Un ex juez youtuber con ganas de venganza, una mujer emparentada con el mundo del narcotráfico en Badajoz, y una jueza de instrucción sobre la que recayó la investigación David Sánchez, el hermano del presidente del Gobierno, y Leire Díez, conocida como la fontanera del PSOE y ahora imputada en la Audiencia Nacional, son los cuatro personajes de una teoría de la conspiración que para muchos es un desvarío que ha llegado demasiado lejos, pero que para otros puede ser la historia de, nada menos que un intento de atentado contra la jueza que investigó al hermano de Pedro Sanchez. Todo parte de unas notas encontradas en la libreta de Leire Díez: “Badajoz. Biedma, heroína. Gitano. Celsa”.

Con Pedro Águeda, periodista de investigación y Tribunales de elDiario.es, desgranamos quién es quién en esta teoría de la conspiración que está llenando horas de tertulias, al calor de las cloacas del PSOE que se investigan en la Audiencia Nacional.

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La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha cuestionado la veracidad del supuesto tiroteo contra el vehículo utilizado por el empresario Víctor de Aldama, que él mismo atribuyó a un intento de robo o a un golpe con un punzón.

Según un informe al que ha tenido acceso EFE, el análisis de las comunicaciones y conversaciones mantenidas por el Aldama con personas de su entorno permitió conocer que el Audi A8 sufrió daños en la ventanilla del conductor producidos, bien por un objeto contundente – punzón o martillo punzón –, o por disparos realizados con arma de fuego de pequeño calibre.

El empresario informó a su aseguradora de que le habían “intentado robar” en su coche pero que no habían conseguido romper el cristal. También explicó que lo había intentado romper con “un punzón” y que no había puesto denuncia al considerarlo “absurdo”.

“No hemos puesto denuncia porque no lo hemos visto, ha sido de madrugada y poner denuncia es ridículo porque es perder tres horas”, defendió Aldama ante la aseguradora.

El 28 de septiembre, Aldama se encontró pasadas las 7:00 horas de la mañana la ventanilla de su vehículo dañada y, tras sacar varias fotografías incluidas en el informe, se las envió a su protavoz, Ramón Bermejo, asegurándole que podían tener ya la historia que necesitaban, aunque aclaraba que no sabía si era un intento de robo o disparos.

También le envío las fotografías a su hermano detallando que podría tratarse de un intento de robo o de disparos, y le reenvió unos mensajes que, según él, procedían de “Un especial de los GAR” concluyendo que, “a priori” los impactos se trataban de “dos golpes con objeto contundente”.

Su hermano, funcionario de la Policía Nacional, le dijo: “Si te quieren amenazar, me parece mucha casualidad que justo lo hagan en la calle la primera vez que lo aparcas. Entiendo que, si alguien quiere amenazar a otro, lo sigue. Y teniendo en cuenta que tú dejas el coche siempre en el garaje, pues lo tendrían previsto en todo caso cuando lo dejes en el garaje”.

Ese incidente, recuerdan, trascendió días después, el 1 de octubre, al ser publicado por distintos medios de comunicación y también mencionado en un informe aportado por la defensa del empresario y en el que se afirmaba, según citan, que “entre los hechos documentados que elevan el nivel de amenaza se encuentran el tiroteo de su vehículo (Audi, valor unos 150.000 euros) con tres disparos mientras se encontraba apartado en la vía pública”.

La UCO concluye que, en relación con los daños sufridos por el vehículo y el análisis de las conversaciones mantenidas por Aldama con distintas personas de su entorno, se desprende que los intervinientes consideraron que dichos daños podrían haber sido ocasionados mediante un objeto punzante. 

La Audiencia Provincial de Madrid ha corregido al juez que investiga a la pareja de Isabel Díaz Ayuso y ha autorizado que la Unidad Central Operativa (UCO) acceda no solo a sus datos bancarios sino a toda su información financiera para investigar si ejecutó un “soborno”, como dice la Fiscalía, a un directivo del Grupo Quirón. Los jueces toman esta decisión tras estimar un recurso de la Fiscalía al que ni siquiera la defensa del propio Alberto González Amador se había opuesto tras la petición de la propia unidad de élite de la Guardia Civil.

El juez Antonio Viejo asumió la doble investigación contra el comisionista sanitario después de la jubilación de la anterior titular del juzgado. La causa por fraude fiscal, en el que tanto la Fiscalía como la Abogacía piden condenas de cárcel por defraudar 350.000 euros usando un sistema de facturas falsas, se encuentra solo a la espera de fecha para el juicio. La segunda causa, en fase de instrucción, analiza si el empresario compró por medio millón de euros una empresa sin actividad ni medios de la esposa de Fernando Camino, un directivo de Quirón imputado desde hace dos semanas, a modo de “soborno” como sospecha la Fiscalía.

Esta segunda ramificación del caso ha avanzado con lentitud en el juzgado de Viejo, hasta el punto de que la propia UCO solicitó al instructor tener acceso a toda la información bancaria y financiera de la pareja de Isabel Díaz Ayuso. La respuesta del instructor, medio año después, fue autorizar solo el acceso a la información bancaria pero no a la relacionada con sus impuestos o sus pagos a la Seguridad Social. La Fiscalía recurrió al entender que acceder a esa información denegada era algo necesario y “mucho menos invasivo” que lo que ya había aceptado el juez. No tener acceso a la información tributaria de Alberto González Amador, dijo el Ministerio Público, “dificulta enormemente” la investigación.

La defensa de González Amador y sus empresas no se opuso a esta medida y la Audiencia Provincial de Madrid acaba de aceptar las alegaciones. “Resulta necesario cotejar la información bancaria con la información tributaria y de la Seguridad Social referente a dichas personas físicas y jurídicas”, razona el tribunal madrileño que supervisa la instrucción. El propio González Amador, recuerda este auto, “ha mostrado ya no sólo su conformidad sino incluso su interés en que se recabe dicha información tributaria y de la Seguridad Social con la finalidad de que se finalice con la mayor celeridad posible la investigación”.

Acusaciones de fraude fiscal y soborno

La investigación judicial contra Alberto González Amador es doble. En un primer momento, tal y como reveló en exclusiva elDiario.es, la Fiscalía acusó al comisionista sanitario de eludir el pago de 350.000 euros en los impuestos de sus empresas usando un sistema de facturas falsas por servicios no realizados. Una causa que avanzó lenta y en la que la magistrada intentó varias veces sin éxito tomar declaración a la pareja de Isabel Díaz Ayuso. El empresario ya fue procesado y se abrió juicio oral contra él con la Fiscalía y la Abogacía del Estado, en representación de Hacienda, solicitando hasta tres años y nueve meses de cárcel para él. La causa se encuentra pendiente de que los tribunales pongan fecha al juicio.

Una segunda ramificación del caso, ahora impulsada por la Audiencia de Madrid, se centra en la relación de González Amador con Quirón, el gigante sanitario para el que trabaja a través de una de sus filiales. La Fiscalía considera que ejecutó un “soborno” al pagar medio millón de euros por una empresa fantasma de la esposa del directivo Fernando Camino, citado a declarar a principios del próximo mes de diciembre.

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil no es imparcial en su investigación del caso Leire. Esta es la denuncia que ha presentado ante el juez Santiago Pedraz la defensa de Leticia de la Hoz, investigada en la causa que se sigue por las presuntas maniobras de una trama para abortar las investigaciones de corrupción que afectaban al PSOE.

En un escrito al que ha tenido acceso elDiario.es, el letrado Carlos Bautista denuncia la participación de los agentes de la UCO en la introducción de una supuesta prueba contra su defendida sin comprobar la verosimilitud de la misma. El letrado concluye que los investigadores no actúan con “imparcialidad” en un caso en el que se investiga si su coronel, Antonio Balas, y la propia Unidad, fueron el objetivo de Leire Díez y otros investigados.

Álvaro Gallego es el individuo que habría acercado a Carmen Pano a las inmediaciones de la sede del PSOE para que esta entregara allí 90.000 euros en metálico, siempre según la versión de ambos. En su declaración ante el juez, Gallego dijo guardar unos mensajes con Leticia de la Hoz alusivos al supuesto intento de compra por parte de la letrada para que Pano no ratificara ante el juez la versión que había dado en los medios de comunicación.

La queja de la defensa de De la Hoz radica en que los supuestos mensajes no fueron aportados por Gallego, sino por Carmen Pano mucho después de que fueran publicados y con el mismo “recorte” que habían sido dados a conocer por algunos medios de comunicación. Pese a la manipulación, los investigadores de la UCO lo incorporaron a la investigación sin la más mínima apreciación sobre la manipulación.

