La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha presentado al instructor del caso Mascarillas de la Audiencia Nacional un nuevo informe, esta vez relativo a los contratos que logró cerrar en 2020 la presunta trama con Baleares, en el que se concluye que Koldo García tuvo un papel protagónico en ese contacto. Gracias a su gestión, la empresa Soluciones de Gestión, vinculada a la presunta trama, vendió mascarillas y PCRs al Govern presidido entonces por Francina Armengol, actual presidenta del Congreso.

“Buenos días, presidenta ayer la llamé. Caí en la cuenta que igual no tiene mi móvil, soy Koldo García, estoy con José Luis Ábalos, si puede por favor me llama cuando pueda gracias”. Éste mensaje de 'wasap' es de 25 de abril de 2020 y la UCO indica que es el primer contacto detectado entre Koldo García y Armengol.

A continuación, los agentes indican que desconocen si se produjo esa llamada pero ese mismo día Manuel Palomino, director de Gestión del Servicio de Salud de Balares, envió al asesor ministerial un mensaje en el que le informaba de que le habían dado su contacto y que querían adquirir un millón de mascarillas FFP2 a un precio de 2,50 euros. Diez minutos más tarde, el comisionista Víctor de Aldama ya compartía con su entorno el contacto de Palomino.

En el informe, al que ha tenido acceso elDiario.es, se recuerda que con motivo de la pandemia de Covid-19 la Administración Balear realizó numerosas contrataciones de material médico, entre ellas, la de 8 de mayo de 2020 con Soluciones de Gestión por importe de 3,7 millones, más otra de 19 de junio de 2020 por importe de 57.700 euros. A esto se sumó la compra de pruebas de diagnóstico para el Covid-19 (PCR) a la empresa MEGALAB S.A, vinculada a Aldama, por importe de 1,1 millones de euros.

La UCO recuerda que en el contexto en el que se suceden estas adjudicaciones públicas, el asesor “habría percibido pagos en metálico por valor de 10.000 euros de manera mensual” pagados por el comisionista Víctor de Aldama. Indica, además, que el comisionista estuvo muy pendiente del encargo balear haciendo consultas recurrentes al administrador de Soluciones de Gestión, Íñigo Rotaeche, y mostrando su preocupación porque el material llegara en los plazos marcados. «Tienen que ir sí o sí y si no llamará al chiquitín», recogen que indicó el empresario pudiéndose referir a Koldo García.

El informe recoge más conversaciones de Koldo García con Armengol, todas relacionadas con la pandemia. En un momento dado, el 26 de abril de 2020, la expresidenta balear le pregunta si podría conocer a alguien que vendiera mascarillas infantiles, a lo que el asesor responde con un escueto “te lo arreglo”. Ese mismo día valoraba que “para niños será casi regalado” porque “nadie va a querer hacer negocio con eso”.

En otro momento, en junio de 2020 Koldo García también habría intecedido ante Ábalos por petición de Armengol para que se solucionara un problema relacionado con los test PCR que se estarían haciendo para permitir el tránsito de pasajeros a las islas.

Cabe recordar que el pasado 7 de abril se leyó en el juicio que se celebra en el Supremo por el caso Mascarillas el informe redactado por Armengol informado en calidad de testigo que, si bien no recuerda las conversaciones que mantuvo con el exasesor del Ministerio de Transportes Koldo García en abril de 2020 para la adquisición de material sanitario, sí que puede afirmar “con seguridad” que cualquier gestión la habría derivado al órgano de contratación correspondiente. En este sentido, indicó que, si bien no descarta que se cruzara wasaps con Koldo García, no alberga dudas de que nunca lo hizo para hablar sobre expedientes de contratación.

Armengol aseveró también que “nunca” habló en esa etapa en la que estaba al frente de la presidencia de Baleares con el exministro José Luis Ábalos sobre esos temas, solo por el cierre de puertos y aeropuertos, ni con el empresario Víctor de Aldama. Y recordó que las mascarillas adquiridas a Soluciones de Gestión estaban a un precio razonable en un mercado roto. “Nunca recibí orden o presión para contratar con nadie y no tuve conocimiento de que otros tuvieran presiones para contratar con determinados proveedores”,sentenció.

República Dominicana

Los agentes destacan particularmente las actuaciones concretas solicitadas por el comisionista a Koldo García, que irían desde los pormenores derivados de la contratación de emergencia de material sanitario por la administración balear, a la certificación del propio material, y el cobro por parte de Soluciones de Gestión. Indican que el flujo de información demuestra que “no sólo la influencia de De Aldama en el Ministerio de Transportes sino también en otros órganos de decisión, mediante el empleo del binomio Koldo-Ábalos”.

El informe también apunta a que Aldama trató de utilizar la influencia de Koldo García y del entonces ministro José Luis Ábalos para expandir sus negocios vinculados a la pandemia en la República Dominicana. Los investigadores se basan, para ello, en una serie de mensajes intercambiados entre ambos.

Según esas comunicaciones, Aldama facilitó a Koldo García el número de teléfono personal del presidente de la República Dominicana para organizar una llamada telefónica en la que interviniera el ministro Ábalos para impulsar la entrada de sus empresas en el país. Ante la demora en la gestión, Aldama presionó e instó a Koldo enviándole el siguiente mensaje: “Llamar (sic) al Puto presidente de RD [Repúbloca Dominicana] que tenéis allí a una persona que sin conoceros de nada ha dado todo y más”. Unos días después, Koldo le confirmó que la llamada finalmente se había realizado. 

El informe recoge que, cuatro meses después, un socio de Aldama contactó directamente a través de WhatsApp con el presidente dominicano. En su mensaje, se presentó indicando que su contacto se lo había facilitado “Koldo García, asesor de ministro de fomento de España el SR. Abalos (sic)”. Y le ofreció los servicios de su laboratorio para realizar pruebas de detección de COVID-19 en los aeropuertos y el abastecimiento de maquinaria. Según la UCO, Aldama sí logró establecer una “relación contractual” con la República Dominicana para prestarles dichos servicios.

La Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) ha comenzado en torno a las nueve y media de esta mañana el registro del chalé de la familia del único investigado por el crimen de Esther López, con la presencia del mismo, Óscar S. M., en el lugar, después de que el nuevo propietario comunicara el hallazgo de una trampilla que da acceso a un sótano en un dormitorio.

El único investigado ha llegado al lugar en torno a las nueve de la mañana, y posteriormente lo ha hecho la UCO, con un gran despliegue en la zona tanto de las fuerzas de seguridad como de medios de comunicación.

El Juzgado que investiga la muerte de Esther López, hallada sin vida el 5 de febrero de 2022, acordó la entrada y registro en un chalé que fue de la familia del único investigado en la causa después de que el nuevo propietario comunicara el hallazgo de una trampilla que da acceso a un sótano en un dormitorio.

La titular de la plaza 5 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Valladolid accede así a la solicitud de la Guardia Civil.

La Guardia Civil decidió inspeccionar ese espacio en cuanto que podría estar relacionado con la muerte de Esther López, hallada sin vida el 5 de febrero del 2022 en Traspinedo (Valladolid), después de que el nuevo dueño de la vivienda de la que fuera la casa familiar del único investigado comunicara al juzgado la existencia de ese habitáculo.

Fuentes próximas a la investigación han informado a EFE de que el instituto armado ha confirmado la existencia de un espacio ubicado debajo de una cama.

Por este crimen está procesado Óscar S.M., el único investigado y contra quien ya se ha abierto juicio oral, que será con jurado popular, por un delito de asesinato, subsidiariamente por homicidio, y por delitos contra la integridad moral, detención ilegal y omisión de socorro.

En la carretera N-121-A, la que une Pamplona con Francia a través de Irún, hay dos túneles que llevan años incumpliendo la normativa europea de seguridad en este tipo de infraestructuras, lo que ha llevado incluso a una amenaza de cierre de esta carretera por la que circulan a diario multitud de vehículos, sobre todo tráfico pesado. Son los túneles de Belate y Almándoz, que en la actualidad son bidireccionales y que la normativa obliga a desdoblar. La obra para separar el tráfico que circula en sentido norte (Irún) del que lo hace dirección sur (Pamplona) en el de Belate ya está avanzada, y no sin polémica. El contrato fue adjudicado por 62,8 millones de euros más IVA a la UTE de Acciona, Excavaciones Fermín Osés y Servinabar 2000, la empresa de Antxon Alonso y, según la Guardia Civil, también de Santos Cerdán. Tras hacerse público el informe de la UCO, esta mercantil fue excluida de la obra, en la que participaban dos empleados dedicados a labores de seguridad y prevención de riesgos laborales.

El consejero de Cohesión Territorial del Gobierno de Navarra, Óscar Chivite, la directora general de Obras Públicas, María Torres, la delegada del Gobierno en Navarra, Alicia Echeverría, así como personal de las empresas que conforman la UTE han enseñado este viernes a los alcaldes de la zona y a la prensa cómo avanzan las obras de desdoblamiento del primero de los dos túneles de la N-121-A. Según han detallado, de los alrededor de tres kilómetros que tendrá el túnel de longitud, se han excavado ya más de 2,5 kilómetros (“un 90%”), la gran mayoría por la cara norte. Para la unión de ambas caras, lo que se conoce como el “cale”, tan solo faltan unos 340 metros y se espera que se produzca “antes del verano”. Tras ello se desarrollarán los trabajos de “destroza”, todo lo que tiene que ver con la excavación de la parte inferior del túnel. Se prevé que la infraestructura sea inaugurada a finales del 2027, aunque el consejero no ha querido fijar una fecha.

En la obra, según ha apuntado el consejero, trabaja “24 horas al día, siete días a la semana” un equipo de unas 200 de personas, entre operarios, técnicos, ingenieros, personal de oficina o personal asignado a seguridad y calidad. Entre el personal ya no queda nadie con uniforme de la empresa Servinabar 2000, cuyo único rastro en la obra es un pequeño logo en uno de los carteles de la boca norte del túnel, por donde se ha entrado a la visita de los trabajos. En el resto de la cartelería ha desaparecido toda referencia a la empresa de Alonso y Cerdán que la UCO sitúa en el centro de la trama de corrupción por supuestamente funcionar como el vehículo para el cobro de comisiones a cambio de la adjudicación de obra pública.

