Mariano, sin cocina y al borde de la tragedia por la dejadez de una orden religiosa: “Es una treta para que me vaya”
Un estruendo sorprendió a Mariano Ordaz mientras dormitaba en el salón de su casa. Eran las 7.15 de la mañana del sábado 8 de noviembre cuando el techo de la cocina, carcomido por las humedades, se vino abajo. La estancia ha quedado inutilizable desde entonces, con la excepción de la nevera. La encimera, el fregadero o la propia cocina cedieron ante la caída de unos escombros ahora agolpados en una esquina. Mes y medio después, pilotes colocados por los bomberos evitan el colapso de la estructura y la apuntalan. Estos elementos también ocupan la mitad del baño, incluida la ducha, para reforzar la estabilidad. Mariano hace algunas elaboraciones con un hornillo o busca lugares baratos para comer. Se ducha en casas de amigos, la de su vecina o en el gimnasio de un centro social. No sabe si su vivienda regresará algún día a la normalidad. La propiedad solo se pliega a acometer las obras necesarias si él la abandona.
A sus 67 años, tiempo en el que solo ha conocido esta casa donde nació cuando ya vivían en ella su abuela y sus padres, se enfrenta a una encrucijada compleja. Debe elegir entre su propia seguridad o su más que probable desahucio si abandona este piso del número 1 de la calle Carnero de Madrid (en el céntrico barrio de Embajadores) para que los dueños ejecuten los trabajos.
Mariano estuvo a punto de ser desalojado (llegó a recibir una orden) ya en 2022, después de acumular impagos. No hubo caridad por parte de su casero, la milenaria Venerable Orden Tercera de San Francisco, llamada popularmente VOT y conocida más recientemente como Orden Franciscana Seglar (OFS). Finalmente, el lanzamiento lo evitaron la movilización del Sindicato de Inquilinas y el freno judicial amparado en el decreto del Gobierno para la paralización de los desahucios a quienes acrediten vulnerabilidad.
Mariano se dedicaba a la hostelería y se quedó sin empleo en la pandemia. Después solo pudo acumular contratos menores en el Hospital Gregorio Marañón, además de cobrar una paga que no llegaba a los 500 euros. Ya jubilado, le quedan algo más de 1.000. Por ello quiere renegociar su deuda y su alquiler con la orden religiosa, ahora que puede afrontarlos. A cambio, pide que los trabajos se hagan con él en el interior o marcharse provisionalmente después de firmar un acuerdo que acredite que, una vez acabada la rehabilitación, volverá a su hogar. La propiedad, que desde la caída del techo solo ha mandado un técnico que instó a colocar pilotes también en el baño (los de la cocina los pusieron los bomberos), rechaza sus peticiones e incluso una reunión. “Es una treta para que me vaya”, dice Mariano sobre las instancias que ha recibido para dejar la vivienda debido a la obra. Está convencido de que, si se marcha, no podrá volver.
Mientras enseña “un fregadero hecho paté”, Mariano cuenta que después de la muerte de su madre la orden religiosa amplió dos años el contrato de renta antigua. Sin embargo, como las prórrogas que protege la ley ya se habían cumplido, la orden franciscana comenzó con aumentos muy acusados justo cuando su situación laboral se complicó. “He estado pagando religiosamente hasta 2022. Luego empecé a dar lo que podía. Pero no soy un okupa, llevo aquí 67 años”. Sostiene que actualmente se podría “arreglar” con 500 euros mensuales de alquiler, pero la VOT le exige el pago de unos 15.000 euros en concepto de deuda y un alquiler de 800. “Tengo que comer y vivir”, recuerda.
Mariano tacha su situación de “inadmisible”. Además de la precaria situación en su cocina y su baño, de la tragedia que no se produjo por un puñado de metros y de unas vigas que según varios técnicos “están muy mal”, las humedades se han propagado por una de las habitaciones y por el falso techo del salón. “La Iglesia me dijo que menos mal que no había pasado y que lo arreglarían. Pero esto fue el 8 de noviembre y aquí sigo. Como desde 2023 no tengo contrato, se amparan en eso para no arreglar nada”, critica. La dejadez, sin embargo, se extiende por todo el bloque: “La finca está hecha una pena y hay muchos vecinos con problemas de humedad. Aquí se paga la comunidad solo para que venga una persona a limpiar un rato los lunes por la mañana”.
