El alcalde de Donostia, Jon Insausti, del PNV, sigue en su empeño de que el impuesto sobre estancias turísticas esté operativo para que pueda aplicarse en la capital guipuzcoana este mismo verano. “Existe un amplio consenso político y social para implantar el impuesto cuanto antes”, ha repetido en las últimas ahoras. Ha reclamado a los grupos políticos con representación en Juntas Generales que “se escuche y se tenga en cuenta” lo que los donostiarras vienen demandando. De esta forma, Insausti desafía el calendario pactado por su propio partido en las tres diputaciones forales, que han fijado la entrada en vigor el 1 de enero de 2027. Es una fecha con la que pretenden dar precisamente a los ayuntamientos el margen necesario para adaptar sus ordenanzas fiscales, y que, de momento, no parece que haya intención de mover. No obstante, hay que recordar que ni en Gipuzkoa ni en Álava, PNV y PSE-EE tienen la mayoría en el Parlamento foral.

La diputada de Hacienda de Bizkaia y Finanzas de Bizkaia, Itxaso Berrojalbiz, ha reafirmado este lunes lo que ya en su día señaló la representante de Gipuzkoa, primera diputación que dio visto bueno al anteproyecto en su Consejo de Gobierno: “Entrará en vigor para todos los municipios de Euskadi el 1 de enero de 2027. Y será así no por una cuestión de solo voluntad política, sino porque es un impuesto obligatorio y, desde un punto de vista jurídico, en todos los municipios tiene que entrar en vigor el mismo día”. Y ha recordado que se ha marcado esta fecha por petición de Eudel, “lo que no es una cuestión menor”, y también y del sector de hostelería. “No se puede aprobar una norma en junio e imponer en julio la aplicación”, ha recordado la diputada de Bizkaia, aunque en este territorio los partidos de Gobierno sí tienen mayoría en las Juntas Generales.

Hay que recordar que se trata de un impuesto obligatorio, y por lo tanto, debería entrar en vigor para todos municipios a la vez, pero los Ayuntamientos tienen que aprobar sus ordenanzas y decidir si quiere aplicar o no los recargos o las bonificaciones que contempla la norma que salga de las Juntas. Teniendo en cuenta que las normas de los tres territorios se espera que estén aprobadas en junio, la fecha de enero de 2027 dota a los consistorios de un plazo de seis meses desde la aprobación de la norma foral para adaptar sus ordenanzas fiscales. Si no están adaptadas en ese periodo, serán de aplicación en el municipio los tipos de gravamen que se correspondan con el rango superior de cada uno de los tipos de establecimientos. 

Berrojalbiz ha abogado por respetar el principio de autonomía municipal “porque son los ayuntamientos los que tienen que definir en qué horquilla, qué bonificaciones, cómo quieren aplicar y cómo quieren gestionar” el impuesto sobre estancias turísticas. “Hemos escuchando a Eudel y al sector de hostelería y hemos decidido hacer las cosas con calma y que entre en vigor el 1 de enero de 2027”, ha insistido, y ha reiterado que “al ser un impuesto obligatorio, tiene que entrar en vigor para todos los municipios ese mismo día”.

Sin embargo, Insausti ha señalado que “no se trata de buscar excusas” para retrasarlo hasta 2027, sino de “dar respuestas a lo que ya está pasando en la ciudad”, y ha apelado a los grupos para que en la fase “decisiva” en la que entra la norma a partir de ahora, introduzcan mejoras vía enmiendas que posibiliten que aplicación se anticipe. El plazo de enmiendas está abierto en las Juntas guipuzcoanas hasta el día 24. “Hay tiempo” para mejorar los acuerdos“, ha señalado el alcalde, y en este sentido, ha remarcado que ”un acuerdo se mejora cuando se escucha a quienes están en primera línea“.

Insausti ha subrayado que en Donostia “existe un amplio consenso político y social para implantar el impuesto cuanto antes”. “Tiene sentido que quienes se alojan y disfrutan de la ciudad contribuyan también a mejorarla”. “Donostia es una ciudad para compartir, pero ante todo tiene que ser una ciudad para vivir”, ha apuntado.

Els veïns i veïnes de València podien haver-se estalviat al voltant d’un milió d’euros dels costos derivats del manteniment de la ciutat en Falles si haguera estat vigent la taxa turística que va aprovar el Govern del Botànic dirigit per Ximo Puig i que van derogar al cap de pocs mesos d’accedir al Consell el PP i Vox.

Per esmentar-ne un exemple, tan sols el dispositiu de neteja desplegat per l’Ajuntament per a aquestes festes ha suposat una despesa de 3,2 milions d’euros.

Va ser el 10 de novembre de 2023 quan l’executiu que llavors dirigia Carlos Mazón, amb el suport de l’alcaldessa de València, María José Catalá, va tombar la taxa turística aprovada mesos abans mitjançant una llei en les Corts Valencianes, però amb una moratòria que suspenia la posada en marxa finsl a 2024. A més, la seua aplicació depenia de la voluntat de cada municipi.

Segons la llei derogada, l’import de la taxa oscil·lava entre els 0,5 euros al dia en les pensions, 1 euro per a apartaments de categoria primera i hotels d’una, dues i tres estreles i 1,5 euros per apartament de categoria superior i hotels de quatre i cinc estreles.

Tenint en compte que el 2025 es van registrar 662.047 pernoctacions entre el 13 i el 19 de març (xifres semblants a les d’enguany, a falta de dades oficials). Sumant-hi les del cap de setmana previ a les Falles, quan més afluència de visitants hi ha hagut, i aplicant la taxa derogada aprovada pel Govern del Botànic, s’aconseguiria una xifra pròxima a un milió d’euros de mitjana. Si s’aplicara, en canvi, una taxa com la de Barcelona, que arriba a 4 euros per nit, s’aconseguiria un mínim de 2,6 milions d’euros.

I això pel que fa exclusivament a les Falles. En el conjunt de l’any, el 2025 València va arribar a 6 milions de pernoctacions, així que, aplicant la taxa de l’anterior Govern valencià d’esquerres, la recaptació mitjana hauria sigut d’altres tants milions. Aplicant una taxa com la de la ciutat comtal, ascendiria a 24 milions d’euros.

Malgrat tot, el Consell que presideix Juan Francisco Pérez Llorca va refredar divendres qualsevol possibilitat d’aprovar una nova llei per a regular la taxa turística. Barrachina, va afirmar divendres que no imposaran “cap taxa turística”, perquè les rebaixes fiscals són “el sant i senyal” d’aquesta Administració autonòmica i no preveu adoptar en aquesta legislatura cap “tribut addicional”.

Així ho va afirmar en la roda de premsa després del ple del Consell, en què, preguntat pel debat obert després de les Falles sobre la possibilitat d’establir a València una taxa turística, va dir que entenen i respecten “qualsevol opinió municipal”, però el Govern valencià “està en fase de rebaixar pressió fiscal i eliminar tributs, i en cap cas de situar-ne cap d’addicional”.

També Catalá va recular després d’obrir la porta a estudiar la taxa, com va suggerir Juan Roig dies arrere. “El debat està obert sobre com els turistes poden contribuir”, va assenyalar divendres el portaveu del govern local, Juan Carlos Caballero, que va insistir que “no tenim el marc legal perquè l’Ajuntament puga prendre una decisió unilateral”. Caballero va tornar a instar el Govern d’Espanya a millorar el finançament local, encara que va reconéixer que, si el debat del finançament autonòmic està més d’una dècada embossat, el del finançament municipal no serà més fàcil.

El número 2 de Catalá va reconéixer que existia el marc legal autonòmic fins que Carlos Mazón el va tombar amb un decret, que van ratificar el PP i Vox en les Corts, però va considerar que no era l’idoni.

Los vecinos y vecinas de València podían haberse ahorrado en torno a un millón de euros de los costes derivados del mantenimiento de la ciudad en Fallas si hubiera estado vigente la tasa turística que aprobó el Gobierno del Botánico dirigido por Ximo Puig y que derogaron a los pocos meses de acceder al Consell el PP y Vox.

Por citar un ejemplo, tan solo el dispositivo de limpieza desplegado por el Ayuntamiento para estas fiestas ha supuesto un gasto de 3,2 millones de euros.

Fue el 10 de noviembre de 2023 cuando el ejecutivo que entonces dirigía Carlos Mazón, con el apoyo de la alcaldesa de València, María José Catalá, tumbó de la tasa turística aprobada meses antes mediante una ley en las Corts Valencianes, pero con una moratoria que suspendía su puesta en marcha hasta 2024. Además, su aplicación dependía de la voluntad de cada municipio.

Según la derogada ley, el importe de la tasa oscilaba entre los 0'5 euros al día en las pensiones, 1 euro para apartamentos de categoría primera y hoteles de una, dos y tres estrellas y 1'5 euros por apartamento de categoría superior y hoteles de cuatro y cinco estrellas.

