José Yusty Bastarreche, el magistrado que mantiene paralizada de forma cautelarísima la licencia de obras municipal para levantar la losa de Franco, afirmó durante una vista celebrada el pasado 20 de septiembre y que publica este viernes El País que no tiene “prisa” por resolver el pleito: “Como me quedan cuatro años y pico para jubilarme, yo prisa no tengo. No sé quién tiene prisa en este pleito, pero desde luego yo no”.

A la espera de que Yusty haga algún movimiento, el Supremo ya ha dicho que “a ningún otro órgano judicial distinto de esta Sala corresponde conocer de las actuaciones del Consejo de Ministros ni de la ejecución de esta sentencia”. El Gobierno ya puede ejecutar la decisión del Alto Tribunal.

El abogado del Estado reprochó al juez Yusty en la vista del pasado 20 de septiembre los tiempos que estaba manejando. Según el vídeo desvelado por El País, el magistrado Yusty dice que la “urgencia” para resolver la causa “ha quedado destruida” por la recusación que presentó contra él la Abogacía del Estado por sus opiniones sobre la ley de memoria histórica, finalmente denegada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid.

“La urgencia ha quedado destruida. No por mí, sino por la recusación contra mi persona, acusándome de falta de imparcialidad. Lo cual, como usted comprenderá, no es agradable (...) Porque rápidamente se publica como una nota desfavorable, como algo pernicioso y que implica la maldad intrínseca del magistrado. Hasta mi mujer me dijo: '¡Te han recusado!”, replica Yusty.

Además, recuerda una segunda vez que se va a jubilar en cuatro años y medio. “Tengo cuatro años y medio. Y si esto tiene ya como 400 folios, puede tener 4.000. Claro, si tiene 4.000 no pretenderá ni el Ministerio ni ninguna autoridad que el juez lo lea en un par de horas”, dice.

El juez Yusty Bastarreche se hizo famoso al suspender un acto sobre el derecho a decidir en Madrid en 2017. Anteriormente había escrito un artículo académico criticando la ley de Memoria Histórica, como publicó eldiario.es, en el que atribuía al Ejecutivo de José Luiz Rodríguez Zapatero objetivos ocultos para redactar dicha norma: “El Gobierno, con oscuras intenciones, ha hecho revivir, todos los hechos y situaciones que llevaron a nuestra Patria a aquellos momentos difíciles”, redactó. El texto decía que la norma “representa el resquemor, el ansia de venganza y el odio de los vencidos en la guerra civil en estado puro sin mezcla de grandeza frente a los que la ganaron”.

Nueva batalla judicial del Gobierno en el proceso de exhumación de los restos de Francisco Franco. El Ejecutivo de Pedro Sánchez, a través de la Abogacía del Estado, ha reclamado la recusación del juez José Yusty Bastarreche que paralizó la licencia de obra concedida por el Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial para sacar el cadáver de la basílica del Valle de los Caídos.

El escrito de la Abogacía del Estado, al que ha tenido acceso eldiario.es, se fundamenta en la falta de “imparcialidad” del magistrado para abordar esa causa, vistas sus opiniones contrarias a la Ley de Memoria Histórica.

“Esta representación entiende –dicho desde el más absoluto respeto– que el Ilmo. Sr. Magistrado D. José Yusty Basterreche al que se refiere esta recusación habría firmado determinados artículos de prensa y conferencias en revistas especializadas, en relación con el Proyecto de Ley de Memoria Histórica que podrían dar pie a considerar que concurre en este caso lo que anteriormente se ha calificado como contaminación por interés”, reza el escrito de 24 páginas que ha presentado el Gobierno.

En ese recurso, el Gobierno presenta las afirmaciones que Yusty Basterreche ha vertido en contra de la memoria histórica que definió como “el ansia de venganza y el odio de los vencidos en la guerra civil en estado puro”. El Ejecutivo de Pedro Sánchez explica que esa ley está estrechamente relacionada con su decisión de exhumar los restos del dictador, ya que procede precisamente de ella.

Yusty Bastarreche aceptó uno de las decenas de recursos impulsadas por nostálgicos del franquismo en distintos juzgados y que previamente habían rechazado otros magistrados. A juicio del Ejecutivo, ese juez debería haberse abstenido en favor de otro de los jueces que habían visto ese asunto, tal y como establece la ley.

En total, otros tres jueces habían rechazado en quince autos la intención de particulares de anunciar la licencia que le dio el Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial al Ejecutivo para acometer la obra necesaria para sacar los restos del dictador de la basílica del Valle de los Caídos. Yusty Bastarreche asumió los argumentos de informe de arquitectos encargado por la Fundación Francisco Franco. Esas demandas presentadas en distintos juzgados fueron retiradas después de que el magistrado aceptara una de ellas con el objetivo de que sea precisamente Yusty Bastarreche el que asuma la causa y que las demandas no recayeran en otro magistrado, tal y como establece la legislación.

El Gobierno entiende que debería haber una decisión sobre la recusación en un plazo de diez días y basa su petición en jurisprudencia del Tribunal Supremo, el Constitucional y el Europeo de Derechos Humanos.

El proceso para sacar los restos de Franco del Valle de los Caídos incluye una obra en la basílica para mover una losa de granito de 1.500 kilos. El Ayuntamiento de San Lorenzo del Escorial concedió el permiso y ahí empezó una acción coordinada de decenas de demandas judiciales presentadas por los juzgados de todo Madrid para intentar encontrar un atajo legal que retrasase la exhumación.

Uno de esos magistrados que recibió esos escritos, José Yusti Bastarreche, que se había pronunciado públicamente contra las leyes de memoria, decidió aceptar el recurso que pivotaba sobre un informe arquitectónico encargado por la Fundación Francisco Franco. En su polémico auto para frenar la exhumación el magistrado escribía: “debajo de la basílica hay partes huecas, se supone que ejecutadas correctamente, pero el movimiento de la losa de piedra [...] puede desestabilizar el conjunto”. Es decir, esa obra menor para retirar la lápida podría deshacer el puzle y hundir el mausoleo. Es la frase que ha servido para anular el informe municipal que daba permiso para los trabajos. 

Logrado ese éxito, las mismas demandas que habían sido rechazadas en todos los demás juzgados de lo contencioso-administrativo se fueron retirando, también de forma coordinada. Es un nuevo paso en la estrategia diseñada para impedir la retirada de los restos del dictador: que ese juez famoso por su oposición a la Ley de Memoria Histórica y el único que ha tomado la decisión de frenar el proceso, se quede todos los procedimientos iniciados en los juzgados de Madrid.

Este es el último escollo que ha encontrado la iniciativa para sacar a Franco del Valle de los Caídos desde que se inició con una proposición no de ley en abril de 2017. La presentó el PSOE y logró el apoyo de 198 diputados. PP y ERC se abstuvieron. El PP se negó a desarrollar la iniciativa, pero el Gobierno del PSOE la convirtió en una de sus prioridades tras la moción de censura.

Poco después de llegar al poder, el Ejecutivo de Pedro Sánchez aprobó un Real Decreto para la exhumación que se convalidó en el Congreso a mediados de septiembre. Desde entonces, la familia del dictador ha iniciado una batalla en distintos ámbitos para impedirlo. Presentó alegaciones administrativas a la decisión del Gobierno -que le fueron rechazadas- y han amenazado con llevar los restos del dictador a la Catedral de la Almudena, lo que provocó que el Gobierno pidiese la intervención del Vaticano para evitarlo.

En el plano judicial, la familia del dictador ha intentado que el Tribunal Supremo aceptase paralizar el procedimiento. El Alto Tribunal descartó aplicar las medidas cautelares que le solicitaron pero admitió a trámite el recurso y tendrá la última palabra sobre la exhumación de Franco.

Con esa vía paralizada, a finales de febrero se presentaron en los juzgados madrileños decenas de demandas para paralizar la exhumación. Estaban firmadas por personas distintas pero su redacción era calcada. Todos los escritos hacían referencia a un informe encargado por la Fundación Francisco Franco los arquitectos José Ismael de la Barba y Enrique Porto, este último ex director de Urbanismo con Esperanza Aguirre.

El hecho de que sean particulares es una de las claves de la estrategia judicial ya que al ser un asunto urbanístico, la ley permite personarse a cualquier persona ya que la acción es pública. En otros asuntos jurisdiccionales, la personación se limita a los afectados directamente, como pueden ser la familia Franco o la Abadía del Valle. 

