Cerca de 60 delegados tinerfeños de Intersindical Canaria en el sector hotelero de la Isla coinciden en que las valoraciones realizadas por la patronal turística sobre las consecuencias para Canarias tras la quiebra del turoperador Thomas cook son “desproporcionadas y tremendamente alarmistas”.

La asamblea de Intersindical Canaria se convocó por la Federación Insular de Hostelería y se desarrolló el viernes pasado en el Centro Cultural de Los Cristianos, con presencia como informadores por parte de la organización de trabajadores de Ignacio González Marrero y Vicente González Mesa. Uno de los puntos relevantes del debate fue la situación que deja en Canarias la bancarrota de Thomas Cook, punto en el que se reconoció el impacto negativo que esta puede producir en el empleo, pero “sin alarmismos”. Además, el sindicato rechaza “las impresentables declaraciones de portavoces de la patronal turística, como, por ejemplo, las realizadas por Juan Molas”, de la organización empresarial CEHAT, con influencia nacional.

La asamblea considera que ahora pueden “existir propuestas racionales para los intereses de los trabajadores y también para la economía canaria tendentes a proteger el empleo, como son la aplicación de ERTE (regulaciones temporales del empleo en algunos centros de trabajo), la estabilización de los puestos fijos de trabajo y la reducción del empleo eventual”.

El sindicato Intersindical Canaria recordó que Canarias “sigue siendo un destino puntero, con más de 14 millones de visitantes extranjeros. Por ello, el descenso o ascenso de las cifras turísticas hay que situarlo en la media de los últimos 15 años. Además, la quiebra de Thomas Cook tiene su origen en los difíciles 2007 y 2008 (justo antes de la crisis económica mundial), aparte de la incidencia actual del Brexit y otros factores no menos importantes”.

Por lo tanto, sostiene el sindicato, lo que procede en estos momentos “es ser menos alarmistas y dar más soluciones vinculadas al empleo desde la patronal, desde las empresas”. “Hay que diferenciar -remarcó la organización- las opiniones interesadas de lo que realmente va a ocurrir con el turismo en las Islas debido a la desaparición de Thomas Cook”.

En la asamblea también se analizó “la deriva de las relaciones laborales en el sector de la hostelería de la provincia tinerfeña”. Intersindical Canaria lamentó que el actual convenio laboral de la provincia (2018-2022) “sigue sin resolver los excesos de la jornada de trabajo, la contratación en precario y las horas impagada”.

Intersindical Canaria (IC) ha denunciado este miércoles que la sanidad en el Archipiélago corre un “grave riesgo de colapso” de aplicarse el nuevo paquete de medidas de control presupuestario, entre las que, según el sindicato, figuran un ahorro en el gasto público de, al menos, un importe de 10 millones de euros.

IC, en un comunicado, ha informado que según han podido confirmar tan solo en el Hospital Universitario de Canarias, el recorte económico asciende a 1.5 millones de euros, medida que se aplicará de cara a la recta final del presente año

Con este paquete de medidas, anunciado el pasado 14 de agosto por el recién estrenado Ejecutivo canario, “se deja en el aire la estabilidad laboral y la calidad en la prestación de un servicio básico y esencial como es el sanitario”.

Para Abel Ramos, delegado de personal de Intersindical Canaria, se trata de un recorte “abusivo” que mermará la calidad de los servicios del HUC ya que “se sigue con la estela marcada por Coalición Canaria en lo que a gestión de recursos sanitarios se refiere”.

Además, ha subrayado esta fuerza sindical, la aplicación de este nuevo recorte confirma que las 17 bajas registradas actualmente en el servicio de limpieza del Hospital Universitario de Canarias no serán cubiertas.

En la misma línea, han precisado, este paquete de medidas afecta directamente al servicio de lavandería al suspender los permisos programados y aprobados en la Comisión de Seguimiento de la misma por lo que se “volverán a ver los carros de ropa de lencería acumulados en los accesos del recinto”, puntualiza Ramos.

Intersindical ha agregado que según la información que manejan, los recortes se irán haciendo extensibles al resto de las categorías laborales, excepto a los mandos intermedios cuya situación no queda clara todavía por lo que es un nuevo castigo a los trabajadores del HUC, cuya situación laboral continúa en el aire después la aprobación de las nuevas listas de contratación.

En este sentido, Ramos ha considerado que el conflicto iniciado durante la campaña electoral, que sigue sin respuesta por parte del PSOE, a pesar de adquirir el compromiso de solucionarlo nada más llegar al Gobierno es “un palo más para una plantilla que viene sufriendo un claro desmantelamiento por parte del Gobierno anterior y que parece seguir en marcha a pesar del cambio de color político”.

Intersindical Canaria (IC) ha afirmado este viernes que la escasa dotación de personal en Correos provoca retrasos de hasta cuatro meses el reparto de correspondencia en el sur de Tenerife. La organización sindical ha señalado en un comunicado que esta situación resulta “extremadamente preocupante” especialmente en las Unidades de Distribución de Arona y Playa de las Américas. 

Así, este año se han producido retrasos de hasta cuatro meses en el reparto de correspondencia y paquetería. El sindicato afirma que esta situación se evidencia en la concentración de carros de correspondencia en las dependencias postales que no ha podido ser entregadas a sus destinatarios por las carencias de personal que continúa acusando esta Unidad de Distribución Postal. 

Esta anómala situación se extiende en mayor o menor medida al conjunto de centros de trabajo de la provincia de Santa Cruz de Tenerife, según Intersindical. 

Junto a los graves perjuicios ocasionados a los destinatarios de estos envíos postales, “preocupa también la situación que se crea a los trabajadores de este servicio público al verse sometidos a la presión y al estrés de unas cargas de trabajo inasumibles”.

Además, el comunicado indica que la representación de Intersindical Canaria se dirigió el pasado 25 de junio a la Dirección Territorial de Correos para advertirle de la situación creada y la cuantificación de la correspondencia no entregada para solicitarse con prontitud una mayor dotación de personal, sin que hasta la fecha el escrito ni la solicitud planteada haya tenido respuesta por la Dirección Territorial del servicio postal. El sindicato anuncia que formalizará una denuncia a la autoridad laboral. 

Intersindical Canaria (IC) se ha erigido este miércoles en el sindicato con mayor representación en la Administración de Justicia del Archipiélago tras la celebración de elecciones. IC se ha hecho con 14 de los 46 delegados, siete por cada provincia.

