Sin apenas publicidad, el Parlamento Vasco ha aprobado también sus propios presupuestos para 2024 al tiempo que ha dado carta de naturaleza a los del Gobierno. El portal de transparencia de la Cámara solamente recoge 19 páginas de un documento de 102 cuando, en el caso del Ejecutivo, se conoce cada partida, cada enmienda y cada explicación. Los de la institución dirigida desde 2012 por Bakartxo Tejeria (PNV) son unos números pensados para un ejercicio electoral, lo que implica previsiones protocolarías para una nueva investidura -que se culminará con una sesión extraordinaria en Gernika-, dinero para la prestación económica de quienes dejen el escaño y también fondos para la adquisición de nuevos terminales móviles para los electos en unos comicios que aún no tienen fecha. También podrían ser necesarias obras en los despachos de los partidos para el caso de que desaparezcan algunos o cambien bruscamente su representación. En 2020, por ejemplo, hubo que abrirle un despacho a Vox y hacer una segunda planta a los de PNV y EH Bildu.

El Parlamento dispondrá de 38,4 millones de euros, un 5% más que en 2023. Es una mejora similar a la general de la comunidad autónoma, que ha sido del 5,4%. Además, compromete otros 1,8 millones en inversiones más allá de 2024. Se detalla que el legislativo cuenta con 3,4 millones en ahorros. El resto se cubre con financiación del Gobierno, 34,6 millones en concreto. El 55% del dinero va a gastos de personal, lo que incluye a los parlamentarios, a sus asesores y al personal funcionario. Los salarios suben un 3,5%.

¿Y cómo son esas retribuciones? Ésta es una de las partes que, por ejemplo, ha sido capada del documento hecho público por el Parlamento. Tejeria, como máxima figura, percibirá 114.394 euros. Los otros miembros de la Mesa, Txarli Prieto del PSE-EE, Eva Blanco de EH Bildu, Iñigo Iturrate del PNV y Gustavo Angulo de Elkarrekin Podemos-IU cobran 97.354 euros. Pero, en medio, hay un cargo con más honorarios que este grupo. Es el letrado mayor, el más alto funcionario de la casa, que tiene una base de 85.032 euros pero a la que se le añade un complemento de 25.990 euros. Los portavoces de los partidos también perciben 97.354 euros y los parlamentarios rasos 82.710 euros. Es un dinero que está por debajo del de la interventora o incluso del del jefe de gabinete de Tejeria (87.018 euros). La presidenta tiene un equipo de cinco personas libremente elegidas. Es conocido que una de ellas cobra una nómina mientras trabaja para el PNV.

Son ocho los asesores de la Mesa, dos por persona, mientras que el Parlamento paga 13 sueldos al PNV, 10 a EH Bildu, 7 al PSE-EE, 5 a Elkarrekin Podemos-IU, 4 al PP y dos al grupo mixto, uno a Ciudadanos y otro a Vox. A partir de ahí, cada organización puede decidir si contrata a más asistentes. El reparto se hace en función de los escaños, como también la ayuda para gastos ordinarios de funcionamiento. Son 18.280 euros fijos mensuales más 3.046 por escaño. Queda así en 2024: PNV 1,35 millones, EH Bildu 0,98, PSE-EE 0,58, Elkarrekin Podemos-IU 0,43, PP 0,40 y Ciudadanos y Vox 0,11, respectivamente.

A las nóminas de los parlamentarios se les añaden unas dietas de locomoción. Son variables en función de la circunscripción de la que proceden. Históricamente las han cobrado igual quienes viven pegados a la Cámara, quienes comparten coche o quienes incluso no tienen gastos de viaje porque han tenido chófer o escolta. Nunca se ha aclarado si se abonan igualmente en enero, julio y agosto, meses en principio inhábiles, es decir, sin plenos ni comisiones. Son 370 euros mensuales para los alaveses, 543 para los vizcaínos y 596 para los guipuzcoanos. La dieta no lleva incluido el peaje. Para ello se dota a sus señorías de aparatos VIA-T, con un coste anual de 102.300 euros. Sumados ambos conceptos, el coste asciende a 555.000 euros. Hay más: se abonan 75.000 euros en seguros de vida de los parlamentarios -que son 75, con lo que la media es de 1.000 euros- y 30.000 en seguros de accidentes.

De cara a las elecciones, son 180.000 euros los reservados para la “prestación económica temporal”, un ayuda del 40% del sueldo durante un año para exparlamentarios pensada como alternativa al régimen ordinario de la Seguridad Social. Se ha diseñado como para que la cobren desde julio 13 personas, aunque la renovación podría ser más profunda en vista de los cambios ya planteados por el grupo mayoritario, el PNV. Además, si las elecciones fuesen en abril, la nueva Cámara podría estar constituida en mayo. Y hay 110.000 más para esos trabajos en los despachos en caso de cambios que obliguen a hacer reformas. El dinero en tecnología suma 230.000 para el programa “oficina móvil” -ordenador, conexión y seguridad para teletrabajar- y 120.000 euros para “nuevos terminales 'smartphone'”.

Son ya históricas las partidas para la ABAO, la ópera de Bilbao, y otras entidades culturales. Normalmente, han repercutido con entradas para los miembros del Parlamento. Son unos 35.000 euros de cara a 2024. La suma de partidas para traducciones entre las lenguas oficiales asciende a 95.000 euros -más el personal propio en esas funciones- y hay un puñado de actuaciones en materia de renovación tecnológica, hasta 20.000 euros para un “test de intrusión Internet” que no se precisa.

El Parlamento Vasco, con los votos de PNV, EH Bildu y Elkarrekin Podemos-IU, ha aprobado este jueves una tan simbólica como no vinculante resolución en la que se apunta que la “necesaria reforma de la Constitución española debe incorporar como cuestiones nucleares la posibilidad de cambio de la forma política del Estado, habilitando la opción de la República”, y “el reconocimiento del carácter plurinacional del Estado y el consiguiente derecho a decidir de los pueblos”. La votación ha escenificado la división entre los socios de Gobierno, PNV y PSE-EE, y en todo caso ha tenido como resultado un texto alejado de la propuesta inicial de Elkarrekin Podemos-IU, que quería hacer coincidir el 14 de abril con una petición a las Cortes Generales para pedir un “referéndum sobre la continuación de la monarquía en España”.

En su exposición, Miren Gorrotxategi, de Elkarrekin Podemos-IU, ha indicado que la República no es “imposible” aunque sí “difícil”. “Y es difícil porque el Partido Socialista no quiere. ¿Éste es el mensaje que el Partido Socialistas quiera dar a los republicanos de este país?”, ha indicado Gorrotxategi, profesora de Derecho Constitucional, que ha insistido en que apenas el 20% de la población actual validó el actual marco político de 1978. “Otra Constitución es posible. Cualquier coma es revisable si así lo quiere la ciudadanía. La monarquía es el pasado y la república plurinacional es el futuro. Euskadi lo sabe y lo tenemos que reclamar alto y claro”, ha añadido.

El PSE-EE había presentado un texto alternativo genérico en solitario. Se hablaba de España como “Estado social y democrático de Derecho que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político, valores todos ellos de gran significación progresista”. Es un hecho excepcional, ya que la práctica habitual es que PNV y socialistas, como coalición de Gobierno, firmen de manera conjunta todas sus iniciativas y voten conjuntamente. Hay muy pocos ejemplos de esta división. El más reciente, en sede parlamentaria, tuvo lugar en relación con los descuentos en los transportes, aunque otros temas como el centro de refugiados de Vitoria o la festividad del 8 de marzo de 2024 también han suscitado encontronazos.

PNV y EH Bildu, en todo caso, han parecido querer primar el derecho a decidir de la nación vasca a la república española. “Entra usted con la República y se va con la independencia debajo del brazo”, le ha espetado Txarli Prieto a Gorrotxategi. El dirigente socialista, que en el pasado lo fue del PCE, ha pedido a Elkarrekin Podemos-IU que analice “qué espacio quieren jugar en la izquierda” ya que, a su criterio, una verdadera izquierda no cree en más fronteras. Al PNV, Prieto le ha recordado que es mucho más sólida la mayoría de “41”, en referencia a la suma de nacionalistas y socialistas, frente a la que este jueves se ha visualizado de “48”, con EH Bildu y Elkarrekin Podemos-IU. “¿Es un anuncio de inestabilidad? Puede ser una cierta alarma si la estabilidad política que proclama el lehendakari ya no es el punto común”, le ha preguntado a sus socios 'jeltzales'.

Joseba Egibar lo ha tenido fácil en su réplica: “No son 48. Son 58”. Además, el portavoz del PNV que los socialistas no pueden limitarse a ofrecer “líneas rojas” a quienes demandan más soberanía. Para Egibar, este texto es la base de un futuro “nuevo estatus” de relación con el Estado. En su intervención, la portavoz de EH Bildu, Maddalen Iriarte, ha querido “poner en valor el acuerdo”, mencionando también que representa el 77% de los escaños. La coalición ha señalado que “la monarquía y el modelo territorial son cuestiones básicas a reformar” en España y que no son cosas “del pasado”. Pero ha recalcado que toca “profundizar” en la democracia porque “el futuro de este país”, en referencia a Euskal Herria y no a España, está en juego.

Desde la bancada de PP+Cs, Carmelo Barrio ha ironizado que el Parlamento Vasco se ha convertido en la tercera Cámara del Estado después de Congreso y Senado por el tipo de debates que acoge. Ha indicado que la sesión ha sido “absolutamente improductiva” porque “crea problemas donde no los hay” y, además, “divide al Gobierno”. Asimismo, ha defendido la monarquía como positiva para Álava, Bizkaia y Gipuzkoa. Vox ha aprovechado su turno para atacar a los socialistas. La sesión ha servido también como despedida del veterano parlamentario del PNV Luis Javier Tellería, que se jubila. Diferentes portavoces, desde Egibar hasta Gorrotxategi, se han ido despidiendo de él en la tribuna. “Bizi pozik”, le ha deseado su colega.

En el Parlamento Vasco, el PSE-EE se ha quedado solo. La Cámara ha rechazado este miércoles, con el voto en contra del PSE-EE y la abstención de Vox, el apoyo del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a la propuesta del Reino de Marruecos sobre la autonomía del Sáhara, y ha instado a España a “apoyar y facilitar activamente”, en la ONU, la Unión Europea y en el resto de organizaciones internacionales, una solución política “conforme al derecho internacional y a las resoluciones de la ONU”. Un grupo de saharauis ha celebrado el resultado del debate desde el propio hemiciclo.