Es en exterior de la cara norte del túnel, por donde se están llevando la gran parte de los trabajos de “avance”, las empresas de la UTE han montado “una pequeña ciudad”: hay un taller para reparar la maquinaria averiada, un espacio en el que se forjan las cerchas con las que asegura el techo del túnel, así como vestuarios, aseos y un pequeño comedor. Todo ello 'edificado' sobre un terreno pantanoso y lleno de trozos de pizarra extraida del interior del túnel. Para esas labores se están empleando un Jumbo de tres brazos; un Jumbo de dos brazos; dos Robot gunitador (hormigón proyectado); tres plataformas elevadoras normed; dos telescópicas; dos miniretroexcavadoras; dos bombas de inyección; cuatro extraviales articulados; un camión articulado; dos palas cargadoras; cuatro retros con martillo hidráulico; ocho vehículos de apoyo; dos patines de avance (cuadro eléctrico en el interior del túnel), uno por cada boca; dos transformadores eléctricos, uno por cada boca; cuatro bombas para achique de agua; dos sistemas láser de guiado y dos sistemas de ventilación compuesto por ventiladores y mangas, uno por cada boca.

El jefe de obra, Jerónimo Pérez, ha explicado que el terreno sobre el que se está excavando el túnel “es más complicado” de lo que se había “anticipado”, lo que ha obligado a solicitar un modificado del contrato. Las mayores dificultades, ha precisado, se encuentran en los cambios de la tipología de la geología y en las numerosas vetas de agua que han aparecido. Así, se han tenido que utilizar diferentes técnicas de excavación en función de la dureza del terreno. De los 300 metros que quedan para el “cale”, la unión de las dos bocas, la práctica totalidad del material es blando, pizarra, lo que obliga al uso de máquinas excavadoras en lugar de material explosivo.

La obra de este túnel no es objeto de la causa que ahora investiga la Audiencia Nacional, pero está bajo sospecha de corrupción por ser el contrato más elevado adjudicado por el Gobierno de Navarra a la empresa Servinabar 2000, de un total de siete. Además, estuvo envuelto en polémica desde el principio porque tres de los ocho miembros de la mesa de contratación, los tres letrados, emitieron sendos votos particulares oponiéndose a la adjudicación. En sus escritos justificaron sus reticencias alegando indicios de “arbitrariedad”. Aseguraron que el informe de valoración de las siete ofertas presentadas no exponía “las razones que justifican las puntuaciones”, ni expresaba “las ventajas de unas ofertas frente a otras”, lo que, según añadieron, podía “generar arbitrariedad e indefensión para los licitadores”. 

También destacaron que el presidente de la mesa, Jesús Polo, conoció las puntuaciones de los otros cuatro técnicos expertos en Obras Públicas, lo que según la Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción de Navarra debió “anular” el proceso de adjudicación.

En paralelo a estas obras se trabaja en la redacción de un segundo modificado del contrato que incluirá los sobrecostes por imprevistos de la obra después de que el primero de ellos fuera objeto de un reparo suspensivo por parte de la intervención general, que consideró que gran parte de los 8,5 millones de euros de sobrecoste presupuestados no estaban justificados. Este reparo provocó una crisis entre los socios del Ejecutivo de María Chivite que se saldó con la destitución del director general de Obras Públicas, Pedro López Vera, quien había autorizado el modificado.

Mientras se desarrollan estas obras también se está avanzando en las obras del tramo de carretera que comunica los túneles de Belate y Almándoz, y en la licitación del desdoblamiento de este segundo túnel, que se prevé para este 2026. El consejero ha avanzado que se tratará de negociar con la Unión Europea una prórroga del plazo fijado para la finalización de los dos túneles, que el Gobierno navarro había fechado en 2027, para evitar una sanción.

La jueza Marta Hernández Lafuente, última de los siete instructores que ha tenido el caso de corrupción de Ana Millán, ha archivado la investigación contra la número 3 de Isabel Díaz Ayuso porque, a su entender, “no ha quedado acreditada la existencia de indicios racionales de comisión” de los cuatro delitos que le atribuyeron la Fiscalía, los anteriores jueces del caso, las acusaciones populares y la Unidad Central Operativa (UCO). Hernández Lafuente no solo archiva el caso sino que, en una afirmación del todo inusual, recuerda que los “perjudicados”–Millán y el empresario Francisco Roselló– pueden ejercer ahora “acciones civiles”.

El caso contra Millán surge del momento en el que el equipo de Gobierno de Ciudadanos, que relevó al PP en Arroyomolinos en 2015, encontró al personal de la Concejalía de Millán intentando deshacerse de tres bolsas de basura. En una de ellas apareció la copia de un correo electrónico en el que se evidenciaba la relación de la concejala con el empresario Roselló, en aquel momento relacionado presuntamente con el caso Púnica. El nuevo equipo municipal denunció ante la Fiscalía Anticorrupción y cuatro años después, en 2020, la Audiencia Nacional envió la causa a un juzgado de Navalcarnero.

La acusación contra Millán se inició a partir del descubrimiento de que Roselló le pagó el doble de precio de mercado por el alquiler de un ático propiedad de la entonces concejala con el argumento de los acusados de que incluía un derecho a compra que nunca ejerció.  Además, las empresas de Roselló contrataron a la hermana de Millán y a su marido. Este último, hostelero de la noche, ejerció de bedel en un colegio por medio de esos contratos. Millán, en la actualidad vicesecretaria de Organización del PP madrileño, estaba imputada desde 2022.

La Guardia Civil calculó que Ana Millán y sus familiares se habrían beneficiado en más de 200.000 euros a cambio de los contratos concedidos a Roselló. Las empresas de Roselló obtuvieron 257.083,56 euros cuando Millán era Concejala de Cultura, entre 2005 y 2008, y otros 395.192,71 de la Concejalía de Juventud, siendo su titular la aún imputada. En total, 652.276,27 euros. Los sucesores de Millán en los citados cargos no contrataron con Roselló, según destacaba la UCO. Millán estaba acusada de cohecho, prevaricación, tráfico de influencias y fraude contra la Administración Pública.

Ahora, la titular del Juzgado de Instrucción número 6 de Navalcarnero, Marta Hernández Lafuente, concluye que de los datos obtenidos por la UCO no se pueden derivar “irregularidades ni arbitrariedades atribuibles a Ana Belén Millán, constando únicamente como indicio de irregularidad la declaración policial de Vanesa Sánchez Archidona, auxiliar administrativo de la Concejalía de Ana Belén Millán, quien refirió que la investigada habría dado un trato diferente en la forma de interactuar a nivel personal con Grupo Educativo [del empresario Roselló]”.

La magistrada concluye que el único indicio de corrupción existente en la contratación de la hermana y el marido de Millán por parte del empresario beneficiado por los contratos es “la relación familiar o sentimental” de la investigada con ellos. “No existen indicios de que la investigada utilizara su influencia para conseguir que su hermana y pareja fueran contratados, ni que estos recibieran algún trato de favor o se beneficiaran del hecho de que la investigada era concejal en ese momento”.

El Juzgado de Instrucción número 6 de Navalcarnero ha visto desfilar a varios jueces desde que arrancó el caso en 2020. La anterior titular dedujo testimonio contra Millán recopilando los indicios contra ella y envió la causa al Tribunal Superior de Justicia de Madrid debido a que Millán pasó a estar aforada tras la decisión de Isabel Díaz Ayuso de colocarla en un puesto de las listas electorales que garantizaban su elección como diputada autonómica y, por tanto, la condición de aforada.

La intervención del TSJM a favor de Millán

Millán y el PP madrileño comenzaron a ver el caso de cara cuando el juez conservador Juan José Goyena, del TSJ, advirtió que no había indicios contra ella en una resolución en la que simplemente debía posicionarse sobre unas diligencias pendientes y acerca del hecho de que la jueza de Navalcarnero hubiera utilizado un auto de inhibición para enviarle el caso en lugar de una exposición razonada. Goyena es el juez que envió la causa contra el anterior fiscal general del Estado al Tribunal Supremo por una nota de prensa que luego el alto tribunal resolvió que no era delito.

La actual fiscal del caso, que antes apreciaba indicios contra Millán, resolvió a principios de este mes que compartía “los argumentos expuestos” por Goyena y pidió el archivo de la causa, en contra de la posición que durante seis años había mantenido el Ministerio Público. La Fiscalía adoptó la decisión de pedir el archivo con los mismos indicios que antes valoraba como suficientes para solicitar su procesamiento.

Ahora, la jueza Marta Hernández Lafuente se ahorra dictar una laboriosa exposición razonada contra Millán que enviar al Tribunal Superior de Justicia de Madrid y da carpetazo al caso sin que se tome declaración a dos testigos clave para las acusaciones populares, uno de ellos el marido de Millán, quien durante años llevó a su casa más de 42.650 euros en efectivo, según ella, procedente de su trabajo en el mundo de la noche. Fuentes de las acusaciones populares, que ejercen PSOE y Más Madrid, adelantan que recurrirán el archivo dictado por la jueza.

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil estaba vigilando desde hacía mucho tiempo a Julián y Manuel González, los dos hermanos acusados de la muerte de su vecina, Francisca Cadenas, que había desaparecido misteriosamente en mayo de 2017. Los agentes habían colocado micrófonos en la vivienda y en sus vehículos y esos audios han permitido que la investigación acabara con éxito la semana pasada, nueve años después.

Las grabaciones, que forman parte del sumario, al que ha tenido acceso Prensa Ibérica, apuntan a una posible motivación sexual en el crimen porque los hermanos, a pesar del tiempo transcurrido seguían haciendo referencia a “zonas íntimas” del cuerpo de la víctima y han permitido conocer la fijación que Julián, el hermano menor que confesó el crimen el viernes, tenía con su vecina.

