Castilla-La Mancha se suma a la Alianza de Regiones Europeas por la Resiliencia Hídrica, junto a otros 18 territorios, para defender el derecho al agua de la región y para pedir a las instituciones europeas situar las políticas hídricas en la agenda y poner en marcha inversiones en infraestructuras y tecnología.

Este miércoles ha sido presentada esta alianza, en el contexto del Comité Europeo de las Regiones, en un acto en el que ha participado el vicepresidente segundo del Gobierno de Castilla-La Mancha, José Manuel Caballero, ha informado la Junta en nota de prensa.

“Hemos querido formar parte de esta unión de regiones que sin duda lo que vamos a hacer es pedir a la Unión Europea que este sea un tema de primer orden, que se dediquen además los recursos económicos necesarios y suficientes como para hacer frente a estas situaciones de sequía y también sin duda para dar respuesta a las situaciones de DANA y borrasca que también tienen un efecto negativo”, ha explicado Caballero. El objetivo de esta unión es situar la política hídrica en el centro del debate europeo, tal y como se ha detallado en la presentación.

“Derecho a utilizar el agua de nuestra región”

El vicepresidente segundo ha añadido que “vamos a reivindicar el derecho de Castilla-La Mancha a poder utilizar el agua de nuestra propia región y a pedir también que se pongan encima de la mesa todas las tecnologías que existen en estos momentos como sin duda es la desalación”. Sobre este asunto, José Manuel Caballero ha defendido una vez más el derecho de Castilla-La Mancha a utilizar el agua de la región frente al trasvase Tajo-Segura. “El agua de Castilla-La Mancha tiene que servir para el desarrollo de Castilla-La Mancha”, ha asegurado.

Desde este acto de presentación, José Manuel Caballero ha recordado que la Unión Europea presentó recientemente la Estrategia Europea de Resiliencia Hídrica. “Tenemos que tener claro que el agua es un recurso esencial para la vida, especialmente en regiones como la nuestra tan ligadas al sector agroalimentario”, ha señalado. En este sentido, ha incidido en que “es importante que la Unión Europea se tome en serio el desarrollo de políticas de resiliencia hídrica con inversiones que permitan a las regiones desarrollarse a la vez que se cuida el agua”.

Castilla-La Mancha pasa a formar parte de esta alianza junto a las regiones de Emilia-Romaña (Italia), que capitanea esta iniciativa; y Andalucía (España), Región de Murcia (España), Islas Baleares (España), País Vasco (España), Cataluña (España), Comunidad Valenciana (España), Carintia (Austria), Baja Austria (Austria), Alta Austria (Austria), Estiria (Austria), Flandes (Bélgica), la Región de Macedonia Oriental y Tracia (Grecia), Hesse (Alemania), Nueva Aquitania (Francia), Occitania (Francia), la Región de Moravia Meridional (República Checa) y Wielkopolska (Polonia).

En 2009 por un grupo de 28 científicos internacionales liderados por Johan Rockström del Stockholm Resilience Centre (SRC) y Will Steffen, de la Australian National University, estableció el concepto de “los límites planetarios” entendidos como los límites que se marcaban y dentro de los que tenía que mantenerse la actividad humana para que nuestro planeta fuera habitable. El concepto de las fronteras planetarias ha ocupado páginas destacadas de revistas científicas prestigiosas como  y se ha convertido en un marco conceptual de referencia, que actualmente es utilizado por organismos como la ONU.

De los nueve límites marcados, siete ya se han sobrepasado, tras los estudios recientes que hablan de que se está rebasando el límite de acidificación de los océanos por la inmensa cantidad de CO2 que están absorbiendo.

En lo que se refiere al agua como recurso, tanto en lo referente al agua disponible como a la relacionada con la pluviosidad absorbida por el suelo, ambos valores se encontraban fuera de la zona segura. Pero no sólo eso, sino que la situación empeora año tras año sin que se le ponga remedio. Tanto es así que la United Nations University Institute for Water, Environment and Health ha declarado la situación de Bancarrota Hídrica en un reciente informe.

El subtítulo del informe es revelador y contundente: 'Vivir más allá de nuestras posibilidades hidrológicas en la era poscrisis'.

Si algo caracteriza a un sistema económico como el que rige el mundo es el pulso continuo que se hace a la naturaleza para saltarse los límites que impone a la actividad humana y, sobre todo, a la acumulación de capital. En su deseo de seguir creciendo, el sistema pide siempre un poco más, empuja un poco más, necesita más recursos, más extracción. Y las leyes, tanto nacionales como europeas, siempre lo acaban permitiendo para evitar palabras tan odiadas como recesión o crisis.

Resulta paradójico que conforme se acelera la crisis y esto pone en peligro la actividad, en lugar de legislar para proteger los recursos que garanticen el futuro, se ablanden las exigencias ambientales , lo que acelera la crisis. Para muestra, un botón: la Unión Europea retrocediendo en todas las políticas ambientales. ¿Qué puede pasar?

No es nada nuevo. Todos sabemos que las decisiones que toman los gobiernos son las que dicta el mercado, y que la aberrante distribución de la riqueza hace que, cuando los ricos dejan de acumular capital, los pobres sufren las consecuencias.

Nadie discute la importancia del agua, es el origen de la vida y casi ninguno de los procesos bioquímicos se puede producir sin su presencia.

Si hablamos de agua, tenemos que hablar de las dos dinámicas que intervienen en el asunto. Por una parte, tenemos que hablar de la evolución del recurso y su disponibilidad en base a los patrones climáticos, los cuales están alterando esta disponibilidad según regiones y por lo tanto creando brechas de desigualdad crecientes entre algunas regiones. Y, por otra, de las presiones sobre el recurso que ejercen los agentes sociales y económicos. La unión de estos dos factores van a generar seísmos sociales, económicos y por lo tanto políticos.

