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La Policía detecta pagos "sin justificación aparente" por valor de 80.000 euros en las cuentas de Intersindical Canaria

Los investigadores ven “incomprensibles” las transferencias desde la Federación de Salud de Gran Canaria a la cuenta particular de una afiliada sin ninguna representación o a un sindicato desaparecido hace 20 años

La unidad policial ha solicitado el libro mayor de contabilidad de la Federación de Salud de IC en Gran Canaria para comprobar los registros entre el 1 de enero de 2011 y el 31 de diciembre de 2014

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La Federación de Salud de Intersindical Canaria (IC) en la isla de Gran Canaria transfirió entre 2010 y 2014 más de 80.000 euros a cuentas particulares de afiliados de la central, con o sin representación orgánica, y al desaparecido Sindicato Canario de la Salud, una de las organizaciones que se fusionaron en IC en 1994, “sin justificación aparente”. Así se desprende de dos informes elaborados por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) del Cuerpo Nacional de Policía que ya han sido incorporados a las diligencias abiertas a finales de 2014 en el Juzgado de Instrucción número 2 de Las Palmas de Gran Canaria en relación al agujero descubierto en las cuentas de la central, denunciado hasta en cuatro ocasiones por miembros del sector crítico.

En el marco de esta investigación, la UDEF ha detectado pagos por un valor de 26.022 euros entre 2011 y 2012 a la cuenta particular de María Claudia García, auxiliar de enfermería afiliada al sindicato. La unidad policial especializada califica de “incomprensibles” estas transferencias, puesto que la beneficiaria no formaba parte de ningún órgano ni ostentaba representación alguna dentro del sindicato. El encargado de autorizar los pagos era Juan Jesús Galván, ex responsable de Finanzas de la Federación de Salud de Gran Canaria, a quien varios de los sindicalistas que han sido citados a declarar sitúan en el entorno cercano de la titular de la cuenta receptora de esa cantidad de dinero.

Según el testimonio de una testigo, el ex tesorero le llegó a espetar en una conversación sobre la posibilidad de ingresarle 80 euros en concepto de dietas lo siguiente: “Tú tienes que hacer como yo, que tengo una amiga que abrió una cuenta corriente a su nombre que la manejo solo yo”. Según otro de los interrogados, Galván manifestaba que ingresaba el dinero en la cuenta de la auxiliar de enfermería porque las suyas estaban embargadas y así podía extraer el dinero y pagar en efectivo.

Galván asumió a principios de 2015 la responsabilidad por el desfalco de 26.000 euros detectado en una auditoría encargada por la propia central sobre las cuentas del ejercicio 2012. Entonces alcanzó un acuerdo con la cúpula para pagar 500 euros al mes y cubrir esa cantidad detraída sin justificación y sin conocimiento de los órganos de gestión. El ex tesorero era uno de los tres titulares de la cuenta mancomunada de la sectorial, que requería, para efectuar cualquier pago, un mínimo de dos firmas electrónicas. Los denunciantes sostienen que Galván disponía de las claves de otra de las titulares de la cuenta, Begoña Santana, exsecretaria de Organización, también señalada en este proceso.

El extesorero dimitió en abril de 2013 tras conocerse que, con sus claves y las de Santana, se había realizado una transferencia de 4.000 euros de una de las cuentas del sindicato a una particular. En su escrito al Secretario de Organización, Galván responsabilizaba del desvío a su hijo, Celestino Galván, que en su declaración como imputado -el único hasta la fecha- declaró que  pensaba que estaba operando desde una cuenta de su padre y que tenía una deuda importante que saldar. En la documentación analizada figuran otros dos pagos de 1.000 euros realizados a mediados de abril de 2012 desde la cuenta de la sectorial a la particular del ex responsable de Finanzas en concepto de “devolución de cuotas de marzo”, sin que resultara acreditado que se destinara a ese fin.

