Siete de las nueve nuevas enseñanzas de Grado Superior de Formación Profesional autorizadas por el Gobierno de Aragón para el curso 2026/2027 se impartirán en centros privados o concertados, según la nueva oferta presentada este martes por el Departamento de Educación. La decisión ha provocado las críticas de CCOO, que denuncia una “privatización salvaje” de la FP y asegura que desde la llegada del actual Ejecutivo se han autorizado ya 7.216 plazas privadas en la comunidad.

La ampliación anunciada por el Gobierno incorpora 21 nuevas enseñanzas y 495 nuevas plazas de primer curso entre grados básicos, medios, superiores y cursos de especialización. En Grado Básico se implantarán cinco nuevas enseñanzas, dos de ellas en centros privados o concertados: Informática de Oficina en el Colegio San Vicente de Paúl y Fabricación y Montaje en Serpi Fundación Picarral. Las otras tres serán públicas y se impartirán en los IES Andalán, Tiempos Modernos y María Moliner de Zaragoza.

En Grado Medio, una de las tres nuevas enseñanzas irá a la privada: Vídeo, Disc-Jockey y Sonido en CPA Salduie. Las otras dos, Electromecánica de Maquinaria e Instalaciones Frigoríficas y de Climatización, se ofertarán en centros públicos de Huesca y Zaragoza.

La mayor diferencia aparece en los grados superiores. De las nueve nuevas enseñanzas autorizadas, siete se impartirán en centros privados o concertados y solo dos en institutos públicos, lo que supone el 77,8% de la nueva oferta superior en manos de la red privada. En concreto, CPA Salduie incorporará seis nuevos ciclos superiores vinculados a las industrias culturales y audiovisuales: Iluminación, Captación y Tratamiento de la Imagen; Producción de Audiovisuales y Espectáculos; Realización de Proyectos Audiovisuales y Espectáculos; Sonido para Audiovisuales y Espectáculos; Animaciones 3D, Juegos y Entornos Interactivos; y Marketing y Publicidad. A ellos se suma Mecatrónica Industrial en Salesianos Nuestra Señora del Pilar.

La red pública incorporará únicamente dos nuevos grados superiores: Marketing y Publicidad en el IES Pirineos de Jaca y Mecatrónica Industrial en el IES Fernando Lázaro Carreter de Utrillas.

No obstante, los centros públicos mantienen el control absoluto en las enseñanzas especializadas y de actualización técnica. Las cuatro nuevas ofertas de Cursos de Especialización (los conocidos como 'másteres de la FP') y las cuatro nuevas dobles titulaciones de Hostelería y Turismo se han concedido de forma íntegra a institutos y centros públicos como el CPIFP San Lorenzo, la Escuela de Hostelería de Teruel o el Centro de FP Campus Digital de Zaragoza.

“Desmantelamiento” de la FP pública

Desde la Federación de Enseñanza de CCOO Aragón consideran que estos datos evidencian un “desmantelamiento activo y coordinado” de la FP pública. El sindicato sostiene que “la educación pública pasa a ser residual en los niveles clave” y denuncia que el Ejecutivo está favoreciendo a “macrocentros privados de grandes firmas”.

En su informe, CCOO asegura que el actual Gobierno ha autorizado más de 7.216 plazas privadas desde agosto de 2023 y acusa a la Consejería de generar un “déficit artificial” de plazas públicas que acaba derivando alumnado hacia la privada. El informe de CCOO desvela la “lógica perversa” que aplica la Consejería de Educación: “Se provoca un déficit artificial de plazas públicas al no atender la demanda creciente de las familias, abriendo una pasarela directa para que grandes corporaciones y fondos de inversión absorban al alumnado excedente con el consecuente perjuicio económico para las familias”.

El sindicato muestra su preocupación ante esta “masificación descontrolada de la oferta privada”, ya que consideran que podría “colapsar” el sistema de prácticas en empresas: “Al ser las plazas de prácticas un recurso finito, los miles de alumnos procedentes de la red privada corren el riesgo de desplazar y bloquear la titulación de los estudiantes de la red pública”. Por todo ello, CCOO Aragón exige “la paralización inmediata de esta deriva privatizadora, una auditoría seria de las necesidades reales de los centros públicos y una apuesta presupuestaria firme por la FP pública. Las plazas deben garantizar el derecho universal a una educación pública, gratuita y de calidad”.

El Departamento de Educación rechaza esa interpretación y defiende que la implantación de estos ciclos responde “a la necesidad de plazas y a la demanda del alumnado” en ramas vinculadas a las industrias culturales, uno de los sectores por los que el Ejecutivo asegura estar apostando. Según trasladan fuentes de Educación, este curso cerca de 450 personas se quedaron sin plaza en Zaragoza en estos ciclos tras solicitarlos en primera opción, por lo que la ampliación busca absorber esa demanda creciente. El Gobierno defiende además que la FP aragonesa supera ya los 28.300 alumnos matriculados en enseñanzas sostenidas con fondos públicos y destaca sus elevados índices de inserción laboral.

Con el lema “aquí no desahucia ni Dios”, el Sindicato de Inquilinas de Madrid desplegaba una gran pancarta sobre la fachada en el que vivía hasta el pasado 7 de mayo Mariano Ordaz. Vecino de la calle del Carnero, en el centro de la capital, este jubilado de 67 años fue desalojado con un gran despliegue de ocho furgones policiales. Al quinto intento la Venerable Orden Tercera de San Francisco de Asís, conocida como VOT, lograba expulsarle de la casa en la que había pasado toda su vida.

No lo evitó la enorme resistencia desplegada por el sindicato, con dos personas colgadas del bloque que acabaron arrestadas. Ni los intentos de Mariano por regularizar su situación para continuar en una vivienda que se le caía a cachos. Tampoco influyó el hecho de que la VOT cuente con diversas propiedades más en la zona que le reportan unos ingresos continuados.

A pocas semanas de la visita del Papa León XIV, que celebrará diversos actos en Madrid del 6 al 9 de junio, la organización no demostró caridad cristiana. No es la primera entidad de corte católico inmiscuida en este tipo de dinámicas en los últimos tiempos. Coyunturas en la que la espiritualidad choca con el dinero y con la avaricia, uno de los pecados capitales.

La hermandad del marido de Aguirre desmantela una residencia y un colegio

Si una organización católica puede provocar más de un arqueo de cejas a Robert Prevost, que pasó varias décadas como misionero en Perú en entornos humildes que le marcaron profundamente, esa es la Hermandad del Refugio. Presidida por Fernando Ramírez de Haro, marido de Esperanza Aguirre y poseedor del título nobiliario de conde de Bornos, la institución ha emprendido en los últimos años una serie de polémicas operaciones con objeto de dejar atrás los números rojos y aumentar sus ingresos.

La Hermandad del Refugio nació en 1615 con el propósito de “ayudar a los necesitados de Madrid”. Sin embargo, en los tiempos recientes ha dejado de lado dos de las principales herramientas para esta labor con sendas clausuras. Por un lado, la de la residencia de ancianos necesitados en la calle Pez, convertida en un hostel o albergue para turistas. Por otro, la del colegio concertado, pero de precios modestos, Purísima Concepción (cuyo nuevo uso sigue siendo una incógnita tres años después). Sobre este último punto, vecinos de Malasaña lo han definido como “una tragedia para un barrio en trance de degradación”. “No sé con qué cara asiste a misa”, reprochó un progenitor a Ramírez de Haro el último de día de clases en el centro, que tenía 372 años de historia.

Después de despojarse de esas actividades, la Hermandad apuesta desde 2025 por explotar la iglesia de San Plácido, ubicada en la calle de San Roque, además de las visitas que ya organizaban en San Antonio de los Alemanes (calle de la Puebla). Un filón que combinan con otras apuestas comerciales más controvertidas, aprovechando el tirón de la especulación inmobiliaria y la explotación turística en pleno centro de la capital.

La más sonada es la reconversión de la residencia de mayores en el número 1 de la calle Pez en un alojamiento temporal, mediante la cesión a la empresa hotelera Asistencia y Ayuda Yadisema SL. Los responsables de la agrupación religiosa firmaron un contrato en 2020 con la compañía, a la que cedieron las obras y su posterior explotación durante los próximos 20 años, después de desalojar a 41 personas de avanzada edad. Más tarde, continuaron con el proyecto a través de un plan especial solicitado al Ayuntamiento que lidera José Luis Martínez-Almeida, por el que proponían levantar un hostel donde facturar más de tres millones de euros anuales. El negocio logró arrancar en 2024.

La actividad social de la Hermandad del Refugio se focaliza ahora en su comedor social, en la corredera Baja de San Pablo. “Mi madre es la que me está sacando del apuro y sé que eso le pasa mucho a personas en situaciones parecidas. Me parece fatal que cuando esos mayores necesitan ayuda les dejemos tirados”, contaba a Somos Madrid una mujer que asistía al servicio en relación con el fin de la asistencia a población anciana por parte de la entidad católica para mejorar sus resultados financieros.

El desahucio de Mariano: la policía, a las órdenes de una entidad católica

La Venerable Orden Tercera de San Francisco de Asís, más conocida por sus siglas VOT, es una rama de la familia franciscana, también llamada Orden Franciscana Seglar (OFS). La organización fue fundada en 1221 para laicos que deseen vivir el carisma franciscano sin abandonar su vida secular. 800 años después, esa misión ha tomado la forma del desalojo de un jubilado de 67 años en el centro de Madrid que llevaba toda una vida en su casa.

Fue el pasado 7 de mayo, al quinto intento y con un enorme operativo policial con ocho furgones e incluso la intervención del cuerpo de bomberos para bajar de las alturas a dos activistas que se colgaron como acción protesta. Decenas de personas, coordinadas por el Sindicato de Inquilinas, trataron de impedir un desalojo precedido por una situación de enorme inestabilidad en la vivienda de Mariano.

El techo de la cocina se vino abajo el pasado año, mientras las humedades carcomen la casa del pensionista. Pero Mariano no quería dejar la casa para la que se llevaron a cabo los arreglos porque, sostenía, la VOT no le iba a dejar regresar a ella cuando se marche. “Es una treta para que me vaya”, contaba a este medio, al tiempo que relataba cómo acumuló algunas deudas que ahora pretendía saldar paulatinamente. Lo que no podría enfrentar eran “subidas abusivas del alquiler”. Apuntaba también que la orden posee múltiples propiedades comerciales o habitacionales en el entorno, por lo que sus impagos pasados no comprometían la situación económica.

Doble rasero en un colegio católico: alumnos sin Halloween y fiesta de famosos previo pago

El Colegio Internacional G. Nicoli, en Chamberí, es “fruto de la colaboración de las Hijas de la Caridad [comunidad religiosa de monjas] y del Colegio Internacional J. H. Newman de Madrid”. Esta última entidad ya sabía lo que era estar envuelta en operaciones irregulares, después de que en otro centro en el barrio de San Blas se viera obligada a cerrar un gimnasio privado en una parcela cedida al colegio concertado para usos educativos.

El pasado diciembre, el Nicoli se convirtió en la comidilla del barrio por un debate de carácter más bien moral, por una cuestión de principios o de integridad. Familias del centro mostraron su rechazo, algunas en público y otras en privado, a lo que sucedió el pasado 31 de octubre entre sus paredes. Como viene siendo habitual y pese a las peticiones de algunos padres y madres, la dirección del centro vetaba cualquier festejo de Halloween por el origen pagano y ajeno a la cultura cristiana de dicha celebración. Los niños y niñas no podían acudir disfrazados o con la cara pintada. Pero esa misma noche, decenas de famosos e influencers disfrutaron de una fiesta privada por todo lo alto en el Nicoli, con el terror como gran temática.

