Los servicios jurídicos del Gobierno de Navarra consideran que no tiene encaje legal la moratoria de un año que han propuesto UPN y Geroa Bai, socios de los socialistas en el Ejecutivo foral, al cierre de 33 aulas de Educación Infantil (19 en la red pública y 14 en la privada) anunciado por el consejero Carlos Gimeno por el descenso de la natalidad. “No es ajustado a derecho conforme al Decreto Foral 416/1992”, ha afirmado el vicepresidente primero y portavoz del Gobierno de Navarra, Javier Remírez. En paralelo, el Parlamento de Navarra, por su parte, ha aprobado una moción de Geroa Bai en la que insta a Educación a “no proceder al cierre de las aulas de educación Infantil”, ni pública ni concertada, durante “el proceso de planificación del próximo curso escolar”.

La medida de renovar el concierto educativo de 14 líneas de la red privada en Infantil (siete en ikastolas) ante el descenso de la natalidad anunciada por el Departamento de Educación, tuvo una fuerte oposición tanto de los partidos de derecha (UPN y PP), como de ala nacionalista (Geroa Bai y EH-Bildu). El consejero Carlos Gimeno explicó que la bajada de natalidad ha afectado más a la escuela pública, que ha perdido 54 aulas frente a 8 de la privada desde el curso 2014/2015 por el sistema de renovación de conciertos, que es cada cuatro años, cuando en la red pública las líneas se revisan anualmente. Así, aunque ambas redes han perdido alumnos de forma similar (22% frente a 20%), en la pública se han cerrado muchas más aulas que en la concertada. Para equilibrar la situación, Educación ha anunciado que no renovará 14 líneas de la concertada el curso que viene y así compensar el cierre de 19 en la pública.

Remírez ha señalado que el Gobierno de Navarra actúa “con la regla de derecho y con plena seguridad jurídica” con el objetivo de defender “la educación pública de calidad”, mismo argumento que esgrimió el consejero Gimeno, y la “necesidad de planificar” para adaptarse al reto demográfico. “Tenemos que conjugar lo que es la decisión política del Gobierno con el cumplimiento estricto de la normativa y su ámbito competencial”, ha apuntado.

El portavoz y vicepresidente primero del Gobierno ha indicado que la moratoria, “como tal, no existe en la normativa”, sino que esta supone “una prórroga de un año en los casos en los que un centro concertado solicite un nuevo concierto”. Sin embargo, “no se le puede prorrogar porque no tiene ninguna unidad dentro de ese concierto que aplique y tenga la demanda suficiente”, pues si las clases que propone el centro no tienen suficientes alumnos, no cumplen los requisitos y no se puede mantener el concierto.

La única moratoria que los servicios jurídicos del Gobierno navarro sí ven legal aplicar es la de la ikastola Ibaialde de Lodosa, a la que se le ha denegado la renovación del concierto por falta de alumnado y se le quiere conceder un plazo extra de un año para adaptarse a su nueva situación. “Lo que dice el decreto foral 416/1992 es que en el caso de que a un centro no se le haya concedido el concierto, es decir, ninguna de las aulas adscritas a ese concierto, sí se permite una prórroga de un año para que se puedan aclimatar a la situación que genera la inexistencia del concierto”, ha afirmado el portavoz, caso en el que se circunscribe a esta ikastola.

Por ello, sobre la proposición de ley foral presentada por UPN que pretende evitar el cierre de aulas en centros públicos y concertados estableciendo una moratoria de un año, Remírez ha señalado que, si bien lo están “estudiando”, la ley tiene “graves fallos de técnica jurídica” y que la propuesta va alineada con las medidas que “el Partido Popular y Vox” implantan en otras comunidades autónomas. “Obedece más a un criterio más empresarial que de defensa de interés público”, ha criticado, y añade que a su juicio la pretensión de UPN es “congelar todo durante un año”. “Entonces nos preguntamos, ¿y después, dentro de un año, qué aplicamos; el criterio actual, otra moratoria nueva?”, ha apuntado para resaltar que las medidas “tienen que tener la capacidad de planificación”.

“Desde que este Decreto foral entró en vigor en el año 1992 se está aplicando de forma pacífica sin ningún cambio por ninguno de los gobiernos”. Además, ha continuado, “esta proposición de ley crea una grave situación de inseguridad jurídica, porque plantea un cambio en la duración de los conciertos educativos y la duración de los conciertos educativos no se marca en la norma foral, se marca en la normativa estatal básica, en concreto, en la ley orgánica de Educación, que dice que los conciertos educativos tienen que tener una duración máxima de cuatro años, con una posibilidad de prórroga”.

Las ikastolas navarras se concentran contra el cierre de aulas

También han mostrado su rechazo al cierre de aulas la red de ikastolas de Navarra, escuelas privadas financiadas con fondos públicos de enseñanza en euskera, que ese miércoles se han concentrado frente a la sede del Departamento de Educación para reclamar al consejero que “rectifique” y no cierre siete líneas en Infantil de esta red. “Es una decisión injusta que hace mucho daño a nuestra red”, ha lamentado Oier Sanjurjo, presidente de la Federación de Ikastolas de Navarra.

En la concentración han estado presentes cientos de familias de diferentes ikastolas navarras. Han criticado  que “de forma unilateral” Educación “ha cerrado las puertas al diálogo y han impuesto recortes que afectan a siete ikastolas”. “La decisión de imponer recortes a las ikastolas no es una decisión técnica, es una decisión arbitraria. Han utilizado como pretexto un año de una natalidad extraordinariamente baja. La verdad es que si se hubieran aplicado los mismos criterios que se venían utilizando y se hubiera mantenido el principio de igualdad, no solo se hubieran mantenido los conciertos que teníamos, sino que se hubieran ampliado. Entonces, ¿por qué se nos castiga?”, ha criticado Sanjurjo.

El presidente de la Federación Navarra de ikastolas ha anunciado que seguirán con movilizaciones para tratar de que el Departamento “rectifique” y revierta el cierre de aulas anunciado para “no dar pasos atrás en la educación navarra”.

Septiembre de 1928. El sacerdote español Josemaría Escrivá de Balaguer viaja a unos retiros espirituales. El segundo día, cuando releía unas anotaciones viejas en su habitación después de ir a misa, recibe una inspiración divina: debe crear el Opus Dei, una nueva prelatura en la Iglesia que inspire a los fieles con acompañamientos pastorales y formación espiritual. Años más tarde, el fundador de esta jurisdicción católica pasó a ser conocido internacionalmente y, en 2002, fue canonizado por el Papa Juan Pablo II. Abrió camino a una sólida doctrina que hoy aún se imparte en colegios, institutos, universidades o centros concertados de todo el país. Pero hubo un lugar en el que empezó todo.

En sus cuadernos, custodiados por el Opus, escribió lo siguiente: “Consideraba yo por la calle, ayer tarde, que Madrid ha sido mi Da­masco, porque aquí se han caído las escamas de los ojos de mi alma [...] y aquí he recibido mi misión”. Decidió que su organización se fundaría en la capital, donde los suyos aún mantienen una importante influencia. Aunque hoy en día se distribuyen centros educativos del Opus Dei por los distintos barrios de la ciudad, y con distinto poder adquisitivo, buena parte de ellos continúa centralizándose en distritos acomodados como Fuencarral-El Pardo. Especialmente en los barrios de Valverde o Mirasierra.

En esta última zona residencial al norte de Madrid, con poco más de 30.000 habitantes, se encuentra uno de los principales colegios del Opus en la ciudad. Además del centro privado de Montealto, El Prado se ha consolidado como un punto conocido en el distrito de Fuencarral, donde se imparte una educación en base a principios cristianos y en la que los propios sacerdotes de la prelatura ofrecen “atención pastoral” in situ a familias, docentes o al alumnado. Ambos pertenecen al grupo Fomento Centros de Enseñanza, vinculada al Opus y con presencia en distintas comunidades autónomas.

Desde los cincuenta, hasta hoy: la presencia del Opus en Madrid

Especifican desde la prelatura que, en otros casos como el de la Red Educativa Arenales (con hasta 10 escuelas en la ciudad) no existe como tal una “vinculación institucional” continuada, pero sí “acuerdos puntuales” con alguno de los colegios o solicitudes de ayuda en cuestiones pastorales. En dichos centros, según la organización, la dirección es quien tiene la autonomía docente y el Opus organiza una “vivificación cristiana”, que estará ligada al alumnado y su rutina escolar. La delegación madrileña del círculo religioso se sostiene, como en otras zonas, principalmente gracias a los ingresos generados por las cuotas de escolarización, que varían en función de cada centro.

El pasado mes de marzo, el colegio tuvo que apartar a uno de sus profesores después de abrirse una investigación policial por supuestos abusos a tres menores durante un campamento de verano, al que acudieron dos años atrás con un club juvenil que también promueve la fe cristiana. En Madrid es donde más centros se concentran, con hasta siete en total según la página web de la institución educativa: un centro de Bachillerato o colegios privados y concertados como Aldeafuente, Aldovea, Las Tablas-Valverde y Los Olmos, además de los dos ya mencionados en Mirasierra.

Dudé mucho porque era un colegio muy religioso y mi hijo es musulmán. Pero al final ha sido una experiencia enriquecedora y se ha sentido acogido en clase

Rhama — Madre de un alumno del colegio Tajamar

Desde la organización madrileña del Opus Dei confirman que el primer colegio vinculado a su agrupación se inauguró precisamente en Puente de Vallecas, zona obrera con barrios que concentran algunas de las rentas medias más bajas de la ciudad. El colegio Tajamar abrió en 1958, siendo entonces el único colegio en Madrid ligado a la organización. Con el tiempo surgieron otros centros que replicaban este modelo y se extendieron, ahora sí, por barriadas y municipios de toda índole. Algunos nombres: Los Tilos, en Vallecas; el Senara de Moratalaz; Retamar en Pozuelo de Alarcón; el colegio británico Alegra de Majadahonda; Fuenllana o Andel en Alcorcón y Orvalle en Las Rozas.

De los que se concentran en Madrid capital, buena parte depende del grupo de Fomento, con el que el Opus Dei mantiene un convenio único que aplica a sus centros de enseñanza. Las opiniones sobre cómo es la vida en estos colegios son muy dispares. Para Rhama, por ejemplo, terminó siendo mejor de lo que esperaba. Tanto ella como su hijo Isaac, de seis años y alumno en el Tajamar, son musulmanes. Al principio, dudaba sobre si matricularle en un colegio que instruye en la fe católica y aborda en su enseñanza los mandamientos cristianos. “Hubo gente que nos lo recomendó y otra que desconfiaba al ser un colegio muy religioso”, confiesa, aunque ahora no se arrepiente de aquella decisión.

Considera que la mezcla ha sido “enriquecedora” en muchos sentidos y que su hijo “se ha sentido acogido en clase” pese a que sus creencias son distintas. Cuando es momento de rezar, simplemente se aparta y luego reanuda la lección. Al ser un centro concertado, la enseñanza es gratuita; pero Rhama paga unos 200 euros al mes entre el comedor y las actividades extraescolares. Estas cuantías, además de los pagos por la matrícula en sus instancias privadas o clubes vinculados al colegio, son una de las principales fuentes de ingresos de los centros educativos gestionados directamente por el Opus Dei.

Mi padre, que era ingeniero industrial en esos años, nos decía que toda su nómina iba a parar directamente a nuestras tasas del colegio

Carlos, de 47 años — Exalumno del colegio privado de El Prado (Mirasierra)

También reciben donaciones privadas de particulares o empresas, y subvenciones públicas en el caso de las escuelas concertadas. “La educación cristiana en nuestros colegios pone el acento específico del carisma del Opus Dei: el trabajo y las circunstancias ordinarias como lugar de encuentro con Dios”, resumen sobre su finalidad desde la propia institución católica. Sin embargo, algunos afirman haber perdido su fe precisamente entre sus paredes.

Carlos tiene 47 años y vive en Madrid, pero desde los ocho y hasta la mayoría de edad pasó mucho tiempo en el colegio privado de El Prado, donde sus padres le matricularon junto con su hermano al convertirse en miembros del Opus Dei. “Mi padre, que era ingeniero industrial en esos años, nos decía que toda su nómina iba a parar directamente a nuestras tasas del colegio”, recuerda el vecino, que en esa cuenta incluye también a una hermana más en otro centro ultracatólico: eran tres en total.

