Combustible, telefonía y ahora también seguros. Un nuevo informe enviado al Parlamento Vasco sobre los últimos 25 años de gestión de la sociedad portuaria autonómica EKP muestra que las contrataciones de pólizas se han realizado siempre de forma directa, sin concurso. En total, EKP ha gastado 1,73 millones de euros y, salvo en un caso, las 518 adjudicaciones han recaído en un único proveedor, al que identifica como Generali.

Euskadi asumió en 1982 la competencia de puertos que no fueran de interés general, como es el caso de Bilbao y de Pasaia. En 2000 se articuló la sociedad EKP, que controla puertos deportivos como Donostia u Hondarribia. Desde 2013 hasta hace unas semanas la directora de EKP fue la dirigente del PNV guipuzcoano Edurne Egaña, ahora recolocada como asesora por la consejera Amaia Barredo, de cuya cartera depende esta entidad. El nuevo responsable es Jon Asua.

El informe, como los anteriores sobre los suministros de combustible y telefonía, fue solicitado por la parlamentaria del PP Ana Morales a raíz de que el Tribunal Vasco de Cuentas Públicas, en sus dos últimas auditorías sobre EKP, las de los ejercicios 2022 y 2023, alertara de irregularidades en adjudicaciones. Sin embargo, la misma forma de proceder se ha mantenido durante un cuarto de siglo, desde la misma creación de EKP. El último documento, de hecho, remarca que la entidad se creó el 14 de septiembre de 2000 y que su actividad efectiva se inició ahora hace 25 años, en diciembre de ese año.

En el caso de los seguros, el documento asume que “no se han tramitado licitaciones públicas” en estos años. “Desde su inicio, EKP ha contado con el apoyo de una misma correduría de seguros”, se añade. Esa empresa es Generali, que ha realizado 517 de las 518 pólizas, según el listado que se ha hecho público. Son todas salvo la primera, realizada con Centro Asegurador en junio de 2001. Las cuantías se han disparado porque si se inició la actividad con un gasto inferior a 2 millones de pesetas, unos 12.000 euros en el cambio de entonces, desde 2021 se abonan más de 100.000 euros. En 2025 la previsión es ya de 126.185,60 euros. La cantidad máxima para contratar a una empresa de forma directa es 15.000 euros (más IVA). Desde 2004 ya se superaba ese umbral. Aquel año se abonaron casi 46.000 euros a la correduría.

Al igual que sucede con los suministros de gasóleo y de comunicaciones, la consejera Barredo indica que EKP va a sacar ahora a concurso estos proveedores, como le demandaba el Tribunal de Cuentas. De hecho, parece que es algo inmediato. Se indica que “está previsto iniciar la tramitación administrativa del expediente a comienzos de la próxima semana”. La licitación se abriría “en el mes de enero, una vez finalizado el período navideño”.

Además de los suministros de combustible, el Gobierno vasco admite también que la sociedad autonómica que gestiona los puertos deportivos (EKP, por sus siglas en euskera) ha estado contratando regularmente el servicio de telefonía sin concurso, es decir, con adjudicaciones directas. La excepción es un único expediente del año 2018. Son un total de 804.567,01 euros las cantidades gastadas por estos conceptos en los últimos 24 años, según un informe enviado en respuesta a una solicitud del PP en el Parlamento Vasco firmado por la consejera Amaia Barredo, del PNV, de cuyo departamento cuelga EKP.

“Cabe señalar que, a excepción de la licitación para los servicios de telecomunicaciones para la gestión de datos, Internet y wifi de EKP en el año 2018, el resto de la contratación de los servicios de telefonía se realizó de forma directa. Ello fue debido a la práctica inexistencia de cobertura en gran parte de los puertos deportivos en los que EKP disponía de oficina y la indisponibilidad de diferentes operadores con los que poder contratar, principalmente, el servicio de transferencia de datos e Internet”, argumenta sobre esta práctica la consejera Barredo.

Euskadi recibió en 1982, al principio del período estatutario, la transferencia portuaria. En concreto, gestiona todos salvo los que son de interés general, Pasaia y Bilbao. Los de Donostia u Hondarribia, por ejemplo, están bajo el control de EKP. En todo el mandato de Iñigo Urkullu y también en el primer tercio de esta legislatura, ha estado al frente de EKP la dirigente del PNV de Gipuzkoa Edurne Egaña. Recientemente fue apartada y sustituida por Jon Asua, pero la consejera Barredo la recolocó en el mismo día como asesora con las mismas condiciones salariales.

El Tribunal Vasco de Cuentas Públicas, en sus más recientes auditorías sobre este organismo, alertó de que había realizado contrataciones irregulares de diferentes suministros al menos en los dos últimos ejercicios analizados, 2022 y 2023. El más relevante era el relativo a combustible y luego el Gobierno admitió que esta práctica de adjudicaciones directas se estaba realizando desde hace casi un cuarto de siglo, con más de 17 millones en contratos sin concurso. Pero también se mencionaba el caso de la telefonía.

La consejera Barredo admite que únicamente en 2018 se hizo una licitación. En el resto del siglo, las adjudicaciones han sido directas. La principal destinataria de las facturas ha sido Telefónica, con 452.828,31 euros, y la única otra compañía contratada ha sido Euskaltel, con 351.738,69. El servicio de telecomunicaciones es claramente más caro ahora que hace 24 años. En 2001 se abonaban 11.739,95 euros y en 2024 fueron 59.489,62, con un máximo de 62.060,83 en 2020.

Expone la consejera Barredo que “en la actualidad EKP está analizando, junto con la sociedad informática del Gobierno vasco (EJIE), la sistemática a llevar a cabo para adherirse al contrato generalizado de telefonía del Gobierno vasco que se licitará en 2026”. Insiste el Gobierno que EKP lleva “algunos meses” trabajando en conocer sus “necesidades técnicas” y “estudiando” poder adherirse a esa contratación centralizada, que abarataría los costes. También ha sido ahora cuando se ha valorado la opción de sacar a concurso los combustibles.

Guadalagua, la empresa gestora de la red local de agua en la ciudad de Guadalajara, ha informado de cortes de suministro puntuales o bajada de presión en dos zonas de la capital alcarreña desde los días 11 a 14 de noviembre debido a trabajos de mantenimiento en la red de abastecimiento. Se espera que los trabajos duren desde las 9:00 hasta las 14:00 horas, cuando se restablecerá el suministro.

El primero de los trabajos afectará a los días 11 y 12 de noviembre en la zona comprendida entre las calles: avenida Concepción Arenal, bulevar Clara Campoamor, calle Teresa Claramunt, avenida de la Salinera, calle Albacete, calle Alamín, calle Zaragoza y avenida de Francia.

El segundo de los trabajos afectará a los días 11, 12, 13 y 14 en la zona Comprendida entre las calles: avenida de Francia, Zaragoza, La Carrera, calle Virgen del Amparo, calle Toledo, Doctor Layna Serrano, calle Felipe Solano Antelo, la carretera A2, calle Francisco Paula Barrera, calle Humanes de Mohernando, calle Aldonza de Mendoza, calle Papa Juan XXIII, Paseo de San Roque, calle Luxemburgo, calle Barranco del Fuerte, avenida Ricardo Velázquez Bosco y Avenida de Aragón.

Los Bomberos han desalojado a unas 500 personas en L'Hospitalet después de que esta mañana se produjera una explosión en un bar debido a una fuga de gas. Si bien la deflagración ha sido “de poca magnitud”, los bomberos avisan de que la situación es “muy peligrosa” porque el escape se ha mantenido activo durante más de seis horas.

No ha sido hasta pocos minutos antes de las 18h que los Bomberos han sido capaces de identificar el punto de origen de la fuga y pararla. Hasta ese momento, se han dado grandes acumulaciones de gas en la zona subterránea afectada. Por eso, aunque ya no haya escape, los agentes han mantenido la excepcionalidad y siguen alertando del riesgo latente.

El jefe de guardia del cuerpo, Enric Pous, ha asegurado que se trata de un escenario extraordinario “porque hay mucho gas acumulado en la zona de las alcantarillas y sótanos”.

Pous ha matizado que en casos de escapes de gas, se suele optar por el confinamiento, pero en esta ocasión se ha preferido desalojar para evitar víctimas en caso de que se produzca una segunda explosión, que podría ser mucho mayor que la primera. Igualmente, también se ha cortado el suministro de luz para reducir el riesgo de deflagraciones. Con todo, son 11 edificios los que han sido desalojados, además de una escuela.

Según Pons, esto es importante para “tener controlado el riesgo de ignición”. A estas alturas y después de las medidas tomadas, desde los Bomberos quieren tranquilizar a los vecinos y aseguran de que es “poco probable” que haya una explosión.

Los agentes todavía están investigando cómo llegó el gas al interior del bar, pero lo que tienen claro por el momento es que la fuga se ha originado a raíz de unas obras en la calle Natzaret y proviene de una tubería situada a dos metros bajo tierra.

Después de horas investigando el área, se ha podido detectar que el escape se ha dado en un punto de confluencia de tres tuberías: de alta, media y baja presión. En un inicio se pensaba que el conducto afectado era de baja presión, pero ha resultado ser de alta. La confusión se ha dado porque la ha perforado una máquina y la broca seguía tapando parcialmente la salida.

A pesar de que ya no hay escape de gas, ahora se abre un proceso que Pons ha definido como “largo”. Eso es así porque el siguiente paso es ir “vivienda por vivienda, sótano por sótano” a verificar que no quede rastro de gas. Con todo, Pous ha avanzado que habrá gente que deberá dormir fuera de sus casas la noche del miércoles.

Por su parte, el alcalde del municipio, David Quirós, ha evitado anticipar qué recursos ofrecerá a esos vecinos, pero sí ha asegurado que se activarán “los servicios necesarios”. Por el momento, sólo se ha habilitado un espacio con comida y bebida en el local de la Asociación de Vecinos Sant Ildefons - Gran Via Sud.

