pedro Sánchez. En la última pregunta del interrogatorio, la abogada de González ha pedido disculpas por la “obviedad” de lo que iba a preguntarle aunque ha remarcado la necesidad de hacerlo. A continuación ha dicho: “¿Tuvo que ver la señora Leire en la apertura de alguna de las investigaciones [informaciones] reservadas que se examinan aquí?”. “No tiene nada que ver”, contesta la investigada.

“Si ustedes cogen la línea temporal, no encaja ni a martillazos”, añade sobre la vinculación que hace la UCO entre sus “encuentros” con Leire Díez y el hecho de que se abrieran tres informaciones reservadas por noticias publicadas en relación con investigaciones de la UCO.

“Los hechos son los hechos que son, los que provocan esas informaciones reservadas, como se han producido a lo largo de todo este tiempo”, responde González en relación a que las tres publicaciones ya justificaban sobradamente la apertura de las investigaciones internas. En dos de ellas aparecían conversaciones del presidente del Gobierno que, entre otros actores, estaban en poder de la UCO, al menos una parte. Otra está vinculada a la publicación de unas direcciones de correo de la mujer y el hermano de Sánchez a partir de uno de los 10.000 mensajes que había incautado la UCO. Y la tercera se produce después de que El Mundo titule a toda página que el teniente general Llamas es “un peón de Marlaska” y se citen fuentes conocedoras del conflicto entre el DAO y la UCO.

En este sentido, Mercedes González ha concluido “¿Es como si me dijera reciben presiones las comandancias de la Guardia Civil? Porque a lo largo de estos dos años se han abierto siete informaciones reservadas sobre hechos concretos y determinados. La de Madrid por una cosa, la de Cantabria, por otra, la de Almería, por otra, la de Asturias por otra. No es que ha habido hechos que nos han llevado a abrir informaciones reservadas para analizarlos, para investigarlos y para concluirlos. Nada más”.

Por otro lado, también ha señalado que la presunta 'fontanera' del partido no llegó a ella a través de quien fuera número tres del PSOE, Santos Cerdán. “La señora Leire Díez utilizó, se amparó, en la relación que tuviera o en el mando que tuviera en esa estrategia o entramado alguna persona o cargo relevante del Partido Socialista o del Gobierno. ¿De alguna manera venía con la carta de presentación de alguien, de Santos Cerdán o de alguien del partido?”, pregunta su abogada.

“No, nunca. Y como hay obra publicada lo puedo decir. Nadie que viniera a mi puerta bajo el... mando o la vía de Santos Cerdán era bien recibido. O sea que todo el mundo sabe, hay artículos publicados sobre el listado de víctimas de Santos Cerdán y una de ellas soy yo. No, nunca he tenido ninguna relación buena con Santos Cerdán. No he tenido nada que ver nunca con Cerdán. Y no. Por lo tanto, no creo que utilizara nunca esa vía de acceso”, responde la directora general de la Guardia Civil.

El informe patrimonial relativo al ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán, elaborado por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, concluye que el político navarro pudo manejar “una posible fuente de ingresos no declarada”. Llega a esta conclusión por varios motivos. Uno es el ingreso 18.000 euros de origen desconocido entre 2014 y 2017. Otro es que redujo el uso de la tarjeta o de las disposiciones de efectivo en cajero desde 2019 coincidiendo con “la etapa ministerial” de Ábalos y las adjudicaciones a Acciona. Y otro más son los ingresos en efectivo realizados por Koldo García y su pareja Patricia Uriz “para abonar las cuotas del renting de un vehículo”.

El documento, de más de 160 páginas ha sido entregado ya al juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno, que es quien investiga el presunto papel coordinador de Cerdán en una trama que buscaba el amaño de adjudicaciones de obra pública dependientes del Ministerio de Transportes a cambio de mordidas. En el mismo, indica el Instituto Armado que “han observado indicios que apuntan a esa posible existencia de una fuente alternativa de ingresos no declarada” para Cerdán y que se han reforzado los indicios previos de que el político y su entorno “se lucró” con fondos que encuentran origen en las mercantiles Servinabar, Erkolan y Noran.

La primera mercantil es en la que, según una nota hallada en el domicilio del empresario Antxon Alonso, Cerdán habría tenido participaciones, algo que el político siempre negó porque alega que finalmente se decantó por seguir en política y no adentrarse en el mundo empresarial cuando s elo propuso su amigo Antxon. La UCO resalta ahora que Cerdán y su familia “habrían disfrutado de unos beneficios entre 2015 y 2024 de al menos 323.178 euros” recibidos desde esa mercantil que los investigadores ubican en el epicentro de la trama de amaños. E insiste en que los fondos de Servinabar estaban puestos a “plena disposición” de Santos Cerdán. Esos 323.178 euros incluyen nóminas percibidas por ejemplo por la mujer de Cerdán, que trabajó para esa consultora navarra radicada en Pamplona.

En este sentido, la UCO destaca además que Cerdán y su familia obtuvieron los mayores beneficios entre 2019 y 2023, periodo en el que se enmarca la “etapa ministerial” de Ábalos en la que la constructora Acciona resultó adjudicataria de las licitaciones investigadas. El Instituto Armado considera necesario que el juez le dé permiso para seguir indagando en el patrimonio de la familia de Cerdán, y por eso solicita poder acceder a la información financiera tanto de Francisca Muñoz, esposa de Cerdán, como de su hija, su hermana y su cuñado “quienes también se habrían beneficiado de fondos provenientes de Sevinabar”.

A los indicios que sustentan la tesis de la UCO de que existió esa fuente de ingresos opaca, suma que el político liquidó gastos con el PSOE y con el Congreso “por totales superiores a las disposiciones de efectivo y los gastos observados en cuentas bajo conceptos susceptibles de ser reclamados”.

El primer instructor que tuvo la causa contra Cerdán, el magistrado del Supremo Leopoldo Puente, elaboró una tesis inusual en el auto con el que envió al ex secretario de Organización a la cárcel, en noviembre de 2025. Según Puente, si Acciona, el principal corruptor de la trama, obtuvo 537 millones de euros en adjudicaciones sospechosas, los investigados se podrían haber llevado un 1% si se atiende a lo que el magistrado considera habitual en este tipo de tramas.

En total, 5 millones de euros, una cifra muy alejada de los 18.000 euros o de los 300.000 euros recibidos desde Servinabar que la UCO ha localizado a Cerdán. Por otra parte, Acciona, señalada como el principal corruptor, sigue desde entonces sin ser investigada como persona jurídica.

Los bienes de Cerdán

A lo largo del infome de la UCO se relata que del análisis conjunto de la información tributaria aportada tanto por la Agencia Tributaria como por la Hacienda Foral Navarra, consta que Cerdán es propietario junto a su mujer de “un solo inmueble ubicado en la localidad de Milagro (Navarra)”, donde reside actualmente. Y a esa casa añade que en la actualidad tiene en propiedad un Volvo XC60.

Sobre los ingresos en cuentas tituladas por el expolítico y su mujer en el periodo investigado, la UCO indica que entre 2014 y 2025 han sido cuantificados en 1,12 millones de euros, de los que 830.000 euros fueron abonos de nómina.