Teniendo en cuenta que en 2025 se registraron 662.047 pernoctaciones entre el 13 y el 19 de marzo (cifras parecidas a las del presente año, a falta de datos oficiales), sumando las del fin de semana previo a las Fallas, cuando más afluencia de visitantes ha habido, y aplicando la tasa derogada por el Gobierno del Botánico, se alcanzaría una cifra cercana al millón de euros de media. Si se aplicara, en cambio, una tasa como la de Barcelona que alcanza los 4 euros por noche, se alcanzaría un mínimo de 2,6 millones de euros.

Y eso por lo que se refiere exclusivamente a Fallas. En el conjunto del año, en 2025 València alcanzó los 6 millones de pernoctaciones, así que, aplicando la tasa del anterior Gobierno valenciano de izquierdas, la recaudación media hubiera sido de otros tantos millones de euros. Aplicando una tasa como la de la ciudad condal, ascendería a 24 millones de euros.

Pese a todo, el Consell que preside Juan Francisco Pérez Llorca enfrió este viernes cualquier posibilidad de aprobar una nueva ley para regular la tasa turística. Su portavoz, Miguel Barrachina, afirmó este viernes que no van a “imponer ninguna tasa turística”, porque las rebajas fiscales son “el santo y seña” de esta Administración autonómica y no prevé adoptar en esta legislatura ningún “tributo adicional”.

Así lo afirmó en la rueda de prensa tras el pleno del Consell, en la que preguntado por el debate abierto tras las Fallas sobre la posibilidad de establecer en València una tasa turística dijo que entienden y respetan “cualquier opinión municipal”, pero el Gobierno valenciano “está en fase de rebajar presión fiscal y eliminar tributos, y en ningún caso de situar ninguno adicional”.

También Catalá reculó tras abrir la puerta a estudiar la tasa, como sugirió Juan Roig días atrás. “El debate está abierto sobre cómo los turistas pueden contribuir”, señaló este viernes el portavoz del gobierno local, Juan Carlos Caballero, que insistió en que “no tenemos el marco legal para que el ayuntamiento pueda tomar una decisión unilateral”. Caballero volvió a instar al Gobierno de España a mejorar la financiación local, aunque reconoció que, si el debate de la financiación autonómica lleva más de una década atascado, el de la financiación municipal no va a ser más fácil.

El número 2 de Catalá reconoció que existía el marco legal autonómico hasta que Carlos Mazón lo tumbó con un decreto, que ratificaron PP y Vox en las Corts, pero consideró que no era el idóneo.

El portavoz del Gobierno valenciano, Miguel Barrachina, ha afirmado este viernes que no van a “imponer ninguna tasa turística”, porque las rebajas fiscales son “el santo y seña” de esta Administración autonómica y no prevé adoptar en esta legislatura ningún “tributo adicional”.

Así lo ha señalado en la rueda de prensa tras el pleno del Consell, en la que preguntado por el debate abierto tras las Fallas sobre la posibilidad de establecer en València una tasa turística ha dicho que entienden y respetan “cualquier opinión municipal”, pero el Gobierno valenciano “está en fase de rebajar presión fiscal y eliminar tributos, y en ningún caso de situar ninguno adicional”.

Barrachina ha destacado que este Consell decidió, en materia tributaria, acabar “con el infierno fiscal que padecían los valencianos” y para ello ha hecho rebajas fiscales “de todo tipo”, de manera que no van a acordar ninguna tasa turística.

Además, ha explicado que en la Comunitat Valenciana se está promocionando en los últimos meses el turismo para afectados por la dana, y tendría “escaso sentido” que se gravaran esas escapadas con una tasa a quienes quieran disfrutar de emplazamientos del resto del territorio.

Ha recordado que en la próxima declaración de la renta los valencianos tendrán desgravaciones fiscales adicionales, pues la Comunitat Valenciana es la autonomía “con mayor número de deducciones” en el IRPF, además de que se ha eliminado “el impuesto a la muerte” o se ha rebajado el impuesto de transmisiones patrimoniales para la compra de vivienda por jóvenes.

La portavoz adjunta de Compromís en las Cortes Valencianas, Isaura Navarro, ha anunciado este viernes la presentación de una Proposición de Ley para instaurar de nuevo el mecanismo que permite en los ayuntamientos establecer la tasa turística en sus municipios. El texto recupera el modelo aprobado por el Gobierno del Botánico de izquierdas y derogado por el PP y Vox, con el objetivo que los turistas contribuyan a los gastos públicos que genera su estancia y aligerar la carga fiscal de los valencianos y valencianas.

Navarro ha estado especialmente crítica con la situación vivida durante las fiestas de las Fallas, que ha calificado como el “paradigma de la necesidad de recuperar la tasa”. Según la diputada, la ciudad de València ha sufrido estos días una situación de “masificación, suciedad y maltrato” que requiere una inversión extraordinaria de recursos públicos para su recuperación.

La portavoz ha subrayado que “los costes derivados de la limpieza, la seguridad y el impacto medioambiental no tienen que recaer exclusivamente en los vecinos. Este dinero no lo tenemos que pagar solo los valencianos y valencianas, lo tienen que pagar también todos los turistas que han venido a disfrutar de nuestra gran fiesta. Además, es una medida se aplica con total normalidad al resto de grandes ciudades europeas y que es imprescindible también para muchos municipios de un territorio con tanta presión turística como el valenciano”.

Desde Compromís se invita al Partido Popular a “dejar atrás la demagogia y las campañitas absurdas para afrontar la realidad de la ciudad. La alcaldesa de València, María José Catalá, tiene que apoyar esta ley si realmente cree que la tasa es necesaria para la limpieza y el mantenimiento municipal. Las Fallas sobrevivirán si hay gobiernos que entienden la responsabilidad que supone la gestión de la ciudad y las consecuencias que tiene en la fiesta la mala gestión”.

La parlamentaria ha añadido que “la tasa turística tiene que estar en vigor para que los municipios que consideren que la necesitan, no solo València, puedan aplicarla y recuperarse de los efectos de la presión turística”.

Como informó elDiario.es, el Gobierno valenciano del PP y de Vox el pasado 10 de noviembre de 2023 en la derogación de la tasa turística aprobada por el anterior Gobierno del Pacto del Botánico mediante una ley en las Corts Valencianes, pero con una moratoria que suspendía su puesta en marcha hasta 2024. Además, su aplicación dependía de la voluntad de cada municipio.

Según la derogada ley, el importe de la tasa oscilaba entre los 0'5 euros al día en las pensiones, 1 euro para apartamentos de categoría primera y hoteles de una, dos y tres estrellas y 1'5 euros por apartamento de categoría superior y hoteles de cuatro y cinco estrellas.

Gran afluencia de visitantes, elevados costes de limpieza, problemas con el transporte como la crisis con Cercanías, 'invasión' temprana de carpas y actos, como la Ofrenda, que terminan de madrugada. Las Fallas de 2026 han concentrado un gran número de quejas y constatan que la fiesta corre un serio riesgo de morir de éxito. Vecinos, comerciantes y hasta grandes empresarios se han mostrado partidarios de una mayor regulación, una serie de declaraciones en la última semana que obligan al gobierno local, actualmente en manos del PP, a repensar la fiesta.

La Asociación de Comercios Valencia Centro cree “inaplazable” abrir de cara a las Fallas de 2027 un debate sobre el modelo de la fiesta que, según afirman, es “insostenible” en el núcleo histórico. También lo han reclamado asociaciones de vecinos y los partidos de la oposición, PSPV y Compromís, que creen que la fiesta se ha descontrolado.

La alcaldesa de València, María José Catalá, ha ido deslizando durante los días centrales de la fiesta la posibilidad de implementar cambios. Es una cuestión que se da prácticamente cada año, pero esta vez, la concentración y la diversidad de las quejas parece forzar realmente nuevas medidas. Las Fallas son unas fiestas en constante debate, y el de la convivencia es un asunto que siempre está en el foco.

Catalá planteó el viernes, tras una Junta Local de Seguridad, y junto a la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, un trabajo conjunto entre administraciones para coordinar mejor la movilidad. El conflicto entre el Ayuntamiento y Renfe provocó una semana de tensión entre las administraciones y críticas de los usuarios, molestos por la interrupción del servicio, que fue una demanda de Policía y Bomberos por razones de seguridad. Evitar las aglomeraciones se ha convertido en un punto clave en la gestión de la fiesta, tanto como el control del vandalismo pirotécnico, que este año se ha identificado.