La UCO instaló los micrófonos en febrero de 2025. Según consta en esas grabaciones, el 4 de ese mes vio al salir de su casa carteles con la fotografía de Francisca Cadenas que habían dejado en la puerta y sobre su coche. Cuando entró en el vehículo con uno de esos carteles, Julián empieza a hablar de las partes íntimas de la mujer y murmura: “vamos a ver, Francisca, ¿dónde vas?”. Al día siguiente habla solo dentro de su coche y dice: “No vais a encontrar nada, no la vais a encontrar, no la vais a encontrar. Que le den por culo”.

Dos meses después, en mayo de 2025, el Ayuntamiento de Hornachos instaló una placa en el callejón donde desapareció Francisca Cadenas y Julián, también en su coche a solas afirmó en alto: “Avenida Francisca Cadenas. Estaba buena, ¿eh?”.

El hermano mayor, Manuel González, reprochó a Julián su fijación con su vecina y en una grabación del pasado octubre se le escucha decir en su vehículo tras hablar con su hermano: “O la tenías que pinchar... Todo el día fun, fun, fun... la Francisca”, lo que la Guardia Civil interpreta como “cierta obsesión” de Julián con Francisca Cadenas.

En las últimas semanas antes de la detención de los acusados del crimen y del hallazgo de los restos de la víctima, la UCO realizó reconstrucciones de la noche en la que desapareció Francisca Cadenas. Los hermanos sentían sobre ellos la presión y vigilancia de la UCO. El pasado 4 de marzo, Manuel trató de calmar a Julián, según se recoge en el sumario:“Lo tienen que demostrar, lo que sea lo tienen que demostrar”.

Tres días más tarde, el 7 de marzo, los agentes realizan otra reconstrucción. Julián entonces le comenta a su hermano: “Van a por ti y ya está, van a por ti”, pero Manuel le corrige y le dice que van “a por los dos”. Entonces el mayor trata de calmar a su hermano: “Juli, no te comas el coco. Están buscando pero no tienen pruebas ningunas ni ná y están intentando arrascar donde sea, buscar pruebas sin motivo, sin ná ni ná”.

Pero Julián seguía nervioso en los últimos días al sospechar que el cerco de la Guardia Civil se estrechaba. “Lo del rincón es lo que más mal rollo me está dando”, le dice a su hermano, que le pide que no “se coma el coco”. Esa frase grabada por la UCO es la que hace pensar a la Guardia Civil que el cadáver puede estar aún en el domicilio.

Los investigadores de la UCO escriben al juez porque consideran “muy relevante la preocupación mostrada por Julián” sobre “lo del rincón” y afirman que el investigado pudiera estar refiriéndose “directamente al lugar donde pudieran tener oculto los restos de Francisca Cadenas”. Por eso, el pasado miércoles, medio centenar de agentes registran la vivienda de Manuel y Julián y encuentran ese “rincón”. Los restos óseos de Francisca Cadenas estaban enterrados bajo el suelo del patio.

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha entregado al juez que investiga al expresidente de la Diputación de Almería Javier Aureliano García un nuevo informe en el que repasa los indicios contra el político, líder del PP regional hasta su detención, y el resto de encartados. De García concluye que recibió dinero en metálico y que pagó la hipoteca de una vivienda con los fondos que recibió a cambio de adjudicar contratos de la Diputación a los empresarios investigados.

Los agentes han detectado “varias operativas” que habrían servido a Javier Aureliano García para integrar “en el circuito financiero legal” el dinero procedente de la corrupción y en las que habrían participado sus hermanos, María Rosario y Juan Carlos. El expresidente de la Diputación se habría cuidado de no ingresar el dinero en una cuenta a su nombre sino en otra cuyos titulares eran sus padres, ya fallecidos, y su hermana María del Rosario. Desde esa cuenta se pagaban las cuotas de una hipoteca de la que era titular el presidente del PP almeriense.

Por otra parte, los hermanos habrían utilizado una “comunidad de bienes” para “canalizar una serie de fondos hasta los productos bancarios titulados por Javier Aureliano García Molina. ”Existen indicios de los que se evidencia que se trataría de una operativa simulada, a los únicos efectos de otorgar a estos pagos un origen distinto del real“, escribe la UCO en su informe fechado el pasado 9 de marzo, al que ha tenido acceso elDiario.es.

El dinero de la corrupción procedería de la “adjudicación aparentemente fraudulenta” de contratos públicos de la Diputación de Almería, concretamente de su Área de Fomento, Agricultura y Medio Ambiente. La Guardia Civil cita tres plantes provinciales: PCEM, PIBIO y Acelera 2020.

Óscar Liria, quien fuera número 3 de la Diputación, habría cobrado en efectivo de los empresarios y entregado una parte a Javier Aureliano García. El número dos de la Diputación, Fernando Giménez, se sirvió presuntamente de la introducción de sobrecostes en un contrato de mascarillas de casi un millón de euros. A cambio, como Javier Aureliano, su compañero Liria le habría entregado mordidas.

García y Giménez fueron detenidos el pasado noviembre en la última fase de la operación. La primera parte se desarrolló en 2021 y en ella fue arrestado Óscar Liria, entonces vicepresidente tercero de la Diputación. El Juzgado de Instrucción número 1 de Almería les acusa de liderar una estructura criminal de amaño de adjudicaciones de la Diputación a cambio de mordidas.

Junto a los cinco detenidos que realizó la Guardia Civil había otros 17 investigados, incluidos dos hermanos de Javier Aurelio. Los agentes siguen indagando en las evidencias obtenidas durante la explotación de la operación, como el contenido de los móviles incautados. Según adelantó elDiario.es, la Guardia Civil recibió autorización del juzgado para pinchar el teléfono del presidente de la Diputación y grabó un encuentro de este con otro de los imputados.

Uno de los dos hermanos detenidos por la muerte de Francisca Cadenas, desaparecida en 2017 en Hornachos (Badajoz) y cuyos resto aparecieron enterrados en el patio de su vivienda, ha confesado el crimen ante la Guardia Civil y ha exculpado a su hermano, que tenía coartada porque acompañaba a un familiar en el hospital de Mérida. .

Ambos han declarado este viernes ante la Guardia Civil en Zafra (Badajoz) durante dos horas y este sábado pasarán a disposición judicial en los juzgados de Villafranca de los Barros. A la salida del acuartelamiento de la Guardia Civil, el abogado de los detenidos, José Duarte no ha querido desvelar el contenido de la declaración y, ante la insistencia de los periodistas, solo ha confirmado que uno de los hermanos ha exculpado al otro.

Según han informado a EFE fuentes de la investigación Juli, el hermano menor, se ha declarado autor de la muerte y ha exculpado a Lolo.

Los dos arrestados viven a muy pocos metros de la vivienda donde residía Francisca Cadenas y donde actualmente reside su familia. El martes, medio centenar de agentes de la Guardia Civil registró su casa y encontró en el patio, bajo losas y una lavadora, restos óseos que a primera hora de ayer se confirmaron que pertenecían a la mujer, con lo que se comienza a arrojar luz a un caso que se inició hace nueve años.

Cronología

Francisca Cadenas salió de su casa alrededor de las 22.30 de la noche del 9 de mayo de 2017 para acompañar a una niña que había cuidado esa tarde hasta el coche de los padres. Tras dejarla, emprendió el camino de vuelta a su vivienda, situada a unos 50 metros, pero nunca llegó. Durante varios meses, vecinos y familiares realizaron distintas batidas por los alrededores de la localidad para encontrar algún indicio que ayudar a dar con su paradero.

La Guardia Civil inspeccionó en 2018 con cámaras especiales más de una treintena de pozos del término municipal de Hornachos, pero tampoco encontró indicios relacionados con la desaparición.

Dos años después de la desaparición y al no existir avances, el caso se archivó de forma provisional y en 2024 se reactivó con la incorporación de la UCO, que en febrero de 2025 llevó a cabo una reconstrucción de los últimos movimientos de Cadenas antes de su desaparición.

Los agentes regresaron al pueblo hace 10 días para recrear los últimos pasos de la mujer con la participación de las últimas personas que la vieron aquel 9 de mayo de 2017. Una semana después de esa reconstrucción, el pasado lunes, los dos hermanos, vecinos de Francisca Cadenas, fueron llamados para prestar declaración ante la UCO en calidad de investigados. Solo la prestó Lolo.

Al día siguiente, el martes, la Guardia Civil halló restos óseos en la vivienda de los dos investigados y fueron detenidos. El miércoles, tras los análisis biológicos, se confirmó que los restos corresponden a Francisca Cadenas.

El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, que investiga si la exmilitante del PSOE Leire Díez, el expresidente de la SEPI Vicente Fernández y el empresario Antxon Alonso -vinculado al exdirigente socialista Santos Cerdán- amañaron contratos públicos a cambio de mordidas, ha dictado una resolución que puede suponer un punto y aparte en esta causa: Ha ordenado a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que presente en su juzgado “todos los efectos originales intervenidos” en el registro del domicilio de Leire Díez y ha prohibido a esa unidad investigadora usar el contenido de los dispositivos incautados hasta que no se haya realizado un expurgo con el que quiere apartar todo lo que no sea objeto de investigación.

La providencia, fechada el pasado 4 de marzo y a la que ha tenido acceso elDiario.es, es prueba inequívoca de que el magistrado quiere tener el control total sobre la investigación que desarrolla la UCO, misma unidad encargada de las pesquisas del caso Begoña Gómez o del caso Koldo. De hecho, en esta misma resolución, acuerda abrir una pieza separada y reservada para ese expurgo, una medida excepcional teniendo en cuenta que la causa ya está bajo secreto y que el mismo se prorrogó hace escasos días y se prevé que se extienda como máximo hasta el próximo 8 de abril, cuando las partes personadas podrían tener acceso al sumario.