Con una extensa trayectoria ligada a la empresa privada en cargos de alta dirección, José Javier Sanz (Madrid, 1949) asumió, en septiembre de 2023, la presidencia de la Autoritat Portuària de Balears (APB), desde donde ha auspiciado grandes proyectos como la remodelación del Paseo Marítimo de Palma y la reordenación de usos del puerto de la capital balear. Volcado en responder con mayor efectividad a los retos diarios mediante la adecuación y modernización de las instalaciones y los servicios portuarios, Sanz defiende la necesidad de mirar al puerto “más allá del transporte de pasajeros y mercancías”. Para ello, quiere acercar a la ciudadanía las funciones de la APB, cuyos objetivos pasan por “generar empleo de calidad, facilitar la actividad empresarial, contribuir a la identificación productiva y, sobre todo, mejorar la calidad de vida de las personas”, tal como puso de manifiesto la semana pasada durante el evento 'El puerto: motor económico de Balears', una iniciativa impulsada por la Autoritat Portuària y organizada por elDiario.es.

Desde su despacho en el puerto de Palma, Sanz conversa con este periódico acerca de la escasa visibilidad de su actividad pese a su vital importancia en el día a día de los mallorquines. Lo ilustra del siguiente modo: “Todo el mundo habla del aeropuerto, que es la principal vía de entrada del turismo, pero si mañana el puerto se para, no saldría ningún avión. El aeropuerto colapsaría y no podemos salir en lanchas”. El máximo responsable de la APB reivindica el papel estratégico de las instalaciones portuarias en el abastecimiento energético, la economía y la sostenibilidad del archipiélago y aboga, sobre todo, por la sostenibilidad. En 2030, los puertos deben reducir en un 70% la huella de carbono, por lo que uno de los grandes proyectos del ente pasa por la electrificación de los muelles, siempre de la mano de los actores privados y con la vista puesta en el interés general de los ciudadanos. Sanz insiste en que la economía balear depende más del mar de lo que muchos imaginan.

En el evento 'El puerto: motor económico de Balears' se puso especial énfasis en que los puertos de las islas deben transformarse para “dar visibilidad” a sus funciones reales más allá de lo comercial. ¿Puede recordar qué acciones de comunicación y acercamiento al ciudadano está llevando a cabo la APB para que la sociedad entienda su rol más allá del comercio?

Yo creo que Balears está mirando a los puertos sobre todo como modelo económico, de equilibrio, de crecimiento y de sostenibilidad. La entrada y la salida de mercancías y de pasajeros es muy importante. Casi el 95% de las de las mercancías y de todo lo que consumimos en Balears entra por los puertos. Pero, desde el punto de vista de la ciudadanía, el puerto es invisible. Se habla mucho más del aeropuerto: el de Palma, por ejemplo, cuenta con gran tráfico de pasajeros también y también acoge algunas mercancías. Pero la infraestructura del puerto es algo muy importante dentro de la Comunidad Europea. El puerto tiene una actividad, una estructura estratégica. En Barcelona tienen ferrocarril y transporte de carretera. Nosotros aquí solo tenemos esto.

Por eso, queremos ponerlo en valor y, para ello, necesitamos de la colaboración de todos los entes de nuestra Comunidad. Repito, todo el mundo habla del aeropuerto, que es la principal vía de entrada del turismo, pero si mañana el puerto cierra, no sale ningún avión. El aeropuerto y todo lo demás quedarían desabastecidos. Ya no es solo que no entrarían la leche o la carne, sería horroroso, un desastre absoluto. Porque el queroseno llega a puerto en un petrolero cada tres o cuatro días. Sería un colapso total, y esto es algo que no pasaría en Barcelona, Bilbao o Madrid. De hecho, durante la pandemia, quedó paralizado todo el tráfico aéreo y el esfuerzo lo asumieron las autoridades portuarias. Fue un esfuerzo muy alto para asegurar la seguridad y evitar el desabastecimiento.

Todo el mundo habla del aeropuerto, que es la principal vía de entrada del turismo, pero si mañana el puerto cierra, no sale ningún avión. El aeropuerto colapsaría. Porque el queroseno llega a puerto en un petrolero cada tres o cuatro días. Sería un colapso total, y esto es algo que no pasaría en Barcelona, Bilbao o Madrid

¿Qué estrategias se están llevando a cabo para visibilizar estas actuaciones?

Yo creo que una parte muy importante es invertir en infraestructuras para adaptarnos a las necesidades del mercado y de los ciudadanos. Hace años se invirtió en diques de abrigo para protegerse del mal tiempo, se invirtió en muelles y en estaciones marítimas. Los barcos ahora mismo son distintos a los que había hace 40 años. Son más grandes y más sofisticados. Para ser competitivo tenemos que competir con otros puertos y ese fue uno de los principales factores que han llevado a realizar las inversiones que estamos llevando a cabo. Y ahora hay que seguir modernizando las infraestructuras, pero en clave de sostenibilidad y competitividad.

Para nosotros, la sostenibilidad es una línea estratégica importante y la contemplamos actuando sobre tres factores: económico, medioambiental y social. Por ejemplo, en clave económica, como decía, representamos la entrada de mercancías en nuestra comunidad. Pero no solo eso: estamos creando empleo y estamos creando riqueza no solo a través de la mercancía y las personas que tenemos contratadas, sino para toda la comunidad a través de actividades directas. De hecho, el impacto económico que genera el sistema portuario español asciende a más de 24.300 millones de euros y genera 250.000 empleos. Y, dentro de esto, estamos incluidos nosotros. Por eso decimos que es un motor económico y que hay que buscar la excelencia en la entrada de mercancías y en gestionar todo lo mejor posible.

Estamos creando empleo y estamos creando riqueza, no solo a través de la mercancía y las personas que tenemos contratadas, sino para toda la comunidad a través de actividades directas. De hecho, el impacto económico que genera el sistema portuario español asciende a más de 24.300 millones de euros y genera 250.000 empleo

Un aspecto crítico es la logística entre fábrica y puerto, especialmente para productos sensibles como la sobrasada, que representa un elevado porcentaje de exportación. ¿Qué mejoras logísticas se pueden para incentivar ese tránsito o acortar plazos por parte de la APB?

En ese sentido, el tema de la conectividad es muy importante para nosotros: los barcos llegan a las 6.00 horas, los camiones ya están en el puerto y cargan con las mercancías, que son trasladadas, totalmente frescas, a todos los centros logísticos para su posterior distribución en los supermercados y las fábricas. Nuestra primera obligación es facilitar ese tránsito de mercancías lo mejor posible y al mejor precio posible. Y ese es uno de los elementos que tenemos que gestionar muy bien en este puerto.

Por eso, buscamos la excelencia en la entrada de mercancías y en la conectividad para que seamos competitivos. Tenemos el problema de la insularidad, eso está clarísimo, pero no podemos evitarlo, a no ser que pongamos un puente [se ríe]. Lo que estamos haciendo, y eso la gente no lo sabe, es subvencionar constantemente las tasas. Hay unas tasas portuarias de entrada de mercancías definidas por el Estado español y por la Comunidad y nosotros bonificamos estas tasas en aproximadamente un 80%. Queremos ser competitivos para que la carne o el petróleo sean más baratos y no entremos mañana en un proceso inflacionista. Ese es nuestro gran objetivo: intentar gestionar mejor todo mejor a nivel económico, de costes y de infraestructuras, que todo sea mucho más rápido cuando entran las mercancías de los barcos que llegan a las 6.00 horas. Por eso comentaba antes que todo esto es invisible.

Queremos ser competitivos para que la carne o el petróleo sean más baratos y no entremos mañana en un proceso inflacionista. Ese es nuestro gran objetivo: intentar gestionar mejor todo mejor a nivel económico, de costes y de infraestructuras

Sobre la integración del puerto con el ámbito urbano, ¿qué puede comentar? Por ejemplo, en Palma se habla de reordenar usos y abrir espacios hacia la ciudad.

Vamos a humanizar el puerto. Antes los puertos eran independientes de la ciudad, estaban separados, pero hoy en día están unidos a las ciudades. Por ello, uno de los objetivos de nuestro plan estratégico es optimizar esto para que el ciudadano pueda disfrutar de ellos. El puerto de Palma hace 60 años que no se ha movido, sigue siendo el mismo. Entonces es el momento de reorientarlo. Hay espacios totalmente obsoletos y, de acuerdo a cómo han evolucionado los mercados y la sociedad, estamos buscando espacios para el ciudadano.

El puerto de Palma hace 60 años que no se ha movido, sigue siendo el mismo. Es el momento de reorientarlo

Por ejemplo, tenemos el Paseo Marítimo, una arteria importante que conecta el puerto con Palma y, si antes estaba contemplado como una vía o carretera, ahora estará centrado en el disfrute de los ciudadanos. Es una gran obra y una de nuestras inversiones. Estamos haciendo un cambio de usos, desplazando la parte industrial al dique del oeste. Yo lo llamo el polígono de plástico que está dentro de la Catedral y que genera una actividad de ingresos para la Comunidad. Lo que hacemos es trasladar los muelles comerciales que están hoy en los polígonos de plásticos a la parte industrial, que seguimos manteniéndola porque es importante para nosotros y, de esa forma, abrimos un espacio para la ciudad, la cultura, el esparcimiento y el deporte, con el impulso de una escuela municipal de vela y apostando por la innovación y la cultura para los barrios. Hay que colonizar los puertos, armonizarlos y humanizarlos para que las personas para que la gente disfrute en ellos.

Con todo lo que comenta, ¿cómo es el puerto con el que sueña?

Quiero un puerto abierto a la ciudad, un puerto sostenible, un puerto inteligente y, sobre todo, quiero un puerto para los ciudadanos. Para mí esa es la definición que tengo del puerto de mis sueños. Y, para ello, hace un año mantuvimos contactos con 65 grupos de interés de distintas categorías e identidades, incluidos partidos políticos y grupos de interés portuario. Cualquier movimiento que hagamos siempre perseguirá un objetivo: conseguir un puerto mejor. Y esto es lo que intentamos hacer.

Quiero un puerto abierto a la ciudad, sostenible, inteligente y, sobre todo, para los ciudadanos. Para mí esa es la definición que tengo del puerto de mis sueños. Cualquier movimiento que hagamos siempre perseguirá un objetivo: conseguir un puerto mejor

Otra de las instalaciones que van a remodelar en colaboración con el Ayuntamiento de Palma es el puerto del Portixol, cuyos vecinos han expresado sus recelos ante las molestias e inconvenientes que los trabajos puedan causarles y no quieren que las obras se dilaten más de la cuenta. ¿Qué les respondería?