El juez José Yusty Bastarreche fue el único que plasmó en un auto los argumentos del informe y se mostró a favor de paralizar la licencia urbanística. “No se aprecia especial urgencia en la exhumación del que fue Jefe del Estado”, escribió el magistrado, que alertó también sobre los supuestos: “Se trata de remover unas losas de mármol, que a su vez tapan una losa de granito de, al parecer, 2.000 kilos de peso, y no hace falta ser arquitecto, arquitecto técnico, ingeniero ni maestro de obras para percatarse de que ello es de por sí es algo complicado, difícil de manejar, y por tanto peligroso”.

La estrategia de demandas masivas buscaba que algún juez admitiese el recurso, pero se eligió en concreto el juzgado de Bastarreche porque este juez ya se había significado contra la Ley de Memoria Histórica que aprobó el Gobierno de José Luis Zapatero. En una revista académica escribió que la norma había suscitado “una de las más enconadas y agrias polémicas de carácter político en España en la que se creían superados los fantasmas de la Guerra Civil” y dijo que “representa el resquemor, el ansia de venganza y el odio de los vencidos en la guerra civil”.

Una vez que este juez ha aceptado la demanda, el resto de particulares que las presentaron en masa -en ocasiones varias en un mismo juzgado- las han retirado. Como publicó eldiario.es, a siete juzgados han llegado ya escritos calcados, firmados por el mismo abogado y procurador, para desistir de los procedimientos. En algunos de ellos, los magistrados se habían manifestado ya en contra de admitir los argumentos de la Fundación Francisco Franco.

Uno de los juzgados que ya había rechazado la demanda fue el número 13. El demandante que lo interpuso lo ha retirado, y en este caso ese movimiento tiene un especial significado: el 13 fue el primer juzgado que se pronunció, así que por las normas de reparto tendría que ser en el que se unificase el proceso.

Sin embargo, la decisión última de quién se queda con el procedimiento la tendrá la Audiencia Provincial. El Ayuntamiento de San Lorenzo del Escorial ha pedido que se unifique todo. “Esto lleva su tiempo porque hay que dar traslado a las partes y guardar unos plazos”, advirtieron. Hay un argumento de peso para que quien unifique criterio lo haga a favor de llevar a cabo la exhumación: la Subdirección General de Inspección y Disciplina Urbanística de la Comunidad de Madrid avaló las obras y no vio impedimento legal ninguno para hacerlo.

A la espera de que se resuelva esta vía judicial, la familia ya ha comunicado al Gobierno que llevará al Supremo el acuerdo que adoptó el pasado 19 de febrero para la exhumación de los restos del dictador del Valle de los Caídos y que además va a pedir su suspensión cautelar hasta que el tribunal resuelva.

El Gobierno tiene claro que todos esos movimientos son una estrategia planificada que busca parar la exhumación por cualquier medio. “La familia de Franco ha decidido mantener un pulso al Congreso, al Gobierno legítimo de España y a la democracia” dijo en una entrevista con eldiario.es.

Los juzgados madrileños se llenaron en las últimas semanas de decenas de demandas de particulares -con argumentos calcados y basados en un informe encargado por la Fundación Francisco Franco- para frenar la exhumación del dictador. La gran mayoría de jueces rechazaron paralizar el proceso y solo uno, el magistrado Yusty Bastarreche, frenó las licencias urbanística para las obras. Ahora, logrado ese objetivo, quienes presentaron esos escritos los han retirado de los juzgados en los que no han fructificado.

eldiario.es ha tenido acceso a siete de esos documentos, todos con la misma redacción y firmados por el mismo abogado y el mismo procurador: “Siguiendo instrucciones de mi mandante desisto del presente procedimiento contencioso-administrativo”. Dos escritos han llegado al juzgado de instrucción número 13, otros dos al 33, dos más al 16 y uno al 31.

Con este movimiento, los demandantes pretenden que el proceso quede en manos del único juez que aceptó frenar la exhumación. La ley que regula la jurisdicción contencioso-administrativa apunta a que las demandas tendrán que resolverse en un único juzgado. Por las normas de reparto, el que tendría que quedarse con los casos es el número 13, porque fue el que se pronunció en primer lugar sobre una de las demandas recibidas. Por eso los demandantes han retirado ese recurso.

A pesar de ello, si las partes implicadas en este proceso se oponen a la decisión de que Bastarreche se quede con los recursos por incumplir las normas de reparto, será la Audiencia provincial de Madrid quien tendrá la última palabra.

Decenas de recursos con argumentos calcados

Esos recursos que ahora se están retirando se presentaron en masa, en ocasiones en los mismos juzgados. Todos eran calcados, como lo es el escrito para desistir. Y todos se basaban en el mismo informe encargado por la Fundación Francisco Franco a unos arquitectos que alerta sobre el supuesto peligro físico que conlleva exhumar al dictador: “El movimiento de la losa de piedra [...] puede desestabilizar el conjunto”. Es decir, que sacar a Franco puede provocar derrumbamientos en el Valle de los Caídos.

Varios juzgados han desestimado ese intento de paralizar la licencia urbanística que dio el Ayuntamiento de San Lorenzo del Escorial. Entre ellos están el 13 y el 33, del que ahora se han retirado los recursos. Esos jueces consideraron que no había lugar a aceptar los argumentos de todos esos particulares que habían coincidido en basarse en el informe de la Fundación Francisco Franco, entre cuyas firmas estaba la de Enrique Porto Rey, director general de Urbanismo con Esperanza Aguirre.

“La actuación urbanística no implica lesión al fallecido o a sus familiares” o “No ha quedado justificado de qué modo o de qué manera sería irreparable -desde el punto de vista urbanístico- la decisión de ejecutar la retirada de la lápida”, fueron algunos de los argumentos de esas resoluciones.

En el caso del titular del juzgado número 30, Marcos Ramos Valles, argumenta que no están acreditadas “las circunstancias de especial urgencia” para imponer la medida cautelar de suspensión de la licencia ya que, según explica, no hay ninguna razón que apunte a la ejecución inmediata del acuerdo del Consejo de Ministros para la exhumación del dictador.

El juez que atacó la memoria histórica

Los demandantes en masa solo encontraron respuesta positiva en un único juez, el titular del juzgado de lo contencioso-administrativo número 3 de Madrid, Yusty Bastarreche. El Ministerio de Justicia tenía previsto el “levantado del pavimento de mármol, retirada de la losa de piedra que cubre la sepultura de Francisco Franco y su traslado a otro lugar”. El magistrado consideró que “el movimiento de la losa de piedra [...] puede desestabilizar el conjunto”.

Bastarreche hizo hincapié en que no había ninguna urgencia en la exhumación “del que fue Jefe del Estado, puesto que lleva enterrado en la Basílica [...] más de 44 años”. Además, incluyó en su auto que las dificultades técnicas de la exhumación suponen a la larga una vulneración de los derechos fundamentales recogidos en la Constitución: “No tiene sentido lógico ni jurídico alguno que una obra [...] pueda atentar contra uno de los pilares del Estado social y democrático del Derecho [...], esto es, poner en peligro la vida humana”.

Este juez saltó a los titulares por suspender un acto en favor del derecho a decidir convocado en Madrid. Además, se da la circunstancia de que Bastarreche se ha significado en contra de la Ley de Memoria Histórica aprobada durante el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero.

“El llamado proyecto de ley de Memoria Histórica ha logrado suscitar una de las más enconadas y agrias polémicas de carácter político en España en la que se creían superados los fantasmas de la Guerra Civil” dijo en un artículo publicado en una revista académica.

El texto decía también que la norma “representa el resquemor, el ansia de venganza y el odio de los vencidos en la guerra civil en estado puro sin mezcla de grandeza frente a los que la ganaron”. “El Gobierno, con oscuras intenciones, ha hecho revivir, todos los hechos y situaciones que llevaron a nuestra Patria a aquellos momentos difíciles”, añade.

Tres jueces han rechazado en quince ocasiones la suspensión de la licencia urbanística municipal que autoriza la obra que hay que hacer en la basílica del Valle de los Caídos –básicamente quitar una lápida de granito– para exhumar a Francisco Franco. Se trata de tres magistrados de lo contencioso-administrativo que se han pronunciado de forma opuesta a José Yusty Bastarreche, el titular del Juzgado número 3 de Madrid, muy significado contra la memoria histórica, que ha aceptado las medidas cautelares solicitadas por un particular con la intención de paralizar el procedimiento iniciado por el Gobierno de Pedro Sánchez.