“La Unidad no ha cumplido adecuadamente con el deber de imparcialidad, pues conocía el carácter fragmentario y sesgado de las imágenes que incorpora a su atestado de 1 de octubre de 2026, y pese a ello, omitió deliberadamente contrastarlas con la cadena de mensajes que obra en su poder desde el 2 de junio de 2026”, reza el escrito de la defensa de Leticia de la Hoz.

Perjudicados e investigadores

El escrito está dirigido a solicitar la imputación por falso testimonio de Gallego pero también a poner el foco sobre el papel de la UCO. “Mención aparte merece la actitud de la unidad investigadora, probablemente influida por su doble condición de presunta víctima y de órgano policial actuante en este asunto, dado que el peso de la indagación recae en agentes integrados en la unidad contra la que, según la hipótesis acusatoria, se dirigía la conducta investigada”, recoge en referencia al caso Leire.

El abogado de Leticia de la Hoz alude a los mensajes recortados cuando muestra su preocupación porque los informes de la UCO en el caso Leire son “el filtro por el que el material de la causa llega al instructor”. En este sentido trae a colación una sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en el que este apreció vulneración porque un tribunal islandés había resuelto a partir del dictamen de unos peritos empleados por el hospital cuya negligencia se enjuiciaba. “Lo mismo cabe predicar en este procedimiento, en el que quienes figuran como perjudicados investigan su propio caso”.

El hoy coronel Balas fue el primer objetivo conocido de Leire Díez, anterior incluso a que se abriera la causa en la Audiencia Nacional. Ocurrió cuando El Confidencial publicó un vídeo de una reunión en la que la exmilitante socialista pedía colaboración a un huido de un caso de hidrocarburos para cobrarse la cabeza de Balas y apartarlo de las investigaciones contra el PSOE. Siete meses después UCO detuvo después a Leire Díez por su presunta participación en un caso de corrupción en adjudicaciones y se hizo con su teléfono y agendas, lo que permitió abrir la investigación por la presunta trama para ayudar al PSOE.

La actuación de Balas ya quedó en entredicho cuando acudió a la Dirección General de la Guardia Civil para requerir documentación sobre los expedientes abiertos contra él y su cadena de mando por la supuesta filtración de información. Balas acudió en persona con un auto del juez que le autorizaba a llevarse la documentación, pero sin autorización judicial, aunque dentro de la legalidad, organizó una rueda de interrogatorios que permitirían imputar con posterioridad a la directora de la Guardia Civil.

Neutralidad e imparcialidad

La defensa de Leticia de la Hoz, abogada a su vez de Koldo García, alude al artículo 2 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y a la obligación que tiene la UCO y cualquier implicado en el procedimiento penal de “apreciar” tanto las “circunstancias adversas como favorables al presunto reo”. Eso afecta, según añade, tanto a recabar las supuestas pruebas contra él como el juicio que emite sobre ellas.

“La unidad actuante está obligada a poner de manifiesto los indicios de descargo con el rigor con que expone los de cargo, exigencia que comprende la búsqueda, el contraste de fuentes, el grado de detalle en el cuerpo del informe y el lugar que unos y otros ocupan en sus conclusiones”, expone el abogado Bautista. Y añade al respecto: “Un informe que recoge lo que incrimina y omite lo que, constando en el material intervenido, desmiente o matiza la hipótesis de cargo, infringe el artículo 2 aunque cada uno de los datos consignados sea exacto. Y lo infringe también el que menciona el dato favorable, pero lo trata con un rigor menor que el que dedica al adverso”.

El escrito también menciona la “absoluta neutralidad” y la “imparcialidad” a la que obliga la Ley de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, así como el Código de Conducta de la Guardia Civil, de 2022, que exige actuar “con absoluta imparcialidad y neutralidad, carentes de prejuicio alguno”.

Antonio Balas ascendió a coronel de la Guardia Civil a principios del pasado mes de septiembre. Su nueva graduación le obligaba a dejar el puesto de jefe de Departamento en la UCO y que se le asignara un nuevo puesto acorde a su categoría. Sin embargo, la Fiscalía Anticorrupción solicitó que continuara, en comisión de servicio, al frente de las investigaciones que lleva en la actualidad y que afectan al PSOE, a lo que los jueces Ismael Moreno y Santiago Pedraz accedieron.

La jueza Beatriz Biedma ha declarado este jueves en relación a las posibles amenazas que pudo sufrir por parte de la trama liderada por la exmilitante del PSOE Leire Díez. La magistrada, que instruyó el caso contra David Sánchez, ha contado al juez que un abogado le confió que el exjuez Luis Sáenz de Tejada, quien acumulaba rencillas contra ella, había contactado con una destacada miembro de un clan de narcotraficantes y que le había pedido, en primer lugar, querellarse contra la jueza por un asunto pasado y, después, le había dicho que había que quitarla “de enmedio”.

Biedma ha dicho que por este, y otros episodios que no pudo vincular con la trama de Leire Díez, sintió “temor” por ella y por sus hijas. A la pregunta de uno de los letrados por si eso le había condicionado en las decisiones que tomó respecto al hermano del presidente del Gobierno, Biedma ha contestado tajantemente que no, según informan a elDiario.es fuentes presentes en la declaración.

La magistrada ha dicho que tuvo conocimiento por un abogado de que existían vídeos grabados sin su consentimiento en los que aparecía ella en compañía de sus hijas y que en varias ocasiones hubo alguien que se personó en el colegio de sus hijas presentándose como su secretario o como su hermano. Con todo, ante el juez de la Audiencia Nacional, Biedma ha explicado que nunca supo que la presunta 'fontanera' del PSOE estuviera detrás de esas presiones.

La jueza Biedma ha confirmado que el coronel Balas fue a reunirse con ella en persona en cuanto abrió la causa contra el hermano de Sánchez a partir de una denuncia de Manos Limpias. Balas decidió que un comandante fuera el instructor de las diligencias pero, según Biedma, acabó él desempeñando esa tarea porque “recibían presiones”, según le habrían trasladado los propios guardias civiles a la magistrada. “Nosotros hemos actuado contra todos los partidos políticos en diferentes comunidades autónomas y las presiones que estamos recibiendo ahora a nivel investigador nunca las hemos sufrido”, asegura Biedma que le dijo el coronel Balas.

Sin que nadie le preguntara, Beatriz Biedma ha aprovechado para dar una explicación sobre el hecho de que implicara a la UCO, unidad especializada en Anticorrupción, en un caso en el que se investigaba la contratación de un concertista de reputación internacional a razón de poco más de 40.000 euros anuales. Biedma ha contado que temía que en un lugar pequeño como Badajoz pudiera haber filtraciones si hacía el encargo de la investigación a la Policía Nacional de la ciudad o a la Guardia Civil local.

En este sentido, también ha aludido a que la denuncia de Manos Limpias recogía una información acerca de que la misma localidad de Portugal donde residía David Sánchez había domiciliadas sociedades vinculadas a un caso de fraude de hidrocarburos que ya instruía la UCO.

La UCO acaba de presentar a Pedraz el resultado preliminar de una investigación que Balas ordenó abrir a partir de informaciones en prensa sobre la agenda de Leire Díez a las que la unidad no había conferido relevancia hasta ahora. Uno de los testimonios recabados por los guardias pertenece a Cintia Rocho, quien lideraría a un clan vinculado con el narcotráfico en Badajoz y que es conocida con el apodo de 'La Celsa'. Rocho explicó que, en una conversación telefónica que mantuvo con el exjuez Luis Sáenz de Tejada, éste le indicó que a la jueza que instruía el caso, Beatriz Biedma, había que “eliminarla”. Sáenz de Tejada, quien llevaba más de una década en una cruzada contra un grupo de jueces de Badajoz y mantiene contactos con sectores conspiranoicos de la extrema derecha, figura entre los colaboradores de la exmilitante en su plan para inquietar el trabajo de Biedma. 

Otro de los interrogados por la UCO es el empresario Joaquín Parra, quien formó parte de un chat de WhatsApp llamado 'Vacaciones y Viajes' en el que participaban tanto Leire Díez como Sáenz de Tejada y el empresario Javier Pérez Dolset. Este testigo declaró que aunque él no tenía constancia de la posibilidad de una agresión física, si tuvo conocimiento de que se produjeron seguimientos a la jueza por parte de terceros vinculados con el exjuez y que conformaban un canal de Facebook denominado 'Club de debates urbanos de Badajoz'.

