El portavoz del Gobierno de Canarias, Alfonso Cabello, ha manifestado, tras la anulación de la tasa turística en Mogán (Gran Canaria), que el Gobierno de Canarias siempre ha trabajado más en la tesis de que el cobro hacia los turistas por el impacto que generan tiene que estar más vinculada al IGIC.

Cabello ha precisado que el pacto de CC y PP para el Gobierno de Canarias no incluía una tasa por pernoctaciones, pero en particular Coalición Canaria tiene claro que hay que realizar un cobro para compensar el impacto que generan los turistas en el entorno, pero su plantemiento es que sea a través del IGIC.

Si la recaudación se produce a través del IGIC puede ser distribuida en el conjunto del territorio de manera que no se genere la idea de que “los municipios que son más turísticos tienen más ingresos”, cuando otros municipios con menos pernoctaciones también reciben un impacto por los visitantes, ha explicado Cabello.

Si no fuera así, ha argumentado el portavoz, podría darse el caso de que islas muy turísticas tuvieran unos ingresos elevados y por lo tanto “se generara una brecha de cohesión territorial con otros ayuntamientos y otros cabildos que tienen menos ingresos turísticos”.

Subrayó que esa es la línea que está analizando el Gobierno de Canarias en los últimos meses.

Cabe destacar que tanto Coalición Canaria como el PP insistieron en la necesidad de bajar impuestos en campaña electoral. En concreto, ambas formaciones prometieron rebajar del 7 al 5% y así lo plasmaron en un acuerdo.La rebaja del 7 al 5% que nunca llegó.

En esta línea, la Federación de Empresarios de Hostelería y Turismo de Las Palmas (FEHT) celebró que el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) haya anulado “el impuesto turístico a la pernoctación” aprobado, que responde a un recurso presentado por la patronal turística de Las Palmas.

Sobre este fallo judicial, la entidad considera que su recurso “nunca respondió a una confrontación institucional, sino a la necesidad de defender la seguridad jurídica y la equidad en la carga tributaria que soporta el sector”, que, mediante la recaudación del IGIC “aporta cada año un 40% de los ingresos públicos que posteriormente financian a la comunidad autónoma, los cabildos y los ayuntamientos”.

Además, la FEHT subraya que el alojamiento en establecimientos turísticos “ya está gravado con un 7% de IGIC, impuesto que pagan los turistas que visitan las islas y también los propios residentes canarios”.

El presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, ha defendido este martes la implantación de una ecotasa autonómica “homogénea” para Canarias, después de que el Tribunal Superior de Justicia de la comunidad haya anulado la tasa turística aprobada por el Ayuntamiento de Mogán.

Morales ha reiterado su respaldo a este tipo de gravámenes y ha asegurado que “una ecotasa es necesaria para Canarias”, al considerar que se trata de una medida implantada en “los principales destinos del mundo” y con una influencia “absolutamente positiva”.

“Las personas que nos visitan están cada vez más sensibilizadas y, por lo tanto, entienden que es legítimo que se les demande una contribución para mejorar los servicios públicos, para proteger el medio, el territorio y el paisaje”, ha afirmado.

El presidente del Cabildo ha opinado, no obstante, que este tipo de iniciativas no deberían desarrollarse de forma aislada por municipios o islas, sino mediante una regulación común impulsada por el Ejecutivo autonómico. De hecho, su partido, NC, ha presentado diferentes propuestas en el Parlamento autonómico para que se apruebe esta medida, pero en todas las ocasiones han sido rechazadas por los partidos del Gobierno canario: CC, PP, AHI y ASG.

“Deberíamos trabajar en una tasa homogénea, en un impuesto que cree el Gobierno de Canarias a través de una ley que nos permita aplicarla de la misma manera en el conjunto del territorio”, ha señalado.

A su juicio, “que cada municipio vaya por libre o que cada isla vaya por libre no es la mejor medida para afrontar un reto de estas características”.

Morales ha defendido que los fondos obtenidos mediante una ecotasa permitirían “mejorar las infraestructuras, los equipamientos, proteger los espacios naturales y reforzar los servicios públicos” ante el incremento de la población y de visitantes en periodo vacacionales.

El Tribunal Superior de Justicia de Canarias ha anulado la tasa turística aprobada por el Ayuntamiento de Mogán en 2025, la primera que se cobra en las islas, al considerar que “ni de lejos” cumple el principio legal de que lo recaudado paga un servicio prestado.

El Consello de Contas pide a los ayuntamientos que hagan un análisis “más completo” en relación con la implantación de la tributación por estancias turísticas. Lo hace en un informe de auditoría “exprés” de la planificación e implantación de estos tributos, en el que estudió a los tres municipios que en el momento del estudio tenían en tramitación y/o implantados los recargos: Santiago, A Coruña y Vigo.

“Las ordenanzas fiscales deberían incluir un análisis previo más completo, en mayor medida cuando tienen una finalidad muy concreta como instrumento de política de contención de las posibles externalidades de una actividad económica, y más aún cuando sus ingresos estarán destinados a finalidades que no han sido concretadas aún en inversiones o proyectos específicos”, advierte.

Antes, según recoge Europa Press, lanza una crítica a su regulación por la Xunta, toda vez que “la tramitación de la ley que amparó la aprobación de las ordenanzas como ley de 'acompañamiento' de la ley de presupuestos generales de Galicia se efectuó sin que se considerase procedente la emisión del dictamen del Consello Económico y Social y la discusión previa de las partes interesadas –por ejemplo, a través de la consulta pública previa en el portal de transparencia–, ni se previno la participación de la Fegamp”.

De acuerdo con el informe, en el cuarto trimestre de 2025, A Coruña recaudó 365.150 euros de la tasa turística, lo cual, en proyección, serían 1.460.600 euros al año, frente a los 2.500.000 estimados. Santiago de Compostela obtuvo 548.000 euros en el cuarto trimestre, 2.192.000 en cómputo anual frente a 2.600.000 estimados.

La auditoría apunta al “reducido cumplimiento voluntario inicial” y también a que el recargo ingresado se corresponde con el cuarto trimestre, “de menor volumen de turistas” que el segundo o el tercero, por lo que establece que “cabe suponer que la recaudación total, sin perjuicio de posibles porcentajes de incumplimiento por los contribuyentes, estarán muy por encima de los cálculos iniciales de los ayuntamientos”.

Críticas y recomendaciones

Entre las recomendaciones, Contas señala que las ordenanzas aprobadas reiteran las previsiones generales de la norma autonómica “sin fijar de manera concreta las medidas para cada una de las dos ciudades que finalmente aprobaron la norma”, y advierte de que son “ciudades con condiciones socioeconómicas, y turísticas más en concreto, muy dispares (el fenómeno de la peregrinación en Santiago de Compostela frente al del crucerista en A Coruña es ejemplo suficiente)”.

En este sentido, estima que las ordenanzas fiscales deberían incluir “un análisis previo más completo, en mayor medida cuando tienen una finalidad muy concreta como instrumento de política de contención de las posibles externalidades de una actividad económica, y más aún cuando sus ingresos estarán destinados a finalidades que no han sido concretadas aún en inversiones o proyectos específicos”.

“No existió con carácter previo a la aprobación de las ordenanzas un análisis bien motivado con cifras y retorno económico de las medidas e inversiones que se asumirán con la recaudación obtenida”, censura.

Además, considera que la fijación en el ayuntamiento de A Coruña de supuestos adicionales “no sujetos a los que recoge la ley” puede “chocar” con la reserva de legalidad y resultar en la práctica contrario al principio de progresividad en el que debe basarse el sistema tributario, porque no guarda relación con la capacidad económica de la persona y exonera del pago a personas sujetas al impuesto autonómico, y por lo tanto también a recarga.

Echa de menos también en el trabajo previo a la aprobación de la ordenanza “posibles medidas complementarias” con impacto en el control turístico, como actividades de inspección turística, zonas de vivienda tensionada, la reorganización o reubicación de eventos de concentración turística...

Recrimina, igualmente, que en no se aplicaron “medidas efectivas de incentivo” para los sectores “más afectados” por la normativa en trámite.

Añade que la publicidad “no fue efectiva” toda vez que los procedimientos de audiencia e información pública se limitaron a propuestas abiertas o libres, o solo a la disponibilidad de borradores del texto legal. “Ni la población en general ni los colectivos más afectados dispusieron de una información previa completa”, censura.

Asimismo, el organismo fiscalizador observa que “la participación ciudadana en el ámbito de los ayuntamientos en las comisiones recogidas en la norma debería articularse de manera más dinámica y en paralelo con la preparación y entrada en vigor de las ordenanzas”.

“La ausencia de una tramitación ágil y relevante de los ingresos directamente afectados que se obtienen con el recargo sobre el impuesto turístico y la ejecución de las inversiones en turismo sostenible, era una problemática ya acreditada en otras administraciones públicas con anterioridad, pero los ayuntamientos gallegos no tomaron medidas para evitarla en la elaboración de las ordenanzas ni en su aplicación práctica inicial”, reprocha.

“Los ayuntamientos deberían incluir el análisis de los ingresos estimados y finalmente obtenidos, junto con la planificación de las medidas alternativas a la aplicación del recargo, en la fase de preparación de las ordenanzas, coadyuvando a una mejor planificación y ejecución de las inversiones a realizar con la recaudación obtenida”, concluye.