Las decenas de demandas que particulares están presentando –con argumentos calcados y basados en un informe encargado por la Fundación Francisco Franco– contra la licencia de obra que el Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial emitió para permitir la exhumación del dictador han llegado a cuatro juzgados distintos. La suerte de esas demandas, que están representadas únicamente por dos procuradores, ha sido diferente en función de quién las haya instruido, aunque el posicionamiento mayoritario ha sido el de rechazar la suspensión de la licencia solicitada como medida cautelar en el procedimiento de impugnación.

Según la documentación judicial a la que ha tenido acceso eldiario.es, los responsables de los juzgados 13, 30 y 33 de lo contencioso-administrativo de Madrid han rechazado esa medida cautelar con distintos argumentos en más de una docena de autos a raíz de los recursos interpuestos por los demandantes. “La actuación urbanística no implica lesión al fallecido o a sus familiares”, argumenta en uno de esos autos el magistrado Daniel Sancho Jaráiz, que rechaza las medidas cautelares y considera que debe ser una sentencia la que establezca si se ha vulnerado la legalidad urbanística.

“No ha quedado justificado de qué modo o de qué manera sería irreparable -desde el punto de vista urbanístico- la decisión de ejecutar la retirada de la lápida”, esgrime el magistrado en otra de las resoluciones a las que ha tenido acceso eldiario.es.

En el caso del titular del juzgado número 30, Marcos Ramos Valles, argumenta que no está acreditadas “las circunstancias de especial urgencia” para imponer la medida cautelar de suspensión de la licencia ya que, según explica, no hay ninguna razón que apunte a la ejecución inmediata del acuerdo del Consejo de Ministros para la exhumación del dictador.

Frente al posicionamiento que esos tres magistrados han mantenido en varios autos a raíz de las demandas que han llegado a sus juzgados, Yusty Bastarreche aceptó las medidas cautelares solicitadas por un particular. El juez aduce que el levantamiento de la losa de granito encarna riesgos para la vida humana. Ese argumento lo esgrime a raíz del informe que presentan los demandantes y que fue encargado por la Fundación Francisco Franco durante el procedimiento.

El texto, que alega amenaza de derrumbe del monumento, contradice la versión técnica de la persona que enterró al dictador en 1975, Gabino Abanadés, que aseguró que la exhumación sería “un proceso sencillo en el que se moverá la lápida, se romperá la tabica que tapa el ataúd, se recogerá el cuerpo y se trasladará a otro féretro”.

Uno de los encargados de realizar el estudio pericial en el que se basan las demandas es Enrique Porto Rey, director general de Urbanismo con Esperanza Aguirre. Dimitió de ese puesto en 2006 por un supuesto pelotazo urbanístico en la localidad madrileña de Villanueva de la Cañada.

A pesar del escollo que supone la aceptación por parte del juez Yusty Bastarreche, en el Gobierno están convencidos de que sacarán los restos del dictador del Valle de los Caídos, aunque abren la puerta a que el embrollo judicial “pueda retrasar” la ejecución de la exhumación.

No obstante, el Ejecutivo sostiene que en ningún caso las denuncias lograrán anular de forma definitiva la licencia de obra. La ley que regula la jurisdicción contencioso-administrativa apunta a que las demandas tendrán que resolverse en un único juzgado: “Serán acumulables en un proceso las pretensiones que se deduzcan en relación con un mismo acto, disposición o actuación”. Por las normas de reparto, el que tendría que quedarse con los casos es el número 13, porque es el que se pronunció en primer lugar sobre una de las demandas recibidas.

Ese juzgado ya se ha pronunciado en varias ocasiones en contra de la suspensión de la licencia como medida cautelar. La Abogacía del Estado ya ha solicitado que el procedimiento abierto por Yusty Bastarreche recaiga en el otro juzgado.

Enrique Porto Rey, el arquitecto que firmó el informe utilizado en decenas de recursos judiciales para frenar la exhumación de Francisco Franco por supuesto peligro físico en el Valle de los Caídos fue un alto cargo del Gobierno de Esperanza Aguirre en Madrid entre 2003 y 2006. Y tuvo su propio caso judicial: el caso Porto.

“Este informe me lo encargó la Fundación Franco y no sé cómo ha llegado a los demás recurrentes. Me contrataron por mi estudio privado, porque soy un experto en temas urbanísticos”. El arquitecto aparece en el listado de peritos judiciales del Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid. 

Enrique Porto Rey fue nombrado director general de Urbanismo del Gobierno de la Comunidad de Madrid en 2003 (también aparece como consejero de la sociedad Campus de la Justicia). En 2006, la Fiscalía le relacionó con una trama de corrupción urbanística. Debió dimitir. Su implicación legal quedó finalmente archivada.

Antes de llegar a alto cargo de Esperanza Aguirre, Porto se dedicaba a participar en la redacción de planes urbanísticos de diversos municipios. Su empresa, Plarquin, trabajó para múltiples localidades como Aranjuez, Villanueva de la Cañada o Majadahonda. Anticorrupción entendió que, al pasar al Ejecutivo regional, (la autoridad encargada de aprobar esos planes) maniobró en algunas ocasiones para que salieran adelante planes que favorecían a su antigua empresa e ignorar informes técnicos contrarios a esas ordenaciones urbanísticas.

Enrique Porto está relacionado con la ordenación urbanística de San Lorenzo de El Escorial ya que su antigua empresa Plarquin recibió el encargo de asistencia técnica para la redacción del plan en 2004. El arquitecto asegura por escrito que “la ejecución de estas obras constituye una notable alteración en el espacio y la perspectiva interior de la Nave y las condiciones estructurales y de seguridad del suelo del edificio. Estas obras afectan de manera muy importante sobre la seguridad de personas y bienes”. Y se reitera en conversación con eldiario.es: “Allí va a haber turistas, fieles, no es una cosa baladí”.

De momento, sus conclusiones han servido para poner más trabas a la exhumación del dictador. Los recursos se han multiplicado y llegado a una decena de juzgados. Y todos han incorporado el análisis de Porto. El arquitecto avisa que “si los procedimientos llegan a fases posteriores del proceso judicial y se me requiere para confirmar el informe, yo solo voy a acudir en el caso del recurso de mi cliente, que es la fundación”.

Autos contradictorios

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha explicado este miércoles que unificará criterios porque ya hay decisiones contradictorias: mientras el juez José Yusty Basterreche aceptó las tesis expresadas en este informe para suspender cautelarmente el curso de las obras, el magistrado Daniel Sancho Jaráiz, había estudiado ya varias demandas parecidas y las había rechazado.

Algo más de un año después de firmar su estudio, el exalto cargo político subraya que además del asunto de la seguridad, “lo más importante es que el edificio está protegido por unas normas y las obras que pretenden hacerse no están permitidas por esas normas. Se intenta hacer pasar por menores unas obras que son mayores. Y esa calificación de obra mayor implica la obligación de redactar un proyecto, un director de obra o un coordinador de seguridad. La obra tiene sus dificultades”.

El Valle de los Caídos es un bien protegido integralmente, según las normas urbanísticas del municipio donde se erige. A eso se ha agarrado Enrique Porto para asegurar que los trabajos para sacar a Francisco Franco alterarán “tanto el espacio, como la percepción del espacio que son los elementos a proteger y preservar”. Un encargo de análisis que le resultó “fácil” realizar. “No lleva mucho tiempo hacerlo. No hay que hacer pruebas, basta con revisar la normativa”. Así que a la fundación Franco el informe le salió económico: “Un trabajo barato. Muy barato”, admite Porto.

Diferentes juzgados de Madrid han recibido una cascada de demandas para evitar que el Gobierno lleve a cabo la exhumación de los restos de Franco. Todas están redactadas igual y parten de un informe de la Fundación Franco. Lo que buscan es invalidar un informe técnico para impedir que el Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial, donde está ubicado el Valle de los Caídos, conceda la licencia que se necesita para llevar a cabo las obras de retirada de los restos.

Uno de los demandantes ha logrado que un juez falle a su favor. El magistrado Yusty Bastarreche, muy significado contra las leyes de memoria, ha dictado un auto el pasado 25 de febrero, tres días después de recibir la demanda, que invalida el informe del Ayuntamiento. Su escrito da por bueno el informe de la Fundación Franco que invoca el denunciante y concluye que las obras ponen en riesgo “la vida”. El magistrado que firma el auto había escrito artículos con párrafos como este: “El Gobierno, con oscuras intenciones, ha hecho revivir, todos los hechos y situaciones que llevaron a nuestra Patria a aquellos momentos difíciles”.

Antes de que el magistrado Yusty Bastarreche firmase ese escrito, otros colegas suyos recibieron escritos idénticos que han desestimado.