Entre las transferencias bajo lupa de la UDEF también se encuentran las realizadas a Rafael Suárez, miembro del Secretariado de la Federación Insular de Salud, por un montante total de 18.675 euros. Suárez, enfermero de profesión, era responsable de formación. Cuando comenzaron a descubrirse las irregularidades en las cuentas, reconoció que había recibido 2.500 euros como adelanto para cursos y se comprometió a devolverlos. Además  fue condenado el año pasado por una falta de lesiones y otra de vejaciones tras agredir a uno de los denunciantes e impedirle su entrada en una asamblea de trabajadores celebrada en el Hospital Doctor Negrín de la capital grancanaria.

Las pesquisas policiales revelan la existencia de transferencias mensuales a la cuenta de Suárez entre enero de 2011 y noviembre de 2012 bajo el concepto de “pagos gastos mes”, cobrados siempre a mes vencido y sin ser una cuota fija, a excepción del pago de combustible para su moto, 80 euros, una cantidad que, según relataron en los interrogatorios policiales, sorprendía a sus compañeros del sindicato por su finalidad y su desproporción. En relación a estos pagos, la UDEF sentencia que no se ha podido determinar si se encontraban amparados en una actividad sindical, “si bien por las diferentes declaraciones testificales se entendería que no lo estaban”.

La misma conclusión extrae en relación a varias transferencias realizadas en 2011 a la cuenta de Juan Méndez, miembro del Secretariado Nacional de Salud, órgano regional de la federación, por un valor de 1.204 euros. La UDEF también ha encontrado indicios de que Méndez recibió dinero procedente de la Federación Insular de Salud en Gran Canaria para poder costear el precio de las entradas para el concierto de Bruce Springsteen en la capital. Para ello, según las declaraciones de dos testigos, el extesorero Juan Jesús Galván transfirió de una de las cuentas de la sectorial 500 euros a la cuenta de María Claudia García conceptualizada como “préstamo a Juan Méndez”. Un día después de que se realizara esta operación se extrajeron 400 euros de la misma desde un cajero.

Sindicato Canario de la Salud

A la UDEF también le han llamado la atención del estudio de los movimientos de la cuenta corriente de la Federación de Salud en Gran Canaria las transferencias periódicas realizadas al Sindicato Canario de la Salud (SCS) en Lanzarote, una organización que desapareció en 1994 tras integrarse en IC. “Esta cuenta corriente debería haber sido cancelada desde hacía años, no encontrando explicación el hecho de que en la misma determinados afiliados abonasen sus cuotas de afiliación”, asevera en uno de sus informes. Entre 2010 y 2014 la sectorial sanitaria de IC ingresó al SCS un total de 36.352 euros con los conceptos de “Devolución Cuotas Sindicato”.

Las transferencias cesaron en fechas próximas a la interposición de la primera denuncia y la cuenta se cerró después de la presentación de otra, la que dio lugar a la apertura de las pesquisas por parte de la UDEF y de Hacienda. La unidad policial especializada en delitos económicos investiga el vínculo entre estos pagos y la relación de amistad entre uno de los titulares de la cuenta del Sindicato Canario de la Salud en Lanzarote, también miembro del órgano regional de Salud de IC, y Juan Jesús Galván y Juan Méndez, dos de los principales señalados en la presunta trama de corrupción en el seno de la central sindical canaria.

Para poder continuar con la investigación de los hechos, la UDEF ha solicitado el libro mayor de contabilidad de la Federación de Salud de IC en Gran Canaria para comprobar los registros entre el 1 de enero de 2011 y el 31 de diciembre de 2014, así como el libro diario durante el mismo periodo.

El juzgado abrió las diligencias previas después de que un grupo de afiliados denunciasen una serie de irregularidades en la tesorería de la sectorial de Salud relacionadas con una supuesta apropiación indebida de los fondos del sindicato y su desvío a cuentas particulares, de otras federaciones o del denominado SCS. Con ese dinero se habrían pagado cuotas de hipotecas, vacaciones, fines de semana en casas rurales, conciertos o préstamos de hasta 2.500 euros.

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