Esta decisión de 'separar el grano de la paja' va en consonancia con otras que ha ido adoptando a lo largo de estos tres meses de instrucción el magistrado. Sin ir más lejos, desde el arranque de este 2026 ha ido autorizando y liberando el uso de determinadas cuentas bancarias para que tanto los investigados como sus familiares puedan hacer frente a gastos ordinarios. Pero, además, el expurgo está directamente relacionado con uno de los últimos escritos presentados por la defensa de la que fuera exconcejal socialista.

En él, además de solicitar la devolución de los dispositivos incautados a Díez y a su esposo en la entrada y registro del mes de diciembre, la letrada solicitaba nuevos desbloqueos de cuentas -de las hijas del matrimonio y de su madre- y, lo que es más relevante, “el expurgo de cualquier actuación procesal, documentación o información que no tenga que ver con los hechos objeto de la causa o con el periodo en que se concretan dichos hechos” -de 2021 a 2023-. Y lanzaba un mensaje al respecto: Las investigaciones prospectivas están prohibidas en un Estado de Derecho.

Al hilo, la defensa explicaba que, en caso de que no se apartara de la causa todo lo que no tuviera que ver con el objeto de la investigación, la UCO podría recabar “diligencias que nada tienen que ver con los hechos” y se podrían emitir “juicios de valor por lo que es, lo que hace, cómo vive o cómo actúa una persona en todo su ámbito personal, profesional o vital”. Esto, añadía, permitiría que “entrara en juego el derecho penal de autor y no de acto, que es el que prima (…), donde solo se persiguen conductas concretas enmarcadas en un periodo de tiempo, sin posibilidad de instrumentalizar el proceso penal para enjuiciar a una persona por su pasado, su presente y su futuro”.

La petición de expurgo, según ese escrito, era necesaria porque, como muestra un botón, los agentes de la UCO “se incautaron incluso las agendas de 2025 de Leire Díez, que difícilmente, y por ser del año 2025, podrían tener que ver con los hechos investigados”.

Además, la letrada de la exmilitante socialista denunciaba que los agentes modificaron las contraseñas de los correos electrónicos tanto de Díez como de su esposo después de que ambos se las facilitaran. Y esto, añadía, da pie a que la UCO tenga acceso íntegro al correo de ambos en tiempo real con notificaciones del día a día y de toda índole: citas médicas, correos de clientes, datos económicos, etc.

Los contratos investigados

Cabe recordar que en esta causa se pone el foco en hasta cinco contratos o concesiones públicas sobre los que, presumiblemente, los investigados habrían podido ejercer algún tipo de influencia a cambio de comisiones ilegales. Una de ellas, quizá la más relevante, es la del rescate otorgado por la SEPI a Tubos Reunidos, el grupo vasco dedicado a la fabricación de tubos de acero que recibió un préstamo participativo de 112,8 millones en 2021.

Otro de los contratos investigados tiene que ver con una adjudicación de Mercasa a la empresa Servinabar -empresa participada, según la UCO, por Antxon Alonso y Cerdán- por valor de 18.119,75 euros. El tercero es el relativo a la adjudicación de un contrato público de Enusa (Empresa Nacional del Uranio) a Residuos de Melilla (Remesa) por valor de 17.545 euros. A estos se suma el del Parque Empresarial del Principado de Asturias (PEPA), que habría concedido una adjudicación a la empresa de derribos Erri Berri por valor de 2,8 millones, lo que habría dejado una comisión ilegal de esa empresa a los investigados de 400.000 euros, siempre según la diligencia de ordenación a la que tuvo acceso elDiario.es.

El quinto de los asuntos supuestamente amañados estaría relacionado con Forestalia Arapallet, que habría recibido una ayuda de Sepides, la Sociedad Estatal de Promoción Industrial y Desarrollo Empresarial, por valor de 17,32 millones de euros y por el que los investigados se habrían embolsado 200.000 euros.

Los dos hermanos detenidos ayer por la desaparición en 2017 de su vecina Francisca Cadenas, en Hornachos (Badajoz), han pasado la noche en el acuartelamiento de la Guardia Civil en Zafra, donde fueron trasladados de madrugada, y están a la espera de pasar a disposición judicial.

En declaraciones la Cadena Cope, el abogado de los dos hermanos, ha explicado que en el día de hoy seguirán las diligencias policiales y ha eludido pronunciarse sobre las palabras del delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, que anoche señaló que los restos óseos hallados en la vivienda de estos dos hermanos y vecinos de Francisca, eran “compatibles” con la desaparición.

Según Duarte, habrá que esperar los análisis de estos restos y cree que “hay que ser más prudentes” porque además todavía no se ha levantado el secreto del sumario y por eso “hay que tener mucha contención”.

La Guardia Civil ha detenido a los dos hermanos que estaban siendo investigados por la desaparición de Francisca Cadenas en la localidad de Hornachos (Badajoz) en 2017 tras el hallazgo de restos óseos en el registro de una vivienda.

El Instituto Armado ha encontrado restos óseos, por el momento sin identificar, en el registro de esta vivienda propiedad de estos dos hermanos, situada en la misma calle en la que residía Francisca Cadenas y vive su familia.

Según ha informado la Guardia Civil, la investigación desarrollada por agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) y de la Comandancia de Badajoz, apoyados en el día de hoy por el Equipo Central de Inspecciones Oculares (ECIO) del Servicio de Criminalística de la Guardia Civil, está siendo dirigida por la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Villafranca de los Barros (Badajoz).

Casi medio centenar de efectivos de distintas unidades de la Guardia Civil, entre ellas la Especial de Rescate en Montaña (GREIM) y del Grupo Especial de Actividades Subacuáticas (GEAS), participan desde primera hora de esta mañana en el registro de este inmueble.

Poco antes de darse a conocer ese hallazgo, el abogado de los dos hermanos, José Duarte, había explicado a los medios que estaban siendo investigados por un presunto delito de homicidio, pero seguía sin tener información sobre en base a que habían pasado a tener la consideración de investigados.

Al llegar esta tarde a la localidad, el letrado ha advertido a los periodistas de que después de la declaración el lunes de uno de ellos y del registro de la vivienda durante toda la jornada de hoy sus defendidos seguían en libertad.

Duarte explicó que se había producido un receso en el registro para que los hermanos pudieran descansar, en el que él no ha podido estar presente porque tenía un juicio, aunque ha contado con la presencia de un letrado de la Administración de Justicia.

Los periodistas han podido comprobar cómo los hermanos salían de su domicilio poco antes de la cinco de la tarde cargados con varias mochilas y cómo abandonaban el lugar en un coche, aunque, al parecer habrían regresado de nuevo a su casa una hora después.

A preguntas de los periodistas sobre si la vivienda tenía un pozo que fue tapado durante una reforma de la casa, ha manifestado que desconoce ese extremo, pero que, si es así, los agentes tienen medios suficientes para acceder al lugar.

El letrado, que ha apuntado que desde el 2017 han sido investigadas otras personas, ha recalcado que el tratamiento que hay que dar ahora a sus defendidos es el de “inocentes”.

Los hermanos, según su abogado, han pasado por tres estadios: “sorpresa”, “intranquilidad” hasta que se tomó declaración a uno de ellos, e “indignación” porque en algunas redes sociales se les haya calificado de “asesinos”.

Casi medio centenar de efectivos de distintas unidades de la Guardia Civil, entre ellas la Unidad Especial de Rescate en Montaña (GREIM) y del Grupo Especial de Actividades Subacuáticas (GEAS), se han desplazado a Hornachos (Badajoz) para participar en los registros que se llevan a cabo en relación a la desaparición de su vecina Francisca Cadenas en 2017.

Según fuentes del instituto armado, esta investigación está siendo dirigida por la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Villafranca de los Barros (Badajoz), cuyas diligencias están declaradas secreta.

Los registros se están centrrando en la vivienda de los dos hermanos investigados, ubicada en la calle Nueva, donde también residía Francisca Cadenas y vive su familia, que desde primeras horas permanece cortada y donde la Guardia Civil ha colocado biombos para preservar que se puedan ver las labores que se llevan a cabo.

Por el momento los trabajos se estarían limitando a esta propiedad y aunque no se confirma que se esté buscando un posible pozo en el patio de la vivienda, si se confirma que en el registro estarían participando buzos.

Los dos hermanos investigados por la desaparición de su vecina Francisca Cadenas se negaron este martes a declarar ante la Unidad Central Operativa (UCO) de Guardia Civil y, según su defensa, no lo harán hasta conocer de qué se les acusa, para lo que solicitarán el levantamiento del secreto de sumario.

La defensa ejercida por el despacho de José Duarte de los hermanos, vecinos de la desaparecida, solicitará al Juzgado de Villafranca de los Barros este alzamiento del secreto de sumario al entender que no permite ejercer su derecho de defensa, según afirmó en declaraciones a EFE el letrado.

Ambos fueron citados nuevamente este martes en el cuartel de Zafra para continuar con la declaración que se inició en la tarde noche del lunes por parte de uno de los investigados, quien estuvo durante más de seis horas en dichas dependencias, de donde han vuelto a salir en libertad tras dos horas. 

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha implicado a un ex alto cargo del Gobierno andaluz y a un director gerente en activo, también vinculado a la Junta de Andalucía, en la supuesta trama de amaño de contratos para las obras de mejora del estadio de La Cartuja en Sevilla a cambio de presuntas comisiones ilegales, que rodea al expresidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Luis Rubiales.

Según un informe de la UCO adelantado por El Confidencial y al que ha tenido acceso elDiario.es, se trata de José María Arrabal, exsecretario general de Deportes de la Junta de Andalucía, nombrado por el exconsejero de Educación y Deportes, el fallecido Javier Imbroda, durante el primero Gobierno presidido por Juanma Moreno (una coalición PP-Ciudadanos). El otro investigado es Daniel Oviedo, actual presidente y gerente de la empresa que gestiona el estadio de La Cartuja (ECSSA), participada mayoritariamente por la Junta.

