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La UDEF y Hacienda investigan las cuentas de Intersindical Canaria

El foco de las pesquisas policiales se sitúa en las subvenciones recibidas por la Federación de Salud de Gran Canaria a través de la Fundación Canaria para el Fomento del Trabajo (Funcatra)

A instancias de la UDEF, el Juzgado de Instrucción 2 de Las Palmas de Gran Canaria reclamó en diciembre a Bankia los extractos de todas las operaciones de la sectorial de salud

La Agencia Tributaria también investiga al sindicato tras la denuncia de un afiliado que sostiene que las transferencias no aparecen justificadas en los balances ni fueron tributadas

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Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional.

La Unidad de Delincuencia Econnómica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional investiga desde hace meses las cuentas de Intersindical Canaria (IC) a raíz de las irregularidades detectadas en la contabilidad de la Federación de Salud de  Gran Canaria y denunciadas en los juzgados hasta en cuatro ocasiones por miembros del sector crítico de la central.

El foco de las pesquisas policiales se sitúa en las subvenciones recibidas a través de la Fundación Canaria para el Fomento del Trabajo (Funcatra) de la Consejería de Empleo del Gobierno regional, aunque la UDEF también indaga en  las transferencias, pagos a terceros y préstamos personales realizados desde la organización para comprobar si se ha producido un desvío de fondos de las cuotas de los afiliados y de las subvenciones a cuentas particulares.

Las sospechas sobre los cursos de formación se ceñían en un principio a los ejercicios 2010 y 2011, en los que IC recibió, respectivamente, 84.913,52 y 92.864,60 euros. Sin embargo, según ha podido saber este periódico de fuentes cercanas a la investigación, la UDEF ha decidido ampliar el objeto de sus averiguaciones a otros años y otras federaciones del sindicato. El elevado coste de la hora de formación telemática -cerca de 130 euros en el caso de los cursos impartidos en 2011- parece ser la razón de estos recelos.

A instancias de esta unidad policial, el Juzgado de Instrucción número 2 de Las Palmas de Gran Canaria reclamó en diciembre a Bankia que aportase los extractos de operaciones de la cuenta que la sectorial de Salud de Gran Canaria tiene abierta en esta entidad financiera y que identificase a los beneficiarios de las transferencias, así como a las personas autorizadas a operar en la misma con identificación de los periodos en los que lo han estado.

De forma paralela, Hacienda ha abierto una investigación sobre esta presunta trama de corrupción interna en el seno del sindicato tras la denuncia presentada en nombre de la propia Federación de Salud por uno de los siete afiliados que fueron expulsados tras denunciar las irregularidades y mantener la convocatoria de un congreso que la cúpula de la central quiso suspender. Fue precisamente en este congreso, celebrado en mayo de 2014, cuando se aprobó emprender  acciones judiciales contra siete dirigentes de la central.

El denunciante sostiene que los movimientos realizados desde la cuenta de la sectorial desde el año 2008 no aparecen justificados en los balances del sindicato ni han sido declarados ni tributados ante Hacienda.

De la auditoría al peritaje

Julia González, una histórica militante de Intersindical Canaria y exsecretaria de Finanzas de la Federación de Salud de Gran Canaria, fue la primera que advirtió de las irregularidades contables en la sectorial de salud y y la que imprimió las órdenes de transferencia y los extractos que posteriormente puso en manos de la Justicia. Un peritaje encargado por el propio sindicato concluyó que en 2012 se habían detraído de manera irregular más de 26.000 euros  de sus cuentas, con los que se habrían pagado parte de hipotecas, vacaciones, fines de semana en casas rurales, conciertos o préstamos de hasta 2.500 euros.

El pleito civil por este desfalco se cerró el pasado mes de febrero después de que el extesorero de la organización, Juan Jesús Galván, que dimitió en 2013, asumiera las responsabilidades y se comprometiera a devolver ese dinero a plazos tras un acuerdo con la cúpula. Su hijo, Celestino Galván, fue imputado en la causa penal porque transfirió a una cuenta particular 4.000 euros. En su declaración ante el juez alegó que pensaba que estaba operando desde una cuenta privada.

A nivel interno, el cisma abierto fue resuelto por la dirección con la apertura de un expediente de expulsión al extesorero, con un informe en el que invitaba a los afiliados a desistir de las acciones judiciales y con la suspensión de aquellos que habían denunciado las presuntas irregularidades.

Aunque en 2014 IC se comprometió a realizar una auditoría para analizar los movimientos realizados los cuatro años anteriores, recientemente el Secretariado Confederal Nacional ha decidido que la opción más adecuada es la realización de un peritaje, una fórmula que rechaza el sector crítico al entender que, "al ser de parte", ofrece menos garantías que la auditoría, que es realizada por "un profesional colegiado auditor de cuentas externo". 

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