Reconoce que en sus clases recibió algunos valores que ahora guarda con gratitud, como el compañerismo, llegando a hacer votaciones entre el alumnado para decidir quién era el “mejor compañero del aula”. Pero aquellos días le alejaron de su dios, pese a que empezó sus estudios siendo creyente. “El sacerdote podía venir en cualquier momento a la clase, aunque fuera irrumpiendo a mitad de una lección, y sacarte del aula sí así lo consideraba. Yo mismo he estado dentro de un cuarto donde nos citaba y en el que nos preguntaba si ya habíamos tenido sexo, o si nos habíamos masturbado”, rememora, siempre según su testimonio.

Escuela de élites y consolidación en barrios más humildes

Este exalumno ha pedido omitir el nombre del sacerdote para evitar posibles represalias, y lanza una última reflexión acerca de lo que ya recuerda como una “mala y muy difícil experiencia”. “Yo ahora vivo cerca del [colegio] Tajamar, en una zona llena de inmigrantes u otras personas sin capacidad económica que llevan allí a sus hijos porque creen que así recibirán una mejor educación. Es concertado y, para ellos, gratuito. Pero el precio real es que traten de evangelizarlos”, incide, señalando que buena parte de los colegios privados se ubican en zonas de clase media alta como Fuencarral o Moratalaz, mientras que los concertados se asientan en áreas más desfavorecidas para “perseguir otro objetivo”.

La red del Opus Dei se extiende históricamente a ciertas élites económicas y sociales, una tradición que continúa vigente a través de sus centros educativos, todos privados o concertados. Madrid es su gran centro fundacional y uno de los nodos más completos en España, pero no necesariamente el que más instituciones académicas concentra: en Pamplona, sin ir más lejos, está la sede principal de la Universidad de Navarra, joya de la corona para la prelatura católica.

El presidente Pedro Sánchez, mismamente, cursó un posgrado en su escuela de negocios. También pasaron por sus instalaciones la exministra Arancha González Laya; el presidente de Repsol, Antonio Brufau; o el CEO de Sanitas, Iñaki Peralta. En Madrid, la singularidad está en la mezcla de origen histórico, presencia pastoral, red escolar urbana y proyección hacia élites académicas y profesionales. La propia página madrileña del Opus añade otros centros en la región, pero no todos están en la capital. Buena parte de ellos se gestionan através de empresas o asociaciones civiles que operan bajo los preceptos espirituales y pastorales del Opus Dei.

En el caso de los concertados, estos también reciben fondos públicos de la Comunidad de Madrid para sostenerse económicamente, al igual que ocurre en otras regiones pese a que la actual ley educativa (LOMLOE) prohíbe recibir dinero de arcas comunes a las escuelas que segregan por sexo. En los últimos años, ya con esta normativa en vigor se adjudicaron 4,5 millones de euros a los colegios fememinos Fuenllana, una de sus obras corporativas; mientras que el centro masculino Andel recibió 2,7 millones. Otros 2,3 millones de euros se asignaron a Los Tilos, y el colegio Senara gestionó casi dos millones de las cuentas regionales. Todos los centros mencionados, salvo el último en Moratalaz, se ubican en zonas modestas o con bajo poder adquisitivo como Puente de Vallecas, Móstoles o Alcorcón. Y configuran una red sólida que mantiene y perpetúa su legado en la ciudad.

La decisión del Gobierno de Azcón de incluir los conciertos del Bachillerato para el próximo curso ha provocado numerosas reacciones en contra, tanto por las condiciones del Ejecutivo para adoptar la medida como por los efectos tendentes a vulnerar la equidad.

Contra la medida, la escuela pública de Aragón ha decidido presentar un recurso y solicitar medidas cautelares para paralizar la orden publicada este miércoles en el Boletín Oficial de Aragón (BOA) de cara al curso 2026-2027. La decisión se cuestiona por posibles dudas sobre su legalidad, dado que el presupuesto está prorrogado y el Gobierno se encuentra en funciones.

La Plataforma en Defensa de la Enseñanza Pública —integrada por sindicatos, asociaciones y fuerzas políticas de izquierdas de Aragón— llevará la medida ante el Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA). No obstante, todavía valora cuál es el procedimiento más eficaz: presentar un nuevo contencioso contra la modificación de la orden de 27 de noviembre o sumarse al ya interpuesto por CSIF y STEA, admitido a trámite por el TSJA en enero de 2026.

La secretaria técnica de Fapar, Nieves Burón, ha calificado la decisión de “extraña e irregular, cuando menos”. Además, ha anunciado movilizaciones en la calle: el próximo viernes en Huesca, con motivo del Día de la Escuela Pública, y el sábado en Zaragoza, “que será el primer acto de rechazo, pero habrá más movilizaciones” en defensa de la enseñanza pública.

A juicio de los sindicatos, no se justifican los conciertos cuando la red pública garantiza el acceso equitativo a una etapa no obligatoria y, además, existen actualmente más de 2.500 plazas de Bachillerato sin ocupar en centros públicos de Aragón. Asimismo, recuerdan las carencias que sufre la educación pública, tanto en personal docente y no docente como en infraestructuras.

Los expertos apuntan a un fraude de ley

La posibilidad de recurrir la orden del Departamento de Educación ya había sido señalada por expertos y juristas consultados por elDiario.es, quienes coinciden en que un gobierno en funciones no puede aprobar la concertación del Bachillerato.

La profesora de Derecho Constitucional de la Universidad de Zaragoza, Eva Sáenz, ha afirmado que esta medida “no puede tomarse por un gobierno en funciones”, puesto que tiene implicaciones presupuestarias. En este sentido, contempla la posibilidad de recurrirla ante los tribunales solicitando medidas cautelares para su suspensión inmediata, “ya que causa un perjuicio irreparable condicionando al futuro gobierno”. Además, recuerda que no hay garantías de que el próximo Ejecutivo sea del PP: si no prosperan las negociaciones con Vox y no se puede votar la investidura antes del 3 de mayo, habría que convocar nuevas elecciones.

Sáenz subraya que la decisión supone un cambio en el modelo jurídico con implicaciones económicas y que está expresamente prohibido por la Ley del Presidente del Gobierno de Aragón que un gobierno en funciones adopte este tipo de medidas.

En concreto, el artículo 21.3.d del Decreto Legislativo 1/2022, de 6 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Presidente o Presidenta y del Gobierno de Aragón, establece que un gobierno en funciones no puede “aprobar o autorizar convenios de colaboración y acuerdos de cooperación con el Estado y demás Administraciones públicas, así como convenios con entidades públicas o privadas que supongan reconocimiento de obligaciones para la Hacienda de la Comunidad Autónoma, salvo que concurran circunstancias de extraordinaria y urgente necesidad, dando cuenta de ello a las Cortes de Aragón”.

El abogado Sergio Pérez también considera que la decisión excede las capacidades de un Gobierno en funciones y apunta a un posible fraude de ley. A su juicio, se trata de una política de hechos consumados: “Creo que son conscientes de la fragilidad jurídica de la Orden, pero juegan con la baza de la ejecutividad de los actos administrativos y la posible no suspensión judicial. La falta de resolución rápida permitiría la aplicación de la orden y, una vez empezado, es complicado echar abajo el concierto”.

Además, añade que “no es una medida que refuerce la equidad y la igualdad de oportunidades ni mejora la calidad educativa. Da la sensación de intentar forzar a Vox en su peculiar pulso” y recuerda que “es contradictorio cuando se ha constatado que no hay necesidades de escolarización que justifiquen esos nuevos convenios”.

Efecto segregador

Sheila González, investigadora y socióloga de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), advierte por su parte sobre los efectos nocivos de las dinámicas privatizadoras en la educación. Según explica, se trata de movimientos que se van introduciendo de forma progresiva y que acaban “desangelando” la escuela pública; sus consecuencias, aunque aún no son plenamente visibles, terminarán apreciándose con el tiempo.

A su juicio, la concertación del Bachillerato tiene un claro efecto segregador. En este sentido, reflexiona sobre el principio de planificación educativa, que podría acabar vulnerando el principio de equidad. Las familias realizan cálculos sobre el coste de la educación de sus hijos y, al “abaratarse” el Bachillerato, pueden empezar a contemplarlo como una opción cuando antes no lo era. Esto, sostiene, frena el trasvase y la permeabilidad del sistema, dificultando la incorporación de nuevos perfiles a la red pública.

Además, la socióloga subraya que, antes de apostar por la concertación del Bachillerato, debería atenderse al criterio de necesidad. En su opinión, cuando esta no existe —como ocurre en Aragón, donde hay miles de plazas disponibles— se está, en la práctica, financiando oferta privada con fondos públicos y asegurando una línea de continuidad desde la ESO.

González también considera que es una política “muy regresiva” concertar sin exigir una reducción de cuotas a cambio de garantizar la gratuidad o de asumir una función social. A su entender, este tipo de condiciones deberían acompañar cualquier implementación del concierto, cuyo seguimiento, además, suele ser escaso.

Por último, la socióloga señala que estas dinámicas tienden a blindar itinerarios de excelencia que, en la práctica, responden a intereses de clase.

Reacciones políticas

La portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Pilar Alegría, ha pedido que Azcón comparezca en las Cortes para explicar su decisión de privatizar el Bachillerato. Asimismo, ha criticado que un presidente en funciones, “que tiene a la Comunidad Autónoma paralizada desde hace cuatro meses, salga de su hibernación para anunciar la privatización de una etapa educativa que no es obligatoria, cuando además hay miles de plazas libres en la enseñanza pública”. Alegría reprocha tanto las formas como el fondo del anuncio, que, a su juicio, supone un profundo cambio de modelo educativo.

Por su parte, la vicepresidenta en funciones del Gobierno de Aragón, Mar Vaquero, ha defendido la medida tras el Consejo de Gobierno: “Si se ha llevado a cabo el anuncio de esta medida, que no es nueva y formaba parte de los objetivos de este Gobierno, es porque tenemos la garantía de que cumple con las competencias y la capacidad de un gobierno en funciones”.

Según ha explicado, la consejera se limitó a anunciar que el Bachillerato será concertado el próximo curso y cómo esta medida beneficiará a las familias, “pero hay un procedimiento que nos llevará a ello. Es una fórmula habitual”.

En cuanto a la posible paralización judicial, Vaquero ha asegurado que existe un trabajo previo desarrollado por el Departamento de Educación: “Hay mucho trabajo, un expediente muy elaborado, con la implicación de los propios centros para conocer su disposición”. Además, ha señalado que “no compartimos ese cuestionamiento y esas dudas. Es algo novedoso, pero también muy importante: atender a los derechos de las familias a la libertad de enseñanza. Es una decisión democrática; la intención del Gobierno ya se conoce desde la anterior legislatura y el presidente Azcón, en campaña, ya se comprometió a llevarla a cabo”.

La madre de Sandra Peña, Zara Villar, ha asegurado que el colegio Irlandesas Loreto, en el que estaba inscrita la menor sevillana que se suicidó el pasado 14 de octubre, omitió cualquier protocolo de actuación, a pesar de las advertencias y las comunicaciones que hizo la familia desde el inicio del curso académico. “Me engañaron a mí, a la psicóloga porque dieron por hecho que los protocolos estaban abiertos e intentaron engañar a la inspectora de Educación”, ha afirmado.

En una entrevista en el programa Y ahora Sonsoles, de Antena 3, Villar ha concluido con que es “insostenible” la versión del centro educativo en el que la adolescente recibía las agresiones presuntamente por parte de otras tres compañeras de clase. Al respecto, la madre ha detallado que en agosto del año pasado se presentó un informe psicológico en el que se detallaba que la menor se autolesionaba a causa del acoso que sufría en el centro escolar.

“El 1 de septiembre mando un correo a la jefa de Estudios y a la tutora de Sandra, me llaman el día dos y me reúno el día tres: abren el protocolo de autolisis y, sobre el de acoso, me dicen que es si yo quiero, a lo que digo, que se haga lo que se tenga que hacer”, ha manifestado ante las cámaras. “Al final se decide que se abran los dos protocolos”, ha puntualizado. Sin embargo, el 16 de octubre no se había tramitado ninguno de los dos procedimientos, hecho que conocieron a través de la televisión en un comunicado por parte de la Consejería de Educación.