Otra cuestión sobre la mesa es la tasa turística. La dirigente popular, cuyo partido derogó la medida, reclama ahora una reforma de la ley estatal para que los ayuntamientos puedan estudiar este gravamen. El PP valenciano contribuyó a la impopularidad del impuesto que busca compensar el impacto del turismo en cuestiones como limpieza o transporte, pero la primera edil se abre ahora a estudiarla. La oposición calcula que solo en Fallas podría aportar entre 3 y 10 millones de euros, dado el elevado número de visitantes.

El presidente de Mercadona, el empresario Juan Roig, apuntó este martes que habría que obtener más recursos de los turistas que vienen a las Fallas, en declaraciones al diario Levante EMV. Preguntada por esta cuestión, la alcaldesa ha reconocido la dificultad de “discriminar turistas nacionales y internacionales”. “Hay que hacer una reflexión, siempre con el sector de la mano, sobre un tipo impositivo o de gravamen sobre la realidad de estas fiestas pero siempre de la mano del sector , que está muy cohesionado y unido, porque creo que las imposiciones son malas”, señaló Catalá.

Un tercer aspecto que constantemente suscita debate es la duración de la Ofrenda. La dirigente popular ha planteado que, una vez analizadas las fiestas de este año, se realice un balance. Sugiere poner sobre la mesa un tercer día de Ofrenda, adelantarlo al 16 de marzo, para que el acto religioso no termine de madrugada. “Hay varias opciones encima de la mesa. Una es ampliar un día más. Pero yo en cualquier caso creo que hay que esperar a ver cómo terminan las jornadas de hoy y de mañana, y conforme vayan, ver alternativas. Hay varias cuestiones, pero he de confesar que hemos hablado de ver si ponemos un día más”, dijo el miércoles en declaraciones a Las Provincias.

Respecto a la instalación de carpas, el concejal de Fallas y presidente de la Junta Central Fallera, Santiago Ballester, apuntó que podrían montarse a partir del día 11 en 2027. Esto es una semana después que el montaje de este año, que ha provocado grandes críticas en el vecindario, por el adelanto y los cortes de tráfico que implican.

Con todo, la alcaldesa pospone el debate hasta pasadas las fiestas. Será a partir del día 20 cuando empiecen a repensarse.

El debate sobre la recuperación de la tasa turística ha cogido fuerza con la entrada de Juan Roig a favor de este tipo de recaudación. El presidente de Mercadona ha abogado abiertamente por “monetizar” la fiesta, señalando que es necesario obtener un mayor rédito económico de los miles de turistas que visitan la ciudad durante esta semana.

Según Roig, las Fallas son un evento de talla mundial que debe ponerse en valor para, entre otros objetivos, garantizar una remuneración digna a los artistas falleros, quienes sostienen el corazón de la fiesta pese a la precariedad que arrastra el sector. Cabe recordar también que Juan Roig es el impulsor del nuevo Roig Arena, el pabellón que se ha convertido en uno de los principales polos de atracción de espectáculos en recinto cerrado de España.

Estas palabras añaden presión al cambio de postura de la alcaldesa de València, María José Catalá ante este tipo de tasa que el PP ha rechazado históricamente. Aunque la formación de derechas se ha opuesto tradicionalmente a la tasa turística —llegando a derogar la ley autonómica que la permitía apenas tomaron posesión del Consell—, la primera edil se ha mostrado ahora receptiva a estudiar un “tipo impositivo o de gravamen” sobre la realidad de las fiestas. No obstante, Catalá ha condicionado cualquier movimiento a que sea una medida consensuada y que vaya “de la mano del sector”, rechazando lo que ella denomina “imposiciones” y trasladando la pelota al Gobierno central para que cree un marco regulatorio general.

Esta apertura a una tasa turística pactada ha generado una respuesta inmediata por parte de la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé. La representante socialista ha criticado con dureza lo que considera una falta de coherencia y de capacidad de gestión por parte de la alcaldesa. Bernabé ha recordado que la ciudad ya podría estar recaudando fondos desde 2023 si el actual gobierno no hubiera eliminado la ley que daba cobertura legal a los municipios para establecer este cobro por pernoctación, una medida que podría haber inyectado entre 10 y 15 millones de euros anuales a las arcas públicas.

El trasfondo de esta disputa técnica y política reside en el modelo de gestión de un evento que, si bien es el motor económico de la ciudad en marzo, también genera unos costes de limpieza, seguridad y servicios públicos que actualmente sufraga la ciudadanía. La sugerencia de Juan Roig colabora al viraje del equipo de gobierno local para que pase de un “no” rotundo a la tasa a buscar una fórmula tributaria que permita sufragar estos gastos sin entrar en conflicto directo con los empresarios hoteleros.

L’alcaldessa de València, la popular María José Catalá, s’obri ara a estudiar una taxa turística a la ciutat. Quasi tres anys després de la derogació de la llei autonòmica que permetia aquest tribut, tombada pel PP i Vox en les Corts Valencianes sent ella diputada, la dirigent planteja que s’estudie una modificació de la llei estatal per a implementar un gravamen al turisme. El Consell de Carlos Mazón va aprovar un decret per a derogar la llei, que van convalidar el PP i Vox en les Corts el novembre del 2023, enterrant el marc legal per a aquest tribut.

Dilluns, en plena setmana fallera, l’alcaldessa va advocar per una estratègia per a un turisme “equilibrat”, “sostenible” i que treballe la convivència amb els veïns, en el marc d’un acte amb altres ciutats per a abordar mesures comunes. En aquest sentit, va considerar que la taxa turística és “una eina” i que podria reformar-se la Llei d’hisendes locals per a estudiar una nova aportació d’ingressos. Això sí, va apuntar que havia de fer-se d’acord amb el sector —com ja es va fer amb la llei autonòmica que van derogar— i va negar haver estat en contra de la mesura, malgrat haver votat diverses vegades per a rebutjar-la, com a diputada i com a representant municipal, i ser una promesa electoral del PP autonòmic. Com a portaveu del PP en l’Ajuntament, quan es va plantejar el debat el 2022, va arribar a dir: “No tindria sentit que l’única ciutat de tota la comunitat turística de la Comunitat on s’aplique la taxa siga la ciutat de València”.

Catalá justifica la seua negativa anterior al fet que el debat es va plantejar després de la pandèmia i després de la dana, dues crisis molt rellevants per al sector turístic. Amb tot, les dades indiquen un augment any rere any: les pernoctacions hoteleres s’han quintuplicat en un lustre, els apartaments turístics estan pràcticament plens aquesta temporada fallera i els pisos brollen en els baixos malgrat la moratòria aprovada.

La mesura instaurada en altres capitals no ha mostrat cap efecte que desincentive els visitants, i ara, l’alcaldessa considera que és “interessant” obrir el debat, “fugint de la turismofòbia”. “Amb consens, de bracet amb eel sector, i en un context econòmic adequat, sempre hem dit que és un debat interessant i jo crec que al final hem de canalitzar-lo en el marc de la Llei d’hisendes locals, d’aquesta millora de finançament local que necessitem”, va precisar la dirigent popular.

El ple municipal del febrer passat va tornar a rebutjar la implementació d’una taxa turística, a proposta del PSPV. Va ser llavors quan la regidora de Turisme, Paula Llobet, ja va deixar caure la idea que ara ha expressat Catalá: demanar una modificació de la Llei d’hisendes locals per a introduir un impost municipal a les pernoctacions, encara que, com va recordar l’alcaldessa, el seu govern sempre s’ha mostrat partidari de les reduccions fiscals.

La alcaldesa de València, la popular María José Catalá, se abre ahora a estudiar una tasa turística en la ciudad. Casi tres años después de la derogación de la ley autonómica que permitía este tributo, tumbada por PP y Vox en las Corts Valencianes siendo ella diputada, la dirigente plantea que se estudie una modificación de la ley estatal para implementar un gravamen al turismo. El Consell de Carlos Mazón aprobó un decreto para derogar la ley, que convalidaron PP y Vox en las Corts en noviembre de 2023, enterrando el marco legal para este tributo.

Este lunes, en plena semana fallera, la alcaldesa abogó por una estrategia para un turismo “equilibrado”, “sostenible” y que trabaje la convivencia con los vecinos, en el marco de un acto con otras ciudades para abordar medidas comunes. En este sentido, consideró que la tasa turística es “una herramienta” y que podría reformarse la ley de Haciendas Locales para estudiar un nuevo aporte de ingresos. Eso sí, apuntó que debía hacerse de acuerdo con el sector -como ya se hizo con la ley autonómica que derogaron- y negó haber estado en contra de la medida, pese a haber votado varias veces para rechazarla, como diputada y como representante municipal, y ser una promesa electoral del PP autonómico. Como portavoz del PP en el Ayuntamiento, cuando se planteó el debate en 2022 llegó a decir: “No tendría sentido que la única ciudad de toda la comunidad turística de la Comunitat donde se aplique la tasa sea la ciudad de València”.