Este nuevo informe de la UCO fue remitido al Juzgado de Instrucción número 4 de Majadahonda (Madrid) el pasado 23 de febrero. Dos días después su titular dictó una resolución en la que autorizaba a la UCO la intervención de los efectos electrónicos, telemáticos o informáticos de Arrabal y Oviedo, así como el análisis y copiado de los servicios de banca 'online' con la finalidad de esclarecer y determinar un posible beneficio económico ilícito.

Los investigadores han hallado indicios de que tanto Arrabal como Oviedo contribuyeron en las relaciones entre la RFEF y una constructora llamada Gruconsa para las obras de adecuación del estadio de La Cartuja a distintas competiciones deportivas, como la Copa del Rey y la Supercopa, así como para cumplir los requisitos para su asignación como sede de la fase final de la UEFA EURO20.

A raiz de este informe, la jueza de Majadahonda que inició en 2022 la investigación del llamado 'caso Supercopa' ha citado a declarar en calidad de imputados a los dos ex altos cargos de la Junta, aún atribuirle “delitos específicos”, según consta en un auto del 25 de febrero, al que ha tenido acceso este periódico.

“Los elementos expuestos en el informe policial nº 6/2026, así como en la presente resolución, justifican de forma indiciaria la posible participación de de D. José María Arrabal Sedano y de D. Daniel Oviedo Barrera en los hechos investigados, por lo que procede declarar su condición de investigados en la causa, haciéndose necesaria y útil la medida de investigación tecnológica propuesta por la unidad policial actuante, ya que el material que se pretende investigar pudiera resultar útil a la investigación a los fines de esclarecer la totalidad de las acciones ilícitas cometidas por los investigados”, reza el escrito de la jueza.

En relación con las obras de remodelación contratadas en el estadio de La Cartuja, los investigadores han podido observar una participación directa de ambos ex altos cargos de la Junta. Así, Arrabal firmó el 'Convenio Marco' del Convenio de Selecciones (31 de marzo de 2021) que permitió la financiación de las obras en los tornos y el sistema de iluminación del estadio, así como el convenio de asesoría técnica con la RFEF para la contratación de expedientes vinculados a la Eurocopa y el acuerdo de inicio de los expedientes de licitación adjudicados a Gruconsa que permitieron realizar las obras de la sala de prensa y la zona deportiva.

Por su parte, Oviedo firmó las memorias justificativas de los expedientes licitados, así como cartas de adjudicación a la constructora. Según el informe, todos estos documentos constituyeron piezas clave en la estrategia de financiación de las obras que permitieron su ejecución por parte de Gruconsa, en connivencia con la RFEF.

El informe recoge también que tanto Arrabal como Oviedo adquirieron posteriormente sendos inmuebles en Málaga y Sevilla respectivamente y que ambos abonaron en torno a 50.000 euros de una sola vez para abaratar sus hipotecas. La vivienda de Arrabal, adquirida junto a su esposa, costaba 343.500 euros. La de Oviedo costó 181.000,00 euros y también dejó sin hipotecar otros 50.000 euros.

El Gobierno de Moreno se ha desvinculado hoy del que fuera su secretario general de Deportes durante casi cuatro años, responsable de los contratos bajo sospecha (en 2021), y que dimitió en diciembre de 2024 para volver a la empresa privada.

Oviedo, en cambio, sigue siendo gerente del Consejo de Administración que pilota el estadio de La Cartuja, donde la Junta tiene una representación al 40%, pero también está el Gobierno central (25%), la Diputación de Sevilla (13%), el Ayuntamiento (19%), el Real Betis Balompié (3%) y el Sevilla Fútbol Club (3%).

Fuentes de la Consejería de Cultura y Deportes han matizado este martes que Oviedo “no es un cargo de la Junta y su figura es elegida por las instituciones representadas” en el citado Consejo de Administración de la sociedad. “Es, por tanto, el consejo de administración de la sociedad Estadio de la Cartuja y no la Junta el que decide nombramientos y ceses”, advierten desde el departamento que dirige la consejera Patricia del Pozo, tras subrayar su “plena colaboración con la autoridad judicial”.

Una investigación abierta desde 2022

Según la Guardia Civil, habría existido una triangulación de fondos entre tres empresas: la constructora Gruconsa, Dismatec Sport SL, empresa vinculada al empresario Francisco Javier Martín Alcaide, amigo de Rubiales; y GC Legal, despacho de abogados dirigido por Tomás González Cueto, asesor jurídico de confianza de Rubiales.

El llamado 'caso Supercopa' investiga las posibles contraprestaciones económicas irregulares derivadas de las negociaciones con Arabia Saudí para la celebración en aquél país del evento deportivo de la Supercopa de España. Según consta en el auto de la jueza, dichos beneficios podrían haber favorecido, presuntamente, a Rubiales Béjar y a otros directivos y empleados de Federación así como a determinados “colaboradores externos”, en relación con la posible concesión de terrenos en el país árabe vinculados a la explotación hotelera.

El informe policial de la UCO señala que una de las relaciones contractuales más relevantes entre la constructora Gruconsa y la RFEF se desarrolló como resultado de la celebración, en el estadio La Cartuja de Sevilla, de cuatro partidos de la fase final del campeonato europeo de selecciones de fútbol denominado UEFA EURO20 o comúnmente conocido como “Eurocopa”.

La Junta de Andalucía, que gestiona mayoritariamente los activos del estadio, otorgó una subvención de casi cinco millones de euros para la celebración de esos cuatro partidos. El 19 de enero de 2021, la UEFA eligió La Cartuja como nueva sede española para la Eurocopa y, acto seguido, Oviedo presentó en el registro electrónico de la Junta de Andalucía “una solicitud de subvención excepcional por razón de interés público y social”.

El 4 de mayo de 2021, la Consejería de Educación, que entonces tenía las competencias sobre Deportes (hoy están en Cultura) autorizó el desvío de esos 4,9 millones de euros, inicialmente asignados en los Presupuestos a las ayudas a la escolarización de menores de hasta tres años, a financiar las obras del estadio de La Cartuja, ahora bajo investigación judicial. La UEFA firmó el contrato 48 horas después.

“El dinero es de la Junta de Andalucía”, ha subrayado hoy el diputado del PSOE-A Mario Jiménez, tras anunciar que su grupo va a solicitar la comparecencia en el Parlamento de la actual consejera de Cultura y Deportes, Patricia del Pozo.

Dos personas, hermanos y vecinos de Francisca Cadenas, la vecina de Hornachos (Badajoz) desaparecida desde 2017, han prestado esta tarde declaración ante la Unidad Central Operativa de (UCO) de la Guardia Civil.

Esta declaración se realiza en el acuartelamiento de Zafra (Badajoz), según confirma la Guardia Civil, que precisa que por el momento han sido citados para prestar declaración y que no hay ninguna otra información al respecto.

Esta declaración se suma a los movimientos que se han llevado a cabo en los últimos días en Hornachos, con reconstrucción de las últimas horas en las que se vio a Francisca Cadenas, de cuyo paradero no se tienen noticias desde el 9 de mayo de 2017.

Según fuentes cercanas al caso, está dos personas son hermanos y prestan declaración ante los agentes en calidad de investigados, pero no están detenidos, y hay secreto de actuaciones.

La pasada semana, la familia de Francisca Cadenas ya transmitió, en declaraciones a EFE, su esperanza de que el caso se resuelva con brevedad, a pesar del tiempo transcurrido, después de las reconstrucciones de los hechos realizadas por la UCO en las última semanas.

“Pensamos que debe de haber algo muy importante para que se hayan llevado a cabo” estas diligencias sobre lo que pudo haber pasado, dijo a EFE uno de sus hijos, José Antonio Meneses, quién participó en la última reconstrucción policial junto a las últimas personas que vieron con vida a su madre.

No obstante, apuntó que la familia no ha recibido ninguna confirmación oficial sobre un posible desenlace del caso.

Francisca Cadenas tenía 59 años cuando salió a despedir a unos amigos a escasos metros de su vivienda y nunca más se supo. 

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil solicitó el pasado 19 de diciembre al juez Antonio Viejo autorización para acceder a la información de las empresas y las cuentas bancarias de Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, sin que los agentes hayan recibido respuesta hasta el momento, revelan a elDiario.es fuentes del caso. Desde el Tribunal Superior de Justicia de Madrid alegan la enorme carga de trabajo para el magistrado, una vez se hizo cargo del juzgado en octubre por jubilación de su antecesora.

La anterior titular del Juzgado encargado de las diligencias, Inmaculada Iglesias, trasladó el 25 de julio de 2025 a la UCO de la Guardia Civil la orden para que elaborase un informe sobre el presunto soborno de González Amador al presidente de Quirón Prevención, Fernando Camino, para obtener una comisión de 2 millones de euros en mascarillas que luego se habrían repartido ambos. 

La jueza Iglesias había dictado un mes antes el auto en el que adoptaba la decisión de involucrar a la UCO en las pesquisas. La Fiscalía y la acusación popular le habían solicitado la incorporación al caso de la unidad especializada de la Guardia Civil y la jueza lo acordó “atendiendo a la complejidad de la investigación de los hechos y al carácter interprovincial de la trama supuestamente delictiva”.

Inmaculada Iglesias se jubiló en verano y el cambio de titular en el juzgado, que instruye en estos momentos varias causas complejas, retrasó la investigación a Alberto González Amador. El nuevo juez, Antonio Viejo, se incorporó durante el mes de octubre. Hasta el 31 de ese mes no llegó a la UCO la primera parte de la información de la causa por corrupción en los negocios y administración desleal contra la pareja de Ayuso. Una semana después, el 6 de noviembre, el juzgado completó la remisión de documentos a la Guardia Civil.

La UCO comenzó a analizar la información que consta en la causa y en diciembre solicitó al magistrado que librara los correspondientes mandamientos judiciales para acceder a cuentas bancarias y sociedades de González Amador. Pero sin la autorización del juez, el trabajo de los agentes no ha podido completarse.