“Que caiga toda la justicia”

Desde el centro educativo, hubo dos llamadas que la madre no pudo atender y otros dos correos electrónicos referentes a trámites escolares. “Hubo dos profesoras que me mandaban emoticonos de afecto, pero son personas, no el colegio”, ha remarcado en cuanto a la actitud de la dirección del centro. Además, ha subrayado que en las sesiones con su psicóloga, Sandra identificó quiénes eran las presuntas agresoras, motivo por el que se comunicó a las tres familias implicadas que tomaran las precauciones necesarias.

A raíz de la pérdida de la joven, José Manuel, el padre, ha pedido que se depuren responsabilidades y que haya una sanción “contundente y ejemplarizante” para el colegio Irlandesas Loreto: “Queremos que caiga toda la justicia sobre esos profesores que no abrieron los protocolos”.

“Es lenta, pero al final pondrá las cosas en su sitio”

Por otra parte, el tío de la menor y portavoz de la familia, Isaac Villar, ha lamentado este jueves que la investigación “no avanza”: “Estamos plenamente confiados en la justicia, están haciendo una labor impecable. Es lenta, pero al final pondrá las cosas en su sitio”.

En una entrevista en Canal Sur Televisión recogida por Europa Press, Villar ha remarcado que el caso aún se halla en la Fiscalía de Menores. “Todavía quedan citaciones a varios testigos pendientes”.

En cuanto a la querella que presentaron contra el colegio y parte del profesorado del centro educativo donde estudiaba Sandra, el portavoz de la familia ha recordado que ha sido admitida a trámite. “Sabemos que han solicitado a Fiscalía las actuaciones que se están llevando en la misma, para apoyar la querella, y hasta ahí os puedo decir: ese es el punto en el que estamos”.

“Homicidio, lesiones psíquicas y trato degradante”

En este sentido, la familia de Sandra presentó el pasado 9 de enero una querella contra el colegio Irlandesas Loreto de Sevilla y el personal docente del centro que, presuntamente, habría estado “implicado”. Una querella que alega que los implicados “habrían cometido homicidio, lesiones psíquicas y trato degradante”.

El tío de Sandra también se ha referido al suicidio de una menor de 14 años el pasado fin de semana en Benalmádena (Málaga), tan solo cuatro meses después de que Sandra se quitara la vida, del que la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional está pendiente del informe de la inspección educativa sin que esté descartado que detrás estuviera una situación de ciberacoso porque “está pasando no en los centros educativos, sino en la sociedad”, tal como ha asegurado este miércoles la consejera, Carmen Castillo.

Al respecto, la familia de Sandra considera que ella no sufría tanto ciberacoso, “si bien es verdad que hubo algunos mensajes”, como un acoso “más presencial” en el centro, a través de tres compañeras de clase. En este punto, Isacc Villar ha afirmado, a modo de reflexión dirigida a los jóvenes, que “se deben buscar otras soluciones, que las hay, y no refugiarnos, ni mucho menos, en que la salida es esta: hay que apoyarse en otras cosas”.

A mediados de enero, la familia mantuvo una reunión con la consejera de Desarrollo Educativo de la Junta de Andalucía, Carmen Castillo, en la sede de la Consejería y al término de la misma ya manifestaban que se mantenían “todas las vías abiertas” y se mostraban a la espera de que avanzara la parte judicial. “Nos han declarado que van a llegar hasta el final de la investigación y que tomarán todas las medidas acordes a los hechos que se demuestren”, afirmaba entonces el portavoz de la familia.

El proceso de admisión de alumnos para el próximo curso 2026-2027 en Castilla-La Mancha contará con un total de 110.500 plazas y como novedad se materializará la disminución de ratios en el segundo curso de Educación Primaria.

Así lo ha puesto de manifiesto en la rueda de prensa para dar cuenta de los asuntos aprobados por el Consejo de Gobierno el consejero de Educación, Cultura y Deportes, Amador Pastor, que ha detallado que de esas 110.500 vacantes, 29.144 son para el Segundo Ciclo de Educación Infantil, 33.844 para Educación Primaria, 28.294 para Educación Secundaria Obligatoria y 19.218 para Bachillerato.

Las solicitudes se podrán empezar a presentar desde el 23 de febrero hasta el 9 de marzo para las etapas del Segundo Ciclo de Educación Infantil, Educación Primaria, Educación Secundaria Obligatoria y para el Bachillerato; mientras que la convocatoria para Formación Profesional se espera para el mes de mayo.

Siguiendo con las fechas, el consejero ha detallado que el 23 de abril se publicará el baremo provisional --la puntuación que se asigna al alumno y con la que concurre a la asignación de destino--, que se hará definitivo el 28 de mayo. La primera adjudicación provisional será el 29 de mayo y tendrá carácter definitiva el día 26 de junio.

“A partir de ahí comienza el periodo de matriculación, que es el que ratifica la entrada a los centros educativos”, ha manifestado el consejero, que ha concretado que en las enseñanzas no obligatorias será entre el 29 de julio y el 2 de julio, mientras que en el caso del Bachillerato será entre el 1 y el 3 del mes de julio.

Para todas aquellas personas que no puedan concurrir en este proceso ordinario, se establece también un proceso de admisión con carácter extraordinario que comenzará a partir del día 9 de julio. “En este caso, las vacantes que se ofertarán serán las que hayan quedado sin ocupar en este proceso ordinario”, ha agregado Pastor.

Presentación de solicitudes

En cuanto a las solicitudes, el consejero ha detallado que, como todos los años, se podrán presentar de forma telemática a través del formulario disponible en la plataforma Educamos, que da la posibilidad de marcar hasta seis centros educativos en función de las preferencias que se tengan por cada uno de ellos.

Así, tras agradecer a los centros educativos y a los equipos directivos de la región que durante estos días vayan a hacer jornadas de puertas abiertas, ha indicado que toda la información estará disponible en el portal de Educación de Castilla-La Mancha.

Como todos los años, todos los centros educativos de la Comunidad Autónoma dispondrán de una guía que también estará alojada en el portal de Educación de Castilla-La Mancha “para hacer mucho más sencillo” la cumplimentación del formulario del proceso de admisión. Y a todo ello se sumará una campaña en redes sociales por parte de la Consejería.

Novedades en el proceso de admisión

Con todo, ha destacado el consejero de Educación que una de las novedades del proceso de admisión del próximo curso, amén al acuerdo firmado por la Junta con los sindicatos, es la bajada de ratio en Segundo de Educación Primaria.

En este sentido, el consejero ha querido reflejar “la realidad” en las aulas de Castilla-La Mancha, para indicar que el 83,15 por ciento de las mismas tienen menos de 20 alumnos en Primero de Educación Primaria. “Si nos vamos al nivel de tres años, el 83,31 por ciento de nuestras aulas cuenta con menos de 20 alumnos”, ha dicho.

Durante su comparecencia, Pastor ha destacado que este proceso ha permitido a lo largo de los años garantizar “un alto porcentaje” de alumnado que consigue en plaza en su primera petición. Así, el pasado curso el 94,84 por ciento del alumnado de la región obtuvo plaza en su primera petición.

“Si hacemos el estudio con respecto a la primera y la segunda petición en este proceso de admisión, llegamos a casi un 98 por ciento de familias que obtuvieron centro educativo en su primera y segunda petición, en concreto un 97,88 por ciento”, ha argumentado.

Unos datos que también ha ofrecido por provincias para indicar que en algunas el porcentaje de alumnos con plaza en su primera opción se aproxima al cien por cien, como es el caso de Cuenca y Guadalajara donde el 99 por ciento del alumnado consiguió plaza en sus primeras peticiones.

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha elevado la cuantía de fondos públicos asignados para el sostenimiento de los centros educativos concertados en la región.

Según la resolución publicada este martes en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha por la Consejería de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital, se establecen incrementos en las asignaciones previstas para los años 2025 y 2026.

Así, para el año pasado, el incremento en la asignación tendrá efecto desde el 1 de enero de dicho año y contempla una subida salarial consolidable del 2,5% respecto a los importes definitivos de las retribuciones correspondientes al año 2024.

Para 2026, también con efecto desde el 1 de enero de dicho ejercicio, se establece una subida salarial consolidable del 1,5% respecto a los importes vigentes a 31 de diciembre de 2025. Además, se aplicará otro incremento consolidable del 0,5% respecto a las retribuciones vigentes a 31 de diciembre de 2025, aunque esta subida solo será efectiva en caso de que la variación del IPC en 2026 sea igual o superior al 1,5%. Un incremento que, de llevarse a cabo, se abonaría en el ejercicio 2027.

También está previsto que, para los años 2025 y 2026, la Junta absorba la parte de la cuota del Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI) correspondiente al empleador.

Así quedan las retribuciones en 2026

Así, los importes anuales por unidad escolar (cada grupo de alumnos que tiene un mismo tutor) en Educación Infantil serían 48.658,03 € al año, de los cuales 36.586,12 euros corresponderían al salario bruto del docente. En Educación Primaria, el importe por unidad escolar asciende a 52.454,72 euros (40.382,81 euros del salario), mientras que en Educación Secundaria Obligatoria oscilaría entre los 59.981,89 euros de dotación anual (44.869,80 euros para el salario) en maestros de primer y segundo curso y los 76.376,75 euros (55.205,81 euros para el salario) en tercer y cuarto curso.

Por su parte, en las unidades escolares de Bachillerato la asignación anual se establece en 91.007,62 euros, de los que 66.571,72 euros irían destinados al salario del docente.

La Coordinadora Antifascista de Zaragoza ha denunciado la celebración de un acto de exaltación del franquismo en las instalaciones del colegio concertado San Vicente de Paúl y ha exigido la “dimisión inmediata” de su directora y del equipo directivo por “permitir un evento de estas características en un centro educativo sostenido con fondos públicos”.

El acto tuvo lugar el pasado 29 de noviembre y fue organizado por la Fundación Nacional Francisco Franco con motivo del 50 aniversario de la muerte del dictador. Según ha informado la Coordinadora, inicialmente estaba previsto en un hotel de la capital aragonesa, pero fue trasladado al centro educativo después de que ese establecimiento cancelara la reserva tras una campaña de denuncia del movimiento antifascista.

En su propia web, la Fundación reconoció que optó por mantener en secreto la nueva ubicación para evitar “presiones” y un posible “boicot”, dando únicamente pistas sobre su localización, como que se encontraba “a dos pasos de la Basílica del Pilar”, lo que permitió identificar el centro. Entre los asistentes, tal y como se puede ver en las fotografías publicadas por la propia entidad, se encontraba el diputado  de Vox en las Cortes de Aragón, Fermín Civiac.

La Coordinadora Antifascista subraya “la extrema gravedad” de que un espacio educativo donde estudian menores acogiera este acto: “Es absolutamente inadmisible que un acto de exaltación del franquismo, ligado a una ideología responsable de represión, asesinatos y persecuciones, se haya desarrollado en un centro destinado a la educación de niños y niñas”, denuncian.

Tras negar inicialmente los hechos, la dirección del colegio reconoció posteriormente al medio Arainfo que el acto sí se celebró en sus instalaciones, justificándolo como “un favor personal” y alegando desconocer su contenido. Para la Coordinadora, esta explicación “no es creíble” y constituye “una excusa para no asumir responsabilidades”. “La cesión de un espacio educativo para un acto franquista, bajo cualquier pretexto, vulnera los valores democráticos y el deber de diligencia exigible a un centro concertado que recibe dinero público”, señalan. Desde este medio se ha intentado contactar con el equipo directivo del centro, sin éxito.

Desde el Departamento de Educación del Gobierno de Aragón han indicado que “toda ideología debe quedar fuera de las aulas”, aunque han recordado que los centros concertados cuentan con autonomía organizativa y de gestión, especialmente en el uso de sus instalaciones fuera del horario lectivo, por lo que la responsabilidad sobre la cesión de espacios recae exclusivamente en la titularidad del centro.

La Fundación Nacional Francisco Franco, por su parte, defendió en su web el encuentro como un acto “privado y respetuoso con el ordenamiento jurídico” y lo presentó como un homenaje al dictador bajo el lema “Los hombres pasan, sus obras quedan”, reivindicando la figura de Franco y denunciando presiones por parte de colectivos antifascistas. En su crónica del evento, destacó la participación de su presidente, el general Juan Chicharro, y del periodista Eduardo García Serrano, así como el carácter “abarrotado” de la convocatoria.