Catalá justifica su negativa anterior a que el debate se planteó tras la pandemia y tras la dana, dos crisis muy relevantes para el sector turístico. Con todo, los datos indican un aumento año tras año: las pernoctaciones hoteleras se han quintuplicado en un lustro, los apartamentos turísticos están prácticamente llenos esta temporada fallera, y los pisos brotan en los bajos pese a la moratoria aprobada.

La medida instaurada en otras capitales no ha mostrado ningún efecto que desincentive a los visitantes, y ahora, la alcaldesa considera que es “interesante” abrir el debate, “huyendo de la turismofobia”. “Con consenso, de la mano del sector, y en un contexto económico adecuado, siempre hemos dicho que es un debate interesante y yo creo que al final tenemos que canalizarlo en el marco de la ley de Haciendas Locales, de esa mejora de financiación local que necesitamos”, precisó la dirigente popular.

El pleno municipal del pasado febrero volvió a rechazar la implementación de una tasa turística, a propuesta del PSPV. Fue entonces cuando la concejala de Turismo, Paula Llobet, ya deslizó la idea que ahora ha expresado Catalá: pedir una modificación de la ley de haciendas locales para introducir un impuesto municipal a las pernoctaciones, aunque, como recordó la alcaldesa, su gobierno siempre se ha mostrado partidario de las reducciones fiscales.

Las viviendas de uso turístico de la ciudad de València viven un fin de semana al 100% de ocupación, con la plantà de los monumentos falleros este domingo día 15 y antes de los cuatro días grandes de las Fallas.

El lleno de las 4.786 viviendas de alquiler turístico registradas oficialmente en la ciudad (hay muchas que operan a margen de la normativa) se produce viernes, sábado y domingo, un fin de semana que congrega a multitud de valencianos, de València y de los pueblos, y de turistas nacionales o extranjeros para disfrutar de las mascletaes y otros espectáculos pirotécnicos, la plantà y las actividades que organizan las distintas comisiones falleras.

Con todo, a pesar de las propuestas de la oposición, el equipo de Gobierno del Ayuntamiento de València formado por el PP y por Vox se niega a poner en marcha la tasa turística que dejó aprobada el anterior ejecutivo autonómico de izquierdas y que tumbó el Consell del PP, entonces con Carlos Mazón a la cabeza. Su aplicación era potestad de cada ayuntamiento. Recientemente, Compromís denunció que València dejará de ingresar casi 3 millones de euros en Fallas por no aplicar la tasa turística.

Ocupación del 71% en la semana fallera

A partir del lunes 16 y hasta el jueves de San José, al caer entre semana, la ocupación se quedará en el 71%, según ApturCV, la asociación de apartamentos y viviendas de uso turístico de la Comunidad Valenciana.

Su presidenta, Silvia Blasco, explica que los alquileres corresponden a tres tipos: los extranjeros que vienen a las Fallas, los grupos de amigos o familiares, y las familias de falleros de otros municipios, como Montserrat o Turís, hermanados con alguna comisión de la capital, que celebran sus fiestas un poco más adelante.

En este sentido, Blasco ha afirmado a EFE que todo lo que tiene casal fallero cerca está ocupado porque estas familias no quieren desplazarse diariamente, se acuestan tarde y se levantan pronto y necesitan un espacio para depositar la indumentaria fallera.

Este tipo de alquileres turístico se está registrando desde al menos hace una década, representan una parte importante de la reservas y suelen ser clientes recurrentes que participan de los actos falleros.

En cuanto a los extranjeros, en su mayoría son británicos, holandeses e italianos (y también nacionales de otros países con residencia en España).

Los precios, un 5% menos

Los precios de las viviendas de uso turístico han bajado respecto a las Fallas de 2025 debido a las lluvias que se registraron en las Fallas de 2025, una circunstancia que ha ralentizado las reservas y ha hecho bajar el precio de los alquileres turísticos.

En una vivienda de uso turístico para cuatro personas, el precio medio se sitúa entre 140 y 160 euros por noche, y la estancia media se sitúa en tres días, según los datos de Aptur.

Un millón de visitantes

Blasco ha asegurado que las viviendas turísticas “no turistifican” sino que son alojamientos cuyos ocupantes “se involucran” en la ciudad.

A los más de 800.000 habitantes que tiene València se suma un millón de personas durante los días de las Fallas entre turistas y residentes de otros municipios que acuden a la ciudad a pasar el día.

La ocupación hotelera

Según informó el Ayuntamiento de València esta semana, la ocupación hotelera para la semana de Fallas se sitúa en el 67%, según el sondeo realizado por la Fundación Visit València y que analiza las seis noches comprendidas entre el 13 y el 19 de marzo.

Se trata de una ocupación muy similar a la registrada el año pasado, con cifras que previsiblemente se incrementarán con las reservas de última hora. En 2025, año en que el 19 de marzo cayó en miércoles, la ocupación a una semana vista era del 66 %, y finalmente alcanzó el 75 % durante las fiestas.

La noche con mayor previsión de ocupación es la del 18 al 19 de marzo, víspera del festivo autonómico del día de San José, que alcanza ya el 76,7 % de habitaciones reservadas. Asimismo, destaca el comportamiento del fin de semana previo a las Fallas.

En concreto, la noche del sábado 14 al domingo 15 de marzo registra una ocupación cercana al 73 %, coincidiendo con un fin de semana en que el ambiente festivo ya se vive de pleno en la ciudad, aunque todavía no haya finalizado la plantà de los monumentos.

El precio medio de las habitaciones durante estas seis noches se sitúa en 166 euros, con la noche del 14 de marzo como la más cara, con 179 euros por habitación, lo que consolida 2026 como el año con menor precio medio de los últimos cuatro ejercicios a una semana del inicio de las Fallas.

Los turistas internacionales

La mayor parte del turismo de Fallas es nacional y europeo de media distancia y los visitantes procedentes de zonas que tienen problemas de conectividad aérea (Asia y Oriente Medio) por el conflicto en Irán son un número simbólico respecto al total.

Según la presidenta de la WTAAA, la organización que agrupa a las asociaciones de agencias de viajes del mundo, y presidenta de CEV Valencia, Eva Blasco, los principales países europeos emisores en Fallas son Alemania, Gran Bretaña, Holanda, Francia, Italia o Polonia. Con cifras poco significativas respecto al total se sitúan los procedentes de Estados Unidos y Asia.

La denominada “tasa” turística vasca, que en realidad será un impuesto de recaudación municipal, ya ha iniciado el camino para su puesta en marcha. Las tres Diputaciones vascas han ultimado ya los anteproyectos de normas forales que inician ahora su tramitación con el periodo de exposición pública y el objetivo de que esté en marcha este mismo año. Al menos, eso es también lo que espera el Gobierno vasco, porque la fecha exacta en la que entrará en vigor es todavía una incógnita.

En realidad, son muchas las incógnitas que siguen abiertas sobre esta normativa, porque, de entrada, tampoco es seguro que lo presentado en el anteproyecto no sufra modificaciones posteriores en la tramitación en las Juntas Generales, sobre todo porque sólo en Bizkaia el equipo de Gobierno de PNV-PSE-EE tiene mayoría, mientras que en Álava o Gipuzkoa tendrán que pactarse con la oposición. Y, aunque parece haber un consenso general en la necesidad de aplicar el impuesto, puede haber diferencias en lo que se refiere a la fórmula para materializarlo. Además, una vez aprobada la norma básica serán los Ayuntamientos los encargados de ponerla en marcha y de adaptar la normativa a sus necesidades. Es decir, al proyecto de norma le queda todavía mucho recorrido.

De entrada, lo primero que hay que decir es que lo que prevé el anteproyecto -es el mismo para los tres territorios- es que no habrá una única tasa turística, sino varias, en función del lugar de alojamiento, el tamaño de municipio, la edad de los viajeros o incluso en determinados casos el motivo de la estancia. Porque eso es lo primero que debe aclararse: el impuesto se paga por estancia en un alojamiento turístico, sea el que sea, por días o fracción de día. Es decir, no lo pagan los turistas que visitan una zona de Euskadi para 'pasar el día', pero sí lo pagaría quien duerma un fin de semana en un hotel aunque viva en esa misma ciudad dos calles más arriba, salvo excepciones que deben estar justificadas.

La recaudación irá directamente al municipio. De ahí que los presupuestos vascos contemplen una dotación extraordinaria de 1,5 millones este año para el impulso a la competitividad y sostenibilidad del sector turístico, que tendrá que cobrar la tasa, pero no se beneficiará de ella. Esta dotación subirá a dos millones en sucesivos ejercicios.

¿En qué casos se paga el impuesto?