El pleno de la Cámara vasca ha debatido de forma conjunta y por el procedimiento de urgencia sendas proposiciones no de ley presentadas por PNV, EH Bildu y Elkarrekin Podemos-IU, por un lado, y por PP+Cs, por otro. Tenían en común el apoyo de Sánchez a Marruecos sobre la autonomía del Sáhara en la carta enviada por el presidente al rey el pasado 14 de marzo. El texto de PNV, EH Bildu y Elkarrekin Podemos-IU ha sido aprobado con el apoyo de PP+Cs y la abstención de Vox, y ha tenido el único voto en contra de los socialistas, informa Europa Press.

La resolución aprobada declara que el Estado español tiene una “responsabilidad directa” en el conflicto político del Sáhara Occidental, por lo que insta al Gobierno a “apoyar y facilitar activamente”, en la ONU, la UE y en el resto de organizaciones internacionales, una solución política “conforme al derecho internacional y a las resoluciones de la ONU”. En este sentido, insta a los gobiernos e instituciones a apoyar los esfuerzos del enviado personal para el Sáhara, Staffan de Mistura, destinados a reanudar el proceso político de negociación entre las partes del conflicto.

El Parlamento Vasco declara que “resulta imprescindible una solución política justa, duradera y mutuamente aceptable, de conformidad con las resoluciones de Naciones Unidas, en el marco de los principios y propósitos de la Carta de Naciones Unidas”, y apela a la responsabilidad de todas las partes para la búsqueda de una solución “con un enfoque multilateral y constructivo que respete un principio básico como es el derecho de la libre autodeterminación del pueblo saharaui”. Por último, la Cámara vasca reconoce la República Árabe Saharaui Democrática (RADS) e insta al Gobierno español a reconocer la República Árabe Saharaui Democrática (RADS). Asimismo, señala que “una solución política a la cuestión del Sáhara Occidental es fundamental para la cooperación regional entre los países del Magreb y para la estabilidad, la seguridad y la prosperidad de la región”.

La parlamentaria del PNV Maitane Ipiñazar ha expresado su rechazo al “cambio en la posición del Gobierno central sobre el Sáhara” y considera que la propuesta de Marruecos “no es el camino” porque “ni el Gobierno español ni el marroquí deben decidir sobre el futuro del pueblo saharaui”, ya que “son ellos quienes deben decidir libremente sobre su pueblo y sobre su futuro”. En este sentido, ha citado las resoluciones de la ONU que abogan por “una solución que prevea la libre determinación del Sáhara Occidental, no la autonomía que Marruecos quiere colar al pueblo saharaui”, y ha defendido que “la vía debe ser un proceso negociador basado en la libre elección del pueblo saharaui”, por lo que ha reclamado que se reanude el proceso político de negociación entre las partes.

El parlamentario de EH Bildu Josu Estarrona ha criticado también el “cambio radical y unilateral” y cree que “ha habido falta de información, oscurantismo y falta de transparencia”. “¿Por qué ha cambiado de manera unilateral la posición respecto al Sáhara alineándose con Marruecos?; ¿a cambio de qué?; ¿qué es tan importante para traicionar la confianza del pueblo saharaui?”, se ha preguntado. En este sentido, ha acusado a los socialistas de “abandonar un consenso social, un consenso político mayoritario como pocos, que pasa por el apoyo a las resoluciones de ONU para una solución justa, duradera y democrática basada en la libre determinación del Sáhara Occidental” porque cree que con su posición apuestan “sin ambages por el plan de marroquí del 2007 y supone alinearse plenamente con las aspiraciones de Marruecos de considerar como propio el territorio del Sáhara Occidental”.

El parlamentario de Elkarrekin Podemos-IU Iñigo Martínez ha criticado que el presidente Sánchez, “de espaldas a su propio Gobierno y al Congreso, decidió de forma totalmente unilateral cambiar una posición histórica del Estado español al considerar la propuesta marroquí” y ha insistido en que esa posición es “única y exclusivamente del presidente del Gobierno y del PSOE”. Además, ha afirmado que supone “un giro de 180 grados, una irresponsabilidad y una violación del derecho internacional”. “Manifestamos nuestro apoyo incondicional a la causa del pueblo saharaui y al Frente Polisario en su lucha de liberación nacional convencidos de que la estabilidad en el norte de África no puede realizarse burlando la legalidad internacional, eliminando a un pueblo que lucha de forma valiente, desde hace demasiadas décadas, por su liberación”, ha señalado.

El parlamentario de PP+Cs Carmelo Barrio ha afirmado que “ni jurídica, ni política, ni diplomáticamente es comprensible la iniciativa unilateral del presidente Sánchez en relación con la aceptación de la propuesta marroquí para el Sáhara Occidental”, y cree que la carta a Marruecos “anuncia una posición personal que nunca puede ser considerada como una posición del Reino de España, ni del Gobierno de España”. Barrio ha defendido que “España tiene una deuda pendiente con el Sáhara Occidental” y ha señalado que “el apoyo de Sánchez a Marruecos se sustenta en una premisa falsa de que Marruecos ostenta la soberanía de la excolonia”.

El parlamentario del PSE-EE Txarli Prieto ha señalado que el origen de este debate es la carta enviada por Sánchez al rey de Marruecos “proponiendo una nueva relación entre ambos países, tratando de superar problemas del pasado reciente y también del presente” y ha rechazado la “exageración” de algunos partidos al denunciar que la misiva supone “un revés jurídico al derecho internacional”, una crítica “con un objetivo de desgaste”, ya que ha defendido que utiliza términos similares a los usados por la ONU desde 2007. “Yo me preguntaría a quién quieren hacer oposición: al presidente del Gobierno o a la ONU”, ha ironizado.

Prieto ha indicado que “hoy, la resolución que tiene más valor institucional y político para los socialistas, es la de 1991 sobre la organización de un referéndum de libre determinación”, pero ha destacado que “es evidente que el conflicto está bloqueado”, motivo por el que los socialistas apuestan por “el reconocimiento, la escucha y el encuentro” porque “en los conflictos con el maximalismo y el inmovilismo no hay soluciones”. Finalmente, la parlamentaria de Vox, Amaia Martínez Grisaleña, ha criticado la forma de actuar de Sánchez “en secreto y por la puerta de atrás, sorpresivamente y sin contar con nadie”, y ha denunciado la “irresponsable e interesada concesión” del Sáhara a Marruecos.

Tras el debate, el delegado del Frente Polisario en Euskadi, Limam Mohamed Ali, ha comparecido ante los medios y ha agradecido al Parlamento Vasco su “reacción contra el cambio radical” en la postura del Gobierno español, mostrando su “disconformidad con el volantazo de Pedro Sánchez” a quien ha pedido que reconsidere su postura y vuelva a la “sensatez”. Asimismo, cree que en el debate, el PSE-EE ha recurrido a “malabarismos semánticos y a juegos que distan mucho de la realidad” para defender la postura del Ejecutivo central.

La histórica sesión con la que ha arrancado la duodécima legislatura vasca –por haberse celebrado en pleno mes de agosto y por todas las medidas de seguridad que le han rodeado a causa de la pandemia- ha arrojado un par de pinceladas del escenario político abierto en Euskadi tras las elecciones del 12 de julio y en puertas del tercer mandato de Iñigo Urkullu como lehendakari. La primera es que el pacto entre PNV y PSE-EE, aunque no esté cerrada todavía la coalición, está perfectamente engrasado. La segunda es que EH Bildu habrá crecido en votos y en escaños y se ha consolidado como segunda fuerza política, pero que ha visto empeorada su situación en la Cámara.

La sesión inaugural, presidida por el parlamentario más veterano, el peneuvista José Antonio Suso -que ha tenido un recuerdo para los fallecidos por la COVID-19 y un aplauso para los profesionales sanitarios-, ha servido para la elección de la Mesa de la Cámara, en la que el PNV ha obtenido dos puestos y EH Bildu, PSE-EE y Elkarrekin Podemos-IU uno cada uno. Sin sorpresas, la nacionalista Bakartxo Tejeria ha sido elegida como presidenta del Parlamento por tercera vez consecutiva. Se convierte así en la mujer que más años ha ocupado esa responsabilidad por delante de Juan José Pujana, Joseba Andoni Leizaola o Juan María Atutxa. Casi todos los parlamentarios han aplaudido a Tejeria en el momento de la proclamación.

Tejeria ha obtenido 41 de 75 votos para continuar en el cargo, los 31 propios y los 10 de los electos del PSE-EE. Así, cuando tocaba elegir las vicepresidencias, al calor del PNV el socialista Txarli Prieto ha conseguido arrebatar a la secretaria general de EA y representante de EH Bildu Eva Blanco -que es la secretaria general de EA- la primera de ellas gracias a esos mismos 41 votos. En la pasada legislatura, Prieto ya fue vicepresidente segundo y no secretario merced al pacto con el PNV. En la elección de las secretarías, Elkarrekin Podemos-IU ya había alcanzado también un pacto con nacionalistas y socialistas de modo que ha podido colocar a Gustavo Angulo en la Mesa -ha recibido cinco votos de otros partidos y con ello ha sido suficiente- y ha privado a EH Bildu del segundo asiento que, en pura aplicación matemática de sus escaños, tendría que haber obtenido. En vista de las circunstancias, ni siquiera ha presentado candidatura. Completa la Mesa otro veterano, el ‘jeltzale’ Iñigo Iturrate.

La situación ha motivado el enfado en la bancada de EH Bildu. Nerea Kortajarena -nueva coordinadora del grupo parlamentario en sustitución de Unai Urruzuno- ha denunciado ante los medios de comunicación el “reparto de sillas” y la falta de “proporcionalidad” de la nueva Mesa. “La situación es muy grave como para andar perdiendo el tiempo en estas cuestiones”, ha apostillado Kortajarena. El líder del PP y de la coalición PP+Cs, Carlos Iturgaiz, también ha asegurado que se ha “echado” a su formación de la Mesa, aunque ya en la pasada legislatura se quedó sin representación. Ha acusado al PNV de laminar a las “minorías” y, en una particular lectura política, ha argumentado que los nacionalistas han facilitado al “frente de izquierdas” tres de los cinco puestos del órgano de Gobierno, lo que pondrá en riesgo la “economía” y la “industria”.