Las fuentes del TSJ consultadas por elDiario.es explican que Antonio Viejo ha tenido que “empezar de cero” en el Juzgado de Instrucción número 19. El motivo de la marcha de su antecesora, por jubilación, no obligaba a esta a redactar un inventario de causas para su sucesor, como ocurre cuando se dan otro tipo de ceses del titular de un juzgado. Esto ha provocado, añaden, que Viejo haya tenido que catalogar las causas una a una y haya priorizado las que tienen a investigados en situación de prisión provisional (“causas con preso”) u otras que considera afectan de lleno a la vida de los perjudicados, como las grandes estafas o las que tienen que ver con herencias, aunque no tengan relevancia mediática.

A los motivos del retraso en la firma del juez, las fuentes del TSJ suman la entrada en vigor el pasado 1 de enero de la Ley de Eficiencia en los juzgados, que incluye una reestructuración del trabajo de los funcionarios para la que —según denuncian los sindicatos— no se han proveído medios ni planificación, y que tampoco ha contado con la colaboración en este caso del Gobierno de la Comunidad de Madrid, una de las que tiene transferida las competencias de Justicia, suman otras fuentes jurídicas.

González Amador no se sentará en el banquillo hasta 2027

En fecha por concretar, probablemente en 2027, el empresario y comisionista Alberto González Amador se sentará en el banquillo por otra investigación, ya concluida. La Fiscalía le pide 3 años y 9 meses de cárcel dos delitos de fraude fiscal, equivalentes a 350.951 euros, y otro de falsificación de documentos. 

El informe pendiente de la UCO no tiene que ver con estos delitos sino con otros dos que se investigan en una pieza separada, de corrupción en los negocios y administración desleal. El atestado de la UCO podría complicar aún más el horizonte judicial de González Amador y abocarle a un segundo juicio, donde los delitos que se le atribuyen acarrearían una petición de pena de cárcel aún más alta que la que ha motivado el doble fraude fiscal. 

El empresario y comisionista Alberto González Amador compró en 2020 una sociedad sin apenas valor por medio millón de euros a Gloria Carrasco, una farmacéutica de León casada con Fernando Camino, presidente de Quirón Prevención. Los dos jueces del caso, la Fiscalía y la acusación popular sospechan que el precio de la sociedad se hinchó para ocultar un “soborno”. 

Dos son las líneas de investigación que se siguen en este sentido. La primera de ellas sostiene que Fernando Camino utilizó otro cargo que tenía distinto del que mantiene en Quirón, concretamente en una empresa gallega llamada Mape, para que esta comprara 42 millones de euros en material sanitario de protección a una sociedad catalana. Lo habría hecho sabedor de que esa empresa de Cataluña habría acordado previamente pagar una comisión a la pareja de Isabel Díaz Ayuso de un 4,5% por cada venta que obtuviera. 

La compra de la sociedad de la mujer de Camino por parte de Alberto González Amador habría sido la forma de ocultar el porcentaje de la comisión que se llevaría el presidente de Quirón por haber facilitado la operación de compraventa de material sanitario desde su silla en el consejo de administración de Mape. Una cuarta parte de los 1.973.000 euros del pelotazo de González Amador, cerca de 500.000, habrían acabado de esta forma en el bolsillo de Camino. 

La segunda tesis apunta a que ese medio millón de euros por esa sociedad, llamada Círculo de Belleza SL, podía corresponderse con el “soborno” de Alberto González Amador por el incremento de la facturación a Quirón Prevención, que preside Fernando Camino. La sociedad apenas había facturado 30.000 euros en el ejercicio que precedió a la venta y su capital consistía en tres aparatos de depilación amortizados y un ordenador portátil.

González Amador trabaja con esta división de la empresa sanitaria desde 2017, pero el año que comenzó su relación con Isabel Díaz Ayuso aumentó su facturación por cuatro. El Grupo Quirón es el gran beneficiado de la política de gestión privada de la sanidad pública que desarrolla el Gobierno de Ayuso, con casi 1.000 millones de euros públicos de facturación al año. 

Órdenes precisas de la anterior jueza a la UCO

Según las fuentes consultadas por elDiario.es, la jueza Iglesias concretó a la UCO dónde quería que escarbara. La magistrada pidió en julio aclarar el “incremento patrimonial” de González Amador, un empresario con discretos resultados hasta que la comisión en 2020 disparó su carrera. Los agentes, detalló la jueza, deberían centrarse en analizar la obtención de esa comisión y el resto de ingresos de Alberto González Amador. 

En este sentido, daba una instrucción precisa para que la UCO escudriñara la operación de compra de Círculo de Belleza SL por parte de González Amador a Gloria Carrasco. Con posterioridad, la pareja de Ayuso rebautizó la empresa con el rimbombante nombre de Masterman & Whitaker. La Agencia Tributaria y la Fiscalía creen que utilizó la sociedad para facturar encargos de Quirón que en realidad realizaba su empresa principal, Maxwell Cremona SL, y obtener así ventajas fiscales de forma irregular. La jueza pedía a la UCO que le informara sobre el posible “uso instrumental” de sociedades de González Amador. 

Asimismo, la jueza Iglesias solicitó a la UCO el análisis de todos los flujos financieros relacionados con González Amador y su empresa así como un posible delito de blanqueo de capitales, precisan las fuentes consultadas. Esta última instrucción de la jueza ofrecía una pista de por dónde puede crecer el caso, ya que esa dinámica delictiva no había sido contemplada hasta ese momento por la jueza. Ocurre igual con la mención a la trama compleja en la que participó presuntamente González Amador y que podría derivar en una nueva imputación por integración en grupo criminal.

Los proyectos de energías renovables de la empresa aragonesa Forestalia se encuentran más que nunca en entredicho tras los últimos acontecimientos del martes. Ese día se produjo la detención y posterior puesta en libertad de seis implicados en una presenta trama de corrupción medioambiental relacionada con certificados de parques eólicos y fotovoltaicos. Entre ellos, el propietario de la firma, Fernando Samper.

A primera hora de la mañana comenzaba la operación desarrollada por la Unidad Central Operativa de Medio Ambiente (UCOMA) de la Guardia Civil, bajo la dirección del Juzgado de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Teruel número 1, en coordinación con la Fiscalía de Medio Ambiente de Teruel. Junto a Samper, otras cinco personas, entre ellas antiguo subdirector general de Evaluación Ambiental en el Ministerio de Transición Ecológica, Eugenio Domínguez, y su mujer.

Otra unidad del Instituto Armado, la Unidad Central Operativa (UCO), ya registró en diciembre dependencias de Forestalia por su presunta relación con el caso de la exmilitante del PSOE Leire Díez.

La investigación de la pasada jornada se centra en los presuntos delitos de prevaricación ambiental, cohecho, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal. La causa tiene su origen en la posible manipulación de declaraciones de impacto ambiental (DIA), necesarias para la tramitación de proyectos de parques eólicos y fotovoltaicos, y apunta a irregularidades y el posible cobro de comisiones. Estas actuaciones habrían podido beneficiar a un grupo empresarial del sector de las energías renovables en la tramitación de proyectos ubicados en la provincia de Teruel.

Una decena de causas judiciales

Los permisos ambientales concedidos en los últimos años por los gobiernos central y autonómico a los proyectos eólicos y solares de Forestalia han derivado en múltiples procedimientos penales que afectan a la mayor promotora de renovables en Aragón. Estos casos se tramitan actualmente en juzgados de Aragón y Madrid.

Solo Teruel Existe ha presentado 99 denuncias contra 77 parques eólicos, 16 plantas fotovoltaicas y seis líneas de evacuación, según el responsable de medioambiente de la formación, Ernesto Romeo. La primera denuncia por un supuesto delito medioambiental se formalizó en 2022 contra el proyecto de parques en Muniesa, Alfambra y Orrios. En enero de 2023, la formación denunció 22 proyectos del macroproyecto del Maestrazgo, el primer geoparque declarado en Aragón por la Unesco. Meses más tarde, en mayo y junio, presentó denuncias contra tres paquetes del denominado proyecto ‘Sputnik’, integrado en el clúster del Matarraña, que se extiende desde Cucalón, en la provincia de Zaragoza, hasta Begues y que fue paralizado tras alegaciones presentadas en Cataluña.

En 2024, la formación amplió sus acciones a los proyectos planteados en la Sierra de Albarracín y Ojos Negros, con una línea de evacuación hacia Valencia. Estos tres grandes planes –cuya declaración ambiental corresponde al Ministerio para la Transición Ecológica (Miteco)– se ubican en la provincia de Teruel y cuentan con declaración ambiental favorable. Sin embargo, por el momento, los dos últimos se encuentran paralizados por alegaciones de comunidades vecinas, a la espera de lo que ocurra con el caso del Maestrazgo. En el caso de Forestalia, Teruel Existe solo ha visto rechazadas por la Fiscalía sus denuncias relacionadas con proyectos en la provincia de Zaragoza.

El Clúster del Cinca

A estos procedimientos se suman otras iniciativas judiciales impulsadas por organizaciones. Ecologistas en Acción presentó hace aproximadamente dos años y medio una querella por prevaricación contra el exdirector general del Inaga, Jesús Lobera, uno de sus jefes de sección y la jefa del servicio de Industria en Huesca por la autorización del Clúster Cinca, en la provincia de Huesca, que agrupa seis parques eólicos.

Más recientemente, el pasado mes de febrero, la Plataforma 13M –que reúne a 17 entidades ciudadanas y ecologistas contrarias a los macroproyectos de renovables– presentó la primera denuncia penal conjunta contra los gobiernos central y autonómico por las autorizaciones concedidas a Forestalia. En el escrito denuncian presuntas irregularidades y un supuesto trato de favor a la empresa en los procesos de evaluación ambiental y en las autorizaciones administrativas tanto del Inaga (Gobierno de Aragón) como del Miteco.