El calentamiento produce una alteración de los patrones climáticos y en la forma en que se manifiestan los fenómenos meteorológicos. Por ello, aunque en teoría un mayor calentamiento acelera la evaporación, con ello aumenta la carga de agua en la atmósfera y, por lo tanto, aumentan las lluvias, estas cambian en su forma y distribución. Los episodios de lluvias se vuelven más violentos y torrenciales y la pluviosidad se suele concentrar en las zonas que menos lo necesitan. Los gráficos muestran desde el año 1988 un progresivo y paralelo aumento en los episodios de sequías y los de inundaciones.

Un nuevo escenario de conflictos

Según los informes del ICPP, se calcula que las precipitaciones podrían aumentar más de un 50% en los trópicos y en las regiones polares. Por el contrario, se prevé una notable caída en las zonas subtropicales. En el caso más pesimista, que contempla un aumento de las temperaturas en torno a los 4ºC en comparación con los niveles preindustriales, los recursos hídricos renovables podrían desplomarse dramáticamente en estas regiones. Un desafío global que afectará a tres cuartas partes de la población.

Esto tiene una repercusión brutal tanto en lo ambiental como en lo económico. En lo ambiental por la progresión de la desertificación y los diversos impactos en los ecosistemas y cadenas tróficas y en lo económico porque casi todas las actividades requieren del agua, tanto la agricultura, como la obtención de energía (fracking, hidroelétricas, hidrólisis, biometanización y un largo etcétera).

Y lo ambiental y lo económico nos lleva, indefectiblemente, a lo social y político.

En 2015, la capital económica de Brasil, São Paulo, estuvo cerca del caos social, como consecuencia de la crisis hídrica más severa sufrida en ochenta años.

En Irak, la ausencia de precipitaciones fue una de las causas de las movilizaciones sociales del 2019, las más multitudinarias desde la caída de Saddam Hussein.

Según algunos estudios, la sangrienta guerra civil en Siria también tuvo como uno de sus detonantes la crisis hídrica desencadenada por la peor sequía en Oriente Medio de los últimos 900 años.

En un conflicto más reciente, el agua tiene un papel central, la reciente crisis de Irán y las revueltas que han puesto en jaque al régimen de los ayatolás dejando un reguero de miles de muertos por la represión.

Podríamos seguir indefinidamente enumerando conflictos en los que el agua tiene su origen. En todos veríamos cómo se dan estrechamente la mano los cambios climáticos, meteorológicos y la insoportable presión humana sobre el recurso

Tras seis años de intensa sequía, las ciudades iraníes se encuentran al borde del “día cero del agua” en el cuál los sistemas de abastecimiento dejan de funcionar. Las presas que abastecen Teherán se encontraban al 11 % de su capacidad. Pero Irán es la demostración más palpable de lo delicado que es la gestión del agua mediante embalses, que por una parte se orientan al aumento de zonas de regadío y que, por otra, aumentan el agua embalsada a la vez que aumentan los niveles de evaporación y la detracción de recursos y por lo tanto los disminuyen. Se trata de un ejemplo paradigmático de una intervención humana que acaba produciendo efectos contrarios a los deseados.

El 15 de diciembre, la UE alertaba sobre la falta de disponibilidad de agua de 21 millones de afganos . Si esto no fuera poco, un informe de Mercy Corps alertaba de que Kabul podría ser la primera gran ciudad del mundo a punto de quedarse sin agua.

Podríamos seguir indefinidamente enumerando conflictos en los que el agua tiene su origen. En todos veríamos cómo se dan estrechamente la mano los cambios climáticos, meteorológicos y la insoportable presión humana sobre el recurso, siempre fruto de una actividad económica desacoplada por completo a los ciclos planetarios.

El informe de la ONU

El informe de la Organización de las Naciones Unidas es bastante demoledor :

Situación en Castilla-La Mancha

En nuestro país, y particularmente en la comunidad de Castilla la Mancha, la situación no difiere ni un ápice de lo expuesto anteriormente y las políticas aplicadas por gobiernos de diferente signo varían muy poco y tienen un mismo denominador común: un populismo atroz que evita cualquier mención a la situación de crisis y una priorización absoluta de la actividad económica sin tener en cuenta para nada los recursos disponibles. Intentan contentar a una masa de votantes sin ninguna inquietud sobre el futuro y mucha por mantener su status actual (lo que a medio plazo supone el colapso). Parece haber un consenso exasperante en que lo mejor es mirar para otro lado. La estrategia del avestruz.

En CLM la situación de los acuíferos en cuanto a nitratos se ha cronificado en las aguas de consumo y empeorado en las masas de agua, y ello es el resultado de la aplicación de las políticas que mencionábamos antes.

Parece haber un consenso exasperante en que lo mejor es mirar para otro lado. La estrategia del avestruz

A pesar de lo diagnosticado por el informe encargado por la Junta de Comunidades a Tragsasec y al Csic con motivo del nuevo decreto de nitratos y que concluían que “las tendencias medias de concentración de nitratos para las aguas subterráneas en las estaciones de control dentro de las zonas vulnerables actualmente designadas van en general en aumento, excepto para la zona vulnerable Campo de Montiel”, y de las recomendaciones de la Confederación Hidrográfica del Guadiana, que en su informe detallaba como medidas para remediar la situación “la prohibición de transformación de terrenos en regadío en las zonas declaradas vulnerables a la contaminación por nitratos de origen agrario y la implantación de nuevas instalaciones, o la ampliación de las existentes, destinadas a la cría de animales en explotaciones ganaderas”.