El impuesto está ligado con la estancia en cualquier hospedaje, es decir, hoteles, pensiones, apartamentos turísticos, habitaciones turísticas, casas rurales, campings o albergues. También afecta a los cruceristas, que tendrán que pagar el impuesto cuando las embarcaciones hagan escala y estén amarrados en un puerto vasco, aunque quedan excluidos los cruceros con inicio y salida de Euskadi, en este caso del puerto de Bilbao, que es que tiene terminal de cruceros en Getxo. Se pagará en función de las jornadas de estancia, del número de camas o plazas que se ocupan - en caso del camping- o en los días de amarre de las embarcaciones.

¿Cuánto se paga?

El proyecto de norma establece una horquilla que va entre un máximo de 7,50 euros de tasa por noche o un mínimo de 0,75 euros. La variación depende, por un lado, del tipo de establecimiento, porque no se paga lo mismo en un hotel de cinco estrellas que un camping. Por otro, dependerá de las características del municipio en el que se encuentra el alojamiento, ya que la norma permite a los consistorios con más alojamientos turísticos, en un número igual o superior a 750, establecer un recargo sobre la cuota tributaria de hasta el 50%. Este sería por ejemplo el caso de Donostia, que podría aplicar este recargo, por lo que se podría llegar a pagar en un hotel donostiarra de cinco estrellas 7,5 euros al día si aplica este recargo. Esta decisión, en cualquier caso queda en manos de los consistorios.

En el lado contrario, los ayuntamientos podrán establecer una bonificación sobre la cuota tributaria de hasta el 100% cuando en el término municipal el número de plazas alojativas sea igual o inferior a 25. Es decir, podrá darse el caso de un ayuntamiento que no aplique el impuesto y sí lo haga el de al lado, en función de sus necesidades. En total hay 58 municipios no llegan a las plazas mínimas y podrían bonificar el 100% del impuestos, es decir, no aplicarlo. 19 superan las 750 plazas y podrían ir al recargo del 50%. Además de Donostia, están esa situación Bilbao y Vitoria, pero también pueblos que, pese a ser pequeños tienen alta oferta de alojamiento, como Valdegovía o Aia.

En cualquier caso, sin contar con el recargo o la bonificación, la norma fija para los hoteles un pago diario entre 2,5 euros y 5 euros, si son de cinco estrellas; entre 2 y 4 euros, si son de cuatro; de 1,5 euros a 3 si tienen tres estrellas; de 1 a 2 euros para los establecimientos de dos estrellas y entre 0,7 y 1,5 euros para los de categoría de sólo una estrella. Es mismo impuesto se pagará en las pensiones, en los campings, agroturismos y en los albergues. Los apartamentos turísticos pagarán entre 1,50 y 3,00 euros por día. Las viviendas para uso turístico cedidas enteras abonarán entre 2 y 4 euros, lo mismo que las viviendas particulares cedidas por habitaciones. Los cruceristas pagarán entre 2,50 y 5,00 por día de amarre.

¿Cuáles son las exenciones?

De entrada, se contabilizará un máximo de cinco noches por cada contribuyente. A partir de ahí no se pagará. No abonarán la tasa los viajeros menores de 18 años, las estancias por motivo de estudios en todos los niveles y grados del sistema educativo hasta el tercer ciclo universitario, investigación académica o por programas de talento, o los programas sociales con fines turísticos organizados por las administraciones públicas de cualquier estado miembro de la Unión Europea. Es decir, los viajes del Imserso o similares.

También están exentas del impuesto las personas que acrediten un grado de discapacidad igual o superior al 65% o de dependencia de grado II o grado III. Las estancias en alojamientos por motivos de salud de una persona, así como las de las personas que la acompañen, estarán también exentas. Lo mismo que las estancias que se efectúen por causas de fuerza mayor, determinadas reglamentariamente. Es decir, catástrofes naturales, situaciones de emergencia o actos violentos que obliguen a ocupar de manera urgente y provisional el establecimiento turístico. Todas las exenciones al pago de impuesto tendrán que ser justificadas y acreditadas.

¿Cuáles son los plazos a partir de ahora?

Después del periodo de exposición pública se espera que los textos inicien la tramitación en las Juntas a mediados de marzo. Pero luego queda la tramitación parlamentaria en las cámaras forales, por lo que parece que podrá estar aprobada en el último trimestre del año. A partir de ahí dependerá de la celeridad de los ayuntamientos para adaptar la normativa. En principios tendrán un plazo de seis meses desde la entrada en vigor de esta Norma Foral para aprobar sus respectivas ordenanzas fiscales adecuadas a la recaudación del nuevo impuesto. Si trascurrido ese plazo no han realizado la adaptación, serán de aplicación en el municipio los tipos de gravamen que se correspondan con el rango superior de cada uno de los tipos de establecimiento. Los establecimientos presentarán la liquidación del impuesto a los ayuntamientos de forma trimestral.

El consejero de Turismo, Comercio y Consumo, el socialista Javier Hurtado, ha considerado que este jueves es “un buen día” porque las tres Diputaciones han dado inicio, formalmente, al proceso de tramitación del futuro “impuesto” a las estancias turísticas. En concreto, han sometido a exposición pública el anteproyecto coordinado desde hace años por el propio Hurtado, que plantea un máximo de 7,50 euros de tasa por noche -en un hotel de cinco estrellas en cuyo municipio se aplique el recargo del 50% a las cuantías ordinarias- y exenciones para pueblos pequeños, a partir de la quinta pernocta o para menores de edad o desplazamientos por causas de fuerza mayor, como los motivados por temas de salud. Hurtado ha confiado en que el resultado sea “homogéneo” en Álava, Bizkaia y Gipuzkoa y también en que en 2026 pueda estar aprobado y en vigor, pero la realidad política marca que en dos de los tres Parlamentos forales PNV y PSE-EE no tienen mayoría y que deberán “sudar tinta” -en definición de un cargo foral- para buscar un socio externo.

Aunque los calendarios tienen matices en cada territorio, la diputada general de Gipuzkoa, Eider Mendoza, del PNV, ya adelantó que será el 17 de marzo cuando, en su caso, envíen el articulado a las Juntas Generales. Lo hizo tras una reunión con el alcalde de Donostia, Jon Insausti. Tras el encuentro, algunos medios ya dieron por hecho en sus titulares que “antes” del verano de 2026 se podría aplicar ya en la ciudad vasca más turística el nuevo gravamen. Sin embargo, tiene pendiente toda la tramitación parlamentaria -y por triplicado, en cada Cámara foral- y la propia norma da una 'vacatio legis' de seis meses a los ayuntamientos para que la trasladen a sus ordenanzas.

El impuesto, del que se ha discutido si tenía que ser autonómico o municipal, será finalmente similar al IBI o al ICIO, según ha explicado Hurtado. Es decir, vendrá con regulación foral, donde residen las competencias fiscales, pero tendrá desarrollo local. Es una fórmula “obligatoria” para los 252 ayuntamientos, aunque “podrán establecer, mediante ordenanza fiscal, una bonificación de hasta el 100% de la cuota tributaria cuando en el término municipal el número de plazas alojativas sea igual o inferior a 25” y también, si es superior a 750, “un recargo de hasta el 50%” en las tablas presentadas.

Hurtado ha insistido en que, como él demandaba, será una tributación “progresiva”. “No se va a pasar lo mismo en un 'camping' que en un hotel de cinco estrellas”, ha explicado a los periodistas. Igualmente, la tasa grava los pisos turísticos, con entre 2 y 4 euros por noche antes de posibles bonificaciones o recargos.

El impuesto -existente en muchos lugares de España, Europa y el mundo- no es finalista, de modo que los ingresos que obtengan los municipios no tendrán un destino obligado. Hurtado, en cambio, ha remarcado que la recaudación será para atender a las necesidades de residentes y visitantes. El Gobierno vasco estará vigilante de la aplicación del nuevo modelo, según las fuentes consultadas. De momento, ya ha habilitado partidas en los presupuestos de 2026 para iniciar la aplicación, con créditos de compromiso para futuros ejercicios.

Esta tramitación llega un año después de la aprobación de la reforma fiscal de 2025, de una larga duración. Finalmente, PNV y PSE-EE la sacaron adelante con el apoyo de Podemos. Extendieron a Bizkaia el contenido pactado, aunque allí nacionalistas y socialistas gozan de mayoría absoluta. PP o EH Bildu podrían ofrecer numéricamente los votos necesarios para la aprobación de las normas forales.

Los grupos parlamentarios de PSC, ERC y Comuns han llegado a un acuerdo para sacar adelante la nueva tasa turística, que se duplicará. Las tres formaciones han registrado enmiendas conjuntas al texto, que fue pactado entre el Govern y los Comuns en febrero de 2025, con el objetivo de aprobar la ley, y que el incremento se ponga en marcha a partir del 1 de abril.

