Ayuso utiliza una ley contra la falta de vivienda para limar dudas legales sobre la Fórmula 1 al desproteger vías pecuarias

El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso ha encontrado un subterfugio legal para intentar despejar uno de los aspectos más controvertidos del próximo Gran Premio de Fórmula 1 en Madrid, que llegará al entorno de Ifema en septiembre. Un leve pero sustancial cambio terminológico busca eliminar la obligación de establecer como suelo no urbanizable las vías pecuarias, caminos históricos para el ganado que atraviesan la geografía española. Uno de ellos, la Vereda de los Leñeros, ha sido modificado por discurrir por el trazado previsto para el Madring, el circuito de carreras planificado por el Ayuntamiento. La oposición lo denunció por considerarlo ilegal y ahora este cambio del Ejecutivo regional puede validarlo.

La Comunidad de Madrid introduce el cambio legal en el anteproyecto de Ley de medidas urgentes para el incremento de la oferta de vivienda con protección pública, una norma que sobre el papel y según el Ejecutivo autonómico busca facilitar la construcción de hogares para atajar la crisis habitacional. El artículo quinto de este nuevo texto legal, todavía en fase de información pública, modifica el artículo 25 de la Ley 8/1998, de 15 de junio, de Vías Pecuarias de la Comunidad de Madrid. La redacción anterior establecía que los instrumentos de planeamiento “calificarán como suelo no urbanizable protegido las vías pecuarias”. La nueva formulación sustituye esta obligación por una expresión más difusa: “Los instrumentos de ordenación territorial y planeamiento urbanístico contemplarán como suelo no urbanizable protegido las vías pecuarias”.

En la práctica, el paso del término “calificarán” a “contemplarán” elimina el carácter preceptivo de este punto y reduce, por tanto, la protección ambiental de las vías pecuarias, rutas tradicionales para el tránsito del ganado. Se trata de caminos surgidos para la trashumancia que la ley trata de conservar por su valor histórico y ecológico o por sus múltiples usos sociales y medioambientales: senderismo, ecoturismo, conexión de sistemas y parajes naturales...

La modificación normativa que la Comunidad de Madrid plantea en el anteproyecto ha sido detectada por la Plataforma Ecologista Madrileña. Una de sus portavoces, María Ángeles Nieto, explica las implicaciones en conversación con Somos Madrid: “El verbo contemplar carece de significado jurídico preciso en materia urbanística, especialmente en relación con la clasificación del suelo. No implica obligación, no determina efectos jurídicos claros y no garantiza la adscripción efectiva de las vías pecuarias a una clase de suelo protegida”.

Es uno de los aspectos jurídicos más controvertidos

La cuestión de las vías pecuarias es esencial ya que es uno de los aspectos jurídicos más criticados sobre el plan especial que el Ayuntamiento de Madrid elaboró para aumentar la edificabilidad en Ifema y, con ello, permitir la construcción del circuito y los pabellones. Ese proyecto desvió la Vereda de Los Leñeros, una vía pecuaria de unos 1.500 metros de longitud y casi 21 de ancho situada en el entorno del recinto ferial.

El plan especial cambió su recorrido y la equiparó con una zona verde, las cuales sí son urbanizables, a diferencia de las vías pecuarias. Como el Consistorio no puede eliminar este tipo de caminos y sin hacerlo carecía de espacio para dotar al entorno de los espacios naturales exigidos por ley, optó por camuflar la vía pecuaria como una zona verde. El marco legal vigente no permite esta actuación, de ahí que sea una de las principales motivaciones de la Plataforma Ecologista Madrileña en su recurso al Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), donde piden detener las obras por irregularidades en el plan especial.

Según Nieto, el cambio del marco legislativo por parte del equipo de Ayuso pretende revertir la “chapuza” del Ayuntamiento que lidera José Luis Martínez-Almeida, en particular del área de Urbanismo, con el concejal Borja Carabante al frente. El objetivo es que a partir de ahora no sea obligatorio clasificar como no urbanizable el suelo por el que discurren las vías pecuarias, de forma que puedan ser catalogadas como zonas verdes. Con ello, intentan desactivar uno de los aspectos más “flagrantemente irregulares” en torno al futuro circuito y evitar la posible paralización judicial de su desarrollo.