Las actuaciones han ido totalmente encaminadas en sentido contrario como el Plan Director de Regadíos de CLM, que contempla el desarrollo de 18 nuevos proyectos y el incremento de 25.000 hectáreas de regadío en la región, o como un decreto de purines redactado para contentar al sector porcino, o como el “todavía mucho margen para el crecimiento del sector porcino” manifestado por la consejera Mercedes Gomez.

Tratamiento destacado merece el efecto de la contaminación en las aguas de consumo. Aspecto que es objeto todos los años de análisis por parte del SINAC (Sistema de Información Nacional de Aguas de Consumo) y que muestra un ligero empeoramiento año tras otro.

Según estos datos, el número de municipios que incumplen el parámetro de nitratos, que recordemos es de 50 miligramos por litro. O lo que es lo mismo, 50 ppm ha crecido respecto al año anterior, siendo 32, lo que representa el 5,9 % del total de municipios muestreados. El aumento ha sido de 11 municipios, respecto al 2023, lo cual es significativo.

En la provincia de Cuenca la situación es la peor de la región. Se incumplen 16 sobre 199, lo que representa el 8% y a la vez supone la mitad de los municipios que incumplen en toda Castilla la Mancha.

Se da el caso de que la provincia de Cuenca alberga los dos municipios que registran los máximos medidos durante 2024. Se trata de Salmeroncillos (con 128 mg/l) y Talayuelas, otro habitual de la lista negra, al igual que Torrejoncillo del rey, que vuelve este año. En el caso de Talayuelas el problema es endémico, posee una elevada carga ganadera de porcino y arroja un índice de 118 mg/l, lo que constituye una bomba sanitaria. En el caso de Salmeroncillos , se trata de un municipio que ha carecido de agua durante más de dos años debido a contaminación biológica y química con su posible origen en una explotación porcina que funcionó un número indeterminado de años sin las autorizaciones pertinentes ante la negligencia administrativa.

La situación sigue así a pesar de que algunos municipios han optado por introducir la potabilización por ósmosis, con alto coste de instalación y energético. Pero a pesar de ello, todavía hay 86 municipios de CLM que han sobrepasado el punto de 35 mg/l, que aunque permitido es un indicador de riesgo.

La situación es tan grave que las Confederaciones Hidrográficas, tras ser históricamente cómplices del expolio del agua por parte de los grandes “aguatenientes”, están comenzando a lanzar tímidos avisos. Pero demasiado tímidos como para ser tenidos en cuenta. Así, el presidente de la Confederación Hidrográfica del Guadiana alertaba del «vacío absoluto» al que van los acuíferos y pide al campo «adaptarse».

El Acuífero 23, también llamado acuífero de la Mancha Occidental, que se ubica entre las provincias de Ciudad Real, Albacete y Cuenca, una de las piezas clave del sistema hidrológico de la cuenca del Alto Guadiana, sufre una sobreexplotación repetidamente denunciada sin ningún resultado práctico y que se remonta a los años ochenta . Lo peor es que de su volumen depende en buena parte el estado del Parque Nacional de las Tablas de Daimiel, un ecosistema que enfila el ser irrecuperable.

No importa cuán contundentes y numerosos sean los estudios que reflejan la situación, como el de Patricia Parra Castellanos que afirma que “este es un caso representativo de la pérdida progresiva de sistemas de agua en la región, que ha generado un conflicto entre los usuarios del recurso y el territorio. A pesar de haberse identificado el riesgo de esta situación desde 1987, ninguna medida ha resultado exitosa y los datos indican que, si no se realiza ningún cambio sustancial, la sobreexplotación y deterioro persistirán hasta su desaparición”.

El otro gran acuífero, el de la Mancha Oriental, también lleva años arrastrando sobreexplotación, según denuncian reiteradamente Ecologistas en Acción de la Manchuela, y las cifras de concesiones sobrepasan todos los años la capacidad de recarga, y a pesar de ello los regantes son reticentes al cumplimiento de la orden de contadores.

A la luz de todo esto, uno no puede menos que preguntarse: ¿Cuál es el obstáculo para que se implementen medidas efectivas que protejan nuestras aguas del expolio y la contaminación? ¿Nos va a pasar como en la fábula de Lafontaine de “la gallina de los huevos de oro y vamos a sacrificar a la tierra misma para obtener el objeto de nuestra avaricia?

Desde el pasado 26 de diciembre, los vecinos y vecinas de la localidad de Atienza (Guadalajara) no pueden consumir agua del grifo, debido a un problema de abastecimiento. Este pueblo de alrededor de 400 habitantes, según el Instituto Nacional de Estadística, se enfrenta a tres problemáticas que les genera incertidumbre a largo plazo: un pozo principal inutilizable desde hace cuatro meses por un accidente “responsabilidad de la Diputación de Guadalajara”, otro con el agua contaminada por arsénico y averías en las tuberías que distribuyen el fluido.

Alberto Loranca, concejal y portavoz del Ayuntamiento de Atienza señala en la entrevista que ha mantenido con elDiario.es Castilla-La Mancha que lo llevan “con resignación y con un poco de enfado”. Asegura que debido a este problema no tienen agua “para beber, cocinar o en menos medida lavarnos los dientes, y tenemos que usar agua embotellada, aunque sí podemos lavarnos, lavar la ropa o la vajilla”.

El origen de esta problemática se remonta al mes de septiembre. Atienza posee en la actualidad tres fuentes de captación de agua. Primeramente, un manantial que trae el agua por gravedad y que “se suele utilizar sobre todo en la época más húmeda, por ejemplo en primavera que es cuando llueve más, abasteciendo el pueblo sin problema”. Por otro lado, Loranca explica que el municipio cuenta con dos pozos: “El principal lo utilizamos seis días de la semana, y un pozo secundario que se usa el día restante. El pozo principal tenía una bomba que terminó su vida útil y tuvimos que cambiarla. El Ayuntamiento compró dicha bomba, pero la instalación compete ejecutarla a la Diputación de Guadalajara”.