En Las Palmas de Gran Canaria, donde se elegía a 23 representantes, la segunda central más votada ha sido el Sindicato de Trabajadores de la Administración de Justicia (STAJ), que ha obtenido seis delegados, seguido de la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), con 4, y la Unión General de Trabajadores (UGT) y Comisiones de Bases (Cobas), con 3 cada uno.

En Santa Cruz de Tenerife, IC ha obtenido el mismo número de representantes (7) que UGT. Por detrás han quedado CSIF (4), CCOO (2), STAJ (2) y Cobas (1).

La asamblea de trabajadores del Hospital Universitario de Canarias (HUC) acordó este martes convocar una huelga en ese centro de atención sanitaria especializada ante la “situación de discriminación que sufren por parte del Servicio Canario de la Salud (SCS) y el grave peligro que corren 3.600 trabajadores del hospital, que pueden incluso perder su empleo” debido a la actualización de los listados de contratación en el conjunto del SCS. La huelga solo tiene el respaldo, por ahora, del sindicato de corte nacionalista.

La convocatoria, que fue un rotundo éxito y tuvo asistencia masiva, también acordó declarar “personas non gratas en el Hospital Universitario de Canarias al presidente del Gobierno regional, Fernando Clavijo; al consejero de Sanidad, José Manuel Baltar, y al director del Servicio Canario de la Salud, Conrado Domínguez, por su discriminación y manifiesta intención de acabar con los listados de contratación y reserva del HUC”.

La delegada de Intersindical Canaria (IC), Cati Darias, recalcó que “se mantiene una situación de discriminación hacia el HUC por parte del SCS; es decir, que dentro del conjunto del sistema es el único centro que no va a ofertar contratación competitiva para poder fidelizar a sus profesionales”.

Por este motivo, el colectivo de trabajadores acordó presentar “un preaviso de huelga, entre otras acciones reivindicativas” que se darán a conocer en una rueda de prensa (este miércoles). En esa cita informativa se “trasladará a la opinión pública la grave situación en el HUC y las medidas que llevarán a cabo” por parte del sindicato.

El Defensor del Pueblo admite a trámite a una queja presentada por la Sección de Justicia de Intersindical Canaria contra el Comisionado de Transparencia del Gobierno de Canarias por la falta de respuesta a varias peticiones de acceso a información pública de Canarias dentro de los plazos de que dispone el demandante para resolver, de acuerdo con las normas vigentes.

Las solicitudes han sido dirigidas principalmente para solicitar información ante la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia, que previamente, según denuncia Intersindical, había denegado la información o no había dado respuesta, llevando en algunos casos más de un año sin tener conocimiento la tramitación de las mismas.

Actualmente, afirma Intersindical, están pendientes de resolución más de 10 reclamaciones por parte del Comisionado, alguna de ellas desde marzo de 2018. El sindicato afirma que el acceso a la información solicitada “es de gran importancia”, porque afecta a las condiciones de trabajo del personal de la Administración de Justicia de Canarias, relacionadas con temas de plantillas, consulta de bolsas personal interino, desplazamientos a islas menores, consolidación de empleo, cuestiones presupuestarias, salud laboral o sobre el Instituto de Medicina Legal de Tenerife, entre otros temas.

Intersindical afirma que las solicitudes por escrito al Centro Directivo han obtenido “silencio” como “única respuesta”. “Denunciamos la falta de transparencia del Gobierno de Canarias (Coalición Canaria), que está ocultando información y partidas presupuestarias, al negarnos información sobre la masa salarial del personal de la Administración de Justicia, que debe de estar cuantificada en los presupuestos y que un 0,25 de la misma deber ir para los fondos adicionales, para la mejora de los complementos retributivos y estabilización de empleo recogidos en los acuerdos firmados con las organizaciones sindicales”.

La Federación de Hostelería de Intersindical Canaria (IC) en la isla de Tenerife ha salido este jueves en defensa de la camarera de piso Mónica García, presidenta de la asociación Kellys Unión Tenerife. Esta trabajadora, ahora en paro, denunció el lunes que está siendo sometida a una discriminación laboral por las presiones que supuestamente ejerce la organización sindical mayoritaria en hostelería en la provincia de Santa Cruz de Tenerife: Sindicalistas de Base, de cuya entidad es uno de sus responsables Manuel Fitas, exmiembro de CCOO. Mónica García ha denunciado esa supuesta persecución laboral, que no vinculó en la rueda de prensa del lunes a una persona en concreto, ante la Inspección de Trabajo.

Sindicalistas de Base es la única entidad que ha firmado el convenio de ese sector productivo en la provincia tinerfeña, junto a la patronal Ashotel, entre otras organizaciones empresariales. Ello ha sido posible por la mayoría absoluta en número de delegados del reseñado sindicato, del que ejerce como portavoz Manuel Fitas.

Según han señalado fuentes de IC a Tenerife Ahora, Intersindical se “solidariza con la dirigente de Kellys Unión Tenerife, Mónica García, en su denuncia de las arbitrariedades y persecución de que supuestamente es objeto por parte de los empresarios del sector y de su sindicalista favorito. Además, condenamos de manera rotunda los métodos que ambos utilizan y creemos que los trabajadores de hostelería en particular, y la ciudadanía en general, deben tomar buena nota de todo ello”.

Esa supuesta persecución laboral en la persona de “la compañera Mónica”, expone la misma organización nacionalista, se inscribe “dentro de dos acontecimientos recientes: la irrupción de un nuevo sindicato (Sindicalistas de Base) y el nacimiento de una organización autónoma de camareras de pisos” (al margen de los sindicatos convencionales), las conocidas como kellys.

IC recuerda, siempre según su relato, que “CCOO había venido siendo en las últimas dos décadas el sindicato favorito de los empresarios del sector en la provincia tinerfeña, con cuya Federación de Hostelería cerraba en secreto los acuerdos fundamentales de los sucesivos convenios colectivos. Esos acuerdos suponían, uno tras otro, pérdida de derechos para los trabajadores. Esa luna de miel acabó bruscamente hace cuatro o cinco años con la expulsión de ese grupo dirigente de CCOO [en alusión a Manuel Fitas] por supuestas irregularidades económicas”.

Tras esa escisión en Comisiones, el grupo expulsado se recompone y forma Sindicalistas de Base, ahora dominador en gran parte de los comités de empresa, con lo que, según IC, queda “todo otra vez atado y bien atado”. Esa paz laboral, según el sindicato nacionalista, se fracciona “cuando surgen las kellys con sus reivindicaciones. De pronto, se empieza a hablar de ruptura en la organización que estas habían creado y, de la noche a la mañana, aparece una nueva agrupación: la Asociación de Camareras de Pisos de Canarias, cuya máxima dirigente es Angelina Martín (antes presidenta de Kellys Unión Tenerife), afiliada a Sindicalistas de Base y muy próxima al señor Fitas”, asegura Intersindical Canaria.