La diferencia entre la iniciativa de las familias y la que sí se llevó a cabo es que esta última fue previo pago: sus organizadores abonaron un alquiler a la Fundación Escuela de los Oficios, organización nacida fruto de la mencionada colaboración entre la comunidad de monjas y el Newman. Un ente responsable del colegio desde su creación en 2018.

Las cuentas en redes de Ester Expósito o Brays Efe mostraban cómo los invitados consumieron alcohol en las zonas comunes del recinto. La madre de un estudiante del Nicoli admitía incluso su preocupación “por si hubiesen quedado restos de drogas el lunes siguiente, pastillas de LSD con caritas sonrientes o animalitos que los niños podrían probar por curiosidad”. Hablaba de “hipocresía”, mientras otro padre veía un “doble discurso”.

“Entendería el enfado de quien tenga sentimientos religiosos, aunque yo no los tengo”, opinaba otra progenitora. Entre los disfraces de la noche había un diablo (“ángel caído”, como lo definía una madre que quitaba hierro al asunto) o, para terminar de redondear la paradoja, un trabajador de Tecnocasa (el propio Brays Efe). Familias tacharon de “incoherente” la decisión del Colegio, que prefirió no emitir declaraciones en respuesta a este medio. “La verdad es que según parece fue el fiestón de la noche, pero no arruines la reputación del cole, eh”, remataba una madre

Esa misma reputación que la el Papa León XIV trata de reconstruir para la Iglesia católica entre controversias como las relatadas, cruces de reproches con la ultraderecha y lo más grave: casos de abusos y pederastia que siguen mermando la imagen de la institución.

Ni el presunto caso de corrupción que afecta al ex secretario de organización del PSOE Santos Cerdán, cuya derivada salpica a varias obras públicas en Navarra, ni los sobrecostes injustificados de la obra de los túneles de Belate, ni la fractura con el servicio de Traumatología que ha disparado las listas de espera en Salud. La crisis que casi se lleva por delante el Gobierno de María Chivite, uno de los únicos cuatro socialistas al frente de ejecutivos autonómicos, la han provocado los conciertos educativos, y en concreto el que afecta a la ikastola de Estella. Geroa Bai, socio del PSN en el Ejecutivo navarro, apoyó este pasado jueves con su abstención una proposición de ley de UPN a la que se le incluyeron varias enmiendas de EH Bildu y que blinda durante un año los conciertos a la privada al revocar una resolución del Departamento de Educación por la cual se retiraba la financiación pública a 14 líneas de la privada (cinco de ellas en ikastolas) por la caída de la natalidad y de la matrícula.

Si bien las posturas en torno a la concertada siempre han estado distantes entre PSN y Geroa Bai, la ruptura total la ha provocado una pequeña ikastola situada en Estella. En este centro privado de enseñanza en euskera financiado con fondos públicos se matricularon para el próximo curso escolar 31 alumnos para el aula de tres años. Según las condiciones que puso Educación para renovar los conciertos, con ese número de inscripciones al centro le corresponde una única aula de 25 escolares. Los seis restantes serían derivados a la escuela pública del mismo municipio y donde se imparte el modelo D de enseñanza en euskera. La ikastola, que asegura que Educación les retiró “de la noche a la mañana” la segunda línea, pidió que se le concediera el concierto para la segunda aula, algo que Educación rechazó porque para llegar a la ratio mínima para desdoblar sería necesaria la matrícula de al menos un alumno más.

En ese contexto, la coalición de Socialverdes y PNV acordó el miércoles por la mañana con los socialistas que todos los centros concertados pudieran participar “en el proceso de matriculación extraordinaria en condiciones de equidad”. Es decir, que si la ikastola de Estella lograse antes de agosto la inscripción de un alumno más, se le concedería una segunda línea en el curso de tres años. Pero poco después del anuncio del acuerdo la patronal de las ikastolas salió a denunciar que lo pactado entre los socios no satisfacía sus demandas. Así, a las pocas horas de cerrar un acuerdo Geroa Bai anunció que lo rompía porque no se daban las “garantías suficientes” para lograr una segunda línea en la ikastola de Estella.

El cambio de postura en un espacio de cuatro horas enfadó y mucho a los socialistas, que daban ya por cerrada una vía de agua en la coalición de gobierno que se había enquistado. Geroa Bai envió entonces una última propuesta al PSN en el que le planteaba cinco puntos para cerrar un acuerdo de mínimos. Todos ellos fueron aceptados por los socialistas salvo el primero, el referido a la ikastola de Estella. La coalición impulsada por Uxue Barkos pedía al partido de Chivite que aceptara el recurso de alzada de este centro “con inmediatez” para concederle así la segunda aula. El PSN acusó en este punto a sus socios de exigirles “vulnerar la ley” y “prevaricar”, como verbalizó el consejero Carlos Gimeno, porque supondría aceptar el recurso de la ikastola para desdoblar el aula sin tener en cuenta los criterios técnicos y jurídicos que fijan las ratios mínimas.

Sobrevoló la idea de un adelanto electoral

Y así llegaron las partes al pleno del jueves en el que se debatía la proposición de ley de UPN para blindar la concertada. Geroa Bai ya había avisado al PSN de que si no llegaban a un acuerdo facilitarían la aprobación de la ley del principal partido de la oposición, que tenía visos de salir adelante porque el socio presupuestario del Ejecutivo, EH Bildu, había presentado varias enmiendas para apoyarla, lo que auguraba una dura derrota del PSN.

Los pasillos del Parlamento de Navarra vivieron una mañana ajetreada de corrillos y reuniones entre grupos. Fuentes consultadas señalan que varios miembros de la ejecutiva del PSN le pidieron a Chivite que rompiera con sus socios, órdago que desde Geroa Bai aseguran que se les llegó a lanzar en alguna de las “intensas” reuniones que mantuvieron a escasas horas del pleno. Se llegó a solicitar un informe a los servicios jurídicos del Gobierno foral para saber la fecha límite para convocar elecciones anticipadas porque existían diferentes interpretaciones del artículo de la LORAFNA, el equivalente navarro al estatuto en el resto de autonomías, que indica que la presidenta no puede disolver el Parlamento “cuando reste menos de un año para la terminación de legislatura”.

El rumor de un posible adelanto electoral llegó incluso a la tribuna del Parlamento navarro, donde la tensión era tal que una diputada con un viaje a México reservado para julio no podía ocultar su nerviosismo ante la posibilidad de tener que cancelarlo si se acudía a las urnas en verano.

Con este clima de tensión entre socios hubo llamadas al más alto nivel en las que se disuadió a Chivite de la posibilidad de romper uno de los únicos cuatro gobiernos autonómicos liderados por un socialista y, además, en vísperas de las elecciones andaluzas. También desde el círculo más cercano de la presidenta consideraron un mal escenario acudir a las urnas tras un revés político o, en su caso, continuar lo que resta de legislatura con un Ejecutivo todavía más en minoría que el actual.

Finalmente, Chivite optó por que la sangre no llegase al río y evitó romper su gobierno de coalición. Tras la aprobación en el pleno de la proposición de ley de UPN con las abstenciones de Geroa Bai y EH Bildu, el 'número dos' de la presidenta en el Gobierno, Javier Remírez, emplazó a sus socios (Geroa Bai y Contigo/Zurekin) a una reunión, que se celebrará este lunes por la tarde, para “valorar” y “en su caso ratificar” el “compromiso político” de legislatura que alcanzaron en 2023.

Pero las relaciones en la coalición han quedado muy tocadas, hasta el punto de que el tercero de los socios, Contigo/Zurekin (Podemos, IU, Batzarre y otros), habla ya de que se ha “quebrado la confianza” porque no es la primera vez que Geroa Bai se desmarca para pactar con la derecha. Hace unos meses se unió también a UPN para tumbar la derogación que planteaban sus socios al blindaje de los profesores de religión en la escuela pública, a la que entraron sin hacer oposición y seleccionados por el arzobispo. Este lunes se buscará templar las aguas.

Zara Villar, la madre de Sandra Peña, la menor sevillana que se suicidó el pasado mes de octubre tras sufrir acoso escolar, ha anunciado este viernes que la familia recurrirá el archivo de la querella interpuesta contra el Centro Educativo Irlandesas Loreto de Sevilla y docentes del colegio.

Además, ha revelado algunos datos identificados en la autopsia practicada a la menor en aras de pedir que prosiga la investigación. Entre ellos, ha destacado que la joven presentó 0,59 miligramos de alcohol en sangre. “Creemos que la ingesta se produjo en el colegio porque Sandra salió del centro sobre las 14,30 y su muerte está certificada a las 14,40. Son diez minutos lo que hay. En la inspección ocular no hay restos de alcohol, ella no pasa ni por casa. Que alguien me diga dónde pudo haber tomado este alcohol”, ha planteado.

A su juicio, la decisión del juez es “un paso para atrás”, por lo que ha pedido que continúe la investigación para “depurar responsabilidades” y que “verdaderamente, el caso de Sandra sea un antes y un después” en materia de acoso escolar.

“Nosotros estamos aquí para que el caso de Sandra sea un antes y un después, pero esta decisión que se ha dictaminado es un paso para atrás. Que alguien me diga si algún director o algún docente va a abrir un protocolo ahora. No va a haber precedentes. Queremos que se investigue para depurar responsabilidades”, ha expresado en declaraciones en el programa Hoy al Día de Canal Sur.

“Cosas de niños”

Asimismo, ha considerado que el magistrado “no se ha leído” el informe de Inspección que, asegura, confirma que la menor acabó con su vida “por el estado de depresión que le había causado el acoso que sufría en el colegio”.

“Creo que no se lo ha leído, creo que no le ha preguntado a la fiscal de menores, que está haciendo una labor excepcional de investigación. Creo que si le preguntase a su compañera, le hubiese dicho que durante el curso anterior, según la Inspección, se habían producido hechos que dejaban constancia de que el colegio debía haber abierto el protocolo”, ha relatado.

En este sentido, Villar ha incidido en que la querella interpuesta por la familia estaba “basada” en la investigación llevada a cabo por la Fiscalía de Menores, “que es donde ha quedado constatado el acoso escolar que sufría Sandra, y que el profesorado conocía”. A su juicio, el profesorado trató la situación como “cosas de niños” y “peleas entre iguales”. “Sandra se suicida por la situación que le provoca el acoso escolar. No estaba contenta con su cuerpo, entendía que no era válida”.

En la querella anunciamos la valoración de un psicólogo que no tenía duda y decía que Sandra se suicidó por una depresión derivada de acoso escolar“ ha indicado, misma vez que se ha preguntado si el magistrado responsable de la decisión ”no quiere escuchar a los profesionales, a los psicólogos“. No obstante, la madre ha manifestado su ”respeto“ a la decisión judicial.

Vandalización

Villar, por otro lado, ha expresado que, hace unas horas, el altar de Sandra Peña que se instaló en los bloques de piso localizados en la zona donde vive la familia aparecía vandalizado. “Yo iba a limpiarlo y me lo encontré. El altar lo habían hecho unos amigos de Sandra. ¿Qué necesidad había de hacer algo así?”, ha lamentado.

Por otro lado, la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional ha aclarado que el expediente administrativo abierto en su momento al colegio para determinar si se abrió o no el protocolo contra el acoso escolar “sigue su curso” .

El expediente determinará si la infracción fue leve, que se castiga con un apercibimiento; grave, “normalmente con sanciones de tipo económico”, o muy grave, que “son las que pueden dar lugar, además de una sanción económica, a la pérdida del concierto”, explicó en su momento la Consejería.