Otro juez, también de lo contencioso administrativo, Daniel Sancho Jaráiz, había estudiado antes varias demandas parecidas y las había rechazado: “Dicha actuación urbanística no implica por sí misma una lesión al derecho fundamental del fallecido o sus familiares”, esgrime este magistrado que despacha la cuestión en página y media.

Una posición en las antípodas a la que ha defendido en su auto el juez Yusty Bastarreche quien ha razonado así su decisión: “No tiene sentido lógico ni jurídico alguno que una obra [...] pueda atentar contra uno de los pilares del Estado social y democrático del Derecho [...], esto es, poner en peligro la vida humana”.

Su colega responsable del juzgado de lo Contencioso número 13 de Madrid, sin embargo, concluye: “Dicha actuación urbanística no implica por sí misma una lesión al derecho fundamental del fallecido o sus familiares”, sentencia el responsable del Juzgado número 13 de lo contencioso-administrativo. “Del mismo modo que no quedado justificado de qué modo o de qué manera sería irreparable -desde el punto de vista urbanístico- la decisión de ejecutar la retirada de la lápida”.

El magistrado Daniel Sancho Jaráiz rechazó en un auto firmado este mismo martes las medidas cautelares solicitadas por otro demandante. Y no es la primera vez que el juez tiene se pronuncia en este sentido. El magistrado explica que ya había rechazado la petición de suspensión de la licencia el pasado diciembre, cuando se le solicitó por primera vez y reitera ahora los argumentos ante este nuevo intento, llevado a cabo a raíz del acuerdo del Consejo de Ministros sobre la exhumación. Ahora el TSJM confirma que este magistrado ha repetido la operación en cuatro casos.

“Se trata de una cuestión ya resuelta por este juzgado, sin que el hecho de que el Consejo de Ministros haya acordado el pasado día 15 de los corrientes la exhumación permita considerar variadas las circunstancias urbanísticas recogidas en el Auto de este Juzgado. El artículo 132 LRJCA permite revocar las medidas cuando se hubiera producido un cambio de circunstancias, pero en este caso, la cuestión urbanística, que es la que a nosotros compete no ha sido modificada ni han cambiado las circunstancias”, reza el auto con fecha 26 de febrero de 2019.

El Gobierno, que sigue adelante con su plan, considera que las demandas que están llegando a distintos juzgados son un “ejemplo del obstruccionismo del entorno” del dictador desde que Pedro Sánchez anunció su intención de sacar el cadáver de la basílica del Valle de los Caídos. “La finalidad de presentar multitud de demandas individuales con la misma fundamentación jurídica, en lugar de una sola, es clara: obligar a que sean muchos los Juzgados que deban conocer sobre este asunto, aumentando las probabilidades de que en alguno (como así ha ocurrido) se dé la razón a la parte demandante”, ha expresado Moncloa en un comunicado tras conocerse la suspensión de la licencia dictada por el juez Yusty Bastarreche.

El Ejecutivo considera que ahora la Justicia aglutinará todos los procedimientos derivados de esas demandas “en en uno solo para garantizar que exista un único pronunciamiento”. Así fuentes gubernamentales se muestran convencidas de que ningún otro magistrado aplicará las medidas cautelares que solicitan los demandantes para paralizar la exhumación del dictador.

“Hasta la fecha nos constan 12 demandas judiciales (todas con idéntica fundamentación, pero presentadas por personas diferentes) reclamando la suspensión y anulación de las actuaciones urbanísticas acordadas por el Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial en relación con la exhumación de Franco. De esas 12 demandas, en 7 se han rechazado ya las medidas cautelarísimas y esta ha sido la única en la que el Juzgado ha admitido unas medidas cautelares urgentes”, señala el comunicado de Moncloa emitido a raíz del auto de Yusty Bastarreche, que se hizo conocido en la opinión pública por suspender un acto sobre el derecho a decidir.

La paralización del visto bueno urbanístico para exhumar a Franco ha vuelto a situar al magistrado José Yusty Bastarreche en el foco mediático. En un auto emitido este lunes, este juez ha tomado la decisión de suspender el informe que admitía las obras para sacar a la momia del dictador de la basílica del Valle de los Caídos. La decisión del magistrado se produce como respuesta a un recurso presentado tres días antes y en el que se invoca un informe de la Fundación Franco contra la exhumación. El juez ha dado por bueno ese documento en su auto. 

Como publicó eldiario.es, este magistrado ha sido crítico con la ley de Memoria Histórica, que busca reparar a las víctimas del franquismo. 

Con esta decisión el juez vuelve a acaparar titulares tras hacerse famoso por suspender el acto a favor del derecho a decidir y el referéndum catalán que estaba programado para el 17 de septiembre de 2017 en un local del Ayuntamiento de Madrid. Yusty Bastarreche alegó en su auto que la cesión de este espacio suponía “favorecer un acto de apoyo a una consulta convocada por una ley que ha sido suspendida en su eficacia por el Tribunal Constitucional y además se dirige claramente contra lo dispuesto en la Constitución Española”.

El magistrado no se apartó de la causa y tomó esta decisión a pesar de que en 2014 había suscrito públicamente un manifiesto crítico con el secesionismo. En ese texto se aseguraba que el independentismo catalán “pretende romper la convivencia entre los españoles y destruir su más valioso patrimonio: la condición de ciudadanos libres e iguales”. El comunicado al que se adhirió se divulgó bajo el título “España vive un momento crítico” y estaba promovido por la organización Libres e Iguales, en la que participan Cayetana Álvarez de Toledo, Mario Vargas Llosa, Arcadi Espada y Albert Boadella. 

Criticó a Carmena

En este asunto había dos aspectos que el magistrado había criticado. Uno era el secesionismo, el otro se centraba en la alcaldesa del municipio que cedía el local. “¡Pensar que semejante tropa está al mando de nuestras ciudades y villas, y puede estar en el Gobierno de España. Si por lo menos tuviesen un aspecto presentable”. De esta forma el magistrado definió a Manuela Carmena en un correo electrónico que envió el 28 de enero de 2016 al foro de la carrera judicial, un espacio de debate a través del correo electrónico en el que participan miles de jueces en toda España: todos aquellos que están en la carrera judicial.

En el auto emitido este lunes se pronunciaba sobre la exhumación de Franco. De nuevo vuelve a tomar una decisión que afecta a un tema sobre el que ha emitido una opinión contraria, la reparación de las víctimas del franquismo. “El llamado proyecto de ley de Memoria Histórica ha logrado suscitar una de las más enconadas y agrias polémicas de carácter político en España en la que se creían superados los fantasmas de la Guerra Civil”, apuntaba el magistrado en un artículo académico sobre la normativa aprobada por el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero en 2006.

“El Gobierno, con oscuras intenciones, ha hecho revivir, no desde el punto de vista del historiador, sino partidista, todos los hechos y situaciones que llevaron a nuestra Patria a aquellos momentos difíciles”, añadió. Yusty Bastarreche aseguró en sus conclusiones que el “socialnacionalismo no parece haber aprendido nada” porque “se empeña en homenajear a personajes tan siniestros como Pasionaria, Carrillo o Companys, o hablar con nostalgia de la República”, en referencia a la ley, de la que añadió que “representa el resquemor, el ansia de venganza y el odio de los vencidos de la Guerra Civil en estado puro”.

Informe de la Fundación Francisco Franco

A pesar de que el Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial se había posicionado a favor de conceder la licencia de obras menores, el magistrado ha decidido suspender ese informe favorable. En el auto que ha emitido este lunes llama la atención que entre las ideas que utiliza para argumentar su decisión, utilice un informe encargado por la Fundación Francisco Franco a dos arquitectos. Recurre a las conclusiones de estos profesionales para afirmar que “debajo de la basílica hay partes huecas, se supone que ejecutadas correctamente, pero el movimiento de la losa de piedra [...] puede desestabilizar el conjunto”.

El magistrado Yusty Bastarreche es uno de los ocho hijos de José Yusty Pita, almirante de la Armada durante la dictadura franquista, y a quien el juez glosó en otro artículo académico. De su paso por Canarias queda una calle en su honor: 'Almirante Yusty Pita', en la localidad de Agüimes.

Más de una decena de demandas presentadas por personas diferentes, pero con idénticos argumentos, tratan de frenar la exhumación de los restos del dictador Francisco Franco del Valle de los Caídos. Todas se basan en un informe encargado por la Fundación Francisco Franco que cuestiona los trabajos arquitectónicos en la basílica. Un juez de Madrid que ya cargó contra la Ley de Memoria Histórica ha dado por bueno ese documento y ha suspendido cautelarmente el informe urbanístico positivo para la operación. El Gobierno sostiene, no obstante, que el procedimiento seguirá adelante porque esa decisión no afecta “en absoluto” a la orden de ejecución “material” de la exhumación porque el proceso no está aún en esa fase. 