Según la propuesta del nuevo texto, el 25% de la recaudación total se destinará a políticas de vivienda de la Generalitat. Además, el 75% restante de la recaudación se integrará en el Fondo para el Fomento del Turismo. El despliegue de la nueva tasa no se hará en un solo año, como los Comunes reclamaban, sino que se hará en dos años, es decir, a lo largo de la legislatura. Las negociaciones se han desatascado en las últimas semanas después de meses de conversaciones.

El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) se ha negado a suspender de forma cautelar la entrada en vigor, este miércoles, 1 de octubre, de la tasa turística en Santiago de Compostela. La paralización provisional la había pedido la Asociación Unión Hotelera Compostela, que ha recurrido la aplicación del impuesto en la capital gallega.

En un auto de la sección segunda de la Sala de lo Contencioso-administrativo del TSXG, señala que para suspender la tasa cautelarmente debe concretarse cómo afecta “a la esfera jurídica o patrimonial” de quien recurre mientras no se resuelve el asunto de fondo. Pero en este caso, no aprecia “perjuicio económico inmediato y evidente” para las empresas hoteleras representadas por la asociación. Razona que la tasa no es “un gravamen económico directo e inmediato” para estos negocios, dado que no son quienes pagan el tributo: lo hacen quienes pernoctan en la ciudad.

Los magistrados no ven razones para considerar que la tasa “pueda originar perjuicios irreparables o de difícil reparación para la asociación recurrente o los establecimientos por ella representados”. Este auto, recuerdan, no entra al fondo del asunto. Es decir, no se pronuncia sobre si el impuesto que va a aplicar el Ayuntamiento de Santiago es o no válido. Eso queda pendiente de una sentencia posterior. En cualquier caso, en este punto del proceso, creen que “no se evidencia” que el interés de la asociación que presentó el recurso esté por encima del “interés público inherente a las inversiones y gastos” a los que se destinará el dinero recaudado.

Santiago se va a sumar este miércoles a A Coruña, que aplica desde el lunes un tasa turística por primera vez en Galicia. El gravamen, debatido durante años y que generó -y genera- el rechazo de la derecha, se va abriendo paso en otros municipios. El alcalde de Vigo, Abel Caballero, dio un giro a su postura el pasado verano y se abrió también a la posibilidad y en otros municipios más pequeños, como O Grove (Pontevedra), en donde la población se multiplica cada verano, también se está abordando implantar este impuesto.

La tasa está regulada por una ley autonómica, que salió adelante pese al insistente cuestionamiento del presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, de este sistema. El jefe del Gobierno gallego considera que se lanza un mensaje de una masificación turística que él niega repetidamente. Con la norma gallega, cada ayuntamiento tiene la posibilidad de regular un impuesto por cada pernoctación de los visitantes. En el caso de Santiago, la primera propuesta partió del gobierno de Compostela Aberta (2015-2019). Finalmente, ha salido adelante este año, con un gobierno liderado por el BNG en la capital gallega, que accedió en julio a retrasar la entrada en vigor hasta el 1 de octubre, ante las quejas de los hoteleros

Covadonga Tomé, diputada del Grupo Mixto y portavoz de Somos Asturies, ha celebrado que Izquierda Unida se haya sumado a una “reivindicación histórica”: la implantación de una tasa turística autonómica en el Principado. Tomé ha exigido que el Ejecutivo regional inicie la tramitación legislativa en un plazo máximo de seis meses.

“Nos alegramos de tener a un socio en el Gobierno para este tema”, afirmó la parlamentaria tras conocer la posición de IU, representada por Ovidio Zapico, quien recientemente habló de la “masificación” que sufre Asturias. Tomé prefirió referirse al fenómeno como “turistificación”, para enfatizar el impacto que tiene el turismo no regulado sobre los entornos rurales, naturales y los servicios públicos.

Moción

La iniciativa de Somos incluye la presentación de una moción al próximo Pleno de la Xunta Xeneral con los siguientes puntos clave. El primero; iniciar en un plazo de seis meses los estudios necesarios para la implantación de la tasa turística a nivel autonómico. La segunda pretensión es que dicha tasa se aplique “como mínimo” en la Red de espacios naturales protegidos y en aquellas ciudades, villas y pueblos sometidos a mayor presión turística. En tercer lugar, exigir que los ingresos generados reviertan en el territorio afectado.

Además, Tomé advierte que la tasa “no es suficiente”, si bien la considera imprescindible. También reclama otras medidas: regulación de afluencia en los enclaves más turísticos, mejora de las condiciones laborales del sector hostelero, y protección ambiental.

Otras tasas turísticas en España

Asturias no sería la primera autonomía en implantar un impuesto de este tipo. Cataluña ya lo aplica desde 2012 y lo recauda a través de pernoctaciones en hoteles, apartamentos turísticos y cruceros. La tasa varía en función de la categoría del alojamiento, con importes que oscilan entre poco más de un euro y hasta tres euros y medio por persona y noche.

En Barcelona se aplica un recargo municipal adicional. Según datos de la Generalitat, la medida ha supuesto ingresos millonarios que se destinan a promoción turística y a compensar el impacto del sector en infraestructuras y servicios locales. No obstante, también ha generado debate en torno a la capacidad de los municipios para gestionar la presión del turismo y la desigual distribución de los beneficios.

En Baleares

En Baleares, el impuesto se puso en marcha en 2016 con una lógica parecida, aunque con tarifas algo más altas, de entre uno y cuatro euros por persona y noche, dependiendo de la categoría del establecimiento y de la temporada. El Govern balear lo justificó como una herramienta para financiar la conservación ambiental y mejorar infraestructuras en las islas, muy tensionadas por la llegada masiva de visitantes cada verano. La medida ha recaudado más de 600 millones desde su puesta en marcha y se ha destinado a proyectos de sostenibilidad, pero también ha recibido críticas desde el sector hotelero, que advierte de un posible impacto negativo sobre la competitividad frente a otros destinos sin tasa.

Avanzar hacia un modelo sostenible

Tomé defiende que Asturias debe aprender de estas experiencias y avanzar hacia un modelo de turismo sostenible. “La tasa es imprescindible, pero por sí sola no basta”, insistió. Entre las medidas complementarias, Somos Asturies propone regular la afluencia en los enclaves más visitados, mejorar las condiciones laborales de la hostelería y garantizar el cuidado del entorno natural.

Con la presión turística creciendo en espacios como los Lagos de Covadonga, los Picos de Europa o las playas del Oriente, la diputada considera urgente “tomar decisiones que aseguren que el turismo no se convierta en una carga para el territorio”.

El alcalde de Vigo, Abel Caballero, ha anunciado que finalmente la ciudad implantará una tasa turística que no solo afectará a los visitantes que se hospeden en hoteles, sino a aquellos que opten por pisos turísticos o que desembarquen de un crucero. Así lo ha trasladado este miércoles el regidor olívico tras reunirse con el presidente de la Asociación de Hostelería de Vigo (Ahosvi), Daniele Provezza. Después del encuentro, ambos se han mostrado partidarios de esta tasa, cuya recaudación será utilizada preferentemente hacia el ámbito turístico. Caballero ha dicho que fueron los propios hosteleros de la ciudad los que le sugirieron la creación de esta tasa y él considera “bueno” que desde el ámbito turístico se “contribuya”, por lo que se iniciará el proceso para implantarla.

Tal como ha explicado el alcalde, la normativa autonómica establece que la tasa turística rondará entre 1 euro y 2,5 euros por persona y noche, con un máximo de cinco noches. Así, durante el desarrollo de la ordenanza se decidirán las cuantías, siempre dentro de estos márgenes que permite la ley. Todo ello pese a que hace menos de dos años el propio Abel Caballero se opuso “frontalmente” a “cualquier tasa turística en la ciudad y en las Cíes”, después de que el Consejo Superior de Investigación Científicas (CSIC), adscrito al Ministerio de Ciencia e Innovación del Gobierno de España, sondease a los visitantes si estarían dispuestos a pagar 5 euros para recuperar la flora y la fauna del parque.

“La recaudación de la tasa turística en Vigo no es significativa en relación a lo que son los presupuestos de esta ciudad, pero yo creo que es bueno que desde el ámbito turístico haya una aportación a las arcas municipales para ser reutilizado para el bienestar de la ciudad”, ha apuntado el alcalde, aunque ha reivindicado que en Vigo “no hay efectos negativos del turismo”. Sin embargo, Caballero no se ha aventurado a calcular a cuánto ascendería la recaudación anual de esta tasa, aunque ha informado de que en Vigo hay casi 5.000 plazas hoteleras y más de 11.000 en pisos turísticos. “No fue idea mía, me lo plantearon ellos (el sector). Lo cual dice mucho a su favor”, ha añadido, indicando que el turismo es una fuente de recursos “muy importante”.