Antes de esa iniciativa, en diciembre, la asociación Paisajes de Teruel llevó la autorización ambiental del Clúster Maestrazgo ante la Fiscalía Anticorrupción. Tras considerar que no era competente, este organismo remitió el caso el 29 de enero a la Fiscalía de Madrid. Paralelamente, la plataforma presentó también una denuncia por prevaricación en Teruel que ya está siendo tramitada por el Juzgado de Instrucción número 1.

Todo empezó con una operación contra el blanqueo de capitales por narcotráfico, para la que el juez de turno autorizó unos pinchazos telefónicos en los que un día apareció un personaje inesperado. Tras la intermediación de un conocido, una de las personas objeto de investigación en el municipio sevillano de Gines hablaba con Rafael Pineda, por entonces jefe de gabinete del actual delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández (PSOE).

La historia no tenía nada que ver con drogas, sino que le pedía su mediación para regularizar la situación de uno de sus trabajadores, una persona inmigrante, y que le echara una mano para agilizar la licencia de su restaurante. Meses después, el pasado martes, Pineda era detenido por su presunta implicación en una operación urbanística irregular, por la que se investigan posibles delitos de tráfico de influencias, cohecho, prevaricación, uso de información privilegiada y corrupción entre particulares. Menos de 24 horas después era puesto en libertad con cargos, a lo que se añade el bloqueo y embargo de todas sus cuentas.

El epicentro está en una parcela de uso terciario propiedad de Emvisesa, la Empresa Municipal de la Vivienda de Sevilla, que salió a la venta en 2011, el concurso quedó desierto y años después se sacó en arrendamiento, adquiriéndola en 2017 (con el socialista Juan Espadas como alcalde) Olga P., esposa de Pineda. Fue la única que presentó una oferta en una operación en la que contó con dos socios, uno de ellos directivo de Burguer King en Andalucía.

Precisamente, en el terreno se instaló un local de esta cadena (junto a una gasolinera y luego otro restaurante), que pagaba por ello un alquiler pero que curiosamente no optó a comprar el solar cuando salió a la venta de manera definitiva en 2024, ya con José Luis Sanz (PP) como regidor. De nuevo, la única oferta fue la de Olga P., que se la quedó en propiedad.

Para ello abonó 1,7 millones de euros, pero obtuvo una plusvalía fulminante: cinco meses después, la vendía por 3,9 millones de euros –con un beneficio de 2,2 millones– y el que compraba el solar era... Burguer King. Los beneficios se repartieron entre los socios, pero la Guardia Civil ha puesto el foco en que también recibió un pago de 78.650 euros un empleado de Emvisesa, Daniel M.L., que en ese momento era jefe de Sección de Terciarios. El importe lo recibió a través de una sociedad en la que consta como administrador único, una operación que le costó el despedido al considerar el Ayuntamiento que no dio explicaciones convincentes sobre el origen de un dinero que para la UCO es una comisión pura y dura.

Ayuntamiento y Delegación del Gobierno

Rafael Pineda (Sevilla, 1973) no es ningún desconocido de la vida política sevillana. Entró en el Ayuntamiento de Sevilla en 2003 con Alfredo Sánchez Monteseirín (PSOE) como alcalde, y lo hizo de la mano del actual vicepresidente primero del Congreso, el también socialista Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, uno de los nombres clave entonces del gobierno local. Había ido en la lista socialista en las elecciones municipales de ese año, pero no logró acta de concejal hasta 2005, tras la renuncia de un compañero de filas. En 2007 no repitió en el que fue último mandato de Monteseirín, pero fue nombrado gerente de Lipasam, la empresa municipal de limpieza.

Fue el propio Gómez de Celis el que lo nombró su jefe de gabinete cuando, en 2018, tomó posesión como delegado del Gobierno en Andalucía. Celis duró en el puesto menos de un año para poner rumbo a Madrid, pero Pineda se mantuvo en su cargo con sus sucesores, incluido el actual, Pedro Fernández, que aterrizó en 2021. Pineda siguió ahí hasta que estalló el caso que ha llevado a su detención, que saltó a la opinión pública cuando la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil registró en septiembre la sede de Emvisesa.

¿Y cómo se pasó de una investigación por narcotráfico a otra por irregularidades urbanísticas? Pues porque se separó una pieza (que lleva el Juzgado de Instrucción Nº 10 de Sevilla) después de que la UCO considerara que Pineda hacía gestiones para terceros ante distintas administraciones públicas a cambio de prestaciones. La Guardia Civil apunta a que habría recibido dinero por estas gestiones, aunque las escuchas telefónicas lo que revelaron es que habría aceptado un par de cenas en el restaurante de Gines.

Por cierto, que el alcalde de este municipio, el socialista Romualdo Garrido, no ha sido detenido pero está también imputado por prevaricación y cohecho, en teoría por presionar para acelerar la licencia de este establecimiento. El regidor, que ya ha testificado ante la Guardia Civil acogiéndose a su derecho a no declarar, se defiende insistiendo en que ni ha dado trato de favor ni ha recibido contraprestaciones de nadie.

Única que se presenta a los concursos

Pero volvamos al epicentro de esta historia, que tiene su corazón en una parcela municipal de uso terciario propiedad de Emvisesa en El Higuerón, en la zona norte de Sevilla. Tras un intento fallido de venta en 2011, en 2016 se opta por la figura del arrendamiento, adjudicándose a Olga P., esposa de Rafael Pineda. La Guardia Civil cree que el exconcejal ejerció su influencia para ello, aunque lo cierto es que no hubo ninguna oferta más ni cuando se arrendó ni cuando se puso a la venta pese a que se publicitó esta oferta pública.

Fue en 2022 (con el socialista Antonio Muñoz como alcalde, tras la renuncia de Espadas para liderar el PSOE andaluz) cuando el gobierno local decidió la enajenación mediante permuta de la parcela para así tener más suelo disponible para viviendas. Olga P., que hasta entonces pagaba 108.000 euros más IVA de renta anual según un contrato con vigencia durante 40 años, no se presentó al concurso que sacó a la venta el terreno por unos dos millones de euros. Quedó desierto.

Dos años después, ya con el PP en el gobierno municipal, se puso de nuevo a la venta por un precio sensiblemente menor (1,7 millones) y esta vez sí se presentó Olga P., que se llevó el gato al agua al ser la única oferta. A los cinco meses, revendió los suelos por 3,9 millones de euros a la misma cadena Burguer King que estaba allí en alquiler desde 2017.

¿Por qué redujo el PP el precio de salida en 2024? El delegado de Urbanismo, Juan de la Rosa, alega que el hecho de que hubiera inquilinos devaluaba las opciones, de ahí que se fijase un precio de 1,7 millones de euros tras hacer un estudio de tasación. Para los populares, el pecado original está en el contrato de arrendamiento de 2017 con el PSOE, que ahora les habría atado las manos. El grupo municipal socialista, por su parte, insiste en que está muy tranquilo con este caso.

Piden la imputación de concejales del PP

Además de recordar que la Empresa Municipal de la Vivienda “es la principal perjudicada”, y de hecho está personada en la causa (como el propio Rafael Pineda, por cierto), De la Rosa ha anunciado una auditoría de “todas las operaciones comerciales de Emvisesa de suelo de los últimos ocho años”. De paso, señala que se despidió al jefe implicado “por el presunto cobro de la comisión”, para lo que se abrió una investigación interna en la que “no pudo justificar los hechos”. “El despido se ha hecho con todo el proceso garantista tras no dar las explicaciones oportunas”.

Si la historia es de por sí enrevesada, todavía puede dar una vuelta de tuerca más porque este empleado de Emvisesa, Daniel M.L. ha pedido la imputación del propio De la Rosa y también del primer teniente de alcalde y delegado de Hacienda, Juan Bueno, porque forman parte de la comisión ejecutiva de Emvisesa que validó la venta del solar. Por ello, la jueza ha pedido las actas de la empresa relacionadas con el caso, que el gobierno local ya le ha remitido.

Para la defensa de Pineda, su arresto fue innecesario y considera que su cliente ha sido objeto de una investigación prospectiva tras aparecer en los pinchazos telefónicos por cuestiones que nada tenían que ver con el narcotráfico. El exconcejal, su esposa, los dos socios de ésta y el exjefe de Emvisesa fueron detenidos el martes y, tras acogerse a su derecho a no declarar, fueron puestos en libertad un día después afrontando los cargos de tráfico de influencias, cohecho, prevaricación, uso de información privilegiada y corrupción entre particulares. Lo cierto es que lo que en Sevilla ya se ha bautizado como 'caso Pineda' parece que va para largo.

Los cinco detenidos por la trama urbanística de la Empresa Municipal de la Vivienda (Emvisesa), relacionada con la venta de una parcela en Higuerón Norte, en Pino Montano, han quedado este miércoles en libertad con cargos. Entre los arrestados en una operación de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, llevada a cabo este martes, se encuentra Rafael Pineda, ex jefe de gabinete de la Delegación del Gobierno en Andalucía y exconcejal socialista, y un exempleado de Emvisesa, todos ellos por su supuesta vinculación con la trama.

Pineda, que junto a las otras cuatro personas había pasado este miércoles a disposición judicial, ha quedado libre sin medidas cautelares tras acogerse a su derecho a no declarar. Así lo ha afirmado su abogado, Alberto Castejón, en declaraciones a los medios. “Lo único que nos sorprende muchísimo es que se haya procedido a la detención habiendo estado personado desde hace más de seis meses en unas diligencias previas en las cuales la UCO no ha aportado en el día de hoy absolutamente nada nuevo que no conociésemos hace ya más de cinco meses”, ha añadido el letrado.

El abogado ha asegurado que, de todas maneras, estudiarán “muy bien lo último que han aportado, que no es novedoso ni sorprendente, simplemente es redundando en la investigación inicial que habían hecho” y que, posteriormente, analizarán toda esa documentación y “procederemos a la declaración de nuestro clientes en el sede judicial”.