El Gobierno del Principado habilitará deducciones fiscales de hasta 50 euros para que los asturianos compensen el importe abonado por la futura tasa turística cuando realicen estancias en alojamientos de la comunidad tras constatar “la imposibilidad legal” de establecer una exención directa en la norma por lugar de residencia.

Según ha informado este miércoles el Ejecutivo, la deducción fiscal, que requerirá acreditar el abono de la tarifa para incorporarla a la declaración de la renta, se incorporará a la ley de presupuestos autonómicos una vez que entre en vigor tras su tramitación parlamentaria la normativa sobre estancias turísticas aprobada el pasado 29 de junio por el Consejo de Gobierno.

A juicio de la vicepresidenta del Gobierno asturiano y responsable de turismo en el Ejecutivo, Gimena Llamedo, esta medida “compatibiliza” el modelo de turismo “sostenible” del Principado “con el apoyo a quienes viven y disfrutan de Asturias durante todo el año”.

La futura ley de Estancias Turísticas contempla el cobro de una tasa en los municipios que decidan aplicarla -que podrán destinar la recaudación a la mejora de servicios- que oscilará entre 0,5 y 3 euros diarios por persona para un máximo de cinco noches, únicamente en temporada alta (días centrales de Semana Santa y del 1 de junio al 30 de septiembre).

El texto incorpora una novedad respecto a la redacción inicial en el caso de los cámpines al aceptarse una alegación del sector para que pasen a ser equiparados con los alojamientos de turismo rural con lo que su tasa será de 0,5 euros en lugar de un euro como se había planteado en principio.

La tasa será de 0,5 euros por campamentos turísticos, acampadas por eventos culturales o recreativos y alojamientos de turismo rural y de un euro en las áreas especiales para autocaravanas y en las pensiones; de dos en los apartamentos turísticos y las viviendas vacacionales; de 2,5 euros en las viviendas de uso turístico, y de 3 en las estancias en cruceros, mientras que en el caso de los hoteles oscilará entre uno y tres euros en función de la categoría del establecimiento.

La ley recoge una serie de excepciones al pago de esta tasa, entre ellas los menores de edad; las personas con discapacidad igual o superior al 65 %; las que viajen subvencionadas por programas sociales de una administración pública de cualquier Estado miembro de la Unión Europea, o las que pernocten en áreas especiales de acogida de autocaravanas en tránsito de titularidad pública.

También estarían exentas las estancias por motivos de salud, de estudios, de investigación o las de deportistas federados para participar en competiciones deportivas oficiales.

La normativa tiene garantizada su aprobación en la Cámara asturiana al contar con el respaldo de los grupos que sustentan al Gobierno, PSOE e IU, y de la diputada del Grupo Mixto Covadonga Tomé-que reclaman a mayores una tasa de carácter autonómico y obligatoria- mientras que han mostrado su rechazo tanto el PP como Vox y el parlamentario de Foro, Adrián Pumares

Los plenos de las Juntas Generales de Álava y de Gipuzkoa han aprobado este miércoles el nuevo impuesto a las estancias turísticas. Bizkaia lo tiene ya ultimado, porque perfiló el articulado en comisión este lunes, aunque lo ratificará próximamente en sesión plenaria. Se trata de un texto propuesto por los partidos del Gobierno en los tres territorios, PNV y PSE-EE, ajustado con enmiendas de Podemos y al que EH Bildu no se ha opuesto. Ahora, la pelota pasa al tejado de los municipios, que tienen que desarrollar las ordenanzas. Se estima que entre en vigor en enero de 2027.

En el caso de Álava, sólo ha contado con la negativa de PP y Vox. La diputada de Hacienda, Finanzas y Presupuestos, Itziar Gonzalo, del PNV, ha destacado que esta iniciativa responde “al crecimiento de la actividad turística y su impacto directo en los servicios públicos, la convivencia y la sostenibilidad de nuestros municipios”. “La actividad turística genera riqueza y proyección exterior, pero también supone un uso intensivo de infraestructuras, servicios y recursos públicos que sostenemos entre todas y todos. Por ello, esta norma no nace para limitar el turismo, sino para garantizar que esa actividad contribuya de forma equilibrada al interés general, reforzando el principio de corresponsabilidad”, ha argumentado.

En Gipuzkoa, la diputada de Hacienda y Finanzas, Itziar Agirre, también del PNV, ha destacado que se trata de una medida “flexible” que propiciará “un turismo más sostenible y equilibrado”, ya que cada municipio “decidirá la tasa en función de sus necesidades”. Asimismo, ha señalado que el objetivo es “responder de manera proporcionada a las consecuencias de esta actividad y dar herramientas” a las distintas localidades.

Las medidas

La norma introduce, como novedad en relación a la propuesta inicial, el concepto de “intensidad turística”, la relación entre el número de plazas turísticas y la población, para dar mayores opciones a los municipios que más sufren las cargas del turismo o para liberar de la carga burocrática de la implantación del impuesto a aquellos ayuntamientos con una intensidad turística muy baja.

Entre las medidas que se han incorporado se contempla la exención a las personas con un grado de discapacidad extensible a las personas acompañantes, que se aplicará tanto a quienes acrediten un grado de discapacidad igual o superior al 65% o una situación de dependencia de grado II o III, como a la persona que las acompaña, con un máximo de un acompañante por cada persona beneficiaria.

Otra de las medidas ajustadas con las enmiendas son las tarifas más amplías y se gravará más intensamente las viviendas de uso turístico y los cruceros. La tabla definitiva establece tarifas en los establecimientos hoteleros de 5 estrellas o categoría equivalente entre 4,50-6,50 euros; de 4 estrellas o categoría equivalente entre 3,50-5,50; de 3 estrellas o categoría equivalente entre 1,50-3,50; de 2 estrellas o categoría equivalente entre 1,00- 2,50; y de 1 estrella o categoría equivalente 0,75-1,75.

En las pensiones será entre 0,75-1,75 euros; en apartamentos turísticos entre 1,50-3,50 euros; en Campings y otras modalidades de acampada entre 0,75-1,75 euros; en Agroturismos entre 0,50-1,25 euros: en Casas rurales y en Albergues entre 0,75-1,75 euros. En las viviendas para uso turístico cedidas enteras y en las viviendas particulares para uso turístico cedidas por habitaciones la tarifa será de entre 4,50-6,50 euros; y en las embarcaciones de crucero turístico será de entre 6,00-7,00 euros. Asimismo, será de seis el número máximo de días sujetos al impuesto para adaptarlo a la realidad del modelo turístico actual.

Además, se amplían los supuestos en los que los ayuntamientos pueden aplicar una bonificación de hasta el 100% del impuesto, incorporando no sólo el número de plazas alojativas, sino también el nivel de intensidad turística. En concreto, esta bonificación podrá aplicarse tanto en municipios con hasta 25 plazas como en aquellos con menos de un 1% de intensidad turística y hasta 75 plazas alojativas.

Las medidas también contemplan la ampliación de los supuestos en los que los ayuntamientos pueden aplicar un recargo de hasta el 50% sobre la cuota del impuesto, incorporando no sólo el número de plazas alojativas, sino también el nivel de intensidad turística. En concreto, este recargo podrá aplicarse en municipios con más de 750 plazas alojativas, así como en aquellos con más de 5.000 habitantes cuando la intensidad turística sea igual o superior al 10%, informa Europa Press.

Reacción en Donostia

El alcalde de Donostia, Jon Insausti, ha celebrado la aprobación del impuesto turístico como “una victoria de los donostiarras”, ya que se trata de “una reivindicación histórica y sostenida en el tiempo que responde a la necesidad de dotar a la ciudad de más recursos para gestionar mejor su realidad turística”. Insausti, en un comunicado, ha subrayado que con este instrumento “gana Donostia y ganan los donostiarras”. “Creemos en el desarrollo turístico que revierte en la mejora de la calidad de vida local”, alega.

El regidor donostiarra ha recordado que este impuesto “es fruto de años de trabajo y de una apuesta clara” de la capital guipuzcoana, al tiempo que ha subrayado que “Donostia ha empujado para que este instrumento exista”. “Tiene sentido que quienes se alojan y disfrutan de la ciudad contribuyan también a mejorarla. Donostia es una ciudad para compartir, pero ante todo tiene que ser una ciudad para vivir”, ha afirmado.

El Govern valencià que presideix Juan Francisco Pérez Llorca considera que implantar una taxa turística a la Comunitat Valenciana com la que s’aplica en multitud de territoris d’Espanya i de tot el món podria deteriorar “la imatge de la Comunitat Valenciana com a destinació hospitalària i competitiva”.

Així ho afirma el vicepresident segon i conseller de Presidència, José Luis Díez, en l’escrit registrat el 28 d’abril passat en les Corts Valencianes com a resposta a la proposició de llei presentada pel PSPV i per Compromís.

En la seua resposta, a què ha tingut accés elDiario.es, Díez afirma que la proposta de creació d’una taxa turística “no mereix suport perquè reprén, amb una configuració menys precisa i menys elaborada jurídicament, el mateix impost sobre estades turístiques que va contindre la Llei 7/2022, del 16 de desembre, la derogació de la qual va ser impulsada per aquest Consell mitjançant el Decret llei 12/2023, del 10 de novembre amb la finalitat de defensar la competitivitat del sector turístic valencià”.