Es un proyecto muy interesante para la ciudad dentro de nuestra filosofía de integración 'puerto-ciudad'. Vamos a modernizar los puertos para regenerar la ciudad, pero, evidentemente, para ello habrá molestias. En el caso del Paseo Marítimo, a la gente le puede gustar o no el proyecto: hay gente que quiere más carreteras y gente que quiere más árboles. En el último año y medio hemos tenido una convivencia importante con los vecinos, hablando directamente con ellos y analizando sus dificultades, intentando favorecerles de la mejor forma posible como uno lo haría en una obra en su casa.

Estamos comunicándonos con los vecinos a través de la página web, hablando constantemente con ellos, con reuniones para intentar mejorar todo lo posible. Y hemos hecho cambios que no estaban en el proyecto. Y la realidad es que la reforma del Paseo Marítimo se ha hecho en un tiempo récord. Estoy muy satisfecho de cómo se ha llevado la gestión. Me gusta más el puerto y me gusta más el Paseo Marítimo, pero, evidentemente, cada uno puede tener su opinión. Es un proyecto muy bonito y nosotros, como responsables y como empresa pública, tenemos que estar atentos a estas mejoras y gestionarlo todo lo mejor posible.

Otro punto importante en el que trabajan es la digitalización. ¿Lo puede explicar?

Antes íbamos al aeropuerto con un billete verde, ahora lo llevamos en un móvil. Pues, en los puertos, estamos haciendo lo mismo, favoreciendo la interconexión con nuestros clientes para que todo sea más rápido. Nosotros estamos en el mar, es nuestro hábitat. No estamos en el campo. La sostenibilidad medioambiental para nosotros es muy importante. Tenemos un gran compromiso con Europa, con la Comunidad Autónoma y con el Estado para abordar la descarbonización. En 2030, los puertos deben reducir en un 70% la huella de carbono y en ello estamos, apostando por la electrificación.

En 2030, todos nuestros puertos de interés general tendrán enchufe eléctrico. Que un barco llegue a Balears, se conecte, no haga ruido y se le suministre energía eléctrica, no con motores que están contaminando el ambiente. Es un paso de gigante. Estamos potenciando mucho el tema de energías renovables, que es vital. También aplicaremos placas solares y otros combustibles distintos a los pesados que tenemos ahora mismo. En cuanto a medio ambiente, estamos invirtiendo grandes cantidades de dinero en infraestructuras para hacer una ciudad verde, un planeta mejor. Hay barcos que ya gestionan sus propios residuos, barcos de nueva tecnología, pero también nosotros tenemos que reciclar esos residuos. Si nosotros no cuidamos el medio ambiente, no lo va a cuidar nadie.

La sostenibilidad medioambiental para nosotros es muy importante. Tenemos un gran compromiso con Europa, con la comunidad autónoma y con el Estado para abordar la descarbonización. En 2030, los puertos deben reducir en un 70% la huella de carbono y en ello estamos, apostando por la electrificación

Como comenta, la APB gestiona cinco puertos de interés general en Baleares (Palma, Alcúdia, Maó, Eivissa y la Savina). ¿Cómo se distribuyen los esfuerzos inversores para que no haya desequilibrios entre islas?

Cada uno cuenta con proyectos distintos. El mayor volumen lo tiene el puerto de Palma. Después, el de Eivissa, que representa más o menos el 40% de la actividad. A continuación tenemos Maó y la Savina, que es más bien de tráfico. Y, por último, tenemos Alcúdia, centrado en la actividad industrial y que también tenemos incluido en nuestro plan estratégico de innovación. El tema de la descarbonización, el medio ambiente y la integración puerto-ciudad lo estamos aplicando en todos ellos. En Menorca se está haciendo el nuevo paseo marítimo, en Eivissa estamos con el Plan Especial con el que se va a remodelar todo el puerto. Estamos haciendo trabajos importantes en los cinco puertos, con unas inversiones interesantísimas. Las inversiones en el Puerto de Palma, cuya modernización es una operación muy fuerte, las estamos cuantificando en alrededor de 60 millones cada año.

Un concepto interesante en este contexto es el de la inversión solidaria que se realiza entre puertos. El Puerto de Maó, por ejemplo, factura cinco millones de euros anuales, pero ahora va a recibir una inversión potente. Las inversiones las generamos nosotros, generamos recursos y lo invertimos en la ciudad. Y todo eso ahora mismo es invisible a la gente. Estamos financiando la entrada de mercancías en un contexto de insularidad. Lo hacemos a través de otras fuentes de actividad importantísimas para nuestra isla. Y también a través de nuestras concesiones fomentamos la inversión privada. Los ciudadanos no ponen absolutamente ni un duro. Por ejemplo, el Paseo Marítimo es una inversión pública de unos 50 millones de euros. Y la colaboración público-privada también es importante: si nosotros queremos electrificar los muelles para enchufar los barcos, nosotros aportamos nuestra infraestructura, pero tenemos que hablar con Endesa, que es la que genera la electricidad. La gente tiene que entender que somos gestores de espacios públicos. Nosotros decimos qué queremos tener en ellos y ahí caben todos.

Cada puerto cuenta con proyectos distintos. El mayor volumen lo tiene el puerto de Palma. Después, el de Eivissa, que representa más o menos el 40% de la actividad. Después tenemos Maó y la Savina, que es más bien de tráfico. Y después tenemos Alcúdia, centrado en la actividad industrial y que también tenemos incluido en nuestro plan estratégico de innovación

En Eivissa, como ha dicho, se encuentra en tramitación el Plan Especial del Puerto, que prevé -tras la aceptación de diversas alegaciones- un aumento de la edificabilidad en la Estación Marítima del Botafoc e incluye una apuesta por la náutica social y deportiva, abriendo las puertas a la posibilidad de ampliar el número de amarres sociales. ¿Puede explicarlo? 

Tenemos que definir lo que es un amarre social porque no es un barco de 40 metros. Entendemos que es un barco de ocho metros. Tenemos que tener varaderos para que la gente repare los barcos y los pinte. Tenemos que tener marinas para que la gente disfrute. Y restaurantes, ocio y estaciones marítimas. Y una de nuestras grandes funciones es gestionar estos espacios lo mejor posible. Hay clubes náuticos o instalaciones deportivas que hacen una parte social y una parte de deporte en la que puedes tener tu amarre con unas condiciones no de marina, sino mucho mejores, pero a cambio de esto tienes que practicar deporte. Tenemos puertos importantes, como el Náutico de Palma, el Club de Mar o el del Portitxol. Nuestro gran objetivo es gestionarlos desde el interés general, en interés de los ciudadanos.

Dado el alud de investigaciones que ha afectado a la APB en los últimos años -no bajo su mandato- en torno a adjudicaciones supuestamente irregulares, ¿cómo asegura el organismo que los futuros concursos públicos sean percibidos con máxima transparencia y confianza?

Nuestros concursos tienen máxima transparencia. Primero lo convocamos, luego va a exposición pública. Tenemos un consejo de administración que aprueba estos concursos con informes de la Abogacía del Estado y con informes jurídicos. Aquí tenemos más demanda que oferta, el espacio genera mucho dinero y en este espacio pueden intervenir distintos factores. La gente conoce perfectamente cuál es la política portuaria a nivel de concesiones. A unos les gustará más o les gustará menos. Pero nosotros, en la mayoría de concesiones, queremos que haya libre concurrencia. Así de claro.

Es un espacio público y, cuando alguien concurre a una concesión, sabe que hay unos límites y un periodo de tiempo. Cuando se acaba ese periodo, como libre concurrencia, puede venir otro a gestionar mejor. Y eso es lo que enriquece nuestra política. Hay una política muy clara de concesiones para que inviertan en medio ambiente, en tecnología y en mejoras para el ciudadano. Creo que ahora mismo lo estamos llevando muy bien. No hemos tenido ninguna incidencia porque nosotros al final lo que intentamos es hablar mucho con la gente y conocer las inquietudes que tienen nuestros clientes.

Nuestros concursos tienen máxima transparencia. Primero lo convocamos, luego va a exposición pública. Tenemos un consejo de administración que aprueba estos concursos con informes de la Abogacía del Estado y con informes jurídicos. A unos les gustará más o les gustará menos. Pero nosotros queremos que haya libre concurrencia

¿Ha reforzado la APB protocolos internos o auditorías para mejorar la gobernanza de las concesiones portuarias?

Hemos creado un departamento que es de Gobierno Corporativo al frente del cual se encuentra Laura Molano. Intentamos hacerlo lo mejor posible. Aparte, estamos auditados constantemente por Hacienda. Hay una transparencia absoluta y todo el mundo tiene nuestros balances. Nuestra actividad es pública y todo mundo la conoce. Es imposible 'escaparse'. Tal vez una empresa privada puede hacerlo, pero nosotros, no. Pero es verdad que estamos trabajando mucho en esta línea y también con nuestras personas a nivel de formación para ser más competitivos, más eficaces, más rentables y buscar los mejores costes, buscar una gestión mucho más abierta, moderna y más orientada a las personas.

Tenemos recursos, pero los invertimos directamente en la ciudad, invertimos en bolsa, en terrenos, en nuestra infraestructura y en nuestras personas. Y, en cuanto a transparencia, el único ranking que evalúa a las autoridades portuarias es el de Dyntra y nosotros estamos los cuartos, empatados con los terceros, lo cual es un dato relevante porque somos 28 autoridades portuarias. Hace cinco años estábamos a la cola.

Tenemos recursos, pero los invertimos directamente en la ciudad, invertimos en bolsa, en terrenos, en nuestra infraestructura y en nuestras personas. Y en cuanto a transparencia, el único ranking que evalúa a las autoridades portuarias es el de Dyntra y nosotros estamos los cuartos, empatados con los terceros, lo cual es un dato relevante porque somos 28 autoridades portuarias

La APB ha cedido este verano espacios en los puertos de Palma, Eivissa y la Savina para proporcionar una primera atención a las personas migrantes que llegan a las islas y garantizar así un tratamiento adecuado en situaciones de emergencia humanitaria. ¿Qué ha llevado al organismo a adoptar esta decisión?