Desde el Ayuntamiento de Atienza exponen que durante el proceso de instalación de la bomba por parte de la Diputación Provincial, “hubo un percance mientras la descendían al fondo del pozo y esta se soltó, y quedó enmarañada entre los cables, así que ahora tenemos una bomba nueva sin estrenar a 110 metros de profundidad”. Esto provocó que el pozo principal quedase inutilizado, teniendo que hacer uso del secundario.

En el caso de este pozo secundario, después de un análisis del tratamiento del agua elaborado por la Consejería de Sanidad se descubrió que estaba contaminada con arsénico. “No sabemos si es una cosa puntual del último análisis o si desde que lo pusimos en funcionamiento ya traía el agua contaminada por el arsénico. El caso es que nosotros nos enteramos el 26 de diciembre, cuando nos llegó el informe de la Junta y nos dijo que el agua del pueblo había dado un valor superior al que indica la normativa en este elemento, en arsénico”.

Alberto Loranca señala que en cuanto se enteraron sacaron un bando, aconsejando a la población que no bebiera agua del grifo porque no era apta. Expresa que encargaron “de urgencia un análisis de las fuentes de abastecimiento que tenemos, el manantial y el pozo secundario. Solo está afectado el pozo, el manantial está bien”.

Un problema que afecta a negocios del pueblo

La solución radica en una operación técnica que extraiga la tubería y la bomba caídas en el pozo principal. Desde el Ayuntamiento de Atienza explican que dos empresas ya intentaron “sin éxito” intervenir para sacar la bomba y ahora esperan que una tercera intervenga, aunque se trata de un coste al que el Consistorio no puede hacer frente en solitario por su tamaño reducido.

El Partido Popular provincial en Guadalajara presentaba una enmienda el pasado 8 de enero durante la votación de los Presupuestos 2026 de la Diputación Provincial, para dotar de una partida económica que solucione definitivamente el problema del agua en Atienza; sin embargo, la enmienda resultaba desestimada con la mayoría absoluta del PSOE. El portavoz del Ayuntamiento de Atienza, Alberto Loranca, explicaba que “uno de los concejales de la oposición es diputado provincial, y él es plenamente consciente del problema”, y su partido ha votado en contra de esta enmienda.

La Diputación de Guadalajara ha explicado su posición para votar en contra de esta enmienda, ya que dicha propuesta, “relativa a la ejecución de una conducción desde el manantial de Tordelloso como solución definitiva al suministro de agua en Atienza, carece en estos momentos de estudios técnicos, autorizaciones administrativas y una valoración económica definida”. Por otro lado, José Luis Vega, presidente de la institución provincial, señalaba que “hubiera sido más fácil transferir 300.000 euros al Ayuntamiento para que lo gestionara, pero creemos que lo más sensato es actuar con soluciones concretas, técnicamente avaladas y viables”.

Esta problemática también ha afectado a varios negocios del pueblo. El portavoz del Ayuntamiento apunta que los dueños de “los hoteles y panaderías están mosqueados”. Nos cuenta que el responsable de un hotel les indicaba que iba a cerrar el establecimiento durante las semanas que durase el desabastecimiento, “ya que en esas condiciones no puede dar bien un servicio”.

No obstante, la Diputación Provincial ha provisto a Atienza de agua embotellada para hacer frente a la problemática. “Es una solución, pero es algo a corto plazo y nosotros necesitamos una solución a largo plazo, porque si no nos van a tener que estar dando garrafas de agua en el mes de julio y agosto”.

Por otro lado, Alberto expone que “afortunadamente” en el caso de las explotaciones ganaderas de Atienza no están teniendo problemas, ya que disponen de “un tercer pozo que es de uso exclusivo del sector primario”.

Fugas y averías localizadas en las tuberías del depósito

Teniendo uno de los pozos inutilizable y el otro contaminado, Alberto Loranca explica que el siguiente paso a seguir fue buscar “cómo vaciar el depósito de agua contaminada y poder rellenarlo con el agua que tiene el manantial. Fue ahí cuando observamos que los caudales de salida eran superiores de los que debían ser con nuestro volumen de población”.

De esta manera, procedieron a localizar las diferentes averías. El pasado 7 de enero se localizaron dos de ellas y al día siguiente pudieron repararlas. Loranca explica que posteriormente van a proceder a vaciar el depósito para poder rellenarlo con agua limpia de los camiones cisterna que la Diputación ha provisto.

Este 12 de enero el Ayuntamiento de Atienza encargó un nuevo análisis del agua del sondeo a la empresa que tiene contratada, pero todavía permanecen a la espera de los resultados. “Ojalá los niveles sean correctos y que la población pueda utilizar el agua del grifo. Nos han comunicado que tras la limpieza del depósito hay que esperar unos tres días antes de poder tomar esa agua, porque las tuberías también tienen que limpiarse”, expone el concejal. Añade que espera que con estas actuaciones, con el caudal que tendrán a partir del manantial y con los camiones de agua ofrecidos por la Diputación puedan “restablecer el volumen del depósito y volveremos a la normalidad a corto plazo”.

No obstante, la bomba sigue atrapada en su pozo principal. “Es una tarea que es responsabilidad de la Diputación, pues se les cayó a ellos por accidente. Nos han dicho que vendrán a hacer un intento de rescate en breve, pero son las mismas palabras que llevamos escuchando desde septiembre. Los vecinos de Atienza están cansados de esperar”, apunta.

Soluciones temporales de la Diputación de Guadalajara

Alberto Loranca señala que desde que aconteció esta situación han estado en “plena comunicación” con la Diputación Provincial. Este 12 de enero, el presidente de la Diputación de Guadalajara, José Luis Vega, junto a personal técnico de la institución se reunían con el alcalde Atienza, Pedro Loranca, para analizar la situación del suministro de agua en la localidad.