S’hi uneix “el perjudici específic per a l’allotjament reglat, la complexitat administrativa de la implantació i la possible deterioració de la imatge de la Comunitat Valenciana com a destinació hospitalària i competitiva”, diu l’escrit, i afig: “Imposar un tribut addicional dissuadeix els visitants de triar aquesta Comunitat com a destinació davant d’altres destinacions competidores directes que no apliquen aquesta càrrega, i afecta negativament els ingressos turístics i, en última instància, l’economia i l’ocupació”.

Aquests arguments xoquen amb el que va manifestar després de les Falles passades ni més ni menys que l’empresari Juan Roig. El president de Mercadona va advocar obertament per “monetitzar” la festa, assenyalant que cal obtindre més rèdit econòmic dels milers de turistes que visiten la ciutat durant aquesta setmana.

Segons va dir Roig, les Falles són un esdeveniment de talla mundial que ha de posar-se en valor, entre altres objectius, per a garantir una remuneració digna als artistes fallers, que sostenen el cor de la festa malgrat la precarietat que arrossega el sector.

Després d’aquestes paraules, l’alcaldessa de València, María José Catalá, es va mostrar més receptiva (fins a aquell moment hi havia mostrat una oposició frontal) a estudiar un “tipus impositiu o de gravamen” sobre la realitat de les festes, condicionat al fet que siga una mesura consensuada i que vaja “de la mà del sector”, rebutjant el que ella denomina “imposicions” i traslladant la pilota al Govern central perquè cree un marc regulador general, tot i que la Generalitat hi té plenes competències.

Va ser el 10 de novembre de 2023 quan l’executiu que llavors dirigia Carlos Mazón, amb el suport de la mateixa Catalá, va tombar de la taxa turística aprovada mesos abans mitjançant una llei en les Corts Valencianes, però amb una moratòria que suspenia la posada en marxa fins al 2024. A més, l’aplicació depenia de la voluntat de cada municipi.

Segons la llei derogada, l’import de la taxa oscil·lava entre 0,5 euros al dia en les pensions, 1 euro per a apartaments de categoria primera i hotels d’una, dues i tres estreles i 1,5 euros per apartament de categoria superior i hotels de quatre i cinc estreles.

L’oposició veu la taxa “necessària”

El PP i Vox es van oposar dimecres en les Corts a tramitar dues proposicions de llei del PSPV-PSOE i de Compromís destinades a implantar la taxa turística a la Comunitat Valenciana. Les propostes es van debatre en les Corts.

L’oposició va defensar la necessitat d’una taxa com la que apliquen moltes ciutats europees als turistes, mentre que el PP i Vox s’han oposat a la creació de més impostos.

El síndic socialista, José Muñoz, va destacar la importància d’abordar un debat que està en la societat, especialment després de les Falles, en què “la mateixa alcaldessa de València, del Partit Popular, va plantejar la necessitat d’establir una taxa turística” i també es demana en les Fogueres d’Alacant.

Va indicar que, igual que els valencians paguen una taxa turística quan viatgen a moltes ciutats europees, cal introduir-la a la Comunitat, perquè el turisme contribuïsca a la neteja i a la seguretat, i fins i tot aquesta recaptació es pot destinar a altres qüestions prioritàries, com l’habitatge.

Muñoz va precisar que el PSPV proposa una taxa turística purament municipal, en què cada municipi decidisca si la imposa o no i siga autònom a l’hora de decidir la destinació d’aquests fons, i Compromís proposa “un doble recàrrec, municipal i autonòmic”, però també secundaran que es tramite.

El síndic de Compromís, Joan Baldoví, va donar la “benvinguda” a tots, incloent-hi l’alcaldessa de València, María José Catalá, a parlar de la taxa turística, i va destacar que els valencians paguen “una doble taxa turística”: quan van a la major part de ciutats europees i el cost que suposen els turistes que venen a les ciutats valencianes turístiques.

“Des del primer moment hem apostat per aquesta taxa turística que entenem que és justa i és raonable, sobretot per a defensar els interessos dels valencians” i que no hagen de pagar uns costos que no han generat, va afirmar Baldoví, que va indicar que defensen que siga una taxa autonòmica i l’aplique qui vulga i que secundaran que es tramite la del PSPV.

El PP i Vox no volen més impostos

El síndic del PP, Nando Pastor, va acusar l’oposició de proposar crear un nou impost als valencians, cosa que contrasta amb “l’alleujament fiscal” del Consell amb les bonificacions en l’IRPF, i va assegurar que aquesta taxa turística aniria dirigida als valencians, perquè “quasi el 50% del turisme nacional de la Comunitat” són els mateixos valencians.

A més, Pastor va acusar els socialistes d’haver “mort” el “referent turístic” del PSPV i del Consell del Botànic durant huit anys, Francesc Colomer, ja que aquest va defensar que no s’implantara una taxa turística a la Comunitat Valenciana i ara el seu partit proposa que se’n cree una.

El síndic de Vox, José María Llanos, va explicar que s’oposen a crear un nou impost que “no té cap sentit”, perquè el turisme “és essencial” i, per tant, “no se li han de posar traves”, sinó afavorir-lo, i ha considerat que la taxa turística “és un impost afegit molt propi de l’esquerra”.

El Gobierno valenciano que preside Juan Francisco Pérez Llorca considera que implantar una tasa turística en la Comunitat Valenciana como la que se aplica en multitud de territorios de España y de todo el mundo podría deteriorar “la imagen de la Comunidad Valenciana como destino hospitalario y competitivo”.

Así lo afirma el vicepresidente segundo y conseller de presidencia, José Luis Díez, en el escrito registrado el pasado 28 de abril en las Corts Valencianes como respuesta a la proposición de ley presentada por el PSPV y por Compromís.

En su res`puesta, a la que ha tenido acceso elDiario.es, Díez afirma que la propuesta de creación de una tasa turística “no merece apoyo porque retoma, con una configuración menos precisa y menos elaborada jurídicamente, el mismo impuesto sobre estancias turísticas que contuvo la Ley 7/2022, de 16 de diciembre, la derogación de la cual fue impulsada por este Consell mediante el Decreto Ley 12/2023, de 10 de noviembre con el fin de defender la competitividad del sector turístico valenciano”.

A esto se une “el perjuicio específico para el alojamiento reglado, la complejidad administrativa de su implantación y el posible deterioro de la imagen de la Comunidad Valenciana como destino hospitalario y competitiva”, dice el escrito, y añade: “Imponer un tributo adicional disuade los visitantes de elegir esta Comunidad como destino frente a otros destinos competidoras directas que no aplican esta carga, afectando negativamente los ingresos turísticos y, en última instancia, la economía y la ocupación”.

Estos argumentos chocan con lo manifestado tras las pasadas Fallas ni más ni menos que por el empresario Juan Roig. El presidente de Mercadona abogó abiertamente por “monetizar” la fiesta, señalando que es necesario obtener un mayor rédito económico de los miles de turistas que visitan la ciudad durante esta semana.

Según dijo Roig, las Fallas son un evento de talla mundial que debe ponerse en valor para, entre otros objetivos, garantizar una remuneración digna a los artistas falleros, quienes sostienen el corazón de la fiesta pese a la precariedad que arrastra el sector.

Tras estas palabras, la alcaldesa de València, María José Catalá, se mostró más receptiva (hasta ese momento había mostrado una oposición frontal) a estudiar un “tipo impositivo o de gravamen” sobre la realidad de las fiestas, condicionado a que sea una medida consensuada y que vaya “de la mano del sector”, rechazando lo que ella denomina “imposiciones” y trasladando la pelota al Gobierno central para que cree un marco regulatorio general, cuando la Generalitat tiene plenas competencias.

Fue el 10 de noviembre de 2023 cuando el ejecutivo que entonces dirigía Carlos Mazón, con el apoyo de la propia Catalá, tumbó de la tasa turística aprobada meses antes mediante una ley en las Corts Valencianes, pero con una moratoria que suspendía su puesta en marcha hasta 2024. Además, su aplicación dependía de la voluntad de cada municipio.

Según la derogada ley, el importe de la tasa oscilaba entre los 0'5 euros al día en las pensiones, 1 euro para apartamentos de categoría primera y hoteles de una, dos y tres estrellas y 1'5 euros por apartamento de categoría superior y hoteles de cuatro y cinco estrellas.

La oposición ve la tasa “necesaria”

El PP y Vox se opusieron este miércoles en las Corts a tramitar dos proposiciones de ley del PSPV-PSOE y de Compromís destinadas a implantar la tasa turística en la Comunitat Valenciana. Las propuestas se debatieron en las Corts.

La oposición defendió la necesidad de una tasa como la que aplican muchas ciudades europeas a los turistas, mientras que el PP y Vox se han opuesto a la creación de más impuestos.

El síndic socialista, José Muñoz, destacó la importancia de abordar un debate que está en la sociedad, especialmente después de las Fallas, donde “la propia alcaldesa de València, del Partido Popular, planteó la necesidad de establecer una tasa turística” y también se pide en las Hogueras de Alicante.

Indicó que, igual que los valencianos pagan una tasa turística cuando viajan a muchas ciudades europeas, hay que introducirla en la Comunitat, para que el turismo contribuya a la limpieza y a la seguridad, e incluso esa recaudación se puede destinar a otras cuestiones prioritarias, como la vivienda.

Muñoz precisó que el PSPV propone una tasa turística puramente municipal, en la que cada municipio decida si la impone o no y sea autónomo a la hora de decidir el destino de esos fondos, y Compromís propone “un doble recargo, municipal y autonómico”, pero también apoyarán que se tramite.