Nosotros somos un puerto de interés general. Un puerto de interés general y uno autonómico son diferentes. En agosto vimos que Balears estaba sufriendo una migración muy importante con una nueva ruta que viene de Argelia. De modo que el Gobierno impulsó una ley de emergencia para cuidar de estas personas a su llegada al puerto, de forma transitoria, porque tras proporcionarles la información pertinente vuelven a ir a puerto para coger un ferry. Nosotros tenemos una serie de edificios para que no se encuentren desamparados durante el tiempo de espera y protegidos del calor o del frío.

¿Contempla que esta colaboración pueda consolidarse a largo plazo como un protocolo estable entre la Autoritat Portuària y el Estado en caso de emergencias migratorias?

Es algo temporal, aunque dependerá de cómo funcione la migración. No sabemos qué va a pasar, si disminuirá o aumentará. Ahora mismo es una emergencia y todos colaboramos. Es un tema grave y habrá que solucionarlo. Somos una comunidad autónoma que también participa en el Gobierno de España.

¿Debe el puerto reforzar su función social y humanitaria en estas situaciones?

Estamos abiertos a esto y lo hemos hecho. Pero no podemos ser un campo de refugiados y esto está muy relacionado con la política gubernamental, que es la que tiene que decidir qué va a hacer con los migrantes cuando llegan aquí. El puerto no puede asumirlo todo. No podemos estar mezclando los turistas con los migrantes y con la actividad portuaria. Todo esto se irá adaptando de acuerdo con las circunstancias que tengamos. Pero eso lo decidirá el Gobierno, claro.

¿Cómo visualiza los puertos de Balears en 2030? ¿Qué papel quiere que jueguen dentro del arco Mediterráneo y europeo?

Que sean puertos totalmente abiertos, sostenibles, inteligentes y, sobre todo, orientados al ciudadano, con unos productos totalmente modernos y adaptados a las necesidades del mercado. Y, en lo que nos corresponde, vamos a conseguirlo, espero que mucho antes que en 2030. Sobre todo respecto a la electrificación, que también deben tener las navieras. Tiene que haber una colaboración entre ambos. Nosotros pondremos los medios y las infraestructuras para que esto funcione. Y el Estado tiene que poner los medios para conseguir electricidad. Tenemos que colaborar e ir todos de la mano.

En relación con otros puertos europeos del Mediterráneo, yo creo que nosotros estamos liderando la electrificación. Somos líderes en este momento comparados con el resto de puertos españoles. Todos los puertos somos totalmente diferentes. Nosotros, por nuestras circunstancias, no tenemos un marco estratégico, que está definido por Puertos del Estado. Nosotros no tenemos contenedores. Vas a Almería o a València y solo ves explanada de contenedores. Tenemos que adaptarnos a las circunstancias de cada situación.

¿Qué último mensaje le gustaría transmitir a la ciudadanía balear para que valore más el papel del puerto?

Que los puertos somos un motor económico y eso la gente lo desconoce. Somos invisibles, pero el puerto tiene mucha relevancia y, dentro del contexto económico, somos actores importantes.

La jornada 'El puerto: motor económico de Balears', una iniciativa de la Autoritat Portuaria de Balears (APB) organizada por elDiario.es, ha arrancado este miércoles con una mesa redonda en la que se ha puesto en valor el papel de los puertos de Balears como ejes de la cadena de suministro y de la coordinación necesaria para garantizar el abastecimiento de las islas. No en vano, el 99% de los bienes de consumo que importa el archipiélago entra por sus cinco puertos de interés general, una cifra que, ha subrayado el director de la APB, Toni Ginard, se sitúa por encima de los porcentajes que manejan otras instalaciones portuarias de España.

“Se trata de un motor quizás un poco silencioso”, ha manifestado Ginard durante la mesa 'El servicio de mercancías: precisión logística en la cadena de suministro', en la que también han participado el secretario general de la Asociación Española de Grandes Empresas de Distribución (ANGED), Marcos Casado; el representante de la Asociación de Navieros Españoles (ANAVE), Joan Serra, y el de los estibadores de la Asociación Patronal de Empresarios de Actividades Marítimas (APEAM), Antonio Gómez. La mesa ha sido moderada por Pablo Sierra del Sol, periodista colaborador de elDiario.es en Eivissa y Formentera.

En su intervención, Ginard ha manifestado que los puertos de Balears reciben 17 millones de toneladas de mercancías cada año. “Creo que no somos conscientes de esta magnitud”, ha afirmado, para acto seguido recalcar la importancia de dar mayor visibilidad a todas sus actividades. “Los ciudadanos desconocemos lo que se hace en nuestros puertos. Somos uno de los motores de la economía balear y somos un territorio en el que tenemos industria, comercio, zonas abiertas que el ciudadano puede disfrutar. Quizás solo somos conocidos porque somos los que abastecemos de mercancías al territorio y garantizamos la conectividad de los pasajeros por mar. Pero, como decía, en ningún caso creo que se conoce la verdadera magnitud de lo que hacemos”, ha incidido. “Es como una microsociedad. Cada puerto es el universo”, ha añadido.

Por su parte, Casado ha apelado a la necesidad de que la sociedad sea consciente de que la distribución minorista (retail) es “motor y fuente de abastecimiento de los consumidores”. Como responsable de ANGED, ha destacado que esta entidad nació en 1977 con el objetivo de dar voz a este sector, que engloba desde grandes almacenes y supermercados a las grandes tiendas especializadas en moda, electrodomésticos y muebles. “En un territorio como son las islas, el transporte marítimo de mercancías es absolutamente vital”, ha subrayado, reflexionando acto seguido sobre unas infraestructuras “estratégicas”, pero también “críticas”, que, considera, “hay que dotar de medios”.

Casado ha apelado, asimismo, a la necesidad de que las autoridades se coordinen para controlar el comercio online, que es “tan lícito como el comercio físico”: “Pero sí es cierto que estamos viviendo un auge de ese comercio procedente fundamentalmente de plataformas chinas que llevan a cabo prácticas desleales, introduciendo en el mercado de la Unión Europea productos y servicios que no cumplen con la normativa”. Por ello, ha señalado que el Parlamento Europeo “se ha preocupado por esta falta de legislación” y se ha pronunciado “para que las reglas sean exactamente iguales para todos los operadores en la UE”.

En concreto, ANGED está integrada por 23 de las más importantes firmas del retail en España, con más de 7.400 tiendas, una facturación superior a 48.000 millones de euros y 236.000 empleados. Las compras a proveedores españoles ascienden, además, a los 35.400 millones de euros anuales, con una inversión media anual superior a los 1.000 millones durante los últimos 15 años y una aportación social y tributaria que supera los 13.000 millones de euros anuales.

Por su parte, Serra ha considerado: “A veces no nos damos cuenta de la importancia que tiene una buena conectividad marítima hasta que ocurren las catástrofes y, entonces, es donde aparecemos nosotros también. A base de trabajo, de inversión y de innovación, hemos conseguido adaptar la flota que presta servicios marítimos, conectando el territorio balear con unos barcos adaptados a la sostenibilidad que cumplen con las necesidades de las demandas de los clientes y de toda la gama, diríamos, de necesidades de abastecimiento que tienen las islas, que son muchas y variadas, desde el producto perecedero o frío hasta los materiales de construcción”.

El representante de la Asociación de Navieros Españoles ha subrayado cómo durante los últimos 20 años se ha realizado un esfuerzo considerable en la mejora y la seguridad de estos barcos, con el objetivo de “dar fiabilidad en el servicio marítimo y a la vez una puntualidad que facilite la labor de las grandes superficies y del pequeño comercio que tanto depende del suministro marítimo”.

En esta línea, ha apuntado, como el resto de intervinientes, que el 90% del consumo procede de la península, por lo que la asociación se preocupa de que “llegue en tiempo y forma a los lineales de los supermercados o a los pequeños comercios”. “Esto requiere un trabajo importante. Gracias al esfuerzo y a esa buena conectividad , el estocaje de productos alimenticios que los grandes almacenes hacían antaño haya pasado prácticamente a la historia”, afirma.

Mientras tanto, Gómez ha ensalzado la importancia del ámbito de los estibadores, dado que la mayor parte de la mercancía se distribuye a través de camiones con conductor. En este sentido, ha aludido a varias de las problemáticas que afectan al sector, como la falta de colegios profesionales y “algunas causas judiciales que quieren computar como tiempo de trabajo el tiempo de embarque”, lo que, señala, provoca que “cada vez empiece a llegar una mercancía o más camiones y conductores sin cabezas tractoras”. Gómez ha manifestado que están intentando rejuvenecer la plantilla de estibadores, al tratarse de un oficio en el que “cuesta encontrar relevo generacional”.

Ginard, de nuevo, ha destacado que la APB lleva a cabo numerosas iniciativas de mejora de sus insfraestructuras para la recepción de mercancías y que suponen una inversión de entre 40 y 60 millones de euros que, ha apostillado, proceden de los recursos propios del organismo. Uno de los proyectos busca mitigar el cambio climático en lo que respecta a la subida del nivel del mar y las consecuencias de los temporales con el objetivo de que estos no afecten a la descarga de mercancías. También prevé destinar cerca de 100 millones de euros en electrificar los muelles. Y se centrarán también en convertir las estaciones marítimas en estaciones sostenibles, además de seguir trabajando por alejar las actividades de descarga de mercancías del nucleo urbano.

Con motivo de trabajos de mantenimiento en la red de abastecimiento de agua, varias zonas de Guadalajara sufrirán los días 9, 10 y 11 de septiembre bajas de presión y cortes de suministro puntuales.

Las zonas afectadas serán el Barranco del Alamín, así como las calles Cuesta de Hita, avenida de Francia, avenida Concepción Arenal y avenida El Olivar, según ha informado Guadalagua en su perfil en la red social X.

Se espera que los trabajos duren desde las 10:00 hasta las 13:00 horas de estos tres días, cuando se restablecerá el suministro.

El Consistorio de La Estrella, municipio situado en la toledana comarca de La Jara que aglutina a cerca de 270 habitantes, ha arremetido contra las grandes compañías como Movistar e Iberdrola, que tienen “abandono” a los habitantes de estos pequeños pueblos, asegurando que “su desinterés y pasividad ponen en riesgo la seguridad y la calidad de vida” de su población.