Este mismo sindicato recuerda que “nunca se han dado explicaciones públicas de los motivos de la ruptura con Kellys Unión Tenerife y ni de la aparición de esa nueva organización”, la liderada por Angelina Martín.

A todo esto hay que unir, indica Intersindical Canaria, que, pese a la gravedad de la situación laboral de las camareras de piso, el nuevo convenio provincial, de 2018-2022, no contempla medida alguna que ayude siquiera a aliviar la penosa situación que padece ese amplio colectivo laboral“.

La asamblea de trabajadores del tranvía que opera en el área metropolitana de la isla de Tenerife, que gestiona la empresa pública del Cabildo llamada Metrotenerife, ha avalado este viernes el preacuerdo cerrado el miércoles entre los sindicatos y la dirección de esa sociedad mercantil, con lo que este mismo día se suspende la huelga en ese medio de transporte y con ello se abraza la paz laboral en esa entidad pública, tras más de cuatro meses de conflicto laboral.

De los 127 votos válidos emitidos en la jornada de este viernes, 117 fueron favorables a la suspensión del paro y, por lo tanto, avalaban el preacuerdo alcanzado entre el comité de empresa de Metrotenerife y la representación patronal de esa misma firma pública.

La plantilla de la empresa del Cabildo de Tenerife dedicada al transporte público guiado, con dos líneas entre Santa Cruz de Tenerife y La Laguna, es de 179 personas. De ellas podían votar 171 y al final lo hicieron 127, con el resultado ya expuesto de votos a favor, 117 síes, y solo 10 noes al pacto inicial con la empresa que sometieron los sindicatos negociadores (CCOO, Intersindical Canaria y UGT) este viernes a la consideración de la asamblea.

Los trabajadores de la empresa pública Metrotenerife, la entidad que gestiona el tranvía en el área metropolitana de la isla (con dos líneas en la actualidad) y que depende del Cabildo insular, ya ven la luz al final del túnel tras un largo conflicto laboral que en la reunión de este miércoles parece que ha llegado a su fin al las partes negociadoras cerrar un acuerdo que el viernes se someterá al designio de la asamblea de trabajadores. La plantilla de Metrotenerife ya está siendo convocada para ese día, informaron a Tenerife Ahora fuentes del comité negociador en representación de la plantilla.

Los sindicatos representados en el comité de empresa (todos los delegados menos dos independientes, con nueve miembros en total) del tranvía de Tenerife, que son CCOO (cuatro delegados), UGT (uno) e Intersindical Canaria (dos), han dado inicialmente por bueno un texto con demandas aceptadas que alcanza, según esas mismas fuentes, en torno al 90% de las aspiraciones trasladadas por el comité de empresa a la entidad pública Metrotenerife.

Los paros parciales en el tranvía de Tenerife, siempre con el 75% de servicios mínimos, se iniciaron en el mes de octubre pasado y las convocatorias de huelga indefinida siempre se fueron retrasando, sin estas ponerse en marcha, desde que se informó de la primera de ellas.

Según han comunicado los sindicatos a la plantilla de la empresa pública Metrotenerife, el preacuerdo, así denominado porque está a expensas de lo que decidan los empleados en asamblea este viernes, recoge las demandas laborales del comité de empresa en aspectos de gran relevancia.

La batería de mejoras negociadas tienen que ver con los siguientes capítulos: permisos retribuidos y licencias, reducción de jornada y adaptación de estas; incapacidad temporal; vacaciones; jornadas, horarios y turnos; contratación; actualización de las tablas salariales; trabajo nocturno, y estabilidad en el empleo.

Atendiendo al cálculo hecho por las organizaciones de trabajadores, esos logros llegan al 90% de las demandas formuladas a la empresa del Cabildo cuando se inició el conflicto laboral. 

La Federación de Transportes de Intersindical Canaria, la organización de trabajadores mayoritaria en este sector en Canarias, acaba de revalidar su representación sindical en la empresa pública de transporte en guagua TITSA (con una plantilla de 1.700 personas), propiedad del Cabildo de Tenerife.

En las elecciones sindicales celebradas este miércoles, se señala en una nota de la reseñada organización, los trabajadores y las trabajadoras volvieron a dar la confianza con mayoría absoluta a la candidatura nacionalista de Intersindical Canaria, que alcanzó 36 representantes de un total de 55 miembros en el comité de empresa. La opción MSK obtuvo 12 representantes, USO cuatro y UGT tres.

Intersindical Canaria valora el resultado como algo “especialmente meritorio, tras tener que enfrentarse en los últimos años en solitario a varios y duros conflictos laborales de la empresa pública, a la aplicación de las distintas reformas laborales y al marco de aplicación del estatuto del empleado público, así como a la salida de un ERTE (expediente de regulación temporal de empleo) y a la negociación de un convenio colectivo excepcionalmente complicado a causa de las distintas sentencias por denuncias de otros sindicatos, lo que ha complicado el marco laboral existente en la compañía”, se afirma en el comunicado.

Intersindical recuerda que algunos de los logros de este tiempo han sido “la consolidación de los puestos de trabajo; el afianzamiento de los derechos laborales de la plantilla con un empleo de calidad, sueldos dignos y estabilidad laboral, y con un plan de igualdad que atiende esa demanda, así como la dotación de nuevos vehículos para la correcta movilidad en toda la isla y la incorporación de los ayuntamiento de Santa Cruz y La Laguna al capital social de la empresa pública”.

Todos estos objetivos cumplidos han sido reforzados con el nuevo respaldo obtenido por el sindicato; esto es, la revalidación de la mayoría absoluta en las últimas elecciones sindicales, las de este miércoles.

La Federación de Transportes de Intersindical Canaria (IC) informó este domingo de que esa organización de trabajadores, mayoritaria en la empresa pública TITSA (adscrita al Cabildo de Tenerife), convocó el sábado en el aula magna de la Universidad de La Laguna (ULL) a los empleados de la compañía para informar “debidamente”, con la participación de asesores jurídicos y de representantes sindicales, sobre el contenido del nuevo convenio para esa empresa pública.

El marco regulatorio que se ha negociado, siempre según lo afirmado por Intersindical Canaria, “garantiza la estabilidad y las mejoras económicas y sociales de la plantilla” de TITSA, y prueba de que eso así mismo lo han valorado los trabajadores asistentes a la asamblea es que la mayoría, el 62%, votó a favor del texto ya acordado con la empresa, mientras que el 37% se opuso a este.