El síndic de Compromís, Joan Baldoví, dio la “bienvenida” a todos, incluida la alcaldesa de València, María José Catalá, a hablar de la tasa turística, y destacó que los valencianos pagan “una doble tasa turística”: cuando van a la mayoría de ciudades europeas y el coste que suponen los turistas que vienen a las ciudades valencianas turísticas.

“Desde el primer momento hemos apostado por esa tasa turística que entendemos que es justa y es razonable, sobre todo para defender los intereses de los valencianos” y que no tengan que pagar unos costes que no han generado, afirmó Baldoví, quien indicó que defienden que sea una tasa autonómica y la aplique quien quiera y que apoyarán que se tramite la del PSPV.

PP y Vox no quieren más impuestos

El síndic del PP, Nando Pastor, acusó a la oposición de proponer crear un nuevo impuesto a los valencianos, lo que contrasta con “el alivio fiscal” del Consell con las bonificaciones en el IRPF, y aseguró que esta tasa turística iría dirigida a los valencianos, pues “casi el 50 % del turismo nacional de la Comunitat” son los propios valencianos.

Además, Pastor acusó a los socialistas de haber “matado” al “referente turístico” del PSPV y del Consell del Botànic durante ocho años, Francesc Colomer, ya que este defendió que no se implantara una tasa turística en la Comunitat Valenciana y ahora su partido propone que se cree una.

El síndic de Vox, José María Llanos, explicó que se oponen a crear un nuevo impuesto que “no tiene ningún sentido”, porque el turismo “es esencial” y por tanto “no hay que ponerle trabas”, sino favorecerlo, y ha considerado que la tasa turística “es un impuesto añadido muy propio de la izquierda”.

Podemos ha llegado a un acuerdo con PNV y PSE-EE para aprobar la norma foral del impuesto sobre estancias turísticas con la incorporación de la siete enmiendas que había presentado, según han indicado desde la formación morada. Por ejemplo, los turistas pagarán la tasa seis días en lugar de cinco, y se elevan las cantidades a pagar, con mayor presión a los pisos turísticos y los cruceros. Además, se incluye el concepto de intensidad turística -la relación entre el número de plazas turísticas y la población- “para dar mayores opciones a los municipios que más sufren las cargas del turismo o para liberar de la carga burocrática de la implantación del impuesto a aquellos ayuntamientos con una intensidad turística muy baja”. Y se amplía la exención por discapacidad y dependencia a las personas acompañantes.

“Será un gravamen más progresivo, más flexible y más adaptado a la realidad de cada pueblo y ciudad”, ha señalado el coordinador general de Podemos en Euskadi, Richard Vaquero, que ya pactó en 2025 la reforma fiscal con nacionalistas y socialistas. Con este acuerdo se garantiza que la norma salga adelante en Gipuzkoa y en Álava, ya que los partidos de Gobierno foral, PNV y PSE-EE, no cuentan con mayoría suficiente, a diferencia de Bizkaia. En las juntas vizcaínas PNV y PSE-EE cuentan con mayoría, pero se incorporarán también las enmiendas de Podemos para que el impuesto sea homogéneo en los tres territorios. El acuerdo se ha firmado con Podemos, y al parecer IU, que integra la coalición Elkarrekin Podemos con la que se presentaron a las pasadas elecciones a las Juntas Generales, no estaba informada del acuerdo hasta que se ha hecho público.

“Gracias a Podemos, Euskadi va a contar con un impuesto turístico más progresivo, más flexible y más útil para los ayuntamientos”, ha señalado el dirigente de Podemos, que ha calificado el impuesto de “más ambicioso y más justo” y mejor adaptado a la realidad de nuestros pueblos y ciudades, ha resaltado Vaquero, que ha presentado el acuerdo junto a la portavoz en las Juntas Generales de Gipuzkoa, Miren Echeveste, y el portavoz en el Ayuntamiento donostiarra, Víctor Lasa.

En concreto, las enmiendas introducidas por Podemos suponen ampliar de cinco a seis el número máximo de días sujetos al impuesto, ya que “se están destinando recursos y políticas públicas a alargar las estancias de las y los turistas en Euskadi y, en la medida que estas políticas tengan éxito, el impuesto tendrá que responder con ambición a la realidad del turismo y las estancias prolongadas”. Otra de las enmiendas modifica las tablas de tarifas elevando los máximos y los mínimos a pagar, y equipara el impuesto de los pisos turísticos a los hoteles de cinco estrellas, que pasarían a pagar entre 4,5 euros y 6,5 euros. En el proyecto de norma se fijan entre 2,5 euros y 5 euros, para los hoteles de cinco estrellas, y las viviendas de uso turístico entre 2 y 4 euros. Podemos también eleva el pago para los cruceristas, de entre 2,50 y 5,00 euros por día de amarre, a una horquilla entre 6 y 7 euros.

Además, de introducir el concepto de intensidad turística, entendida como “la ratio de plazas alojativas existentes en el municipio respecto del número de habitantes de derecho en el término municipal” para dotar de mayor flexibilidad a los ayuntamientos que más sufren las cargas del turismo y deseen añadir un recargo en base a un concepto medible, en otra de las enmiendas plantea ampliar los supuestos en los que los ayuntamientos pueden aplicar una bonificación de hasta el 100% del impuesto, incorporando no sólo el número de plazas alojativas, sino también el nivel de intensidad turística. En concreto, se plantea que esta bonificación pueda aplicarse tanto en municipios con hasta 25 plazas como en aquellos con menos de un 1% de intensidad turística y hasta 75 plazas alojativas. Y en el otro extremo, propone ampliar los supuestos en los que los ayuntamientos pueden aplicar un recargo de hasta el 50% sobre la cuota del impuesto. En concreto, se plantea que este recargo pueda aplicarse en municipios con más de 750 plazas alojativas, así como en aquellos con más de 5.000 habitantes cuando la intensidad turística sea igual o superior al 10%.

Además, proponen incorporar en la norma foral la obligación de evaluar y revisar el impuesto cada dos años desde su entrada en vigor y extender la exención del pago a los acompañantes de personas discapacitadas con un grado de discapacidad igual o superior al 65% o una situación de dependencia de grado II o III. Estas enmiendas se aprobarán en Gipuzkoa en la comisión de Hacienda del próximo miércoles, con lo que se escenificará el acuerdo. En Álava será a finales de mes, mientras que en Bizkaia todavía no hay fecha fijada para la citada comisión.

El Ayuntamiento de Gijón/Xixón ha mostrado nuevamente este martes su “rechazo” ante la posibilidad de implantar en el ámbito local una tasa turística, al considerar que sería “totalmente contraproducente”.

Así lo ha anunciado el portavoz del Gobierno municipal, Jesús Martínez Salvador, en una comparecencia ante los medios tras la reunión semanal ordinaria de la Junta de Gobierno.

La opinión

El edil ha sido cuestionado acerca de las declaraciones de la vicepresidenta del Principado, Gimena Llamedo, que señalaba ayer lunes que los ayuntamientos tendrán autonomía a la hora de decidir a qué destinarán la recaudación por este impuesto, que quedará en manos del Principado y será transferida trimestralmente a cada consistorio.

Martínez Salvador ha remarcado que, “como pasa a menudo con el Principado”, resulta “difícil emitir una opinión rigurosa” al carecer de información, si bien ha matizado que, “si ya parecía mal” este ingreso, al conocer que el Principado “lo va a recaudar” y a “determinar el destino” del mismo, la opinión es peor.

La crítica

El portavoz del Ejecutivo municipal ha resaltado que el Ayuntamiento “no va a entrar en un planteamiento de este tipo” con el Gobierno del Principado.

Martínez Salvador ha reconocido que la ciudad tiene “un potencial turístico enorme” y, asimismo, que en verano “se vuelve cada vez más atractiva”, pese a que “hay momentos en que la vida diaria se puede ver alterada por este fenómeno”.

La libertad

No obstante, ha puntualizado que “esto no quiere decir que haya que implantar una tasa” que el Gobierno local “rechaza” y considera “totalmente contraproducente”. 

Los ayuntamientos que decidan aplicar la tasa turística que va a regular por ley el Gobierno del Principado “tendrán libertad para poder destinar los fondos que recauden a la mejora de los servicios y a mejorar la conciliación entre turistas y residentes”, según ha señalado la vicepresidenta del Principado, Gimena Llamedo.

La inversión

Así, las instituciones locales podrán invertir esos fondos en mejorar el destino turístico, medidas de desestacionalización y de apuesta por el turismo de calidad, la profesionalización del sector, mejoras de movilidad y gastos extraordinarios derivados de esta actividad económica, ha indicado Llamedo, que ha trasladado este lunes el contenido de este proyecto de ley a la Federación Asturiana de Concejos.

Este martes hará lo propio con la Mesa del Turismo de la Federación Asturiana de Empresarios ya que, según la vicepresidenta, el proyecto de ley se encuentra ya en su última fase y solo está pendiente de algunos retoques antes de que salga a información pública y sea llevada al Consejo de Gobierno del Principado para su aprobación.

Carácter voluntario

Tras recordar que la aplicación de esta tasa tendrá carácter voluntario, Llamedo ha señalado que los municipios que decidan aplicarla deberán desarrollar ordenanzas para establecer la cuantía a aplicar y tendrán autonomía a la hora de decidir a qué destinarán la recaudación, que quedará en manos del Principado y será transferida trimestralmente a cada ayuntamiento.