“Nuevo marco de relación con el Estado”

En su primer discurso tras ser reelegida en el cargo, la presidenta del Parlamento ha demandado acuerdos “amplios” para hacer frente a la crisis económica derivada de la crisis sanitaria. “Confío en que todos colaboraremos con el objetivo común de que este país salga adelante”, ha solemnizado. No obstante, también ha fijado como objetivo “imprescindible” de legislatura “un nuevo marco de relación con el Estado” y ha recordado que el Estatuto de 1979 sigue incompleto cuatro décadas después. “Tenemos que actualizar nuestro autogobierno”, ha demandado Tejeria, que ha pedido al Gobierno central que “respete” el derecho a decidir de los vascos. Tejeria ha agradecido el apoyo de su partido y de su familia. Su marido, Joanes Labayen, y sus cuatro hijos la han acompañado. Los más pequeños han correteado por el Parlamento mientras su madre atendía entrevistas y recibía enhorabuenas. Hace ocho años eran las mayores las que jugaban y dibujaban.

La sesión parlamentaria ha sido verdaderamente extraordinaria por las circunstancias derivadas de la COVID-19. Es la primera vez que se reunía el pleno del Parlamento Vasco desde febrero y se han instalado mamparas separadoras entre los escaños y establecido puntos de limpieza de manos. Hacía tanto que no había sesiones que las banderas oficiales habían quedado descoloridas y el personal funcionario ha tenido que sustituirlas por unas nuevas. Este lunes se ha limitado la presencia de invitados también, aunque sí se han dejado ver líderes políticos como Andoni Ortuzar, Arnaldo Otegi, Pilar Garrido, Isabel Salud o Raquel González, dirgientes de PNV, EH Bildu, Podemos, IU y PP, respectivamente, o cargos institucionales como la presidenta de las Juntas Generales de Gipuzkoa, Eider Mendoza, o el diputado general de Álava, Ramiro González, ambos del PNV.

Con mascarilla con la bandera española y del color verde de la Guardia Civil ha regresado al Parlamento Vasco Santiago Abascal, natural de Amurrio. Exparlamentario con el PP y ahora líder de la ultraderecha española, ha llegado con Niko Gutiérrez -ex del PSE-EE y de UPyD- para asistir al estreno de Vox en Euskadi de la mano de Amaya Martínez Grisaleña, que apenas ha tenido interacción con miembros de otros partidos políticos.

El Parlamento Vasco ha aprobado en el breve pleno de este jueves y por amplia mayoría –pero no por unanimidad– una resolución de rechazo a los “actos de reconocimiento con ostentación pública a los presos de ETA que salen de prisión”, ya que suponen una “revictimización” para los afectados por el terrorismo y son una “dificultad añadida para la construcción de una convivencia democrática”. El texto ha partido del PP y se ha logrado una redacción conjunta apoyada también por PNV, PSE-EE y Elkarrekin Podemos. Sólo EH Bildu se ha desmarcado del acuerdo. Según su portavoz, Julen Arzuaga, “los 'ongi etorri' no tienen ninguna voluntad de burlarse de las víctimas o de incrementar su sufrimiento”, al tiempo que ha defendido el silogismo de que, sin presos o con otra política penitenciaria, no habría este tipo de recibimientos.

Arzuaga, que es abogado de profesión, ha intervenido en la tribuna de la Cámara al modo de un penalista en un juicio, buscando un debate jurídico frente al resto de portavoces, que pedían a EH Bildu y singularmente a Sortu una valoración ética. Ha asegurado Arzuaga que en las reflexiones de otros partidos y medios de comunicación sobre este particular “se mezclan términos”. Ha indicado que “homenajear es un delito” y que “eso no ocurre” con los expresos de ETA que terminan su condena –con algunos, ya que los arrepentidos que se acogieron a la 'vía Nanclares' no tienen la misma bienvenida–. “Se acoge a una persona, no se homenajea nada”, ha repetido para asegurar que estos actos “simplemente” denuncian las “condiciones muy duras en la cárcel” de determinadas personas que son “algo más” que un mero “currículum criminal”.

“Son expresiones de acogida a la persona. No se pueden vincular con la apología de organizaciones que afortunadamente ya no existen”, ha continuado Arzuaga, que incluso ha subrayado que la Audiencia Nacional todavía no tiene un criterio fijo a la hora de castigar los 'ongi etorri' aunque ha advertido que “un amigo de un preso” ya ha sido imputado por participar en uno de ellos. Ha añadido que la izquierda abertzale reconoce a “todas las víctimas”. En ese sentido, ha asegurado que los presos de ETA también lo son porque han sufrido “incomunicación, torturas, aislamiento, dispersión y denegación de permisos”.

“Hoy es un día malo para usted y para lo que usted representa. Con su discurso lo que trata es de manipular la realidad”, le ha afeado a Arzuaga el representante del PP, Carmelo Barrio, que ha lamentado que en Euskadi se “jalee” a los terroristas y que este verano se haya producido un repunte. Ha aportado un dato: desde que en febrero de 2018 la Cámara debatió sobre este particular se han celebrado otros 80 homenajes. “Si antes era la violencia terrorista, ahora es la radicalidad lo que más aleja al País Vasco de la convivencia”, ha apostillado.

El PP ha hecho un “llamamiento” a las instituciones para que impidan este tipo de actos. En la propuesta original, en efecto, se recogía el verbo “impedir”. Pero la redacción final cerrada por los 'populares' con PNV, PSE-EE y Elkarrekin Podemos plantea más en genérico que los poderes públicos deberán “garantizar las políticas de reconocimiento, verdad, justicia y reparación debidas a las víctimas” y “redoblar los esfuerzos para promover activamente la deslegitimación del uso de la violencia”.

Desde la bancada del PSE-EE, Txarli Prieto ha articulado un discurso muy contundente, en la línea de las reflexiones del delegado del Gobierno de Pedro Sánchez en Euskadi, Jesús Loza, que alertó de que este tipo de recibimientos, singularmente por la participación de jóvenes en ellos, pueden conducir a un “rebrote” de la violencia. Según Prieto, Sortu y “parte de EH Bildu” mantienen “connivencia” y “cercanía” con el terrorismo de ETA. Son “residuos de intolerancia y fanatismo” que prueban, a su juicio, el “doble juego de una parte de la representación política de este país”. “Mientras unos están en las tumbas, otros están satisfechos de que así ocurriera y hacen una fiesta pública”, ha remachado.

Arzuaga ha entrado al trapo y ha reprochado a los socialistas los homenajes a excargos del Estado condenados por los GAL como Rafael Vera y José Barrionuevo. Sobre los niños y jóvenes, ha indicado que también hay que tener en cuenta a los que “todos los fines de semana” tienen que “preparar la mochila” para recorrer miles de kilómetros para visitar a sus familiares presos.

La reducción del debate a una mera disquisición jurídica ha irritado también al portavoz del PNV, Iñigo Iturrate. “No todo lo moralmente reprobable es delito y cualquier sociedad tiene que tener una mínima ética compartida”, ha expresado para reiterar que “matar estuvo mal” y que todo el mundo debería asumir ese principio. “Homenajear o ensalzar es absolutamente rechazable y avergüenza a cualquier sociedad decente. No se trata del 'derecho al abrazo'”, ha añadido recordando unas reflexiones de Arnaldo Otegi sobre estos actos y destacando que no son precisamente bienvenidas improvisadas, sino eventos organizados y preparados.

A Otegi también lo ha citado José Ramón Becerra, representante de Equo y de la coalición Elkarrekin Podemos, pero para recordar que en 2001 era tremendamente beligerante con los homenajes a los GAL. “Arzuaga nos ha querido llevar a un debate terminológico. Pero la clave es para qué se juntan y cuál es el resultado respecto de las víctimas. ¿Aplicamos diferentes consideraciones éticas [a los GAL y a ETA]? No aceptan con estas palabras que matar estuvo mal. ¿Lamentan el daño causado a las víctimas en los homenajes de este verano o no?”, ha manifestado Becerra.

En la toma de posesión de un miembro del Gobierno todo está medido al milímetro, desde los objetos de la mesa de madera sobre la cual posa la mano el nuevo consejero o consejera para jurar el cargo hasta la posición exacta de todas las autoridades presentes en el vestíbulo de Ajuria Enea.

Por ello, llamaba poderosamente la atención en la fotografía del relevo de Jon Darpón por Nekane Murga al frente del Departamento de Salud que, en la zona reservada a la Mesa del Parlamento, hubiera un ostensible hueco entre la presidenta, Bakartxo Tejeria, y la secretaria, Cristina Macazaga, que han ocupado sus puestos conforme al protocolo. Al fondo, una puerta abierta y una planta. La ausencia de uno de los vicepresidentes estaba muy presente en la composición. ¿Dónde estaba Txarli Prieto?, se preguntaban muchos de los presentes.

Al dirigente socialista se le ha traspapelado la invitación a un acto oficial de relevancia, como lo era el de este miércoles en el palacio presidencial. Y eso que la cita llevaba días anunciada. Sin ir más lejos, está incluida en la agenda de la 'web' del Parlamento. Los responsables de protocolo, inquietos por que todo saliera a la perfección, han notado enseguida la ausencia. Han llamado al Parlamento y nadie les ha atendido. “El tiempo corría. No llegaba y hemos decidido empezar”, explican las fuentes consultadas, que apuntan a que las ausencias injustificadas son una circunstancia absolutamente extraordinaria.

Fuentes del PSE-EE rebajan lo ocurrido a un “problema de agenda”. Sin embargo, el resto de miembros de la Mesa del Parlamento se han encontrado a Prieto esperándoles para una reunión ya programada a las 9.30 horas, justo al término del acto protocolario en Ajuria Enea. En esa reunión ha explicado que “desconocía” la cita, según varias fuentes.

Por vez primera desde 2001 y en una situación sin precedentes por una huelga, el Parlamento Vasco no ha podido celebrar la sesión de control al Gobierno programada para este viernes 8 de marzo por falta de quórum. 36 de las 40 parlamentarias -todas las de PNV, EH Bildu, Elkarrekin Podemos y PSE-EE- y 8 de los 35 parlamentarios -de todos los partidos y por causas diversas, desde enfermedad hasta solidaridad con la movilización- no han acudido a las 9.30 al hemiciclo y a las 9.34 el pleno se ha dado por imposible.

La excepcionalidad de la jornada se ha hecho sentir desde el arranque. En la Mesa del Parlamento faltaban tanto la presidenta, la peneuvista Bakartxo Tejeria, como la vicepresidenta, Eva Blanco (EH Bildu). Así las cosas, ha asumido la dirección el vicepresidente segundo, el socialista Txarli Prieto, quien ha apelado al artículo 63.5 del reglamento para remarca que no había “la mitad más uno” de los electos en sus escaños, lo que hacía imposible iniciar los trabajos.

“Procede suspender la sesión”, ha manifestado desde la Mesa Prieto en vista de un hemiciclo semivacío. De derecha a izquierda, se ha visto a 13 de los 28 representantes del PNV, a 3 de los 9 del PSE-EE, a 8 de los 9 del PP -incluidas sus cuatro mujeres pero sin Borja Sémper, enfermo-, a 3 de los 11 de Elkarrekin Podemos y a 4 de los 18 de EH Bildu. Estos últimos han colocado carteles llamando a la movilización en los asientos vacíos.