Un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil cifra en 78,3 millones de euros los fondos transferidos desde cuentas bancarias españolas hasta otras de empresas portuguesas por la empresa Villafuel, en el centro de la trama de hidrocarburos por la que está siendo investigado en la Audiencia Nacional el condenado por corrupción Víctor de Aldama.

Los investigadores señalan que de esos más de 78 millones de euros, un total de 8,8 millones fueron a parar a tres empresas del comisionista Aldama. En el mismo atestado, la UCO solicita al juez Santiago Pedraz que ordene bloquear las cuentas bancarias implicadas en la trama.

La Guardia Civil explica en su atestado, adelantado por la cadena Ser y al que ha tenido acceso elDiario.es, que Villafuel SL [la empresa de Claudio Rivas], valiéndose de su condición de operador al por mayor de productos petrolíferos, suscribió un contrato de servicios logístico con Exolum Corporation, que actualmente como depósito fiscal, y empezo a adquirir a otros operadores productos petrolíferos, “simulando su transmisión a siete empresas que actuaron bajo su control y de manera interpuesta entre los verdaderos intermediarios y estaciones de servicio.

La red articuló dos vías para el fraude. Por una parte, “perfeccionando” el fraude a la Hacienda Pública y, por otra, habilitando un sistema para el blanqueo de capitales, esto es, el desvío del dinero procedente del delito anterior. De esta forma, la Guardia Civil llegó hasta las sociedades en Portugal. La investigación sitúa el fraude de los hidrocarburos a Hacienda, a través de la madeja de empresas, en más de 180 millones de euros.

En el atestado, la UCO solicita al juez nuevas diligencias “para determinar el destino dado a fondos retornados a España, ordenes europeas de investigación a las autoridades de Portual para que aporten información complementaria y comisiones rogatorias internacionales orientadas a la investigacion de fondos transformados en criptomonedas”.

Seis meses después de que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil desenterrara sus restos óseos bajo el suelo enlosado de un patio, el caso de Francisca Cadenas afronta un paso crucial en la instrucción judicial. Los dos hermanos investigados por el crimen, Julián y Manuel González, regresan este lunes a Hornachos (Badajoz) trasladados desde la prisión provisional de Morón de la Frontera (Sevilla) para participar en la reconstrucción de los hechos ordenada por el juzgado de instrucción.

La diligencia judicial no se limitará a la reconstrucción dentro del inmueble donde residían los acusados. La comitiva judicial también grabará el recorrido que realizó el hijo menor de Francisca, José Antonio, la noche que desapareció el 9 de mayo de 2017, una inspección pormenorizada de la vivienda y el trazado de los itinerarios que realizaron los dos hermanos antes y después de que se le perdiera la pista a la mujer de 59 años.

El regreso de los acusados a la pequeña localidad pacense vuelve a poner sobre la mesa la conmoción sufrida durante casi nueve años de incertidumbre, pero también evidencia el abierto choque de estrategias entre la representación legal de la familia de la víctima y la defensa de los encarcelados.

Prisión permanente revisable

La abogada de la familia de Francisca Cadenas, Verónica Guerrero, ha avanzado que solicitará la pena de prisión permanente revisable para los dos investigados. Esta petición se fundamenta en la posibilidad de que se cometiera una agresión sexual previa al asesinato, un móvil que la letrada subraya que no es una hipótesis aislada, sino una de las líneas maestras recogidas expresamente en los informes elaborados por la UCO. Guerrero ha descartado además dar credibilidad a las declaraciones de Julián en las que intentaba exculpar a su hermano Manuel.

En el extremo opuesto, la representación letrada de los detenidos, ejercida por el abogado José Duarte, ha buscado restar trascendencia al resultado de la diligencia programada para este lunes. La defensa argumenta que el margen de seis meses transcurrido desde el hallazgo del cuerpo, sumado a la abrumadora exposición mediática y las múltiples declaraciones recogidas a lo largo de los años, diluye la validez probatoria de este paso sobre el terreno.

“Cuando este trámite se realiza muy próximo a los hechos posee un gran valor, pero cuando se hace después de tanto tiempo y con tantas diligencias previas, testimonios y contaminación pública, todo ello tiene una relevancia relativa”, sostiene el letrado Duarte en declaraciones a EFE, quien no obstante ha aconsejado a sus defendidos colaborar en la sesión. La defensa insiste además en que no existen indicios objetivos incriminatorios contra Manuel y apunta a que las inspecciones oculares realizadas hasta la fecha no han arrojado datos en su contra.

Un hallazgo que resolvió un enigma de casi nueve años

El hallazgo de los restos el pasado 11 de marzo puso fin a casi nueve años de infructuosa búsqueda e incansables movilizaciones vecinales en Hornachos. La localización del cadáver fue el resultado de un minucioso operativo de la UCO y la Comandancia de Badajoz, respaldados por el Equipo Central de Inspecciones Oculares (ECIO) del Servicio de Criminalística de la Guardia Civil.

Apenas dos días antes del hallazgo bajo las losas del patio, la Guardia Civil ya había tomado declaración como investigados a ambos hermanos tras rehacer paso a paso las últimas horas en las que se vio con vida a la vecina. Desde el descubrimiento de los restos, la causa ha sumado las declaraciones de los dos acusados, de los tres hijos y el marido de la víctima, de un agente de la Guardia Civil que accedió al domicilio en las horas posteriores a la desaparición, de varios vecinos y de un compañero de trabajo de uno de los encarcelados.

La defensa de Alfonso Grau, vicealcalde de València durante la última etapa de Rita Barberá, reprocha en su recurso contra el procesamiento en el 'caso Azud' que la jueza instructora asuma “de brazos abiertos todas las tesis” de los investigadores de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. El escrito, al que ha tenido acceso elDiario.es, sostiene que todos los hechos imputados a Grau “se encuentran ampliamente prescritos”. La defensa considera que el auto de procedimiento abreviado “no expone ninguna acción del investigado que pudiera ser constitutiva de delito, ni buena ni mala”. “Solo se dan una conjetura tras otra”, agrega.

El recurso, más allá del argumentario jurídico, supone un ataque en toda regla de la instrucción y de la investigación de la UCO: “Es imposible defenderse de un auto con tantas mermas de garantías”, afirma.

El recurso afirma que es “absolutamente falso” que el cuñado de Rita Barberá, el también procesado José María Corbín, entrara en contacto con el empresario Jaime Febrer, considerado el presunto corruptor de la trama, a través de Grau: “Ninguna prueba ni siquiera indicio hay de ello en las actuaciones”.

También acusa a la instructora de una “muestra de desconocimiento absoluto o un desprecio al ordenamiento y funcionamiento de las corporaciones locales” al afirmar que Alfonso Grau “ejercía un poder directo sobre todos y cada uno de los departamentos” del consistorio.

Sin embargo, el recurso también incurre en un error de bulto, cuando afirma que el PSPV-PSOE gobernaba en el Ayuntamiento de València en 1999 [Rita barbera fue alcaldesa ininterrumpidamente entre 1991 y 2015].

El escrito de la defensa asegura que Barberá encargó a Grau a partir de 2006 que solucionara la “situación insostenible” de la deuda municipal por las parcelas de los colegios, subtrama de la causa, al suponer una “sangría sin freno a las arcas municipales” sin que los concejales de Hacienda anteriores hubieran hecho “nada” más que “echar balones fuera”. Fue, apostilla el recurso, un “proceso heredado necesitado de soluciones eficaces cómo las que se dieron”.

La defensa de Grau alude a la “literatura de desprestigio” del auto y al “profundo desconocimiento de cómo funciona un Consistorio”, en relación con las tesis sobre el “control total” del ayuntamiento por parte del entonces vicealcalde.

Por otro lado, el recurso también ve contradicciones entre la afirmación “sin ninguna precisión ni justificación” de que Alfonso Grau se embolsó una supuesta comisión de dos millones de euros y la cuantificación del incremento familiar por un importe de 802.924 euros, incluyendo a “tres familias” con “cinco adultos con titulación universitaria, superior y con puestos de trabajo bien retribuidos, tres de ellos en España, cuya comprobación hubiera sido tan fácil para conocer sus ingresos como recurrir a la AEAT o a la Seguridad Social, pidiendo un certificado de vida laboral”.