Ante estos hechos, la Coordinadora Antifascista de Zaragoza ha anunciado la incorporación del colegio San Vicente de Paúl a su campaña pública de denuncia contra espacios que acogen actos de extrema derecha y ha reiterado su exigencia de dimisión del equipo directivo del centro.

El caso de Sandra Peña, la menor que se quitó la vida el pasado 14 de octubre tras sufrir acoso escolar, avanza por distintas vías judiciales y administrativas. A la investigación que tiene en marcha la Fiscalía de Menores y al expediente que inició la Consejería de Desarrollo Educativo, se suma ahora la querella penal presentada por la familia de la víctima contra el colegio concertado Irlandesas Loreto de Sevilla y parte de su equipo docente. El objetivo de esta acción es depurar responsabilidades y evitar que hechos similares vuelvan a repetirse.

La denuncia de los padres de la joven de 14 años se ha redactado a partir de las diligencias practicadas por la Fiscalía en el marco de la investigación en curso. De esa actuación, según la familia, se ha desprendido información que ha llevado a sus abogados a apreciar “indicios suficientes” para considerar que podría existir una responsabilidad penal por parte de algunos profesionales del centro, como explica a este periódico Isaac Villar, tío de Sandra y portavoz de la familia.

Sin entrar en detalles que puedan comprometer la causa judicial, Villar señala que los hechos denunciados están relacionados con la “falta” de acción por parte del centro ante el posible caso de acoso que sufría la menor. En concreto, apunta a que no se activaron los protocolos correspondientes cuando la familia comunicó la situación –hasta en dos ocasiones– y aportó informes psicológicos. La propia Consejería de Desarrollo Educativo confirmó que no se había activado el protocolo de acoso ni el de conductas autolíticas que exigía la normativa, motivo por el que abrió un expediente administrativo que ha quedado interrumpido con la apertura de la investigación de la Fiscalía.

Entretanto, los padres de Sandra se han reunido este miércoles con la consejera de Desarrollo Educativo, Carmen Castillo, en la sede del departamento en Sevilla. Tras el encuentro, el portavoz de la familia informó de que la administración les había confirmado que “se mantienen todas las vías abiertas” a la espera de que avance el procedimiento judicial. “Nos han dicho que van a llegar hasta el final de la investigación y que se tomarán todas las medidas acordes a los hechos que se demuestren”, afirmó Villar, quien expresó el deseo de que el caso suponga “un antes y un después” y sirva para introducir cambios que eviten que situaciones similares se repitan.

Tres vías abiertas para esclarecer los hechos

El portavoz de la familia también afirmó que el juzgado ha admitido a trámite la querella penal presentada el pasado viernes por la familia contra el colegio Irlandesas Loreto de Sevilla y parte de su equipo docente. La denuncia se dirige tanto contra el centro como persona jurídica como contra varios profesionales –cuya identidad no ha trascendido– a los que atribuye posibles delitos de homicidio, lesiones psíquicas y trato degradante.

Con la admisión de la querella, el caso queda ahora articulado en tres frentes: la investigación impulsada por la Fiscalía, la querella penal presentada por la familia en la jurisdicción ordinaria y el expediente administrativo de la Junta de Andalucía, actualmente paralizado a la espera del pronunciamiento judicial. Cabe señalar que la Consejería que dirige Castillo puede imponer al colegio la sanción máxima prevista para un centro concertado –la retirada del concierto educativo–, pero no adoptar consecuencias penales.

Ello explica que la familia de Sandra haya decidido acudir a la Justicia, consciente de que las diligencias del Ministerio Público aún están en curso y podrían prolongarse durante varios meses. La vía penal impulsada por los abogados de la familia se suma así a las otras dos investigaciones que ya estaban en marcha. La Fiscalía mantiene abiertos dos expedientes para investigar las circunstancias que rodean el suicidio: uno de reforma juvenil, centrado en la posible implicación de al menos tres menores, y otro de supervisión, orientado a analizar la actuación y posible responsabilidad del centro educativo en la aplicación de los protocolos frente al acoso escolar.

Por su parte, la Junta de Andalucía abrió una vía administrativa para evaluar si el colegio actuó conforme a la normativa vigente y si activó los protocolos correspondientes. Esta línea de investigación se encuentra actualmente paralizada al estar el caso judicializado. Según explica el portavoz de la familia, la Consejería de Educación necesita el informe de la Fiscalía antes de poder retomar su propio expediente.

La querella, una vía más para exigir responsabilidades

La decisión de presentar una querella penal responde, según la familia, a la información que ha ido aflorando durante las investigaciones en curso. Y a los límites de la vía administrativa, ya que las posibles sanciones de la Junta no conllevan consecuencias penales. Con este paso, la familia busca que se analicen en profundidad las posibles omisiones en la actuación del centro y que se asuman las responsabilidades correspondientes.

Desde la dirección del colegio privado concertado se ha venido pidiendo “cautela y responsabilidad hasta que finalice la investigación policial, judicial y administrativa” en torno al citado caso, que conmocionó al país. El suicidio de Sandra, justo al salir de clase, movilizó a miles de estudiantes de toda España que han protestado en contra del acoso escolar.

La familia insiste en que nada podrá reparar la pérdida, pero confían en que el caso sirva para evidenciar los fallos del sistema y promover cambios efectivos. “La mayor satisfacción que podríamos tener es que esta desgracia sirviera para algo”, concluye Villar, quien subraya la necesidad de revisar los protocolos actuales “porque ahora mismo no están funcionando”.

El sindicato ELA ha decidido presentar una demanda ante los tribunales para exigir que se aplique la reducción de la hora lectiva recogida en el acuerdo de fin de huelga consensuado en los centros concertados de Euskadi. Además, ha anunciado su intención de continuar con las movilizaciones. Según ha explicado en un comunicado, el intento de conciliación previo se produjo a finales de septiembre, pero “la negativa de las patronales a reducir esa hora y su finalización sin consenso” ha llevado a ELA a “no tener más remedio que acudir a la vía judicial”.

El sindicato ha denunciado que “la mayoría de los centros concertados no han reducido la hora lectiva pactada en el acuerdo de fin de huelga para el curso 2025-2026”, si bien “alrededor del 10% de los centros de iniciativa social [como denominan a colegios privados en este sindicato] sí han decidido omitir las directrices de las patronales y cumplir con lo acordado”, según recoge Europa Press. Por ello, “como si hay voluntad se puede aplicar”, ELA ha pedido a las direcciones de los centros de iniciativa social que reduzcan esa hora lectiva “de forma inmediata”. Mientras tanto, ha anunciado seguirá “trabajando también en la vía de las movilizaciones”.

El presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno, ha sugerido este martes que las grandes corporaciones tecnológicas bloqueen el uso de las redes sociales a los que acosen de manera “reiterada” a otros, tras el caso de la joven Sandra Peña, que se suicidó tras sufrir acoso escolar en Sevilla.

“Más allá de que los protocolos que tiene la Junta de Andalucía se deben cumplir siempre a rajatabla, les pediría a las grandes compañías que limiten el uso de insultos y descalificaciones entre menores; ellos, con los algoritmos actuales, pueden perfectamente bloquear”, ha dicho el presidente en el turno de preguntas en un foro de ABC.

Moreno ha argumentado que “cualquier niño” que haya participado con un móvil en una campaña de acoso a través de las redes sociales, “como mínimo, no debería tener derecho a las redes sociales hasta los 18 años”. “Aunque sea un menor que de manera reiterada acosa a otra persona, no debería tener derecho a utilizar las redes sociales más, como mínimo, hasta la mayoría de edad”, ha reiterado el presidente andaluz, después de trasladar su pésame a la familia de la joven de 14 años.

Preguntado sobre el concierto del colegio Irlandesas Loreto en Sevilla y si podría retirársele por los hechos ocurridos, el presidente ha reconocido que “todo está encima de la mesa”. En este punto, ha recordado que la Fiscalía ha abierto una investigación, al igual que la Consejería de Desarrollo Educativo. “Se está comprobando qué es lo que ha sucedido, hay que dar tiempo a que la investigación nos dé información y nos arroje luz sobre lo que ha sucedido, pero lo que está claro es que tenemos que combatir el acoso escolar de una manera más directa”, ha reconocido.

“En un colegio público actuamos directamente con instrucciones y si el director o la comunidad directiva no las cumple, directamente se les cesa; en este caso, no, porque no es un centro público”, ha aclarado Moreno, en referencia a que se trata de un colegio concertado. “Estamos investigando y si en esa investigación, el colegio no cumple o no ha cumplido con la normativa vigente y, por tanto, con las obligaciones que tiene, podrían perder evidentemente el concierto”, ha concluido.

La dirección del colegio privado concertado Irlandesas de Loreto, en la Carretera Carmona, ha pedido este lunes “cautela y responsabilidad hasta que finalice la investigación” policial, judicial y administrativa en torno al suicidio de la que fuera alumna del centro, Sandra Peña. La niña y su familia habían advertido en varias ocasiones de que era víctima de acoso escolar, pero el colegio no activó no el protocolo de acoso, como ha afirmado la Consejería de Desarrollo Educativo.

La dirección del centro se había mantenido en silencio desde que la Junta de Andalucía anunció el pasado jueves que iba a derivar el caso a la Fiscalía, hasta que este lunes ha publicado un comunicado en sus redes sociales, pidiendo que “cese cualquier situación violenta como las que se han producido en las inmediaciones del colegio”.

“Cualquier acción de este tipo está perjudicando a nuestros niños, todos ellos menores de edad”, recuerdan desde el centro en el que estaba escolarizada Sandra, antes de añadir: “Nuestra prioridad es velar por el alumnado y sus familias en un momento tan delicado”. Asimismo, la dirección explica en el escrito que el equipo de orientación y de bienestar emocional están atendiendo “de manera especial” a los estudiantes.

Por otro lado, recalca, “estamos colaborando con las autoridades competentes que, como ocurre en cualquier caso de este tipo, está investigando lo sucedido”. A este respecto, explica: “El Grupo de Menores de la Brigada Provincial de Policía Judicial (Grume) de Sevilla nos ha pedido evitar dar cualquier tipo de información sobre el caso”.

Dos expedientes abiertos por la Fiscalía

Esta misma jornada, la Fiscalía de Sevilla ha abierto dos expedientes para investigar las circunstancias que rodean el suicidio de Sandra. Uno de los procedimientos, de reforma juvenil, se centra en la posible implicación de varias menores en los hechos, mientras que el segundo, de supervisión, tiene por objeto evaluar la actuación y posible responsabilidad de los responsables del centro educativo en el que estudiaba la víctima.

Por su parte, la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional de la Junta de Andalucía ha advertido este lunes de que el colegio podría perder el concierto educativo “si el expediente administrativo concluyera que ha existido un incumplimiento muy grave” del mismo. “Será la Fiscalía la que determine las posibles responsabilidades, así como la titularidad del centro es la que debe actuar depurando las responsabilidades de su personal conforme a los requerimientos enviados por parte de la Consejería”, añaden.

A partir de ahí, “en el caso de que el expediente administrativo concluyera que ha existido un incumplimiento muy grave del concierto, se podría determinar su retirada por parte de la Junta”, han explicado a Europa Press fuentes de la Consejería.

La Fiscalía de Menores de Sevilla ha abierto dos expedientes para investigar las circunstancias que rodean el suicidio de Sandra, la joven de 14 años que el pasado martes se precipitó desde una azotea tras haber sufrido acoso escolar, según han afirmado a este periódico fuentes del Ministerio Público.

Uno de los procedimientos, de reforma juvenil, se centra en las personas menores que podrían estar implicadas en los hechos, mientras que el segundo, de supervisión, tiene por objeto evaluar la actuación y posible responsabilidad de los responsables del centro educativo en el que estudiaba la víctima, el colegio Irlandesas Loreto de Sevilla.

Estas son las primeras medidas adoptadas por la Fiscalía para el esclarecimiento de los hechos, desde que el pasado jueves la Junta de Andalucía anunció que pondría el caso en manos del Ministerio Público tras comprobar que su colegio no activó el protocolo que le exigía la normativa. Ha sido este mismo lunes cuando la Fiscalía ha recibido la documentación realizada por inspección educativa. Lo que aún no ha recibido, según las mismas fuentes, es el atestado policial, por lo que “todavía no se han comunicado los nombres de las menores implicadas”.