Desde la bancada del PP, Laura Garrido ha defendido que la mejor forma de reivindicar los derechos de la mujer es “estando en el pleno y cumpliendo con las obligaciones”. Ella, Nerea Llanos, María del Carmen López de Ocáriz y Juana Bengoechea han ocupado sus escaños en el pleno. Desde el PP han llamado la atención que la huelga sólo ha sido posible por el cambio de opinión del PNV respecto al año anterior, donde hubo pleno aun con las ausencias de las parlamentarias de la izquierda. Garrido ha deslizado que esta decisión no es ajena al clima preelectoral.

El lehendakari, Iñigo Urkullu, ha recibido “con toda lógica” el hecho de haber realizado en balde su desplazamiento hasta el Parlamento ya que “es un día de reivindicación” y “un día de concienciación para los hombres”. ¿Se siente un lehendakari feminista?, se le ha preguntado. Y él ha respondido: “Me siento un lehendakari en favor de lo que es el feminismo”. ¿Hacen huelga sus consejeras? “No tienen agenda pública. No han entrado al pleno”. En puridad, sí había una consejera del PNV en el Parlamento, la titular de Empleo y Políticas Sociales, Beatriz Artolazabal.

¿Qué temas se han quedado en el tintero? Significativamente, el primero era sobre las “medidas que están llevando a cabo en el Gobierno para potenciar el plan contra la brecha de género”. Y el décimo sobre el sesgo educativo que provoca diferencias entre niñas y niños. También había asuntos sobre la precariedad laboral, sobre Venezuela o sobre el Basque Culinary Center. Los asuntos no decaen pero es prerrogativa de los partidos determinar si los retoman o no en una futura convocatoria. En la Cámara, se ha notado también la ausencia de numerosas trabajadoras, funcionarias, asesoras o informadoras.

En 2001, el boicoteo de PP y PSE-EE, por un lado, y de Batasuna, por otro, a los presupuestos del lehendakari, Juan José Ibarretxe, obligó a aplicar el reglamento del Parlamento y suspender varios plenos por falta de quórum en el hemiciclo. Este viernes, con motivo de la huelga convocada por el día de la mujer, la Cámara deberá desempolvar el artículo 63.5 cuando se constate que el pleno, en este caso una sesión de control al Gobierno, no puede constituirse porque “no están presentes la mitad más uno de sus miembros”.

Simbólicamente, el Parlamento se detendrá este 2019. No ocurrió lo mismo el pasado año. Las mujeres electas son 40 de 75. Harán huelga 36, incluidas todas las aforadas de PNV, lo que marcará la diferencia. Con ellas, se movilizarán PSE-EE, EH Bildu y Elkarrekin Podemos.

Pero 36 no es suficiente para que no haya pleno. Sin embargo, es conocido que un miembro del PNV, Kerman Orbegozo, está de permiso por paternidad y no está acudiendo a las últimas sesiones. Asimismo, al menos dos parlamentarios más no asistirán, el peneuvista Joseba Egibar y Pello Urizar (EH Bildu), éste último de viaje oficial. Faltarán, además, varios hombres de Elkarrekin Podemos, que asumirán labores de crianza y cuidados para facilitar que sus parejas hagan huelga. En esas circunstancias, no será posible alcanzar ese quórum necesario para abrir la sesión.

La imagen de excepcionalidad se apreciará desde el mismo arranque del pleno. Ante la ausencia de la presidente de la Cámara, Bakartxo Tejeria (PNV), y de la vicepresidenta, Eva Blanco (EH Bildu), el encargado de dirigir el pleno pasa a ser el vicepresidente segundo, el socialista Txarli Prieto. Será él quien constate si hay o no quórum. De haber sido un pleno ordinario, ese control de asistencia tendría que haberse producido en cada una de las votaciones, según el artículo 90.

Formalmente, los parlamentarios no tienen derecho a la huelga al no estar sujetos a la legislación laboral ordinaria. De hecho, si se ausentan tampoco ven descontada la jornada de su salario. Sin embargo, los cuatro partidos que apoyan la huelga han tomado medidas en ese sentido. Las parlamentarias del PNV donarán el dinero a una entidad que trabaje por los derechos de las mujeres. Lo mismo harán PSE-EE y Elkarrekin Podemos, una coalición que incluso ha tasado en 150 euros por parlamentaria esa aportación. En el caso de EH Bildu, las aforadas y otros cargos públicos en su situación destinarán el dinero a una suerte de “caja de resistencia” con la que compensar a las trabajadoras de la formación que hagan huelga de modo que todas sufran las mismas consecuencias.

Sondeadas por este periódico, algunas funcionarias del Parlamento y asesoras de los grupos políticos también prevén parar. En el caso del personal no político, la presencia de hombres y mujeres es también equilibrada, incluidas algunas jefaturas. En todos esos casos, sin embargo, sí se aplicará automáticamente la merma en la nómina. 

El cartel de Pablo Iglesias

En este contexto, el Parlamento Vasco ha aprobado dos resoluciones que hincan el diente de lleno a las políticas de igualdad. La Cámara, por ejemplo, ha avalado las medidas que está desarrollando el Gobierno de Iñigo Urkullu contra la brecha salarial, aunque con el rechazo de la oposición, que podía haber ganado la votación si no se hubieran ausentado Urizar (por su viaje) y el 'popular' Borja Sémper (enfermo). Aunque en el fondo todos los partidos han deseado acabar con esas desigualdades, el consenso no ha sido posible y se han llegado a votar hasta cuatro textos diferentes.

Igualmente, se ha instado al Ejecutivo a diseñar y poner en marcha esta legislatura una “estrategia de apoyo a personas cuidadoras”, que incorpore la perspectiva de género y medidas dirigidas al reconocimiento y a la puesta en valor de estas tareas. Todos los partidos han avalado la resolución salvo el PP, que se ha abstenido en un punto concreto aunque sí ha dado el visto bueno al resto.

Todo ello no ha evitado el enfrentamiento entre parlamentarias de todos los partidos. Edurne García (Elkarrekin Podemos) ha criticado que los planes del Gobierno contra la brecha salarial son maquillaje, la bancada del PNV no ha podido evitar sacar a colación el cartel del regreso de Pablo Iglesias retirado por machista y el PSE-EE ha lamentado que al PP “ni se le espere” en las movilizaciones del 8 de marzo.

Efectos en todas las instituciones

El efecto de la huelga se hará sentir también en otras instituciones. En el Gobierno vasco la mayoría de las consejeras han vaciado su agenda pública de mañana. Aunque hay excepciones, la titular de Desarrollo Económico y Competitividad, Arantxa Tapia, seguirá con su actividad, ya que se encuentra de viaje oficial en Estados Unidos. Por su parte, la consejera de Trabajo, María Jesús San José, como “autoridad laboral”, supervisará el desarrollo de la jornada y de los servicios mínimos.  

Según informa Efe, en el Ayuntamiento de Vitoria, las ediles del Gobierno (PNV y PSE-EE) no asistirán a la Junta de Gobierno Local, lo que motivará la suspensión de la posterior rueda de prensa del alcalde. En Álava, en las Juntas Generales podría suspenderse una comisión y las diputadas harán huelga. En Bizkaia, no hay convocatorias ni municipales ni forales, como en Gipuzkoa. 

La Mesa del Parlamento Vasco ha aprobado este martes un incremento de las retribuciones del personal de la Cámara del 1,5% más un 0,5% adicional en forma de aportaciones a la EPSV Elkarkidetza. La mejora salarial –que no se recoge en la nota de prensa de 12 folios enviada tras la reunión de la Mesa- beneficiará a unos 120 funcionarios del Parlamento, mientras que los representantes políticos tendrán una subida del 1% en línea con las disposiciones generales del Estado y del Gobierno autonómico. Además de esta medida, los empleados del legislativo verán mejoradas sus condiciones en materia de permisos o conciliación en el que es el primer acuerdo laboral global firmado en la institución en años.

El pasado jueves 27 de abril la vicepresidenta del Parlamento, Eva Blanco, el letrado mayor y el responsable de Recursos Humanos estamparon su firma en un “preacuerdo” de siete folios junto a los delegados de CCOO y LAB (ELA se ha inhibido en las negociaciones). Y este martes la Mesa ha validado la mejora de las condiciones laborales con el único ‘pero’ del representante del PSE-EE, Txarli Prieto, que ha votado en sentido contrario a sus socios del PNV y a los representantes de EH Bildu (la propia Blanco) y de Elkarrekin Podemos al entender que esta subida salarial podría colisionar con la limitación del 1% dictada con carácter general en los presupuestos del Estado y que ha seguido al pie de la letra el Gobierno vasco para sus 70.000 funcionarios.

Informe de legalidad favorable

Las fuentes consultadas, tanto en la parte sindical como en la parte política, entienden que esta mejora retributiva no comporta problemas de legalidad. En el acuerdo ha participado activamente el letrado mayor del Parlamento y todas las partes entienden que habría advertido en caso de que se incurriera en algún problema jurídico. Asimismo, el Parlamento ya dispone de presupuesto consignado para acometer las subidas salariales sin necesidad de recortar fondos para otras iniciativas, por lo que la mejora económica no tendrá efectos presupuestarios. Asimismo, el acuerdo laboral apela a la “autonomía” del Parlamento en materia de personal. En 2012, por ejemplo, fue una de las pocas instituciones que no retiró la ‘extra’ de Navidad siguiendo las directrices del presidente Mariano Rajoy, algo que sí sucedió en el resto de la Administración autonómica.

La mejora salarial se aplicará con carácter inmediato, en 2017, y tendrá efectos retroactivos desde el 1 de enero. Se traducirá una subida lineal del 1,5% (el equivalente al IPC). Quienes tengan suscrito un programa complementario de pensiones con Elkarkidetza destinarán un tercio de esa cantidad (0,5%) a la EPSV. Además, la Cámara se compromete a aportar de sus presupuestos propios otro 0,5% hasta cubrir un 3,5% de su salario total.

Se equipara la maternidad subrogada

El Parlamento, asimismo, ha accedido a mejorar las condiciones laborales de sus empleados en distintas materias. El permiso de paternidad pasa a ser de cuatro semanas, se incrementa a dos meses el permiso para atender a familiares enfermos graves, habrá una licencia de 60 horas para atender a allegados enfermos crónicos y se homologa en todos los sentidos la gestación subrogada a la maternidad natural y a la adopción. Uno de los puntos clave propuesto por los sindicatos permitirá también a los funcionarios que cumplan los 63 años reducir un 12,5% su jornada por motivos de salud y sin pérdida de derechos.