El magistrado José Yusty Bastarreche, titular del juzgado de lo contencioso-administrativo número 3 de Madrid, ha dictado este lunes un auto en el que suspende el visto bueno del Ayuntamiento de San Lorenzo del Escorial (municipio donde se levanta la basílica del Valle de los Caídos) para las obras necesarias para sacar a Francisco Franco de su “tumba de Estado”. Lo hace tras recibir una de las casi veinte demandas que se han presentado a fin de impedir que los restos del dictador sean exhumados, según calcula el consistorio.

Los recursos que se han ido interponiendo son calcados y se basan en un informe encargado por la Fundación Francisco Franco que alerta sobre el supuesto peligro físico que conlleva exhumar al dictador. La batería de escritos han llegado a diferentes juzgados con la misma argumentación e incluyendo las conclusiones de los arquitectos de la fundación: “El movimiento de la losa de piedra [...] puede desestabilizar el conjunto”. Sacar a Franco puede provocar derrumbamientos, exponen.

La decisión del juez Yusty contrasta con la de otro magistrado de lo contencioso administrativo, Daniel Sancho Jaráiz, que ha desestimado ya varias de las demandas. “Dicha actuación urbanística no implica por sí misma una lesión al derecho fundamental del fallecido o sus familiares”, considera el magistrado. Añade que “no ha quedado justificado de qué modo sería irreparable -desde el punto de vista urbanístico- la decisión de ejecutar la retirada de la lápida”.

“El número de escritos va creciendo y están calcados”, explican fuentes del Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial (responsable de autorizar la obra para que se pueda sacar a la momia). “Los recursos se fusilan unos a otros y todos tienen el mismo letrado, además de incorporar el informe de los arquitectos”, rematan. 

El presidente de la Fundación Francisco Franco, Juan Chicharro Ortega, confirma la autoría del trabajo: “Afirmativo. El informe es nuestro”. Sin embargo niega que su organización lo haya distribuido. “Nosotros no lo hemos repartido. Aparece en una quincena de recursos, pero estaba publicado íntegramente”. Desplegada esta ofensiva, el magistrado de lo contencioso-administrativo José Yusty Bastarreche, ha creído sus argumentos y suspendido el informe favorable sobre las obras emitido por el Ayuntamiento.

¿Quién recurre el informe urbanístico? Son particulares, según los describe el Ayuntamiento que recibe los recursos. Esa es una de las claves de la estrategia judicial ya que al alegar cuestiones de urbanismo, la ley permite personarse a cualquier persona ya que la acción es pública. En otras materias, la personación se limita a los afectados directamente como pueden ser la familia Franco o la abadía del Valle. 

La proliferación de recursos supone un campo minado para el proceso legal de exhumación ya que cada juez puede decidir según su criterio y en sentido contrario. “Por eso hemos solicitado en cada caso que se unifiquen todos los procedimientos en una sola sede de manera que haya una decisión”, cuentan los recurridos: “Esto lleva su tiempo porque hay que dar traslado a las partes y guardar unos plazos”.

El Gobierno también sostiene que todos los procedimientos deben ahora aglutinarse en uno: “El asunto va a acabar en un único procedimiento, pero no en ese juzgado porque por el reparto le toca al primero que temporalmente recibió la primera demanda”, explican fuentes gubernamentales, que reconocen que el procedimiento de exhumación podría retrasarse solo en el caso de que el juzgado en el que acabe esa pieza no resuelva favorablemente antes de que acaben los trámites del proceso.

En el caso del juez Yusty, la respuesta ha llegado en forma de auto de suspensión cautelar. Una decisión tomada con rapidez ya que el recurrente pidió medidas el 22 de febrero y el juez las concedió el 25 del mismo mes. El recurso aduce que el Consejo de Ministros del 15 de febrero, en el que el Gobierno dio por cerrado el procedimiento administrativo, “implica la inminencia de la citada exhumación”. El magistrado concede que “la urgencia [de la obra] es, al menos, discutible” para suspender el proceso.

En caso de que otro juez disponga de manera diferente, se producirá un nuevo embrollo judicial en torno al expediente de exhumación con nuevas instancias superiores implicadas. El Gobierno ha asegurado que esta estrategia persigue que “sean muchos los juzgados que deban conocer sobre este asunto, aumentando las probabilidades de que en alguno se dé la razón”. También ha puesto a la Abogacía de Estado a trabajar para que se unifiquen las causas. Todo esto podría “retrasar la fase final de ejecución en la que no nos encontramos todavía”, remata el Ejecutivo, que apunta a otra argucia legal: “El acuerdo apela al interés general por lo que atendiendo a la ley del suelo no sería necesaria una licencia urbanística”, sostienen fuentes gubernamentales. 

El Gobierno, pendiente del Supremo

Este es uno de los muchos escollos con los que se ha topado el Ejecutivo después de que en el mes de junio, un recién llegado a Moncloa Pedro Sánchez asegurara que Franco estaría fuera del Valle de los Caídos antes de que terminara el verano.  Apenas un mes después admitió que había pecado de falta de experiencia con ese vaticinio. Pasaron el verano, el otoño y está a punto de terminar el invierno y el Gobierno aún no puede garantizar si el dictador saldrá del Valle de los Caídos en primavera porque se ha encontrado con el “bache menor” del juez Yusty Bastarreche, aunque previamente chocó con la familia y la Iglesia. 

En este momento, el Ejecutivo estaba pendiente del Tribunal Supremo, como el único ente capaz de paralizar la exhumación de Franco a raíz de un recurso interpuesto por los nietos del dictador. Sánchez estaba determinado a sacar los restos del Valle de los Caídos si el alto tribunal no aceptaba las medidas cautelares que la familia Franco anunció que pediría para evitar el proceso una vez que el Consejo de Ministros aprobó el acuerdo de exhumación.

La única incógnita que hasta ahora no tenía despejada el Gobierno en ese caso era si exhumar los restos antes de que comenzara la campaña para las elecciones del próximo 28 de abril o dejarlo para después de las generales. El Ejecutivo aseguró que la exhumación se produciría incluso si no contaba con la autorización eclesiástica.

El prior del Valle de los Caídos siempre se ha negado a permitir la entrada en la basílica a los operarios que llevarían a cabo la exhumación. La vicepresidenta, Carmen Calvo, ha sostenido que las altas instancias de la Iglesia eran contrarias a ese posicionamiento y que permitirían la exhumación del dictador. Lo dijo incluso tras verse con el número dos del Papa, Pietro Parolin, en el Vaticano.

La Iglesia y los nietos, otros escollos

Sin embargo, el Vaticano ha mantenido un discurso diferenciado al asegurar que era una cuestión interna de España que el Gobierno debería solucionar con la familia del dictador. Esa fue también la posición del Vaticano cuando la jugada de los nietos de Franco puso en un brete al Ejecutivo al plantear que, de llevarse a cabo la exhumación, los restos deberían descansar en la cripta de la catedral de la Almudena, en pleno centro de Madrid.

El Gobierno pasó entonces por distintas fases: primero aseguró que no podía hacer nada para evitarlo y después recurrió al Grupo Socialista para modificar la ley de memoria histórica. Las enmiendas que registró el PSOE amenazaban incluso con cerrar al público la cripta si el dictador acababa allí. PP y Ciudadanos bloquearon esa reforma legal en el Congreso por lo que Sánchez tuvo que buscar un plan B.

La delegación del Gobierno en Madrid emitió un informe en el que argumentaba problemas de seguridad y orden público para cargar el procedimiento de razones para que el dictador no acabara enterrado junto a la emblemática Plaza de Oriente de la capital.

El procedimiento siguió su curso hasta que el Consejo de Ministros aprobó formalmente llevar a cabo la exhumación del dictador del Valle de los Caídos. El acuerdo preveía un plazo de quince días hábiles para que la familia escogiera un lugar distinto a la Almudena para la reinhumación como última oferta para los herederos. En caso de que no hubiera unanimidad entre ellos o de que no se pronunciaran, el Ejecutivo se reservaba la potestad de enterrarlo donde escogiera. Aún así, les daba la posibilidad de estar presentes durante la exhumación, el traslado y la reinhumación de los restos.