En este encuentro, Vega transmitió al Ayuntamiento una serie de recomendaciones técnicas que “deberían adoptarse para que el restablecimiento del suministro de agua se realice de forma segura y conforme a la normativa vigente”, según detallan fuentes de la institución.

Primeramente, el Ayuntamiento debería “iniciar los trámites para la legalización del manantial y los dos sondeos”, un procedimiento que tiene que gestionarse con la Confederación Hidrográfica del Tajo, y que sea ella la que verifique si “el agua cumple con los criterios de calidad y es apta para el consumo humano”.

Como medidas complementarias y temporales, la Diputación de Guadalajara ha recomendado “restablecer el agua corriente para usos domésticos a través del depósito municipal, utilizando únicamente aquellas captaciones que no presenten niveles de arsénico superiores a los permitidos”. De igual manera, apuntan que este abastecimiento se complementará “con 108.000 litros diarios proporcionados por la Diputación y transportados mediante tres camiones cisterna”. Los técnicos de la institución provincial aclaran que la solución “permitiría garantizar el uso doméstico del agua, aunque no se recomienda para consumo humano al tratarse de una mezcla de distintas aguas”.

Por otro lado, la Diputación Provincial ha recomendado al Ayuntamiento de Atienza que analice “el elevado consumo de agua registrado en el municipio”, ya que según los cálculos del propio Consistorio “alcanza los 250.000 litros diarios, muy superior a los aproximadamente 50.000 litros diarios habituales para una población de sus características”, explicando los técnicos que este consumo elevado podría deberse a posibles fugas en la red de abastecimiento, que es “antigua y con escaso mantenimiento”.

A su vez, desde la institución provincial se están realizando análisis “de todas las aguas procedentes de los dos pozos, el manantial y el depósito municipal”, además de seguir con el proceso de licitación para contratar una empresa especializada que “lleve a cabo un nuevo intento de rescate de la bomba atrapada en el fondo del sondeo principal, con un presupuesto superior a 32.000 euros”. José Luis Vega se ha “comprometido” a mantener una reunión con el alcalde de la localidad en un plazo de 15 días en la que se evaluará la evolución de la situación.

Desde la Junta de Castilla-La Mancha, la consejera de Desarrollo Sostenible, Mercedes Gómez, ha asegurado que no han “recibido ninguna petición formal” desde el Ayuntamiento de Atienza para solventar este problema, aunque ha mostrado su disposición a ayudar si así se les requiere.

“Nosotros solo actuamos si los municipios piden o bien que se convenie su sistema de abastecimiento” con la empresa Infraestructuras del Agua de Castilla-La Mancha, o que se realice una obra de urgencia a través de la Agencia del Agua, algo que no ha ocurrido en este caso.

Ante este hecho, Alberto señala que aunque le han “sorprendido estas declaraciones, toda voluntad de ayudar a Atienza es bien recibida”, pero que no han establecido contacto con instituciones más elevadas “porque al final esto es algo que tienen que solucionar los técnicos de la Diputación Provincial. Si la consejera está dispuesta a ayudarnos no nos importaría establecer un contacto, aunque ojalá los análisis den bien y no tengamos que pedir más ayuda a corto plazo”.

El tot terreny salta sobre les pedres del camí com si fos una llebre. S’enfila, s’enfila i s’enfila fins que, en arribar a un revolt, apareix una tanca. El conductor aprofita l’espai per girar i començar el descens des de sa Murta. La part alta d’aquesta serra és a més de 300 metres sobre el nivell de la mar i, des d’allà, la perspectiva impressiona. Al fons, Formentera. Just davant, els estanys saliners d’Eivissa, banyats per la llum d’un fred crepuscle de novembre. Durant la maniobra, una veu de dona diu des del seient del copilot: “Ho veis? Aquella porta és la que marca el final del municipi de Sant Josep. Just aquí comença el municipi de Sant Antoni. També és el límit, és clar, entre les parròquies de Sant Jordi i Sant Rafel. D’aquí cap avall, tot el que veieu és el nostre barri. Es Rafal Trobat”.

Catalina Sala Cardona no és geògrafa, però sap descriure, amb topònims escrits en pocs mapes, el lloc on ella va ser nina durant la dècada dels seixanta i on continua vivint –a la mateixa casa, Can Pere Marí– tant de temps després. Un petit món –pujols coberts de pins, l’escletxa central d’un torrent esquitxat de bancals, una dotzena de cases amb pati i horta, el camí sense asfalt per on ha pujat el tot terreny– al qual és difícil arribar. Aquestes tres valls que conflueixen al mateix punt són tapats per un turó –és es Puig de Can Parreta, a l’extrem oposat de la muntanya que s’enfilava el tot terreny–, que fa falta rodejar per aplegar a l’exterior. Més que un pas, són les portes d’una murada.

Malgrat quedar a pocs minuts en cotxe de l’aeroport, aquest aïllament explica per què aquesta vénda –les divisions històriques dels termes eivissencs– pareix estar a recer de l’estigma de la massificació que suporta Eivissa. Ser una illa dins una altra illa potser és el motiu que va convertir es Rafal Trobat en una aldea gal·la. Petita, però amb força suficient per aconseguir el tancament d’una dessalinitzadora que va contaminar durant una dècada pous de cases particulars mentre alimentava les aixetes dels hotels que, uns quilòmetres més avall, projecten la seva ombra sobre la platja. Alguns també escupen els beats de la música electrònica que es punxa durant la temporada turística. Són discoteques encobertes.