La controversia se remonta a la tramitación exprés que llevó a cabo el Ayuntamiento de Madrid y que Cibeles aprobó en febrero de 2025, en tiempo récord para cumplir con los exigentes plazos que requiere erigir un circuito en unos pocos meses. El plan especial validado por Urbanismo recoge un cambio de trazado para la Vereda de los Leñeros que levantó desde un principio las suspicacias de la oposición. En la práctica, esta se solapa ahora con una zona verde que discurre entre Ifema, el parque Juan Carlos I y la M-40, algo difícilmente sostenible desde un punto de vista legal dada la distinta calificación urbanística de ambos tipos de suelo.

Según el portavoz socialista en la Comisión de Urbanismo, Antonio Giraldo, el departamento de Carabante se vio obligado a tomar esa decisión por las insuficientes dimensiones del entorno para cumplir con las diferentes exigencias legales: “No hay espacio suficiente dentro de todo el ámbito para que quepa a la vez la vía pecuaria, las zonas verdes que ya existen y una pista de carreras de F1”, aseguraba Giraldo en un hilo de X donde ya advertía de que el Ayuntamiento no podía desviar la Vereda de los Leñeros como proponía, ya que la está colocando sobre una superficie verde municipal, cuyos metros cuadrados no puede reducir en este ámbito: “O se ventilan una vía pecuaria (ilegal) o reducen la superficie de zonas verdes municipales (ilegal). Pero las dos cosas a la vez no se puede”.

“Llaman a la vía pecuaria zona verde singular, en una asimilación de esta como zona verde que no se sostiene según la normativa. La razón es que si la clasificaran como no urbanizable no podrían declararla zona verde y perderían 21.330 metros cuadrados de zona verde, así que no tendrían suficiente”, profundiza Nieto. “Lo hicieron tan rápido que no buscaron alternativas, y si cumplieran con la ley de vías pecuarias perderían ese espacio y no podrían aprobar el plan especial. No han solucionado urbanísticamente la situación y es una ilegalidad tremenda. Como han vulnerado flagrantemente la ley, que es lo que denunciamos en nuestro recurso al TSJM, lo que se les ocurre es cambiarla a su antojo. Es lo que hacen siempre que tienen un problema”, apostilla.

Fuentes de la Consejería de Medio Ambiente aseguran a este periódico que la modificación del artículo 25 de la Ley de Vías Pecuarias “no cambia la redacción original en cuanto a la clasificación”, sino “el momento en el que se emite el informe en el instrumento de planeamiento”. “Antes era previo a la aprobación inicial y ahora es posterior”, añaden las mismas fuentes. Es decir, la modificación desplaza la emisión del informe del órgano competente en materia de vías pecuarias a un momento posterior a la aprobación inicial del planeamiento, cuando en la regulación vigente se exige su emisión previa y con carácter vinculante.

“Este retraso ya supone una pérdida de eficacia del control sectorial, pero lo más grave es la previsión de que el informe se entienda favorable si no se emite en el plazo de tres meses. Esto reduce las garantías procedimentales al introducir un silencio administrativo positivo que es manifiestamente improcedente”, alerta Nieto. La ecologista rechaza en cualquier caso que las actualizaciones se limiten al procedimiento e incide en las consecuencias del cambio terminológico que introduce el nuevo anteproyecto, disponible para su consulta en este enlace. Considera que, al sustituir la palabra “calificarán” por “contemplarán”, “desaparece cualquier garantía de protección”.

Amenaza a las vías pecuarias, tesoros patrimoniales y oportunidades ecológicas

“El cambio de un simple término desprotege la red de vías pecuarias, con más de 23.000 hectáreas, solo para salvar el circuito de Fórmula 1. Las vías pecuarias son bienes de las comunidades autónomas, igual que una plaza, tienen un nivel de protección similar a las calles. Que un circuito se cargue la protección de las vías pecuarias es impresionante”, lamenta Nieto en conversación con este diario. “Estamos hartas de que cada ley de vivienda o de equilibrio territorial simplifique controles y elimine obligaciones de los promotores para que puedan destrozar libremente la región”, critica.