La alcaldesa del Ayuntamiento de La Estrella y Fuentes, Mónica González, ha denunciado, respecto a Movistar, que el municipio lleva años padeciendo cortes de cobertura, cada vez que llueve.

“Estos fallos no se resuelven en cuestión de horas, sino que hemos llegado a permanecer hasta semanas completas incomunicados, sin teléfono ni Internet. Todo ello por la negativa de la compañía a instalar un simple dispositivo, cuyo coste no alcanza los 600 euros, que permitiría que el sistema se rearmase de manera automática”.

En lugar de ello, prosigue la regidora, son los propios vecinos y vecinas quienes deben subir a la infraestructura, exponiéndose a riesgos innecesarios para restablecer el servicio.

“La seguridad de nuestros ciudadanos y ciudadanas no puede depender de la dejadez de una empresa que se lucra con nuestros contratos”, ha condenado.

Dicho esto, ha indicado que este pasado miércoles, a las 04.41 horas de la madrugada, se originó un incendio en el término municipal debido a que una garduña quedó electrocutada en un dispositivo de la red eléctrica de Iberdrola.

“El animal ha permanecido allí hasta la mañana de este jueves momento en que ha sido retirado, pero los trabajos de reparación continúan incompletos. La falta de diligencia y de prevención por parte de Iberdrola supone un riesgo real de que se vuelva a producir un incendio, en una zona que ya ha sufrido las terribles consecuencias de las llamas en años recientes”, denuncia la primera edil.

Dicho esto, ha recordado que durante el incendio del 6 de agosto de 2025 en Navalmoralejo, La Estrella permaneció 13 horas sin suministro eléctrico, “sin que Iberdrola reaccionase con la urgencia que la situación exigía”.

“Solo cuando la compañía decidió enviar transformadores de apoyo se restableció la luz, después de casi un día completo de oscuridad en plena emergencia. En un contexto de confinamiento, miedo y riesgo extremo para la población, esta demora fue inaceptable y dejó aún más patente el abandono al que estamos sometidos”, ha lamentado.

Pese a ser consciente de que La Estrella es un pequeño municipio, su alcaldesa defiende que esta circunstsancia “no puede justificar que se nos trate como ciudadanos de segunda”.

“Exigimos el mismo respeto y las mismas garantías que cualquier otro lugar de nuestro país. No se trata de favores, sino de derechos básicos: el derecho a la comunicación, a la seguridad y a la igualdad de trato”.

“La Estrella no puede seguir siendo el pueblo olvidado por las grandes empresas. Queremos soluciones inmediatas, porque la paciencia de nuestros vecinos y vecinas se ha agotado”, concluye.

En el preciso momento del pasado 28 de abril en el que la Península Ibérica se paralizó por el gran apagón energético, cada persona trató de buscar una explicación a lo ocurrido. Antes de conocerse la magnitud de la situación, la mayoría de afectados reducían el alcance del corte a su propia vivienda, su bloque o su calle. En Batán, barrio oficioso perteneciente a Lucero (en el distrito de Latina), muchos vecinos repararon inmediatamente en una causa: los trabajos para soterrar la A-5. “Aquel día pensamos que era cosa de la obra”, reconoce Arturo Sáez, portavoz de la Asociación de Vecinos de Batán. Esa vez se equivocaron, pero lo sucedido en jornadas posteriores les ha cerciorado de que tenían motivos para las suspicacias.

Solo dos semanas después, el 12 de mayo, un corte del suministro eléctrico provocado esta vez sí por el soterramiento dejó sin luz a miles de abonados durante unas cuatro horas, entre las 9.00 y las 13.00. La mayoría en Batán, pero también en otras zonas de Lucero y Latina, hasta alcanzar en torno a 4.600 clientes. Iberdrola confirmó el apagón y que produjo a raíz los trabajos para soterrar la autovía madrileña. El Ayuntamiento de Madrid, que coordina una obra cuyo presupuesto alcanza los 405 millones de euros, apuntó a un corte de cable accidental.

Pero las incidencias no se han detenido ahí. Apenas una semana después, el 20 de mayo, varios puntos del barrio de Aluche (también en Latina) se quedaban sin agua corriente ni luz por la rotura de una tubería agujereada en la misma obra. El incidente se produjo en un conducto de medio metro de diámetro ubicada en el Paseo de Extremadura, a la altura de la calle Illescas. Los técnicos de Canal de Isabel II operaron en la zona para reducir el área afectada por la falta de suministro y subsanar la incidencia, pero no lo lograron hasta las 23.00 de aquel día, más de doce horas después de que los efectos empezaran a dejarse notar. El Canal llegó a repartir palés con garrafas para los vecinos afectados.

Después de los cortes de agua y luz, le tocó a la cobertura. La intervención subterránea volvió a dañar un cable el pasado 8 de julio, provocando que vecinos de Latina y el municipio adyacente de Pozuelo de Alarcón se quedaran sin conexión wifi ni datos móviles durante horas. El servicio se fue restaurando en la zona a lo largo de esa misma jornada, aunque con irregularidades.

Andrés Piñeiro, vocal de la Asociación Vecinal de Campamento, protesta muy especialmente por la falta de información: “Nos enteramos de todo por los medios. Las autoridades no responden por ninguna vía y el concejal del distrito [Alberto González Díaz] ha descartado la mesa de seguimiento vecinal. Vamos a solicitar una comunicación más fluida para poder trasladar mejoras. Solo pedimos reunirnos cada mes y medio o si surge algo importante”. Arturo Sáez incide en la misma cuestión al conversar con Somos Madrid: “Reivindicamos más datos por adelantado. Nos enteramos por la prensa porque el aŕea de Movilidad no dice nada”.

Nos enteramos de todo por los medios. Las autoridades no responden por ninguna vía y el concejal del distrito ha descartado la mesa de seguimiento vecinal. Vamos a solicitar una comunicación más fluida para trasladar mejoras

Andrés Piñeiro — Vocal de la Asociación Vecinal del barrio de Campamento

Fuentes del área de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad aseguran por su parte que “el distrito atiende a cualquier solicitud que se plantea y está situada la oficina de la obra en el Centro Sociocultural de El Greco”. Señalan asimismo que “cuando una afección ocurre es porque los servicios muchas veces no están ubicados donde se indicaba que estaban”.

Un “efecto demoledor” en el transporte público

El panorama se completa con el difícil contexto de movilidad en la mayoría del distrito: “Batán y Campamento somos los barrios más afectados. En Batán solo quedan dos pasos subterráneos para atravesar la A-5”, dice Piñeiro. Aunque la mayor parte de las quejas aluden a la situación del transporte público. “Han apostado por el privado y por perjudicar a los que apostamos por el Metro o los autobuses. Hay zonas que mantienen los dos carriles de tráfico privado y 28 líneas de bus se quedan en Cuatro Vientos sin llegar a campamento”.

En la misma línea apunta Arturo Sáez: “Ya das por descontado que se prioriza el coche sobre otras medidas. Príncipe Pío está vacío, cientos de personas no pueden llegar allí para usar el trasporte. En coche sin embargo apenas se nota la influencia. Hasta tengo amigos que dicen que se podía haber bajado la velocidad antes, que van más fluidos aunque ahora la autopista se haya convertido en una calle de dos carriles. Mientras, el desvío de las líneas de EMT 65, 39 y 33 ha hecho mucho daño. Mucha gente tarda 50 minutos más en cubrir sus trayectos. Cuando se ha unido el corte de la línea 6 en Lucero, sin que se refuerce la 10 en Batán aunque las personas vayan como latas de sardinas, el efecto ha sido demoledor”.

Dichos trabajos en el suburbano madrileño, que mantienen clausurado el recorrido entre Méndez Álvaro y Moncloa pasando por Plaza Elíptica, han añadido además un nuevo susto en Latina. Tuvo lugar en la madrugada del pasado jueves 17 de julio, cuando el incendio de un aparato de soldadura en las obras de la línea 6 provocó una gran nube negra que alertó a los residentes del Paseo de Extremadura. “La máquina se estropeó y empezó a sacar muchísimo humo. Afortunadamente se quedó en eso”, se limitan a exponer a este periódico fuentes de Metro de Madrid. Samur-Protección Civil atendió a cuatro heridos muy leves por inhalación de humo.

Una obra ambiciosa que los vecinos defienden pese a las molestias

El soterramiento de la A-5 es la obra más ambiciosa que se desarrolla actualmente en la capital. Una de las principales entradas a Madrid, la Autovía de Extremadura, permanece durante los próximos años afectada por los trabajos de ejecución, con una importante reducción de su capacidad e intensas alteraciones en los desplazamientos de todos los viajeros que utilizan este corredor. Los cortes al tráfico comenzaron el 15 de enero y se extenderán durante varios años, con afecciones durante todo el 2025 aseguradas y también a lo largo del 2026.

El Ayuntamiento de Madrid ejecuta actualmente la primera fase del soterramiento de la A-5, que finalizará dentro de dos años. Una vez lo concluya, iniciará la segunda, ligada al desarrollo de la Operación Campamento y cuyo proyecto de urbanización se aprobó en febrero. Esta segunda etapa supondrá la prolongación del subterráneo. Inicialmente se había proyectado extender el túnel y posterior bulevar desde la avenida del Padre Piquer hasta la avenida de la Aviación, pero finalmente alcanzará Cuatro Vientos, en el límite con la M-40.

Pese a todos los incidentes acumulados en los primeros compases de la obra, la mayoría de vecinos mantiene su respaldo al proyecto: “Creen que el barrio y sus vidas van a mejorar”, dice Arturo Sáez sobre el sentir generalizado en Batán. Opina, eso sí, que el interés general final no es óbice para que mejoren los canales de difusión. Sobre todo en lo que respecta a la movilidad: “Un corte de luz o Internet es sorpresivo, pero de que desvíen el tráfico de la M-30 al Paseo de Extremadura no deberíamos enterarnos por los medios”

Con unas comunicaciones físicas mermadas, esperan que el Gobierno de José Luis Martínez-Almeida mejore la comunicación informativa: “El miedo es a quedarnos apartados del todo, hay cada vez menos pasos peatonales y la falta de datos acrecenta la sensación de aislamiento”.