Ser una illa dins una altra illa potser és el motiu que va convertir es Rafal Trobat en una aldea gal·la. Petita, però amb prou força per aconseguir el tancament d’una dessalinitzadora que va contaminar durant una dècada pous de cases particulars mentre alimentava les aixetes dels hotels i discoteques encobertes situats uns quilòmetres més avall

L’Associació de Veïns des Rafal Trobat es va constituir el 2007, el mateix any en què es va posar en marxa aquella dessalinitzadora. “Ja som majors d’edat”, subratlla Cati Sala, que és la presidenta d’un col·lectiu vesinal que, tot i representar un bocí de l’illa tan ínfim –320 hectàrees de parcel·les vedades– com despoblat –uns cinquanta residents a l’hivern–, s’ha convertit en un lobby que exerceix pressió en diversos fronts. Per exemple, en la lluita contra el malbaratament, la sobreexplotació i la manca d’eficiència –durant legislatures de diferent color polític en les administracions autonòmica, insular i municipal– en la gestió dels recursos hídrics d’una illa on plou, de mitjana, nou dies menys cada any que el 2015.

L'Associació de Veïns des Rafal Trobat s'ha convertit en un 'lobby' que pressiona en diversos fronts, entre ells, en la lluita contra el malbaratament, la sobreexplotació i la manca d'eficiència en la gestió dels recursos hídrics d'una illa en la qual plou, de mitjana, nou dies menys cada any que el 2015

Els bancals, un dic contra la DANA

Amb la mà dreta subjecta el mòbil, en horitzontal, i amb l’índex esquerre assenyala unes terrasses esquitxades d’oliveres i garrovers, just darrere d’una llacuna on creixen centenars de canyes. “Mireu com baixava per aquí davant”, diu Rafael Tur Tur –el conductor del to tterreny, el tresorer de l’associació de vesins– en pausar el vídeo i fer lliscar el polze per la pantalla per reproduir el següent. “Així estava dos hores després de la tempesta. La pluja va quedar embassada… i gairebé no va fer destrosses. Les parets de pedra seca van aguantar. Estan molt ben construïdes”. Els vídeos que acaba de reproduir els va gravar el passat 1 d’octubre. Mentre barriades populars i urbanitzacions de pisos de luxe –i el port– s’inundaven a la capital de l’illa, el barri de cases disseminades on viu –Can Tití es diu la seua– s’empassava tota l’aigua que podia. Fins a afartar-se.

A es Rafal Trobat hi van caure uns 210 litres per metre quadrat, només quaranta menys que a les zones baixes que van trigar minuts a negar-se. “Es tracta de laminar l’aigua i, per això, s’ha de frenar”, diu en Rafa Tur, “no accelerar-la asfaltant-ho tot i encaixonant amb ciment els llits dels torrents. Si vos hi fixau, els bancals tenen un pendent invers al del vall, perquè a l’aigua li costi superar-los i vagi filtrant-se al subsòl. Ens hem dedicat a restaurar aquestes finques, que es van anar abandonant quan el turisme va desplaçar una agricultura que ara torna perquè cada vegada més vesins s’animen a sembrar-les. Aquesta bassa que també l’hem feta naltros [la llacuna del canyar, un dipòsit on hi caben 170 tones d’aigua, artificial encara que paregui obra de la natura] també fa de dic i, com que no s’asseca ni a l’estiu, s’ha convertit en un punt de biodiversitat: els bitxos ho saben i hi venen a beure. Tot suma. Aquest mosaic agrícola que estam creant no només evita riuades allà baix. També és essencial per omplir l’aqüífer de sa Serra Grossa, que està esgotat i salinitzat per la sobreexplotació”.

Els bancals tenen un pendent invers al de la vall perquè a l’aigua li costi ultrapassar-los i es vagi filtrant al subsòl. Ens hem dedicat a restaurar aquestes finques, que es van anar abandonant quan el turisme va desplaçar una agricultura que està tornant perquè cada vegada més veïns s’animen a sembrar-les

Rafa Tur — Membre de l'associació de vesins d'es Rafal Trobat

Fa mig segle, els vesins d’es Rafal Trobat vivien sense aigua tot i viure a la vora d’una piscina subterrània i gegantina. Na Cati Sala explica la paradoxa: “L’aqüífer era massa profund, gairebé a cent metres. Era impossible arribar tan avall. Vivíem i cultivàvem –però sense poder practicar el regadiu– amb la pluja que recollíem a les cisternes. Totes les cases en continuen tenint, encara que des de fa temps tinguem les nostres perforades mecàniques o puguem demanar a algun camió que ens abasteixi”. El problema va ser que entremig –“fa com a mínim quaranta anys”, precisa en Rafa Tur– va irrompre el negoci. Atretes pel seu cabdal –i pel turisme que es concentrava a la costa– diverses empreses de subministrament hídric van començar a xuclar de sa Serra Grossa. Fins a esgotar-lo.

“Primer van esgotar el pou i, com que el nivell freàtic va baixar tant, es va salar. Després, a un alcalde, que ja ha faltat [José Ramón Serra Escandell, del PP, que va governar Sant Josep de sa Talaia durant sis mandats i que, després d’acabar absolt de diverses causes, va ser inhabilitat per prevaricació quan ja estava fora de la primera línia política], se li va ocórrer que l’aigua salobre s’havia de depurar allà mateix i va construir la planta de ses Eres [la dessalinitzadora portàtil que es va tancar el 2018, després del lobby que van fer els vesins]. Produïa quatre-centes tones l’hora, però el 70% de l’aigua dessalada es perdia pel camí. La salmorra, a sobre, la tiraven per les clavegueres i salava els pous de les cases on vivim”, diu en Rafa Tur.