El preacuerdo con la empresa sobre el nuevo convenio, que tiene una vigencia de cuatro años, afecta a una plantilla de 1.700 trabajadores y trabajadoras.

Tras el aval dado por la asamblea de trabajadores al texto cerrado con la dirección de la empresa, el que se concedió este sábado, el texto debe recibir la confirmación por parte de los técnicos del Cabildo de Tenerife, que tienen que dar el visto bueno al preacuerdo tras comprobar que cumple con los requisitos que establece la ley en estos casos.

Después de ese trámite, el convenio podrá quedar aprobado de forma definitiva y será entonces cuando se publique.

Un grupo de sindicalistas vinculados hoy en día a Intersindical Canaria ha convocado para este próximo lunes un acto público con el objeto de conmemorar el 40 aniversario de la primera huelga en el sector de la hostelería en Canarias, un hito que se produjo en el mes de diciembre de 1978.

La celebración principal será en el Ateneo Miraflores, en la ciudad de Santa Cruz y en la zona de la antigua recova. Aquella movilización de los trabajadores, la que ahora se rememora con el acto convocado a las 19.00 del lunes 3 de diciembre en el lugar mencionado, despejó el camino para cerrar un pacto histórico entre empleados y patronal turística que se concretó en el primer convenio colectivo de la hostelería en las dos provincias canarias.

Esa convocatoria contará con la presencia y las intervenciones de personas que vivieron y formaron parte directa en la organización de tan relevante protesta laboral, a las que se unirán otras como Manuel Marrero, hoy diputado autonómico de Podemos y persona muy vinculada al sindicalismo, sobre todo desde el STEC. Marrero se encargará de la presentación de la cita.

El acto además permitirá escuchar las experiencias vividas hace 40 años, desde el frente de la movilización, por los sindicalistas José Ángel Martín, Vicente González e Ignacio Rodríguez y por el periodista Julián Ayala.

Tras las intervenciones de todas esas personas, que fueron copartícipes, en distintos ámbitos, de esa primera huelga en hostelería, se procederá a la apertura de un diálogo con los asistentes a la conmemoración. El acto será moderado por el periodista Román Delgado.

Los sindicatos que controlan el comité de empresa en la entidad pública Metropolitano de Tenerife, propiedad del Cabildo y la firma que gestiona el tranvía en la conurbación Santa Cruz-La Laguna, han decidido este lunes, tras mantener otra reunión negociadora con representantes de esa sociedad insular, desconvocar la huelga en ese medio de transporte guiado hasta el 30 de noviembre, justo un día antes de la nueva fecha que tiene la celebración de La Noche en Blanco lagunera.

La decisión adoptada por los sindicatos también representados en el comité de huelga, CCOO, Intersindical Canaria y UGT, responde a que la dirección de Metropolitano de Tenerife ha puesto sobre la mesa una propuesta de mejora laboral que, aunque “no es suficiente”, afirmaron fuentes vinculadas a esas organizaciones de trabajadores, se concibe como un paso adelante en busca del entendimiento final entre las partes en disputa.

El acuerdo alcanzado este lunes en la mesa negociadora consiste en que ahora se crea una comisión técnica para analizar a fondo aquella propuesta, esta con presencia de ambas partes y para lo que los sectores en conflicto se han dado dos semanas, hasta el 30 de noviembre citado.

Si no se alcanzara un pacto final o se viera que el consenso está lejos de producirse, la huelga volvería el 1 de diciembre, sábado, justo el día en que está prevista la principal cita de cultura y ocio en La Laguna, al menos la que atrae a más público al centro urbano de ese municipio.

La organización de trabajadores Sindicalistas de Base, mayoritaria en la comisión negociadora del convenio laboral de hostelería en la provincia de Santa Cruz de Tenerife (con ocho delegados, por cuatro de CCOO y tres de UGT), y la patronal Ashotel, presidida por Jorge Marichal, suscribieron en la tarde de este jueves, 11 de octubre, tras más de tres meses de negociaciones, el nuevo convenio provincial (afecta a unos 50.000 trabajadores en la provincia), documento que establece las relaciones laborales del sector a aplicar desde 1 de julio de 2018 hasta el 30 de junio de 2022; o sea, con una duración de cuatro años, vigencia que ya tenía el anterior marco, aunque este se renovó tras solo tres años de ejecución.

El nuevo convenio de hostelería, según se recoge en una nota de la entidad liderada por Manuel Pitas (antes en CCOO), se suscribe tras ser ratificado por Sindicalistas de Base (con mayoría absoluta en la representación de los trabajadores) en la multitudinaria asamblea de delegados y afiliados celebrada en la tarde del miércoles 10 de octubre en el salón de actos del Centro Cultural de Adeje, en el sur de Tenerife. La votación fue secreta y se saldó con 303 votos a favor de la firma y 144 en contra, más dos votos en blanco, se señala en el mencionado comunicado.

Sindicalistas de Base valora el acuerdo alcanzado porque traslada al nuevo convenio de hostelería en la provincia occidental “el 90% de las reivindicaciones presentadas en su plataforma reivindicativa”. El nuevo marco regulador eleva los salarios, con un incremento mínimo del 10,25% en la suma de los cuatro años de vigencia del convenio (menos del 3% de promedio anual) y el 3% en los primeros doce meses (julio de 2018-junio de 2019). Sindicalistas de Base había pedido un aumento del 5% para julio de este año-junio de 2019.

A esas inclusiones se unen, siempre según explica Sindicalistas de Base, “las mejoras laborales y sociales en materia de empleo fijo, jornada, vacaciones, permisos y salud laboral”, aparte de la inclusión de “la obligada regulación en cada empresa del trabajo diario de las camareras de piso, tras una medición previa de sus tiempos de trabajo y la evaluación de los riesgos ergonómicos y las cargas física y mental”.

Las partes firmantes hablarán del contenido del nuevo convenio laboral en la rueda de prensa que convocarán el martes 16 de octubre.

La causa penal abierta a finales de 2014 por el desvío de fondos de la Federación de Salud de Intersindical Canaria (IC) en Gran Canaria a cuentas privadas lleva empantanada desde finales de 2015. La investigación se encuentra prácticamente paralizada, sin que el magistrado del Juzgado de Instrucción 2 de la capital, donde se tramita, haya practicado diligencias de interés para esclarecer los hechos desde entonces. La culpa de este atasco la tiene la prolongada disputa por determinar quién ostenta la representación de la sectorial sanitaria, con dos sectores en pugna: el crítico, que llevó el desfalco a los tribunales, y el oficialista, que limita las responsabilidades a las figuras del extesorero, Juan Jesús Galván, y de su hijo, Celestino Galván, los únicos que han reconocido los hechos. 