Concierto educativo entre las cuerdas

Durante esta misma jornada, la Consejería de Desarrollo Educativo ha advertido de que el colegio Irlandesas Loreto de Sevilla podría perder el concierto educativo “si el expediente administrativo concluyera que ha existido un incumplimiento muy grave” del mismo.

“Será la Fiscalía la que determine las posibles responsabilidades, así como la titularidad del centro es la que debe actuar depurando las responsabilidades de su personal conforme a los requerimientos enviados por parte de la Consejería”, ha explicado. A partir de ahí, “en el caso de que el expediente administrativo concluyera que ha existido un incumplimiento muy grave del concierto, se podría determinar su retirada por parte de la Junta”, han explicado a Europa Press fuentes de la Consejería.

En este contexto, el Defensor del Pueblo Andaluz, Jesús Maeztu, también confirmó el pasado jueves la apertura de una investigación de oficio para conocer el funcionamiento del protocolo contra acoso escolar en el caso de la muerte de la menor que se precipitó desde el balcón de su vivienda en Sevilla este martes. La familia de la joven de 14 años que se quitó la vida también anunció el pasado viernes que tomará “todas las medidas legales necesarias” al considerar que el colegio Irlandesas Loreto no actuó frente a las denuncias de acoso escolar presentadas previamente.

El Consejo de Cuentas ha reprochado a la Junta de Castilla y León que destine fondos de digitalización solo a los centros públicos y excluya a los concertados. El órgano fiscalizador considera que la Junta de Castilla y León gestiona así de manera “reincidente” sus fondos para digitalización como en 'Educa en Digital', fondos del COVID-19 y REACT-UE, en los que se “dejó al margen” a los concertados a pesar de que el programa estaba dirigido a todos los centros sostenidos con fondos públicos, mientras que 14 autonomías destinaron parte de la financiación a la Educación concertada.

La institución fiscalizadora afea que no se hayan distribuido ninguno de los 300.000 dispositivos móviles entre el alumnado de los centros privados concertados porque ambos están bajo la competencia de las autonomías. El objetivo de estos fondos era la reducción de la brecha digital de acceso por parte del alumnado.

En el curso 2020/2021, 214 centros privados concertados (aproximadamente el 17,52% del total de centros) y 100.005 alumnos de la Educación concertada (aproximadamente el 27,70% del total de alumnos potenciales) fueron excluidos. Además, el programa 'Educa en Digital', al que esta actuación complementa, también estaba dirigido a todos los centros docentes sostenidos con fondos públicos, pero solo se destinó a los públicos.

La Consejería de Educación ha justificado esta decisión porque la dotación de material informático a los centros públicos es una obligación legal mientras que la asignación a los centros concertados era opcional. “Los centros de competencia de la Comunidad Autónoma son los centros que gestiona esta Administración de forma directa. Y son de los únicos centros de los que la Administración puede conocer los dispositivos móviles disponibles previamente”, suscribe el ramo educativo.

Según el informe, Castilla y León, Canarias, Cataluña, Madrid, Navarra, La Rioja y la Comunidad Valenciana fueron las únicas autonomías que no incluyeron a los centros privados concertados, “incumpliendo” lo acordado en el programa.

Centros concertados con alumnos vulnerables

La Consejería de Educación obvió a ocho centros privados concertados que podían acogerse al programa de digitalización prevé la instalación o actualización de las aulas digitales interactivas porque tenían un porcentaje mínimo del 30% de alumnado vulnerable en el segundo ciclo de Educación Infantil, Primaria o Educación Secundaria —como marca la norma— y no fueron considerados como posibles destinatarios.

En este caso, se dio prioridad a los centros públicos a los que no les era de aplicación otro programa de digitalización, considerando que los centros PROA ya contaban con un programa específico. Sin embargo, el Consejo de Cuentas interpreta que las competencias de gestión se extienden a los centros privados concertados, en los que deben incluir en sus presupuestos.

Por eso el Consejo de Cuentas ha recomendado a la Dirección General que incluyan a la concertada en los fondos con financiación nacional o europea destinada a la digitalización, la adopción de medidas que garanticen una distribución equitativa de los recursos. “Esto implicaría superar la práctica actual de destinar la totalidad de los recursos únicamente a los centros públicos, promoviendo así una gestión más equilibrada de los fondos entre todos los centros educativos de la competencia de la Comunidad”, ha reclamado el órgano fiscalizador.

Portátiles para escuelas de infantil

Castilla y León asignó 117 ordenadores portátiles a 25 escuelas de educación infantil (EEI) de titularidad autonómica en contra de los criterios de los fondos. De estas 25, 22 solo imparten educación a niños de 0 a 3 años. “No tiene sentido destinar ordenadores para el uso de alumnos de 0 a 6 años. Y mucho menos a escuelas con alumnos de 0 a 3 años (primer ciclo de infantil)”, afea el órgano fiscalizador, que interpreta que la propia Consejería “admite de algún modo”. La Consejería sí alegó que las escuelas infantiles están dentro de las enseñanzas reguladas por la Ley de Educación, por lo que podían ser destinatarias de los fondos.

Del total, la Consejería entregó 4.370 portátiles de 14 pulgadas a las escuelas de Educación Infantil, los centros rurales agrupados y los colegios públicos, lo que contradice el criterio de la propia Consejería, que había establecido que los portátiles serían más pequeños (11 pulgadas). La Consejería lo consideró una “excepción” para aprovechar mejoras de los precios, pero el órgano fiscalizador lo considera “un error de planificación”.

También se asignaron 59 pizarras digitales, 71 monitores y 64 ordenadores de sobremesa a 36 escuelas de infantil, 31 de las cuales solo atienden a niños de 0 a 3 años, algo que afea el Consejo de Cuentas, que alude a un informe encargado por el Ministerio de Juventud. Este estudio no recomienda utilizar en educación infantil dispositivos digitales individuales, “aunque se permitirá el uso de herramientas didácticas colectivas bajo la supervisión adecuada del profesorado” y que pide evitar “el uso de dispositivos digitales” en el tramo de 0 a 3 años.

Además, se asignaron portátiles a otras estructuras no contempladas como destinatarios en el programa como Centros de Formación del Profesorado e Innovación (CFIE) (173 portátiles a 10 centros), Centros Rurales de Innovación Educativa (CRIE) (241 portátiles a 11 espacios) y equipos de aulas hospitalarias, escuelas hogar, orientación educativa, orientación temprana y la Dirección General de Centros e Infraestructuras. El Consejo de Cuentas cuestionó la elegibilidad de estos gastos para estos centros. Entre otros, no considera un centro educativo a los CFIE, sino un centro de formación: “Los portátiles se habrán asignado a profesores y no a alumnos, a pesar de que el objetivo del PCT es la provisión de, al menos 300.000 dispositivos destinados al aprendizaje de los alumnos”, reprocha.

Sin embargo, la Consejería no estableció “criterios de vulnerabilidad ni brecha digital” de acceso para seleccionar los centros que recibirían los portátiles. “Tampoco estableció un criterio uniforme ni un indicador objetivo para que los centros pudieran identificar a los estudiantes en situación de vulnerabilidad”, afea el Consejo de Cuentas, que señala cómo cada centro “ha aplicado su propio criterio” para asignar los ordenadores.

18.253 ordenadores portátiles, 13.442 aulas digitalizadas

La Junta de Castilla y León, que recuerda que ha sido la primera en empezar a ejecutar los Fondos Europeos MRR en esta materia, ha superado el objetivo fijado de entrega de material digital. Hasta marzo de 2024 entregó 18.253 ordenadores portátiles y digitalizó 13.442 aulas. Sin embargo, el Consejo de Cuentas critica los criterios para asignar este material e indica que no existe una “pista de auditoría suficiente” para verificar que todos los fondos se destinaron a constituir las aulas digitalizadas.

Sin embargo, el Consejo de Cuentas considera que hubo 109 centros (de 1.007 posibles destinatarios) con 17.688 alumnos que no recibieron dispositivos en ninguno de los dos primeros contratos del programa. La Consejería alega que estos centros habían recibido equipamiento de otros fondos (COVID-19, Educa en Digital, REACT-UE o fondos autónomos), pero el órgano fiscalizador señala que el gobierno no ha facilitado información sobre las necesidades que hayan comunicado los centros ni hay trazabilidad del procedimiento que ha aplicado la Consejería.

“Mi hijo ha sufrido años de descalificaciones constantes, hay mucho acoso escolar en este centro y cuando pueda lo sacaré. Por ejemplo a un alumno le dijeron que su condición sexual no era válida en este centro. A mi hijo le han dicho cosas como que es un sinvergüenza. Y a otros les han dicho que van a terminar en la cárcel, que son unos desagradecidos y unos miserables. Estamos hablando de niños de entre 8 y 13 años”.

El padre de un alumno del colegio concertado Escolanía Nuestra Señora de los Desamparados denuncia así el comportamiento de los responsables del centro, en especial del director, Luis Garrido: “Cuando hay una pelea entre alumnos con heridas importantes obliga a mentir diciendo que ha sido un accidente, por ejemplo jugando al fútbol, para evitar inspecciones”, añade este padre que prefiere mantenerse en el anonimato

No es el único testimonio que traslada a elDiario.es este tipo de actitudes. N. R. sacó a su hijo del colegio tras el primer trimestre. Según explica, le dijo que no si no le cortaba el pelo a su hijo no lo llevaría a cantar: “Mi hijo iba llorando todos los días al colegio porque le trataban de tonto y le decían, entre otras cosas, que no era culpa del colegio que solo tuviera madre. Además me dijeron que por mi condición de madre soltera no era digna de estar en el colegio. Fue tanta la desesperación que le di de baja sin tener una alternativa. Por suerte ahora, en el nuevo colegio, está feliz”.

Estos y otros testimonios firmaron una denuncia anónima que remitieron a la Fiscalía el pasado mes de febrero. El escrito, al que ha tenido acceso elDiario.es, pone de relieve “insultos, vejaciones, humillaciones, desprecios, castigos precarios y descompensados de niños que están 11 horas escolarizados y necesitan un trato muy diferente”. El documento pone de relieve que “los padres no toman cartas en el asunto” porque son “totalmente desconocedores de todo lo que pasa ahí” ya que, aseguran, desde el centro amenazan con llamar a “asuntos sociales” para quitarles las custodia.

La denuncia incluye la carta de un alumno, también consultada por esta redacción. En el escrito, el escolar afirma entre otras cosas: “Un día estaba en el comedor comiendo y apareció el director, pasó por mi lado y me dijo que comía mucho y estudiaba poco. Me estaba llamando gordo y yo le dije que por qué me está llamando gordo”.

Al respecto, fuentes de la Fiscalía han confirmado a esta redacción que el pasado mes de abril se procedió al archivo de la denuncia principalmente porque era anónima, pero también por ser “vaga y basada en hechos remotos”.

Ante la gravedad de las denuncias, también la Conselleria abrió una investigación. Fuentes del departamento que dirige José Antonio Rovira han informado a este diario de que “por parte de la Inspección General de Educación, con fecha 11 de marzo de 2025, se solicita la actuación del inspector del Centro Privado-Concertado y Escuela Privada de Música Escolanía de Ntra. Sra. Desamparados de Valencia, con la descripción de los hechos recogidos en la denuncia anónima presentada ante la Fiscalía Provincial de Valencia el 24 de febrero de 2025”.

El 12 de marzo se registró la apertura de un Plan de prevención de la violencia y de promoción de la convivencia (PREVI) y se emitió el anexo correspondiente para solicitar la intervención de la unidad especializada de orientación de convivencia: “Ese mismo día, se informó al director del centro educativo sobre los hechos y se programó una visita para el 14 de marzo a las 8.30 horas. Durante la visita al centro educativo se le preguntó al director sobre los hechos, los cuales negó”.

El 26 de marzo de 2025, añaden desde Educación, se realizó una visita de inspección con el titular del centro educativo y superior jerárquico del denunciado. En esta reunión se le informaron los hechos denunciados y él respondió que conocía el caso, ya que el director del centro le había adelantado los hechos denunciados. Indicó que “nada de lo que aparece en los escritos de la denuncia se corresponde con la realidad del centro educativo”.