Primer van esgotar el pou i, com que va baixar tant el nivell freàtic, es va salar. Després, a un alcalde, que ja s’ha mort [el popular José Ramón Serra Escandell], se li va acudir que l’aigua salabrosa s’havia de depurar allà mateix i va construir la planta de ses Eres. Produïa 400 tones l’hora, però el 70% de l’aigua dessalada es perdia pel camí

Rafa Tur — Membre de l’associació de veïns d’es Rafal Trobat

Per a aquest advocat i auditor sociolaboral, aquestes valls són més que un passatemps al qual dedicar les hores que li deixa lliures la feina a la ciutat. Abans que es posàs al volant, diversos dels seus companys, mentre es feia una junta veïnal improvisada al voltant de la circumferència gegant d’un dipòsit antiincendis –a la zona mitjana d’es Rafal Trobat–, també el van assenyalar com “el motor de tot el que ha passat” des que es va organitzar una brigada de vesins per fer neta la llera del torrent.

L’aigua, sempre l’aigua

La neteja d’aqueixa llera seca va funcionar com una llavor. “Va sortir de tot, cotxes i motos, fins i tot; la llera era plena de runes dels antics forns de calç que hi havia al bosc, ensorrats després que es deixés d’explotar-lo i començassin a usar-los com a abocadors. Trenta tones de merda vam treure”, diu en Rafa Tur. “Ens vam adonar, com passava abans que molta gent marxàs de la vall, quan només van quedar tres cases habitades, que si feim coses en comú i prenem decisions conjuntes, tots hi sortim guanyant”, desenvolupa na Cati Sala.

Ens vam adonar, com succeïa abans que molta gent marxés de la vall, quan es van quedar sólament tres cases habitades, de que si fem coses en comú i prenem decisions conjuntes, tots sortim guanyant

Cati Sala — Membre de l'associació de veïns d'es Rafal Trobat

Amb un pressupost que es mou al voltant “dels 30.000 euros anuals”, segons xifra el tresorer, l’associació engega tot tipus de projectes. La instal·lació d’unes cases d’abelles per produir mel. Cridar dos tractors perquè llaurin i desbrossin tots els bocins de terra on puguin entrar. El desenvolupament d’un pla forestal –per al qual van aconseguir importants subvencions– que els permeti conservar el bosc i protegir-se d’incendis. Reunir-se amb polítics, per negociar i reclamar, i amb experts, per assessorar-se i explorar noves vies.

Els cartells que recorden que els camins no són circuits de ral·li. Les excursions d’escoles i instituts que organitzen i uns panells que expliquen les històries de la vall, clavats a les parets d’una casa en ruïnes que es va restaurar parcialment per evitar que caigués. Un dinar que, cada any, els asseu a la mateixa taula –gegant– on es brinda amb les botelles de licor d’herbes que, com la mel, s’ha convertit en una altra font d’ingressos –produeixen centenars de litres d’anís aromatitzat, a la manera tradicional, amb les plantes que creixen en aquells monts– per a una associació que ja ha recollit diversos premis a nivell local per la seva tasca.

Per als socis –un centenar, gairebé el doble de residents, perquè també agrupa els propietaris de terrenys sense casa–, totes les accions es barregen quan les expliquen, siguin més grans o més petites. D’una manera o altra, tenen importància a l’hora de crear comunitat. Però, abans de tot, hi ha l’aigua, sempre l’aigua.

–El que no pot ser és que a Eivissa hi hagi tres dessalinitzadores en funcionament i se segueixi traient aigua dels pous perquè és més barat. Naltros, no ens enganyem, som egoistes. Tot allò que hem denunciat i els projectes que emprenem és perquè ens afecten o ens interessen als vesins d’es Rafal Trobat, però crec que el que ens passa a naltros es pot aplicar a moltes altres bandes. Les pedreres que tenim als dos costats d’aquestes valls no són les úniques que hi ha a l’illa i, qui viu a prop d’una, sap que són una molèstia en molts sentits. Per això ens agrada compartir les nostres experiències. No som un Fort Apache tancat a cal y canto. Hem participat en la creació de l’Aliança per l’Aigua o de l’Associació de Propietaris Forestals d’Eivissa i vam ser un dels primers llocs a instal·lar un dipòsit d’aigua gestionat per l’Ibanat. Diuen que els eivissencs som individualistes, però jo no ho crec.

Reflexiona en Rafa Tur i, tot seguit, na Cati Sala li respon –“¡És que no sempre va ser així!”– i cita una paraula, molt eivissenca, que, com els topònims de la seua petita pàtria, no tots els diccionaris recullen. “Reminyola”. Així la defineix l’Enciclopèdia d’Eivissa i Formentera: “Reunió de vesins amb la finalitat d’ajudar a fer una feina a un altre veí, de manera totalment gratuïta i que també solia tenir un cert component festiu. Una pelada d’ametlles i una neteja o desgrana de blat de moro eren tasques molt adequades per organitzar una reminyola”.

El todoterreno salta sobre las piedras del camino como si fuera una liebre. Sube, sube y sube hasta que, al llegar a un recodo, aparece una cancela. El conductor aprovecha el espacio para girar y empezar el descenso desde sa Murta. La parte alta de esta sierra está a más de 300 metros sobre el nivel del mar y, desde allí, la perspectiva impresiona. Al fondo, Formentera. Justo delante, los estanques salineros de Eivissa, bañados por la luz de un frío atardecer de noviembre. Durante la maniobra, una voz de mujer dice desde el asiento del copiloto: “¿Veis? Esa puerta es la que marca el final del municipio de Sant Josep. Justo ahí empieza el municipio de Sant Antoni. También es el límite, claro, entre las parroquias de Sant Jordi y Sant Rafel. De aquí para abajo, todo lo que veis es nuestro barrio. Es Rafal Trobat”.