El Gobierno de Castilla-La Mancha desactiva el Plan Territorial de Emergencias (PLATECAM) que se puso en marcha el pasado lunes, apenas minutos después de registrarse el gran apagón nacional. El Plan se mantuvo en nivel 2 hasta que se solicitó el nivel 3 de emergencia nacional, que se ha desactivado también este miércoles en la comunidad autónoma.

Tal como confirmó el viceconsejero Eusebio Robles tras la última reunión del Centro de Coordinación (CECOPI), la desactivación será automática y se hará efectiva a las 12.30 horas de este miércoles. Así lo ha ratificado también este miércoles, la portavoz regional, Esther Padilla. El Ejecutivo consideraba ya en la noche de este martes que la situación se había normalizado lo suficiente para poder desactivar el Plan territorial.

Durante el primer día de emergencia, el Servicio de Atención y Coordinación de Urgencias y Emergencias de Castilla-La Mancha 1-1-2 recibió más de 12.000 llamadas relacionadas con el apagón, una cifra que triplicaba la que se registra en un día normal. Las labores además se llevaron a cabo haciendo frente también a los problemas relacionados con caídas de los sistemas informáticos, aplicaciones y redes de telecomunicaciones que afectaron a particulares y a gran número de organismos.

Durante la noche del día 28 y la mañana del día 29, fueron distribuidos a través de la empresa pública GEACAM, más de 3.500 cenas y 2.500 desayunos para atender a los pasajeros de los trenes que se encontraban en estaciones y albergues establecidos, en colaboración con ayuntamientos y Cruz Roja, en diferentes localidades de la región.

Ya el día 29, durante las tres reuniones mantenidas en el CECOPI, se constató la buena marcha en la resolución de la emergencia, dado que el suministro eléctrico se había recuperado ya en la mayor parte de la Comunidad Autónoma. En este encuentro de la dirección de la Emergencia, y ante la situación favorable señalada, se ordenó la reapertura de los centros educativos ya para la tarde del mismo martes.

Así, durante la mañana de hoy, y tras la normalización de la situación y ante la ausencia de incidentes relacionados con el apagón eléctrico, la dirección de la emergencia ha decidido la desactivación del PLATECAM en toda la Comunidad Autónoma.

Salvando los problemas puntuales de comunicación y de suministro, a Castilla-La Mancha ha vuelto la normalidad. Todavía hay cuatro pueblos sin luz en la provincia de Toledo, Camarenilla, Villamuelas, Villasequilla y Arcicóllar, y otros tres en Guadalajara han perdido el servicio tras recuperarlo: Brihuega, Trijueque y Gascueña. Al caerse el suministro en Brihuega, han explicado desde Unión Fenosa según el Gobierno castellanomanchego, lo han perdido también las dos pequeñas localidades. En la mañana de este martes se recuperó también el suministro en Villafranca de los Caballeros, en Toledo.

Son las incidencias de las que ha informado la portavoz regional, Esther Padilla, que ha resaltado que ya ha vuelto el suministro a las cuatro localidades ciudadrealeña que no tenían servicio en la mañana de este martes. Tarancón ha sido la única localidad en la que se ha registrado también incidencia por suministro de agua.

Se mantiene, por ahora, el nivel 3 de emergencia nacioanl, tal y como solicitó este lunes el Ejecutivo regional. A las 13:00 horas se celebra una nueva reunión para decidir si se mantendrá durante la jornada.

Por ahora, se mantiene suspendida la atención sanitaria programada en la comunidad autónoma, y se restablecerá cuando “tengamos la garantía de que cuando vayan los pacientes a los centros hospitalarios puedan ser atendidos con normalidad”. La actividad lectiva volverá a las aulas este mismo martes por la tarde, una vez se ha garantizado la atención al alumnado en la región.

Durante la noche de este lunes se debió atender a otras 29 personas con oxígenoterapia, además de las más de cien que se habían atendido hasta pasada la medianoche según informó Sanidad, algunas en sus domicilios y otras en los hospitales, cuyo traslado se facilitó desde el Gobierno regional. Todavía se deberá esperar a una atención sanitaria normalizada. “Se está trabajando para retomar la normalidad lo antes posible”, destacó Padilla.

La restitución del suministro, insistía Padilla, ha sido “muy desigual” y por eso ha defendido qeu, a pesar de las “contradicciones” se decidiese suspender la actividad lectiva esta mañana. La idea era evitar problemas mayores. “No hay otra motivación que garantizar el bienestar en los centros educativos”, recalcó y apuntó a “roturas de tuberías” en algunos centros. También agradeció a los docentes que acudieron a los centros para verificar que estaba todo en orden.

“Hay gente que aún padece los efectos del apagón y cuenta con nuestro apoyo”, recalcó la portavoz, que ha destacado la reacción “ejemplar” de la ciudadanía y los gestos de solidaridad en “una circunstancia excepcional”.

El Ayuntamiento de Albacete solicita la colaboración ciudadana ante la “oleada de actos vandálicos” que vienen sufriendo las instalaciones eléctricas del alumbrado público.

El concejal de Proximidad, Carlos Calero, ha informado de que “desde hace varios meses se vienen produciendo una gran cantidad de actos vandálicos en los cuadros de mando y protección del alumbrado público de Albacete, que tienen como consecuencia directa apagones nocturnos en distintos barrios y zonas de la ciudad”.

En las últimas semanas se han detectado al menos una decena de actos de estas características, “que han sido denunciados tanto en la Comisaría de Policía Nacional como Policía Local”. Además, están alertadas las patrullas diurnas y “en especial las nocturnas”, con la finalidad de localizar y detener a la persona o personas responsables de estas actuaciones, que tienen una finalidad “puramente vandálica, pues ni siquiera roban el material”.

El Servicio Especial de Electricidad del Ayuntamiento ha pedido la colaboración ciudadana debido a la “gran cantidad de cuadros de mando y protección de alumbrado existentes”, desde “se pide la colaboración ciudadana, para que si observan algún individuo sospechoso manipulando alguno de estos cuadros lo pongan inmediatamente en conocimiento de la Policía. Cuantos más detalles nos faciliten sobre la apariencia o la vestimenta de esa persona o personas, más fácil será su localización”. La Policía Local ya está revisando las cámaras de vigilancia cercanas a los puntos afectados.

El concejal ha recordado que “además de los perjuicios en el servicio, el coste medio de reposición alcanza los 350 euros, por lo que es importante recordar la conveniencia de respetar los bienes públicos y denunciar cualquier anomalía o hecho delictivo que se observe”.

En torno a 100.000 personas permanecen actualmente sin suministro eléctrico en la provincia de Valencia, tras la DANA que ha arrasado la zona y ha dejado al menos 62 víctimas mortales. El temporal ha provocado cortes de luz y problemas con el suministro de agua y comunicaciones en diversos puntos del territorio, a los que los equipos técnicos tratan de acceder a medida que las condiciones lo permitan. Durante la mañana estaban sin electricidad 150.000 habitantes, una cifra que se ha reducido en el balance de las 19.00 a 104.000. Y a última hora de la noche se ha rebajado hasta las 99.000 personas, aunque el presidente de la Generalitat valenciana ha cifrado en 115.000. Hay, además, 23.700 usuarios sin gas.

La zona más afectada por averías en las líneas eléctricas de transporte y distribución es la de Catadau, donde se ha visto afectada la subestación que alimenta ese área. Según fuentes de Iberdrola, actualmente hay unos 13.000 vecinos sin suministro en las localidades de Carlet, Montserrat, Catadau, Montroy y Benimodo, donde los equipos no han podido acceder a las instalaciones para valorar la situación y comenzar los trabajos de reparación. En Utiel, Buñol y alrededores hay 25.000 personas afectadas, sin que tampoco se haya podido acceder.

Según los datos de la compañía, a última hora de la noche de este martes también se vio afectado el suministro electrico en varios municipios de la comarca del l'Horta Sur tras el desbordamiento de los barrancos próximos, afectando a 50.000 clientes. “Se irá reponiendo el servicio a medida que los accesos lo permitan”, señalan desde Iberdrola, que ha movilizado a medio millar de trabajadores y ha reforzado los canales de atención a los clientes.

Fuentes de Telefónica indican que la empresa ha desplegado un “refuerzo masivo en Comunitat Valenciana para reparar los daños causados por las inundaciones y los cortes de luz a consecuencia de la DANA”, pero recuerdan que lo prioritario en estos momentos es garantizar la seguridad de la población. El equipo de operaciones trabaja con la Generalitat Valenciana y con la Unidad Militar de Emergencias para que los equipos técnicos puedan llegar a las centrales inundadas. Además, el teléfono 112 está plenamente operativo para comunicar emergencias.

Pese que el concejal del Ciclo del Agua del Ayuntamiento de Valencia, Carlos Mundina, ha indicado que “de momento no hay cortes de agua previstos” en la ciudad, según publica Levante, y desde la Consellería de Medio Ambiente han publicado en X que “el suministro de agua potable está garantizado”, elDiario.es ha podido confirmar a través de varios vecinos que el suministro presenta problemas, al menos en algunas casas, desde esta mañana.

Trabajo recuerda a las empresas la obligación de proteger a sus empleados

La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha hecho este miércoles un llamamiento a las empresas para que respeten la legalidad e interrumpan su actividad en aquellas zonas donde la actividad laboral no sea segura por las condiciones meteorológicas. “Preservemos la vida de los trabajadores y las trabajadoras”, ha insistido Díaz, que ha señalado también que su departamento va “a desplegar la Inspección de Trabajo”. “Por encima de todas las circunstancias, nadie tiene que trabajar corriendo un riesgo en su vida”, ha reclamado.

Fuentes del ministerio recuerdan que las empresas tienen la obligación de proteger a sus plantillas ante los riesgos de fenómenos meteorológicos adversos como la DANA, que ha dejado ya más de medio centenar de fallecidos. “Las medidas preventivas incluyen la prohibición de desarrollar determinadas tareas cuando los fenómenos adversos así lo requieran”, indican estas mismas fuentes.