En otro bloque del atestado, los investigadores analizan los ingresos percibidos por Cerdán en concepto de gastos, dietas y kilometraje procedentes del Congreso de los Diputados, del PSN y del PSOE. De la cámara baja percibió entre 2020 y 2025 un total de 40.928,80 euros en concepto de kilometraje. Del PSN, el político habría recibido en concepto de liquidación de gastos 27.843,23 euros entre 2014 y 2017. Del PSOE entre junio de 2017 y junio de 2025 le fueron abonados un total de 95.007,36€, tanto mediante transferencia como en efectivo.

Sobre el efectivo, la UCO dice que Cerdán recibió 84 abonos, una cantidad total de 30.797,38 euros. A eso suma 92 transferencias para la liquidación de gastos que suman un total de 64.209,98 euros. Y apunta que ha detectado discrepancias entre la información aportada por el PSOE y la información bancaria de Cerdán.

Sobre esas liquidaciones del partido, la UCO se para en una transferencia que ingresó Cerdán de 1.816 euros en junio de 2016. Entiende que se abonaron al político desde el PSN dos tipos de gastos: por un lado los devengados vía transferencia bancaria y declarados por el propio partido, y por otro lado los que le fueron previsiblemente entregados en efectivo a través de una tal 'Edi', y que no constan en la información aportada por el PSOE.

“La asignación mensual de Francisca Muñoz”

Por otro lado, los investigadores deslizan en su informe que Francisca Muñoz, esposa de Cerdán, pudo ser contratada por una empresa vinculada con Antxon Alonso un día después de la detención de Koldo García el 20 de febrero de 2024 para que “bajo la apariencia de un contrato laboral, hacerle llegar a la mujer de Cerdán una asignación mensual de en torno a 1.300 euros mensuales, ascendiendo a un total de 18.730,15 euros”.

Otro punto en el que se para es en una conversación de Antxon y su esposa en la que le traslada que Cerdán estaría interesado en un piso cuyo valor ascendería a 950.000€ y el cual necesitaría una reforma de alrededor de 350.000 euros. La UCO considera que se produjo una “tentativa de la compra de una vivienda valorada en aproximadamente un millón de euros, ubicada en calle Santa Cruz de Marcenado de Madrid” meses después de haber sido nombrado Cerdán secretario de Organización del PSOE.

La UCO explica que se ha podido evidenciar que Cerdán y su mujer habrían visitado en calidad de posibles compradores el inmueble y que hicieron una oferta a la baja, 900.000 euros. Esa oferta fue rechazada y finalmente tras varias visitas en las que intervino Alonso se fijó el precio de 985.000 euros. Pero finalmente esa compra fracasó por discrepancias con el tiempo de entrega por parte de los vendedores. Los investigadores consideran que ese piso fue“ un intento fallido de que Servinabar realizara para Cerdán la compra de un inmueble en Madrid por importe cercano al millón de euros”. “Pone de manifiesto, en conjunto con los bienes efectivamente disfrutados, la plena disposición por parte de Cerdán de los fondos de Servinabar”.

La directora de la Guardia Civil, Mercedes González, ha desvinculado este viernes en la Audiencia Nacional sus reuniones con Leire Díez de las investigaciones internas abiertas en el instituto armado con motivo de tres informaciones de prensa relacionadas con casos de la Unidad Central Operativa (UCO). González está imputada a partir de la inferencia de la propia UCO, respaldada por Anticorrupción y el juez Santiago Pedraz, que unen el hecho de que la directora mantuviera tres encuentros con Leire Díez –ella solo reconoce dos– y que se abrieran las informaciones reservadas, cerradas al poco sin ningún castigo.

González ha explicado ante el juez que se siente “víctima” de Santos Cerdán y los manejos de este al frente de la Secretaría de Organización del PSOE con Leire Díez. “Estoy en el listado de víctimas de Santos Cerdán”, ha llegado a decir González, informan fuentes jurídicas. Además, la directora de la Guardia Civil ha dicho que es conocida la “animadversión” que por ella siente el antiguo número 3 del PSOE. Si hubiera sabido que Leire Díez era “una enviada” de Cerdán, no la habría recibido, ha añadido González.

La directora de la Guardia Civil ha contestado con un rotundo “no” a la última de las preguntas que le ha formulado su abogada sobre si sus “encuentros” con Leire Díez están relacionados con la apertura de informaciones reservadas por tres noticias aparecidas en los medios sobre casos de la UCO.

La imputación a Mercedes González parte de las reuniones con Díez y los comentarios que esta hace a terceros, a través de mensajes, respecto de una supuesta estrecha relación con la directora de la Guardia Civil, un carácter que esta niega. También de que Díez apuntara en su agenda “investigaciones de las filtraciones” en un momento en el que el grupo que comandaba la exmilitante socialista estaba convencido de que la UCO mantenía una campaña contra el Gobierno y el PSOE que pasaba por pasar informaciones a algunos medios, algo que nunca se ha demostrado.

Las investigaciones internas consistieron, solo en uno de los tres casos, en tomar declaración a dos generales y al teniente coronel Antonio Balas, jefe del grupo que investiga los casos que afectan al PSOE. Uno de esos generales era el entonces coronel jefe de la UCO, Rafael Yuste; el otro, el general de Policía Judicial, Alfonso López Malo.

Con los tres, y junto al director adjunto operativo Manuel Llamas, se reunió González para trasladarles su apoyo en plena tormenta política y mediática por las especulaciones sobre las filtraciones. González dijo en su comparecencia en el Senado que ella mencionó en esa reunión “expresamente” sus reuniones con Díez. López Malo y Yuste, en condición de testigos y con obligación de decir verdad, lo desmintieron ante Pedraz, según desveló elDiario.es.

Desmentido a los jefes de UCO

Este asunto ha surgido también en su declaración ante el juez, a preguntas del aboado del PP. Mercedes González ha dicho que, en un momento del encuentro, le preguntó a Balas –al que no conocía– por su situación personal y por su familia. Acababa de publicarse el audio en el que Leire Díez aseguraba que quería a Balas “muerto”. González ha dicho este viernes que le dijo a Balas: “Yo la conozco”.

Respecto de las informaciones reservadas, González ha dicho que la abierta con motivo de la publicación de las direcciones de la mujer de Pedro Sánchez, del propio presidente y su hermano, la directora de la Guardia Civil ha dicho que estaba más que justificada su apertura. Según ha repetido en varias ocasiones había “más de 10.000 correos” entre los que elegir para que la UCO enseñara a la jueza del caso del hermano de Sánchez cómo subirlos a la nube y que las partes accedieran ellos. Y de esos 10.000 correos, la UCO escogió uno en el que aparecían todas esas direcciones de personas de relevancia pública y ajenas a la causa. Luego, la jueza subió por error el correo. La investigación abierta acabó en una amonestación verbal al agente de la UCO responsable que ni siquiera se llegó a materializar.

El juez de la Audiencia Nacional que instruye el caso Koldo, Ismael Moreno, y la Fiscalía Anticorrupción quieren asegurarse de que Antonio Balas, teniente coronel de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, sigue ligado a la investigación abierta a pesar de su inminente ascenso. En una resolución de este mismo viernes, a la que ha tenido acceso elDiario.es, el magistrado acuerda mandar un oficio al coronel jefe de la UCO para que haga lo que tenga que hacer para mantener a Balas al frente de la policía judicial que investiga el 'caso Koldo'.