Se trata de un caso que vio la luz tras una denuncia por el proceso de enajenación de una parcela mediante subasta pública, comprada por 1,7 millones de euros y vendida al poco tiempo por casi 3,9 millones, lo que supuso un beneficio de 2,2 millones en sólo cinco meses. De la investigación se ocupa el Juzgado de Instruccion número 10 de Sevilla.

El informe en cuestión está centrado en unos terrenos de Pino Montano cuya venta quedó “numerosos años desierta” durante la época del exalcalde Juan Espadas (PSOE), que empezó en el año 2017, como consecuencia de que “era un precio alto porque, desgraciadamente, había tres inquilinos en esa parcela, y así lo reconoce la UCO”, tal como ha señalado el actual delegado municipal de Urbanismo, Juan de la Rosa (PP).

Un “lastre” la presencia de inquilinos

El edil recordaba que cuando vieron el “lastre” de esa parcela se hizo una tasación que “bajaba” porque había unos inquilinos en la misma “y la venta estaba sujeta a aquellos”. “Nos dan una tasación de 1,7 millones y estos inquilinos que la compran, la venden cinco meses después por casi cuatro millones de euros, que es lo sospechoso”, añadía el concejal de Urbanismo preguntado sobre este asunto.

El Ayuntamiento hispalense abría el pasado mes de noviembre una investigación interna y suspendía de empleo a un trabajador de Emvisesa tras tener acceso a un informe de la UCO al respecto después de constatar que formaba parte, presuntamente, del proceso “desierto y continuado” de la parcela, de esa venta posterior. Además, “recibió más de 78.000 euros en su condición de personal responsable de esta empresa municipal”.

El Consistorio, a través de la empresa pública de la vivienda, se personó en este caso el pasado 20 de octubre una vez que se levantó el secreto de las actuaciones. El grupo socialista en el Ayuntamiento de Sevilla, desde el primer momento en el que trascendió este caso en los medios, mantiene que, tras revisar el expediente de la operación urbanística en Emvisesa, “este se ajusta en todo momento a la legalidad”.

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha detenido este martes a Rafael Pineda, exjefe de gabinete de la Delegación del Gobierno en Andalucía, por su supuesta vinculación en una operación urbanística relacionada con una parcela de Emvisesa en Pino Montano, en los terrenos del Higuerón. Un caso que vio la luz tras una denuncia por el proceso de enajenación de la misma mediante subasta pública, adquiriendo la empresa de la mujer de Pineda un solar de la Empresa Municipal de Vivienda por 1,7 millones de euros para venderlo sólo cinco meses después por 3,9 millones.

Según confirman a Europa Press fuentes conocedoras de las diligencias, hay al menos cinco detenidos en esta operación, entre ellos Rafael Pineda, su esposa y empleados de la empresa pública de la vivienda. Se trata de una investigación del Juzgado de Instruccion número 10 de Sevilla.

En este sentido, el Ayuntamiento abría el pasado mes de noviembre una investigación interna y suspendía de empleo a un trabajador de Emvisesa tras tener acceso a un informe de la UCO al respecto tras constatar que formaba parte, presuntamente, del proceso “desierto y continuado” de la parcela, de esa venta posterior, y que, además, “recibió más de 78.000 euros en su condición de personal responsable de esta empresa municipal”.

El informe en cuestión está centrado en una parcela de Pino Montano que se quedó “numerosos años desierta” durante la época del exalcalde Juan Espadas (PSOE), que empezó en el año 2017, como consecuencia de que “era un precio alto porque, desgraciadamente, había tres inquilinos en esos terrenos, y así lo reconoce la UCO”, tal como señalaba entonces el delegado municipal de Urbanismo, Juan de la Rosa (PP).

El edil recordaba que cuando vieron el “lastre” de esa parcela se hizo una tasación que “bajaba” porque había unos inquilinos en la misma “y la venta estaba sujeta a aquellos”. “Nos dan una tasación de 1,7 millones y estos inquilinos que la compran, la venden cinco meses después por casi cuatro millones de euros, que es lo sospechoso”, añadía el concejal de Urbanismo preguntado sobre este asunto.

El Consistorio, a través de la empresa pública de la vivienda, se personó en este caso el pasado 20 de octubre una vez que se levantó el secreto de las actuaciones. Al hilo de esta cuestión, el alcalde, José Luis Sanz (PP), destacaba que en los ocho años en los que el PSOE gobernó Sevilla capital “solo se construyeron 83 viviendas de protección oficial”. “Quizás estaban más preocupados de otros temas que de construir viviendas para los jóvenes que lo necesitaban”.

El Grupo Socialista en el Ayuntamiento de Sevilla, desde el primer momento en el que trascendió este caso en los medios, mantiene que, tras revisar el expediente de la operación urbanística en Emvisesa, “este se ajusta en todo momento a la legalidad”.

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil frena la última maniobra del juez Juan Carlos Peinado para intentar investigar el rescate de Air Europa dentro de la causa que sigue contra Begoña Gómez a pesar del veto reiterado de la Audiencia Provincial. En un informe de apenas tres folios, al que ha tenido acceso elDiario.es, los agentes concluyen que no hay “hechos nuevos” que le permitan investigar el préstamo a la aerolínea. 

El instituto armado llega a esta conclusión tras analizar, a petición del magistrado, un escrito del abogado Eduardo Martín-Duarte, conocido por difundir bulos. Según la UCO, ese escrito contiene “información de carácter administrativo relativa a la tramitación del expediente de Air Europa que ya obraba en el procedimiento” y está plagado de hechos “no son contrastables debido a la ausencia de fuentes de información al respecto”. 

El escrito vinculaba a la esposa del presidente del Gobierno a una cuenta y dos depósitos en República Dominicana. Además, el abogado afirmaba que esas cantidades serían el “lucro o beneficio” derivado de su supuesta intervención en el rescate de Air Europa y en adjudicaciones a la compañía Innova Next del empresario Juan Carlos Barrabés, también imputado en la causa. Sobre esa información bancaria, la UCO dice que “no es posible pronunciarse acerca de la verosimilitud de la misma y, en su caso, su relación con la tramitación del expediente de Air Europa”. 

La Fiscalía se opuso a esa petición al considerar que el magistrado pretendía poner en marcha una “investigación encubierta” sobre el rescate de Air Europa. “Se está engordando una causa ya voluminosa con materia ajena a su objeto definido”, sostuvo el representante del Ministerio Público, que cuestiona que el juez se base en querellas o denuncias “que no tienen mayor misterio a investigar” para volver sobre una materia —el rescate de Air Europa— sobre la que tiene los criterios “fijados o indicados” por la Audiencia Provincial.

El rescate de más de 400 millones de euros a Air Europa por los efectos de la pandemia es uno de los grandes objetivos de los partidos y asociaciones de extrema derecha que ejercen la acusación popular tanto en este proceso como en otros abiertos en la Audiencia Nacional y el Supremo: si el Ejecutivo rescató a la empresa de Globalia porque Begoña Gómez, que conocía a su CEO Javier Hidalgo, intercedió a favor de la empresa. 

Una de las primeras decisiones de la Audiencia Provincial de Madrid en este caso, en mayo de 2024, fue dar luz verde a la investigación de Peinado pero vetando las diligencias sobre el rescate de Air Europa, que Manos Limpias había metido en la denuncia y que no dejaba más que “conjeturas”. Un segundo aviso en ese sentido llegó en otro auto de octubre de 2024 cuando la Audiencia reiteró que el rescate de Air Europa estaba fuera de los límites de la causa. 

La Audiencia Provincial también anuló en mayo de 2025 la decisión del juez de solicitar información a la SEPI sobre las ayudas otorgadas a Air Europa. Esta decisión se basó en que dicha investigación quedaba fuera del objeto de la investigación previamente delimitado al inicio de la instrucción. Y meses después, en octubre, anuló otro requerimiento del juez a la UCO para que emitiera un informe sobre el rescate de la aerolínea.

El empresario y comisionista Víctor de Aldama ha confirmado este jueves en su declaración como imputado en la Audiencia Nacional que la Guardia Civil se equivocó al señalar a un alto cargo del Ministerio de Transición Ecológica en la trama de los hidrocarburos. “No tuve ningún contacto. Creo que están equivocados por un contacto que yo tengo, pero es un empresario”, ha afirmado a preguntas del fiscal, de acuerdo a las fuentes consultadas. El representante del Ministerio Público le había interrogado por un supuesto contacto con el director general de Minas, Manuel García Hernández. Esa “conversación” es el principal indicio citado por la UCO para apuntar a la “posible penetración” de la trama en el Ministerio. 

La unidad policial se basó en unos “mensajes borrados” hallados en uno de los teléfonos incautados a Aldama. Los agentes no lograron recuperar el contenido de esa “conversación” mantenida a través de WeChat, el WhatsApp chino. Pero sí un código con el que deducen que “el nombre de contacto guardado por Aldama consta como Manuel García Maroto”. De ahí infieren que “podría corresponderse con un error” y que “es plausible que la identidad del contactado se correspondiera con la del director general”. Es esta deducción la que les lleva a afirmar que Aldama “intermedió” con ese alto cargo. 

Sin embargo, el pantallazo con el código obtenido al intentar rescatar ese mensaje desmonta la tesis policial. En él figura la palabra en inglés “stranger” [desconocido] y, a continuación, el nombre “Manuel García Maroto”. El propio centro de ayuda de la aplicación de mensajería china explica que, en WeChat, un “stranger” es un usuario que no está en la lista de contactos de quien recibe el mensaje. Especialistas en programación consultados explican que, en este caso, “Manuel García Maroto” es el nombre de usuario que el interlocutor de Aldama se puso a sí mismo en la aplicación, no el que le había otorgado el empresario al guardarlo entre sus contactos, tal y como sostiene la UCO.

Ahora, en su declaración judicial Aldama ha confirmado que Manuel García Maroto es, en realidad, un empresario. Este jueves también estaba citado como testigo el alto cargo de Transición Ecológica, que ha negado tener vínculo alguno con la trama y ha afirmado que no conoce a ninguno de los investigados.