Según ha apuntado Caballero, las tasas turísticas son “prácticamente generalizadas en España”, subrayando que las ciudades turísticas ya las tienen implantadas, con niveles “muy elevados” como Barcelona. “Vigo se tiene que sumar también a esa ola general de las ciudades turísticas”, ha apostillado, insistiendo en que a alguien que paga 100 euros por un hotel no le afecta pagar 1,5 euros más por la tasa.

Retorno

Por su parte, Provezza ha celebrado la “satisfactoria y constructiva” reunión, mostrando su interés con que la ciudadanía se perciba el “retorno” del turismo para hacerlo “sostenible” en Vigo y ayudar al mantenimiento y limpieza de la misma. “Es algo que está implantado en los principales destinos turísticos de España y de todo el mundo y no supone un elemento que condicione la decisión de un destino para visitar”, ha reivindicado. Para él, es importante que esta ordenanza se implante de forma “paulatina” para que los establecimientos puedan adaptarse “poco a poco”.

“No es que haya ningún problema ahora mismo, pero si seguimos creciendo en este sentido sí que habrá que establecer partidas y los ingresos de esta tasa tienen que revertir en ese mantenimiento”, ha subrayado, informando que los hoteles tendrán un “trabajo extra” gestionando los ingresos para el Ayuntamiento, pero lo harán “encantados” porque consideran que los turistas tienen que reportar en el mantenimiento de la ciudad.

El impuesto a las estancias turísticas en Euskadi será municipal, de aplicación general, con especificidades propias en función de la planta alojativa de los municipios, y con una dotación económica para “impulsar y fortalecer al sector turístico, incidiendo en la sostenibilidad y competitividad de las empresas”, según ha informado el consejero de Turismo, Comercio y Consumo, Javier Hurtado.

Hurtado ha presidido este martes la Mesa de Turismo en la que se han abordado cuestiones relacionadas con el sector turístico como la implantación del impuesto a las estancias turísticas, la creación del registro y ventanilla única del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, así como la situación normativa con el anteproyecto de Ley de Turismo que se está desarrollando desde el Departamento y el Plan Territorial Sectorial de Recursos Turísticos.

En la Mesa han estado presentes representantes de las diputaciones, de los ayuntamientos de las capitales vascas y de Eudel, de las Cámaras de Comercio, de la universidad y escuelas de turismo, de empresas de alojamiento y de organización de eventos, agencias de viajes y guías turísticos, empresas de turismo activo, asociaciones de hostelería y asociaciones de personas consumidoras y sindicatos.

El consejero ha explicado el momento en el que se encuentra el desarrollo de un impuesto a las estancias turísticas contemplado en el programa de Gobierno para esta legislatura. En este sentido, ha destacado que “es positivo que al fin ya no hablemos sobre si se debe establecer un impuesto a las estancias turísticas, sino de cómo establecerlo”.

Desde los departamento de Turismo y de Hacienda, ha indicado, se ha hecho ya “un trabajo riguroso de análisis de las vías para llegar a un modelo propio de impuesto a las estancias turísticas” y la conclusión es que las vías que pueden llevar a buen término la propuesta pasan “inexorablemente por la coordinación, colaboración y participación” de las Haciendas forales de las Diputaciones.

Hurtado ha explicado que “se han analizado los posibles modelos de impuesto autonómico y de norma foral, concluyendo que ambos presentaban ventajas y desventajas, y que conllevaban diferentes necesidades de acuerdo”.

Por un lado, ha dicho, el impuesto autonómico “requiere de la firma de convenios de colaboración con las Diputaciones Forales, y, por otro lado, la norma foral requiere de la colaboración del Gobierno Vasco, concretamente del Departamento de Turismo, que es, junto a los ayuntamientos, quien ostenta la competencia de turismo”. Por tanto, ha subrayado Hurtado, en cualquiera de sus vías es necesaria la coordinación y colaborción institucional para poder desarrollar este impuesto.

Javier Hurtado ha manifestado que la vía que se está trabajando en este momento es la de un impuesto municipal a través de una norma foral impulsada por las Juntas Generales de cada Territorio Histórico y que busca tener “carácter homogéneo en los tres territorios”. En esa línea, ha sostenido que el impuesto a las estancias turísticas será de aplicación general, con especificidades propias, con posibles bonificaciones del 100% o recargos, en función de la planta alojativa de los municipios y con margen a la autonomía municipal.

La recaudación será íntegra para cada uno de los municipios donde se genera el hecho imponible, y paralelamente, el Gobierno Vasco creará una dotación adicional específica y extraordinaria, que no formará parte de las partidas ordinarias, recogida en el presupuesto del Departamento de Turismo, Comercio y Consumo, que servirá para “impulsar y fortalecer al sector turístico, incidiendo en la sostenibilidad y competitividad de las empresas, lo que conllevará la mejora del destino y sus servicios y, por tanto, de la calidad de vida de la ciudadanía”, ha dicho Hurtado.

Además de este futuro impuesto, que debe ser desarrollado ahora por norma foral, otro de los temas tratados en la mesa ha sido el de la entrada en vigor de la ventanilla única, en cumplimiento del Reglamento Europeo sobre alquileres de corta duración, que va a suponer “una nueva herramienta en el control de las viviendas de uso turístico y el intercambio de información por parte de las plataformas, al que hasta ahora se negaban”, ha remarcado el consejero.

Asimismo, entre los otros asuntos analizados ha estado el desarrollo normativo, en este caso centrado en la nueva Ley de Turismo, cuyo anteproyecto iniciará su tramitación previsiblemente antes de finalizar el año, con la fase de audiencia pública. Igualmente, se ha analizado con el sector el contenido del avance del Plan Territorial Sectorial de Recursos Turísticos que se está elaborando conjuntamente con el Departamento de Vivienda y Agenda urbana

La tasa turística empezará a recaudarse en Santiago, finalmente, a partir del 1 octubre y no desde agosto, como preveía el Ayuntamiento inicialmente. Así lo ha anunciado este viernes la concejala de Turismo, Míriam Louzao, tras indicar el miércoles que se abría a “flexibilizar” la entrada en vigor. En un encuentro abierto a los encargados del cobro de este tributo, el sector hostelero mostró su oposición a su puesta en marcha en agosto, ya que este y septiembre son los meses de más trabajo para estos profesionales.

Según recoge Europa Press, varios de los asistentes apuntaron en sus intervenciones que las reservas ya pagadas y un personal reducido eran sus principales preocupaciones a la hora de afrontar esta nueva obligación en los meses de verano. Por ello, solicitaban que existiese un tiempo entre la publicación de la ordenanza y su aplicación, aspecto también recogido en las alegaciones presentadas al texto inicial aprobado.

Esto será una realidad, ya que el Ayuntamiento incluirá en el texto final de la ordenanza una disposición final única que establece que la ordenanza entrará en vigor el 1 de octubre de 2025. Esta aún tiene que recibir su aprobación definitiva en el pleno municipal de este mes, que se celebrará el jueves 31 de julio. De este modo, Compostela se convertiría en el primer ayuntamiento gallego en instaurarla.

Para Louzao, esta fecha conjuga el “compromiso público-político” de que esta recarga se aplique “cuanto antes” con el “compromiso con el sector” de que tengan un “tiempo prudencial” para ponerla en marcha. Este es el mismo argumento que empleó el miércoles para decir “no” a atrasar la puesta en marcha hasta más de 3 meses o instaurarla en 2026.

La concejala ha indicado que el motivo de esta modificación responde a la intención de que los establecimientos, sobre todo los más pequeños, puedan disponer de un “margen de tiempo prudencial” para “adaptar sus procesos de gestión e introducir los ajustes precisos para hacer efectivo el cobro de esta recarga”.

Creación del Foro de Turismo Sostenible

Además, el nuevo texto de la ordenanza responde a otra de las peticiones recogidas en las alegaciones al texto inicial. Así, a través de una disposición adicional única, se sustituye la comisión municipal de asesoramiento y seguimiento por el Foro de Turismo Sostenible.

Este futuro órgano municipal de participación turística será el que realizará las funciones de asesoramiento y seguimiento de la implantación de la recarga sobre el impuesto autonómico a las estancias turísticas. En un plazo máximo de 6 meses desde la entrada en vigor de esta norma se procederá a la aprobación y publicación de la ordenanza municipal que regule este foro, así como su puesta en funcionamiento.

El texto inicial de la ordenanza sobre la tasa turística recibió un total de siete alegaciones, que en la práctica son cuatro, al existir cuatro que eran iguales. A grandes rasgos, las reclamaciones presentadas se referían al destino de los fondos recaudados con esta recarga, a la participación de las asociaciones del sector y a cuestiones relacionadas con la gestión de la recarga por parte de los alojamientos.