Además, ha incidido en que esta ley se hace a semejanza de otras que hay en vigor en otras comunidades autónomas en las que hay una parte de recargo municipal, ha mostrado la disposición del Gobierno a colaborar con los municipios más pequeños para la redacción de las ordenanzas que deben aprobar para su aplicación.

La intención del Gobierno del Principado es que la nueva tasa turística autonómica de carácter voluntario para los ayuntamientos, que gravará la estancia de los turistas como suplemento a los alojamientos en los que pernocten y que podrá aplicarse también a los cruceristas, sea aprobada por el Consejo de Gobierno este semestre. 

Del “ven y cuéntalo” al “ven y cuídanos”: es la estrategia turística que está siguiendo Euskadi, una comunidad que ha optado por no caer en el modelo del “sol y playa” en favor de la sostenibilidad y la convivencia social. Un territorio cuya perspectiva -nutrida por el hecho de haber atendido durante décadas a los aciertos y los errores de otros destinos- está comenzando a ser reconocida internacionalmente.

“Tenemos múltiples peticiones para ir a explicar en diferentes países o en otros territorios cómo estamos trabajando”, ha explicado Javier Hurtado, Consejero de Turismo, Comercio y Consumo del Gobierno Vasco y secretario general del Partido Socialista de Euskadi-Euskadiko Ezkerra en Álava, en una breve ponencia enmarcada en la Jornada Todo un país de turismo V organizada por elDiario.es en el espacio Orense 34 (Madrid).

“Nosotros llegamos mucho más tarde a las estrategias turísticas. Primero, porque no fuimos partícipes del boom del sol y playa. Y segundo, porque hasta hace poco más de una década tuvimos la lacra del terrorismo. Ahora tenemos claro cuál es el camino y no vamos a ser autocomplacientes: estamos yendo más allá”, ha apuntado. 

Desestacionalización, dispersión, y sostenibilidad

En la intervención ha explicado cuáles están siendo las claves de este enfoque. Una de ellas es que no están interesados en la “carrera incrementalista”: sus objetivos son la desestacionalización, el movimiento de flujos por todo el territorio, y la sostenibilidad. “Estamos creciendo más fuera de los meses de verano y más allá de las capitales consiguiendo ese movimiento de flujos”, ha señalado el consejero.

“Estamos creciendo más fuera de los meses de verano y más allá de las capitales consiguiendo ese movimiento de flujos”

También ha destacado uno de los grandes atractivos de Euskadi: el 25% de su superficie son reservas naturales. Necesitan, por tanto, lograr aterrizar la idea de sostenibilidad de forma efectiva y a un turista respetuoso con el entorno y dispuesto a valorar esta riqueza.

Una de las iniciativas a través de las que lo están consiguiendo -y con la que son pioneros en España- es el Código Ético del Turismo (avalado por la Organización Mundial del Turismo), un decálogo de principios y compromisos que orienta la actividad turística hacia criterios de sostenibilidad, respeto y equidad. Se trata de un marco de adhesión que exige una formación y auditoría para que empresas, administraciones y profesionales asuman y ejecuten una forma responsable de entender el turismo. “Tenemos más de ochocientas veinte empresas adheridas a ese código ético que pusimos en marcha hace cuatro años”, ha asegurado Hurtado.

También siguen la metodología de Destino Turístico Inteligente, orientada a la eficiencia en la gestión del lugar: A día de hoy el 70% del territorio vasco actúa en base a esta metodología.

Políticas de vivienda y una inminente tasa turística 

Pero si hay algo que va a convertir 2026 en un auténtico “punto de inflexión” para la comunidad es la aprobación de un anteproyecto para una nueva ley de turismo que incluirá la puesta en marcha de un impuesto a las estancias turísticas. Según los acuerdos de las tres diputaciones vascas (Álava, Bizkaia y Gipuzkoa), la tasa turística en Euskadi está prevista para entrar en vigor el 1 de enero de 2027. 

“El impuesto a las estancias turísticas va a ser algo obligatorio para todos los ayuntamientos, progresivo, homogéneo y de carácter general”

“Va a ser algo obligatorio para todos los ayuntamientos, progresivo, homogéneo y de carácter general. Va a ir con unas tarifas que van desde el cero setenta y cinco en los alojamientos como los campus o agroturismos, hasta los siete coma cinco euros en los hoteles de cinco estrellas. La idea es clara: quien venga a disfrutar de Euskadi tiene que contribuir a su mejora. Es un impuesto que está instaurado en más de veinte países de la Unión Europea. Creemos que es el futuro”, ha explicado.

Además, entre otras cosas, en Euskadi han introducido la prohibición de nuevas viviendas turísticas en zonas tensionadas, pese a que las viviendas de uso turístico representan una parte muy pequeña del parque de vivienda (0,4%, frente al 1,5% de la media estatal). Y están teniendo mano dura para que este tipo de alojamientos no se establezcan ilegalmente en explotaciones agrarias o en construcciones de arquitectura tradicional.

Toda esta mirada está dando resultados, demostrando que el turismo español sí es capaz de mutar a algo mucho más amable: Han crecido más de un 80% en turistas desde el 2011 (más del treinta por ciento desde la pandemia), están atrayendo a turistas internacionales (que suelen gastar hasta un 60% más que el turista nacional) y el PIB asociado al sector en la comunidad ya se acerca al 7%.

El alcalde de Donostia, Jon Insausti, del PNV, sigue en su empeño de que el impuesto sobre estancias turísticas esté operativo para que pueda aplicarse en la capital guipuzcoana este mismo verano. “Existe un amplio consenso político y social para implantar el impuesto cuanto antes”, ha repetido en las últimas ahoras. Ha reclamado a los grupos políticos con representación en Juntas Generales que “se escuche y se tenga en cuenta” lo que los donostiarras vienen demandando. De esta forma, Insausti desafía el calendario pactado por su propio partido en las tres diputaciones forales, que han fijado la entrada en vigor el 1 de enero de 2027. Es una fecha con la que pretenden dar precisamente a los ayuntamientos el margen necesario para adaptar sus ordenanzas fiscales, y que, de momento, no parece que haya intención de mover. No obstante, hay que recordar que ni en Gipuzkoa ni en Álava, PNV y PSE-EE tienen la mayoría en el Parlamento foral.

La diputada de Hacienda de Bizkaia y Finanzas de Bizkaia, Itxaso Berrojalbiz, ha reafirmado este lunes lo que ya en su día señaló la representante de Gipuzkoa, primera diputación que dio visto bueno al anteproyecto en su Consejo de Gobierno: “Entrará en vigor para todos los municipios de Euskadi el 1 de enero de 2027. Y será así no por una cuestión de solo voluntad política, sino porque es un impuesto obligatorio y, desde un punto de vista jurídico, en todos los municipios tiene que entrar en vigor el mismo día”. Y ha recordado que se ha marcado esta fecha por petición de Eudel, “lo que no es una cuestión menor”, y también y del sector de hostelería. “No se puede aprobar una norma en junio e imponer en julio la aplicación”, ha recordado la diputada de Bizkaia, aunque en este territorio los partidos de Gobierno sí tienen mayoría en las Juntas Generales.

Hay que recordar que se trata de un impuesto obligatorio, y por lo tanto, debería entrar en vigor para todos municipios a la vez, pero los Ayuntamientos tienen que aprobar sus ordenanzas y decidir si quiere aplicar o no los recargos o las bonificaciones que contempla la norma que salga de las Juntas. Teniendo en cuenta que las normas de los tres territorios se espera que estén aprobadas en junio, la fecha de enero de 2027 dota a los consistorios de un plazo de seis meses desde la aprobación de la norma foral para adaptar sus ordenanzas fiscales. Si no están adaptadas en ese periodo, serán de aplicación en el municipio los tipos de gravamen que se correspondan con el rango superior de cada uno de los tipos de establecimientos. 

Berrojalbiz ha abogado por respetar el principio de autonomía municipal “porque son los ayuntamientos los que tienen que definir en qué horquilla, qué bonificaciones, cómo quieren aplicar y cómo quieren gestionar” el impuesto sobre estancias turísticas. “Hemos escuchando a Eudel y al sector de hostelería y hemos decidido hacer las cosas con calma y que entre en vigor el 1 de enero de 2027”, ha insistido, y ha reiterado que “al ser un impuesto obligatorio, tiene que entrar en vigor para todos los municipios ese mismo día”.

Sin embargo, Insausti ha señalado que “no se trata de buscar excusas” para retrasarlo hasta 2027, sino de “dar respuestas a lo que ya está pasando en la ciudad”, y ha apelado a los grupos para que en la fase “decisiva” en la que entra la norma a partir de ahora, introduzcan mejoras vía enmiendas que posibiliten que aplicación se anticipe. El plazo de enmiendas está abierto en las Juntas guipuzcoanas hasta el día 24. “Hay tiempo” para mejorar los acuerdos“, ha señalado el alcalde, y en este sentido, ha remarcado que ”un acuerdo se mejora cuando se escucha a quienes están en primera línea“.

Insausti ha subrayado que en Donostia “existe un amplio consenso político y social para implantar el impuesto cuanto antes”. “Tiene sentido que quienes se alojan y disfrutan de la ciudad contribuyan también a mejorarla”. “Donostia es una ciudad para compartir, pero ante todo tiene que ser una ciudad para vivir”, ha apuntado.

Els veïns i veïnes de València podien haver-se estalviat al voltant d’un milió d’euros dels costos derivats del manteniment de la ciutat en Falles si haguera estat vigent la taxa turística que va aprovar el Govern del Botànic dirigit per Ximo Puig i que van derogar al cap de pocs mesos d’accedir al Consell el PP i Vox.