Un relato acusatorio “descafeinado”

La defensa del ex vicealcalde mantiene que “no se aporta ningún dato que permita calificar la procedencia de comisiones ilegales”. Y agrega: “En la mentalidad de quien ha redactado este auto, no entra que el uso y manejo de dinero en efectivo, sea legítimo y legal”.

El escrito argumenta que las cajas de seguridad fueron contratadas por Grau anteriormente a su incorporación al Ayuntamiento de Valencia, algo “fácilmente verificable, aunque esos detalles se le suelen olvidar siempre a la Policía Judicial”, desliza con sorna. “Tampoco es cierto que sus hijas fueran las autorizadas en esas cajas, si se hubiera pedido la documentación al banco se hubiera podido constatar que, hasta su fallecimiento en febrero de 2010, la cotitular fue su esposa Maria Ángeles Gonzalez”, agrega.

“Exigimos un mínimo de rigor y respeto por la verdad, aunque el relato quede descafeinado”, concluye.

La defensa de José María Corbín, cuñado de Rita Barberá, ha recurrido su procesamiento en el 'caso Azud' arguyendo que sufrió una investigación “prospectiva” por parte de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, “basada en la sospecha” y en la “mera apariencia”. El recurso, al que ha tenido acceso elDiario.es, niega que Corbín cobrara supuestas mordidas a empresas contratistas del Ayuntamiento de València y descarta que haya indicios de la comisión de un delito. La jueza instructora concluyó en un reciente auto que el letrado se embolsó supuestas mordidas por un importe total de 3,6 millones de euros.

Por el contrario, la defensa considera que el bufete del cuñado de Barberá simplemente tenía clientes dedicados al sector de la construcción y que optaban a concursos públicos no solo en València.

El escrito carga contra los informes de la UCO, basados en “apreciaciones valorativas, inconcreciones y mucha subjetividad” y “cargados de elucubraciones, hipótesis, conjeturas y suposiciones”.

La relación de Corbín con las empresas contratistas del consistorio que gobernaba su cuñada, generosamente remunerada, “no lleva implícita la obligatoriedad, ni de llevar a cabo actuaciones procesales, ni la redacción de contratos, ni por supuesto garantizar ningún tipo de adjudicación pública, y sí una disponibilidad del mismo, la resolución de cualquier cuestión que se formule por el cliente, la revisión de documentación e incluso asesoramiento preventivo para anticiparse a problemas legales.

Por otro lado, la defensa avala que las facturas por asesoramiento jurídico de Corbín (cuyas tres hijas también figuran como procesadas) “cumplen los requisitos legales requeridos”. “Las que se vienen denominando 'comisiones ilícitas' a lo largo del auto, no caben cuando el que recibe la contraprestación, como es el caso, es un abogado”, argumenta el escrito.

Ángela Coquillat, la abogada de José María Corbín, remacha que no existe “indicio alguno” de que el letrado hubiera ofrecido dádiva “o similar” a los funcionarios municipales. Por otro lado, tampoco ve ningún indicio de que la fallecida alcaldesa “interviniere o sugiriere” alguna adjudicación.

Descarta la intervención de Barberá en las adjudicaciones

“El o la alcaldesa no participa en las mesas de contratación, que están compuestas por personal técnico y administrativo para garantizar la imparcialidad y profesionalidad de la contratación pública”, afirma el recurso.

También descarta que la esposa de Corbín (jefa de gabinete y hermana de Rita Barberá) influyera o intentara influir en una adjudicación. “Desde luego, como jefa de gabinete no tuvo en ningún momento potestad para informar, valorar, o adjudicar contrataciones públicas”, agrega.

Además, también destaca que, a pesar de que las inspecciones fiscales de 2012 a 2015 concluyeron con un acta de conformidad, la inspectora de Hacienda remitió el informe a la Fiscalía Anticorrupción, a pesar de que “no existía ningún hecho que pudiera considerarse indiciario de la comisión de un delito”, dice el recurso.

El exdirector de la Guardia Civil Leonardo Marcos ha negado este jueves en la Audiencia Nacional haber presionado a la cadena de mando de la UCO por su trabajo en el caso del hermano de Pedro Sánchez, tal y como describieron los generales de los que dependía la unidad investigadora. Marcos ha dicho que cuando fue nombrado director del instituto armado se encontró “una cultura de la filtración” en el Cuerpo que quiso atajar.

Marcos, actualmente destinado en la Embajada española en Washington, ha declarado en calidad de imputado en la pieza del caso Leire que persigue presuntas presiones a funcionarios públicos que investigaban casos que afectaban al PSOE o a la familia del presidente del Gobierno.

El exdirector de la Guardia Civil ha enmarcado sus comentarios a los generales de una simple exigencia de “rigor” en los informes de la UCO porque, aunque tiene “en general buena imagen del servicio público eso no quita que haya que ser crítico para mejorar su funcionamiento”, informan a elDiario.es fuentes presentes en la declaración.

Marcos ha mostrado también su convencimiento de que la Unidad era el origen de filtraciones a los medios de comunicación y ha recuperado el episodio de una entrada y registro en el marco de la causa del hermano de Sánchez en la que un equipo de televisión estaba esperando la llegada de los agentes.

Leonardo Marcos ha dicho que esa información iba de la UCO a la jueza, “de A a B”, ha dicho. La fiscal ha respondido que el Ministerio Público también tenía acceso, a lo que el investigado ha respondido: “Pues añada otra letra”. “Me dijeron que no fueron ellos –ha dicho sobre la UCO– pero yo no me lo creo”.

En este sentido, Marcos ha insistido en “un clima de filtración” en la Guardia Civil en general, y en la UCO en particular, que respondía a un patrón: “Siempre los mismos medios, siempre los mismos periodistas”. Durante su declaración ha surgido una polémica sobre si la causa estaba secreta y las partes, con Manos Limpias de acusación popular, tenían acceso a las materias filtradas. La fiscal del caso se ha planteado solicitar la causa entera al Juzgado de Badajoz para conocer las fechas del secreto.

En concreto, la imputación de Marcos responde a dos reuniones que tuvieron lugar el 12 de julio de 2024. Una por la mañana, con el general jefe de la Policía Judicial, Alfonso López Malo, y con ele entonces coronel jefe de la UCO, Rafael Yuste. Y una segunda, por la tarde, en la que participaron los mismos asistentes pero con la incorporación del director adjunto operativo, teniente general Manuel Llamas.

Yuste declaró ante la UCO le dijo que el director le había dicho que “estaba enfadado y contrariado respecto del informe emitido por la UCO relacionado con la investigación entre cuyos encausados estaba el hermano del presidente del Gobierno, David Sánchez Pérez-Castejón, reprochando al testigo que no hubiese tenido conocimiento previo de dicho informe de forma previa a su entrega”.

Por la tarde, Leonardo Marcos les habría manifestado que “se encontraba indignado porque había conocido por terceros una propuesta de actuaciones elaborada por UCO en el marco del procedimiento judicial abierto por la denominada operación Cajirón [sobre David Sánchez], en la que, según él, se hacían presunciones falsas”, según declaró el general Yuste, anterior jefe de la UCO al instructor de la información reservada.

Leonardo Marcos habría dicho en esa reunión que el informe en el que la UCO proponía a la juez actuaciones en el caso sobre el hermano de Sánchez era “prospectivo y mal intencionado” y añadió que la credibilidad de la unidad estaba “por los suelos”. Marcos habría pedido que se elaborara otro informe en el que constara que “no había nada” y que si para ello había que dejar sin vacaciones a los agentes de la UCO que así se hiciera. Marcos quería el siguiente informe exculpando a David Sánchez para el 19 de julio.

“Llamativo” que la UCO investigara a David Sánchez y no Policía

El exdirector de la Guardia Civil ha dicho que le pareció “llamativo” y “atípico” que la UCO central se dedicara investigar el caso del hermano de Sánchez, unos presuntos delitos cometidos en Badajoz, demarcación de la Policía Nacional. La decisión de implicar a la UCO fue de la jueza del caso, Beatriz Biedma.

Marcos fue nombrado en junio de 2023 y dimitió, según su versión, en octubre de 2024. En julio, cuando se produjeron las dos reuniones por las que está imputado, ya había comenzado “un proceso de reflexión” personal sobre si debía dejar el cargo.

El ex director ha negado que acusase a los agentes de realizar “una investigación prospectiva” y ha añadido que no conoce al coronel Antonio Balas, ni se ha reunido nunca con ningún investigador del Cuerpo. “Solo me reúno con la cadena de mando”, ha añadido.