Sin embargo, muchas de las cuestiones no podrán ser tenidas en cuenta al ser aspectos ya contemplados por la Ley de medidas fiscales y administrativas, de 2024, con los que la ordenanza debe cumplir. A este respecto, Louzao ha lamentado que no existiese un trámite parlamentario de la misma y que “el sector no dijo nada” en su momento.

“Llega para quedarse”

La entrada en vigor en el último trimestre del año implicará que la recaudación con la tasa turística será menor. Por tanto, la estimación de 2,6 millones de euros para nueve meses no podrá cumplirse.

Sin embargo, la edila de Turismo ha reafirmado que esta es la “decisión correcta”. Por un lado, la tasa turística “llega para quedarse para siempre”; por otro, el Ayuntamiento entendía que su entrada en vigor “tenía que contar con el consenso con el sector”.

“También es cierto que las previsiones de ingresos son previsiones”, ha matizado Louzao. Por tanto, igual que en este caso serán menores, en otras cuestiones pueden ser mayores: “No va a haber ningún problema con el balance final de los ingresos”, ha asegurado.

La presión ejercida por el sector de la hostelería ha sido compartida por partidos de la oposición, como el PSOE, que esta semana pidió a Raxoi “reconsiderar” la intención de poner en marcha la tasa turística en el mes de agosto y lo llamó a dialogar con el sector.

En este sentido, el portavoz municipal del PSOE, Gumersindo Guinarte, ha celebrado este anuncio. “Esta era la propuesta que veníamos defendiendo en los últimos días los socialistas en Santiago, hasta el punto de anunciar que enmendaríamos la propuesta del Gobierno si no se aceptaba retrasar la puesta en marcha efectiva de la tasa”, ha asegurado este viernes en un audio remitido a los medios.

El portavoz del PSdeG de Santiago, Gumersindo Guinarte, ha pedido al Gobierno local “reconsiderar” la intención de poner en marcha la tasa turística en el mes de agosto y lo ha llamado a dialogar con el sector. El Consistorio espera dar su aprobación final a la implantación de este impuesto en el pleno de este mes para poder empezar a recaudarlo a partir del siguiente.

Según un audio remitido a los medios y recogido por Europa Press, Guinarte opina que agosto no es el mes “más adecuado” debido a que es el de “más alta ocupación” y por el “poco tiempo” con el que los establecimientos cuentan para adaptarse al sistema.

El PSdeG local ha pedido que “dialogue con el sector”, lo que, según la formación, “tenía que haber hecho hace ya meses”. “Ya advertimos, incluso en el pleno municipal, que el Gobierno de la señora Sanmartín no estaba manteniendo el diálogo necesario con el sector para la implantación de la tasa turística”, ha expresado Guinarte.

Estas declaraciones se producen a horas de que el Ayuntamiento se reúna con los establecimientos implicados para explicar el funcionamiento de la recaudación del impuesto. “Confirmamos aquellos temores que teníamos porque, a 15 días de inicio del mes de agosto, el Gobierno municipal va a reunirse con el sector para cuestiones prácticas de la puesta en marcha de este tributo”, ha criticado Guinarte.

El PP y Vox no solamente han reducido en cerca de 500 millones de euros, según la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) los impuestos a las rentas más altas a través del IRPF o de los impuestos de Patrimonio y Sucesiones. Además, ha cerrado la puerta a que los municipios valencianos puedan obtener recursos mediante vías como la tasa turística.

Fue en noviembre de 2023 cuando el Gobierno valenciano, entonces formado por el PP y Vox, celebró a bombo y platillo la derogación de la tasa turística aprobada por el anterior Gobierno del Pacto del Botánico mediante una ley en las Corts Valencianes. Una nueva tasa que incluyó una moratoria que aplazaba su puesta en marcha hasta 2024 y que además era de aplicación voluntaria en cada municipio.

En el caso de València, el anterior equipo de Gobierno municipal formado por Compromís y por el PSPV se mostró favorable a implantarla, tal y como acordó en una moción aprobada en el pleno de noviembre de 2021. Pero con el cambio de color político al frente del Ayuntamiento tras la llegada del PP y de Vox al ejecutivo, con la alcaldesa María José Catalá a la cabeza, nunca llegó a ejecutarse. De hecho, tanto Catalá como el presidente del Gobierno valenciano, Carlos Mazón, hicieron campaña contra la tasa.

Sin embargo, con la creciente presión turística cada vez son más las voces que se muestran favorables a implementarla para paliar al menos una parte de los gastos extraordinarios a nivel de servicios municipales que implica la llegada de millones de visitantes cada año. De hecho, se trata de un recurso que ya se aplica en numerosas ciudades españolas y extranjeras sin que se resientan los datos de afluencia de viajeros.

Una de esas ciudades es Barcelona que, según datos de su Ayuntamiento recogidos recientemente por La Vanguardia, recaudó el pasado 106,5 millones de euros con la tasa turística, consolidándose como la tercera fuente de ingresos del Ayuntamiento solo por detrás del IBI y las plusvalías. Desde 2014, el Ayuntamiento de Barcelona ha ingresado 315,4 millones de euros por el llamado Impuesto sobre las Estancias en Establecimientos Turísticos (IEET).

En Catalunya existe una tarifa general que oscila entre 1 euro y 3,5 euros, de cuya recaudación después se cede un 50% a cada municipio. Además, desde 2021 el Ayuntamiento de Barcelona añade un recargo de 4 euros por persona y por noche, con lo que cada visitante paga por noche entre 5 y 7,5 euros adicionales por noche. La recaudación se destina financiar servicios como limpieza, seguridad o transporte público. Recientemente, el Gobierno catalán ha acordado duplicar el importe de la tasa para destinar parte de la recaudación a políticas de vivienda.

En el caso de la Comunitat Valenciana, según la derogada ley, el importe de la tasa oscilaba entre los 0'5 euros al día en las pensiones, 1 euro para apartamentos de categoría primera y hoteles de una, dos y tres estrellas y 1'5 euros por apartamento de categoría superior y hoteles de cuatro y cinco estrellas.

Con esta cuantía, teniendo en cuenta que València ciudad registró el pasado año 6 millones de pernoctaciones, podría recaudar entre 3 y 9 millones de euros. Aplicando los cuatro euros del Ayuntamiento de Barcelona (sin la parte proporcional de la tarifa general), el Ayuntamiento de València podría recaudar al menos 24 millones de euros.

Polémica por los apartamentos turísticos

El portavoz socialista en el Ayuntamiento de València, Borja Sanjuan, presentará una moción en la próxima comisión de Urbanismo para que el gobierno de Catalá retire la posibilidad a las empresas certificadoras (Ecuv) de autorizar apartamentos turísticos en la ciudad “saltándose la normativa” como ha ocurrido, por ejemplo, en el caso de los 24 apartamentos que se están construyendo en los bajos de un edificio de Safranar pese al rechazo de los vecinos. Sanjuan ha denunciado que el PP “sabe perfectamente que esta situación se está produciendo y no está haciendo absolutamente nada porque, en el fondo, está de acuerdo con que se pueda especular con la vivienda aunque sea a costa de los vecinos y vecinas de la ciudad”, ha manifestado.

El responsable del Grupo Municipal Socialista ha señalado que el caso de Safranar ha destapado el agujero legal a través del que el gobierno de Catalá está permitiendo que se cuelen decenas de nuevos apartamentos turísticos por toda la ciudad saltándose la supuesta moratoria contra la apertura de este tipo de alojamientos. Y es que, ha explicado Sanjuan, las empresas certificadoras están emitiendo autorizaciones para nuevos apartamentos sin respetar la normativa municipal que lo impide expresamente.

La portavoz de Compromís en el Ayuntamiento de València Papi Robles, ha criticado la decisión del PP, a través de la Conselleria de Turismo, de volver a inscribir en el Registro de Empresas Turísticas los 24 apartamentos turísticos proyectados en los bajos de un complejo residencial de Safranar, sin cumplir la normativa vigente y haciendo caso omiso a la moratoria establecida en la ciudad. Para Robles, “aquí tenemos un clarísimo ejemplo de la política del PP: por un lado, le dice a los vecinos que paralizarán la apertura de los apartamentos turísticos en sus bajos, y por otro, con la Conselleria, le están dando vía libre a que haya más apartamentos turísticos en el barrio y, por tanto, facilitando que la ciudad acabe convirtiéndose en un parque temático”.

Tras las críticas, la Conselleria de Turismo abrió un expediente para dar de baja estas viviendas del registro después de comprobar con una inspección que no tenían actividad, a pesar de haber presentado hace dos meses la declaración responsable. La normativa autonómica marca que tienen ese plazo para empezar a funcionar y si no se cursa su baja de manera automática.