La VOT es propietaria de varias fincas y edificios en el centro de Madrid, así como de centenares en la ciudad y el país. La mayoría de ellas están alquiladas, sea para vivienda o para un uso comercial de gran implantación en la colindante Ribera de Curtidores, corazón del mercado callejero de El Rastro y con numerosos negocios dedicados a la artesanía o al comercio de proximidad.
Desde la orden franciscana defienden en su web la labor y filosofía que les define: “Somos hombres y mujeres que desde nuestra familia vivimos en el mundo intentando construir una sociedad más humana y cristiana. Queremos estar presentes en el mundo: construyendo un mundo más fraterno, luchando por la Justicia, trabajando por la Ecología, colaborando en proyectos misioneros, queriendo ser puente entre el tercer y primer mundo, siendo instrumentos de Paz e intentando llevar al mundo Esperanza y Alegría. Es decir, ser revolucionarios del Amor de Cristo y vivir las Bienaventuranzas”. Por parte de la entidad no responden por el momento a las preguntas de Somos Madrid sobre este caso.
Mariano, “abrumado” a la espera de una nueva resolución judicial
La vida de Mariano es modesta, no precisa de grandes lujos. De hecho carece de Internet o de móvil inteligente, tiene uno que apenas utiliza para llamar o recibir llamadas. “No tengo WhatsApp”, comenta. Su caso ha trascendido gracias a la colaboración y el empuje del Sindicato de Inquilinas de Madrid. Una de sus integrantes, Carolina Vilariño, denuncia la “falta de consideración de la orden, que ni siquiera ofrece una alternativa habitacional”.
“Mariano les propuso que aceptaba un realojamiento temporal, en una residencia incluso, siempre y cuando sea únicamente mientras se ejecuten obras mínimas. Pero en la orden sostienen que no tienen responsabilidad porque el contrato no está vigente”, expone. La entidad religiosa ha enviado un escrito al juzgado para efectuar la reforma de la vivienda, en el que detalla que Mariano debe dejarla por riesgo estructural y sugiere además que no tiene derecho a regresar al no haber contrato vigente. “El juzgado tendrá que pronunciarse. No sabemos qué decidirá”, apunta Vilariño.
Mariano les propuso que aceptaba una alternativa temporal, en una residencia incluso, siempre y cuando sea únicamente mientras se ejecuten obras mínimas. Pero en la orden sostienen que no tienen responsabilidad porque el contrato no está vigente
Pese a la entereza que el inquilino demuestra durante la visita de este periódico a su domicilio, Carolina Vilariño aborda la afectación que esta situación genera a un nivel emocional: “Mariano nos traslada que está cada vez más desorientado y abrumado. Le cuesta afrontar el día a día por su nivel de estrés y nerviosismo. No es amable estar en esa vivienda, con vigas y pilotes dentro de casa y el miedo a que se desplome todo. El arquitecto de la VOT dice que no hay riesgo de colapso en principio, pero las vigas estructurales están muy dañadas”.
Vilariño subraya que “es la casa en la que ha vivido toda su vida” y que “en el barrio le conoce todo el mundo”. Muchos vecinos le preguntan por su situación y él hace lo propio con los problemas de humedades o filtraciones de agua en otras viviendas. “A la del cuarto se le vino abajo parte del techo de la finca”, denuncia. Coyunturas que no alcanzan la gravedad de su caso, pero dan cuenta de la falta de implicación de la orden franciscana. Ante ella, responden con solidaridad vecinal y ciudadana. Una empatía que explica quizá la primera reacción de Mariano cuando colapsó el techo de su cocina: “Me asomé al patio interior porque pensaba que el ruido venía de fuera”. Incluso con la precariedad de su casa, el impulso inicial fue pensar que quien necesitaba ayuda era alguien al otro lado de la pared. Una auténtica muestra de fraternidad.
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