El 11 de abril se realizó visita al centro educativo para entrevista con miembros de cada uno de los sectores del consejo escolar: “En primer lugar a primera hora se realiza entrevista con madre de alumno, que comenta que no le constan incidentes destacables relacionados con alteraciones de la convivencia en el centro educativo. A las 11.00 horas se realiza entrevista con alumno representante en el consejo escolar que manifiesta que las alteraciones en la convivencia del centro se producen mayoritariamente en el patio mientras juegan al fútbol”.

Por último, se realiza entrevista con representante del sector profesorado que ratifica lo comentado por los otros representantes, añadiendo que no ha pasado nada extraordinario a resaltar. Por lo que, de las actuaciones realizadas “no se ha podido acreditar nada de lo denunciado, a la espera de lo que pueda determinar los órganos judiciales correspondientes”.

El director afirma que “son criterios personales”

El director del centro, Luis Garrido, explica a preguntas de elDiario.es que “todo esto que se relata no es así, son criterios personales” y asegura que hay una serie de padres que “se han confabulado” y que tiene la “conciencia tranquila” con todo lo que han hecho.

Garrido destaca que la Escolanía “no es un colegio normal, aquí los niños pasan más horas de normal y todo esto son aspectos muy personales por parte de unos padres que no están contentos, pero la denuncia no se sostiene”, ha asegurado, pese a que ha reconocido que “un mal día lo puede tener cualquiera y un mal comentario también”, pero ha descartado por completo que se una tónica habitual: “Yo invito a que vengan a hablar cualquier cosa y si en algún momento hay que pedir una disculpa se pide, pero si la Fiscalía hubiera visto algo hubiera actuado de oficio”.

El Partido Popular en el Parlamento andaluz ha votado en contra de una proposición no de ley (PNL) impulsada por el grupo de Por Andalucía, con el objetivo de instar a la Junta a “elaborar e implementar un plan de acción urgente que tenga como objetivo la erradicación de los cobros de cuotas obligatorias por parte de los centros educativos concertados andaluces a las familias”.

La iniciativa parlamentaria, presentada este martes ante la comisión de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, perseguía reforzar la transparencia económica de estos centros y combatir las prácticas que comprometen el principio de gratuidad en la enseñanza concertada. Para ello, la propuesta incluía medidas como la publicación mensual de todos los ingresos obtenidos por cuotas o aportaciones voluntarias en la web de cada centro y su envío a la Consejería de Educación y a la Inspección Educativa, para que verifique su legalidad “o, en su caso, actúe en consecuencia”.

El partido que gobierna en la Junta ha condicionado su apoyo a una enmienda que sustituía el plan de acción propuesto por una reafirmación genérica del compromiso con la ley, así como el refuerzo de los mecanismos ya existentes. En concreto, la enmienda del PP planteaba instar al Gobierno a “reafirmar su compromiso con el cumplimiento de la normativa vigente en materia de gratuidad en la enseñanza concertada, reforzando la labor de la Inspección Educativa que actúa con diligencia ante cualquier denuncia o reclamación relacionada con cobros indebidos”.

Por Andalucía ha rechazado esta enmienda al considerar que rebaja la vocación de acción de la propuesta a una mera declaración de intenciones. “No aprobar esta iniciativa es ser cómplices”, ha criticado la portavoz de Educación de Por Andalucía, Alejandra Durán, después de advertir al Gobierno de Juan Manuel Moreno que “debería sonrojarse por su pasividad” ante el cobro de cuotas ilegales que se están llevando a cabo en colegios concertados y, por tanto, sostenidos con fondos públicos.

Reforzar la inspección

Por su parte, el vocal del PP en la comisión de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, Miguel Ángel Ruiz, ha manifestado que ya existen “mecanismos de control” para evitar irregularidades en los centros concertados, apuntando a que “para eso está la inspección educativa” y que “lo que hay que hacer es denunciar para que pueda actuar”.

Aunque ha admitido que “la ley no permite cobrar cuotas obligatorias a las familias”, ha puntualizado que sí ampara “aportaciones voluntarias”, justificándolas en que “hay centros que con la financiación actual no llegan a todo”. Ruiz ha aprovechado su intervención para abogar por “mejorar la financiación de los centros concertados” y ha criticado que el “debate de fondo” de la propuesta de la coalición de izquierdas sea “atacar a la concertada porque no creen en la libertad educativa”. “Para poder elegir en libertad, tiene que haber distintas opciones”, ha zanjado.

Junto al PP, el grupo Vox también se ha opuesto a la PNL de Por Andalucía, que solo ha contado con el respaldo de los socialistas. Desde el PSOE, han insistido en que es “fundamental que haya supervisión” y han pedido al Gobierno andaluz “que llegue hasta el final” en la investigación sobre el colegio concertado de Sevilla en el que el inspector advierte un “evidente fin lucrativo”, revelada este lunes por la edición andaluza de elDiario.es.

Las cuotas de los concertados en datos

La PNL de Por Andalucía se basa en los datos publicados recientemente en el informe 'El coste de acceso a la escuela concertada en España: las cuotas que pagan las familias y sus causas', elaborado por el centro de políticas económicas de Esade. De acuerdo con este informe, “a día de hoy no hay gratuidad universal para acceder a la escuela concertada”, ya que “entre un 81% y un 95% del alumnado paga cuotas en España, situándose la cuota media entre los 680 y los 860 euros al año por alumno”.

En Andalucía, “estas cuotas se camuflan en un 72,73% de los casos como donación/aportación, de los cuales el 25% son obligatorias, y en el 27,27% de los casos sí que se denomina como cuota”, según recoge el texto de la iniciativa. Citando al informe, la PNL señala que “el 36,36% de los centros consultados no especificaban la voluntariedad del pago de dichas cuotas a las familias, siendo el pago obligatorio en el 27% de los casos y en el 73% voluntario, con un índice de presión al cobro en nuestra comunidad autónoma del 6,09 sobre 11”.

La PNL planteaba además “garantizar la plena accesibilidad y no exclusión del alumnado en todos los servicios complementarios educativos”. Para ello, proponía “equiparar” los precios de los comedores escolares en los centros concertados a los de los públicos, en aras de evitar que se utilicen estos servicios como vía de financiación “encubierta”. Según avisan desde el grupo de la coalición de izquierdas, “el coste del comedor en muchos centros concertados supera sistemáticamente los precios públicos, algo que agrava la exclusión del alumnado con menos recursos”, como ha denunciado Durán.

Por todo ello, el grupo proponente condena el “claro ánimo de lucro, sin justificación” que le atribuyen a muchos centros concertados de Andalucía, “ante lo que parece haber total impunidad por parte de las administraciones públicas, a pesar de contravenir toda normativa vigente”. En ese sentido, critican que “el Gobierno de la Junta de Andalucía a cargo del Partido Popular no solo no hace nada para erradicar estas situaciones, sino que les aumenta el presupuesto”, en referencia a las cuentas de 2024, donde “la partida para gratuidad en centros concertados aumentó en 60 millones de euros incluyendo todas las etapas educativas, lo cual provoca un mayor beneficio a estos centros que cobran cuotas irregulares”.

Los servicios jurídicos de la Consejería de Desarrollo Educativo están investigando al colegio concertado Sagrado Corazón de Jesús (en Sevilla) por establecer cuotas económicas que podrían infringir la normativa educativa. La investigación parte de diferentes denuncias de padres afectados, que han motivado varios informes de inspección, donde se alerta de que el centro ha incurrido en “un incumplimiento grave del concierto educativo”.

El inspector de referencia documenta en su último informe, al que ha tenido acceso este periódico, el “evidente carácter lucrativo” del colegio sevillano por “vincular la impartición de enseñanzas con el cobro de cuotas por distintos servicios”. Se aprecia así un “trato diferenciador y discriminatorio” hacia las familias que no las abonan, vulnerando los principios de gratuidad, voluntariedad, no discriminación e igualdad en el acceso a la educación, recogidos en la normativa para los centros sostenidos con fondos públicos.

La Ley Orgánica reguladora del Derecho a la Educación (LODE) estipula que las actividades escolares complementarias, extraescolares y los servicios escolares en los centros concertados –y, por tanto, financiados con fondos públicos– “no podrán tener carácter lucrativo” y el cobro de cualquier cantidad en esos conceptos deberá ser autorizado por la administración educativa correspondiente.

Esa norma también establece que si se incumple el régimen de concierto, se constituirá una comisión de conciliación, encargada de adoptar las medidas necesarias para corregir la infracción cometida. En el caso del Sagrado Corazón de Jesús, dicha comisión se celebró en enero de 2024, a instancias de la anterior inspectora. Al curso siguiente, el actual inspector ha notificado que las medidas acordadas entonces “se han incumplido de manera evidente y reiterada” por parte del colegio sevillano, lo cual constituye un “incumplimiento grave del concierto educativo” que podría derivar en sanciones económicas.

“Presionar” a las familias para que paguen

Varias familias llevan denunciando precios abusivos desde 2023, cuando se produjo un cambio de titularidad al frente del centro. Desde entonces, han acudido en repetidas ocasiones a inspección educativa y a entidades como el Defensor del Pueblo o FACUA, que interpuso una denuncia ante la Consejería de Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa en noviembre de 2024. Fuentes de la Consejería de Desarrollo Educativo confirman que el asunto está en manos de los servicios jurídicos, pero no aclaran desde cuándo ni en qué punto se encuentra el procedimiento.

El nuevo titular del Sagrado Corazón de Jesús incorporó a su llegada la denominada “pastoral cuota voluntaria” (hoy rebautizada como “tarifa plana”), asociada a descuentos en los servicios complementarios y actividades extraescolares, como el comedor, el acceso a la plataforma digital de comunicación o el uso de dispositivos como ordenadores o tablets. Quienes no pagan esa tarifa plana enfrentan precios significativamente más altos por los diferentes servicios. Por ejemplo, según la denuncia de FACUA, el precio del comedor con la tarifa es de 64 euros mensuales, mientras que asciende a los 120 para quienes no la abonan.

Un informe de inspección de 2023 señala que algunos de estos cobros se introdujeron “sin haberlo comunicado expresamente a la administración educativa”. Ese mismo año, la inspectora convocó una comisión de conciliación ante el “grado de alarma social” generado entre las familias. En su informe, concluyó que el colegio estaba “incumpliendo íntegramente” la normativa vigente al “presionar” a los padres para que efectuaran pagos mensuales, llegando incluso a “jugar con la sensibilidad de las familias”.

La comisión de conciliación, celebrada a principios de 2024, acordó por unanimidad “suprimir el cobro” correspondiente a la cuota pastoral. Sin embargo, al curso siguiente, el colegio la reemplazó por la “tarifa plana”, manteniendo la práctica de aplicar dos precios distintos para un mismo servicio. FACUA ha denunciado ante el centro que la nueva tarifa (que da acceso a la llamada Tarjeta de Fidelidad) hace “inasumible el coste del resto de los servicios” para quienes no la abonan, al imponer incrementos que pueden duplicar las tarifas originales.

Preguntado por este periódico, el director del Sagrado Corazón de Jesús asegura estar cumpliendo la normativa en vigor al aplicar “cuotas voluntarias” por servicios fuera del horario lectivo. El titular reconoce que la actual “tarifa plana” funciona como un descuento para quienes contraten todos los servicios: “Si sumamos uno a uno saldría mucho dinero”. Además, sostiene haber adoptado las medidas acordadas en la comisición de conciliación: “Lo que nos dijeron, en definitiva, era que elimináramos la cuota pastoral, que era un pago habitual en forma de donativo, y que, si queríamos cobrar a las familias, creáramos servicios y eso es lo que hemos hecho”.

Ejemplos de “discriminación”

El último informe del inspector recoge el caso de familias que no se pueden permitir el pago de determinadas cuotas debido a “su precaria situación económica” y eso les ha llevado a plantearse un cambio de centro. Entre esos pagos se encuentra, por ejemplo, el acceso a la plataforma Educamos, que inicialmente se ofrecía de forma gratuita a quienes abonaban la llamada “cuota pastoral”, pero durante el curso 2024/2025 empezó a cobrarse a razón de 34 euros mensuales.