El acuerdo laboral incluye también la convocatoria de nuevas plazas para el año 2017. Como mínimo, se alude a dos puestos en traducción, tres plazas de técnicos administrativos y una plaza de documentalista adscrita a la oficina del Ararteko, que depende del Parlamento.

La Mesa del Parlamento Vasco, a propuesta del socialista Txarli Prieto, aficionado a la alta gastronomía, ha decidido esta semana contratar a la Universidad de la cocina, al Basque Culinary Center (BCC), para que sus expertos impartan doce cursos a los responsables del servicio de bar y restaurante de la Cámara con el objetivo de que se mejore el servicio que se presta. Las clases costarán 6.000 euros, 500 por sesión, y han generado un profundo malestar entre los usuarios habituales del establecimiento, que se muestran satisfechos con el servicio actual.

La propuesta de Prieto, que recibió el apoyo de los dos representantes del PNV en la Mesa, incluida la presidenta, Bakartxo Tejeria, contó con el rechazo de Eva Blanco (EH Bildu), mientras que Cristina Macazaga (Elkarrekin Podemos) se abstuvo. Según fuentes parlamentarias, sería el primer paso para reformular de cara al futuro el servicio de restauración del Parlamento, que ahora ofrece menús del día y pintxos a los trabajadores de la casa y a los propios políticos.

El acuerdo con el Basque Culinary Center se traducirá en doce sesiones formativas tanto en sus instalaciones de San Sebastián como en el propio Parlamento. La operación supondrá un coste de 6.000 euros más IVA. Se da la circunstancia de que la Cámara no había atendido en años anteriores otras mejoras propuestas para el servicio, como la ampliación o modernización de las instalaciones, que habitualmente se llenan en las jornadas de plenos.

La decisión no fue trasladada en la habitual nota de prensa que se envía cada semana con los acuerdos de la Mesa, aunque en la página 'web' del Parlamento sí se recogen fotografías de la reunión que mantuvieron el pasado 27 de febrero la presidenta Tejeria y el propio Prieto con un equipo del Basque Culinary Center. Aquella cita sirvió para analizar esta cuestión.

La undécima legislatura del Parlamento vasco (“onceava”, se ha equivocado el presidente de la Mesa de Edad, Juan Luis Uria) está ya en marcha tras una sesión plenaria de puro trámite celebrada este viernes por la mañana en la que Bakartxo Tejeria (PNV) ha sido reelegida como presidenta. Los ‘spoiler’ de toda la semana habían detallado no sólo los nombres y apellidos de los cinco integrantes de la nueva Mesa de la Cámara (con Tejeria están Eva Blanco, Txarli Prieto, Íñigo Iturrate y Cristina Macazaga) sino casi también hasta el orden de las votaciones. El PP, como estaba anunciado, se ha quedado fuera de este reparto. La gran noticia política, por lo tanto, ha sido que PNV y PSE-EE han votado de la mano en lo que para muchos de los presentes ha sido un adelanto de cara a la sesión de investidura del lehendakari, prevista para noviembre. De momento, ambos partidos iniciaron este jueves unas conversaciones que avanzan a buen ritmo y que podían acabar en un Gobierno de coalición.

También ha sido el estreno en el Parlamento vasco de Elkarrekin Podemos, la coalición de Podemos, Equo e IU (cuyos invitados no han compartido palco con los de sus socios morados y verdes). Sus 11 aforados han ocupado las bancadas utilizadas la pasada legislatura por el PSE-EE, al lado del bloque de EH Bildu, lo que ha dejado otra de las imágenes del día. Los socialistas, tras un acuerdo pacífico, se han sentado esta vez a la derecha del hemiciclo, junto al PNV y tras parte de los asientos del Gobierno. El PP ha separado a ambas formaciones. Todo un adelanto de la geometría política que se avecina.

Sin que fuese necesario (porque no había candidatos alternativos), el PNV ha contado con los votos del PSE-EE en la elección de Tejeria como presidenta. Aunque la votación ha sido secreta, en las dos ocasiones en que se ha repetido (es obligatorio a falta de mayorías absolutas) la dirigente ‘jeltzale’ ha contado con 37 apoyos, tantos como escaños suman PNV y PSE-EE. A cambio, el socialista Txarli Prieto ha recogido apoyos suficientes merced a los nacionalistas para ocupar una vicepresidencia junto a Eva Blanco (de EA), aunque el partido de Idoia Mendia es ahora la cuarta fuerza de la Cámara. En la tercera votación, el aspirante peneuvista, Iñigo Iturrate, de nuevo ha tenido apoyo del PSE-EE para cerrar el círculo. Completa la Mesa Cristina Macazaga, alavesa de Podemos.

Tras esta primera sesión parlamentaria –que como todas las de la pasada legislatura se ha iniciado con las protestas de los ertzainas de Erne en el exterior-, se han de cumplir aún varios trámites reglamentarios antes de conocer la fecha exacta para la investidura de Iñigo Urkullu. Se espera para la segunda quincena de noviembre, aunque PNV y PSE-EE ya han imprimido velocidad de crucero a sus conversaciones. Ya se han conformado dos delegaciones técnicas con cargos internos y de Gobierno de segundo nivel (sin Idoia Mendia, Andoni Ortuzar e Iñigo Urkullu) y se espera que empiecen a fructificar en breve.

Tejeria reclama una reforma estatutaria

Tejeria ha pronunciado un breve discurso (dos folios) tras ser reelegida entre los aplausos de sus compañeros de Parlamento y de los invitados, entre los que se encontraba su familia y sus dos hijas, apenas unas bebés cuando hace cuatro años celebraron su primera designación con un dibujo hecho a mano. En una alocución muy similar a otras realizadas desde 2012 y que para algunas voces bordea la “neutralidad” que exige su puesto, la presidenta ha reclamado un nuevo tiempo sin ETA con “memoria, dignidad y justicia” para “todas” las víctimas, que la salida de la crisis económica se haga desde bases sólidas y el “empleo de calidad” y, sobre todo, que Euskadi avance “cuatro décadas después” hacia un nuevo Estatuto (como pide su partido).

“Hay que avanzar y culminar los trabajos iniciados en este Parlamento la pasada legislatura, sin más límite que la voluntad de la ciudadanía vasca libre y democráticamente expresada”, ha remarcado Tejeria, que también ha apelado a la palabra, el diálogo y la concertación de cara a la nueva etapa 2016-2020. “De esa forma contribuiremos a restituir a la política la dignidad y el respeto que debe tener”, ha concluido.

Como gran novedad, esta legislatura presenta una abrumadora mayoría femenina en las bancadas de la Cámara. Son 40 aforadas por 35 varones y dos grupos, EH Bildu y el PSE-EE, tienen un 66% de mujeres, todo un hito.

Sin acatar la Constitución

El Parlamento Vasco, con casi 40 años de historia, ya va adquiriendo sus tradiciones. Una de ellas es que los diputados autonómicos toman posesión al inicio de la legislatura tras ser llamados uno a uno, sin que medie un juramento o promesa de acatar la Constitución, como es usual en otras instituciones. El portavoz del PP, Borja Sémper, ha tomado la palabra y ha reclamado al presidente de la Mesa de Edad (la primera sesión la modera el electo más veterano, otra tradición) la aplicación el artículo 108.8 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG), que obliga a respetar la ‘carta magna’.

Tras un receso de varios minutos en el que los letrados de la Cámara se han reunido con Uria y los otros integrantes de la Mesa (tres de Elkarrekin Podemos, una del PP y otro del PNV), el aforado ha enfatizado que los “precedentes históricos” marcan que en Euskadi nunca se ha seguido ese “formalismo”. “Pero le agradecemos su propuesta, señor Sémper”, ha remachado Uria. El portavoz del PP ha replicado desde el escaño que “no se trata de agradecimientos”, sino de “acatamiento de la ley” y ha hecho constar en acta su protesta.

El asunto se ha zanjado en el hemiciclo, aunque Alfonso Alonso ha convocado una rueda de prensa extraordinaria para denunciar que “se ha impedido que este Parlamento se sitúe dentro de la normalidad constitucional”. Preguntado expresamente por los motivos de que tampoco se acatara la ley de leyes con Arantza Quiroga (PP) como presidenta, Alonso ha llegado a asegurar que “desde luego” tampoco ella dio cumplimiento al ordenamiento jurídico español. Alonso asumió el liderazgo de la formación conservadora tras la abrupta salida de Quiroga, criticada por un supuesto acercamiento a la izquierda abertzale en materia de víctimas.

Alonso no ha precisado si recurrirán ante el Tribunal Constitucional para que el Reglamento parlamentario incorpore un juramento o promesa. Sólo ha dicho que el PP “va a trabajar para que esta previsión de la LOREG se cumpla” en Euskadi. Fuentes judiciales han explicado a eldiarionorte.es que el principio “interna corporis” hace que las decisiones soberanas de un Parlamento sólo puedan ser revocadas por la justicia constitucional y no por la justicia ordinaria. Otra opción sería explicitar un acatamiento en el Reglamento interno, que tiene rango de ley.

Más advertencias del PP

Alonso ha aprovechado su comparecencia para volver a repetir sus críticas al resto de partidos por un acuerdo político a cuatro que les ha dejado fuera de la Mesa a pesar de tener la misma representación que los socialistas. Sin éxito, han tratado de lograr que Antón Damborenea mantuviera su plaza. El exministro cree que lo ocurrido este viernes “marca el futuro de la legislatura” y las “intenciones” del PNV de contar con los socialistas como socios y un apoyo externo de EH Bildu.

“Y yo creo que es una equivocación”, ha lamentado Alonso, que presentó su candidatura tras abandonar el Gobierno de España con el ánimo de ser influyente y ha quedado relegado a portavoz de la quinta fuerza vasca.

Llenazo en la Cámara

“Hoy hay pleno en todos los sentidos”, bromeaba desde uno de los palcos del Parlamento uno de los muchos asistentes a la sesión. Decenas de periodistas, fotógrafos y camarógrafos se han acreditado para el estreno de la legislatura y los partidos han acudido con muchos invitados. Hasta el lehendakari ha tenido que esperar varios minutos en un rincón para felicitar a Tejeria, que atendía sonriente todas las fotografías que le reclamaban.