El juez de la plaza número siete del Juzgado de Instrucción del Tribunal de Instancia de Sevilla ha decretado el archivo provisional de las actuaciones derivadas de la querella penal interpuesta por los padres de Sandra Peña, la menor que se suicidó el pasado octubre tras sufrir acoso escolar, contra el colegio Irlandesas Loreto de Sevilla y el director del centro, la jefa de estudios y la tutora de la menor por la “comisión por parte de estos de los delitos de homicidio por imprudencia, lesiones psíquicas y trato degradante”, según la denuncia.

Según consta en el auto, fechado el 12 de mayo de 2026 y consultado por Europa Press, el magistrado considera que “el colegio y sus responsables adoptaron medidas para combatir la situación de acoso, pero no les era exigible, de hecho nadie se lo esperaba, que controlaran a la menor en todo momento para evitar que se quitara la vida”.

De hecho, esgrime, el hecho “ocurrió fuera del ámbito del colegio sin que el deber in vigilando de los educadores se extendiera al domicilio de la menor”. “Faltaba la relación de causalidad entre lo que se afirman que fueron los actos omisivos inaceptables de la comunidad educativa y el suicidio de la niña”, ha remarcado.

No se activó el protocolo escolar

Tal y como ahonda el referido escrito, “no consta que se activara el protocolo de acoso escolar, pero sí que se adoptaron medidas con separación de las posibles alumnas acosadoras y otras complementarias, como la designación de personas de referencia en el centro escolar y contactos con la psicóloga, que a finales de septiembre apreció una mejoría en la menor”.

Precisamente respecto al protocolo, indica que “el protocolo de acoso es indudablemente eficaz, pero ello no quiere decir que de haberse adoptado se hubiera obstaculizado la voluntad de la menor de tomar la decisión que tomó”.

Por todo ello, ha dictado que no se lleven a cabo la práctica de diligencias de investigación y el sobreseimiento provisional de las actuaciones. Contra la resolución cabe interponer un recurso de reforma ante el Juzgado en el término de tres días.

La investigación continúa en la Fiscalía

Cabe recordar que la denuncia de los padres de la joven de 14 años se redactó a partir de las diligencias practicadas por la Fiscalía en el marco de la investigación en curso. De esa actuación, según la familia, se desprendió información que llevó a sus abogados a apreciar “indicios suficientes” para considerar que podría existir una responsabilidad penal por parte de algunos profesionales del centro, como explico a este periódico Isaac Villar, tío de Sandra y portavoz de la familia.

Tras el archivo de la querella penal, el caso de Sandra Peña continúa avanzando por distintas vías judiciales y administrativas. Por un lado, la Fiscalía de Menores mantiene abiertos dos expedientes para investigar las circunstancias que rodean el suicidio: uno de reforma juvenil, centrado en la posible implicación de al menos tres menores, y otro de supervisión, orientado a analizar la actuación y posible responsabilidad del centro educativo en la aplicación de los protocolos frente al acoso escolar.

Por su parte, la Consejería de Desarrollo Educativo abrió un expediente administrativo para evaluar si el colegio actuó conforme a la normativa vigente y si activó los protocolos correspondientes. Esta línea de investigación se encuentra actualmente paralizada al estar el caso judicializado. 

Geroa Bai, socio del PSN en el Gobierno de Navarra, amaga ahora con sumarse a la oposición y apoyar la proposición de ley con la que UPN pretende blindar los conciertos educativos en la escuela privada después de que Educación anunciase que por la caída de la natalidad, que se ceba especialmente en la red pública, se va a retirar el concierto a 14 líneas de la privada en Infantil. “Si lo que no le permite al consejero dar respuesta a las necesidades ciudadanas es la ley, igual hay que cambiarla”, ha señalado el portavoz parlamentario de la coalición de Socialverdes y PNV, Pablo Azcona.

Se trata de una proposición de ley que UPN ha llevado al Parlamento foral para que no se dejen de financiar líneas educativas en la red privada y para igualar las ratios a las de la escuela pública. Geroa Bai y el socio presupuestario del Ejecutivo de María Chivite, EH Bildu, que se han mostrado en contra del cierre de aulas en la concertada porque afecta a varias ikastolas, por el momento han permitido con su apoyo que la propuesta de ley sea tramitada por la vía de urgencia, es decir, sin posibilidad de añadir enmiendas. La portavoz de EH Bildu, Laura Aznal, se ha mostrado, sin embargo, confiada en que Educación revierta su decisión. “Hay margen para acordar”, ha apuntado.

En la misma línea se ha mostrado Geroa Bai, que ha considerado un avance “positivo” que el consejero Carlos Gimeno anunciase que finalmente no se cerrarán 19 aulas de 3 años en centros públicos. “Nuestra voluntad es solucionarlo con los socios del Gobierno”, ha explicado Pablo Azcona para añadir que si no se consigue llegar a un acuerdo, abrirán la puerta a apoyar la proposición de ley de UPN.

Desde el PSN, principal socio del Gobierno de Navarra, su portavoz, Ainhoa Unzu, ha alertado de que la propuesta de los regionalistas tiene “claros tintes de ilegalidad” y han anunciado que van a solicitar al Consejo de Navarra, junto con el otro socio del Ejecutivo, Contigo/Zurekin, un informe que determine si lo que plantea UPN es legal. “Vamos a seguir defendiendo la escuela pública, aunque a veces nos quedemos en minoría, porque preferimos quedarnos solos defendiendo lo correcto”, ha aseverado Ainhoa Unzu, que ha recordado que en el acuerdo programático que las tres formaciones firmaron en 2023 para investir a María Chivite se recogió el compromiso de “no aumentar las unidades concertadas y reducir las unidades concertadas cuando no haya demanda suficiente”.

Según datos del Departamento de Educación, mantener la financiación pública a las 14 aulas de la red privada a las que se le va a retirar el concierto por la falta de demanda tendría un coste anual de 1,3 millones de euros. Según estos mismos datos, tan solo seis solicitudes en ikastolas se han quedado sin su primera opción y que el 98% del alumnado ha entrado en su primera opción.

Sobre la propuesta de UPN de igualar las ratios de la pública con la concertada, Educación apunta que esa medida supondría la necesidad de crear 82 nuevas líneas en la red privada que tendrían un coste anual de 8 millones de euros. “¿Un partido que se denomina de izquierdas puede apoyar esto? ¿Alguien que está hablando de igualdad y justicia social puede apoyar una operación diseñada para privilegiar a quien ya parte de una situación más favorecida?”, ha planteado la portavoz socialista.

Los servicios jurídicos del Gobierno de Navarra consideran que no tiene encaje legal la moratoria de un año que han propuesto UPN y Geroa Bai, socios de los socialistas en el Ejecutivo foral, al cierre de 33 aulas de Educación Infantil (19 en la red pública y 14 en la privada) anunciado por el consejero Carlos Gimeno por el descenso de la natalidad. “No es ajustado a derecho conforme al Decreto Foral 416/1992”, ha afirmado el vicepresidente primero y portavoz del Gobierno de Navarra, Javier Remírez. En paralelo, el Parlamento de Navarra, por su parte, ha aprobado una moción de Geroa Bai en la que insta a Educación a “no proceder al cierre de las aulas de educación Infantil”, ni pública ni concertada, durante “el proceso de planificación del próximo curso escolar”.

La medida de renovar el concierto educativo de 14 líneas de la red privada en Infantil (siete en ikastolas) ante el descenso de la natalidad anunciada por el Departamento de Educación, tuvo una fuerte oposición tanto de los partidos de derecha (UPN y PP), como de ala nacionalista (Geroa Bai y EH-Bildu). El consejero Carlos Gimeno explicó que la bajada de natalidad ha afectado más a la escuela pública, que ha perdido 54 aulas frente a 8 de la privada desde el curso 2014/2015 por el sistema de renovación de conciertos, que es cada cuatro años, cuando en la red pública las líneas se revisan anualmente. Así, aunque ambas redes han perdido alumnos de forma similar (22% frente a 20%), en la pública se han cerrado muchas más aulas que en la concertada. Para equilibrar la situación, Educación ha anunciado que no renovará 14 líneas de la concertada el curso que viene y así compensar el cierre de 19 en la pública.

Remírez ha señalado que el Gobierno de Navarra actúa “con la regla de derecho y con plena seguridad jurídica” con el objetivo de defender “la educación pública de calidad”, mismo argumento que esgrimió el consejero Gimeno, y la “necesidad de planificar” para adaptarse al reto demográfico. “Tenemos que conjugar lo que es la decisión política del Gobierno con el cumplimiento estricto de la normativa y su ámbito competencial”, ha apuntado.

El portavoz y vicepresidente primero del Gobierno ha indicado que la moratoria, “como tal, no existe en la normativa”, sino que esta supone “una prórroga de un año en los casos en los que un centro concertado solicite un nuevo concierto”. Sin embargo, “no se le puede prorrogar porque no tiene ninguna unidad dentro de ese concierto que aplique y tenga la demanda suficiente”, pues si las clases que propone el centro no tienen suficientes alumnos, no cumplen los requisitos y no se puede mantener el concierto.

La única moratoria que los servicios jurídicos del Gobierno navarro sí ven legal aplicar es la de la ikastola Ibaialde de Lodosa, a la que se le ha denegado la renovación del concierto por falta de alumnado y se le quiere conceder un plazo extra de un año para adaptarse a su nueva situación. “Lo que dice el decreto foral 416/1992 es que en el caso de que a un centro no se le haya concedido el concierto, es decir, ninguna de las aulas adscritas a ese concierto, sí se permite una prórroga de un año para que se puedan aclimatar a la situación que genera la inexistencia del concierto”, ha afirmado el portavoz, caso en el que se circunscribe a esta ikastola.

Por ello, sobre la proposición de ley foral presentada por UPN que pretende evitar el cierre de aulas en centros públicos y concertados estableciendo una moratoria de un año, Remírez ha señalado que, si bien lo están “estudiando”, la ley tiene “graves fallos de técnica jurídica” y que la propuesta va alineada con las medidas que “el Partido Popular y Vox” implantan en otras comunidades autónomas. “Obedece más a un criterio más empresarial que de defensa de interés público”, ha criticado, y añade que a su juicio la pretensión de UPN es “congelar todo durante un año”. “Entonces nos preguntamos, ¿y después, dentro de un año, qué aplicamos; el criterio actual, otra moratoria nueva?”, ha apuntado para resaltar que las medidas “tienen que tener la capacidad de planificación”.

“Desde que este Decreto foral entró en vigor en el año 1992 se está aplicando de forma pacífica sin ningún cambio por ninguno de los gobiernos”. Además, ha continuado, “esta proposición de ley crea una grave situación de inseguridad jurídica, porque plantea un cambio en la duración de los conciertos educativos y la duración de los conciertos educativos no se marca en la norma foral, se marca en la normativa estatal básica, en concreto, en la ley orgánica de Educación, que dice que los conciertos educativos tienen que tener una duración máxima de cuatro años, con una posibilidad de prórroga”.

Las ikastolas navarras se concentran contra el cierre de aulas

También han mostrado su rechazo al cierre de aulas la red de ikastolas de Navarra, escuelas privadas financiadas con fondos públicos de enseñanza en euskera, que ese miércoles se han concentrado frente a la sede del Departamento de Educación para reclamar al consejero que “rectifique” y no cierre siete líneas en Infantil de esta red. “Es una decisión injusta que hace mucho daño a nuestra red”, ha lamentado Oier Sanjurjo, presidente de la Federación de Ikastolas de Navarra.