Per esmentar-ne un exemple, tan sols el dispositiu de neteja desplegat per l’Ajuntament per a aquestes festes ha suposat una despesa de 3,2 milions d’euros.

Va ser el 10 de novembre de 2023 quan l’executiu que llavors dirigia Carlos Mazón, amb el suport de l’alcaldessa de València, María José Catalá, va tombar la taxa turística aprovada mesos abans mitjançant una llei en les Corts Valencianes, però amb una moratòria que suspenia la posada en marxa finsl a 2024. A més, la seua aplicació depenia de la voluntat de cada municipi.

Segons la llei derogada, l’import de la taxa oscil·lava entre els 0,5 euros al dia en les pensions, 1 euro per a apartaments de categoria primera i hotels d’una, dues i tres estreles i 1,5 euros per apartament de categoria superior i hotels de quatre i cinc estreles.

Tenint en compte que el 2025 es van registrar 662.047 pernoctacions entre el 13 i el 19 de març (xifres semblants a les d’enguany, a falta de dades oficials). Sumant-hi les del cap de setmana previ a les Falles, quan més afluència de visitants hi ha hagut, i aplicant la taxa derogada aprovada pel Govern del Botànic, s’aconseguiria una xifra pròxima a un milió d’euros de mitjana. Si s’aplicara, en canvi, una taxa com la de Barcelona, que arriba a 4 euros per nit, s’aconseguiria un mínim de 2,6 milions d’euros.

I això pel que fa exclusivament a les Falles. En el conjunt de l’any, el 2025 València va arribar a 6 milions de pernoctacions, així que, aplicant la taxa de l’anterior Govern valencià d’esquerres, la recaptació mitjana hauria sigut d’altres tants milions. Aplicant una taxa com la de la ciutat comtal, ascendiria a 24 milions d’euros.

Malgrat tot, el Consell que presideix Juan Francisco Pérez Llorca va refredar divendres qualsevol possibilitat d’aprovar una nova llei per a regular la taxa turística. Barrachina, va afirmar divendres que no imposaran “cap taxa turística”, perquè les rebaixes fiscals són “el sant i senyal” d’aquesta Administració autonòmica i no preveu adoptar en aquesta legislatura cap “tribut addicional”.

Així ho va afirmar en la roda de premsa després del ple del Consell, en què, preguntat pel debat obert després de les Falles sobre la possibilitat d’establir a València una taxa turística, va dir que entenen i respecten “qualsevol opinió municipal”, però el Govern valencià “està en fase de rebaixar pressió fiscal i eliminar tributs, i en cap cas de situar-ne cap d’addicional”.

També Catalá va recular després d’obrir la porta a estudiar la taxa, com va suggerir Juan Roig dies arrere. “El debat està obert sobre com els turistes poden contribuir”, va assenyalar divendres el portaveu del govern local, Juan Carlos Caballero, que va insistir que “no tenim el marc legal perquè l’Ajuntament puga prendre una decisió unilateral”. Caballero va tornar a instar el Govern d’Espanya a millorar el finançament local, encara que va reconéixer que, si el debat del finançament autonòmic està més d’una dècada embossat, el del finançament municipal no serà més fàcil.

El número 2 de Catalá va reconéixer que existia el marc legal autonòmic fins que Carlos Mazón el va tombar amb un decret, que van ratificar el PP i Vox en les Corts, però va considerar que no era l’idoni.

Los vecinos y vecinas de València podían haberse ahorrado en torno a un millón de euros de los costes derivados del mantenimiento de la ciudad en Fallas si hubiera estado vigente la tasa turística que aprobó el Gobierno del Botánico dirigido por Ximo Puig y que derogaron a los pocos meses de acceder al Consell el PP y Vox.

Por citar un ejemplo, tan solo el dispositivo de limpieza desplegado por el Ayuntamiento para estas fiestas ha supuesto un gasto de 3,2 millones de euros.

Fue el 10 de noviembre de 2023 cuando el ejecutivo que entonces dirigía Carlos Mazón, con el apoyo de la alcaldesa de València, María José Catalá, tumbó de la tasa turística aprobada meses antes mediante una ley en las Corts Valencianes, pero con una moratoria que suspendía su puesta en marcha hasta 2024. Además, su aplicación dependía de la voluntad de cada municipio.

Según la derogada ley, el importe de la tasa oscilaba entre los 0'5 euros al día en las pensiones, 1 euro para apartamentos de categoría primera y hoteles de una, dos y tres estrellas y 1'5 euros por apartamento de categoría superior y hoteles de cuatro y cinco estrellas.

Teniendo en cuenta que en 2025 se registraron 662.047 pernoctaciones entre el 13 y el 19 de marzo (cifras parecidas a las del presente año, a falta de datos oficiales), sumando las del fin de semana previo a las Fallas, cuando más afluencia de visitantes ha habido, y aplicando la tasa derogada por el Gobierno del Botánico, se alcanzaría una cifra cercana al millón de euros de media. Si se aplicara, en cambio, una tasa como la de Barcelona que alcanza los 4 euros por noche, se alcanzaría un mínimo de 2,6 millones de euros.

Y eso por lo que se refiere exclusivamente a Fallas. En el conjunto del año, en 2025 València alcanzó los 6 millones de pernoctaciones, así que, aplicando la tasa del anterior Gobierno valenciano de izquierdas, la recaudación media hubiera sido de otros tantos millones de euros. Aplicando una tasa como la de la ciudad condal, ascendería a 24 millones de euros.

Pese a todo, el Consell que preside Juan Francisco Pérez Llorca enfrió este viernes cualquier posibilidad de aprobar una nueva ley para regular la tasa turística. Su portavoz, Miguel Barrachina, afirmó este viernes que no van a “imponer ninguna tasa turística”, porque las rebajas fiscales son “el santo y seña” de esta Administración autonómica y no prevé adoptar en esta legislatura ningún “tributo adicional”.

Así lo afirmó en la rueda de prensa tras el pleno del Consell, en la que preguntado por el debate abierto tras las Fallas sobre la posibilidad de establecer en València una tasa turística dijo que entienden y respetan “cualquier opinión municipal”, pero el Gobierno valenciano “está en fase de rebajar presión fiscal y eliminar tributos, y en ningún caso de situar ninguno adicional”.

También Catalá reculó tras abrir la puerta a estudiar la tasa, como sugirió Juan Roig días atrás. “El debate está abierto sobre cómo los turistas pueden contribuir”, señaló este viernes el portavoz del gobierno local, Juan Carlos Caballero, que insistió en que “no tenemos el marco legal para que el ayuntamiento pueda tomar una decisión unilateral”. Caballero volvió a instar al Gobierno de España a mejorar la financiación local, aunque reconoció que, si el debate de la financiación autonómica lleva más de una década atascado, el de la financiación municipal no va a ser más fácil.

El número 2 de Catalá reconoció que existía el marco legal autonómico hasta que Carlos Mazón lo tumbó con un decreto, que ratificaron PP y Vox en las Corts, pero consideró que no era el idóneo.

El portavoz del Gobierno valenciano, Miguel Barrachina, ha afirmado este viernes que no van a “imponer ninguna tasa turística”, porque las rebajas fiscales son “el santo y seña” de esta Administración autonómica y no prevé adoptar en esta legislatura ningún “tributo adicional”.

Así lo ha señalado en la rueda de prensa tras el pleno del Consell, en la que preguntado por el debate abierto tras las Fallas sobre la posibilidad de establecer en València una tasa turística ha dicho que entienden y respetan “cualquier opinión municipal”, pero el Gobierno valenciano “está en fase de rebajar presión fiscal y eliminar tributos, y en ningún caso de situar ninguno adicional”.

Barrachina ha destacado que este Consell decidió, en materia tributaria, acabar “con el infierno fiscal que padecían los valencianos” y para ello ha hecho rebajas fiscales “de todo tipo”, de manera que no van a acordar ninguna tasa turística.

Además, ha explicado que en la Comunitat Valenciana se está promocionando en los últimos meses el turismo para afectados por la dana, y tendría “escaso sentido” que se gravaran esas escapadas con una tasa a quienes quieran disfrutar de emplazamientos del resto del territorio.

Ha recordado que en la próxima declaración de la renta los valencianos tendrán desgravaciones fiscales adicionales, pues la Comunitat Valenciana es la autonomía “con mayor número de deducciones” en el IRPF, además de que se ha eliminado “el impuesto a la muerte” o se ha rebajado el impuesto de transmisiones patrimoniales para la compra de vivienda por jóvenes.

La portavoz adjunta de Compromís en las Cortes Valencianas, Isaura Navarro, ha anunciado este viernes la presentación de una Proposición de Ley para instaurar de nuevo el mecanismo que permite en los ayuntamientos establecer la tasa turística en sus municipios. El texto recupera el modelo aprobado por el Gobierno del Botánico de izquierdas y derogado por el PP y Vox, con el objetivo que los turistas contribuyan a los gastos públicos que genera su estancia y aligerar la carga fiscal de los valencianos y valencianas.

Navarro ha estado especialmente crítica con la situación vivida durante las fiestas de las Fallas, que ha calificado como el “paradigma de la necesidad de recuperar la tasa”. Según la diputada, la ciudad de València ha sufrido estos días una situación de “masificación, suciedad y maltrato” que requiere una inversión extraordinaria de recursos públicos para su recuperación.