Nieto desgrana la importancia patrimonial de este tipo de senderos: “Son caminos ancestrales que tienen su origen en el siglo XVI y que se han venido protegiendo por estar ligadas a una cultura o por estar asociadas a bienes patrimoniales (ventas, castillos, fuentes, iglesias, ermitas...). Son bienes demaniales, que no son solo públicos, sino de la ciudadanía. Un servicio y un patrimonio cultural de la Comunidad de Madrid y de todos sus habitantes”. Con su desaparición “se perdería la historia”, pero a ello hay que sumar “su función de corredor ecológico, ya que en algunos lugares se usan para recuperar caminos no agresivos ni motorizados desde los centros urbanos hasta las afueras”. La ecologista considera esta jugada un “maltrato a una red de caminos deteriorada y que en la ciudad de Madrid solo resiste en su periferia, pero que sigue existiendo y es ancestral, que debe convivir con el desarrollo urbanístico”.

Formada por la Asociación para la Recuperación del Bosque Autóctono (ARBA), la Asociación Ecologista Madrileña, Grupo de Acción para el Medio Ambiente (Grama), Jarama Vivo y Liberum Natura, la Plataforma Ecologista Madrileña ha llevado al Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) tanto el plan especial del Ayuntamiento que permitió aumentar la edificabilidad como la propia licencia de construcción. La Sala Primera de lo Contencioso-Administrativo del TSJM estudia desde mayo este recurso y requirió al Gobierno municipal que remita el expediente administrativo del proyecto. Además de la cuestión sobre la Vereda de los Leñeros, la Plataforma Ecologista añade que los trabajos de construcción en el entorno de Ifema “están destruyendo buena parte de los humedales existentes en la parcela norte, entre la calle de Francisco Umbral y la avenida de Alejandro de la Sota”.

En abril, Más Madrid llevó igualmente el polémico plan especial del equipo de Almeida al TSJM y elevó un recurso contencioso-administrativo. Las motivaciones del partido de Rita Maestre estaban centradas en las “graves deficiencias en el proceso de aprobación” del plan especial, así como en los “significativos impactos negativos” que tendrá sobre la ciudad. En particular, sobre los vecinos de los distritos más afectados por las obras o el funcionamiento del circuito, Barajas y Hortaleza. El juzgado rechazó las cautelares, aunque también fue admitido a trámite y continúa su periplo legal.

Más Madrid solicitó asimismo al TSJM la suspensión cautelar de las obras con otro recurso. Lo reclaman por el importante impacto sonoro asociado al proyecto y por considerar un fraude de ley que el Ayuntamiento de la capital haya tramitado como licencia temporal la de una infraestructura pensada para albergar al menos diez años de carreras, con algunos elementos permanentes aunque otros se desmonten durante varios meses. Un permiso de estas características reduce los requerimientos técnicos y permite agilizar trámites, aunque debe estar debidamente acreditado. De nuevo, el TSJM ha rechazado por el momento las medidas cautelares, pero el recurso del principal partido de la oposición sigue su curso.

El plan de vivienda de Ayuso, su “gran prioridad” que quiso abordar sin ceguera “ni sectarismo”

El anteproyecto que auspicia este cambio sobre las vías pecuarias forma parte del Plan de Choque de Vivienda 2026/2027, que el Ejecutivo de Ayuso anunció a bombo y platillo a finales de 2025 y que la dirigente madrileña alabó con estas palabras: “Esta es una gran prioridad que no queremos abordar desde la ceguera ni el sectarismo, sino con todos los responsables y aquellas personas que dedican sus vidas profesionales a este tema y conocen mejor que nadie dónde están los problemas y dónde podemos ser de utilidad en las administraciones”.

La Plataforma Ecologista Madrileña ha exprimido al máximo el período de alegaciones a la nueva ley de incremento de la vivienda, que concluyó el jueves 29 de enero, ya que desde su punto de vista incluye numerosas medidas que apuntan hacia la desprotección del medio madrileño: “Es alarmante que el Gobierno regional utilice el doloroso problema del acceso a la vivienda para que cada ley sobre ello reduzca controles urbanístico y protección ambiental”. A las alegaciones se han sumado otras organizaciones, como la Plataforma Stop Fórmula 1 Madrid.