En la concentración han estado presentes cientos de familias de diferentes ikastolas navarras. Han criticado  que “de forma unilateral” Educación “ha cerrado las puertas al diálogo y han impuesto recortes que afectan a siete ikastolas”. “La decisión de imponer recortes a las ikastolas no es una decisión técnica, es una decisión arbitraria. Han utilizado como pretexto un año de una natalidad extraordinariamente baja. La verdad es que si se hubieran aplicado los mismos criterios que se venían utilizando y se hubiera mantenido el principio de igualdad, no solo se hubieran mantenido los conciertos que teníamos, sino que se hubieran ampliado. Entonces, ¿por qué se nos castiga?”, ha criticado Sanjurjo.

El presidente de la Federación Navarra de ikastolas ha anunciado que seguirán con movilizaciones para tratar de que el Departamento “rectifique” y revierta el cierre de aulas anunciado para “no dar pasos atrás en la educación navarra”.

Septiembre de 1928. El sacerdote español Josemaría Escrivá de Balaguer viaja a unos retiros espirituales. El segundo día, cuando releía unas anotaciones viejas en su habitación después de ir a misa, recibe una inspiración divina: debe crear el Opus Dei, una nueva prelatura en la Iglesia que inspire a los fieles con acompañamientos pastorales y formación espiritual. Años más tarde, el fundador de esta jurisdicción católica pasó a ser conocido internacionalmente y, en 2002, fue canonizado por el Papa Juan Pablo II. Abrió camino a una sólida doctrina que hoy aún se imparte en colegios, institutos, universidades o centros concertados de todo el país. Pero hubo un lugar en el que empezó todo.

En sus cuadernos, custodiados por el Opus, escribió lo siguiente: “Consideraba yo por la calle, ayer tarde, que Madrid ha sido mi Da­masco, porque aquí se han caído las escamas de los ojos de mi alma [...] y aquí he recibido mi misión”. Decidió que su organización se fundaría en la capital, donde los suyos aún mantienen una importante influencia. Aunque hoy en día se distribuyen centros educativos del Opus Dei por los distintos barrios de la ciudad, y con distinto poder adquisitivo, buena parte de ellos continúa centralizándose en distritos acomodados como Fuencarral-El Pardo. Especialmente en los barrios de Valverde o Mirasierra.

En esta última zona residencial al norte de Madrid, con poco más de 30.000 habitantes, se encuentra uno de los principales colegios del Opus en la ciudad. Además del centro privado de Montealto, El Prado se ha consolidado como un punto conocido en el distrito de Fuencarral, donde se imparte una educación en base a principios cristianos y en la que los propios sacerdotes de la prelatura ofrecen “atención pastoral” in situ a familias, docentes o al alumnado. Ambos pertenecen al grupo Fomento Centros de Enseñanza, vinculada al Opus y con presencia en distintas comunidades autónomas.

Desde los cincuenta, hasta hoy: la presencia del Opus en Madrid

Especifican desde la prelatura que, en otros casos como el de la Red Educativa Arenales (con hasta 10 escuelas en la ciudad) no existe como tal una “vinculación institucional” continuada, pero sí “acuerdos puntuales” con alguno de los colegios o solicitudes de ayuda en cuestiones pastorales. En dichos centros, según la organización, la dirección es quien tiene la autonomía docente y el Opus organiza una “vivificación cristiana”, que estará ligada al alumnado y su rutina escolar. La delegación madrileña del círculo religioso se sostiene, como en otras zonas, principalmente gracias a los ingresos generados por las cuotas de escolarización, que varían en función de cada centro.

El pasado mes de marzo, el colegio tuvo que apartar a uno de sus profesores después de abrirse una investigación policial por supuestos abusos a tres menores durante un campamento de verano, al que acudieron dos años atrás con un club juvenil que también promueve la fe cristiana. En Madrid es donde más centros se concentran, con hasta siete en total según la página web de la institución educativa: un centro de Bachillerato o colegios privados y concertados como Aldeafuente, Aldovea, Las Tablas-Valverde y Los Olmos, además de los dos ya mencionados en Mirasierra.

Dudé mucho porque era un colegio muy religioso y mi hijo es musulmán. Pero al final ha sido una experiencia enriquecedora y se ha sentido acogido en clase

Rhama — Madre de un alumno del colegio Tajamar

Desde la organización madrileña del Opus Dei confirman que el primer colegio vinculado a su agrupación se inauguró precisamente en Puente de Vallecas, zona obrera con barrios que concentran algunas de las rentas medias más bajas de la ciudad. El colegio Tajamar abrió en 1958, siendo entonces el único colegio en Madrid ligado a la organización. Con el tiempo surgieron otros centros que replicaban este modelo y se extendieron, ahora sí, por barriadas y municipios de toda índole. Algunos nombres: Los Tilos, en Vallecas; el Senara de Moratalaz; Retamar en Pozuelo de Alarcón; el colegio británico Alegra de Majadahonda; Fuenllana o Andel en Alcorcón y Orvalle en Las Rozas.

De los que se concentran en Madrid capital, buena parte depende del grupo de Fomento, con el que el Opus Dei mantiene un convenio único que aplica a sus centros de enseñanza. Las opiniones sobre cómo es la vida en estos colegios son muy dispares. Para Rhama, por ejemplo, terminó siendo mejor de lo que esperaba. Tanto ella como su hijo Isaac, de seis años y alumno en el Tajamar, son musulmanes. Al principio, dudaba sobre si matricularle en un colegio que instruye en la fe católica y aborda en su enseñanza los mandamientos cristianos. “Hubo gente que nos lo recomendó y otra que desconfiaba al ser un colegio muy religioso”, confiesa, aunque ahora no se arrepiente de aquella decisión.

Considera que la mezcla ha sido “enriquecedora” en muchos sentidos y que su hijo “se ha sentido acogido en clase” pese a que sus creencias son distintas. Cuando es momento de rezar, simplemente se aparta y luego reanuda la lección. Al ser un centro concertado, la enseñanza es gratuita; pero Rhama paga unos 200 euros al mes entre el comedor y las actividades extraescolares. Estas cuantías, además de los pagos por la matrícula en sus instancias privadas o clubes vinculados al colegio, son una de las principales fuentes de ingresos de los centros educativos gestionados directamente por el Opus Dei.

Mi padre, que era ingeniero industrial en esos años, nos decía que toda su nómina iba a parar directamente a nuestras tasas del colegio

Carlos, de 47 años — Exalumno del colegio privado de El Prado (Mirasierra)

También reciben donaciones privadas de particulares o empresas, y subvenciones públicas en el caso de las escuelas concertadas. “La educación cristiana en nuestros colegios pone el acento específico del carisma del Opus Dei: el trabajo y las circunstancias ordinarias como lugar de encuentro con Dios”, resumen sobre su finalidad desde la propia institución católica. Sin embargo, algunos afirman haber perdido su fe precisamente entre sus paredes.

Carlos tiene 47 años y vive en Madrid, pero desde los ocho y hasta la mayoría de edad pasó mucho tiempo en el colegio privado de El Prado, donde sus padres le matricularon junto con su hermano al convertirse en miembros del Opus Dei. “Mi padre, que era ingeniero industrial en esos años, nos decía que toda su nómina iba a parar directamente a nuestras tasas del colegio”, recuerda el vecino, que en esa cuenta incluye también a una hermana más en otro centro ultracatólico: eran tres en total.

Reconoce que en sus clases recibió algunos valores que ahora guarda con gratitud, como el compañerismo, llegando a hacer votaciones entre el alumnado para decidir quién era el “mejor compañero del aula”. Pero aquellos días le alejaron de su dios, pese a que empezó sus estudios siendo creyente. “El sacerdote podía venir en cualquier momento a la clase, aunque fuera irrumpiendo a mitad de una lección, y sacarte del aula sí así lo consideraba. Yo mismo he estado dentro de un cuarto donde nos citaba y en el que nos preguntaba si ya habíamos tenido sexo, o si nos habíamos masturbado”, rememora, siempre según su testimonio.

Escuela de élites y consolidación en barrios más humildes

Este exalumno ha pedido omitir el nombre del sacerdote para evitar posibles represalias, y lanza una última reflexión acerca de lo que ya recuerda como una “mala y muy difícil experiencia”. “Yo ahora vivo cerca del [colegio] Tajamar, en una zona llena de inmigrantes u otras personas sin capacidad económica que llevan allí a sus hijos porque creen que así recibirán una mejor educación. Es concertado y, para ellos, gratuito. Pero el precio real es que traten de evangelizarlos”, incide, señalando que buena parte de los colegios privados se ubican en zonas de clase media alta como Fuencarral o Moratalaz, mientras que los concertados se asientan en áreas más desfavorecidas para “perseguir otro objetivo”.

La red del Opus Dei se extiende históricamente a ciertas élites económicas y sociales, una tradición que continúa vigente a través de sus centros educativos, todos privados o concertados. Madrid es su gran centro fundacional y uno de los nodos más completos en España, pero no necesariamente el que más instituciones académicas concentra: en Pamplona, sin ir más lejos, está la sede principal de la Universidad de Navarra, joya de la corona para la prelatura católica.

El presidente Pedro Sánchez, mismamente, cursó un posgrado en su escuela de negocios. También pasaron por sus instalaciones la exministra Arancha González Laya; el presidente de Repsol, Antonio Brufau; o el CEO de Sanitas, Iñaki Peralta. En Madrid, la singularidad está en la mezcla de origen histórico, presencia pastoral, red escolar urbana y proyección hacia élites académicas y profesionales. La propia página madrileña del Opus añade otros centros en la región, pero no todos están en la capital. Buena parte de ellos se gestionan através de empresas o asociaciones civiles que operan bajo los preceptos espirituales y pastorales del Opus Dei.

En el caso de los concertados, estos también reciben fondos públicos de la Comunidad de Madrid para sostenerse económicamente, al igual que ocurre en otras regiones pese a que la actual ley educativa (LOMLOE) prohíbe recibir dinero de arcas comunes a las escuelas que segregan por sexo. En los últimos años, ya con esta normativa en vigor se adjudicaron 4,5 millones de euros a los colegios fememinos Fuenllana, una de sus obras corporativas; mientras que el centro masculino Andel recibió 2,7 millones. Otros 2,3 millones de euros se asignaron a Los Tilos, y el colegio Senara gestionó casi dos millones de las cuentas regionales. Todos los centros mencionados, salvo el último en Moratalaz, se ubican en zonas modestas o con bajo poder adquisitivo como Puente de Vallecas, Móstoles o Alcorcón. Y configuran una red sólida que mantiene y perpetúa su legado en la ciudad.

La decisión del Gobierno de Azcón de incluir los conciertos del Bachillerato para el próximo curso ha provocado numerosas reacciones en contra, tanto por las condiciones del Ejecutivo para adoptar la medida como por los efectos tendentes a vulnerar la equidad.

Contra la medida, la escuela pública de Aragón ha decidido presentar un recurso y solicitar medidas cautelares para paralizar la orden publicada este miércoles en el Boletín Oficial de Aragón (BOA) de cara al curso 2026-2027. La decisión se cuestiona por posibles dudas sobre su legalidad, dado que el presupuesto está prorrogado y el Gobierno se encuentra en funciones.

La Plataforma en Defensa de la Enseñanza Pública —integrada por sindicatos, asociaciones y fuerzas políticas de izquierdas de Aragón— llevará la medida ante el Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA). No obstante, todavía valora cuál es el procedimiento más eficaz: presentar un nuevo contencioso contra la modificación de la orden de 27 de noviembre o sumarse al ya interpuesto por CSIF y STEA, admitido a trámite por el TSJA en enero de 2026.