La portavoz ha subrayado que “los costes derivados de la limpieza, la seguridad y el impacto medioambiental no tienen que recaer exclusivamente en los vecinos. Este dinero no lo tenemos que pagar solo los valencianos y valencianas, lo tienen que pagar también todos los turistas que han venido a disfrutar de nuestra gran fiesta. Además, es una medida se aplica con total normalidad al resto de grandes ciudades europeas y que es imprescindible también para muchos municipios de un territorio con tanta presión turística como el valenciano”.

Desde Compromís se invita al Partido Popular a “dejar atrás la demagogia y las campañitas absurdas para afrontar la realidad de la ciudad. La alcaldesa de València, María José Catalá, tiene que apoyar esta ley si realmente cree que la tasa es necesaria para la limpieza y el mantenimiento municipal. Las Fallas sobrevivirán si hay gobiernos que entienden la responsabilidad que supone la gestión de la ciudad y las consecuencias que tiene en la fiesta la mala gestión”.

La parlamentaria ha añadido que “la tasa turística tiene que estar en vigor para que los municipios que consideren que la necesitan, no solo València, puedan aplicarla y recuperarse de los efectos de la presión turística”.

Como informó elDiario.es, el Gobierno valenciano del PP y de Vox el pasado 10 de noviembre de 2023 en la derogación de la tasa turística aprobada por el anterior Gobierno del Pacto del Botánico mediante una ley en las Corts Valencianes, pero con una moratoria que suspendía su puesta en marcha hasta 2024. Además, su aplicación dependía de la voluntad de cada municipio.

Según la derogada ley, el importe de la tasa oscilaba entre los 0'5 euros al día en las pensiones, 1 euro para apartamentos de categoría primera y hoteles de una, dos y tres estrellas y 1'5 euros por apartamento de categoría superior y hoteles de cuatro y cinco estrellas.

Gran afluencia de visitantes, elevados costes de limpieza, problemas con el transporte como la crisis con Cercanías, 'invasión' temprana de carpas y actos, como la Ofrenda, que terminan de madrugada. Las Fallas de 2026 han concentrado un gran número de quejas y constatan que la fiesta corre un serio riesgo de morir de éxito. Vecinos, comerciantes y hasta grandes empresarios se han mostrado partidarios de una mayor regulación, una serie de declaraciones en la última semana que obligan al gobierno local, actualmente en manos del PP, a repensar la fiesta.

La Asociación de Comercios Valencia Centro cree “inaplazable” abrir de cara a las Fallas de 2027 un debate sobre el modelo de la fiesta que, según afirman, es “insostenible” en el núcleo histórico. También lo han reclamado asociaciones de vecinos y los partidos de la oposición, PSPV y Compromís, que creen que la fiesta se ha descontrolado.

La alcaldesa de València, María José Catalá, ha ido deslizando durante los días centrales de la fiesta la posibilidad de implementar cambios. Es una cuestión que se da prácticamente cada año, pero esta vez, la concentración y la diversidad de las quejas parece forzar realmente nuevas medidas. Las Fallas son unas fiestas en constante debate, y el de la convivencia es un asunto que siempre está en el foco.

Catalá planteó el viernes, tras una Junta Local de Seguridad, y junto a la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, un trabajo conjunto entre administraciones para coordinar mejor la movilidad. El conflicto entre el Ayuntamiento y Renfe provocó una semana de tensión entre las administraciones y críticas de los usuarios, molestos por la interrupción del servicio, que fue una demanda de Policía y Bomberos por razones de seguridad. Evitar las aglomeraciones se ha convertido en un punto clave en la gestión de la fiesta, tanto como el control del vandalismo pirotécnico, que este año se ha identificado.

Otra cuestión sobre la mesa es la tasa turística. La dirigente popular, cuyo partido derogó la medida, reclama ahora una reforma de la ley estatal para que los ayuntamientos puedan estudiar este gravamen. El PP valenciano contribuyó a la impopularidad del impuesto que busca compensar el impacto del turismo en cuestiones como limpieza o transporte, pero la primera edil se abre ahora a estudiarla. La oposición calcula que solo en Fallas podría aportar entre 3 y 10 millones de euros, dado el elevado número de visitantes.

El presidente de Mercadona, el empresario Juan Roig, apuntó este martes que habría que obtener más recursos de los turistas que vienen a las Fallas, en declaraciones al diario Levante EMV. Preguntada por esta cuestión, la alcaldesa ha reconocido la dificultad de “discriminar turistas nacionales y internacionales”. “Hay que hacer una reflexión, siempre con el sector de la mano, sobre un tipo impositivo o de gravamen sobre la realidad de estas fiestas pero siempre de la mano del sector , que está muy cohesionado y unido, porque creo que las imposiciones son malas”, señaló Catalá.

Un tercer aspecto que constantemente suscita debate es la duración de la Ofrenda. La dirigente popular ha planteado que, una vez analizadas las fiestas de este año, se realice un balance. Sugiere poner sobre la mesa un tercer día de Ofrenda, adelantarlo al 16 de marzo, para que el acto religioso no termine de madrugada. “Hay varias opciones encima de la mesa. Una es ampliar un día más. Pero yo en cualquier caso creo que hay que esperar a ver cómo terminan las jornadas de hoy y de mañana, y conforme vayan, ver alternativas. Hay varias cuestiones, pero he de confesar que hemos hablado de ver si ponemos un día más”, dijo el miércoles en declaraciones a Las Provincias.

Respecto a la instalación de carpas, el concejal de Fallas y presidente de la Junta Central Fallera, Santiago Ballester, apuntó que podrían montarse a partir del día 11 en 2027. Esto es una semana después que el montaje de este año, que ha provocado grandes críticas en el vecindario, por el adelanto y los cortes de tráfico que implican.

Con todo, la alcaldesa pospone el debate hasta pasadas las fiestas. Será a partir del día 20 cuando empiecen a repensarse.

El debate sobre la recuperación de la tasa turística ha cogido fuerza con la entrada de Juan Roig a favor de este tipo de recaudación. El presidente de Mercadona ha abogado abiertamente por “monetizar” la fiesta, señalando que es necesario obtener un mayor rédito económico de los miles de turistas que visitan la ciudad durante esta semana.

Según Roig, las Fallas son un evento de talla mundial que debe ponerse en valor para, entre otros objetivos, garantizar una remuneración digna a los artistas falleros, quienes sostienen el corazón de la fiesta pese a la precariedad que arrastra el sector. Cabe recordar también que Juan Roig es el impulsor del nuevo Roig Arena, el pabellón que se ha convertido en uno de los principales polos de atracción de espectáculos en recinto cerrado de España.

Estas palabras añaden presión al cambio de postura de la alcaldesa de València, María José Catalá ante este tipo de tasa que el PP ha rechazado históricamente. Aunque la formación de derechas se ha opuesto tradicionalmente a la tasa turística —llegando a derogar la ley autonómica que la permitía apenas tomaron posesión del Consell—, la primera edil se ha mostrado ahora receptiva a estudiar un “tipo impositivo o de gravamen” sobre la realidad de las fiestas. No obstante, Catalá ha condicionado cualquier movimiento a que sea una medida consensuada y que vaya “de la mano del sector”, rechazando lo que ella denomina “imposiciones” y trasladando la pelota al Gobierno central para que cree un marco regulatorio general.

Esta apertura a una tasa turística pactada ha generado una respuesta inmediata por parte de la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé. La representante socialista ha criticado con dureza lo que considera una falta de coherencia y de capacidad de gestión por parte de la alcaldesa. Bernabé ha recordado que la ciudad ya podría estar recaudando fondos desde 2023 si el actual gobierno no hubiera eliminado la ley que daba cobertura legal a los municipios para establecer este cobro por pernoctación, una medida que podría haber inyectado entre 10 y 15 millones de euros anuales a las arcas públicas.

El trasfondo de esta disputa técnica y política reside en el modelo de gestión de un evento que, si bien es el motor económico de la ciudad en marzo, también genera unos costes de limpieza, seguridad y servicios públicos que actualmente sufraga la ciudadanía. La sugerencia de Juan Roig colabora al viraje del equipo de gobierno local para que pase de un “no” rotundo a la tasa a buscar una fórmula tributaria que permita sufragar estos gastos sin entrar en conflicto directo con los empresarios hoteleros.

L’alcaldessa de València, la popular María José Catalá, s’obri ara a estudiar una taxa turística a la ciutat. Quasi tres anys després de la derogació de la llei autonòmica que permetia aquest tribut, tombada pel PP i Vox en les Corts Valencianes sent ella diputada, la dirigent planteja que s’estudie una modificació de la llei estatal per a implementar un gravamen al turisme. El Consell de Carlos Mazón va aprovar un decret per a derogar la llei, que van convalidar el PP i Vox en les Corts el novembre del 2023, enterrant el marc legal per a aquest tribut.

Dilluns, en plena setmana fallera, l’alcaldessa va advocar per una estratègia per a un turisme “equilibrat”, “sostenible” i que treballe la convivència amb els veïns, en el marc d’un acte amb altres ciutats per a abordar mesures comunes. En aquest sentit, va considerar que la taxa turística és “una eina” i que podria reformar-se la Llei d’hisendes locals per a estudiar una nova aportació d’ingressos. Això sí, va apuntar que havia de fer-se d’acord amb el sector —com ja es va fer amb la llei autonòmica que van derogar— i va negar haver estat en contra de la mesura, malgrat haver votat diverses vegades per a rebutjar-la, com a diputada i com a representant municipal, i ser una promesa electoral del PP autonòmic. Com a portaveu del PP en l’Ajuntament, quan es va plantejar el debat el 2022, va arribar a dir: “No tindria sentit que l’única ciutat de tota la comunitat turística de la Comunitat on s’aplique la taxa siga la ciutat de València”.