Tanto el auto como el informe del fiscal Luis Pastor explican que “está previsto su ascenso en las próximas fechas”, algo que le apartaría de sus responsabilidades actuales. Por eso, para que “pueda continuar en el desempeño de su puesto por el tiempo que sea necesario, para el avance y desarrollo de los hechos de la presente investigación” solicitan esa medida extraordinaria al superior de Balas en la UCO, el coronel Pedro Merino Castro.

Pastor, en su informe, explica que Balas es uno de los instructores de la unidad policial a la que se ha encomendado la investigación del caso Koldo y que “ha tenido un papel relevante en el curso de la misma”. Y por ello, en atención al artículo 16 de la norma que regula el papel de la Policía Judicial interesa que permanezca en su destino del Departamento de Delincuencia Económica y Anticorrupción de la UCO “por el tiempo necesario, hasta la conclusión de la investigación”.

Ese artículo concreto indica que “los funcionarios de las Unidades Orgánicas de la Policía Judicial no podrán ser removidos o apartados de la investigación concreta que se les hubiere encomendado hasta que finalice la misma o la fase procesal que la originó si no es por decisión o con la autorización del Juez o Fiscal competente”. El ascenso está previsto para este mes de julio o para el de agosto.

El teniente coronel de la Guardia Civil Antonio Balas es el próximo en el escalafón para ascender a coronel, lo que llevará aparejado que deje el cargo de jefe de departamento que ostenta en la actualidad en la Unidad Central Operativa (UCO) y obtenga un destino acorde a su nueva graduación, según establece el Reglamento.

La directora del instituto armado firmó en junio el ascenso de los cinco primeros clasificados porque otras tantas plazas de coronel han quedado libres por jubilación, lo que significa que la próxima retirada en activo de un agente de esta graduación supondrá el ascenso inmediato de Balas, informan a elDiario.es fuentes de la Guardia Civil. El ascenso, según el ritmo de ascensos, podría no demorarse más allá del presente verano.

El puesto de jefe del Departamento de Investigación Criminal II le ha valido a Balas que sea conocido por haber liderado la parte policial de los casos de corrupción en torno al PSOE y este Gobierno. Con cerca de dos décadas de experiencia en ese departamento, lo que le ha supuesto investigar a políticos de casi todos los partidos, algunos errores en la investigación del caso Ábalos, inferencias en atestados clave en la actual esfera política y mediática y su predilección por defender esos atestados en las vistas públicas de los juicios le han valido censuras públicas.

Balas defendió en el juicio al fiscal el papel “preeminente” en la filtración por la que fue condenado Álvaro García Ortiz por el solo hecho de ser el máximo responsable de la Fiscalía. En la vista reconoció que él y sus agentes obviaron investigar cualquier otra posibilidad de origen de la filtración. Algo similar ocurrió durante el juicio al hermano de Sánchez, en el que Balas admitió que no conocía a los acusados que no eran David Sánchez y el que fuera líder de los socialistas extremeños, Miguel Ángel Gallardo.

La firma de los cinco ascensos que precederán a Balas tiene efecto desde el pasado 1 de julio. Balas estaba baremado en noveno lugar, pero la parte más subjetiva de la evaluación le ha hecho avanzar tres plazas, hasta la sexta, explican las fuentes consultadas. El Reglamento de Destinos de Personal de la Guardia Civil establece que cada puesto tiene asignadas determinadas escalas, categorías o empleos. El anterior jefe de UCO, por ejemplo, el coronel Rafael Yuste ascendió a general el pasado diciembre y se vio obligado a dejar el mando de la unidad especializada.

La UCO volverá a ser objeto de atención en los próximos meses. Balas ha impulsado en persona la causa contra el grupo de Leire Díez y, en concreto, la vertiente de la investigación acerca del ataque de la exmilitante del PSOE y sus colaboradores contra él mismo y la UCO, por considerar que la unidad mantenía una estrategia para erosionar al Gobierno. Está previsto que a principios de otoño trascienda el contenido de la pieza separada y secreta sobre los pagos de gastos en el PSOE, con el correspondiente atestado de la UCO.

El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha acordado este viernes imputar en el caso Leire Díez a Juan Manuel Serrano, quien fuera jefe de Gabinete de Pedro Sánchez en el PSOE y expresidente de Correos. Además, en un auto acuerda también, con el informe positivo de la Fiscalía Anticorrupción, lo que solicitaba la Unidad Central Operativa (UCO): el volcado y clonado de su teléfono. Quiere que la UCO pueda revisar incluso “el listado de datos de contacto que figuren almacenados” en el dispositivo.

El magistrado, que investiga los intentos de la presunta trama para, por un lado, hacerse con adjudicaciones públicas de manera irregular y, por otro, para torpedear procedimientos judiciales que afectan al PSOE y al entorno del presidente del Gobierno, considera que ahora, tras el reciente atestado del Instituto Armado tiene indicios para relacionar a Serrano con los integrantes de la organización criminal, sobre todo con el expresidente de la SEPI Vicente Fernández y con la exmilitante socialista Leire Díez.

En la resolución detalla las presuntas actuaciones irregulares que se le atribuyen en su etapa al frente de Correos y pone el foco en la “irregular” contratación en esa empresa pública de la 'fontanera' del PSOE y en que se sucedieron “distintas actuaciones de características semejantes a las denunciadas respecto de otras entidades públicas de la SEPI”. Explica que tras nombrar a Leire Díez “llevó a cabo distintos procesos de contratación que permiten sostener que se llevaron a cabo con apartamiento de la normativa pública, en beneficio de la misma o de terceros (Vicente Fernández) y, todo indicaría, que se contaba con la aquiescencia de Juan Manuel Serrano.

Asimismo, para Pedraz resulta relevante su imputación para determinar el ámbito de responsabilidad de Serrano en la toma de decisiones surgidas en la reunión celebrada en Ferraz el 26 de abril de 2024 -a raíz de la carta a la ciudadanía de Pedro Sánchez- en la que estuvo presente y tras la que mantuvo constante comunicación con Leire Díez. Indica que la 'fontanera' le daba cuenta del avance de sus gestiones, en concreto, sobre el material de Villarejo que “podrían utilizar para la consecución de sus objetivos”. Y resalta que se cruzaron entre noviembre de 2020 y diciembre de 2024 hasta 9.355 mensajes wasaps, y otros 1.487 mensajes por la aplicación Signal entre abril de 2024 y noviembre de 2025.

Pedraz acuerda, por otro lado, rechazar la petición de la UCO de clonar los dispositivos móviles de Ana María Fuentes, gerente del PSOE, y del agente Juan Sánchez Yepes, y ordena su devolución. Además, cita pero en calidad de testigos a las dos empleadas de la Secretaría de Organización del PSOE, el 28 de julio. Se trata de Celia Rodríguez y Covadonga San Pedro. En esa comparecencia se les devolverán sus móviles que les fueron intervenidos por la UCO en el requerimiento del PSOE de 27 y 28 de mayo. Y deberán aportar las comunicaciones que hubieran mantenido entre los meses de abril de 2024 y junio de 2025 por “cualquier canal de comunicación (WhatsApp, correo electrónico, etc) con el ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán, con la gerente del partido Ana María Fuentes, con Juan Manuel Serrano y con Leire Diez.