La entidad pública Infraestructuras del Agua de Castilla-La Mancha ha comunicado que el agua producida de la Estación de Tratamiento de Agua Potable (ETAP) de la Mancomunidad de Tajuña es apta para consumo humano, pero ahora los ayuntamientos tendrán que hacer los análisis pertinentes en las redes municipales.

Los análisis realizados arrojan que el agua de la Estación de Tratamiento de Agua Potable (ETAP) de la Mancomunidad de Tajuña es apta para consumo humano, según establece el Real Decreto 3/2023.

El Sistema de Abastecimiento Tajuña continúa produciendo y distribuyendo agua con normalidad a todos los municipios que lo integran, tal y como la informado la entidad pública en un comunicado.

Se continúa analizando y evaluando la red de distribución para confirmar su aptitud. La conclusión de este proceso requerirá que los ayuntamientos, como administración competente en la red de distribución en baja, “evalúen y confirmen la aptitud del agua en las diferentes acometidas, mediante el autocontrol que realizan habitualmente”.

Esta entidad se pone a disposición para el asesoramiento que requieran en el ámbito de sus competencias. Por ello, con objeto de garantizar el suministro de agua potable mientras los ayuntamientos realizan las gestiones necesarias, la Diputación Provincial de Guadalajara mantendrá el apoyo de cisternas, fuentes y garrafas en los municipios.

Especialmente en cada instituto, colegio y escuela infantil pertenecientes al Sistema de Abastecimiento Tajuña, en coordinación con la Delegación Provincial de Educación, Cultura y Deportes en Guadalajara de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.

La consejera de Desarrollo Sostenible, Mercedes Gómez, ha confiado en que los pueblos de la Mancomunidad de Aguas del Tajuña puedan contar con agua potable este martes a través de los grifos, aunque ha manifestado que habrá que esperar a “los últimos resultados que se están tomando de muestras a lo largo del día de hoy”.

“Estamos muy cerca de cumplir ya parámetros, yo espero que eso se produzca a lo largo del día de mañana y, por lo tanto, inmediatamente después se produciría una limpieza general de todas las tuberías para que no haya absolutamente ningún problema. Y entonces, en ese mismo momento, podríamos decir que el agua ya es potable”, ha afirmado Gómez.

Mientras tanto, desde la Consejería del ramo continúan con el abastecimiento de agua potable a través de depósitos especiales que se han habilitado y a través de agua embotellada que está repartiendo a toda la población “para que no haya ningún problema”, ha recordado Gómez.

Asimismo, se abastece a la población de agua no potable a través del circuito establecido del sistema de abastecimiento.

Los cerca de 30.000 vecinos de los 35 municipios de la Mancomunidad de Aguas del Tajuña acumulaban más de una semana sin agua potable en sus grifos, una situación generada por las intensas lluvias caídas la provincia, lo que provocó que el agua de la planta potabilizadora que abastece a estas localidades se embarrara, impidiendo, además, su depuración.

Según señaló el pasado viernes el presidente de la Diputación Provincial de Guadalajara, José Luis Vega, la previsión era que desde el pasado sábado los vecinos contaran con agua en sus grifos para uso doméstico e higiene.

La Agencia Extremeña de la Energía (Agenex) remitirá cartas durante este mes de agosto a las 12.318 personas en la región a quienes no se ha podido ingresar las ayudas del bono social térmico, por no disponer de sus cuentas corrientes. El objeto de esta comunicación es agilizar las cantidades que les corresponden en función de su vulnerabilidad y hacer efectivo cuanto antes el pago.

Del mismo modo, se están enviando misivas a los ayuntamientos para solicitar la colaboración de los servicios sociales y asegurar así que la información llegue a sus destinatarios y que éstos cuenten con respaldo si tuvieran dificultades para proporcionar los datos que se precisan.

El Ejecutivo extremeño recuerda que se trata de una ayuda directa del Ministerio para la Transición Ecológica, regulada en el Real Decreto-Ley 15/2018, de 5 de octubre, de medidas urgentes para la transición energética y la protección de los consumidores. Está destinada a compensar los gastos de personas consumidoras más vulnerables en calefacción, agua caliente sanitaria o cocina.

Las personas receptoras de estas cartas son aquellas beneficiarias de las que no se dispone de referencia bancaria o bien los datos facilitados por su comercializadora no están activos actualmente.

Agenex es la entidad encargada de la gestión, resolución y el pago de estas ayudas en la región, que cuenta con 80.103 beneficiarios, de los que 67.785 ya la han recibido.

Así, quedan pendientes de cobro 12.318 personas de las convocatorias de 2021, 2022 y 2023, a quienes les corresponden una o varias transferencias en función de las convocatorias en las que aparezca como beneficiaria. En total, se han pagado más de 41.519.000 euros, de los casi 49.629.000 consignados por el Ministerio en las tres convocatorias ya señaladas.

Para la convocatoria de 2024, según la nota, el Gobierno central aún no ha destinado la cuantía. 

La localidad toledana de Buenasbodas está teniendo un verano para olvidar. Al trágico suceso de un varón afectado por la fiebre hemorrágica de Crimea-Congo -quien falleció posteriormente- debido a la picadura de una garrapata que transmitía esta enfermedad, se suma también que desde mediados de mes de julio sus poco más de 300 vecinos y vecinas no disponen de agua potable.

Esta entidad de ámbito territorial inferior al municipio -Eatim-, dependiente del municipio de Sevilleja de la Jara, trasladó a través de un Bando Móvil el pasado 16 de julio la recomendación de no consumir agua ya que habían detectado un color irregular en la misma en su entrada al depósito de Río Frío.

Desde entonces, el Ayuntamiento ha repartido durante varios días agua embotellada y este viernes la Diputación de Toledo ha llevado 17.000 litros de agua también en botellas, dando respuesta a la petición que había realizado el propio municipio antes situación sobrevenida.

En concreto, tras las analíticas realizadas, se han detectado altas concentraciones de hierro y magnesio en el agua, por lo que se decretó que por el momento no es apta para el consumo. No obstante, confían en solucionar esta situación en las próximas fechas.

Una medida de urgencia

Por parte de la Institución provincial, ha sido el diputado de Conservación Vial y Parque Móvil, Pedro Díaz, el encargado de la entrega de los 17.000 litros de agua embotellada para paliar los problemas de potabilidad del agua existentes en el municipio.

Una medida de urgencia que ha tomado la Diputación de Toledo ante la solicitud del Ayuntamiento de Buenasbodas, con el objetivo de garantizar que todos los vecinos de este pequeño municipio tengan acceso a agua potable mientras el Ayuntamiento busca una solución a este problema en el suministro.

La Diputación Provincial de Toledo destaca que cumple así con su “compromiso de apoyar a los municipios y ofrecer soluciones a los problemas de los vecinos de la provincia, una respuesta que se ha dado de forma inmediata, algo que es especialmente importante en municipios pequeños y del mundo rural como es el caso de Buenasbodas”.

El consejero de Política Local, Infraestructuras y Lucha contra la Despoblación, Daniel Osés, ha visitado este miércoles, acompañado del alcalde de Nájera, Jorge Salaverri, el nuevo depósito que se ha construido en la localidad con el objetivo de “garantizar el funcionamiento adecuado del servicio público de agua para todos los vecinos de Nájera”.

Este proyecto ha contado con un presupuesto total de 756.761 euros, de los que el Gobierno de La Rioja ha financiado 489.396 euros.

En este sentido, ha subrayado que “esta actuación va a elevar la capacidad de almacenamiento de agua de Nájera hasta los 2.500 metros cúbicos para satisfacer una de las necesidades más esenciales de cualquier municipio, y evitando así problemas de abastecimiento de agua, especialmente durante el verano”.

Además, ha mostrado el interés del Gobierno de La Rioja por “seguir apoyando a los municipios que quieran realizar actuaciones de mejora de la eficiencia de los recursos hídricos, así como de la gestión del agua”.

Por su parte, el alcalde ha agradecido la inversión que ha realizado el Ejecutivo regional para hacer realidad este proyecto “importante de cara al presente y futuro de la localidad, puesto que ahora tenemos asegurado el abastecimiento de agua para todos los vecinos”.

Esta nueva infraestructura cuenta con una capacidad de 968 metros cúbicos, lo que sumado al volumen del otro deposito existente en la localidad, de 1.500 m3, permite dar respuesta al consumo medio diario de agua del municipio.

La construcción está formada por dos vasos que disponen de un muro deflector para garantizar la circulación y renovación del agua almacenada, accesos desde el exterior, ventanas de inspección, respiraderos y desagüe, así como caseta de válvulas.

Además, se han repuesto e instalado nuevas conducciones, valvulería y piezas especiales, así como del sistema de cloración y control del conjunto.

Se ha construido sobre el terreno que ocupaba otro depósito que llevaba tiempo en desuso debido a su avanzado estado de deterioro, ya que tenía 70 años de antigüedad, y cuya demolición ha formado parte del proyecto.

Esta nueva dotación se encuentra en el paraje conocido como el Cerro del Castillo, adyacente al núcleo urbano y hasta donde se bombea el agua procedente del Río Najerilla.

Con esta obra, se ha dotado al municipio de una capacidad adicional de reserva de agua potable suficiente para el día a día. Además, se ha asegurado una presión mínima en la red de abastecimiento y se ha elevado la garantía del suministro general.

Por último, esta nueva infraestructura permite flexibilizar la rigidez funcional del otro depósito existente para poder realizar su mantenimiento sin incidencias en el servicio.

El Gobierno ya ha empezado a negociar con los grupos parlamentarios la prórroga del escudo anticrisis que vence a finales de junio y que tiene previsto extender durante al menos seis meses más. Dentro de esas conversaciones, este viernes el ejecutivo ha llegado a un acuerdo con EH Bildu para extender dentro de ese paquete de medidas la prohibición del corte del gas, la luz y el agua ante situaciones de impago.

Según han informado en un comunicado los independentistas vascos, el Gobierno ha aceptado extender esa medida dentro del paquete anticrisis así como el mantenimiento de la tarifa regulada y rebajada (TUR4) para las calderas comunitarias. Con este acuerdo, el ejecutivo cuenta con el apoyo de EH Bildu para sacar ese decreto adelante, que tiene que ser aprobado antes de fin de mes y convalidado por el Congreso en un plazo de 30 días desde su aprobación.