El último informe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional, fechado en octubre de 2015, revelaba pagos “sin justificación aparente” por valor de 80.000 euros desde las arcas de la Federación de Salud de IC en Gran Canaria a cuentas particulares entre los años 2010 y 2014. Según las pesquisas policiales, estas transferencias ajenas a la actividad sindical habrían servido para pagar viajes, entradas para conciertos, fines de semana en casas rurales o préstamos personales de hasta 2.500 euros. Hasta la fecha son siete los investigados en esta presunta trama de corrupción interna.

La última resolución emitida por el instructor, Rafael Passaro, vuelve al mismo punto en que se encontraba la causa hace 28 meses. En un auto emitido el pasado 18 de septiembre, el magistrado estima un recurso presentado por uno de los denunciantes particulares, Miguel Ángel Morales, que pugna por la representación del sindicato en este proceso con María Dolores Pérez, que se sitúa en el denominado sector oficialista.

En una providencia dictada siete meses antes, en febrero de 2018, el magistrado había dado la razón a esta última en la trifulca interna, dándole potestad para actuar en nombre del sindicato en el procedimiento sobre la base de una certificación emitida por la jefa de servicio de Promoción Laboral de la Dirección General de Trabajo del Gobierno canario que decretaba que María Dolores Pérez era legítima representante de IC.

En el lado opuesto, el sector crítico blandía una sentencia firme de mayo de 2016 de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) que obligaba al sindicato a restituir en todos sus cargos a Miguel Ángel Morales, miembro del secretariado insular, que había sido expulsado de la central en junio de 2014, junto a otros afiliados, tras promover la convocatoria de un congreso extraordinario para denunciar el desvío de fondos de las arcas de la Federación de Salud a cuentas privadas.

La representación legal de Morales también aludía a un auto dictado en diciembre de 2017 por el Juzgado de lo Social 6 de Las Palmas de Gran Canaria que, en su opinión, dejaba “obsoleta, desfasada, sin efecto y fuera de la ley” la certificación del Ejecutivo regional que daba la razón al sector oficialista. Esa resolución tumbaba todos los congresos a partir de 2014 y restituía las actuaciones al inmediatamente anterior, celebrado en octubre de 2011, en el que tanto María Dolores Pérez como Miguel Ángel Morales fueron designados miembros titulares del secretariado insular de la Federación de Salud de Gran Canaria de IC.

Con estos antecedentes, el juez ha adoptado la decisión más salomónica, la misma que ya decretara en junio de 2016: no admitirá la presentación de escritos por parte de IC, que figura como denunciante en la causa, al igual que Pérez y Morales, hasta que no se reduzca a una sola su representación. En una resolución anterior, el instructor admitió que esas disputas internas estaban añadiendo una complejidad “innecesaria” al procedimiento. Desde el sector crítico confían en que el último auto consiga desatascar una causa que, en su opinión, está sufriendo las estrategias dilatorias de los oficialistas.

De forma paralela, Miguel Ángel Morales ha reclamado durante todos estos meses la ejecución de la sentencia del TSJC que obligaba al sindicato a restituirle en sus cargos. De hecho, la central fue condenada a finales de 2017 a pagarle 15.000 euros en concepto de indemnización por no haber ejecutado la sentencia.

La respuesta de IC no llegó hasta el pasado 31 de agosto. A través de una publicación en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) de Las Palmas, el secretariado confederal nacional, máximo órgano del sindicato, convocaba a Morales a una reunión para el 5 de septiembre con el objetivo de cumplir la sentencia y restituirle en los cargos que ocupaba tras el congreso de 2011. El denunciante, sin embargo, se negó a acudir al entender que en ese encuentro también debían estar presentes los afiliados que, como él, fueron expulsados cuando promovieron el congreso extraordinario para denunciar el desfalco.

El Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) acaba de dar un segundo tirón de orejas a la empresa pública de guaguas dependiente del Cabildo de Tenerife, TITSA, al confirmar una sentencia del Juzgado de lo Social Nº 5 de Santa Cruz de Tenerife (418/2017) que obliga a esta compañía de transporte a repetir desde la fase 2, la del test psicotécnico, la convocatoria pública que realizó con fecha de 29 de enero de 2017 con el objeto de proceder a la selección de conductores-perceptores y configurar una lista de reserva de contrataciones temporales o, en su caso, indefinidas en esa categoría laboral.

La sentencia del citado juzgado, que es el resultado de la denuncia en su día formulada por varios aspirantes a entrar en la bolsa de trabajo, fue recurrida por la empresa pública del Cabildo ante el TSJC (recurso de suplicación) y es ahora, con el fallo de este 13 de junio conocido el 25 del mismo mes, cuando aquel tribunal vuelve a quitar la razón a TITSA y de esta manera confirma la primera decisión, la del Juzgado de lo Social Nº 5 de Santa Cruz de Tenerife. El TSJC desestima el recurso de suplicación de la parte demandada, TITSA, y la condena en costas. También informa que contra esta última sentencia cabe recurso de casación por unificación de doctrina, que se preparará por las partes o el Ministerio Fiscal.

Uno de los argumentos centrales que conducen al fallo contrario a los intereses de TITSA tiene que ver con que la psicóloga que participó en el proceso selectivo (en la prueba de la fase 2, test psicotécnico, con hasta 30 puntos, la máxima puntuación del proceso), la profesional C. L., “recibió el cuestionario” que se utilizó como test psicotécnico, algo que la sentencia considera “relevante” cuando en el proceso de selección interviene un familiar, en este caso C. M., sobrino político de la mencionada psicóloga.

Además, la sentencia contempla como hecho probado que C. M. “no aparecía en la lista provisional de admitidos y excluidos” del proceso selectivo, “ni constaba que presentara reclamación al respecto, aunque sí aparece en la lista definitiva de admitidos con el nº 280”. Tras la realización de las pruebas de la fase 1 en la primera etapa, “aparece como ‘no apto’; si bien fue corregida la calificación y luego aparece como ‘apto’, en la corrección de errores realizada posteriormente, junto a 11 candidatos más que se encontraban en las mismas condiciones”.

La nueva sentencia plantea que TITSA debe suspender el proceso de selección que convocó en enero de 2017 para volver a realizarlo desde la fase 2, justo antes de la celebración del test psicotécnico (esta prueba es la que más puntos daba, hasta 30).