Marcos ha desmentido igualmente que él instara a que los investigadores se quedaran sin vacaciones, de ser necesario, para tener listo un informe que aclarara el contenido de los más de 60.000 correos obtenidos por la UCO. Esa incautación fue ordenada por la jueza a instancias de los investigadores, un papel que Marcos ha reconocido que piensa que no les correspondía a los agentes de la UCO.

Para apoyar que él no entra en las vacaciones de sus subordinados ha recurrido a su carrera en la función pública. “Llevo desde el 79 sin ver un cuadrante de vacaciones”, ha dicho, según las fuentes consultadas.

El fiscal de Badajoz niega presiones de Madrid

El fiscal jefe de Badajoz, José Luis Alonso Tejuca, ha declarado a continuación en calidad de testigo. Alonso ha explicado que intentó enviar la causa de David Sánchez Madrid por una cuestión de competencia pero que el jefe de la Secretaría Técnica de la Fiscalía General entonces, Diego Villafañe, resolvió que debía investigar Badajoz en un informe en el que hacía algunas consideraciones sobre la “tipicidad” de los presuntos delitos entonces, esto es, sobre los indicios que había o no en el caso.

Alonso Tejuca ha negado recibir presiones de la Fiscalía General en el caso y que no escuchó quejas de la UCO al respecto.

La ministra de Defensa, Margarita Robles, firmó el pasado 1 de septiembre la orden de ascenso a coronel del guardia civil Antonio Balas, quien ha estado al frente del departamento Anticorrupción de la UCO en los últimos años. El ascenso supone el cambio de destino de Balas, ya que su puesto está destinado a un teniente coronel, pero en la orden Robles accede a la petición de la Fiscalía Anticorrupción y el juez Ismael Moreno para que siga al frente del caso Koldo o Cerdán que se sigue en la Audiencia Nacional.

Balas permanecerá en la UCO a través de una comisión de servicio que acabará “al desaparecer las causas que la motivan, se incorpore al adjudicatario de la vacante, obtenga destino o al cumplirse el plazo máximo establecido”, recoge la orden publicada por el Boletín Oficial de Defensa.

Tanto el auto como el informe del fiscal Luis Pastor que han motivado la decisión de la ministra de Defensa, de la que depende orgánicamente la Guardia Civil, pedían que Balas pudiera “continuar en el desempeño de su puesto por el tiempo que sea necesario, para el avance y desarrollo de los hechos de la presente investigación”. Pastor y el juez se dirigían al superior de Balas en la UCO, el coronel Pedro Merino Castro.

La directora de la Guardia Civil, Mercedes González, firmó el ascenso de Balas a finales de junio, pero está establecido que la doble dependencia de la Guardia Civil, por su naturaleza militar, conlleve la firma de la titular de este último Ministerio.

El fiscal Pastor, en su informe, explicaba que Balas es uno de los instructores de la unidad policial a la que se ha encomendado la investigación del caso Koldo y que “ha tenido un papel relevante en el curso de la misma”. Y por ello, en atención al artículo 16 de la norma que regula el papel de la Policía Judicial interesa que permanezca en su destino del Departamento de Delincuencia Económica y Anticorrupción de la UCO “por el tiempo necesario, hasta la conclusión de la investigación”.

Los casos del PSOE y el Gobierno

El puesto de jefe del Departamento de Investigación Criminal II le ha valido a Balas que sea conocido por haber liderado la parte policial de los casos de corrupción en torno al PSOE y este Gobierno. Con cerca de dos décadas de experiencia en ese departamento, lo que le ha supuesto investigar a políticos de casi todos los partidos, algunos errores en la investigación del caso Ábalos, inferencias en atestados clave en la actual esfera política y mediática y su predilección por defender esos atestados en las vistas públicas de los juicios le han valido censuras públicas.

Balas defendió en el juicio al fiscal el papel “preeminente” en la filtración por la que fue condenado Álvaro García Ortiz por el solo hecho de ser el máximo responsable de la Fiscalía. En la vista reconoció que él y sus agentes obviaron investigar cualquier otra posibilidad de origen de la filtración. Algo similar ocurrió durante el juicio al hermano de Sánchez, en el que Balas admitió que no conocía a los acusados que no eran David Sánchez y el que fuera líder de los socialistas extremeños, Miguel Ángel Gallardo.

El expresidente de Correos y ex jefe de gabinete de Pedro Sánchez en el PSOE, Juan Manuel Serrano, ha solicitado formalmente al juez de la Audiencia Nacional que investiga el caso Leire Díez que le devuelva su teléfono móvil después de que la Guardia Civil haya terminado el segundo clonado.

En un escrito al que ha tenido acceso Europa Press, Serrano ha pedido este viernes al juez Santiago Pedraz que le devuelva el teléfono depositado en sede judicial, dado que este miércoles la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil terminó la operación de clonado del dispositivo, así como la copia de trabajo “para que sirva como a los propósitos de la investigación”.

Esa diligencia no se realizó en presencia de un abogado de Serrano, según las mismas fuentes, y por ello la defensa del expresidente de Correos había pedido anular la validez de esta prueba. Sin embargo, el juez ordenó que se volviera a realizar el clonado, esta vez en presencia de Serrano y su abogado.

Serrano solicita la devolución argumentado que “consultados los propios agentes encargados de realizar el clonado y copia posterior, confirmaron que, en efecto, el dispositivo ya no les es necesario a los efectos de la investigación”.

Imputado en el caso Leire Díez

El juez ordenó dicha operación el pasado martes, tras la comparecencia de Serrano en la Audiencia Nacional, donde había sido citado para verificar el clonado de su móvil por parte de la UCO tras la incautación de su terminal a finales del pasado mes de mayo, durante el requerimiento de información de la Guardia Civil en la sede del PSOE.

En el marco de esta causa, el instructor imputó el pasado 10 de julio a Serrano después de que la Guardia Civil le atribuyera un “papel preeminente” en las dos ramas del caso Leire Díez antes mencionadas.

Pedraz acordó el acceso, volcado y análisis en sede policial del móvil de Serrano, indicando que “la apertura de sus dispositivos, la clonación íntegra y la salvaguarda de su contenido se realizará con las condiciones técnicas necesarias para asegurar la autenticidad e integridad de los datos y las garantías de su preservación”.

Esta diligencia, sin embargo, no se realizó en presencia de un abogado de Serrano, según las mismas fuentes. Por este motivo, la defensa del expresidente de Correos había pedido anular la validez de esta prueba, motivo por el que se le había citado para verificar el mismo.

El nuevo clonado se comenzó a realizar el pasado martes en una sala precintada del juzgado y Serrano y su abogado fueron citados este miércoles para recoger una copia del mismo. Así, el anterior clonado quedará invalidado como prueba, y a partir del nuevo, la Guardia Civil elaborará un informe que entregará al instructor para incorporarlo a la causa.

Juan Manuel Serrano, quien fuera jefe de gabinete de Pedro Sánchez en el PSOE y expresidente de Correos, ha solicitado al juez Santiago Pedraz, instructor del caso Leire Díez, que anule la incautación y el clonado de su teléfono móvil y le devuelva el terminal. En un escrito, al que ha tenido acceso elDiario.es, la defensa de Serrano alega que agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil intervinieron su móvil sin “autorización judicial” antes de que tuviera la condición de investigado y exige la destrucción de los datos extraídos.

Su defensa presentó el escrito después de que el juez le citara para el próximo 18 de agosto para que “verifique” el clonado que la Guardia Civil hizo de su móvil. El exdirigente cuestiona que los agentes incautaran su teléfono el pasado 27 de mayo, cuando todavía no tenía la condición de investigado —que sí tiene del pasado julio—. Y denuncia, además, que la UCO clonó el móvil sin cumplir el mandato del juez Pedraz para que se hiciera en su presencia y acompañado de su abogado.

Así, la defensa de Serrano considera que la intervención del móvil no tiene cobertura legal al haberse producido fuera de los límites formulados por el auto judicial y que eso equivale a “una restricción del secreto de las comunicaciones no amparada por autorización judicial válida”, lo que debe derivar en la nulidad y la “inutilización probatoria de las grabaciones, transcripciones o hallazgos obtenidos al margen de la autorización”. Además, califica de “chocante” que Pedraz no ordenara la inmediata devolución del móvil después de que la UCO lo interviniera el pasado mayo.

