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El TSJC ratifica una condena contra Intersindical Canaria por vulnerar los derechos de un liberado

La sentencia obliga al sindicato a restituir en sus cargos al demandante, uno de los denunciantes del presunto desfalco en las cuentas de la Federación de Salud

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Ciudad de la Justicia de Las Palmas de Gran Canaria. (ALEJANDRO RAMOS)

Ciudad de la Justicia de Las Palmas de Gran Canaria. (ALEJANDRO RAMOS)

El Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha ratificado una sentencia del Juzgado de lo Social número 6 de Las Palmas de Gran Canaria que condena a Intersindical Canaria (IC) por vulnerar el derecho a la libertad sindical de un afiliado. El fallo obliga a la central a restituir en todos sus cargos a Miguel Ángel Morales, que perdió la condición de liberado tras ser expulsado de militancia y sancionado por haber firmado la convocatoria de un congreso extraordinario en mayo de 2014 para denunciar el presunto desvío de fondos de la Federación de Salud de IC a cuentas particulares y de un sindicato desaparecido.

En una resolución fechada el 16 de mayo y notificada a las partes el pasado viernes, la Sala de lo Social del TSJC desestima el recurso de suplicación interpuesto por IC y confirma todos los extremos de la primera sentencia. El fallo condena además al sindicato (a través de la Confederal y las federaciones insular y nacional de salud) al pago de las costas procesales, que se fijan en 800 euros.

"Si bien es cierto que la recurrente (IC) actuó con la debida y necesaria diligencia para notificar al demandante las notificaciones en la tramitación del expediente, resulta determinante que la resolución que pone fin al expediente carece de la más mínima motivación, como exige el artículo 17 del reglamento disciplinario de la Confederación Intersindical Canaria", concluyen los magistrados de la Sala.

Al demandante le abrieron un expediente disciplinario y le suspendieron cautelarmente de militancia en una resolución fechada un día antes de que celebrara el congreso extraordinario que había convocado junto a otros siete afiliados tras denunciar irregularidades contables en las cuentas de la sectorial sanitaria de Gran Canaria,  un presunto desfalco que está siendo investigado por la Unidad de Delincuencia Económica y Financiera (UDEF) de la Policía Nacional. En recientes informes, esta unidad policial detectó pagos "sin justificación aparente" por un valor superior a los 80.000 euros.

En el mencionado congreso extraordinario, Miguel Ángel Morales resultó elegido miembro del Secretariado Insular de Salud junto a otros denunciantes. Sin embargo, la cúpula del sindicato celebró un mes después un nuevo congreso en el que fueron designados otros representantes. En medio, IC le remitió un burofax a su centro de trabajo comunicándole la apertura de expediente y la representante legal de la Confederación de IC notificó al Servicio Canario de Salud la suspensión cautelar de militancia y la pérdida de la condición de liberado para volver a su puesto de celador en el centro de salud de San José.

La expulsión definitiva se produjo el 22 de enero de 2015, después de que el afectado recurriera a la Comisión de Garantías y de que IC le imputara más cargos.

"La mayoría de las imputaciones que constan en la propuesta de sanción de la que la resolución trae causa tiene un contenido vago e impreciso", sentencia la Sala de lo Social, que entiende que la decisión de expulsión es nula "por vulneradora de la libertad sindical", ya que "no se respetaron las formalidades previstas en el reglamento disciplinario".

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