El Ejecutivo sostenía que solo el Supremo podría frustrar, siempre temporalmente, su plan. Dentro del Gobierno hay miembros que temen que el alto tribunal le dé la razón a la familia si interpreta que el decreto con el que se inició el trámite para la exhumación supone “una ley de caso único”.

Fuentes gubernamentales sostienen que la maniobra del juez Yusti Bastarreche les sitúa prácticamente en la casilla de salida. No obstante, en el Ejecutivo están a la expectativa de lo que digan los juzgados: por un lado, el Supremo, y, por otro, del reparto de las demandas individuales que han disparado las alarmas, con la confianza de resistir el envite del magistrado que ya criticó la Memoria Histórica. 

El Gobierno asume que la decisión de un juez significado contra la memoria histórica de suspender la licencia urbanística del Ayuntamiento de San Lorenzo del Escorial para permitir la obra necesaria para sacar a Francisco Franco de su “tumba de Estado” en el Valle de los Caídos puede retrasar la salida de los restos, pero asegura que mantiene intacto su plan. No obstante, fuentes gubernamentales confían en que el asunto, que ha llegado a los juzgados a través de decenas de recursos, acabará unificado en manos de otro juez que rechazará impugnar la licencia, como ya ha sucedido con otros magistrados. Además, esas fuentes consideran que lo más probable es que la resolución favorable se produzca antes de que que se produzca la orden definitiva de exhumación por parte del Consejo de Ministros. 

“El expediente de exhumación y posterior reinhumación de Francisco Franco continúa su curso”, asegura el Ejecutivo en un comunicado enviado horas después de conocerse el auto del juez José Yusty Bastarreche en el que suspende esa licencia concedida en noviembre. En Moncloa sostienen que esa decisión judicial no afecta “en absoluto” al procedimiento de exhumación en esta fase. 

Una de las razones que esgrime el Ejecutivo es que el auto otorga tres días al Ayuntamiento para presentar alegaciones contra esa decisión: “Estamos convencidos de que, tras haber escuchado al Ayuntamiento y sus argumentaciones, el Juzgado dictará una resolución diferente tanto en la pieza de medidas cautelares como en la sentencia sobre el fondo”. “La resolución es un ejemplo de prevaricación ideológica para justificar unas cautelarísimas que no admite nadie”, señalan fuentes gubernamentales. Hay jueces que ya han rechazado algunos de los recursos presentados en cascada. 

El Ejecutivo de Pedro Sánchez se muestra seguro de que la Justicia le dará la razón para proceder a la exhumación de Franco, aunque admite que los procedimientos judiciales “podrían retrasar, en su caso, la fase final de ejecución material del acuerdo de exhumación”, pero recuerda que aún había llegado ese momento procesal sino que el Gobierno está a la espera de que la familia del dictador le haga llegar un lugar preferente para la reinhumación distinto a la cripta de la Almudena y que cumpla con criterios de seguridad, orden público y de respeto a la memoria histórica. 

Además, el Ejecutivo sostiene que solo el Tribunal Supremo puede pronunciarse sobre el acuerdo adoptado hace un par de semanas por el Consejo de Ministros. “Los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo no son competentes para resolver sobre los acuerdos que adopta el Consejo de Ministros, sino el Tribunal Supremo”, argumenta Moncloa.

El Gobierno ataca duramente al “entorno del dictador Franco”, al que acusan de llevar a cabo un nuevo “ejemplo del obstruccionismo” que han llevado a cabo desde que Pedro Sánchez anunció su intención de sacar los restos del Valle de los Caídos en cumplimiento con una proposición que contó con el apoyo mayoritario del Congreso en 2017.

“Hasta la fecha nos constan 12 demandas judiciales (todas con idéntica fundamentación, pero presentadas por personas diferentes) reclamando la suspensión y anulación de las actuaciones urbanísticas acordadas por el Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial en relación con la exhumación de Franco. De esas 12 demandas, en siete se han rechazado ya las medidas cautelarísimas y esta ha sido la única en la que el Juzgado ha admitido unas medidas cautelares urgentes en las que ni siquiera se ha escuchado a la otra parte”, reza el comunicado emitido por Moncloa. 

“La finalidad de presentar multitud de demandas individuales con la misma fundamentación jurídica, en lugar de una sola, es clara: obligar a que sean muchos los Juzgados que deban conocer sobre este asunto, aumentando las probabilidades de que en alguno (como así ha ocurrido) se dé la razón a la parte demandante. La Abogacía del Estado está trabajando desde hace días en la acumulación de todos los procedimientos judiciales en uno solo para garantizar que exista un único pronunciamiento”, agrega el Gobierno.

El juez que ha decidido aceptar esas medidas cautelares se ha mostrado públicamente en contra de la ley de memoria histórica. “Representa el resquemor, el ansia de venganza y el odio de los vencidos en la guerra civil en estado puro”, escribió en 2007. Yusti Bastarreche se hizo conocido para la opinión pública cuando se opuso a la celebración de un acto en favor del derecho a decidir en Madrid. 

Los argumentos que esgrime el juez Yusti Bastarreche para suspender la licencia se basan en un informe de dos arquitectos solicitado por la Fundación Francisco Franco. Además, sostiene que no hay motivo de “urgencia” para llevar a cabo la exhumación “del que fue jefe del Estado” de la basílica ya que lleva enterrado 44 años. 

1. “La verdad es que no sé muy bien si toda esta cuestión de la memoria histórica es una gran maldad de Zapatero y el socialnacionalismo o es una maniobra de gran habilidad. Por un lado, representa el resquemor, el ansia de venganza y el odio de los vencidos en la Guerra Civil, en estado puro, sin mezcla de grandeza alguna, frente a los que la ganaron”.

2. “No se sabe muy bien si lo que quieren los autores del Proyecto de Ley y el coro social, profesional y mediático que los anima es verdaderamente llegar a una verdad auténtica o simplemente tratar de ganar la guerra con efecto retroactivo”.

3. “El socialnacionalismo no parece haber aprendido nada. Se empeña en homenajear a personajes tan siniestros como Pasionaria, Carrillo o Companys, o hablar con nostalgia de la República, como si semejante régimen no fuese la antesala de la Guerra y los políticos de la misma los grandes fogoneros de la hoguera que vino después”.

4. “La exposición de motivos de esa Ley [de Memoria Histórica] de tan largo título se inicia con una referencia al ‘espíritu de reconciliación y concordia’ que guió la Transición. Sin embargo rápidamente se traiciona esta idea”.

5. “Para todos los que sirvieron con más o menos entusiasmo o lealtad al Régimen anterior, incluso los que simplemente lo soportaron, ciertamente tiene que ser un tanto molesto que ahora, cuando entre todos se había acordado cerrar un capítulo de la Historia de España, se vuelva a abrir por unos pocos, que son más o menos la mitad de la nación, y en contra claramente de la otra”.

6. “No seré yo quien justifique ni niegue los crímenes nazis o de la revolución soviética, pero lo que no me parece lógico es que no se pueda discutir sobre ello”.

7. “La reconciliación consiste en que la derecha, y sólo la derecha, pida perdón por serlo y porque, en opinión de la izquierda, que está en posesión de la razón y la verdad, la derecha es hija y heredera directa de los vencedores de la Guerra Civil”.

8. “Pero con ser todo lo anterior grave, lo es más la actitud del PSOE, Izquierda Unida y demás partidos parlamentarios, que no se han dignado dirigir una palabra de condolencia al Partido Popular, ni han condenado los hechos. Naturalmente, ¿por qué van a condenar algo que la derecha se merece?”

9. “Empeñarse en reabrir determinados procesos históricos, con la intención de fijar una verdad oficial, de obligado seguimiento, no deja de ser a estas alturas del siglo XXI un tanto estrafalario, sin sentido alguno, y solamente puede acarrear —como ya ha ocurrido— que se destapen viejos odios y recelos. El Proyecto de Ley va a conseguir que hasta los muertos sean de dos clases, ‘buenos’ y ‘malos”.

10. “[Esta ley] podría ser, una simple maniobra a las que tan aficionado es Rodríguez Zapatero para tenernos fritos hablando y discutiendo de todo esto, mientras él se limita a permanecer en el Palacio de la Moncloa, que por lo visto es lo que más le importa en el mundo”.

Artículo del juez Yusty Bastarreche contra la Ley de Memoria

El magistrado José Yusty Bastarreche, que atacó la ley de Memoria Histórica en un artículo académico en el que afirmaba que la norma suscitaba “agrias polémicas de carácter político en la que se creían superados los fantasmas de la Guerra Civil” ha suspendido el informe que admitía las obras de exhumación de Franco de la basílica del Valle de los Caídos. El caso cayó en el juzgado de lo contencioso-administrativo número 3 de Madrid del que es encargado. El auto, adelantado por El Independiente, paraliza cautelarmente la autorización municipal para las obras que el Gobierno planeaba para sacar el cadáver del dictador.

El Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial, que tiene ahora tres días para alegar, había emitido un análisis favorable para conceder la licencia de obras menores. Las actuaciones planeadas por el Ministerio de Justicia incluían el “levantado del pavimento de mármol, retirada de la losa de piedra que cubre la sepultura de Francisco Franco y su traslado a otro lugar”. Al juez le han bastado dos días para resolver pues la petición de medidas cautelares se hizo el 22 de febrero, según indica el auto firmado este lunes, día 25.

El Juez Yusty Bastarreche se hizo famoso al suspender un acto sobre el derecho a decidir en Madrid en 2017. Anteriormente había escrito un artículo académico criticando la ley de Memoria Histórica, como publicó eldiario.es, en el que atribuía al Ejecutivo de José Luiz Rodríguez Zapatero objetivos ocultos para redactar dicha norma: “El Gobierno, con oscuras intenciones, ha hecho revivir, todos los hechos y situaciones que llevaron a nuestra Patria a aquellos momentos difíciles”, redactó. El texto decía que la norma “representa el resquemor, el ansia de venganza y el odio de los vencidos en la guerra civil en estado puro sin mezcla de grandeza frente a los que la ganaron”.

Para argumentar su decisión el juez se basa en varias ideas entre las que está un informe de arquitectos de la fundación Francisco Franco firmado por José Ismael de la Barba y Enrique Porto. Hace suyas las conclusiones del estudio y redacta que “debajo de la basílica hay partes huecas, se supone que ejecutadas correctamente, pero el movimiento de la losa de piedra [...] puede desestabilizar el conjunto”. Apunta a un posible derrumbe.

Contrasta con la opinión técnica de la persona que enterró a Franco en 1975, Gabino Abánades, que contó a eldiario.es en agosto de 2018 que la exhumación sería “un proceso sencillo en el que se moverá la lápida, se romperá la tabica que tapa el ataúd, se recogerá el cuerpo y se trasladará a otro féretro”. El actual alcalde de la localidad de Sacecorbo (Guadalajara) se ofreció a ayudar: “Pueden contar con mi ayuda para lo que necesiten y así se lo hecho saber a todos lo que me han consultado opinión”.

Múltiples recursos particulares en distintos juzgados

El Ayuntamiento por su parte ha recibido el auto con estupor: “Basta leerlo para ver cómo queda marcada la ideología del magistrado”, cuentan fuentes municipales. El equipo de Gobierno planea presentar alegaciones. Contra la autorización del Ayuntamiento “se han presentado docena y media de recursos particulares. Todos calcan la misma argumentación y utilizan el informe de la Fundación Franco que este juez ha usado en su argumentación. Pedimos que se juntaran todos los procesos en un mismo juzgado, pero no se ha hecho así que igual mañana nos encontramos con un decisión contrario de otro magistrado”, aseguran las mismas fuentes.

Sin embargo, el juez de insiste al exponer que no hay ninguna urgencia en la exhumación “del que fue Jefe del Estado, puesto que lleva enterrado en la Basílica [...] más de 44 años”. Además, Yusty Bastarreche considera que las dificultades técnicas de la exhumación suponen a la larga una vulneración de los derechos fundamentales recogidos en la Constitución. “No tiene sentido lógico ni jurídico alguno que una obra [...] pueda atentar contra uno de los pilares del Estado social y democrático del Derecho [...], esto es, poner en peligro la vida humana”, concluye.

El magistrado se recrea en las características de la lápida y lo que supondría sacar el cuerpo de la Basílica. “Es decisivo recordar que se trata de remover unas losas de mármol, que a su vez tapan una losa de granito de, al parecer, 2.000kgs. de peso, y no hace falta ser arquitecto [...] para percatarse de que ello es de por sí algo complicado, difícil de manejar y, por tanto peligroso por el riesgo evidente, que no hace falta explicar, de caída, rotura o cualquier otro accidente que pueda ocurrir, y que a su vez pueda causar daños a las personas, sin duda un grupo no escaso de ellas, que tienen que realizar la citada maniobra.”

Este juez es uno de los ocho hijos que tuvo el almirante de la Armada José Yusty Pita que fue nombrado comandante general de la Base Naval de Canarias el 25 de septiembre de 1968 destinado a las islas. De su paso por Canarias queda una calle en su honor: 'Almirante Yusty Pita', en la localidad de Agüimes, en la provincia de Las Palmas. Una conmemoración que todavía existe.

El juez José Yusti Bastarreche ha rechazado las alegaciones presentadas por el Ayuntamiento de Madrid contra su decisión de suspender el acto por el derecho a decidir que se iba a celebrar el domingo en un espacio municipal, han informado a eldiario.es fuentes del caso. 

La decisión de Yusty de suspender el acto fue una decisión contra la que no cabía recurso, pero sí alegaciones. Y eso es lo que han hecho los servicios jurídicos del Consistorio madrileño esta mañana bajo el argumento de que Yusty Bastarreche “ha basado su fallo únicamente en prejuicios, sospechas infundadas y juicios de valor anticipatorios que menoscaban el ejercicio de derechos constitucionales”. 

A diferencia del anterior auto del juez, el dictado este viernes tiene carácter firme, por lo que cabe contra él recurso. El Ayuntamiento de Madrid ha anunciado que presentará un recurso ante el TSJ, y ahora tiene quince días para ello. 

El Ayuntamiento de Madrid presentó este viernes a primera hora las alegaciones ante el Juzgado número 3 de lo contencioso administrativo y su titular ha resuelto en apenas unas horas. En el documento de alegaciones, de 34 páginas, el Consistorio expone una serie de razones por las que consideran que la decisión judicial no se ajusta al derecho, entre las que se encuentra, en primer lugar, la falta de personalidad jurídica del Grupo Municipal Popular para recurrir la celebración del acto. 

Respecto a las razones por las que el Ayuntamiento rechaza la decisión del juez, el Ejecutivo local considera que el magistrado no ha valorado circunstancialmente los intereses en conflicto y ha adoptado fundamentos no demostrados “teniendo por ciertos únicamente sospechas y juicios de valor”. 

Yusty Bastarreche firmó en 2014 un manifiesto fundacional de Libres e iguales en contra del proceso soberanista catalán. El juez también expresó en un foro de debate donde se encuentran todos los magistrados de la carrera judicial su opinión sobre la alcaldesa de Madrid en el que   hizo referencia a su aspecto y se quejó de que “esa tropa” gobernase “nuestras ciudades y villas”, como desveló en exclusiva eldiario.es.

Los servicios jurídicos municipales también consideran que la resolución del juez es “subjetivamente incongruente” y acusa al magistrado de tomar una decisión que no se pedía en el recurso presentado por el Partido Popular sin ni siquiera escuchar a los finalmente afectados, los componentes de la asociación “La Comuna”, organizadores del evento. 

El auto “atenta contra el derecho a expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones, derecho que no puede restringirse mediante ningún tipo de censura previa”, asegura el Consistorio en sus alegaciones. 

Ante esto, el segundo auto judicial contesta, hasta en tres ocasiones, que la resolución no atenta contra el derecho de expresión sino que se cuestiona que ese acto pueda llevarse acabo en un espacio municipal. El juez llega a afirmar que los organizadores pueden celebrarlo en otro lugar, como finalmente van a hacer. 

La decisión judicial, prosigue el Ayuntamiento, “vulnera el derecho fundamental de reunión”, “infringe el derecho fundamental de asociación” y “vulnera el derecho constitucional a la autonomía de los municipios en la gestión de sus respectivos intereses”. 

Sobre estos argumentos, el Gobierno municipal considera que el juez se ha excedido de lo propiamente dictaminado por el Tribunal Constitucional: “El TC no ha limitado ninguno de los derechos fundamentales mencionados, que permanecen incólumes y no restringidos”. 

Manuela Carmena no recusará a José Yusty Bastarreche, el juez que este martes suspendió el acto en Madrid a favor del derecho a decidir, a pesar de las opiniones políticas en público que ha expresado el magistrado.

Yusty Bastarreche firmó en 2014 un manifiesto fundacional de Libres e iguales en contra del proceso soberanista catalán. El juez también expresó en un foro de debate donde se encuentran todos los magistrados de la carrera judicial su opinión sobre la alcaldesa de Madrid en el que hizo referencia a su aspecto y se quejó de que “esa tropa” gobernase “nuestras ciudades y villas”, como ha desvelado en exclusiva eldiario.es.