Este sistema se ha convertido en la única vía oficial de comunicación del centro, “creando una discriminación y conculcando el derecho a toda información de las familias que no abonan la cuota”, al quedar excluidas de este canal y ver limitado su acceso a información crucial sobre sus hijos, según señala el inspector.

Otra denuncia que han trasladado las familias afecta al servicio denominado Comunicación TIC, que cuenta con dos versiones de 50 y 64 euros, respectivamente. Los alumnos cuyos padres no pagaban esta cuota se veían obligados a compartir dispositivos como tablets, mientras que los demás disponían de equipos individuales. El inspector considera que, aunque el centro las presente como opcionales, las familias las terminan percibiendo como obligatorias al sentirse forzadas a abonarlas, debido a las implicaciones que tienen para el desarrollo académico de sus hijos.

Carácter lucrativo “evidente”

“La ausencia de voluntariedad y el trato diferenciador y discriminatorio que se aplica al alumnado cuyas familias no abonan las cuotas previstas” deriva en que “en el centro solo se puedan escolarizar alumnado cuyas familias tengan una posición económica que permita el conjunto de pagos a realizar, consecuencia contraria al principio de equidad que rige nuestro sistema educativo del que forma parte este centro, estando obligado a prestar un servicio público que, de esta forma, se ve alterado”, concluye el informe de inspección.

Además, el inspector de referencia afirma que “es evidente el carácter lucrativo para el conjunto de los servicios escolares complementarios, por el valor de los mismos y por el hecho de que las cuantías están sujetas a posibles descuentos vinculados a la denominada tarifa plana”. Y señala que “el acceso a medios y recursos curriculares está condicionado al pago de cuotas”, lo que implica un incumplimiento directo del principio de voluntariedad, “y lo que es más grave, el principio de igualdad en el derecho a la educación y a las enseñanzas”.

“Incumplimiento grave del concierto educativo”

Por todo ello, el inspector señala que el centro ha mostrado una actitud de “desobediencia y desprecio” hacia la normativa, toda vez que el cobro de las tasas se ha seguido produciendo “de forma constante y reiterada”, pese a las medidas adoptadas tras la comisión de conciliación celebrada en enero de 2024. Hechos que, insiste, constituyen un “incumplimiento grave del concierto educativo”.

El responsable de garantizar el cumplimiento de la normativa en el centro añade que el Sagrado Corazón de Jesús ha incumplido también “el requerimiento realizado por la inspección educativa el 15 de octubre de 2024”. Y apostilla que “no se ha observado ánimo de colaborar por parte del titular del centro ni intención de rectificar; más bien al contrario”, actuando con una “intencionalidad evidente”, que ha podido “perturbar la enseñanza del alumnado cuyas familias no aportan determinadas cantidades”.

Ante tales “irregularidades e incumplimientos”, el inspector recuerda que, tras la resolución del expediente sancionador por parte del órgano competente en materia de conciertos educativos –la propia Consejería– la infracción dará lugar a la imposición de multa. La sanción económica estará comprendida “entre el total y el doble del importe de la partida «otros gastos» del módulo económico de concierto educativo vigente en el periodo en el que se determine la imposición de la multa”.

La reiteración o reincidencia de incumplimientos graves puede dar lugar a la rescisión del concierto, según el artículo 62 de la LODE. Por el momento, la investigación continúa abierta y será la resolución de los servicios jurídicos de la Consejería la que determine posibles sanciones o medidas a adoptar.

Los sindicatos de la enseñanza concertada OTECAS, USO y FSIE consideran “insostenible” la situación en la que se encuentran y al grito de “hasta aquí” han reclamado mejoras laborales, salariales y organizativas durante la primera de las tres movilizaciones que han programado para este mes de junio, en la que han participado en Oviedo alrededor de medio millar de docentes. Una movilización que surge en pleno conflicto de la educación pública con ya ocho jornadas de huelga efectuadas y negociaciones en busca de una mejora laboral y de condiciones de la enseñanza pública.

“Equiparación ya”, “Contra la discriminación” y “No somos de segunda” son los mensajes que han lanzado en las pancartas y los cánticos coreados por los manifestantes, procedentes de distintas localidades de Asturias, a los que se han sumado dirigentes políticos del PP y Vox.

En un manifiesto conjunto que han leído en las inmediaciones del Teatro Campoamor, las organizaciones han señalado que los conciertos educativos nacieron en 1985 como parte de un modelo de educación pública a través de dos redes complementarias: la pública y la privada concertada, ambas financiadas con fondos públicos.

Esta concentración solo ha sido el inicio de “los tres jueves de la concertada”, han apuntado los sindicatos que han anunciado que el segundo será el día 12, con la huelga de trabajadores y la concentración en la Plaza de España, ante la sede de la Consejería, y el tercero, el 19, con la manifestación de toda la comunidad educativa de los centros concertados asturianos, en los que trabajan unos 3.000 docentes y estudian unos 30.000 alumnos.

Movilizaciones el próximo curso

“Poniendo pie en pared”, han advertido que dejarán “muy claro” al presidente del Principado, Adrián Barbón, que el próximo curso “no empezará con normalidad” si no se abre la mesa de negociación con un calendario de ejecución para una mejora real de las condiciones laborales y salariales.

Han acusado al Gobierno asturiano de llevar “décadas eludiendo de forma sistemática su responsabilidad”, de ignorar las solicitudes de apertura de negociaciones y limitarse a la renovación de acuerdos con mejoras que son “migajas”, y también de “ninguneo” o “desprecio” ante la campaña de movilizaciones por la equiparación retributiva iniciada en 2022.

La jornada reducida en junio y septiembre fue “la gota que colmó el vaso”, han apuntado los sindicatos de la concertada, para los que con la dimisión de la consejera de Educación, Lydia Espina, “nada de lo esencial ha cambiado”, ya que las diferencias “abismales” en condiciones laborales y salariales “siguen idénticas” pese a que, aseguran, prestan el “mismo servicio público de educación”.

Han apuntado que el complemento autonómico está congelado desde 2009, con una pérdida de poder adquisitivo del 40 por ciento y que las plantillas apenas se hayan movido desde hace 25 años.

También han denunciado que el profesorado de la enseñanza concertada asturiana es el “peor pagado de todo España”, y han precisado que en la mayoría de las comunidades autónomas el salario está homologado al cien por cien y en todas supera el 95 % mientras que en el Principado es del 75 % en algunas, y en el mejor de los casos en el 82 %.

Hartazgo e indignación

También han expresado su “hasta aquí” a que no se reduzcan las ratios de alumnos por aula; a la falta de una plantilla estable de profesorado de pedagogía terapeútica y audición y lenguaje; la carencia de un complemento autonómico para los trabajadores del PAS, y que el personal complementario de los colegios de educación especial no esté incluido en el pago delegado.

Los trabajadoras de la enseñanza concertada han manifestado “hartazgo” e “indignación” ante una Administración a la que acusan de tratarle como “extraños y ajenos” y que “se niega a invertir un solo euro” en la mejora de sus condiciones.

Al término de la concentración, los sindicatos han anunciado que registrarán una carta dirigida al presidente del Principado, del que han asegurado que pedirán su dimisión en caso de que no obtengan “solución” a sus demandas.

La concentración convocada por la enseñanza concertada ha tenido lugar poco después de que este mediodía más de 2.000 docentes volvieran a manifestarse en el centro de Oviedo para exigir al Gobierno autonómico mejoras salariales y laborales, unas horas antes de que el Ejecutivo asturiano y los sindicatos retomaran esta tarde las negociaciones para tratar de poner fin a la huelga.

“Un niño de su clase que llevaba meses acosándole y pegándole le dijo que le iba a apuñalar. Le tiró el zumo encima de la camiseta y con un lápiz le hizo un agujero después de clavárselo en la tripa”. Es el testimonio de Paula Piccaluga, una madre de Torrijos, un pueblo de Toledo, sobre los episodios de acoso que, dice, ha sufrido su hijo hasta en tres centros distintos de la localidad toledana.

Ha pedido a la Consejería de Educación, Cultura y Deportes el traslado a un centro de otra población cercana. Sin embargo, desde la Administración le niegan una plaza en el centro que solicita. Por eso ha optado por la protesta. Para el próximo martes 20 de mayo ha impulsado una concentración frente a la Consejería de Educación Cultura y Deportes, a las 18 horas.

Según denuncia esta madre, Nahuel, de tan solo 5 años, ha sufrido acoso escolar en tres centros educativos “tanto de compañeros de clase como del propio personal de uno de los centros educativos en el que ha estado escolarizado, como la Jefa de Estudios”, tal y como señala su madre. “Mi hijo tiene crisis de ansiedad y depresión, asiste al psicólogo con solo 5 años, todo por la violencia que ha sufrido”, expresa Paula Piccaluga en la entrevista que ha mantenido con elDiarioclm.es.

Paula denuncia que su hijo tiene pensamientos suicidas a consecuencia de los traumas que le han ocasionado las experiencias negativas durante los periodos que estuvo matriculado en esos tres colegios de Torrijos, entre septiembre de 2022 y enero de 2025. Asimismo, afirma que su hijo era plenamente consciente de que esa situación. “Tú le preguntas, ¿por qué no le has contado a la maestra lo que te han hecho? Y él te responde: ¿para qué, si no van a hacer nada? Es que él ya da por hecho que nadie lo va a ayudar”.

En el mes de marzo de 2025 un informe médico revelaba que Nahuel sufre Trastorno del Espectro Autista y Trastorno de Déficit de Atención e Hiperactividad (TDHA). “Mi hijo es como una persona de ochenta años, pero en el cuerpo de un nene. O sea, tiene una capacidad, una rapidez mental y es como si hablaras con un adulto a veces. Sin embargo, toda esta situación traumática que ha sufrido le ha retrasado su aprendizaje”.

“Sin colegio desde enero”

Esta situación ha llevado a los progenitores a solicitar la escolarización de Nahuel en Rielves, una localidad a escasos kilómetros de Torrijos, ya que “está sin colegio desde el pasado mes de enero”. “El objetivo por encima de todo es que el niño esté escolarizado, necesita tener rutinas, la excepción estaría justificada de sobra”, ha afirmado Piccaluga, que añade que desde la sanidad pública le han facilitado tratamiento en Atención Temprana.

De los tres centros, según Piccaluga, en el primero se argumentó el cambio a otro colegio por razones de acoso escolar sin apertura de protocolo; en el segundo sí se abrió de manera oficial un protocolo, pero no se acreditó dicho acoso, y la familia lo denunció ante el juzgado y en el tercer centro se volvió a denunciar por parte de la familia “con un parte de lesiones”.

La madre de Nahuel lamenta que la Consejería de Educación no apruebe este cambio de centro al municipio de Rielves, al no “cumplir con los criterios principales de empadronamiento y lugar de trabajo”, por lo que ruega que se haga una excepción basándose en el diagnóstico de su hijo y su experiencia negativa en los tres centros torrijeños.

Educación sostiene que los informes indican que “el acoso no se ha producido”

Fuentes de la Consejería de Educación señalan a elDiario.es Castilla-La Mancha que “los informes técnicos de dichos centros y del servicio de inspección, indican que dicho acoso no se ha producido en ninguno de ellos”.

También esgrimen que “el traslado de localidad para escolarizar a un niño en periodo extraordinario, es decir durante el curso escolar, obedece a una normativa que recoge que se autoriza si se produce traslado de domicilio o acoso escolar. Ninguno de estos supuestos se dan en este caso. Para el próximo curso la madre ha solicitado traslado en periodo ordinario, que se le concederá, puesto que la localidad de Rielves tiene un solo centro educativo”.

Ante eso, Paula Piccaluga responde que “se está vulnerando el derecho a la escolarización de mi hijo, pero ellos dicen que no, porque el niño tiene una plaza en Torrijos y que en ese colegio él era muy feliz. ¿Tú te crees que un niño muy feliz va a tener un parte de lesiones y a decirle a su psicóloga que no quiere volver a ese colegio?”.

Mantiene su intención de concentrarse ante la sede de la consejería el 20 de mayo. “No lo hago solo por mi hijo, lo hago porque esta situación cambie para todos. No quiero que cuando sea adolescente se suicide”, explica Paula con desconsuelo.

