El Ayuntamiento de Madrid defiende que la Casa de Alba pueda expulsar a decenas de inquilinos: “Es un derecho fundamental”

El delegado de Urbanismo del Ayuntamiento de Madrid, Borja Carabante, elevó este martes la “propiedad privada” a rango de “derecho fundamental” para justificar las expulsiones de decenas de inquilinos en las que desde hace meses trabaja la Casa de Alba en varios edificios que posee la familia en Malasaña.

“Yo no les puedo coartar en su ejercicio de la libertad, en el ejercicio de la propiedad privada, porque es un derecho fundamental”, defendió en concejal durante una entrevista en la Cadena Ser. La Constitución Española, sin embargo, no recoge la propiedad privada como derecho fundamental, ya que la deja fuera de su título I, donde se encuadran otros derechos como la igualdad o la libertad de expresión, inherentes a la dignidad humana y -estos sí- protegidos con el máximo rango jurídico.

Carabante respondía a una pregunta sobre qué le parecía este conflicto entre el duque de Alba y las decenas de vecinos a los que quiere echar y si pudieran dedicarlo a pisos turísticos. Su contestación defendía que hicieran lo que quisieran si era legal: “Si la ley se ampara a que ese edificio lo puedan tener a través de la vivienda, a través de la oficina, a través de pisos turísticos, les tengo que dar esa posibilidad”.

Actualmente varios de los seis edificios que el duque de Alba quiere expulsar a los inquilinos para hacer obras de remodelación pueden transformarse en bloques de pisos turísticos de forma permanente y otros lo pueden hacer durante 15 años, gracias al Plan Reside que el Gobierno de Almeida aprobó el pasado mes de septiembre. Esta posibilidad legal salió del área de dirige Borja Carabante.

De momento, la salida de los inquilinos aún no se ha concretado y los planes de la Casa de Alba tienen dificultades especialmente con los de renta antigua, que poseen contratos vitalicios y estos, de momento, se niegan a marcharse.

Carabante defendió en su entrevista que “lo que tengo que dar esa oportunidad para que aquellos vecinos que van a ser desalojados de sus viviendas tengan una oportunidad en el mercado libre”, o también “en la vivienda protegida si son colectivos vulnerables”, añadió. El precio de la vivienda libre en la capital está actualmente en máximos históricos, después de subir más del 10% en el último año.

El delegado de Urbanismo echó la culpa de estas subidas a la Ley de Vivienda estatal, aunque la Comunidad de Madrid no utiliza su principal herramienta, la de limitar los precios máximos de alquileres, que está llevando a contener precios en lugares donde se ha implementado, como Barcelona o Navarra. Carabante aseguró que una medida así también restringe la oferta general de vivienda en alquiler.