La portavoz municipal del Ayuntamiento de Madrid, Rita Maestre, ha asegurado que por parte del Gobierno local no hay intención de presentar recurso. “El poder ejecutivo tiene que ser escrupuloso” con las decisiones judiciales y “no compete”, ha argumentado Maestre, que ha destacado el sentir de la alcaldesa en ese sentido “quizás como jueza que es”.

Fuentes jurídicas aseguran a eldiario.es que esa recusación podría ser viable atendiendo al artículo 219.10 de la Ley Orgánica del Poder judicial que asegura que se puede recusar si el magistrado “tiene interés directo o indirecto en el pleito”. Estas mismas fuentes consideran que un magistrado “tiene derecho a tener ideología” pero “es incorrecto que ésta (su ideología) le dirija a dictar resoluciones”.

Sobre las alegaciones que la propia portavoz ya anunció el martes cuando se conoció la decisión del juez, Maestre ha asegurado que no se se presentarán hasta este viernes pero ha adelantado que irán orientadas a argumentar que el “acto no se ajusta al contenido” del auto judicial ni con la cesión del espacio.

Los organizadores del evento por el derecho a decidir anunciaron este miércoles que tras la suspensión del juez lo celebrarán en otro lugar que todavía se desconoce. El delegado de Seguridad, Javier Barbero, ha precisado que se garantizará la seguridad después de que Falange convocara una protesta en el lugar anteriormente.

Al juez José Yusty Basterrache no le gusta el aspecto de Manuela Carmena y que “esta tropa” gobierne “nuestras ciudades y villas”. Ni el proceso soberanista catalán. Tampoco le gusta la Ley de Memoria Histórica.

Yusty Bastearreche, el magistrado que este martes suspendió el acto a favor del derecho de decidir en Madrid, es autor de un artículo contra la ley de Memoria Histórica, aprobada por el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero en 2006. “El Gobierno, con oscuras intenciones, ha hecho revivir, no desde el punto de vista del historiador, sino partidista, todos los hechos y situaciones que llevaron a nuestra Patria a aquellos momentos difíciles”, escribió el juez Yusty en una revista académica.

“El llamado proyecto de ley de Memoria Histórica ha logrado suscitar una de las más enconadas y agrias polémicas de carácter político en España en la que se creían superados los fantasmas de la Guerra Civil”, añade el magistrado en un fragmento del artículo al que ha tenido acceso eldiario.es.

El magistrado Yusty Bastearreche es uno de los ocho hijos de José Yusty Pita, almirante de la Armada durante la dictadura franquista, según explica el juez en otro artículo académico publicado en 1996 bajo el título 'Gobierno y armada española en la monarquía absoluta'.

Yusty Pita tiene una calle a su nombre que podría estar incumpliendo la Ley de Memoria Histórica que su hijo critica por “revivir momentos difíciles para la patria”. El almirante fue nombrado comandante general de la Base Naval de Canarias el 25 de septiembre de 1968 destinado a las islas. De su paso por Canarias queda esa calle en su honor: 'Almirante Yusty Pita', en la localidad de Agüimes, en la provincia de Las Palmas.

El currículum del almirante Yusty Pita durante el franquismo es amplio. En 1953, con 44 años, fue nombrado comandante del buque escuela Juan Sebastián Elcano, el barco donde se forman los oficiales de la Armada. Recibió varios ascensos más hasta convertirse en almirante, aunque también tuvo otros cargos políticos fuera de la carrera militar. Su último destino durante la dictadura fue como delegado del Gobierno en la Mancomunidad de los Canales del Taibilla en 1974. Le cesaron de ese cargo cuatro años después, durante el gobierno de Adolfo Suárez. La relación familiar de los Yusty se extiende a su tío Antonio Yusty Bastarreche, que fue ascendido a censor de segunda clase en 1954.

El artículo contra la ley Memoria Histórica

El artículo de José Yusty Bastarreche contra la ley de Memoria Histórica de Zapatero publicado en Aportes: Revista de historia contemporánea consta de nueve páginas, a las que ha tenido acceso Maldita Hemeroteca.

A lo largo de estas páginas, el magistrado hace numerosas referencias a la dictadura que y a la ley de Memoria Histórica. Yusty Bastarreche asegura en sus conclusiones que el “social-nacionalismo no parece haber aprendido nada” porque “se empeña en homenajear a personajes tan siniestros como Pasionaria, Carrillo o Companys, o hablar con nostalgia de la República (13)”, en referencia a la ley. El juez se refiere la República como la “antesala de la Guerra y los políticos de la misma los grandes fogoneros de la hoguera que vino después”.

Yusty Bastarreche también se refiere a las brigadas internacionales una parte idelogizada “totalitaria, comunista y revolucionaria, organizadas” y le parece una “falsedad” que sean tapadas “por el más noble pabellón de la «lucha antifascista»”.

Artículo completo publicado en Aportes: Revista de historia contemporánea en el nº 22, Nº 63, 2007, y al que ha tenido acceso Maldita HemerotecaAportes: Revista de historia contemporáneanº 22, Nº 63, 2007

Prohibir ese acto convocado en Madrid a favor del derecho a decidir es un despropósito jurídico que solo se explica cuando se descubren las filias y fobias de este magistrado conservador

Vender cannabis es ilegal en España. Manifestarse a favor de la legalización del cannabis es legal. La monarquía es el sistema político vigente en España. Hacer un acto a favor de la república es legal. Matar a un toro en la plaza es legal en España. Protestar contra la tauromaquia también es legal. Y el referéndum que ha puesto en marcha la Generalitat catalana también es ilegal –ni ellos mismos ocultan que es una desobediencia a la Constitución–, pero manifestarse a favor del derecho a decidir, en una democracia, debería ser perfectamente legal.

El auto que ha firmado el juez José Yusty para prohibir ese acto convocado en Madrid a favor del derecho a decidir es un despropósito jurídico que solo se explica cuando se descubren las filias y fobias políticas de este magistrado conservador. Alguien que firma manifiestos a favor de la unidad de España debería haberse inhibido ante una decisión así. La apariencia de imparcialidad es un requisito imprescindible en el Estado de derecho que Yusty, en este tema y en muchos otros, dista mucho de cumplir.

La opinión del juez Yusty sobre la unidad de España no es el único motivo por el que debería haberse inhibido ante esta decisión. También lo es su animadversión contra la alcaldesa Manuela Carmena, cuyo ayuntamiento cedió un local público para este acto por el derecho a decidir.

Ante miles de jueces en España, Yusty despreció a una representante pública elegida democráticamente por los ciudadanos en unos términos impresentables para un funcionario con su responsabilidad. “¡Pensar que semejante tropa está al mando de nuestras ciudades y villas, y puede estar en el Gobierno de España. Si por lo menos tuviesen un aspecto presentable”, escribió sobre Carmena este juez. Para “tropa”, la que aún anida en una judicatura tan conservadora que asusta. ¡Quién iba a pensar que un foro en el que solo participan jueces iba a ser, en algunos mensajes, indistinguible de Forocoches!

La decisión tomada por el juez Yusty es, además, completamente contraproducente para esa unidad de España que dice querer defender. Con los mismos argumentos que da Yusty para prohibir ese acto en Madrid también se podría haber vetado la manifestación de la Diada. Con jueces así, con autos así, es como realmente se fomenta el independentismo catalán.

Igualmente irresponsable es el recurso que antes presentó el grupo del PP, y que ha provocado este auto. A pequeña escala, estamos de nuevo ante el mismo electoralismo cortoplacista que provocó el incendio independentista que vivimos hoy. Hace once años, Mariano Rajoy se lanzó en el primer referéndum ilegal de esta historia: esa recogida de firmas contra el Estatut de Catalunya cuyo principal objetivo era debilitar al PSOE en las autonomías donde el anticatalanismo prende con facilidad y hacer de Javier Arenas presidente de Andalucía. No lo consiguió, Arenas también fracasó esta vez pero, gracias en gran medida a ese recurso y a esa sentencia del Constitucional, el independentismo pasó en Catalunya del 15% al 47,8%. Gracias a Rajoy.

Hoy el rival no es Manuel Chaves sino Manuela Carmena, pero el objetivo del PP es el mismo: debilitar al rival político, aunque eso dañe la convivencia de los españoles y pisotee derechos fundamentales, como el derecho a la libre expresión y reunión. Sacar pequeño rédito político, aunque eso llene de grandes argumentos a esos independentistas a los que el PP dice combatir.