La secretaria técnica de Fapar, Nieves Burón, ha calificado la decisión de “extraña e irregular, cuando menos”. Además, ha anunciado movilizaciones en la calle: el próximo viernes en Huesca, con motivo del Día de la Escuela Pública, y el sábado en Zaragoza, “que será el primer acto de rechazo, pero habrá más movilizaciones” en defensa de la enseñanza pública.

A juicio de los sindicatos, no se justifican los conciertos cuando la red pública garantiza el acceso equitativo a una etapa no obligatoria y, además, existen actualmente más de 2.500 plazas de Bachillerato sin ocupar en centros públicos de Aragón. Asimismo, recuerdan las carencias que sufre la educación pública, tanto en personal docente y no docente como en infraestructuras.

Los expertos apuntan a un fraude de ley

La posibilidad de recurrir la orden del Departamento de Educación ya había sido señalada por expertos y juristas consultados por elDiario.es, quienes coinciden en que un gobierno en funciones no puede aprobar la concertación del Bachillerato.

La profesora de Derecho Constitucional de la Universidad de Zaragoza, Eva Sáenz, ha afirmado que esta medida “no puede tomarse por un gobierno en funciones”, puesto que tiene implicaciones presupuestarias. En este sentido, contempla la posibilidad de recurrirla ante los tribunales solicitando medidas cautelares para su suspensión inmediata, “ya que causa un perjuicio irreparable condicionando al futuro gobierno”. Además, recuerda que no hay garantías de que el próximo Ejecutivo sea del PP: si no prosperan las negociaciones con Vox y no se puede votar la investidura antes del 3 de mayo, habría que convocar nuevas elecciones.

Sáenz subraya que la decisión supone un cambio en el modelo jurídico con implicaciones económicas y que está expresamente prohibido por la Ley del Presidente del Gobierno de Aragón que un gobierno en funciones adopte este tipo de medidas.

En concreto, el artículo 21.3.d del Decreto Legislativo 1/2022, de 6 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Presidente o Presidenta y del Gobierno de Aragón, establece que un gobierno en funciones no puede “aprobar o autorizar convenios de colaboración y acuerdos de cooperación con el Estado y demás Administraciones públicas, así como convenios con entidades públicas o privadas que supongan reconocimiento de obligaciones para la Hacienda de la Comunidad Autónoma, salvo que concurran circunstancias de extraordinaria y urgente necesidad, dando cuenta de ello a las Cortes de Aragón”.

El abogado Sergio Pérez también considera que la decisión excede las capacidades de un Gobierno en funciones y apunta a un posible fraude de ley. A su juicio, se trata de una política de hechos consumados: “Creo que son conscientes de la fragilidad jurídica de la Orden, pero juegan con la baza de la ejecutividad de los actos administrativos y la posible no suspensión judicial. La falta de resolución rápida permitiría la aplicación de la orden y, una vez empezado, es complicado echar abajo el concierto”.

Además, añade que “no es una medida que refuerce la equidad y la igualdad de oportunidades ni mejora la calidad educativa. Da la sensación de intentar forzar a Vox en su peculiar pulso” y recuerda que “es contradictorio cuando se ha constatado que no hay necesidades de escolarización que justifiquen esos nuevos convenios”.

Efecto segregador

Sheila González, investigadora y socióloga de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), advierte por su parte sobre los efectos nocivos de las dinámicas privatizadoras en la educación. Según explica, se trata de movimientos que se van introduciendo de forma progresiva y que acaban “desangelando” la escuela pública; sus consecuencias, aunque aún no son plenamente visibles, terminarán apreciándose con el tiempo.

A su juicio, la concertación del Bachillerato tiene un claro efecto segregador. En este sentido, reflexiona sobre el principio de planificación educativa, que podría acabar vulnerando el principio de equidad. Las familias realizan cálculos sobre el coste de la educación de sus hijos y, al “abaratarse” el Bachillerato, pueden empezar a contemplarlo como una opción cuando antes no lo era. Esto, sostiene, frena el trasvase y la permeabilidad del sistema, dificultando la incorporación de nuevos perfiles a la red pública.

Además, la socióloga subraya que, antes de apostar por la concertación del Bachillerato, debería atenderse al criterio de necesidad. En su opinión, cuando esta no existe —como ocurre en Aragón, donde hay miles de plazas disponibles— se está, en la práctica, financiando oferta privada con fondos públicos y asegurando una línea de continuidad desde la ESO.

González también considera que es una política “muy regresiva” concertar sin exigir una reducción de cuotas a cambio de garantizar la gratuidad o de asumir una función social. A su entender, este tipo de condiciones deberían acompañar cualquier implementación del concierto, cuyo seguimiento, además, suele ser escaso.

Por último, la socióloga señala que estas dinámicas tienden a blindar itinerarios de excelencia que, en la práctica, responden a intereses de clase.

Reacciones políticas

La portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Pilar Alegría, ha pedido que Azcón comparezca en las Cortes para explicar su decisión de privatizar el Bachillerato. Asimismo, ha criticado que un presidente en funciones, “que tiene a la Comunidad Autónoma paralizada desde hace cuatro meses, salga de su hibernación para anunciar la privatización de una etapa educativa que no es obligatoria, cuando además hay miles de plazas libres en la enseñanza pública”. Alegría reprocha tanto las formas como el fondo del anuncio, que, a su juicio, supone un profundo cambio de modelo educativo.

Por su parte, la vicepresidenta en funciones del Gobierno de Aragón, Mar Vaquero, ha defendido la medida tras el Consejo de Gobierno: “Si se ha llevado a cabo el anuncio de esta medida, que no es nueva y formaba parte de los objetivos de este Gobierno, es porque tenemos la garantía de que cumple con las competencias y la capacidad de un gobierno en funciones”.

Según ha explicado, la consejera se limitó a anunciar que el Bachillerato será concertado el próximo curso y cómo esta medida beneficiará a las familias, “pero hay un procedimiento que nos llevará a ello. Es una fórmula habitual”.

En cuanto a la posible paralización judicial, Vaquero ha asegurado que existe un trabajo previo desarrollado por el Departamento de Educación: “Hay mucho trabajo, un expediente muy elaborado, con la implicación de los propios centros para conocer su disposición”. Además, ha señalado que “no compartimos ese cuestionamiento y esas dudas. Es algo novedoso, pero también muy importante: atender a los derechos de las familias a la libertad de enseñanza. Es una decisión democrática; la intención del Gobierno ya se conoce desde la anterior legislatura y el presidente Azcón, en campaña, ya se comprometió a llevarla a cabo”.

La madre de Sandra Peña, Zara Villar, ha asegurado que el colegio Irlandesas Loreto, en el que estaba inscrita la menor sevillana que se suicidó el pasado 14 de octubre, omitió cualquier protocolo de actuación, a pesar de las advertencias y las comunicaciones que hizo la familia desde el inicio del curso académico. “Me engañaron a mí, a la psicóloga porque dieron por hecho que los protocolos estaban abiertos e intentaron engañar a la inspectora de Educación”, ha afirmado.

En una entrevista en el programa Y ahora Sonsoles, de Antena 3, Villar ha concluido con que es “insostenible” la versión del centro educativo en el que la adolescente recibía las agresiones presuntamente por parte de otras tres compañeras de clase. Al respecto, la madre ha detallado que en agosto del año pasado se presentó un informe psicológico en el que se detallaba que la menor se autolesionaba a causa del acoso que sufría en el centro escolar.

“El 1 de septiembre mando un correo a la jefa de Estudios y a la tutora de Sandra, me llaman el día dos y me reúno el día tres: abren el protocolo de autolisis y, sobre el de acoso, me dicen que es si yo quiero, a lo que digo, que se haga lo que se tenga que hacer”, ha manifestado ante las cámaras. “Al final se decide que se abran los dos protocolos”, ha puntualizado. Sin embargo, el 16 de octubre no se había tramitado ninguno de los dos procedimientos, hecho que conocieron a través de la televisión en un comunicado por parte de la Consejería de Educación.

“Que caiga toda la justicia”

Desde el centro educativo, hubo dos llamadas que la madre no pudo atender y otros dos correos electrónicos referentes a trámites escolares. “Hubo dos profesoras que me mandaban emoticonos de afecto, pero son personas, no el colegio”, ha remarcado en cuanto a la actitud de la dirección del centro. Además, ha subrayado que en las sesiones con su psicóloga, Sandra identificó quiénes eran las presuntas agresoras, motivo por el que se comunicó a las tres familias implicadas que tomaran las precauciones necesarias.

A raíz de la pérdida de la joven, José Manuel, el padre, ha pedido que se depuren responsabilidades y que haya una sanción “contundente y ejemplarizante” para el colegio Irlandesas Loreto: “Queremos que caiga toda la justicia sobre esos profesores que no abrieron los protocolos”.

“Es lenta, pero al final pondrá las cosas en su sitio”

Por otra parte, el tío de la menor y portavoz de la familia, Isaac Villar, ha lamentado este jueves que la investigación “no avanza”: “Estamos plenamente confiados en la justicia, están haciendo una labor impecable. Es lenta, pero al final pondrá las cosas en su sitio”.

En una entrevista en Canal Sur Televisión recogida por Europa Press, Villar ha remarcado que el caso aún se halla en la Fiscalía de Menores. “Todavía quedan citaciones a varios testigos pendientes”.

En cuanto a la querella que presentaron contra el colegio y parte del profesorado del centro educativo donde estudiaba Sandra, el portavoz de la familia ha recordado que ha sido admitida a trámite. “Sabemos que han solicitado a Fiscalía las actuaciones que se están llevando en la misma, para apoyar la querella, y hasta ahí os puedo decir: ese es el punto en el que estamos”.

“Homicidio, lesiones psíquicas y trato degradante”

En este sentido, la familia de Sandra presentó el pasado 9 de enero una querella contra el colegio Irlandesas Loreto de Sevilla y el personal docente del centro que, presuntamente, habría estado “implicado”. Una querella que alega que los implicados “habrían cometido homicidio, lesiones psíquicas y trato degradante”.

El tío de Sandra también se ha referido al suicidio de una menor de 14 años el pasado fin de semana en Benalmádena (Málaga), tan solo cuatro meses después de que Sandra se quitara la vida, del que la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional está pendiente del informe de la inspección educativa sin que esté descartado que detrás estuviera una situación de ciberacoso porque “está pasando no en los centros educativos, sino en la sociedad”, tal como ha asegurado este miércoles la consejera, Carmen Castillo.

Al respecto, la familia de Sandra considera que ella no sufría tanto ciberacoso, “si bien es verdad que hubo algunos mensajes”, como un acoso “más presencial” en el centro, a través de tres compañeras de clase. En este punto, Isacc Villar ha afirmado, a modo de reflexión dirigida a los jóvenes, que “se deben buscar otras soluciones, que las hay, y no refugiarnos, ni mucho menos, en que la salida es esta: hay que apoyarse en otras cosas”.

A mediados de enero, la familia mantuvo una reunión con la consejera de Desarrollo Educativo de la Junta de Andalucía, Carmen Castillo, en la sede de la Consejería y al término de la misma ya manifestaban que se mantenían “todas las vías abiertas” y se mostraban a la espera de que avanzara la parte judicial. “Nos han declarado que van a llegar hasta el final de la investigación y que tomarán todas las medidas acordes a los hechos que se demuestren”, afirmaba entonces el portavoz de la familia.

El proceso de admisión de alumnos para el próximo curso 2026-2027 en Castilla-La Mancha contará con un total de 110.500 plazas y como novedad se materializará la disminución de ratios en el segundo curso de Educación Primaria.