Elkarrekin Podemos ha llevado en su estreno a una nutrida representación de Podemos, IU y Equo, sus tres patas. Los últimos han llegado en bicicleta, como hicieron en el Congreso. Al igual que EH Bildu hace cuatro años (ahora las chaquetas mandan en la izquierda abertzale), la coalición morada, roja y verde ha querido un arranque reivindicativo con consignas contra el TTIP o la violencia de género, entre otras causas, en forma de camisetas o chapas. Varios diputados y senadores vascos y navarros han asistido al pleno, al igual que líderes políticos como Arnaldo Otegi o Andoni Ortuzar. Entre las autoridades, el alcalde de Vitoria, Gorka Urtaran, o los representantes de la judicatura, Juan Calparsoro y Juan Luis Ibarra, y de la Universidad, Iñaki Goirizelaia (cuya hermana Jone vuelve al Parlamento).

También ha habido momento para las despedidas. Tras el trámite de dar el relevo a la Mesa de Edad, han abandonado la política Juanjo Agirrezabala (parlamentario con EA y EH Bildu en dos legislaturas) y Blanca Roncal (veterana socialista), integrantes de la anterior dirección parlamentaria. Tejeria, tras ser reelegida, les ha enviado un cariñoso saludo.

Los socialistas alaveses Txarli Prieto, exlíder del partido en Álava y actual parlamentario en la Cámara vasca, y su brazo derecho y actual secretario de Organización, Víctor García Hidalgo, deberán aclarar ante el magistrado instructor del Tribunal Superior de Justicia vasco este miércoles el pago de dos facturas por obras supuestamente ejecutadas en cinco sedes del partido en ese territorio y que según la Fiscalía “no hay evidencia” de que correspondan a “trabajos efectivamente realizados”, según la denuncia del ministerio público.

Las dos facturas -una de mayo de 2010 y otra de diciembre de 2011- suman en total 49.473,43 euros y sirvieron para pagar unas obras ahora en entredicho relacionadas con la seguridad por la actividad terrorista de ETA con fondos librados por el Ministerio del Interior al PSOE. De hecho, la Fiscalía considera que, si finalmente se acreditan los hechos y se confirman los delito de estafa y de falsedad en documento imputados a los dos dirigentes socialistas, el perjudicado sería el PSOE porque “se habría visto privado de disponer de esas cantidades para otras necesidades de seguridad” para protegerse del terrorismo etarra, según el escrito del Ministerio Público. El PSOE en esos dos años obtuvo por esa partida del Ministerio del Interior un total de 1.652.207,53 euros (durante 2010), mientras que en 2011 fueron 1.614.151,13 euros.

Escoiba SA, la empresa adjudicataria de esas obras -de la que el exlíder de los socialistas alaveses Txarli Prieto era copropietario y que cogestionó entre 1992 y 2012- facturó en total al PSE-EE de Álava 30.648,69 euros en 2010 y 40.836,30 euros en 2011, emitiendo 4 facturas en 2010 y 2 facturas en 2011. La Fiscalía considera que el resto de facturas tienen acreditadas las obras realizadas.

Pero hay dos que no: la factura de 19.501,72 euros es la número 057.2010 y su concepto era por reparación de seguridad en la sede del PSE-EE de Rivabellosa y se pagó mediante talón de 18 de mayo de 2010. La de 29.971,71 euros es la nº 069.2012 y su concepto era por reparación de seguridad en sedes del PSE-EE en Amurrio, Labastida, Llodio y Salvatierra, pagándose mediante talón de 12 de diciembre de 2011, aunque básicamente se empleó para las obras en la sede de Iruña de Oca.

A juicio de la Fiscalía Superior del País Vasco, “no hay evidencia de que las facturas por 19.501,72 € (de 3-5-2010) y por 29.971,71 (de 2-12-2011), que suman en total de 49.473,43 €. correspondan a trabajos efectivamente realizados”, según se recoge en la denuncia acordada por unanimidad en la Junta de Fiscales el pasado 17 de junio y presentada finalmente el 24 de ese mismo mes.según se recoge en la denuncia acordada por unanimidad en la Junta de Fiscales el pasado 17 de junio y presentada finalmente el 24 de ese mismo mes.

Factura “emitida por anticipado”

El pago de esas facturas por unas obras aparentemente no realizadas centrará la declaración de este miércoles 30 de septiembre ante el magistrado instructor de La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia encargado del caso, Antonio García, de Prieto y García Hidalgo. Ambos están imputados por irregularidades en el pago de unas obras de varias sedes del PSE Alavés, obras que fueron encargadas por el partido a la empresa Escoiba, una constructora vinculada al propio Prieto.

El magistrado instructor, al llamar a declarar a los ahora imputados, apuntaba que los hechos remitidos por el Fiscal Superior “podrían constituir un presunto delito de estafa y de falsedad documental”, por lo que ordenaba “incoar diligencias previas para determinar la naturaleza y circunstancias del hecho”. Ambos han sido imputados porque, como señala la Fiscalía en su escrito, “las decisiones sobre contratación de las obras y el trámite para su pago se realizaban conjuntamente entre el secretario general (y copropietario de Escoiba SA), Txarli Prieto, y el secretario de organización, Víctor García Hidalgo”.

Durante la investigación realizada por el fiscal superior del País Vasco, Juan Calparsoro, Prieto y García explicaron de esta manera los pagos de esas facturas. En relación a la factura por 29.971,71 euros, aseguraron que “fue emitida al parecer por anticipado en diciembre de 2011 para no perder la asignación de ese año”, y se empleó “para obras pequeñas de Amurrio (adecentar el sistema de alarmas), Labastida (arreglar puertas por la humedad), Salvatierra (retirada de escombros y de cajas) y Llodio (remates de pintura etc.), pero la mayor parte se gastó en la sede de Iruña de Oca [en 2012], para sustituir el suelo y poner otro de mayor seguridad”. En el caso de la factura por importe de 19.501,72 euros “se utilizó, como indica la misma, en la sede de Rivabellosa, en donde se tuvo que realizar una reforme integral para acondicionar el local (tabiques, suelo etc.), que anteriormente fue una sucursal bancaria”.

Denuncia anónima

El proceso se inició a raíz de una denuncia anónima presentada el pasado mes de abril, en la que se alertaba sobre presuntas irregularidades en el cobro de los trabajos, encargados a Escoiba, la constructora vinculada a Prieto.

La denuncia señalaba la posibilidad de que los cobros se hubieran podido efectuar por unas obras que, en realidad, no se habrían realizado, y que fueron financiadas por una partida del Ministerio de Interior destinada a reforzar la seguridad de las sedes de partidos políticos. La denuncia aportaba facturas de Escoiba, talones de pago, escritos del secretario de organización de Álava al departamento de contabilidad de la comisión ejecutiva federal con relación y detalle de facturas, así como otro tipo de documentación). La Fiscalía, tras investigarla, presentó la denuncia ante la Sala Civil y Penal el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco.

Explicaciones de Prieto

Tras conocerse aquella denuncia inicial del mes de abril, Prieto afirmó que el PSE de Álava había contratado obras en distintas sedes con esta misma empresa (Escoiba), aunque también con otras compañías. Además, aseguró que los contratos “se han hecho siempre siguiendo los criterios que se pedían y con absoluta normalidad”. El exlider del PSE de Álava aseguró que las obras son “todas ellas son demostrables y absolutamente comprobables”.

Prieto explicó que su vinculación laboral con Escoiba, que gestionaba junto a otro socio, se prolongó desde 1992 hasta 2012, año en el que cesó su actividad. Además, aseguró que su actividad política “profesional” comenzó en 2009, por lo que “hubo un pequeño periodo de solapamiento en el que se cruzan ambas actividades”. No obstante, aseguró que desde la mencionada empresa se trabajaba en contrataciones con el PSE “desde antes” y “con toda normalidad”, como otros “afiliados que tenían actividades que eran requeridas por el PSE”.

El dirigente socialista atribuyó la decisión de contratar obras con empresas vinculadas a cargos del partido a la “confianza”, dado que se trataba de unos trabajos sensibles que afectaban a la seguridad de las sedes. Además, recordó que tanto la empresa como el PSE son entidades “de carácter privado” y, por tanto, “perfectamente podían contratar” entre ambas.

El PSE-EE no se personará en la causa abierta contra el exsecretario general del PSE-EE de Álava, Txarli Prieto, y el dirigente socialista y antiguo director general de la Policía, Víctor García Hidalgo, por un delito de estafa en concurso con falsedad en documento mercantil, según han informado a Europa Press fuentes de la formación. Pero recuerda a los dos imputados que tal y como recoge el Código Ético del partido, ambos deberán renunciar si finalmente el caso llega a juicio.

Las mismas fuentes han esperado que este asunto se resuelva “sin sobresaltos” y en el “menor tiempo posible”, de manera que “todo quede aclarado”.

En un auto dictado este miércoles, la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) ha imputado al exsecretario general del PSE-EE de Álava, Txarli Prieto, y al dirigente socialista y antiguo director general de la Policía, Víctor García Hidalgo, por un delito de estafa en concurso con falsedad en documento mercantil en el pago de las obras realizadas en varias sedes del Partido Socialista.

El alto tribunal ha incoado diligencias previas por las presuntas irregularidades en el cobro de estos trabajos, que fueron encargados por el PSE a una empresa vinculada a Prieto.

La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia ha citado a declarar a los socialistas Txarli Prieto y Víctor García Hidalgo el próximo 30 de septiembre. El parlamentario y el exdirector de la Polícía están imputados por irregularidades en el pago de unas obras de varias sedes del PSE Alavés, obras que fueron encargadas a la empresa Escoiba, una constructora vinculada al propio Prieto.

El magistrado Antonio García Martínez destaca en el auto que los hechos remitidos por el Fiscal Superior “podrían constituir un presunto delito de estafa y de falsedad documental”, y ordena “incoar diligencias previas para determinar la naturaleza y circunstancias del hecho”.

Así mismo el auto advierte a Txarli Prieto y Víctor García de que en el caso de no comparecer, “la orden de citación podría convertirse en orden de detención”. A través de este auto, se acuerda, además, informar al PSOE de sus derechos como parte “perjudicada u ofendida”. Además, se indica que el Partido Socialista “puede aportar facturas o presupuestos de los daños”.

Denuncia anónima

El proceso se inició el pasado mees de abril tras una denuncia anónima que alertaba de presuntas irregularidades en las obras de varias sedes del PSE de Álava realizadas por una constructora vinculada a Prieto. La denuncia señalaba que las obras, finanziadas por el Ministerio del Interior para reforzar la seguridad de los locales, no llegaron a realizarse.

En un auto dictado el pasado 9 de julio, la Sala se declaraba competente para investigar la denuncia presentada por el Ministerio público contra Prieto y García, y afirmaba que, “examinada la relación de hechos que refiere el escrito fiscal (...) no es posible descartar” que los hechos que se denuncian “pudieran revestir carácter de delito, ni considerar la manifiesta falsedad de la denuncia”.