El juez advierte, no obstante, de que este requerimiento se efectuará en su condición de testigos y que se les informará previamente de que lo que aporten en tal condición no podrá ser utilizado en su contra, pues no pueden ser obligadas a entregar documentación que les pueda incriminar, pero también se les apercibirá de su obligación de colaborar con la Justicia. En su resolución, el juez indica que de momento solo consta en los atestados que ellas ejecutaban “órdenes que hubieran podido recibir desde la Secretaria de Organización del PSOE para la gestión de viajes y reuniones de los distintos investigados” y que “no consta que éstas conocieran que estuvieran llevando a cabo el ilícito plan”.

“No existen, pues, indicios suficientes para sostener el conocimiento por su parte de que la finalidad última para la que se llevaban a cabo las gestiones para facilitar encuentros, pagos o alojamiento de los investigados y su ilícito plan bajo la presunta cobertura de la Secretaria de organización del PSOE. De esta manera, entendiendo que no existen elementos suficientes para sostener su imputación en esta causa procede dejar sin efecto su personación como investigadas; si bien se considera preciso su consentimiento para al acceso a aquellos datos de sus móviles”, relata el juez.

En cuanto a Ana Fuentes, el juez recuerda que ostenta la condición de investigada por haber emitido notas de encargo dirigidas a justificar el pago de cantidades satisfechas por el PSOE a los abogados Ismael Oliver y Jacobo Teijelo “en fechas en las que estos no consta que estuvieran prestando asesoramiento jurídico a dicho partido y existiendo indicios relevantes (...) de que a través de dichos pagos se buscaba retribuir a Leire Díez por la labor que se había comprometido a desarrolla para proteger al PSOE, al Presidente del Gobierno y su entorno de las actuaciones judiciales que les amenazaban”.

Matiza que su actuación concreta hasta la fecha se centra sólo en la emisión de esas “posibles mendaces notas de encargo”, y explica que esto supone “una concreta y auxiliar intervención, constitutiva de un delito de falsedad en documento mercantil cometida por particular”. La ubica, así “más en la figura de la coautoría o complicidad que como responsable principal del delito de organización criminal o los demás cometidos”, y no ve necesario analizar su móvil.

La participación “preeminente”

Fue este jueves cuando trascendió que el Instituto Armado considera en un informe que Juan Manuel Serrano, ex jefe de gabinete de Pedro Sánchez en el PSOE –antes de alcanzar la Presidencia del Gobierno–, desempeño “una participación preeminente” en la obtención de beneficios para la trama de Leire Díez en el ámbito empresarial de la SEPI y también en su plan para defender los intereses de determinados miembros del PSOE o el Gobierno implicados en causas judiciales. Los investigadores llegaban a estas conclusiones tras el análisis de los mensajes guardados en teléfonos móviles incautados.

En el atestado de la UCO se indica que Serrano en su época de presidente de Correos habría coincidido con Leire Díez durante la mayor parte del tiempo que esta prestó servicios en la empresa pública. Y añade que la relación entre ambos “preexistiría a la incorporación de esta última a Correos” porque existen conversaciones de WhatsApp entre ambos desde, al menos, noviembre de 2020 cuando todavía ella era aún responsable de comunicación en Enusa.

La UCO indica que la primera de las actuaciones “con aparente relevancia penal” para la causa en la que habría participado Serrano es en el nombramiento de la propia exmilitante del PSOE como responsable del Área de Administración Local de Correos. El Instituto Armado considera que la trama buscaba posicionarse en puestos de relevancia en la Administración pública como parte de su “propia dinámica” en beneficio propio o de terceros.

Aquí les propongo catorce escenas para una tragedia griega. Todas son tomadas de la realidad salvo la segunda y la séptima, que son pura ficción. Saquen sus propias conclusiones.

Escena primera. Nacho Duato es entrevistado por Marc Giró y habla de David Sánchez: “Es un director de orquesta excelente. Con todos los respetos por Badajoz, ¿cómo le van a enchufar para ser director de orquesta en un conservatorio de Badajoz? Si fuese del Liceo o de la ópera de París... pero que llame el presidente a enchufar a su hermano en el conservatorio de Badajoz, con todos mis respetos, pues no”.

Escena segunda. Dentro de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil hay una célula de extrema derecha dirigida a derribar a todo precio al Gobierno socialista. Cuenta con el apoyo de la Fiscalía Anticorrupción, a cuyo responsable, según indican varias fuentes, el PP le habría prometido la Fiscalía General del Estado.

Escena tercera. Llegan a la UCO noticias de un procedimiento abierto en Badajoz contra el hermano del presidente del Gobierno. Se lanzan con denuedo y piden acceder a multitud de correos y comunicaciones, iniciando la senda de una investigación infinita. Cuando el DAO se entera, monta en cólera; llama a sus subordinados, les dice que están realizando una labor prospectiva, que en las actuaciones no se advierte nada de nada y que espera que lo aclaren al juzgado cuanto antes. En la UCO se empieza a cocinar un oscuro rencor.

Escena cuarta. Tirando de una práctica cada vez más consolidada, que avanza el progresivo ninguneo de los jueces, las Fuerzas de Seguridad están tomando al asalto el proceso penal: deciden iniciativas, recogen declaraciones en asuntos judicializados, marcan el ritmo y el rumbo del asunto. El DAO les vuelve a llamar y les dice que, en asuntos políticos, se limiten a cumplir las órdenes de los jueces y que no sean proactivos, “debiendo dejar que fueran los jueces los que impulsaran las investigaciones”, como reconoce la fiscalía. ¡Menuda herejía! La UCO sale de la reunión descompuesta; sin embargo, lo que les ha dicho el DAO es justo y exactamente lo que dice la ley: la policía judicial solo puede hacer lo que un juez les dice que hagan.

Escena quinta. Como era previsible, en los correos escrutados en Badajoz no se encuentra nada, para desorientación de los inquisidores. Sin embargo, pasa algo extraño. A la hora de remitir al juzgado los correos que pudieran tener interés, la UCO aporta unas instrucciones para acceder a su lectura; para ilustrar cómo se hace, se incluyen como ejemplo imágenes de un correo con datos sensibles y personales, que había sido descartado porque no tenía relación con la causa y que, por jugoso, no tardó en ser filtrado. Pueden pensar que la elección de aquel correo como ejemplo fue un simple accidente; allá ustedes. Conociendo los antecedentes y renunciando a chuparse el dedo, la Guardia Civil ordenó abrir una información reservada contra los responsables de la chapuza, supuestamente inconsciente. Y aquí es donde los puentes se rompen: la UCO toca a rebato y se dispone a ir de frente contra la dirección de la propia Guardia Civil. El encono se vuelve insoportable cuando se abren otras dos informaciones reservadas por otras supuestas filtraciones a la prensa.