Así lo ha puesto de manifiesto en la rueda de prensa para dar cuenta de los asuntos aprobados por el Consejo de Gobierno el consejero de Educación, Cultura y Deportes, Amador Pastor, que ha detallado que de esas 110.500 vacantes, 29.144 son para el Segundo Ciclo de Educación Infantil, 33.844 para Educación Primaria, 28.294 para Educación Secundaria Obligatoria y 19.218 para Bachillerato.

Las solicitudes se podrán empezar a presentar desde el 23 de febrero hasta el 9 de marzo para las etapas del Segundo Ciclo de Educación Infantil, Educación Primaria, Educación Secundaria Obligatoria y para el Bachillerato; mientras que la convocatoria para Formación Profesional se espera para el mes de mayo.

Siguiendo con las fechas, el consejero ha detallado que el 23 de abril se publicará el baremo provisional --la puntuación que se asigna al alumno y con la que concurre a la asignación de destino--, que se hará definitivo el 28 de mayo. La primera adjudicación provisional será el 29 de mayo y tendrá carácter definitiva el día 26 de junio.

“A partir de ahí comienza el periodo de matriculación, que es el que ratifica la entrada a los centros educativos”, ha manifestado el consejero, que ha concretado que en las enseñanzas no obligatorias será entre el 29 de julio y el 2 de julio, mientras que en el caso del Bachillerato será entre el 1 y el 3 del mes de julio.

Para todas aquellas personas que no puedan concurrir en este proceso ordinario, se establece también un proceso de admisión con carácter extraordinario que comenzará a partir del día 9 de julio. “En este caso, las vacantes que se ofertarán serán las que hayan quedado sin ocupar en este proceso ordinario”, ha agregado Pastor.

Presentación de solicitudes

En cuanto a las solicitudes, el consejero ha detallado que, como todos los años, se podrán presentar de forma telemática a través del formulario disponible en la plataforma Educamos, que da la posibilidad de marcar hasta seis centros educativos en función de las preferencias que se tengan por cada uno de ellos.

Así, tras agradecer a los centros educativos y a los equipos directivos de la región que durante estos días vayan a hacer jornadas de puertas abiertas, ha indicado que toda la información estará disponible en el portal de Educación de Castilla-La Mancha.

Como todos los años, todos los centros educativos de la Comunidad Autónoma dispondrán de una guía que también estará alojada en el portal de Educación de Castilla-La Mancha “para hacer mucho más sencillo” la cumplimentación del formulario del proceso de admisión. Y a todo ello se sumará una campaña en redes sociales por parte de la Consejería.

Novedades en el proceso de admisión

Con todo, ha destacado el consejero de Educación que una de las novedades del proceso de admisión del próximo curso, amén al acuerdo firmado por la Junta con los sindicatos, es la bajada de ratio en Segundo de Educación Primaria.

En este sentido, el consejero ha querido reflejar “la realidad” en las aulas de Castilla-La Mancha, para indicar que el 83,15 por ciento de las mismas tienen menos de 20 alumnos en Primero de Educación Primaria. “Si nos vamos al nivel de tres años, el 83,31 por ciento de nuestras aulas cuenta con menos de 20 alumnos”, ha dicho.

Durante su comparecencia, Pastor ha destacado que este proceso ha permitido a lo largo de los años garantizar “un alto porcentaje” de alumnado que consigue en plaza en su primera petición. Así, el pasado curso el 94,84 por ciento del alumnado de la región obtuvo plaza en su primera petición.

“Si hacemos el estudio con respecto a la primera y la segunda petición en este proceso de admisión, llegamos a casi un 98 por ciento de familias que obtuvieron centro educativo en su primera y segunda petición, en concreto un 97,88 por ciento”, ha argumentado.

Unos datos que también ha ofrecido por provincias para indicar que en algunas el porcentaje de alumnos con plaza en su primera opción se aproxima al cien por cien, como es el caso de Cuenca y Guadalajara donde el 99 por ciento del alumnado consiguió plaza en sus primeras peticiones.

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha elevado la cuantía de fondos públicos asignados para el sostenimiento de los centros educativos concertados en la región.

Según la resolución publicada este martes en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha por la Consejería de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital, se establecen incrementos en las asignaciones previstas para los años 2025 y 2026.

Así, para el año pasado, el incremento en la asignación tendrá efecto desde el 1 de enero de dicho año y contempla una subida salarial consolidable del 2,5% respecto a los importes definitivos de las retribuciones correspondientes al año 2024.

Para 2026, también con efecto desde el 1 de enero de dicho ejercicio, se establece una subida salarial consolidable del 1,5% respecto a los importes vigentes a 31 de diciembre de 2025. Además, se aplicará otro incremento consolidable del 0,5% respecto a las retribuciones vigentes a 31 de diciembre de 2025, aunque esta subida solo será efectiva en caso de que la variación del IPC en 2026 sea igual o superior al 1,5%. Un incremento que, de llevarse a cabo, se abonaría en el ejercicio 2027.

También está previsto que, para los años 2025 y 2026, la Junta absorba la parte de la cuota del Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI) correspondiente al empleador.

Así quedan las retribuciones en 2026

Así, los importes anuales por unidad escolar (cada grupo de alumnos que tiene un mismo tutor) en Educación Infantil serían 48.658,03 € al año, de los cuales 36.586,12 euros corresponderían al salario bruto del docente. En Educación Primaria, el importe por unidad escolar asciende a 52.454,72 euros (40.382,81 euros del salario), mientras que en Educación Secundaria Obligatoria oscilaría entre los 59.981,89 euros de dotación anual (44.869,80 euros para el salario) en maestros de primer y segundo curso y los 76.376,75 euros (55.205,81 euros para el salario) en tercer y cuarto curso.

Por su parte, en las unidades escolares de Bachillerato la asignación anual se establece en 91.007,62 euros, de los que 66.571,72 euros irían destinados al salario del docente.

La Coordinadora Antifascista de Zaragoza ha denunciado la celebración de un acto de exaltación del franquismo en las instalaciones del colegio concertado San Vicente de Paúl y ha exigido la “dimisión inmediata” de su directora y del equipo directivo por “permitir un evento de estas características en un centro educativo sostenido con fondos públicos”.

El acto tuvo lugar el pasado 29 de noviembre y fue organizado por la Fundación Nacional Francisco Franco con motivo del 50 aniversario de la muerte del dictador. Según ha informado la Coordinadora, inicialmente estaba previsto en un hotel de la capital aragonesa, pero fue trasladado al centro educativo después de que ese establecimiento cancelara la reserva tras una campaña de denuncia del movimiento antifascista.

En su propia web, la Fundación reconoció que optó por mantener en secreto la nueva ubicación para evitar “presiones” y un posible “boicot”, dando únicamente pistas sobre su localización, como que se encontraba “a dos pasos de la Basílica del Pilar”, lo que permitió identificar el centro. Entre los asistentes, tal y como se puede ver en las fotografías publicadas por la propia entidad, se encontraba el diputado  de Vox en las Cortes de Aragón, Fermín Civiac.

La Coordinadora Antifascista subraya “la extrema gravedad” de que un espacio educativo donde estudian menores acogiera este acto: “Es absolutamente inadmisible que un acto de exaltación del franquismo, ligado a una ideología responsable de represión, asesinatos y persecuciones, se haya desarrollado en un centro destinado a la educación de niños y niñas”, denuncian.

Tras negar inicialmente los hechos, la dirección del colegio reconoció posteriormente al medio Arainfo que el acto sí se celebró en sus instalaciones, justificándolo como “un favor personal” y alegando desconocer su contenido. Para la Coordinadora, esta explicación “no es creíble” y constituye “una excusa para no asumir responsabilidades”. “La cesión de un espacio educativo para un acto franquista, bajo cualquier pretexto, vulnera los valores democráticos y el deber de diligencia exigible a un centro concertado que recibe dinero público”, señalan. Desde este medio se ha intentado contactar con el equipo directivo del centro, sin éxito.

Desde el Departamento de Educación del Gobierno de Aragón han indicado que “toda ideología debe quedar fuera de las aulas”, aunque han recordado que los centros concertados cuentan con autonomía organizativa y de gestión, especialmente en el uso de sus instalaciones fuera del horario lectivo, por lo que la responsabilidad sobre la cesión de espacios recae exclusivamente en la titularidad del centro.

La Fundación Nacional Francisco Franco, por su parte, defendió en su web el encuentro como un acto “privado y respetuoso con el ordenamiento jurídico” y lo presentó como un homenaje al dictador bajo el lema “Los hombres pasan, sus obras quedan”, reivindicando la figura de Franco y denunciando presiones por parte de colectivos antifascistas. En su crónica del evento, destacó la participación de su presidente, el general Juan Chicharro, y del periodista Eduardo García Serrano, así como el carácter “abarrotado” de la convocatoria.

Ante estos hechos, la Coordinadora Antifascista de Zaragoza ha anunciado la incorporación del colegio San Vicente de Paúl a su campaña pública de denuncia contra espacios que acogen actos de extrema derecha y ha reiterado su exigencia de dimisión del equipo directivo del centro.

El caso de Sandra Peña, la menor que se quitó la vida el pasado 14 de octubre tras sufrir acoso escolar, avanza por distintas vías judiciales y administrativas. A la investigación que tiene en marcha la Fiscalía de Menores y al expediente que inició la Consejería de Desarrollo Educativo, se suma ahora la querella penal presentada por la familia de la víctima contra el colegio concertado Irlandesas Loreto de Sevilla y parte de su equipo docente. El objetivo de esta acción es depurar responsabilidades y evitar que hechos similares vuelvan a repetirse.

La denuncia de los padres de la joven de 14 años se ha redactado a partir de las diligencias practicadas por la Fiscalía en el marco de la investigación en curso. De esa actuación, según la familia, se ha desprendido información que ha llevado a sus abogados a apreciar “indicios suficientes” para considerar que podría existir una responsabilidad penal por parte de algunos profesionales del centro, como explica a este periódico Isaac Villar, tío de Sandra y portavoz de la familia.

Sin entrar en detalles que puedan comprometer la causa judicial, Villar señala que los hechos denunciados están relacionados con la “falta” de acción por parte del centro ante el posible caso de acoso que sufría la menor. En concreto, apunta a que no se activaron los protocolos correspondientes cuando la familia comunicó la situación –hasta en dos ocasiones– y aportó informes psicológicos. La propia Consejería de Desarrollo Educativo confirmó que no se había activado el protocolo de acoso ni el de conductas autolíticas que exigía la normativa, motivo por el que abrió un expediente administrativo que ha quedado interrumpido con la apertura de la investigación de la Fiscalía.

Entretanto, los padres de Sandra se han reunido este miércoles con la consejera de Desarrollo Educativo, Carmen Castillo, en la sede del departamento en Sevilla. Tras el encuentro, el portavoz de la familia informó de que la administración les había confirmado que “se mantienen todas las vías abiertas” a la espera de que avance el procedimiento judicial. “Nos han dicho que van a llegar hasta el final de la investigación y que se tomarán todas las medidas acordes a los hechos que se demuestren”, afirmó Villar, quien expresó el deseo de que el caso suponga “un antes y un después” y sirva para introducir cambios que eviten que situaciones similares se repitan.

Tres vías abiertas para esclarecer los hechos

El portavoz de la familia también afirmó que el juzgado ha admitido a trámite la querella penal presentada el pasado viernes por la familia contra el colegio Irlandesas Loreto de Sevilla y parte de su equipo docente. La denuncia se dirige tanto contra el centro como persona jurídica como contra varios profesionales –cuya identidad no ha trascendido– a los que atribuye posibles delitos de homicidio, lesiones psíquicas y trato degradante.