Catalá justifica la seua negativa anterior al fet que el debat es va plantejar després de la pandèmia i després de la dana, dues crisis molt rellevants per al sector turístic. Amb tot, les dades indiquen un augment any rere any: les pernoctacions hoteleres s’han quintuplicat en un lustre, els apartaments turístics estan pràcticament plens aquesta temporada fallera i els pisos brollen en els baixos malgrat la moratòria aprovada.

La mesura instaurada en altres capitals no ha mostrat cap efecte que desincentive els visitants, i ara, l’alcaldessa considera que és “interessant” obrir el debat, “fugint de la turismofòbia”. “Amb consens, de bracet amb eel sector, i en un context econòmic adequat, sempre hem dit que és un debat interessant i jo crec que al final hem de canalitzar-lo en el marc de la Llei d’hisendes locals, d’aquesta millora de finançament local que necessitem”, va precisar la dirigent popular.

El ple municipal del febrer passat va tornar a rebutjar la implementació d’una taxa turística, a proposta del PSPV. Va ser llavors quan la regidora de Turisme, Paula Llobet, ja va deixar caure la idea que ara ha expressat Catalá: demanar una modificació de la Llei d’hisendes locals per a introduir un impost municipal a les pernoctacions, encara que, com va recordar l’alcaldessa, el seu govern sempre s’ha mostrat partidari de les reduccions fiscals.

La alcaldesa de València, la popular María José Catalá, se abre ahora a estudiar una tasa turística en la ciudad. Casi tres años después de la derogación de la ley autonómica que permitía este tributo, tumbada por PP y Vox en las Corts Valencianes siendo ella diputada, la dirigente plantea que se estudie una modificación de la ley estatal para implementar un gravamen al turismo. El Consell de Carlos Mazón aprobó un decreto para derogar la ley, que convalidaron PP y Vox en las Corts en noviembre de 2023, enterrando el marco legal para este tributo.

Este lunes, en plena semana fallera, la alcaldesa abogó por una estrategia para un turismo “equilibrado”, “sostenible” y que trabaje la convivencia con los vecinos, en el marco de un acto con otras ciudades para abordar medidas comunes. En este sentido, consideró que la tasa turística es “una herramienta” y que podría reformarse la ley de Haciendas Locales para estudiar un nuevo aporte de ingresos. Eso sí, apuntó que debía hacerse de acuerdo con el sector -como ya se hizo con la ley autonómica que derogaron- y negó haber estado en contra de la medida, pese a haber votado varias veces para rechazarla, como diputada y como representante municipal, y ser una promesa electoral del PP autonómico. Como portavoz del PP en el Ayuntamiento, cuando se planteó el debate en 2022 llegó a decir: “No tendría sentido que la única ciudad de toda la comunidad turística de la Comunitat donde se aplique la tasa sea la ciudad de València”.

Catalá justifica su negativa anterior a que el debate se planteó tras la pandemia y tras la dana, dos crisis muy relevantes para el sector turístico. Con todo, los datos indican un aumento año tras año: las pernoctaciones hoteleras se han quintuplicado en un lustro, los apartamentos turísticos están prácticamente llenos esta temporada fallera, y los pisos brotan en los bajos pese a la moratoria aprobada.

La medida instaurada en otras capitales no ha mostrado ningún efecto que desincentive a los visitantes, y ahora, la alcaldesa considera que es “interesante” abrir el debate, “huyendo de la turismofobia”. “Con consenso, de la mano del sector, y en un contexto económico adecuado, siempre hemos dicho que es un debate interesante y yo creo que al final tenemos que canalizarlo en el marco de la ley de Haciendas Locales, de esa mejora de financiación local que necesitamos”, precisó la dirigente popular.

El pleno municipal del pasado febrero volvió a rechazar la implementación de una tasa turística, a propuesta del PSPV. Fue entonces cuando la concejala de Turismo, Paula Llobet, ya deslizó la idea que ahora ha expresado Catalá: pedir una modificación de la ley de haciendas locales para introducir un impuesto municipal a las pernoctaciones, aunque, como recordó la alcaldesa, su gobierno siempre se ha mostrado partidario de las reducciones fiscales.

Las viviendas de uso turístico de la ciudad de València viven un fin de semana al 100% de ocupación, con la plantà de los monumentos falleros este domingo día 15 y antes de los cuatro días grandes de las Fallas.

El lleno de las 4.786 viviendas de alquiler turístico registradas oficialmente en la ciudad (hay muchas que operan a margen de la normativa) se produce viernes, sábado y domingo, un fin de semana que congrega a multitud de valencianos, de València y de los pueblos, y de turistas nacionales o extranjeros para disfrutar de las mascletaes y otros espectáculos pirotécnicos, la plantà y las actividades que organizan las distintas comisiones falleras.

Con todo, a pesar de las propuestas de la oposición, el equipo de Gobierno del Ayuntamiento de València formado por el PP y por Vox se niega a poner en marcha la tasa turística que dejó aprobada el anterior ejecutivo autonómico de izquierdas y que tumbó el Consell del PP, entonces con Carlos Mazón a la cabeza. Su aplicación era potestad de cada ayuntamiento. Recientemente, Compromís denunció que València dejará de ingresar casi 3 millones de euros en Fallas por no aplicar la tasa turística.

Ocupación del 71% en la semana fallera

A partir del lunes 16 y hasta el jueves de San José, al caer entre semana, la ocupación se quedará en el 71%, según ApturCV, la asociación de apartamentos y viviendas de uso turístico de la Comunidad Valenciana.

Su presidenta, Silvia Blasco, explica que los alquileres corresponden a tres tipos: los extranjeros que vienen a las Fallas, los grupos de amigos o familiares, y las familias de falleros de otros municipios, como Montserrat o Turís, hermanados con alguna comisión de la capital, que celebran sus fiestas un poco más adelante.

En este sentido, Blasco ha afirmado a EFE que todo lo que tiene casal fallero cerca está ocupado porque estas familias no quieren desplazarse diariamente, se acuestan tarde y se levantan pronto y necesitan un espacio para depositar la indumentaria fallera.

Este tipo de alquileres turístico se está registrando desde al menos hace una década, representan una parte importante de la reservas y suelen ser clientes recurrentes que participan de los actos falleros.

En cuanto a los extranjeros, en su mayoría son británicos, holandeses e italianos (y también nacionales de otros países con residencia en España).

Los precios, un 5% menos

Los precios de las viviendas de uso turístico han bajado respecto a las Fallas de 2025 debido a las lluvias que se registraron en las Fallas de 2025, una circunstancia que ha ralentizado las reservas y ha hecho bajar el precio de los alquileres turísticos.

En una vivienda de uso turístico para cuatro personas, el precio medio se sitúa entre 140 y 160 euros por noche, y la estancia media se sitúa en tres días, según los datos de Aptur.

Un millón de visitantes

Blasco ha asegurado que las viviendas turísticas “no turistifican” sino que son alojamientos cuyos ocupantes “se involucran” en la ciudad.

A los más de 800.000 habitantes que tiene València se suma un millón de personas durante los días de las Fallas entre turistas y residentes de otros municipios que acuden a la ciudad a pasar el día.

La ocupación hotelera

Según informó el Ayuntamiento de València esta semana, la ocupación hotelera para la semana de Fallas se sitúa en el 67%, según el sondeo realizado por la Fundación Visit València y que analiza las seis noches comprendidas entre el 13 y el 19 de marzo.

Se trata de una ocupación muy similar a la registrada el año pasado, con cifras que previsiblemente se incrementarán con las reservas de última hora. En 2025, año en que el 19 de marzo cayó en miércoles, la ocupación a una semana vista era del 66 %, y finalmente alcanzó el 75 % durante las fiestas.

La noche con mayor previsión de ocupación es la del 18 al 19 de marzo, víspera del festivo autonómico del día de San José, que alcanza ya el 76,7 % de habitaciones reservadas. Asimismo, destaca el comportamiento del fin de semana previo a las Fallas.

En concreto, la noche del sábado 14 al domingo 15 de marzo registra una ocupación cercana al 73 %, coincidiendo con un fin de semana en que el ambiente festivo ya se vive de pleno en la ciudad, aunque todavía no haya finalizado la plantà de los monumentos.

El precio medio de las habitaciones durante estas seis noches se sitúa en 166 euros, con la noche del 14 de marzo como la más cara, con 179 euros por habitación, lo que consolida 2026 como el año con menor precio medio de los últimos cuatro ejercicios a una semana del inicio de las Fallas.

Los turistas internacionales

La mayor parte del turismo de Fallas es nacional y europeo de media distancia y los visitantes procedentes de zonas que tienen problemas de conectividad aérea (Asia y Oriente Medio) por el conflicto en Irán son un número simbólico respecto al total.

Según la presidenta de la WTAAA, la organización que agrupa a las asociaciones de agencias de viajes del mundo, y presidenta de CEV Valencia, Eva Blasco, los principales países europeos emisores en Fallas son Alemania, Gran Bretaña, Holanda, Francia, Italia o Polonia. Con cifras poco significativas respecto al total se sitúan los procedentes de Estados Unidos y Asia.