Escena sexta. La UCO tiene un privilegio: no tiene necesidad de denunciar nada. Considerándose víctima de un ataque injusto, investigará por su cuenta las actuaciones en su contra, convirtiéndose al mismo tiempo en víctima y en investigador. Para este fin, se servirá de una pieza útil pero inservible: la maniobrera Leire Díez, a quien numerosos testimonios sitúan al nivel de una cuentista profesional, comprometida, según dice ella, en investigar la corrupción policial. A pesar de que esta señora ya estaba imputada en Plaza de Castilla por sus manejos, la UCO decide canalizar sus actuaciones por otro lado. Así, en el marco de un procedimiento abierto para investigar algo que no tenía nada que ver, relacionado con ayudas de la SEPI, abre unas actuaciones paralelas para escudriñar conductas dirigidas a inquietar el buen nombre de la UCO, su probidad y la necesaria tranquilidad con la que deben trabajar, que algún delito debe de ser eso. Investigan, toman declaraciones sin presencia del juez y, a través de una fiscalía especial, presentan los resultados ante un tribunal especial. La Audiencia Nacional, caracterizada desde siempre por su escasa proactividad, acepta el encargo.

Escena séptima. Metido todo el día en la cabina del peaje, el empleado de la autopista alardea de la importancia de su trabajo, gestionando el tráfico, controlando el paso de vehículos y garantizando los derechos de los viajeros. Sin embargo, tiene la barrera permanentemente abierta a los coches que pasan con distintivo oficial. Los saluda con indolencia y bosteza. No sirve para mucho.

Escena octava. Al presentar sus conclusiones ante la Audiencia Nacional, la UCO propone diligencias, que la fiscalía especial secunda de inmediato. El mismo día de practicarlas, y sin conocimiento del juez, la UCO acude a los domicilios de varias empleadas del PSOE y, tras aporrear sus puertas, les comunican que están imputadas (cosa que el juez no había acordado), les informan de sus derechos (sin saberlo el juez), les requisan sus móviles (sin permiso del instructor) y les requieren a entregar de inmediato las claves de acceso a sus terminales, todo ello sin la presencia de sus abogados. Nada de esto está permitido por la ley. Decía Churchill que la democracia consiste en que si llaman a las seis de la mañana a tu puerta, puedes tener la tranquilidad de que es el lechero. Perdónenme el chiste fácil, pero no dijo nada de las lecheras.

Escena novena. El 22 de junio de 2026 el Tribunal Supremo dicta sentencia contra Ábalos y Koldo. En una sentencia durísima, con penas muy superiores a las previstas para un homicidio, el Supremo avala el papel de la UCO, a quienes tiene por “‘expertos”, y ratifica en su integridad la estrategia de la Fiscalía Anticorrupción, que se ve reforzada.

Escena décima. Todo apunta a que detrás del procedimiento abierto por supuestas contrataciones vinculadas a la SEPI no hay gran cosa, si es que hay algo. El juez abrió en diciembre de 2025 un procedimiento imputando a más de veinte personas, aunque no llamó a declarar a nadie. De repente, tres días después de la sentencia contra Ábalos y Koldo, la fiscalía especial pedirá ahora imputar a la actual presidenta de la SEPI, que no estaba denunciada originalmente. El juez la imputa sin levantar la mano, pero no la llama a declarar. Es solo otra flecha a la barbacana del Gobierno.

Escena undécima. El 16 de junio de 2026 la Directora General de la Guardia Civil acude al Senado a dar explicaciones, al verse apuntada por haber querido investigar supuestas conductas irregulares de miembros de la UCO y, además, por haberse reunido con Leire Díez. Ese mismo día la fiscalía especial carga la ballesta y pide al juez que llame a declarar al general al mando de la Jefatura de Información y a un comandante. Aunque el juzgado tenía ya señaladas fechas para otras declaraciones testificales hasta mediados de julio, no llamará a estos nuevos testigos después del resto sino extrañamente antes que ninguno. Tras prestar declaración, el 2 de julio la fiscalía especial pide la imputación del DAO y de la Directora General. Esa misma mañana el juez lo acuerda. A diferencia del caso de la presidenta de la SEPI, en este caso el juzgado sí que los llama a declarar.

Escena duodécima. A un buen magistrado le tocó en suerte, a principios de los ochenta, un asunto mediático. Llamado después por cánticos de sirenas y fama, dejó la carrera y se puso de abogado, aunque nunca le abandonó el elevado carisma de su antigua profesión. En sus informes finales de juicio hacía expresa reminiscencia de su carácter: “Les doy mi palabra de honor, mis señorías, de que mi cliente es inocente”, decía. Los jueces se daban codazos entre ellos y condenaban al pobre diablo.

Escena décimotercera. Se celebra el juicio contra el hermano del presidente de Gobierno. Como era previsible y como bien sabía el DAO, no hay delito alguno. Pero comparece la UCO para dar su palabra de honor de que el acusado es culpable. En este caso, ya nadie se ríe.

Escena décimocuarta. El tribunal se retira a deliberar. Apenas iniciadas las deliberaciones, los magistrados habrán advertido algo inquietante: la imputación de la Directora General les ha cambiado el objeto procesal del pleito. Hasta ahora, se trataba de dilucidar si en el nombramiento de David Sánchez había existido un trato de favor. Sin embargo, una vez que se ha convocado a la responsable de la Guardia Civil como imputada, el tema es otro. Ahora lo que está sobre la mesa es la integridad y competencia de los miembros de la UCO, que ha comparecido en Badajoz no como experta sino como víctima de una trama dirigida a silenciarla. Si absuelven al acusado, los magistrados estarán dando pábulo a quienes desautorizan y atentan contra la Benemérita, vilmente agredida; cambiada la perspectiva, ya no es el director de orquesta sino la Guardia Civil la que se ha sentado en el banquillo pacense. Arrastrando su condición de juez y parte, al no haberse abstenido de intervenir, la UCO obliga a la Audiencia de Badajoz a elegir entre ellos o el acusado. Y esta es una elección que David Sánchez no puede ganar.

La acusación popular en el caso de la pareja de Ayuso, que ejercen PSOE y Más Madrid, ha presentado un escrito en el que pide al juez Antonio Viejo que agilice de una vez la pieza separada contra Alberto González Amador. En este caso, las formaciones parten de los recientes informes de la UCO y la Agencia Tributaria para solicitar una batería de medidas entre las que figura la imputación de Quirón Prevención, como persona jurídica, por haber participado presuntamente de los delitos fiscales que se exponen.

En un escrito al que ha tenido acceso elDiario.es, la acusación popular vuelve a pedir la imputación de Fernando Camino, director general de Quirón Prevención, y que todavía no ha sido llamado a declarar pese a estar en el centro de la comisión de las mascarillas con la que González Amador ganó cerca de 2 millones de euros. Luego, González Amador habría comprado una empresa sin apenas valor a Gloria Carrasco, esposa de Fernando Camino, para pagar a este una comisión de medio millón de euros por haber impulsado la compraventa que generó la comisión a partir de su silla en el consejo de administración de una empresa llamada Mape.

PSOE y Más Madrid quieren que, además de a Camino, se impute por delito fiscal y falsificación de documentos a Gloria Carrasco y a Quirón Prevención. En el caso de esta última, el escrito alude a que, como exponía la Agencia Tributaria*, González Amador estuvo ingresando de la empresa sanitaria por unos servicios que no podía prestar la empresa con los que los facturaba por carecer de medios.