La vuelta atrás en el proceso selectivo ideado por TITSA para crear una bolsa de empleo afecta al 10% de la plantilla actual de conductores-perceptores, el volumen de personas que ya había sido contratado por la empresa pública al tirar de esa misma lista de empleo; o sea, la construida a partir del proceso que ahora se anula casi en su totalidad pues ello implica repetir prácticamente todas las pruebas salvo la única que se admite, la de la fase 1: resistencia física.

El fallo de la sentencia del TSJC supone, y se cita textualmente, “declarar la nulidad de la fase 2 del proceso selectivo relativo a la batería de pruebas psicotécnicas y de personalidad, retrotrayendo las actuaciones al momento inmediatamente anterior a celebrarse esta, con el fin de que tenga lugar en condiciones de legalidad. Condena a la parte demandada [TITSA] a estar y pasar por la anterior declaración”.

Según fuentes conocedoras de este caso, la decisión del TSJC que refrenda la promulgada por el Juzgado de lo Social Nº 5 implica que deberá repetirse todo el proceso desde la prueba 2 (esta incluida) y tendrán que volver a hacerla todos los admitidos en la convocatoria (lo que no excluye el 10% de la plantilla de TITSA actual, las personas que se calcula que ya habían sido contratadas).

Tras realizarse de nuevo la prueba de la fase 2, el test psicotécnico, se pasará a las siguientes: fase 3, prueba de conducción y maniobra en carretera, y fase 4, reconocimiento médico, a lo que se añadirá la segunda etapa no eliminatoria: la entrevista personal y la valoración de méritos.

Los sindicatos con representación en la empresa pública TITSA, donde es mayoritaria Intersindical Canaria, ya están al tanto de esta última sentencia. Además, debido a la honda preocupación existente entre los trabajadores afectados de la compañía pública de transporte, este miércoles, en dos sesiones, se ha convocado en Cuevas Blancas (Santa Cruz de Tenerife), donde se hallan las principales instalaciones de TITSA, asambleas informativas para aportar toda la información sobre esta última decisión judicial y sus repercusiones.

Intersindical Canaria (IC) ha informado este sábado de que optará por un Primero de Mayo unitario ante una situación laboral “excepcionalmente negativa”.

IC ha avanzado en un comunicado que durante el Día del Trabajador dejará a un lado las diferencias estratégicas e ideológicas que lo separan de los sindicatos UGT y CCOO para marchar en los actos conjuntamente, pero en bloques diferenciados.

Las razones de este cambio, frente a lo que ha ocurrido en años anteriores, están relacionadas con los duros embates que sufre el conjunto de la clase trabajadora canaria, pese a la situación de bonanza económica que viven las islas, ha aclarado.

Se une a ello, además, el actual ciclo de “envalentonamiento y obstinación” de la clase empresarial canaria, quien, según el sindicato, persiste en su actitud avariciosa y de usura frente a las reclamaciones laborales y la necesaria creación de empleo.

Por ello, en el Día del Trabajador, Intersindical Canaria pretende “simbolizar un rearme de las fuerzas del trabajo frente a una dura ofensiva contra los derechos sociales y laborales”, y también frente a la campaña que pretende silenciar y debilitar a las organizaciones de los trabajadores. 

La Justicia vuelve a dar la razón al sector crítico de Intersindical Canaria al condenar al sindicato a indemnizar con 15.000 euros por daños y perjuicios a un afiliado que fue expulsado tras denunciar una presunta trama de corrupción interna. En un auto con fecha de 4 de diciembre, el Juzgado de lo Social número seis de Las Palmas de Gran Canaria considera que IC no ha ejecutado todos los puntos de la sentencia firme que ratificó el TSJC en 2016 y que obligaba a restituir en sus cargos al afiliado Miguel Ángel Morales.

La jueza Yolanda Álvarez considera nulo el IV congreso del sindicato, celebrado en 2016, por no haberse celebrado con todas las garantías. A este congreso, Morales no pudo presentar su candidatura ya que había sido expulsado en mayo de 2014 por promover, junto a otros compañeros, un congreso extraordinario para denunciar el desvío de fondos.

Tampoco ve válidos los dos congresos de 2014 ya que el demandante se encontraba suspendido de militancia y recuerda que la sentencia ratificada por el TSJC solo constata la celebración de los mismos pero no su validez. Por tanto, se debe tener en cuenta el de 2011 en el que el afiliado fue nombrado miembro del Secretariado Federal Insular de Salud.

En cuanto a la restitución de los cargos del afiliado, no consta “la liberación total de dispensa al trabajo”, tampoco se le ha comunicado a Morales que se le haya restituido como miembro del Secretariado Federal Insular de Salud ni hay prueba de que haya podido ejercer como secretario de la Junta de Personal. A ello se le suma que no pudo concurrir a las elecciones de junio de 2016. Tan solo consta que fue nombrado miembro suplente del Secretariado Federal Insular de Salud.

El auto considera, por todo ello, que no se ha dado cumplimiento a todos los puntos de la sentencia de instancia de 2015 y es por ello que la jueza pronuncia la nulidad de los congresos y condena a los demandados al abono de una indemnización de 15.000 euros por “haberle privado de su situación de liberado sindical y no haber podido concurrir a las elecciones a miembro de la Junta de Personal el 9 de junio de 2016”.

La jueza subraya que ha tomado como referencia la “clara intencionalidad del sujeto infractor, el incumplimiento reiterado de las resoluciones judiciales dictadas y el perjuicio causado”.

Varios frentes abiertos en IC

Actualmente, se mantiene abierta una investigación por presunto desvío a cuentas particulares de fondos de la sectorial procedentes de las cuotas de los afiliados y en las que hay investigadas siete personas. Las pesquisas de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional detectaron pagos “sin justificación aparente” en la actividad sindical por valor de 80.000 euros en las contabilidad de IC entre los ejercicios 2010 y 2014.

Con ese dinero se habrían pagado viajes para asuntos particulares, entradas para conciertos, fines de semana en casas rurales o préstamos personales de hasta 2.500 euros.

Además, recientemente el sindicato expulsó a los miembros que intentaron presentar una candidatura alternativa a la oficialista. Las personas a las que se comunicó su expulsión forman parte del sector crítico de la organización. Entre ellos, se encuentran afiliados que denunciaron el fraude que se estaba cometiendo en las cuentas de Intersindical Canaria.