EH Bildu también contaba incluir en las negociaciones la extensión de la moratoria de los deshaucios para familias vulnerables sin alternativa habitacional, una medida que el Gobierno ya aprobó a través de otro decreto recientemente tras una negociación con Podemos. Con ello, esas tres medidas seguirán vigentes al menos hasta enero de 2025, cuando el Gobierno deberá estudiar si extiende esas medidas otros seis meses más.

La formación vasca ha valorado positivamente el acuerdo así como “el mantenimiento de otras medidas sociales que permitirán seguir aportando una protección aún muy necesaria en el difícil contexto económico y social por el que atraviesan miles de familias vascas y también del Estado español”, según el comunicado. “El grupo soberanista vasco es plenamente consciente de que estas medidas no son aún suficientes para hacer frente a la crisis que muchas personas atraviesan; por ello, se compromete a seguir trabajando a lo largo de la legislatura para avanzar en la mejora de los derechos laborales, la alimentación o la vivienda, pilares básicos para poder desarrollar una vida digna”, añaden.

“Nuestra voluntad es mejorar así las condiciones básicas para las vidas de los y las ciudadanas vascas así como de los y las trabajadoras del Estado y sus pueblos. Seguimos trabajando para ello”, ha explicado la portavoz de EH Bildu en el Congreso, Mertxe Aizpurua.

El último paquete, aprobado a finales de diciembre, incluía además otras medidas como la rebaja del IVA de los alimentos básicos hasta junio y los descuentos al transporte público durante todo 2024. También mantenía el impuesto a los beneficios extraordinarios de la banca y de las energéticas (aunque con exenciones en este último caso) y subía el IVA de la luz del 5% al 10%. El IVA del gas pasó del 5% al 10% en el primer trimestre, y después regresará al 21%.

Este viernes, el Gobierno ha anunciado que eliminará el IVA de las botellas de aceite de oliva a partir del próximo 1 de julio. Esa medida se pactó en enero entre el PSOE y Junts para sacar adelante el plan anticrisis y el decreto ómnibus. El aceite, que ya pasó del 10% al 5% de IVA en 2023, formará parte ahora del grupo de productos de primera necesidad —el pan, las harinas, la leche, los quesos, los huevos, las frutas y verduras— que tienen un tipo del 0% desde el año pasado (en lugar del 4% que se aplicaba hasta entonces). Esa medida se prorrogó hasta el 30 de junio.

El presidente de la Mancomunidad de Aguas del Río Algodor, Emilio Bravo ha advertido de la posibilidad de llegar a limitar el consumo de agua a Noblejas por “una deuda económica” millonaria que tiene la localidad toledana con la entidad. “No quisiéramos llegar a ello, pero no dan solución. Corremos el riesgo de que todos los municipios tengamos que cortar el agua porque no podemos pagar”, asevera el también alcalde de Mora.

Esta posible medida, según ha indicado en una rueda de prensa, se debe “al incumplimiento” por parte de Noblejas de los pagos que realizan los pueblos integrados en la Mancomunidad cada dos meses por la explotación de este recurso desde el embalse de Almoguera, que está ubicado aguas abajo de los de la cabecera del río Tajo, Entrepeñas y Buendía.

Bravo, que fue elegido presidente de la Mancomunidad el pasado mes de septiembre, señala que este organismo presta el servicio de abastecimiento de agua potable a más de 134.000 vecinos, siendo el de Noblejas el municipio que realizar “el mayor consumo, con diferencia”, de las 45 localidades que lo integran.

Desde el Ayuntamiento de Noblejas han respondido rápidamente a las acusaciones de la Mancomunidad, reprochando su “nefasta” gestión. Además, han añadido que debido a esta situación, la Mancomunidad se ha endeudado de forma “continuada” con la Junta de Comunidades, la Confederación Hidrográfica el Tajo y también con la concesionaria, Aqualia.

Esto ha llevado, explican, a una situación de “asfixia económica” en la mancomunidad, que supone un “grave riesgo” para la garantía de suministros de agua para “muchos municipios” de la provincia de Toledo. Desde Noblejas advierten además de que el suministro de agua “no se puede decir que es 100% potable”.

Desde 2012

La situación se remonta al año 2012, dice Bravo, año en el que el Ayuntamiento de Noblejas “empezó a incumplir los pagos, generando un déficit” económico a la Mancomunidad. Tras varios procedimientos judiciales -el caso llegó al Tribunal Supremo-, se confirmó la validez de las tasas estipuladas y el Consistorio comenzó a pagar de nuevo dicho servicio.

Sin embargo, Bravo indica que desde que en agosto de 2023 el Ayuntamiento de Noblejas recibiera una notificación del inicio del expediente de liquidación de los intereses devengados que se impugnaron en los tribunales, este ha dejado “pendiente de pago las liquidaciones de abastecimiento” para atender los costes de del servicio -la retribución la concesionaria Aqualia, el canon de aducción de la Junta y las tasas de la Confederación Hidrográfica del Tajo (CHT)-.

En concreto, el presidente de la Mancomunidad apunta que Noblejas no paga la prestación del servicio desde mayo de 2023, por lo que acumula un total de 804.076,35 euros de deuda con el organismo. “Según resulta de la documentación y los datos contables que constan en esta Mancomunidad, la deuda total, incluyendo créditos anteriores, asciende a 4.791.940,67 euros”, ha especificado Bravo.

Reducir el consumo, “una faena para las empresas”

Por ello, advierte de la posibilidad que están estudiando de abrir un expediente de reducción del suministro, una medida que indica que se recoge en el reglamento que la propia Mancomunidad aprobó en 2013 para “casos de impagos reiterados como el que está ocurriendo”. “El caudal mínimo establece 200 litros por habitante al día”, ha dicho Bravo, por lo que “no afectaría a los vecinos” de Noblejas, pero sí podría ser “una faena para las empresas” instaladas en la localidad.

“Es una forma de presionar... Podremos estar de acuerdo o no los intereses -acumulados de los impagos anteriores-, es un tema que se puede debatir o llevar a los tribunales, pero lo que está claro es lo que se paga de agua”, apunta el también alcalde de Mora en referencia a las liquidaciones que no se hacen efectivas desde mayo de 2023.

“Han perdido sentencias. Siempre achacan que el agua tiene tres tramos dependiendo de lo que gastes. Un pueblo pequeño en el que se gaste menos el agua es más barata. Pero esos tramos están aprobados de hace un montón de años en un pleno de la Mancomunidad. Esa justificación no sirve. Noblejas consume más y cobra más a las industrias. Hay que ser solidarios, no hay justificación”, ha señalado Bravo a preguntas de los medios sobre los argumentos del Ayuntamiento al que señalan.

Dicha Mancomunidad cuenta con un presupuesto anual que ronda los 8 millones de euros, de los que el 90% se destina al servicio de abastecimiento de agua, ha trasladado el presidente de la Mancomunidad, que ha comparecido junto a tres de los vicepresidentes del organismo, la alcaldesa de Villatobas, Gema Guerrero; el alcalde Miguel Esteban, Marcelino Casas; y el alcalde de Madridejos, Francisco López.

El Ayuntamiento de Noblejas lamenta la “nefasta” gestión de la Mancomunidad

Desde el Ayuntamiento de Noblejas aseguran por su parte que llevan 17 años denunciando la “nefasta” gestión de la Mancomunidad de Aguas “para con los pueblos que forman de ella, en lo que al suministro de agua se refiere”.  El Consistorio afirma que esto ha supuesto el “endeudamiento continuado” de la Mancomunidad, tanto con la Junta de Comunidades, como con la Confederación Hidrográfica del Tajo, así como con la misma concesionaria. 

Esto ha llevado, explican, a una situación de “asfixia económica” que supone un “grave riesgo” para la garantía de suministros de agua para “muchos municipios” de la provincia de Toledo. Desde Noblejas advierten además de que el suministro de agua “no se puede decir que es 100% potable”.

Por eso, han lamentado que se trata de una gestión “vergonzante” y que no permite la renovación de la infraestructura hidráulica de “muchos pueblos” de la Mancomunidad. Esto, señalan, “a pesar de que el precio que se paga es cuanto menos el triple que para muchos otros”. 

El precio del agua más cara y en peores condiciones de salubridad de toda España

Ayuntamiento de Noblejas

Desde Noblejas resaltan también que esta “escandalosa gestión” llevada a cabo por la Mancomunidad ha provocado también escándalos judiciales. En este sentido, han llegado a recordar que en 2012, el entonces presidente de la Diputación de Toledo, Arturo García-Tizón, “llegó a hablar de 'quiebra técnica en la Mancomunidad del Río Algodor'”. Esto apuntan, se debe a un “absoluto fiasco en lo económico y en lo técnico”. 

Debido a este “fiasco”, se ha “cargado” las deudas sobre el precio del agua. “Hasta alcanzar el precio del agua más cara y en peores condiciones de salubridad de toda España”, rematan desde el Consistorio toledano. 

El Consistorio toledano también critica que se haya mantenido la concesionaria de la explotación en una “situación de prórroga permanente y continuada”, sin que se haya incurrido en ningún proceso administrativo de concurrencia pública.  De este modo, resaltan, se ha “absorbido de forma pactada” un montante de la deuda, y que ha elevado el precio del agua “en detrimento y perjuicio de todos los municipios de la Mancomunidad”. 

Desconectar “paulatinamente” de la mancomunidad

“De lo único que Noblejas es culpable es de haber construido un modelo de desarrollo industrial y económico que está en el germen de las envidias de otros representantes públicos”, remataban desde el Ayuntamiento. Finalmente, han querido lamentar que la Mancomunidad “entierre una senda de entendimiento” con la localidad, y además “faltando a la verdad”. Además, han asegurado que van a dar prioridad al pago de la deuda que la Mancomunidad mantiene con la Confederación Hidrográfica. 

Además, han resaltado que van a promover una serie de procesos para impugnar liquidaciones e intereses, así como una denuncia ante el Tribunal en defensa de la Competencia para evidenciar la falta de concurrencia pública en la concesión de la mancomunidad. Y finalmente, han advertido de que van a acelerar los trámites para disponer de suministros de agua alternativos para desconectar “paulatinamente” de la Mancomunidad.