La pareja de Ayuso ya está imputada por dos delitos fiscales en concurso con falsificación de documentos en la pieza principal, que aguarda se fije la fecha del juicio. “Todo está unido y conectado de manera indiscutible y por ello en el marco de esta pieza [separada] debe investigarse también los delitos fiscales en concurso con otros en que se hubiera podido incurrir”, reza el escrito de la acusación popular en alusión a Gloria Carrasco, Fernando Camino y Quirón Prevención.

Para todo ello, la acusación popular pide al juez que encargue un informe a la Agencia Tributaria que determine la posible existencia de los delitos fiscales. Hacienda comunicó al juez que realiza inspecciones a Quirón, Camino y Gloria Carrasco y que las detenía toda vez que el juzgado realizaba una investigación por los mismos hechos. PSOE y Más Madrid creen que eso no es obstáculo para que ahora Antonio Viejo ordene a la Agencia Tributaria trabajar a sus órdenes y que profundice en su afirmación de que las relaciones económicas entre las empresas de González Amador y Qurión Prevención son “indiciariamente ficticias”.

PSOE y Más Madrid llevan desde 2025 solicitando una serie de diligencias que nunca se han llegado a acordar. Lo hicieron a partir del único avance que ha tenido esta pieza separada, la declaración como investigados de Gloria Carrasco y Alberto González Amador, las cuales presentaron importantes contradicciones entre ellas sobre la compraventa de Círculo de Belleza, origen del presunto pago de la comisión.

A partir de ahí, la acusación popular vuelve a solicitar que declare Camino como investigado y se cite al director de grandes cuentas de Quirón como testigo. En el mismo sentido insisten en su petición al juez de que la Unidad contra la Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía emita un informe de las relaciones societarias y económicas de González Amador y la pareja Camino-Carrasco.

Entre la documentación a la que aspiran PSOE y Más Madrid figura la política y composición del Comité de Riesgos de Quirón, las relaciones con los proveedores, la investigación interna a González Amador a raíz de las revelaciones de elDiario.es y la querella de la Fiscalía y el Código de Conducta de la empresa. Tal y como publicó elDiario.es, el informe de la UCO apunta a un posible incumplimiento de este Código de Conducta por parte de Quirón, algo sobre lo que la empresa no se ha pronunciado desde que estallara el caso en marzo de 2024.

Investigar a Alberto 'Burnet' González

La acusación popular pide que se aporten las comunicaciones entre el matrimonio y González Amador previas a los hechos investigados, tanto correos electrónicos como los metadatos de las llamadas o el contenido de los chats de mensajería instantánea. Igualmente solicitan que se de traslado a la UCO de la información publicada por elDiario.es en diciembre de 2025 según la cual Alberto González Amador seguía operando en Quirón con una identidad falsa que figura en la intranet del gigante sanitario y también en su correo corporativo, Alberto Burnet González.

La acusación popular aprovecha su escrito para recordar que ha presentado cinco escritos desde el 5 de mayo de 2018 solicitando diligencias que no han sido siquiera contestados. “El proceso está estancado”, llega a decir el último presentado.

“Esta falta de actividad procesal y de diligencias solicitadas es perjudicial también para la elaboración del informe de la UCO (...) ya que dicha unidad podría contar con más declaraciones y documental para la elaboración de estos y no lo va a poder hacer si no se remedia debido a la paralización de la instrucción”, alegan PSOE y Más Madrid.

Entre esa documentación que debe tener la UCO es la que resulte de un requerimiento judicial para conocer el patrimonio de González Amador, dice el escrito, que se queja de que recientemente el juez haya negado a la propia Guardia Civil su intención de acceder a la información societaria y tributaria de Gloria Carrasco y González Amador, como le había solicitado, y permitir únicamente un análisis de sus cuentas bancarias desde 2014.

*FE DE ERRORES: En el texto inicial se decía que era la UCO quien sostenía que González Amador estuvo ingresando de Quirón por unos servicios que no podía prestar la empresa con los que los facturaba por carecer de medios, cuando quien lo sostenía era la Agencia Tributaria, según detallaba el propio informe de la UCO.

Tubos Reunidos recibió en 2021 un rescate de la SEPI de 112,8 millones de euros. La operación está siendo investigada por la Audiencia Nacional por si camufló el pago de alrededor de 250.000 euros en comisiones a la trama Hirurok, conformada por el expresidente de la entidad estatal, Vicente Fernández Guerrero, socialista andaluz, por el empresario Antxon Alonso y por la socialista vizcaína Leire Díez. El presidente de la compañía de Amurrio en aquel momento, Francisco Irazusta, uno de los imputados en el caso, ha negado en un escrito dirigido al juez Pedraz todas las acusaciones.

En contra de los indicios apuntados por la Guardia Civil y la Fiscalía, que sostienen que Fernández Guerrero medió en el rescate a cambio de un “agradecimiento”, la defensa de irazusta sostiene que lo conoció a través de su exdirectivo Jesús Pérez Rodríguez-Urrutia y de Miguel Ángel Santiago, de la SEPI. “Le presentaron a aquél como expresidente de la SEPI que se ofreció a aconsejarles para que llevaran correctamente el proceso. En ningún caso se habló de abonarle cantidad alguna por ello, ni tampoco que éste tuviera un poder para ejercer presión a la SEPI, ni se le pidió que realizara actividad alguna en esa solicitud ya presentada”, recalza el abogado de Irazusta, Álvaro Amigo.

“Nunca se abonó cantidad alguna al señor Vicente Fernández [Guerrero] para que tramitara la petición del préstamo participativo a la SEPI”, recalca. Añade que mantenían un contacto de “únicamente felicitaciones navideñas” y que no supo nada de él hasta “cuatro meses” después del rescate, cuando se incorporó a la empresa como asesor.

El empresario, que dejó en 2023 Tubos Reunidos y que como todo procesado tiene derecho a mentir para no autoinculparse, añade que nunca habló de un “agradecimiento” para Fernández Guerrero y que nunca supo que los pagos realizados a través de la sociedad Mediaciones Martínez, confirmados ya por la compañía, fueran a parar indirectamente a Hirurok. Esa mercantil de Zaragoza estaba controlada en un 98% por Alonso o relacionada con Servinabar 2000. Sin embargo, sí admite que contrató a Fernández Guerrero como asesor de la empresa y que él pidió hacerlo a través de Mediaciones Martínez.

Según Irazusta, “la concesión del préstamo participativo fue acordada por el Consejo Gestor del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas, presidido por Dña. Belén Gualda González, y autorizada por el Consejo de Ministros”. “Se trata de un acto administrativo complejo, colegiado y sometido a controles técnicos y jurídicos previos, en el que D. Francisco Irazusta Rodríguez no ostentaba capacidad de decisión alguna. La concesión del préstamo participativo, vino determinado porque la compañía cumplía con todos los requisitos para que se le otorgara ese préstamo, por parte de la SEPI”, añade Irazusta.