Miguel Ángel González Morales, portavoz de Intersindical Canaria en la Federación de Hostelería en Tenerife, repasa en esta entrevista todo lo ocurrido en los últimos días ligado a la convocatoria de huelga general en el colectivo de camareras de piso, un paro desconvocado por Sindicalistas de Base el jueves de esta semana.

Esa iniciativa de protesta laboral, que al final ha resultado fallida, ha dado pie a profundizar en la situación que afecta a ese colectivo de trabajadores, dominado por mujeres, y también a analizar las cuestiones clave para la mejora futura de las relaciones laborales en el ámbito de la hostelería en Canarias.

¿Apoyaba o no apoyaba Intersindical Canaria los paros convocados por Sindicalistas de Base en todo el archipiélago dentro de la actividad de camareras de piso, los ya desconvocados de los días 25 de diciembre y 1 de enero?

La respuesta a esta pregunta debe ser respondida con mucha claridad y precisión para que no se pueda prestar a interpretaciones interesadas. Intersindical Canaria (IC) considera necesario y urgente poner en marcha una serie de actuaciones por parte de las camareras de piso e impulsadas desde las propias asambleas en todos los centro de trabajo y zonas. Estas asambleas deben ser promovidas unitariamente por las organizaciones con incidencia en el sector, es decir, los sindicatos y Las Kellys, y esas acciones podrían llegar hasta la huelga, si ello fuera necesario. Por lo tanto, Intersindical Canaria impulsará la lucha de las camareras de piso por su dignidad y sus derechos. Otra cosa muy distinta era sumarnos sin más a una convocatoria unilateral de Sindicalistas de Base que tenía todos los visos de estar hecha para no realizarse, como al final así ha ocurrido.

Expliquemos por qué. Se hizo sin contar con el resto de sindicatos que tienen representación en el sector, tampoco con Las Kellys ni con las camareras de piso como colectivo. Además, no se expusieron cuáles eran los objetivos a conseguir con la convocatoria de esa huelga. No es suficiente decir de manera genérica que se convoca una huelga porque las condiciones laborales de las camareras de piso son malas. La han convocado con carácter nacional canario, pese a que la implantación de Sindicalistas de Base en la provincia de Las Palmas es muy débil. Los dirigentes de Sindicalistas de Base han repetido los mismos errores de su época al frente de CCOO: lo que les interesa es el protagonismo mediático, aunque sea jugando con las legítimas aspiraciones del colectivo de las camareras de piso.

¿Puede explicar de forma sencilla cuál es la problemática laboral de ese colectivo, sobre todo en lo relacionado con la carga de trabajo y los sueldos percibidos?

Las camareras de piso soportan una excesiva carga laboral y un elevado ritmo de trabajo, así como una situación cada vez más generalizada de precariedad laboral que se manifiesta en el incremento de la contratación a tiempo parcial, en el recurso de los empresarios a las empresas de trabajo temporal (ETT) y en la estrategia de externalización del servicio que aplica y defiende un sector de la patronal. A ello se añade la vergonzosa discriminación salarial como efecto de los pactos salariales de empresas que han firmado los actuales dirigente de Sindicalistas de Base, cuando estaban al frente de CCOO. Hay que recordar, en relación con este mismo asunto, la reciente sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias que declara nula, por discriminación por razón de sexo, la regulación del plus de productividad del pacto salarial en Tensur, SA (Hotel Best Tenerife), que bien puede ser la primera de una serie.

Al incremento de la carga y de los ritmos de trabajo han contribuido los dirigentes del mismo sindicato que convocó esa huelga -entonces actuando como miembros de CCOO-, también con la firma de UGT, al introducir en el convenio colectivo de la provincia tinerfeña, de 2012-2015, una ampliación de las funciones de las camareras de piso en relación con las que establece el acuerdo laboral de ámbito estatal (ALEH) para hostelería. Ese acuerdo limita las funciones de las camareras de piso a “realizar de manera cualificada la limpieza y el arreglo de las habitaciones y pasillos”. Sin embargo, los hoy responsables de Sindicalistas de Base pactaron en el citado convenio la ampliación de aquellas tareas a la “limpieza de las zonas comunes de uso de los clientes, así como los baños ubicados en esas zonas, la retirada de los servicios de las habitaciones (room service) y la reposición de los minibares, si los hubiera”. Estos dos nuevos cometidos, sobre todo el de limpiar “las zonas comunes de uso de los clientes”, suponen en la práctica limpiar todo el hotel y no solo las habitaciones y los pasillos.

Si bien en muchas empresas se han alcanzado acuerdos para la regulación del trabajo en pisos y se ha limitado la carga de trabajo, estos han resultado claramente insuficientes, bien por la actitud parcial de los técnicos de prevención de las mutuas y de las empresas o bien porque se han introducido cláusulas de escape. Un ejemplo es la que dice: “En los imprevistos o ante la imposibilidad manifiesta de incumplir dichos límites, las habitaciones que las camarera hagan de más serán compensados con días de descanso”.

Por último, hay que referirse al impacto que esa sobrecarga de trabajo tiene en situaciones de incapacidad temporal que derivan en la incapacidad permanente, como expresión incontestable de la dureza y lo penosa que es esta profesión: las camareras de piso no alcanzan la edad ordinaria de jubilación puesto que antes causan invalidez permanente. De ahí la urgente necesidad de implantar un sistema de jubilación anticipada, el que, sin pérdida de derechos, haga innecesario prolongar la vida laboral en condiciones inhumanas.

¿Qué acciones o intervenciones de consenso habría que fijar, y en qué marco, para trasladar la dignidad laboral a ese grupo de empleados, en el que dominan las mujeres?

Hace casi un año, desde Intersindical Canaria propusimos a CCOO, UGT y Sindicalistas de Base mantener un encuentro para tratar sobre un acuerdo de unidad de acción sindical ante la grave problemática de las camareras de piso, propuesta que, lamentablemente, no fue atendida. No obstante, hoy reiteramos esa invitación en torno a unos objetivos básicos que las organizaciones sindicales y el movimiento autónomo de las camareras de piso -Las Kellys- deben poner en primer plano, como son, en nuestra opinión, los siguientes: a) la reducción de la excesiva carga de trabajo que se exige a las camareras de piso, ampliando la contratación estable y cuestionando aquellas evaluaciones de riesgos laborales en las que los técnicos de las mutuas o de las propias empresas pretendan mantener el actual estado de las cosas; b) que la contratación a tiempo parcial no encubra empleos de jornada completa reduciendo costes e incrementando la carga de trabajo; c) el rechazo a la externalización del servicio de pisos y a la precariedad laboral de las trabajadoras contratadas a través de la empresas de trabajo temporal; d) que se ponga fin a la polivalencia de funciones (limpieza, lavandería y lencería, reposición de los minibares...) que aumentan la carga de trabajo, y e) la implantación de un sistema de jubilación anticipada que responda a la realidad laboral de una profesión dura y penosa.