Con la admisión de la querella, el caso queda ahora articulado en tres frentes: la investigación impulsada por la Fiscalía, la querella penal presentada por la familia en la jurisdicción ordinaria y el expediente administrativo de la Junta de Andalucía, actualmente paralizado a la espera del pronunciamiento judicial. Cabe señalar que la Consejería que dirige Castillo puede imponer al colegio la sanción máxima prevista para un centro concertado –la retirada del concierto educativo–, pero no adoptar consecuencias penales.

Ello explica que la familia de Sandra haya decidido acudir a la Justicia, consciente de que las diligencias del Ministerio Público aún están en curso y podrían prolongarse durante varios meses. La vía penal impulsada por los abogados de la familia se suma así a las otras dos investigaciones que ya estaban en marcha. La Fiscalía mantiene abiertos dos expedientes para investigar las circunstancias que rodean el suicidio: uno de reforma juvenil, centrado en la posible implicación de al menos tres menores, y otro de supervisión, orientado a analizar la actuación y posible responsabilidad del centro educativo en la aplicación de los protocolos frente al acoso escolar.

Por su parte, la Junta de Andalucía abrió una vía administrativa para evaluar si el colegio actuó conforme a la normativa vigente y si activó los protocolos correspondientes. Esta línea de investigación se encuentra actualmente paralizada al estar el caso judicializado. Según explica el portavoz de la familia, la Consejería de Educación necesita el informe de la Fiscalía antes de poder retomar su propio expediente.

La querella, una vía más para exigir responsabilidades

La decisión de presentar una querella penal responde, según la familia, a la información que ha ido aflorando durante las investigaciones en curso. Y a los límites de la vía administrativa, ya que las posibles sanciones de la Junta no conllevan consecuencias penales. Con este paso, la familia busca que se analicen en profundidad las posibles omisiones en la actuación del centro y que se asuman las responsabilidades correspondientes.

Desde la dirección del colegio privado concertado se ha venido pidiendo “cautela y responsabilidad hasta que finalice la investigación policial, judicial y administrativa” en torno al citado caso, que conmocionó al país. El suicidio de Sandra, justo al salir de clase, movilizó a miles de estudiantes de toda España que han protestado en contra del acoso escolar.

La familia insiste en que nada podrá reparar la pérdida, pero confían en que el caso sirva para evidenciar los fallos del sistema y promover cambios efectivos. “La mayor satisfacción que podríamos tener es que esta desgracia sirviera para algo”, concluye Villar, quien subraya la necesidad de revisar los protocolos actuales “porque ahora mismo no están funcionando”.

El sindicato ELA ha decidido presentar una demanda ante los tribunales para exigir que se aplique la reducción de la hora lectiva recogida en el acuerdo de fin de huelga consensuado en los centros concertados de Euskadi. Además, ha anunciado su intención de continuar con las movilizaciones. Según ha explicado en un comunicado, el intento de conciliación previo se produjo a finales de septiembre, pero “la negativa de las patronales a reducir esa hora y su finalización sin consenso” ha llevado a ELA a “no tener más remedio que acudir a la vía judicial”.

El sindicato ha denunciado que “la mayoría de los centros concertados no han reducido la hora lectiva pactada en el acuerdo de fin de huelga para el curso 2025-2026”, si bien “alrededor del 10% de los centros de iniciativa social [como denominan a colegios privados en este sindicato] sí han decidido omitir las directrices de las patronales y cumplir con lo acordado”, según recoge Europa Press. Por ello, “como si hay voluntad se puede aplicar”, ELA ha pedido a las direcciones de los centros de iniciativa social que reduzcan esa hora lectiva “de forma inmediata”. Mientras tanto, ha anunciado seguirá “trabajando también en la vía de las movilizaciones”.

El presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno, ha sugerido este martes que las grandes corporaciones tecnológicas bloqueen el uso de las redes sociales a los que acosen de manera “reiterada” a otros, tras el caso de la joven Sandra Peña, que se suicidó tras sufrir acoso escolar en Sevilla.

“Más allá de que los protocolos que tiene la Junta de Andalucía se deben cumplir siempre a rajatabla, les pediría a las grandes compañías que limiten el uso de insultos y descalificaciones entre menores; ellos, con los algoritmos actuales, pueden perfectamente bloquear”, ha dicho el presidente en el turno de preguntas en un foro de ABC.

Moreno ha argumentado que “cualquier niño” que haya participado con un móvil en una campaña de acoso a través de las redes sociales, “como mínimo, no debería tener derecho a las redes sociales hasta los 18 años”. “Aunque sea un menor que de manera reiterada acosa a otra persona, no debería tener derecho a utilizar las redes sociales más, como mínimo, hasta la mayoría de edad”, ha reiterado el presidente andaluz, después de trasladar su pésame a la familia de la joven de 14 años.

Preguntado sobre el concierto del colegio Irlandesas Loreto en Sevilla y si podría retirársele por los hechos ocurridos, el presidente ha reconocido que “todo está encima de la mesa”. En este punto, ha recordado que la Fiscalía ha abierto una investigación, al igual que la Consejería de Desarrollo Educativo. “Se está comprobando qué es lo que ha sucedido, hay que dar tiempo a que la investigación nos dé información y nos arroje luz sobre lo que ha sucedido, pero lo que está claro es que tenemos que combatir el acoso escolar de una manera más directa”, ha reconocido.

“En un colegio público actuamos directamente con instrucciones y si el director o la comunidad directiva no las cumple, directamente se les cesa; en este caso, no, porque no es un centro público”, ha aclarado Moreno, en referencia a que se trata de un colegio concertado. “Estamos investigando y si en esa investigación, el colegio no cumple o no ha cumplido con la normativa vigente y, por tanto, con las obligaciones que tiene, podrían perder evidentemente el concierto”, ha concluido.

La dirección del colegio privado concertado Irlandesas de Loreto, en la Carretera Carmona, ha pedido este lunes “cautela y responsabilidad hasta que finalice la investigación” policial, judicial y administrativa en torno al suicidio de la que fuera alumna del centro, Sandra Peña. La niña y su familia habían advertido en varias ocasiones de que era víctima de acoso escolar, pero el colegio no activó no el protocolo de acoso, como ha afirmado la Consejería de Desarrollo Educativo.

La dirección del centro se había mantenido en silencio desde que la Junta de Andalucía anunció el pasado jueves que iba a derivar el caso a la Fiscalía, hasta que este lunes ha publicado un comunicado en sus redes sociales, pidiendo que “cese cualquier situación violenta como las que se han producido en las inmediaciones del colegio”.

“Cualquier acción de este tipo está perjudicando a nuestros niños, todos ellos menores de edad”, recuerdan desde el centro en el que estaba escolarizada Sandra, antes de añadir: “Nuestra prioridad es velar por el alumnado y sus familias en un momento tan delicado”. Asimismo, la dirección explica en el escrito que el equipo de orientación y de bienestar emocional están atendiendo “de manera especial” a los estudiantes.

Por otro lado, recalca, “estamos colaborando con las autoridades competentes que, como ocurre en cualquier caso de este tipo, está investigando lo sucedido”. A este respecto, explica: “El Grupo de Menores de la Brigada Provincial de Policía Judicial (Grume) de Sevilla nos ha pedido evitar dar cualquier tipo de información sobre el caso”.

Dos expedientes abiertos por la Fiscalía

Esta misma jornada, la Fiscalía de Sevilla ha abierto dos expedientes para investigar las circunstancias que rodean el suicidio de Sandra. Uno de los procedimientos, de reforma juvenil, se centra en la posible implicación de varias menores en los hechos, mientras que el segundo, de supervisión, tiene por objeto evaluar la actuación y posible responsabilidad de los responsables del centro educativo en el que estudiaba la víctima.

Por su parte, la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional de la Junta de Andalucía ha advertido este lunes de que el colegio podría perder el concierto educativo “si el expediente administrativo concluyera que ha existido un incumplimiento muy grave” del mismo. “Será la Fiscalía la que determine las posibles responsabilidades, así como la titularidad del centro es la que debe actuar depurando las responsabilidades de su personal conforme a los requerimientos enviados por parte de la Consejería”, añaden.

A partir de ahí, “en el caso de que el expediente administrativo concluyera que ha existido un incumplimiento muy grave del concierto, se podría determinar su retirada por parte de la Junta”, han explicado a Europa Press fuentes de la Consejería.

La Fiscalía de Menores de Sevilla ha abierto dos expedientes para investigar las circunstancias que rodean el suicidio de Sandra, la joven de 14 años que el pasado martes se precipitó desde una azotea tras haber sufrido acoso escolar, según han afirmado a este periódico fuentes del Ministerio Público.

Uno de los procedimientos, de reforma juvenil, se centra en las personas menores que podrían estar implicadas en los hechos, mientras que el segundo, de supervisión, tiene por objeto evaluar la actuación y posible responsabilidad de los responsables del centro educativo en el que estudiaba la víctima, el colegio Irlandesas Loreto de Sevilla.

Estas son las primeras medidas adoptadas por la Fiscalía para el esclarecimiento de los hechos, desde que el pasado jueves la Junta de Andalucía anunció que pondría el caso en manos del Ministerio Público tras comprobar que su colegio no activó el protocolo que le exigía la normativa. Ha sido este mismo lunes cuando la Fiscalía ha recibido la documentación realizada por inspección educativa. Lo que aún no ha recibido, según las mismas fuentes, es el atestado policial, por lo que “todavía no se han comunicado los nombres de las menores implicadas”.

Concierto educativo entre las cuerdas

Durante esta misma jornada, la Consejería de Desarrollo Educativo ha advertido de que el colegio Irlandesas Loreto de Sevilla podría perder el concierto educativo “si el expediente administrativo concluyera que ha existido un incumplimiento muy grave” del mismo.

“Será la Fiscalía la que determine las posibles responsabilidades, así como la titularidad del centro es la que debe actuar depurando las responsabilidades de su personal conforme a los requerimientos enviados por parte de la Consejería”, ha explicado. A partir de ahí, “en el caso de que el expediente administrativo concluyera que ha existido un incumplimiento muy grave del concierto, se podría determinar su retirada por parte de la Junta”, han explicado a Europa Press fuentes de la Consejería.

En este contexto, el Defensor del Pueblo Andaluz, Jesús Maeztu, también confirmó el pasado jueves la apertura de una investigación de oficio para conocer el funcionamiento del protocolo contra acoso escolar en el caso de la muerte de la menor que se precipitó desde el balcón de su vivienda en Sevilla este martes. La familia de la joven de 14 años que se quitó la vida también anunció el pasado viernes que tomará “todas las medidas legales necesarias” al considerar que el colegio Irlandesas Loreto no actuó frente a las denuncias de acoso escolar presentadas previamente.

El Consejo de Cuentas ha reprochado a la Junta de Castilla y León que destine fondos de digitalización solo a los centros públicos y excluya a los concertados. El órgano fiscalizador considera que la Junta de Castilla y León gestiona así de manera “reincidente” sus fondos para digitalización como en 'Educa en Digital', fondos del COVID-19 y REACT-UE, en los que se “dejó al margen” a los concertados a pesar de que el programa estaba dirigido a todos los centros sostenidos con fondos públicos, mientras que 14 autonomías destinaron parte de la financiación a la Educación concertada.

La institución fiscalizadora afea que no se hayan distribuido ninguno de los 300.000 dispositivos móviles entre el alumnado de los centros privados concertados porque ambos están bajo la competencia de las autonomías. El objetivo de estos fondos era la reducción de la brecha digital de acceso por parte del alumnado.