Por ello, consideraba que “resulta ineludible la comprobación de los hechos denunciados, a través de las correspondientes diligencias previas”.

El Fiscal General del País Vasco, Juan Calparsoro, presentó el pasado 24 de junio, ante la Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, la denuncia contra Txarli Prieto y Víctor García, después de que el 17 de junio la Junta de Fiscales de la Fiscalía de la Comunidad Autónoma del País Vasco decidiera presentar la denuncia.

El Fiscal Superior del País Vasco, Juan Calparsoro, ha abierto diligencias de investigación para tratar de determinar si el parlamentario del PSE-EE Txarli Prieto incurrió en delitos de fraude o falsedad documental en las obras que la empresa Escoiba, participada por  el exlíder de los socialistas vascos junto con su hermano, realizó para reforzar la seguridad en sedes del Partido Socialista en Álava ante la amenaza de ETA.

La investigación se ha abierto a partir de una denuncia anónima que fue remitida al Fiscal Jefe de la Audiencia de Álava, Josu Izagirre, con fecha del 23 de marzo, y que éste trasladó posteriormente a Calparsoro para que la analizara.

Según han informado a Europa Press fuentes del ministerio público, las pesquisas se centran en la adjudicación de las obras a la empresa de Txarli Prieto, pero, sobre todo, en si realmente se realizaron los trabajos que se cobraron, “sospecha” que pone de relieve el comunicante anónimo en su denuncia.

El escrito del denunciante anónimo señala que el PSE alavés -antes liderado por Txarli Prieto- habría adjudicado más de 70.000 euros para obras que mejoraran la seguridad en las sedes de los socialistas de Ribabellosa, Amurrio, Labastida, Llodio y Agurain, entre los años 2010 y 2011. Entre las empresas a las que se adjudicaron esta obras se encuentra la empresa Escoiba, aunque no es la única.

La denuncia aporta fotocopias de talones de banco con los que se  habría abonado a estas empresas las cantidades provenientes de fondos públicos. Para el denunciante anónimo, esto podría “enmascarar sobrecostes” e incluso el cobro de obras no realizadas.

Los gastos de las obras se habrían pagado con fondos públicos, ya que los Presupuestos Generales del Estado recogían una partida del Ministerio del Interior denominada 'Asignación anual a partidos políticos para sufragar gastos de seguridad'.

La Fiscalía trata de determinar ahora si realmente Txarli Prieto incurrió, con su actuación, en algún ilícito penal, como fraude o falsedad documental. En principio, el hecho de que la denuncia sea anónima no facilita la investigación y pone en cuestión la credibilidad de la información aportada, que tendrá que tratar de verificarse.

El PSE en Álava escribe estos días los últimos renglones de una historia que transita entre lo kafkiano y lo maquiavélico. En esta provincia en la que los socialistas tenían hace cuatro años la Alcaldía de Vitoria de la mano de Patxi Lazcoz, el futuro pasa hoy por salvar los muebles en mayo y capear el temporal de la forma menos traúmatica posible. En el camino han quedado críticos apartados de los órganos ejecutivos del PSOE de Álava y Euskadi y borrados de las listas electorales; bajas constantes de afiliados; huída hacia Podemos y Gastoria (una candidatura ciudadana) de varios simpatizantes históricos del socialismo alavés; congresos con acusaciones de engordar el censo y; como último capítulo, una acusación anónima en la Fiscalía de Álava contra el exsecretario general de Álava y líder del 'aparato', Txarli Prieto, por contratar a una empresa en la que participa para realizar obras de seguridad en diversas sedes del territorio.

Todos estos hechos, más propios de la serie 'House of cards' que de lo que la ciudadanía espera de la política local, se han ido fraguando durante varios años. Concretamente, desde poco después de la llegada de Txarli Prieto a la Secretaría General de los socialistas alaveses en 2005 apoyado en las decenas de militantes que, como él, abandonaron el PCE para mudarse a la entonces 'casa común de la izquierda'. Su forma de dirigir el partido le granjeó pronto la oposición de históricos miembros del PSE y dividió el partido entre críticos y renovadores. No obstante, esa pugna fue prácticamente de consumo interno hasta la debacle electoral de mayo de 2011 cuando, arrastrados en parte por la ola negativa levantada por Zapatero y con la mala gestión de varios asuntos locales, el PSE pasó de gobernar en Vitoria y ser clave en Álava a quedar terceros en la capital alavesa y entregar la llave del territorio al Partido Popular.

Desde entonces, las batallas internas del PSE se han celebrado en gran parte a la luz de la opinión pública y se han resuelto con dos congresos, uno de ellos extraordinario, en el que las heridas, las acusaciones y las cuitas personales se han agrandado hasta convertirse en irresolubles. En la bancada del aparato, siempre comandada por Prieto, han destacado dirigentes como la actual secretaria general de Álava, Cristina González; el secretario de Organización -y 'famoso' por el 'caso Faisán'- Víctor García Hidalgo; su predecesor en el cargo y exalcalde de Vitoria, Patxi Lazcoz; y la concejala y efímera candidata a la Alcaldía de Vitoria, Maite Berrocal. Enfrente, casi literalmente, han destacado por su apuesta por el cambio el exparlamentario vasco Óscar Rodríguez; el concejal de Vitoria Juan Carlos Alonso; y el joven Iván Ruiz de Eguilaz.

Pero los dos bandos, férreos hasta el último cónclave extraordinario, se han convertido en tres después de que Lazcoz aspirase a relevar a Prieto como secretario general y se encontrase con un portazo de los hasta entonces compañeros de filas, que auparon a Cristina González a la cabeza de la Ejecutiva. Para colmo, y en una operación casi incomprensible, Lazcoz también se vio 'desautorizado' cuando el aparato alavés impuso a 'su candidata' a la Alcaldía, Maite Berrocal, una serie de compañeros de plancha que llevaron a la concejala a renunciar al cartel y 'ceder' su puesto a Peio López de MunainPeio López de Munain. Una crisis más, la penúltima, que llevó a varios militantes a pedir a Ferraz la disolución de la Ejecutiva de Álava tal y como horas antes se había hecho con el PSM de Tomás Gómez.

Adjudicaciones a una empresa en la que participaba Prieto

Con las aguas así de agitadas, el PSE se enfrentaba a las elecciones de dentro de 40 días con la intención de agarrarse al tímido empuje de la marca madre y amortiguar una bajada que, según varias encuestas, les haría perder hasta dos de los actuales seis concejales en Vitoria y pasar a la práctica irrelevancia en la política provincial. Con ese ánimo y cierta tregua electoral de los críticos, más por desazón que desinterés, se preparaban unos comicios que marcarían el principio de una nueva pugna interna. Pero todo ha estallado cuando la Cadena Ser ha desvelado la existencia de una denuncia anónima en la Fiscalía que señala que Txarli Prieto adjudicó a su empresa obras en las sedes alavesas destinadas a la seguridad contra el terrorismo de ETA y subvencionadas, por lo tanto, por el Ministerio del Interior.

Según Prieto, que ha reconocido estas contrataciones, estas se produjeron con el terrorismo de ETA y que lo que se buscaba era una empresa “de urgencia y de confianza a la que se acudía y que daba esa seguridad”. Además, ha indicado que tanto su empresa como el PSE tienen “carácter privado” y “perfectamente podían contratar”. Aún así, se ha mostrado dispuesto a colaborar con la Fiscalía para acalar el asunto y ha contado con el respaldo total y absoluto de la secretaria general del PSOE en Euskadi, Idoia Mendia.

Filtración desde el sector oficial

Txarli Prieto ha aprovechado su comparecencia para deslizar, sin mencionarlos directamente, que los responsables de esta acusación anónima podrían ser los renovadores de su partido. Sin embargo, según han señalado a eldiario.es fuentes del partido, el origen de la acusación anónima procede del entorno del exalcalde Patxi Lazcoz, antiguo escudero de Prieto en las filas del sector oficial.

De hecho, alguna de las obras se realizó con Lazcoz como secretario de Organización y otras ya con Vïctor García Hidalgo en el cargo, pero con el propio exalcalde en la Ejecutiva y con alguno de sus colaboradores situado muy cerca de la realización de estas obras. Es decir, Lazcoz ha sido conocedor de estos hechos desde dentro y desde el primer día. Además, según ha podido saber eldiario.es, tras ser apartado de la pugna a la Ejecutiva para ceder el puesto a Cristina González y ver además como su apuesta para la Alcaldía de Vitoria caía en desgracia, el propio Lazcoz ha señalado en algún encuentro en la sede del partido que su marcha se iba producir levantando ciertas alfombras y que estaba dispuesto “a morir matando”. Tanto es así que en el anuncio de su despedida de la política -Lazcoz abandonará la primera línea tras las elecciones de mayo- ya advirtió su extrañeza por la falta de claridad en las cuentas de la época de Prieto en la Secretaría General. Por lo tanto, el exalcalde conocía los hechos y ya ha señalado en público y en privado su falta de acuerdo en la gestión económica de Prieto. Estos argumentos, junto a otros datos, son los que hacen que distintas fuentes del partido señalen al exregidor como, cuando menos, conocedor de la denuncia anónima.

Ferraz conocía los hechos

Además, a pesar de que Prieto haya deslizado sus sospechas hacia los renovadores, la información entregada a la Fiscalía no estaba en poder de los críticos. De hecho, y antes las dudas que les despertaba la gestión del propio Prieto, la solicitaron por escrito a la Ejecutiva de Álava hace dos años y no obtuvieron respuesta documental alguna. Ante esta situación, pidieron también por escrito el amparo a la Ejecutiva del PSE de Euskadi y hasta a la del PSOE, entonces encabezada por Alfredo Pérez Rubalcaba. La solicitud estuvo firmada por Joana Madrigal, Óscar Rodríguez y Yolanda Vicente, según fuentes conocedoras de la misiva. De ambos organismos, según denuncian, recibieron el silencio por respuesta o en su caso, desde la Ejecutiva vasca, un folio con un balance general de las cuentas de la formación. Aún así, apelaron a la Comisión Ética de Ferraz, presidida en aquella época por Carmen Hermosín, que también declinó analizar la denuncia de los renovadores. Sin esa documentación, apuntan desde el partido, la denuncia tanto interna como a la Fiscalía es totalmente imposible.

Según la documentación aportada en una denuncia anónima, el PSE en Álava adjudicó supuestamente 71.484 euros en obras durante los años 2010 y 2011 a la empresa Escoiba, de la que era propietario entre otros Txarli Prieto, exsecretario del PSE en Álava.