Es más, Irazusta añade que esa operación fue “objetivamente perjudicial” para él porque su fijo quedó congelado, se cerró el grifo de los bonus para directivos, incluidos 270.000 euros ya en 2022. “Se vio obligado a aceptar la congelación de su salario y a renunciar a 12 millones de euros de retribución variable. Este dato constituye un indicio de primer orden de la ausencia de cualquier pacto o acuerdo previo de contraprestación. La contratación de Vicente Fernández Guerrero, Ángel Martín y Jorge Montes del Pino como asesores externos de Tubos Reunidos respondió a una necesidad real y legítima de la compañía derivada del compromiso adquirido con la SEPI para los siguientes siete años y de la importancia estratégica de la transición energética. La actuación de Francisco Irazusta se enmarca dentro del ejercicio ordinario de las funciones de un administrador de una sociedad mercantil cotizada. Ninguna de estas conductas reviste relevancia penal”, se subraya en el escrito de defensa.

Otros dos directivos de Tubos Reunidos están imputados. Son el propio Urrutia y el actual CEO, Carlos López de las Heras. Se investiga una posible segunda comisión ya en 2024 cuando tocó renegociar la devolución de unos intereses. En este caso, el pago a Fernández Guerrero fue de 40.000 euros y se analiza si guarda relación con una reunión en Ferraz de los empresarios con el grupo Hirurok y con Santos Cerdán, entonces dirigente del PSOE.

Dos empleadas del PSOE imputadas en la causa de la Audiencia Nacional conocida como caso Leire han recurrido la decisión del juez Santiago Pedraz de anular una diligencia clave del pasado mes de mayo: la incautación de los teléfonos móviles por parte de la Guardia Civil. Su defensa entiende que esta medida, adoptada en el domicilio de ambas, se tomó con una “clara vulneración” de hasta cuatro derechos fundamentales, “sin asistencia letrada” y “sin mandato judicial”. Las dos están imputadas en la rama de la investigación que analiza si el partido sufragó gastos y viajes a Leire Díez mientras, supuestamente, se dedicaba a dinamitar causas judiciales que afectaban al PSOE o al Gobierno.

La defensa de ambas trabajadoras explica que el mandamiento del juez incluía la incautación de dispositivos electrónicos en la sede del PSOE pero que los agentes de la UCO se presentaron en su casa con un mandamiento de investigadas no detenidas y se apoderaron de sus terminales, el personal y el del trabajo, que especificaran su PIN y las cuentas de correo asociados a uno y otro.

Por tanto, dice la defensa, la UCO actuó “sin mandato judicial, obviando que la no adopción de esa incautación no la puede arbitraria ni ilícitamente acordar la fuerza actuante al no darse los requisitos de urgencia y flagrancia requeridos para acometer una invasión tan determinante del derecho fundamental a la intimidad”.

Esta forma de actuar de la UCO se enmarca, según la defensa de las trabajadoras en una “persistente y prolongada acción en el tiempo, desarrollada por la fuerza policial actuante, que acumula información extraordinariamente sensible de centenares de personas, obtenida de las entrañas de sus teléfonos móviles, bastando cruzar datos entre ellos para poder construir relatos incriminatorios contra determinadas personas, adornándolas de preocupantes sesgos aparentemente delictivos, que trasladándolos a la opinión pública tienen un efecto devastador para los mencionados”.

La segunda parte de esta actuación de la UCO consistiría “en que si los hallazgos poco tienen que ver con lo investigado se suele aludir a 'nuevas líneas de investigación' que indiciariamente implican a nuevas personas”, añade el escrito, al que ha tenido acceso elDiario.es.

El teniente coronel de la Guardia Civil Antonio Balas es el próximo en el escalafón para ascender a coronel, lo que llevará aparejado que deje el cargo de jefe de departamento que ostenta en la actualidad en la Unidad Central Operativa (UCO) y obtenga un destino acorde a su nueva graduación, según establece el Reglamento.

La directora del instituto armado acaba de firmar el ascenso de los cinco primeros clasificados porque otras tantas plazas de coronel han quedado libres por jubilación, lo que significa que la próxima retirada en activo de un agente de esta graduación supondrá el ascenso inmediato de Balas, informan a elDiario.es fuentes de la Guardia Civil. El ascenso, según el ritmo de ascensos, podría no demorarse más allá del presente verano.

El puesto de jefe del Departamento de Investigación Criminal II le ha valido a Balas que sea conocido por haber liderado la parte policial de los casos de corrupción en torno al PSOE y este Gobierno. Con cerca de dos décadas de experiencia en ese departamento, lo que le ha supuesto investigar a políticos de casi todos los partidos, algunos errores en la investigación del caso Ábalos, inferencias en atestados clave en la actual esfera política y mediática y su predilección por defender esos atestados en las vistas públicas de los juicios le han valido censuras públicas.

Balas defendió en el juicio al fiscal el papel “preeminente” en la filtración por la que fue condenado Álvaro García Ortiz por el solo hecho de ser el máximo responsable de la Fiscalía. En la vista reconoció que él y sus agentes obviaron investigar cualquier otra posibilidad de origen de la filtración. Algo similar ocurrió durante el juicio al hermano de Sánchez, en el que Balas admitió que no conocía a los acusados que no eran David Sánchez y el que fuera líder de los socialistas extremeños, Miguel Ángel Gallardo.

La firma de los cinco ascensos que precederán a Balas tendrán efecto este 1 de julio aunque no serán publicados en el Boletín del Ministerio de Defensa hasta dentro de varias semanas. Balas estaba baremado en noveno lugar, pero la parte más subjetiva de la evaluación le ha hecho avanzar tres plazas, hasta la sexta, explican las fuentes consultadas.

El Reglamento de Destinos de Personal de la Guardia Civil establece que cada puesto tiene asignadas determinadas escalas, categorías o empleos. El anterior jefe de UCO, por ejemplo, el coronel Rafael Yuste ascendió a general el pasado diciembre y se vio obligado a dejar el mando de la unidad especializada.

La UCO volverá a ser objeto de atención en los próximos meses. Balas ha impulsado en persona la causa contra el grupo de Leire Díez y, en concreto, la vertiente de la investigación acerca del ataque de la exmilitante del PSOE y sus colaboradores contra él mismo y la UCO, por considerar que la unidad mantenía una estrategia para erosionar al Gobierno. Está previsto que a principios de otoño trascienda el contenido de la pieza separada y secreta sobre los pagos de gastos en el PSOE, con el correspondiente atestado de la UCO.

La investigación del juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz sobre una presunta trama de corrupción en contratación pública para favorecer a determinadas empresas incluye en la causa el cuestionamiento de la limpieza del proceso de licitación del contrato de derribo de las viejas baterías de coque, en Avilés, a la empresa Erri Berri S.L.

El procedimiento de contratación pública de la obra avilesina se hizo a través del Parque Empresarial Principado de Asturias (PEPA), sociedad dependiente de la Sociedad Estatal de Promoción Industrial y Desarrollo Empresarial (SEPIDES).

Los trabajos fueron adjudicados en 2,8 millones de euros a una Unión Temporal de Empresas (UTE) de la que formaba parte la firma navarra Construcciones y Excavaciones Erri Berri S.L.

Apenas unas horas después de que trascendiera que el juez Pedraz había imputado a 25 personas en el caso Leire, entre las que figura la presidenta de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), María Belén Gualda, las reacciones en Avilés han sido inmediatas.

Las explicaciones de la alcaldesa

Los grupos municipales de la oposición en la Villa del Adelantado han exigido explicaciones públicas y transparencia sobre el conocimiento del equipo de gobierno municipal sobre esta operativa mientras la alcaldesa de la ciudad, la socialista Mariví Monteserín, apela a la confianza en que todo se aclare y que las irregularidades que ahora se investigan “tengan explicaciones lógicas”.