En el curso 2020/2021, 214 centros privados concertados (aproximadamente el 17,52% del total de centros) y 100.005 alumnos de la Educación concertada (aproximadamente el 27,70% del total de alumnos potenciales) fueron excluidos. Además, el programa 'Educa en Digital', al que esta actuación complementa, también estaba dirigido a todos los centros docentes sostenidos con fondos públicos, pero solo se destinó a los públicos.

La Consejería de Educación ha justificado esta decisión porque la dotación de material informático a los centros públicos es una obligación legal mientras que la asignación a los centros concertados era opcional. “Los centros de competencia de la Comunidad Autónoma son los centros que gestiona esta Administración de forma directa. Y son de los únicos centros de los que la Administración puede conocer los dispositivos móviles disponibles previamente”, suscribe el ramo educativo.

Según el informe, Castilla y León, Canarias, Cataluña, Madrid, Navarra, La Rioja y la Comunidad Valenciana fueron las únicas autonomías que no incluyeron a los centros privados concertados, “incumpliendo” lo acordado en el programa.

Centros concertados con alumnos vulnerables

La Consejería de Educación obvió a ocho centros privados concertados que podían acogerse al programa de digitalización prevé la instalación o actualización de las aulas digitales interactivas porque tenían un porcentaje mínimo del 30% de alumnado vulnerable en el segundo ciclo de Educación Infantil, Primaria o Educación Secundaria —como marca la norma— y no fueron considerados como posibles destinatarios.

En este caso, se dio prioridad a los centros públicos a los que no les era de aplicación otro programa de digitalización, considerando que los centros PROA ya contaban con un programa específico. Sin embargo, el Consejo de Cuentas interpreta que las competencias de gestión se extienden a los centros privados concertados, en los que deben incluir en sus presupuestos.

Por eso el Consejo de Cuentas ha recomendado a la Dirección General que incluyan a la concertada en los fondos con financiación nacional o europea destinada a la digitalización, la adopción de medidas que garanticen una distribución equitativa de los recursos. “Esto implicaría superar la práctica actual de destinar la totalidad de los recursos únicamente a los centros públicos, promoviendo así una gestión más equilibrada de los fondos entre todos los centros educativos de la competencia de la Comunidad”, ha reclamado el órgano fiscalizador.

Portátiles para escuelas de infantil

Castilla y León asignó 117 ordenadores portátiles a 25 escuelas de educación infantil (EEI) de titularidad autonómica en contra de los criterios de los fondos. De estas 25, 22 solo imparten educación a niños de 0 a 3 años. “No tiene sentido destinar ordenadores para el uso de alumnos de 0 a 6 años. Y mucho menos a escuelas con alumnos de 0 a 3 años (primer ciclo de infantil)”, afea el órgano fiscalizador, que interpreta que la propia Consejería “admite de algún modo”. La Consejería sí alegó que las escuelas infantiles están dentro de las enseñanzas reguladas por la Ley de Educación, por lo que podían ser destinatarias de los fondos.

Del total, la Consejería entregó 4.370 portátiles de 14 pulgadas a las escuelas de Educación Infantil, los centros rurales agrupados y los colegios públicos, lo que contradice el criterio de la propia Consejería, que había establecido que los portátiles serían más pequeños (11 pulgadas). La Consejería lo consideró una “excepción” para aprovechar mejoras de los precios, pero el órgano fiscalizador lo considera “un error de planificación”.

También se asignaron 59 pizarras digitales, 71 monitores y 64 ordenadores de sobremesa a 36 escuelas de infantil, 31 de las cuales solo atienden a niños de 0 a 3 años, algo que afea el Consejo de Cuentas, que alude a un informe encargado por el Ministerio de Juventud. Este estudio no recomienda utilizar en educación infantil dispositivos digitales individuales, “aunque se permitirá el uso de herramientas didácticas colectivas bajo la supervisión adecuada del profesorado” y que pide evitar “el uso de dispositivos digitales” en el tramo de 0 a 3 años.

Además, se asignaron portátiles a otras estructuras no contempladas como destinatarios en el programa como Centros de Formación del Profesorado e Innovación (CFIE) (173 portátiles a 10 centros), Centros Rurales de Innovación Educativa (CRIE) (241 portátiles a 11 espacios) y equipos de aulas hospitalarias, escuelas hogar, orientación educativa, orientación temprana y la Dirección General de Centros e Infraestructuras. El Consejo de Cuentas cuestionó la elegibilidad de estos gastos para estos centros. Entre otros, no considera un centro educativo a los CFIE, sino un centro de formación: “Los portátiles se habrán asignado a profesores y no a alumnos, a pesar de que el objetivo del PCT es la provisión de, al menos 300.000 dispositivos destinados al aprendizaje de los alumnos”, reprocha.

Sin embargo, la Consejería no estableció “criterios de vulnerabilidad ni brecha digital” de acceso para seleccionar los centros que recibirían los portátiles. “Tampoco estableció un criterio uniforme ni un indicador objetivo para que los centros pudieran identificar a los estudiantes en situación de vulnerabilidad”, afea el Consejo de Cuentas, que señala cómo cada centro “ha aplicado su propio criterio” para asignar los ordenadores.

18.253 ordenadores portátiles, 13.442 aulas digitalizadas

La Junta de Castilla y León, que recuerda que ha sido la primera en empezar a ejecutar los Fondos Europeos MRR en esta materia, ha superado el objetivo fijado de entrega de material digital. Hasta marzo de 2024 entregó 18.253 ordenadores portátiles y digitalizó 13.442 aulas. Sin embargo, el Consejo de Cuentas critica los criterios para asignar este material e indica que no existe una “pista de auditoría suficiente” para verificar que todos los fondos se destinaron a constituir las aulas digitalizadas.

Sin embargo, el Consejo de Cuentas considera que hubo 109 centros (de 1.007 posibles destinatarios) con 17.688 alumnos que no recibieron dispositivos en ninguno de los dos primeros contratos del programa. La Consejería alega que estos centros habían recibido equipamiento de otros fondos (COVID-19, Educa en Digital, REACT-UE o fondos autónomos), pero el órgano fiscalizador señala que el gobierno no ha facilitado información sobre las necesidades que hayan comunicado los centros ni hay trazabilidad del procedimiento que ha aplicado la Consejería.

“Mi hijo ha sufrido años de descalificaciones constantes, hay mucho acoso escolar en este centro y cuando pueda lo sacaré. Por ejemplo a un alumno le dijeron que su condición sexual no era válida en este centro. A mi hijo le han dicho cosas como que es un sinvergüenza. Y a otros les han dicho que van a terminar en la cárcel, que son unos desagradecidos y unos miserables. Estamos hablando de niños de entre 8 y 13 años”.

El padre de un alumno del colegio concertado Escolanía Nuestra Señora de los Desamparados denuncia así el comportamiento de los responsables del centro, en especial del director, Luis Garrido: “Cuando hay una pelea entre alumnos con heridas importantes obliga a mentir diciendo que ha sido un accidente, por ejemplo jugando al fútbol, para evitar inspecciones”, añade este padre que prefiere mantenerse en el anonimato

No es el único testimonio que traslada a elDiario.es este tipo de actitudes. N. R. sacó a su hijo del colegio tras el primer trimestre. Según explica, le dijo que no si no le cortaba el pelo a su hijo no lo llevaría a cantar: “Mi hijo iba llorando todos los días al colegio porque le trataban de tonto y le decían, entre otras cosas, que no era culpa del colegio que solo tuviera madre. Además me dijeron que por mi condición de madre soltera no era digna de estar en el colegio. Fue tanta la desesperación que le di de baja sin tener una alternativa. Por suerte ahora, en el nuevo colegio, está feliz”.

Estos y otros testimonios firmaron una denuncia anónima que remitieron a la Fiscalía el pasado mes de febrero. El escrito, al que ha tenido acceso elDiario.es, pone de relieve “insultos, vejaciones, humillaciones, desprecios, castigos precarios y descompensados de niños que están 11 horas escolarizados y necesitan un trato muy diferente”. El documento pone de relieve que “los padres no toman cartas en el asunto” porque son “totalmente desconocedores de todo lo que pasa ahí” ya que, aseguran, desde el centro amenazan con llamar a “asuntos sociales” para quitarles las custodia.

La denuncia incluye la carta de un alumno, también consultada por esta redacción. En el escrito, el escolar afirma entre otras cosas: “Un día estaba en el comedor comiendo y apareció el director, pasó por mi lado y me dijo que comía mucho y estudiaba poco. Me estaba llamando gordo y yo le dije que por qué me está llamando gordo”.

Al respecto, fuentes de la Fiscalía han confirmado a esta redacción que el pasado mes de abril se procedió al archivo de la denuncia principalmente porque era anónima, pero también por ser “vaga y basada en hechos remotos”.

Ante la gravedad de las denuncias, también la Conselleria abrió una investigación. Fuentes del departamento que dirige José Antonio Rovira han informado a este diario de que “por parte de la Inspección General de Educación, con fecha 11 de marzo de 2025, se solicita la actuación del inspector del Centro Privado-Concertado y Escuela Privada de Música Escolanía de Ntra. Sra. Desamparados de Valencia, con la descripción de los hechos recogidos en la denuncia anónima presentada ante la Fiscalía Provincial de Valencia el 24 de febrero de 2025”.

El 12 de marzo se registró la apertura de un Plan de prevención de la violencia y de promoción de la convivencia (PREVI) y se emitió el anexo correspondiente para solicitar la intervención de la unidad especializada de orientación de convivencia: “Ese mismo día, se informó al director del centro educativo sobre los hechos y se programó una visita para el 14 de marzo a las 8.30 horas. Durante la visita al centro educativo se le preguntó al director sobre los hechos, los cuales negó”.

El 26 de marzo de 2025, añaden desde Educación, se realizó una visita de inspección con el titular del centro educativo y superior jerárquico del denunciado. En esta reunión se le informaron los hechos denunciados y él respondió que conocía el caso, ya que el director del centro le había adelantado los hechos denunciados. Indicó que “nada de lo que aparece en los escritos de la denuncia se corresponde con la realidad del centro educativo”.

El 11 de abril se realizó visita al centro educativo para entrevista con miembros de cada uno de los sectores del consejo escolar: “En primer lugar a primera hora se realiza entrevista con madre de alumno, que comenta que no le constan incidentes destacables relacionados con alteraciones de la convivencia en el centro educativo. A las 11.00 horas se realiza entrevista con alumno representante en el consejo escolar que manifiesta que las alteraciones en la convivencia del centro se producen mayoritariamente en el patio mientras juegan al fútbol”.

Por último, se realiza entrevista con representante del sector profesorado que ratifica lo comentado por los otros representantes, añadiendo que no ha pasado nada extraordinario a resaltar. Por lo que, de las actuaciones realizadas “no se ha podido acreditar nada de lo denunciado, a la espera de lo que pueda determinar los órganos judiciales correspondientes”.

El director afirma que “son criterios personales”

El director del centro, Luis Garrido, explica a preguntas de elDiario.es que “todo esto que se relata no es así, son criterios personales” y asegura que hay una serie de padres que “se han confabulado” y que tiene la “conciencia tranquila” con todo lo que han hecho.

Garrido destaca que la Escolanía “no es un colegio normal, aquí los niños pasan más horas de normal y todo esto son aspectos muy personales por parte de unos padres que no están contentos, pero la denuncia no se sostiene”, ha asegurado, pese a que ha reconocido que “un mal día lo puede tener cualquiera y un mal comentario también”, pero ha descartado por completo que se una tónica habitual: “Yo invito a que vengan a hablar cualquier cosa y si en algún momento hay que pedir una disculpa se pide, pero si la Fiscalía hubiera visto algo hubiera actuado de oficio”.