El magistrado, que investiga los intentos de la presunta trama para, por un lado, hacerse con adjudicaciones públicas de manera irregular y, por otro, para torpedear procedimientos judiciales que afectan al PSOE y al entorno del presidente del Gobierno, imputó a Serrano el pasado julio. Tras recibir un atestado de la UCO, el juez tiene indicios para relacionar a Serrano con los integrantes de la organización criminal, sobre todo con el expresidente de la SEPI Vicente Fernández y con la exmilitante socialista Leire Díez.

En su resolución, el juez detallaba las presuntas actuaciones irregulares que se le atribuyen en su etapa al frente de Correos y pone el foco en la “irregular” contratación en esa empresa pública de la 'fontanera' del PSOE y en que se sucedieron “distintas actuaciones de características semejantes a las denunciadas respecto de otras entidades públicas de la SEPI”.

Pedraz explicaba que tras nombrar a Leire Díez “llevó a cabo distintos procesos de contratación que permiten sostener que se llevaron a cabo con apartamiento de la normativa pública, en beneficio de la misma o de terceros (Vicente Fernández) y, todo indicaría, que se contaba con la aquiescencia de Juan Manuel Serrano.

La Unitat Central Operativa (UCO) de la Guàrdia Civil ha revelat, en un informe incorporat al sumari del cas Assut, al qual ha tingut accés elDiario.es, que el cunyat de Rita Barberá, l’advocat José María Corbín, va invertir en dipòsits a tipus fix un total d’1,7 milions d’euros procedents de presumptes mossegades d’empreses adjudicatàries municipals. Els investigadors de l’Institut Armat recorden que el 80% dels ingressos del despatx de Corbín entre el 2005 i el 2017 provenien d’empreses que, “directament o indirectament”, van ser beneficiàries d’adjudicacions de l’Ajuntament de València, com Cyes, amb 752.700 euros; Axis, amb 599.110; Cleop, amb 407.402; Secopsa, amb 348.000, o Ocide, amb 197.290 euros.

La presumpta mossegada d’Acciona lligada al contracte de sanejament de València, per un valor d’1,7 milions d’euros, es va vehicular, segons l'UCO, mitjançant pagaments al bufet de José María Corbín procedents del despatx de l’advocat Diego Elum, amic veterà des dels temps de la Transició, quan tots dos militaven en l’extrema dreta. Elum, que també figura com a investigat en la causa, era el principal pagador de Corbín.

L’inici del transvasament d’aquests fons coincideix temporalment amb l’obertura d’un compte a Bancaja a nom de Corbín, un mes abans que s’abonara la primera transferència. El cunyat de Barberá feia servir aquest compte per a abonar-se la seua pròpia nòmina, de 3.600 euros.

L’anàlisi efectuada per l'UCO de la Guàrdia Civil conclou que el cunyat de Rita Barberá va contractar productes d’inversió amb fons “que es pressuposen de naturalesa delictiva i procedents de les diferents empreses investigades”.

Corbín va invertir en productes financers a termini fix de Bancaja per un import total de més d’1,7 milions d’euros entre el maig del 2007 i el setembre del 2008. La coincidència temporal entre els ingressos procedents del despatx d’Elum i els càrrecs per inversions en imposicions a termini fix “reforça la seua relació amb fons de naturalesa delictiva”, destaca l’informe.

També va destinar 70.001 euros d’aquell compte bancari al pagament, per part de la seua dona, María Asunción Barberá, coneguda com a Totón i ja finada, del préstec de l’habitatge familiar a València.

La “naturalesa delictiva” del 90% dels fons del bufet

El 2008, també va utilitzar un poc més de mig milió d’euros d’aquell compte per al pagament d’obligacions tributàries, a més de 9.600 euros per a un pla de pensions.

En els dos exercicis amb més volum d’activitat, el 2007 i el 2008, el 90% dels fons declarats pel bufet de Corbín haurien sigut “de naturalesa delictiva”, segons l'UCO.

Els investigadors també ressenyen la compra d’accions de Gas Natural, Telefónica, Iberdrola i Repsol el 2010 per un import total de 100.000 euros. Aquell mateix exercici, els comptes de l’advocat van registrar 60.500 euros en reintegraments de diners en efectiu i compres a El Corte Inglés per valor de 22.536 euros.

L’informe explica la presumpta mecànica utilitzada pel cunyat de Rita Barberá: “S’ha pogut comprovar que, una vegada es recuperen els capitals invertits en aquestes IPF [imposicions a termini fix], es fan servir per a ser transformats en altres actius patrimonials, com ara l’adquisició d’accions i altres actius financers, compres a El Corte Inglés i reintegraments de diners en efectiu, usant part d’aquells diners per al pagament de reformes en un habitatge”.

També el 2010, José María Corbín va destinar 750.000 euros d’imposicions a termini fix a invertir en la societat de gestió patrimonial Arcalia, la boutique financera de la burgesia valenciana vinculada a Bancaja.

La “naturalesa delictiva” del 90% dels fons del bufet

El 2008, també va utilitzar una mica més de mig milió d'euros d'aquell compte per al pagament d'obligacions tributàries, a més de 9.600 euros per a un pla de pensions.

En els dos exercicis de major volum d'activitat (2007 i 2008), el 90% dels fons declarats pel bufet de Corbín haurien estat “de naturalesa delictiva”, segons l'UCO.

Els investigadors també ressenyen la compra d'accions de Gas Natural, Telefònica, Iberdrola i Repsol el 2010 per un import total de 100.000 euros. Aquest mateix exercici, els comptes de l'advocat van registrar 60.500 euros en reintegraments de diners en efectiu o compres a El Corte Inglés per valor de 22.536 euros.

L'informe explica la suposada mecànica usada pel cunyat de Rita Barberá: “S'ha pogut comprovar que, un cop es recuperen els capitals invertits en aquestes IPF [Imposicions a Termini Fix],” s'utilitzen per a “ser transformats en altres actius patrimonials com són l'adquisició d'accions i altres actius financers; compres a El Corte Inglés, i reintegraments de diners en efectiu, utilitzant part d'aquells diners per al pagament de reformes en un habitatge”.

També el 2010, José María Corbín va destinar 750.000 euros d'imposicions a termini fix per invertir a la societat de gestió patrimonial Arcalia, la 'boutique' financera de la burgesia valenciana vinculada a Bancaja.

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha desvelado en un informe incorporado al sumario del 'caso Azud', al que ha tenido acceso elDiario.es, que el cuñado de Rita Barberá, el abogado José María Corbín, invirtió en depósitos a tipo fijo un total de 1,7 millones de euros procedentes de supuestas mordidas de adjudicatarias municipales. Los investigadores del Instituto Armado recuerdan que el 80% de los ingresos del despacho de Corbín entre 2005 y 2017 provenían de empresas que, “directamente o indirectamente”, fueron beneficiarias de adjudicaciones del Ayuntamiento de València, tales como Cyes (752.700 euros), Axis (599.110 euros), Cleop (407.402 euros), Secopsa (348.000 euros) u Ocide (197.290 euros).

La supuesta mordida de Acciona ligada al contrato del saneamiento de València, por un valor de 1,7 millones de euros, se vehiculó, según la UCO, mediante pagos al bufete de José María Corbín provenientes del despacho del letrado Diego Elum, veterano amigo desde los tiempos de la Transición en que ambos militaban en la extrema derecha. Elum, que también figura como investigado en la causa, era el principal pagador de Corbín.

El inicio del trasvase de esos fondos coincide temporalmente con la apertura de una cuenta en Bancaja a nombre de Corbín, un mes antes de que se abonara la primera transferencia. El cuñado de Barberá usaba esa cuenta para abonar su propia nómina, de 3.600 euros.

El análisis efectuado por la UCO de la Guardia Civil concluye que el cuñado de Rita Barberá contrató productos de inversión con fondos “que se presumen de naturaleza delictiva y provenientes de las diferentes empresas investigadas”.

Corbín invirtió en productos financieros a plazo fijo de Bancaja por un importe total de más de 1,7 millones de euros entre mayo de 2007 y septiembre de 2008. La coincidencia temporal entre los ingresos por parte del despacho de Elum y los adeudos por inversiones en imposiciones a plazo fijo “refuerza su relación con fondos de naturaleza delictiva”, destaca el informe.

También destinó 70.001 euros de esa cuenta bancaria para el pago por parte de su mujer, María Asunción Barberá (conocida como Totón y ya fallecida), del préstamo de la vivienda familiar en València.

La “naturaleza delictiva” del 90% de los fondos del bufete

En 2008, también usó algo más de medio millón de euros de esa cuenta para el pago de obligaciones tributarias, además de 9.600 euros para un plan de pensiones.