La concentración está autorizada por el momento por parte de la Subdelegación del Gobierno -con el permiso pertinente- y de ella tiene constancia de la misma la Consejería de Educación, tal y como han expresado a Europa Press fuentes del Gobierno regional.

El Consejo Escolar Municipal: “Las acusaciones carecen de fundamento”

Desde el Consejo Escolar Municipal, en el que han participado la dirección de todos los centros educativos de Torrijos, junta de personal docente, AMPA Villa de Torrijos, AMPA colegio Santísimo Cristo de la Sangre, AMPA Lazarillo de Tormes, servicios sociales de Torrijos y los tres grupos municipales en el ayuntamiento, PP, PSOE y Vox se ha emitido un comunicado de apoyo “claro y contundente” a los centros educativos CEIP Villa de Torrijos, CEIP Lazarillo de Tormes y Colegio Santísimo Cristo de la Sangre, tras las acusaciones vertidas recientemente por una familia a través de redes sociales y algunos medios de comunicación, “en las que se les atribuyen graves casos de acoso y violencia escolar”.

“Desde dicho Consejo, y con el respaldo expreso de la Inspección Educativa, la Delegación Provincial de Educación y la propia Consejería de Educación, queremos dejar constancia de que no se ha encontrado evidencia alguna que respalde dichas afirmaciones, las cuales no han sido contrastadas por los canales oficiales pertinentes”.

En el mismo comunicado, que se emite más de una semana después de que la familia difundiera su denuncia, se explica que “los centros educativos de Torrijos, trabajan cada día con profesionalidad, rigor y compromiso por garantizar entornos seguros, inclusivos y respetuosos para todo el alumnado” y que “las situaciones de convivencia escolar se abordan conforme a los protocolos establecidos por la normativa vigente, y se actúa siempre con la máxima seriedad y responsabilidad”.

También declaran lamentar “profundamente” la difusión de mensajes emitidos a través de distintos medios de comunicación y redes sociales como Facebook e Instagram. Temen que “puedan dañar la imagen de nuestras instituciones educativas y generar alarma social injustificada” y reiteran que “las acusaciones difundidas carecen de fundamento y que los mecanismos de prevención, detección y actuación frente al acoso escolar están activos y funcionando correctamente en los tres centros”.

Desde el Consejo Escolar Municipal, reafirman su “confianza plena” en el trabajo de los equipos directivos, el profesorado y los profesionales de la educación del municipio. También piden a la ciudadanía “responsabilidad a la hora de compartir información que pueda afectar a menores, familias y profesionales sin contar con verificación oficial”.

El sindicato USTEA ha enviado una solicitud formal a la Delegación Territorial de Desarrollo Educativo y Formación Profesional de Sevilla tras conocer, a través de una noticia publicada por SevillaelDiario.es, que el eurodiputado de extrema derecha Alvise Pérez impartió una charla en el colegio concertado Buen Pastor. El acto tuvo lugar el pasado martes 9 de abril y, según la información recogida por este medio, fue dirigido al alumnado de Bachillerato en el marco de un “ciclo de conferencias internas” organizado por el propio centro.

Por su parte, el sindicato CGT también ha mostrado su rechazo a la presencia de Pérez en un centro educativo, “no por su ideología”, aseguran, sino por su “trayectoria judicial” y “actitudes antidemocráticas”. Pérez, de hecho, ha sido condenado por difamación y ha sido sancionado por el Parlamento Europeo por falta de transparencia, entre otros asuntos, y este viernes ha trascendido que el Tribunal Supremo le investigará por financiación ilegal tras recibir 100.000 euros de un empresario.

En el escrito dirigido al delegado territorial, Miguel Ángel Arauz, USTEA pide aclaraciones sobre si el centro notificó debidamente esta visita institucional, tal y como establece una instrucción interna emitida por la Consejería de Desarrollo Educativo en enero de 2023. En ella se recoge que cualquier visita de una personalidad pública o entidad ajena debe ser comunicada con al menos siete días de antelación. El sindicato pregunta si esta norma se aplica también a los centros concertados y, en ese caso, si el Buen Pastor la cumplió.

Además, exige acceso a los documentos que justifiquen esta actividad: actas del consejo escolar, plan de centro, justificación pedagógica, horario en el que se impartió y el alumnado convocado. Todo ello, subrayan, como una “medida de transparencia mínima para actividades que se desarrollan en centros financiados con fondos públicos”.

“Nos ha sorprendido mucho enterarnos por la prensa. Nos preguntamos si se está aplicando el mismo nivel de vigilancia que se exige a los centros públicos”, señala el sindicato. En caso de no recibir respuesta tras la Semana Santa, USTEA ha anunciado que acudirá en persona a la Delegación para obtener una contestación.

El colegio Buen Pastor, contactado por este medio, ya declaró que se trata de actividades “estrictamente internas” con la participación de “políticos de todos los partidos”, sin detallar a quiénes han invitado ni en qué fechas. La última persona conocida que participó fue la exdiputada del PP Teresa Jiménez-Becerril, el 5 de marzo. Desde la publicación de esa primera información sobre la charla de Alvise Pérez, el centro no ha querido añadir nada a las ya escuetas declaraciones que proporcionó.

“Un nivel de autonomía excesivo para estar sostenidos con dinero público”

El sindicato CGT también ha mostrado su rechazo a la presencia de Pérez en un centro educativo, “no por su ideología”, aseguran, sino por su “trayectoria judicial” y “actitudes antidemocráticas”. Pérez, de hecho, ha sido condenado por difamación y ha sido sancionado por el Parlamento Europeo por falta de transparencia, entre otros asuntos, y este viernes ha trascendido que el Tribunal Supremo le investigará por financiación ilegal tras recibir 100.000 euros de un empresario.

“La excusa de que se invita a políticos de todos los partidos no sirve. Lo grave no es la ideología de Alvise Pérez, que eso queda al juicio de cada uno. Lo grave es que este señor tenga causas judiciales abiertas: no es un referente para los niños”, apuntan desde CGT.

También denuncian que los centros concertados funcionan con un “nivel de autonomía excesivo” pese a estar “sostenidos con dinero público”. “En los centros públicos se fiscaliza hasta el último papel, pero los concertados hacen y deshacen sin control”, señalan. Para CGT, la invitación a Pérez “responde a una decisión intencionada del centro” y pone en evidencia “la falta de mecanismos de supervisión por parte de la administración”.

La Junta se desmarca y Alvise Pérez responde

Desde la Consejería de Desarrollo Educativo insisten en que los centros concertados, aunque reciben financiación pública, “son de gestión privada y organizan sus propias actividades”. Solo actuarían, explican, “si se presentase una denuncia por alguna infracción normativa, o si se obligara a ir al alumnado”. En este caso, aseguran que no habían recibido ninguna queja oficial y que no tienen previsto intervenir. La Delegación Territorial de Sevilla, a la que USTEA dirigió su solicitud de información, no ha contestado ni a las llamadas ni a los mensajes enviados por este medio antes y después de la primera noticia publicada.

Alvise Pérez, por su parte, respondió públicamente a la noticia de SevillaelDiario.es a través de un vídeo publicado en su cuenta de X. En él, defiende su participación en este tipo de charlas y lanza una crítica directa a quienes cuestionan su presencia en los centros educativos. Dice Pérez que los medios de comunicación están “literalmente escandalizados” porque él haya ido a “hablarles a los jóvenes” de que deben tener “pensamiento crítico” y que “no se crean todo lo que dicen los medios”. “Quieren callarnos, quieren taparnos la boca”, añade el eurodiputado, y finaliza diciendo que, “para que se acabe la fiesta de toda esta panda de parásitos, criminales y gente sin ningún tipo de moral, vamos a seguir dando la batalla”.

El eurodiputado Luis 'Alvise' Pérez, con una amplia lista de causas judiciales abiertas, impartirá en la tarde de este miércoles una charla en el colegio Buen Pastor de Sevilla, un centro concertado que recibe financiación pública. La conferencia versará sobre 'cómo generar impacto' y se dirige al alumnado de Bachillerato (privado) pero, según las fuentes consultadas, para este tipo de eventos el colegio suele reunir en el salón de actos a todos los alumnos, de ESO y Bachillerato. El centro se ha mantenido muy estricto con la promoción que se le ha dado al acto, que solo se ha anunciado de manera interna, sin avisos ni en redes sociales ni en la web escolar.

Desde el colegio han declinado hacer declaraciones más allá de señalar que se trata de “un ciclo de conferencias estrictamente internas”, a las que “se ha invitado a políticos de todos los partidos”. Este periódico ha consultado al centro a qué otros políticos han invitado y quiénes han participado de este ciclo de conferencias, pero no ha obtenido respuesta.

Dentro de las escuetas especificaciones sobre el criterio de selección de los ponentes para ese “ciclo de conferencias” que señala el colegio, lo único que el centro ha especificado a SevillaelDiario.es es que tiene que tratarse de “políticos relacionados con Sevilla”. La última en participar en una charla similar fue, efectivamente, una sevillana: Teresa Jiménez Becerril, exdiputada del PP en el Congreso y el Parlamento Europeo, el pasado 5 de marzo.

Alvise Pérez, también sevillano, es conocido por su actitud antidemocrática y la propagación de bulos. Uno de los episodios más significativos relacionados con Sevilla ocurrió en octubre de 2023, cuando el joven Álvaro Prieto falleció en un accidente en la estación de tren de Santa Justa. Pérez difundió entonces, a través de su canal de Telegram, una versión sin contrastar de los hechos, afirmando que el joven habría tenido una pelea con “un grupo de gitanos” que supuestamente lo habrían empujado entre dos vagones.

Esa información fue desmentida por las autoridades y por la investigación judicial, que determinó que Prieto murió tras intentar subir a un tren en movimiento. A pesar de ello, el mensaje de Pérez circuló ampliamente y generó una oleada de mensajes de odio hacia la comunidad gitana. La jueza encargada del caso remitió las actuaciones al Tribunal Supremo, al tratarse Pérez de un aforado, solicitando que se investigue si incitó al odio y si cometió un delito de desinformación dolosa.

Causas judiciales pendientes

También ese año, la Audiencia de Sevilla reabrió una causa por la difusión de una imagen de una de las hijas del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. La fotografía, tomada sin consentimiento, fue publicada en su canal de Telegram junto a comentarios sobre el país en el que residía la menor. Esta acción fue denunciada por la Fiscalía como una posible revelación de secretos, en lo que muchos interpretaron como un intento de señalar al entorno familiar del presidente con fines políticos.

A estos episodios se suman otras investigaciones abiertas contra Pérez por presuntos delitos de financiación ilegal durante la campaña de las europeas, en la que recibió 100.000 euros en efectivo de un empresario vinculado al mundo de las criptomonedas. La Fiscalía sospecha que estos fondos se usaron sin el control del Tribunal de Cuentas y ha pedido al Supremo que impute al eurodiputado. Además, ha sido condenado a indemnizar al exministro José Luis Ábalos con 60.000 euros por daños morales tras difundir una falsa información sobre él.

Recientemente, la figura de Alvise Pérez ha adquirido nuevas dimensiones tras las declaraciones de Isabel Peralta, activista neonazi procesada por incitación al odio. Durante el juicio por una manifestación no autorizada frente a la embajada de Marruecos en Madrid, Peralta señaló que acudió al acto convocada tras ver una publicación del propio Pérez. En esa manifestación, se lanzaron proclamas como “muerte al invasor” y se arengó contra la población migrante. Aunque Peralta trató de justificar sus palabras como “una coletilla”, la Fiscalía solicita para ella una condena de tres años y medio de prisión.

Además de las mencionadas, Pérez enfrenta múltiples causas judiciales pendientes en el Tribunal Supremo. Entre ellas, se encuentra una investigación por desórdenes públicos durante las protestas frente a la sede del PSOE en Madrid en noviembre de 2023. El Juzgado de Instrucción número 13 de Madrid ha remitido una exposición razonada al Supremo para que investigue su presunta implicación en estos hechos.

A esta acumulación de procesos judiciales se ha sumado una sanción del Parlamento Europeo, que ha suspendido a Alvise Pérez del cobro de dietas durante dos días por no declarar sus ingresos anteriores a la toma de posesión de su escaño. Esta medida, equivalente a 700 euros, se enmarca dentro de los mecanismos de transparencia exigidos por la Eurocámara a todos sus miembros.