Según la documentación presentada por el denunciante algunas de las facturas sin sellar emitidas por la empresa pueden "enmascarar sobrecostes e incluso la efectiva realización de algún trabajo".

Prieto ha reconocido la adjudicación de esas obras por parte del partido que sirvieron mejorar la seguridad en las sedes de Ribabellosa, Amurrio, Labastida, Llodio y Agurain.

La Fiscalía estudia una denuncia anónima contra Txarli Prieto por la adjudicación de obras en sedes del PSE a una empresa participada por él cuando lideraba el Partido Socialista en Álava, según ha adelantado la cadena SER.  El Fiscal Superior del País Vasco, Juan Calparsoro, no ha abierto todavía una investigación formal pero analizará la documentación que ha llegado a sus manos para decidir si abre diligencias.

Según la documentación aportada en la denuncia, el PSE en Álava adjudicó supuestamente 71.484 euros en obras durante los años 2010 y 2011 a la empresa Escoiba, de la que uno de sus propietarios era Txarli Prieto, entonces secretario general del partido en Álava. Fueron obras para mejorar la seguridad en las sedes del PSOE de Ribabellosa, Amurrio, Labastida, Llodio y Agurain, un tipo de mejoras que se pagan a cargo de las arcas públicas.

La denuncia incluye los cheques del PSOE con algunos pagos y con algunas de las facturas emitidas por la empresa, que no están selladas y en las que figuran conceptos genéricos. Algo que, según el denunciante, puede “enmascarar sobrecostes e incluso la efectiva realización de algún trabajo”.

Txarli Prieto ha confirmado que el PSE adjudicó varias obras a su empresa Escoiba cuando era secretario general del PSOE. Preguntado por la denuncia ante la Fiscalía, el parlamentario socialista, de momento, no ha querido hacer más comentarios.

La dirección que lidera Cristina González sopesa apoyar a alguno de los candidatos que se puedan presentar en el proceso de primarias o no avalar ninguna candidatura.

La única persona que ha dado el paso para ser cabeza de cartel en la capital alavesa es la actual concejala en Vitoria Maite Berrocal.

La Ejecutiva de los socialistas alaveses ha renunciado a presentar un candidato propio en el proceso de primarias abierto en el partido para elegir el candidato en Vitoria a las próximas elecciones municipales, según fuentes de la dirección en este territorio. En la reunión que mantuvieron este lunes, la Ejecutiva abordó este asunto, pero no lo ha dado por cerrado. “Vamos a esperar un par de semanas antes de tomar la decisión final de si apoyamos como Ejecutiva a alguien o directamente nos mantenemos neutrales ante los posibles candidatos”, señalan las mismas fuentes. Pero la renuncia a presentar un candidato propio ya es un hecho.

La única persona que ya ha anunciado su candidatura es la edil Maite Berrocal, alineada con el exalcalde Patxi Lazcoz, muy crítico a última ahora con la anterior dirección socialista en el territorio, liderada por Txarli Prieto, pese a haberla apoyado durante todos los años anteriores. Oficialmente, el plazo para reunir los avales para presentar las candidaturas expira el 17 de noviembre. Pero la actual dirección, comandada por Cristina González, no va a esperar tanto para decidir su posición final: o avalar un candidato o ver el proceso de primarias desde la barrera.

Durante las últimas semanas, Cristina González ha estado pulsando la voluntad de “varias personas”, según ha admitido ella misma, de optar a presentar su candidatura, pero no ha trascendido ningún nombre. La unica persona que ha sonado hasta ahora como posible candidato -aunque él ha asegurado que no está en ninguna operación política en relación con la Alcaldía de Vitoria- es Javier Lasarte. En cualquier caso, la novedad frente al planteamiento inicial de González es que hay una renuncia expresa a presentar como Ejecutiva un candidato oficial, lo que permite a los críticos jugar un papel con el que, a priori, no contaban. ¿Están dispuestos a jugarlo? Fuentes cercanas al sector crítico que encabeza Iván Ruiz de Eguilaz afirman que no han tomado aun ninguna decisión y ven en el partido mucha “desorganización”. “Hasta finales de esta semana no habrá ninguna novedad por nuestra parte”, añaden las mismas fuentes.

Lo que sí parece confirmado es que la unica candidatura que se espera para ser cabeza de cartel del PSE-EE a la Diputación de Álava es la de la propia González. Para poder presentarse como candidato a las primarias en Vitoria es necesario reunir el aval de 120 militantes, mientras que para el caso de la Diputación de Álava el listón se eleva hasta los 76 150*, según la normativa del partido.

*Corrección: Los avales necesarios para las candidaturas a diputado general son 76, el 10% de la militancia, y no 150 (el 20%) como por error se había indicado.

Los tres líderes territoriales del PSE han acordado celebrar los congresos extraordinarios para renovar las direcciones provinciales inmediatamente después del cónclave extraordinario de los socialistas vascos en el que Patxi López dejará la secretaría general. De esta forma se despeja la única duda que había quedado en el aire después de que la dirección de Bizkaia, siguiendo los pasos de López para la dirección de Euskadi, arrastrará el miércoles a los otros dos territorios a celebrar congresos extraordinarios tras la debacle electoral de las elecciones europeas.

La incógnita sobre la celebración de los cónclaves provinciales había crecido precisamente por unas declaraciones de Patxi López del miércoles en las que al ser preguntado por cuándo se tenía que producir esa renovación a nivel provincial dijo: “Quizas no sea bueno que nos metamos en un ciclo de congresos en el que permanentemente hablemos solo de nosotros mismos. Quiza podemos esperar a que pasen esas elecciones municipales y forales aquí en Euskadi”, situó en el tiempo. “Hagamos lo razonable, porque yo estoy convencido de que este camino que he iniciado yo va a llegar para los territorios”.

“No hay que posponer nada. La renovación se tiene que dar y vamos a celebrar los congresos provinciales inmediatamente después de que se celebre el de Euskadi en septiembre”, ha apuntado a eldiarionorte.es uno de los dirigentes que está pilotando las transiciones provinciales. Tanto la dirección de Bizkaia como la de Álava, al convocar los congresos, señalaron que la fecha de los mismos se iba a concretar “de acuerdo” con la Ejecutiva de Euskadi. Fuentes de la dirección regional han confirmado que la decisión adoptada por los barones provinciales tiene el beneplácito de la Ejecutiva de Euskadi.

“Alejados de la realidad”

De esta manera se ataja también una de las críticas que el sector crítico alaves lanzó ayer en la comparecencia en la que exigieron dimisiones ya y en cadena de todos los secretarios generales -desde Alfredo Pérez Rubalcaba, hasta Txarli Prieto. Su portavoz, Iván Ruiz de Eguilaz, denunció ayer que los secretarios provinciales -Txarli Prieto, José Antonio Pastor e Iñaki Arriola- quieren “tutelar el proceso” desde sus puestos hasta las elecciones municipales de 2015.“Tenemos que actuar ya. Posponer los cambios es estar alejados de la realidad”, apuntó. Los críticos veían en estas “dimisiones en diferido” una treta para controlar la renovación.

Los nuevos secretario generales -al igual que sucederá con la nueva persona que lidere el socialismo vasco- serán elegidos por toda la militancia. Y los posibles candidatos deberán presentar los avales que marcan los estatutos en cada territorio -en el caso de Bizkaia son unos 300 avales- para competir por el puesto de líder provincial. En Bizkaia y Álava, tanto José Antonio Pastor, que lleva en el puesto desde 2002, como Txarli Prieto, que accedió a la secretaría general en 2005, abandonarán el cargo. Tras su salida en otoño, el primero se mantendrá como portavoz del PSE en la Cámara vasca y el segundo seguirá también en el Parlamento.

La sucesión en Álava no será pacífica. El hecho de que el sector crítico alavés saliera ayer ante la opinión pública para exigir la “asunción de responsabilidades” por parte de los dirigentes del partido y para apostar por “primarias abiertas” antes que por un congreso, revela que sigue organizado. En el pasado cónclave provincial disputaron la secretaría general a Prieto y, aunque perdieron, sumaron más del 40% de apoyos entre los delegados.

Gipuzkoa, que reunió ayer a su Ejecutiva para oficializar la convocatoria del congreso extraordinario, tiene aun abierto el futuro de su líder, Iñaki Arriola. El máximo dirigente en Gipuzkoa es el que menos tiempo lleva liderando el partido es esa provincia. Llegó al cargo en 2008 y en el último congreso provincial, celebrado en febrero de 2013, fue aclamado por unanimidad. En la reunión, el líder guipuzcoano trasladado a los asistentes que, si concita el apoyo de sus compañeros, se presentará a la reelección en el cargo.

El sector crítico alavés, que en el último congreso provincial superó el 40% de apoyo de los delegados, ha exigido hoy que se asuman responsabilidades por parte de los dirigentes socialistas actuales y ha pedido dimisiones reales y “no en diferido”, como consideran que han realizado los líderes provinciales con las convocatorias de congresos extraordinarios sin fecha.

El sector crítico alavés, que ha pedido que se sumen a sus propuestas sectores de Bizkaia y de Gipuzkoa, denuncian que los secretarios provinciales -Txarli Prieto, José Antonio Pastor e Iñaki Arriola- quieren tutelar el proceso desde sus puestos hasta las elecciones municipales de 2015.

“Tenemos que actuar ya. Posponer los cambios es estar alejados de la realidad”, ha señalado su portavoz, Iván Ruiz de Eguilaz. En la comparecencia de esta mañana en Vitoria han participado rostros muy conocidos del socialismo alavés crítico como Juan Carlos Alonso, Ruben Mateos o los exparlamentarios Oscar Rodríguez y Joana Madrigal, entre otros.

La “asunción de responsabilidades” que exigen llegan a todos los niveles. Piden dimisiones en cascada, desde el secretario general del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, a la de Patxi López y la de los tres secretarios provinciales.

Los críticos creen que hay que abrir el partido ya y que no se puede esperar más. Y además consideran “insuficiente” que los militantes elijan al próximo lider del PSE, tal y como aprobó el PSE en el congreso de febrero de 2013. y abogan por un proceso de primarias para la elección de la Ejecutiva. Sus tiempos son: primero asunción de responsabilidades, después primarias “abiertas a la ciudadanía” porque creen, como Eduardo Madina, que lo contrario sería “usurpar la decisión a la ciudadanía”, y, finalmente, un congreso con un militante un voto.

En el caso de Euskadi, aunque el colectivo no ha tomado ninguna decisión, si considera que el perfil de quien dirija el socialismo vasco tras la debacle electoral de las europeas de ser el de una “persona nueva, valiente y que defienda un cambio real” y sin “cargos en la dirección” actual.