En los dos ejercicios de mayor volumen de actividad (2007 y 2008), el 90% de los fondos declarados por el bufete de Corbín habría sido “de naturaleza delictiva”, según la UCO.

Los investigadores también reseñan la compra de acciones de Gas Natural, telefónica, Iberdrola y Repsol en 2010 por un monto total de 100.000 euros. Ese mismo ejercicio, las cuentas del abogado registraron 60.500 euros en reintegros de dinero en efectivo o compras en El Corte Inglés por valor de 22.536 euros.

El informe explica la supuesta mecánica usada por el cuñado de Rita Barberá: “Se ha podido comprobar que, una vez que se recuperan los capitales invertidos en estas IPF [Imposiciones a Plazo Fijo],” se usan para “ser transformados en otros activos patrimoniales como son la adquisición de acciones y otros activos financieros; compras en El Corte Inglés, y reintegros de dinero en efectivo, utilizando parte de ese dinero para el pago de reformas en una vivienda”.

También en 2010, José María Corbín destinó 750.000 euros de imposiciones a plazo fijo para invertir en la sociedad de gestión patrimonial Arcalia, la 'boutique' financiera de la burguesía valenciana vinculada a Bancaja.

La jueza instructora del 'caso Azud' ha acordado el sobreseimiento parcial de las actuaciones para José María Cataluña, extesorero del PSPV-PSOE, y para el empresario Enrique Gimeno.

El auto, al que ha tenido acceso elDiario.es, acepta la solicitud del fiscal anticorrupción al considerar que los hechos atribuidos al expolítico y al empresario —la presunta financiación ilegal de campañas electorales del PSPV— están prescritos, según el lapso de tiempo establecido en el Código Penal.

La instructora también ha acordado el sobreseimiento parcial para varios de los investigados “al entender que no ha quedado acreditada la participación de los mismos en los hechos objeto de investigación”.

Se trata de varios funcionarios y empresarios: Francisco Javier Piqueras Roca, Felipe Molina López, Joaquin Vaño Hurtado, Carmen Manzano Imbernon, José Luis Camarero, María Dolores Cruz Selva, Alfredo Fluixá, Juan Hermosilla Tro, José María Marugan, José Luis Miguel Belenguer, Juan José Moragues Terrades, José Francisco Ripoll Borja y María Asunción Albalat Moreno.

El juez instructor del Tribunal Central de Instancia (Audiencia Nacional) Ismael Moreno ha acordado investigar también la adjudicación de las obras de desdoblamiento de los túneles de Belate, en el norte de Navarra, dentro de la causa por corrupción tiene abierta. Se trata de una contratación de 76 millones de euros que recayó en Acciona, lo local Osés y Servinabar 2000, la mercantil del empresario vasco Antxon Alonso y de la que aparentemente era copartícipe el exdirigente socialista Santos Cerdán. Esta última tenía un 15%.

El juez Moreno pidió la pasada semana a la UCO de la Guardia Civil, la Policía judicial, que le hiciese un reporte sobre la situación procesal de los túneles de Belate. El cuerpo, en un oficio, indica que en un informe de 2025 ya mencionó la cuestión e indica que reflejó “someramente” los “diferentes indicios” de estas obras con la etapa en el Ministerio de Fomento del ya condenado José Luis Ábalos o que el partido UPN, desde la oposición en Navarra, también había denunciado “irregularidades en el proceso licitador”.

Según la UCO, está pendiente un nuevo atestado con una “ampliación” sobre los datos relativos a estas obras. El instructor, en una providencia, ha acordado este lunes “integrar” esta adjudicación en el sumario y queda “a la espera” del informe. Solamente después de que entreguen el documento “se acordará lo procedente”.

Las obras de Belate se adjudicaron en 2023 y fueron las más cuantiosas de todas las adjudicaciones recibidas por Servinabar 2000 en Navarra. El Parlamento foral acaba de finalizar una comisión de investigación en el que la mayoría política descartó la existencia de corrupción. El dictamen aprobado por el foro presidido por Irati Jiménez, de EH Bildu, sí apuntó a “irregularidades y deficiencias procedimentales” en determinados expedientes. Por el contrario, los últimos informes de la Guardia Civil apuntan a que Servinabar 2000 fue empleada para recaudar comisiones ilegales y que Cerdán y su familia dispusieron de fondos de esta firma.

La comisión de investigación no vio “injerencia”

Desde el Gobierno navarro han expresado su “máximo respeto” a las actuaciones “judiciales y policiales” y también un “compromiso de total colaboración”. Añaden fuentes del Gobierno de María Chivite que el Ejecutivo “estudiará solicitar la personación ante la Audiencia Nacional, como ya se intentó ante el Tribunal Supremo con respuesta negativa, por si mediase daño patrimonial contra la Hacienda navarra”.

“En lo concerniente a la adjudicación de la obra de ampliación de los túneles de Belate, el Gobierno de Navarra recuerda que se trató de una adjudicación con reparo 'no suspensivo' de la Intervención delegada y que cuenta con el aval de la Intervención General en tanto que se abordó mediante una deliberación 'adecuada'. Además la Cámara de Comptos especificó que no medió 'responsabilidad contable ni de ninguna otra naturaleza', mientras que la comisión de investigación acometida en el Parlamento de Navarra descartó la existencia de presiones ni injerencias políticas”; sostienen fuentes del Gobierno.

La presidenta de Navarra, la socialista María Chivite, ha asegurado este viernes que sufre una “caza de brujas”. Chivite ha sido llamada a comparecer en el Parlamento foral por UPN a raíz del último informe de la UCO de la Guardia Civil sobre Santos Cerdán. “Cuanto más se investiga y más se avanza en los tribunales, más queda claro que no hay nada de nada sobre mí. No hay nada ni va a haber nada contra mí”, ha afirmado desde la “tranquilidad total”.

“La única intervención que ha tenido este Gobierno relacionada con ese informe es la colaboración con la Justicia para dar información y contribuir al buen desarrollo de la investigación. Todo lo demás es parte de una estrategia de caza de brujas contra mí que ni el Supremo ni la UCO avalan con sus investigaciones y pronunciamientos porque no hay nada”, ha subrayado, según informa Europa Press.

Chivite ha indicado a UPN: “Ustedes seguirán con su historia falsa y yo diciendo una verdad que nunca van a querer creer porque no les interesa. Y así podemos estar en bucle lo que resta de legislatura. Pues yo estoy dispuesta. Si alguien ha hecho algo, que pague, pero no seré yo”.

La presidenta ha comparecido en comisión parlamentaria a petición de UPN. Ha dicho que no ha tenido acceso al informe de la Guardia Civil y ha criticado las filtraciones. “No sé si son conscientes sus señorías de que la filtración de informes de la UCO pudiera constituir un delito. Esos informes forman parte del procedimiento y no tienen que ser documentos públicos, aunque de hecho lo son”. Esas filtraciones, hechas además a modo 'goteo', permiten sobre todo a la oposición, construir un 'relato' desvirtuando la realidad, porque lo que los informes contienen son elementos indiciarios que deben ser validados en parte o en su totalidad por un juez y posteriormente en un juicio oral“, ha interpretado. Y ha agregado: ”Que la presidenta tenga que hablar de un informe que no recibimos oficialmente porque no somos parte de esta causa sobre una investigación patrimonial de una persona, que ni forma ni ha formado parte del Gobierno de Navarra, es cuando menos extraño“. Entrando al contenido, ha indicado que Cerdán hizo uso de la tarjeta de Servinabar 2000 hasta febrero de 2024, mientras que los pagos por las obras de Belate, en las que participaba esta empresa UTE, se inicieron ”en junio“ de 2024.

El portavoz de UPN, Javier Esparza, ha dicho: “No tiene usted ninguna credibilidad; es imposible desvincular Cerdán y Belate, con 129.000 euros en medio. Usted ha pasado de cuadrarse ante Cerdán a proclamar que 'esto no va conmigo'; y esto sí va con usted”. “Sin Cerdán usted no hubiera sido presidenta nunca”, ha dicho también. “Y a Cerdán y a sus amigos, usted les abrió las puertas del Palacio de Navarra de par en par para que andaran a sus anchas”, ha añadido.