“Seguramente que, al cocer, encogerá mucho; ahora parece muy espectacular, pero muchas cosas tendrán explicaciones lógicas y otras no”, ha asegurado la alcaldesa.

La “apuesta clara”

Mariví Monteserín ha admitido que “siempre es preocupante que ocurran este tipo de cosas”, si bien ha incidido en la “apuesta clara” que hay por los terrenos de las baterías.

Los asuntos que no tengan lógica, ha añadido, “serán penalizados como no puede ser de otra manera”, ha dicho en declaraciones recogidas por Efe, pero ha insistido en que la ciudad va a pelear por su interés, que es que las baterías “tengan lo antes posible vida, industria y un desarrollo económico para la ciudad, para la comarca y para Asturias”.

Una oferta “anormalmente baja”

No tiene la misma paciencia la oposición por esperar a que todo se aclare en sede judicial. Así, la portavoz del Partido Popular (PP) en el Ayuntamiento de Avilés y diputada nacional Esther Llamazares recordó que su partido ya denunció la poca claridad de los negocios de Erri Berri en la ciudad “cuando saltó justo el tema de Baterías que presentó una oferta anormalmente baja que se justificó de una forma también bastante anormal”.

Por su parte, el presidente de Foro Avilés, José Alfredo García Fernández del Viso, ha instado a la alcaldesa a dar explicaciones para que la ciudadanía conozca “qué relación mantuvo el PSOE local con una empresa hasta entonces desconocida en Asturias como Erri Berri y qué controles ejerció el Ayuntamiento a lo largo de todo el procedimiento”.

Los mecanismos de control

Foro Avilés quiere que aclare todos los contratos, adjudicaciones, reuniones y cualquier otra relación administrativa mantenida con Erri Berri, así como los mecanismos de control y supervisión que se aplicaron durante la tramitación de los distintos expedientes.

“No basta con escudarse en que existe una investigación judicial. Precisamente porque la hay, el Ayuntamiento debe extremar la transparencia, facilitar toda la información que legalmente pueda hacerse pública y colaborar activamente para despejar cualquier sombra de duda”.

La advertencia

De la misma opinión son el diputado de Vox en la Junta General del Principado, Gonzalo Centeno, y la portavoz del partido ultraderechista en el consistorio avilesino Arancha Martínez. Ambos han extendido su solicitud de explicaciones al gobierno municipal de Avilés, a la Autoridad Portuaria y a SEPIDES por la operación planteada sobre los terrenos de las antiguas baterías de coque que afecta a la adjudicación del contrato de demolición de esas instalaciones.

Centeno ha recordado que Vox fue la primera formación en denunciar públicamente, el pasado mes de mayo, las sospechas sobre la adjudicación del derribo de las baterías y ha señalado que la investigación abierta por el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, basada en los informes de la UCO, “está sacando a la luz lo que ya advertimos hace semanas”.

“Es un cambio de manos”

En este sentido, ha advertido de que la evolución de los acontecimientos hace temer que la operación urbanística pueda dar un giro para trasladar ahora la responsabilidad al Puerto de Avilés.

“Mucho nos tememos que se pretende resolver esta operación quitándosela a SEPIDES para trasladársela al Puerto de Avilés. Lo que vemos es un cambio de manos que genera todavía más dudas sobre el futuro de estos terrenos”, ha afirmado.

El parlamentario ha cuestionado además la capacidad económica de la Autoridad Portuaria para afrontar una operación de estas dimensiones, recordando que, además del precio de adquisición, habría que asumir los costes de descontaminación, parcelación y urbanización de los terrenos.

“¿Quién va a pagar esa factura?”

“¿De dónde va a sacar el dinero el Puerto de Avilés para afrontar una operación que supera ampliamente su capacidad económica? Los avilesinos tienen derecho a saber quién va a pagar esta factura”, ha ratificado.

Por su parte, Arancha Martínez ha denunciado el “silencio cómplice” del Gobierno municipal socialista, al que reprocha no haber pedido explicaciones a su propio partido tras conocerse la investigación judicial.

“Si el Gobierno municipal está tan escandalizado con los presuntos casos de corrupción, debería empezar exigiendo responsabilidades dentro de su propia formación política”, ha remarcado.

Las conexiones

La investigación de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil por el contrato de demolición de las baterías de coque apunta a que la exmilitante y supuesta “fontanera” socialista Leire Díez, el expresidente de la SEPI Vicente Fernández y el empresario Antxon Alonso, vinculado a Servinabar y Mediaciones Martínez y a quien se relaciona como socio del ex secretario de organización socialista Santos Cerdán, podrían haber tenido intervención en el proceso de adjudicación.

La intervención vendría, según la UCO, a través del presidente de la Mesa de Contratación, Fernando Albert Aragón, a cambio de una supuesta mordida de 400.000 euros. Los tres, según esta unidad especializada de la Guardia Civil, compartían un grupo de WhatsApp denominado 'Hirurok', que traducido del euskera significa “nosotros tres”.

La Fiscalía Anticorrupción ha descrito hasta cinco operativas que están relacionadas con la entidad pública Mercasa, con Enusa, con la sociedad pública Parque Empresarial del Principado de Asturias SL (PEPA) -participada por Sepides-, con Tubos Reunidos y con el grupo empresarial Forestalia. Todos los nuevos investigados tienen relación con esas entidades y con la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI). 

El supuesto amaño

El supuesto amaño por la que ahora están siendo investigados directivos de la compañía Erri Berri, el presidente de la Mesa de Contratación que adjudicó la obra, Fernando Albert Aragón, que a su vez ostentaba el cargo de secretario general y director de la Asesoría Jurídica de Sepides, y la entonces presidenta del Tribunal Central de Recursos Contractuales, María de la Concepción Ortiz Fuerte, que falló una reclamación, habría consistido en beneficiar a la compañía navarra validando y eligiendo su oferta pese a su precio extremadamente bajo e inadmitiendo luego el recurso de una competidora. 

El supuesto amaño se habría extendido también a la fase de impugnación. En ese punto, según ha publicado La Nueva España, aparece el nombre de María de la Concepción Ortiz Fuerte, entonces presidenta del Tribunal Central de Recursos Contractuales. La UCO subraya que ésta había desempeñado antes funciones en la SEPI como directora de Asuntos Jurídicos y como secretaria general y del Consejo bajo la presidencia de Vicente Fernández. 

Una “mordida” de 400.000 euros

Como pago por las actuaciones desarrolladas en favor de Erri Berri, los miembros de Hirurok habrían pactado con Félix Azcona Lacarra, responsable de la adjudicataria, el abono de 400.000 euros. Para canalizar ese dinero, según la UCO, se habrían simulado relaciones comerciales y se habrían utilizado sociedades vinculadas al grupo, principalmente Servinabar y Mediaciones Martínez.

La UCO cree que Leire Díez, Vicente Fernández y Antxon Alonso habrían usado sus contactos en el entorno de SEPIDES, adscrita a la SEPI, para favorecer a la empresa navarra Erri Berri en el desmantelamiento de las baterías de coque en Avilés.