¿Qué diferencia la situación laboral de ese colectivo en la provincia tinerfeña respecto a la de Las Palmas, atendiendo a lo regulado en los distintos convenios colectivos?

En la provincia de Las Palmas los salarios del convenio son más altos y su distribución es más equilibrada que en la provincia de Santa Cruz de Tenerife. Por otro lado, la función de las camareras de piso se ciñe más a lo establecido por el acuerdo laboral de ámbito estatal (ALEH).

¿Tenía Sindicalistas de Base, a cuya organización parece que apoyaba el grupo de Las Kellys en la huelga desconvocada, la representatividad suficiente para abanderar las protestas o quizá solo se trataba de una acción oportunista para ganar afiliados, como llegó a señalar la patronal Ashotel?

Las Kellys en Gran Canaria y Fuerteventura no secundaron la convocatoria de Sindicalistas de Base. Lo dijeron en sendos comunicados. En cuanto a la acción oportunista, está claro que lo es. Su objetivo principal es aprovechar el tirón informativo que supone la convocatoria de la huelga para aparecer ante las camareras de piso y el resto de trabajadores de hostelería como abanderados de sus reivindicaciones, maquillando de esa forma su decisiva contribución al empeoramiento de las condiciones de trabajo en ese colectivo a través de sus pactos con la patronal.

¿Qué pudo hacer antes el grupo que lidera Manuel Fitas, que nace tras una escisión en CCOO, y no hizo, siempre en beneficio de la mejora cualitativa y cuantitativa de las camareras de piso?

Ni antes, como dirigentes de la Federación de Hostelería de CCOO, ni ahora, como miembros Sindicalistas de Base, han demostrado tener en su ideario la práctica de un sindicalismo unitario y consecuente con la defensa de los trabajadores. Desde que coparon los órganos de dirección, la connivencia con la patronal para alcanzar una posición hegemónica en el sector fue y sigue siendo su principal seña de identidad. El control sindical que este grupo ejerce actualmente sobre muchos colectivos del sector (antes como CCOO y ahora como Sindicalistas de Base) no es ajeno a ello. Buena parte de los empresarios han privilegiado su presencia en las empresas a cambio de poder intervenir en la composición de los comités de empresa. Llama la atención la falta de autocrítica de ese grupo dirigente de Sindicalistas de Base en relación con la pérdida progresiva de derechos y los raquíticos incrementos salariales pactados en los últimos convenios, ¡como si el señor Fitas y su grupo no tuvieran nada que ver con ello!

En la provincia tinerfeña, ahora se debe iniciar una negociación para definir la subida salarial entre junio de este año y junio de 2019, ¿hasta dónde se debe llegar, sobre todo pensando en que los hoteleros no han dejado de mejorar sus rentabilidades en los últimos años?

El convenio de hostelería de Santa Cruz de Tenerife ha sido progresivamente despojado de sus aspectos más favorables para los trabajadores. Los últimos que se han firmado han supuesto una pérdida importante en salarios y derechos. El actualmente vigente finaliza en junio de 2019. Su negociación debe democratizarse y dar voz y decisión a los trabajadores. La plataforma reivindicativa debe ser debatida y aprobada por los trabajadores en asambleas de empresas y zonas, y la comisión negociadora no puede actuar al margen de los miles de trabajadores que debe representar, como ha ocurrido sistemáticamente en la negociación de los últimos convenios.

En cuanto a los objetivos que en la próxima lucha sindical cabe plantearse, apuntamos los siguientes: dar un impulso a los salarios para que se dignifiquen, ganando capacidad adquisitiva frente a la inflación registrada y atendiendo tanto a los excelentes resultados empresariales durante el último trienio como a las buenas expectativas de futuro; ampliación de las plantillas y limitar de forma clara la contratación temporal y a tiempo parcial; la aplicación de medidas que favorezcan la conciliación de la vida familiar y laboral, sobre todo en materia de turnos de trabajo, descanso entre jornadas y derecho a disponer de una jornada de trabajo continuada en restaurante y bares, y la regulación de la carga de trabajo de las camareras de piso, aparte de acabar con la discriminación salarial corrigiendo los pactos salariales discriminatorios.

¿A qué papel aspira Intersindical Canaria dentro del sector turístico de las islas, en cuyo sector, en estos momentos, aparece como cuarta organización sindical y no tiene representatividad en las negociaciones colectivas?

Queremos ser cada vez más un sindicato referente en el sector, con un discurso y una práctica sindical propios y diferenciados del llamado sindicalismo mayoritario. Hoy por hoy somos la voz más crítica ante los excesos empresariales y ante un modelo sindical de connivencia con el empresariado. Somos perfectamente conscientes de que desde ese sindicalismo y desde sectores del empresariado se van a poner muchos obstáculos a nuestro crecimiento e implantación.

La federación de hostelería de Intersindical Canaria (IC) ha anunciado su apoyo a la convocatoria de huelga de camareras de piso para los próximos días 25 de diciembre y 1 de enero, haciéndola  efectiva ante la autoridad laboral y el conjunto de patronales de hostelería del Archipiélago.

En un comunicado, IC señala que las camareras de piso están sometidas a condiciones laborales y salariales “indignas” y, por ello, reivindica la importancia de la convocatoria para apoyar a “18.000 trabajadores” en las islas.

“El conjunto de trabajadores de la hostelería, pero muy especialmente las mujeres, se ven mayormente sometidas a unas actividades laborales de alto desgaste, precisamente en un sector en el que la patronal aumenta cada día sus ganancias por la bonanza de altísima ocupación turística del sector, situación esta que no se refleja ni en las mejora de las extremadamente negativas condiciones laborales ni en los salarios miserables que perciben” agrega el sindicato.

IC indica que los últimos convenios para el sector de la hostelería canaria firmados entre la patronal y los sindicatos CCOO y UGT sólo aumentaron los salarios un 5,75% para un periodo de 4 años mientras que en Baleares la revisión cuatrienal ascendió a un 17%.

Intersindical añade que se da la circunstancia que en ambos archipiélagos los convenios fueron firmados por CCOO y UGT, con lo cual, tanto las patronales como esas organizaciones sindicales tendrán que explicar, según IC, el por qué esta segregación hacia el conjunto de los trabajadores canarios del sector.