Por parte de EH Bildu, Laura Aznal ha indicado que UPN ha llamado hoy a la presidenta con “el único objetivo de estirar el chicle de la comisión de investigación y tratando de volver a inflar un globo que ya quedó pinchado en las conclusiones”. Esta formación presidió el foro parlamentario por medio de Irati Jiménez. El portavoz de Geroa Bai, Pablo Azcona, ha pedido no “relativizar en absoluto la corrupción ni la preocupación ante ciertas informaciones”, pero “tampoco” el hecho de “convertir sospechas en sentencias o utilizar una investigación que está en curso para construir un relato político concreto”. “La corrupción debe investigarse hasta el final”, ha dicho.

Por su parte, Javier García, del PP, ha indicado a la presidenta “la verdad”. “Si después de todo lo que vamos conociendo sostiene usted que no sabía nada, no escuchó nada y no sospechó nada, solo quedan dos posibilidades, o es que su Gobierno carecía de controles sobre lo que ocurría a su alrededor, o que prefiere pedir a los navarros que crean en lo increíble”, ha señalado. Finalmente, Miguel Garrido, de Contigo-Zurekin, ha expuesto que el informe de la UCO avala “tanto la falta de ética política del señor Cerdán como ”la sospecha que tiene que ver con sus relaciones con Acciona y Servinabar“, aunque ha matizado que no hay ”ninguna prueba, tampoco indiciaria, de que haya habido alguna manipulación o injerencia en la obra pública de Navarra“.

El PP ha reclamado al juez de la Audiencia Nacional que instruye el 'caso Leire Díez' que prohíba a la directora de la Guardia Civil, Mercedes González, y al director adjunto operativo (DAO), Manuel Llamas, “cualquier facultad de mando” sobre la Unidad Central Operativa (UCO) mientras la causa siga investigándose. Así lo ha hecho a través de un escrito en el que incide en que ambos mandos de la Guardia Civil, imputados en la causa, mantienen “el ejercicio pleno de sus funciones y en la superioridad jerárquica sobre la propia unidad cuya labor se investiga si trataron de obstaculizar”.

Los 'populares', que dirigen la acusación popular unificada en la causa, interesan varias “medidas cautelares de protección” para los agentes investigadores, empezando por “la prohibición de ejercer cualquier facultad de mando, dirección, supervisión, destino, evaluación o régimen disciplinario sobre la UCO y, en particular, sobre el Departamento de Delincuencia Económica y Anticorrupción (DIECAN) y sus integrantes, atribuyéndose tales facultades a un mando ajeno a la cadena de los investigados”.

Asimismo, abogan por que se impida a González y Llamas “incoar, tramitar o resolver informaciones reservadas, expedientes o procedimientos disciplinarios de cualquier clase que afecten a los mandos y agentes de la UCO mientras dure el procedimiento”.

También interesan que no puedan acceder “a la documentación, sistemas y expedientes relativos a la investigación en curso, así como la de comunicarse, directamente o a través de terceros, con los agentes y testigos que han declarado en la causa”. Asimismo, dejan en manos del juez instructor, Santiago Pedraz, que adopte “cuantas otras medidas que estime procedentes para asegurar la indemnidad de la investigación, la integridad de las fuentes de prueba y la protección de los agentes afectados”.

El PP considera que existe un “riesgo de represalia sobre testigos y agentes”

En nombre de la acusación popular unificada, apuntan que “existe un riesgo de represalia sobre testigos y agentes”, porque “los mandos de la UCO que han declarado bajo juramento sobre las presiones sufridas siguen orgánicamente subordinados a los investigados”, que ante el juez negaron haber presionado a esa unidad.

El PP recuerda que el juez imputó a González y Llamas por presuntos delitos de prevaricación administrativa y contra la Administración de Justicia por obstrucción, “consistentes en la instrumentalización del régimen disciplinario interno de la Guardia Civil, mediante la apertura de sucesivas informaciones reservadas, para presionar, intimidar y condicionar el trabajo de la UCO en causas que afectaban al entorno del Gobierno y del PSOE”.

Según resalta, el bien jurídico que se debe proteger “no es sólo el correcto funcionamiento de la Administración, sino, de manera nuclear, la indemnidad de la actividad de auxilio a la Administración de Justicia que la UCO desarrolla, bajo la dirección de los distintos órganos judiciales, en procedimientos penales de la máxima sensibilidad”. “Constituye un hecho público y notorio que, pese a su condición de investigados, tanto la directora general como el DAO continúan al frente de sus respectivos cargos, sin que se haya adoptado decisión administrativa alguna de cese o suspensión y sin que hayan presentado su dimisión”, añaden.

Una situación que, bajo su punto de vista, “resulta objetivamente incompatible con la naturaleza de los hechos investigados, pues los dos máximos responsables del Cuerpo mantienen intacta su capacidad de mando directo sobre los propios agentes de la UCO y sobre quienes conservan facultades de dirección, destino, evaluación, régimen disciplinario y asignación de medios”.

Solicitan la imputación del antecesor de Mercedes González

Los 'populares' también han solicitado por segunda vez que se cite como investigado al exdirector de la Guardia Civil Leonardo Marcos, el antecesor de la actual directora, una petición que el juez Pedraz rechazó en el primer intento al no apreciar indicios en su contra.

En un escrito, insisten en que el exjefe de la UCO Rafael Yuste desveló ante agentes de esta misma unidad que recibió presiones por parte de Marcos y de Llamas para “ponerse de perfil” en la investigación a David Sánchez, el hermano del presidente del Gobierno. Así, remarcan que los hechos investigados “responden a una actuación coordinada de la cúpula de la Guardia Civil, en la que el director general ostentaba la máxima responsabilidad institucional”.

La directora de la Guardia Civil, Mercedes González, ha declarado este viernes ante el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, quien investiga la supuesta trama orquestada por la exmilitante del PSOE Leire Díez para desestabilizar procedimientos relacionados con el PSOE o con el entorno de Pedro Sánchez. En la última pregunta del interrogatorio, la abogada de González ha pedido disculpas por la “obviedad” de lo que iba a preguntarle aunque ha remarcado la necesidad de hacerlo. A continuación ha dicho: “¿Tuvo que ver la señora Leire en la apertura de alguna de las investigaciones [informaciones] reservadas que se examinan aquí?”. “No tiene nada que ver”, contesta la investigada.

“Si ustedes cogen la línea temporal, no encaja ni a martillazos”, añade sobre la vinculación que hace la UCO entre sus “encuentros” con Leire Díez y el hecho de que se abrieran tres informaciones reservadas por noticias publicadas en relación con investigaciones de la UCO.

“Los hechos son los hechos que son, los que provocan esas informaciones reservadas, como se han producido a lo largo de todo este tiempo”, responde González en relación a que las tres publicaciones ya justificaban sobradamente la apertura de las investigaciones internas. En dos de ellas aparecían conversaciones del presidente del Gobierno que, entre otros actores, estaban en poder de la UCO, al menos una parte. Otra está vinculada a la publicación de unas direcciones de correo de la mujer y el hermano de Sánchez a partir de uno de los 10.000 mensajes que había incautado la UCO. Y la tercera se produce después de que El Mundo titule a toda página que el teniente general Llamas es “un peón de Marlaska” y se citen fuentes conocedoras del conflicto entre el DAO y la UCO.

En este sentido, Mercedes González ha concluido “¿Es como si me dijera reciben presiones las comandancias de la Guardia Civil? Porque a lo largo de estos dos años se han abierto siete informaciones reservadas sobre hechos concretos y determinados. La de Madrid por una cosa, la de Cantabria, por otra, la de Almería, por otra, la de Asturias por otra. No es que ha habido hechos que nos han llevado a abrir informaciones reservadas para analizarlos, para investigarlos y para concluirlos. Nada más”.

Por otro lado, también ha señalado que la presunta 'fontanera' del partido no llegó a ella a través de quien fuera número tres del PSOE, Santos Cerdán. “La señora Leire Díez utilizó, se amparó, en la relación que tuviera o en el mando que tuviera en esa estrategia o entramado alguna persona o cargo relevante del Partido Socialista o del Gobierno. ¿De alguna manera venía con la carta de presentación de alguien, de Santos Cerdán o de alguien del partido?”, pregunta su abogada.

“No, nunca. Y como hay obra publicada lo puedo decir. Nadie que viniera a mi puerta bajo el... mando o la vía de Santos Cerdán era bien recibido. O sea que todo el mundo sabe, hay artículos publicados sobre el listado de víctimas de Santos Cerdán y una de ellas soy yo. No, nunca he tenido ninguna relación buena con Santos Cerdán. No he tenido nada que ver nunca con Cerdán. Y no. Por lo tanto, no creo que utilizara nunca esa vía de acceso”, responde la directora general de la Guardia Civil.