Catalina Sala Cardona no es geógrafa, pero sabe describir, con topónimos escritos en pocos mapas, el lugar en el que ella fue niña durante la década de los sesenta y donde sigue viviendo –en la misma casa, Can Pere Marí– tanto tiempo después. Un pequeño mundo –cerros cubiertos de pinos, la hendidura central de un torrente salpicado de bancales, una docena de casas con patio y huerta, el camino sin asfalto por donde trepó el todoterreno– al que es difícil llegar. A estos tres valles que confluyen en el mismo punto los tapa un cerro –es Puig de Can Parreta, en el extremo opuesto a la montaña que ascendía el todoterreno–, que hay que rodear para alcanzar el exterior. Más que un paso, son las puertas de una muralla.

Pese a estar a pocos minutos en coche del aeropuerto, ese aislamiento explica por qué esta vénda –las divisiones históricas de los términos ibicencos– parece estar a salvo del sambenito de la masificación que soporta Eivissa. Ser una isla dentro de otra isla quizás sea el motivo que convirtió a es Rafal Trobat una aldea gala. Chiquita, pero con fuerza suficiente para conseguir el cierre de una desaladora que contaminó durante una década pozos de casas particulares mientras alimentaba los grifos de los hoteles que, unos kilómetros cuesta abajo, proyectan su sombra sobre la playa. Algunos también escupen los beats de la música electrónica que se pincha durante la temporada turística. Son discotecas encubiertas.

Ser una isla dentro de otra isla quizás sea el motivo que convirtió a es Rafal Trobat una aldea gala. Chiquita, pero con fuerza suficiente para conseguir el cierre de una desaladora que contaminó durante una década pozos de casas particulares mientras alimentaba los grifos de los hoteles y discotecas encubiertas situados unos kilómetros cuesta abajo

La Associació de Veïns des Rafal Trobat se constituyó en 2007, el mismo año en el que se puso en marcha aquella desaladora. “Ya somos mayores de edad”, subraya Cati Sala, que es la presidenta de un colectivo vecinal que, pese a representar a un pedazo de la isla tan ínfimo –320 hectáreas de parcelas vedadas– como deshabitado –alrededor de cincuenta residentes en invierno–, se ha convertido en un lobby que presiona en varios frentes. Por ejemplo, en la lucha contra el despilfarro, la sobreexplotación y la falta de eficiencia –durante legislaturas de distinto color político en las administraciones autonómica, insular y municipal– en la gestión de los recursos hídricos de una isla en la que llueve, de media, nueve días menos cada año que en 2015.

La Associació de Veïns des Rafal Trobat se ha convertido en un 'lobby' que presiona en varios frentes, entre ellos, en la lucha contra el despilfarro, la sobreexplotación y la falta de eficiencia en la gestión de los recursos hídricos de una isla en la que llueve, de media, nueve días menos cada año que en 2015

Los bancales, un dique contra la DANA

Con la mano derecha sujeta el móvil, en horizontal, y con el índice izquierdo señala unas terrazas salpicadas por olivos y algarrobos, justo detrás de una laguna en la que crecen cientos de cañas. “Mirad cómo bajaba por aquí enfrente”, dice Rafael Tur Tur –el conductor del todoterreno, el tesorero de la asociación de vecinos– al pausar el vídeo y pasar el pulgar por la pantalla para reproducir el siguiente. “Así estaba dos horas después de la tormenta. La lluvia se quedó embalsada… y no hizo apenas destrozos. Las paredes de pedra seca aguantaron. Están muy bien construidas”. Los vídeos que acaba de reproducir los grabó el pasado 1 de octubre. Mientras barriadas populares y urbanizaciones de pisos de lujo –y el puerto– se inundaban en la capital de la isla, el barrio de casas diseminadas en el que vive –Can Tití se llama la suya– tragaba todo el agua que podía. Hasta saciarse.

En es Rafal Trobat cayeron unos 210 litros por metro cuadrado, sólo cuarenta menos que en las zonas bajas que tardaron minutos en anegarse. “Se trata de laminar el agua y, para eso, hay que frenarla”, dice Rafa Tur, “no acelerarla asfaltándolo todo y encajonando con cemento los cauces de los torrentes. Si os fijáis, los bancales tienen una pendiente inversa a la del valle, para que al agua le cueste rebasarlos y vaya filtrándose al subsuelo. Nos hemos dedicado a restaurar estas fincas, que se fueron abandonando cuando el turismo desplazó a una agricultura que está volviendo porque cada vez más vecinos se animan a sembrarlos. Esa balsa que también la hemos hecho nosotros [la laguna del cañar, un depósito donde caben 170 toneladas de agua, artificial aunque parezca obra de la naturaleza] también hace de dique y como no se vacía ni en verano se ha convertido en un punto de biodiversidad: los bichos lo saben y vienen a abrevar. Todo suma. Este mosaico agrícola que estamos creando, no sólo previene riadas allí abajo. También es esencial para rellenar el acuífero de sa Serra Grossa, que está agotado y salinizado por la sobreexplotación”.

Los bancales tienen una pendiente inversa a la del valle para que al agua le cueste rebasarlos y vaya filtrándose al subsuelo. Nos hemos dedicado a restaurar estas fincas, que se fueron abandonando cuando el turismo desplazó a una agricultura que está volviendo porque cada vez más vecinos se animan a sembrarlos

Rafa Tur — Miembro de la asociación de vecinos de es Rafal Trobat

Hace medio siglo, los vecinos de es Rafal Trobat vivían sin agua pese a vivir en el borde de una piscina, subterránea y gigantesca. Cati Sala explica la paradoja: “El acuífero estaba demasiado profundo, a casi cien metros. Era imposible llegar tan abajo. Vivíamos y cultivábamos –pero sin poder practicar el regadío– con la lluvia que recogíamos en las cisternas. Todas las casas siguen teniendo, aunque desde hace tiempo tengamos nuestras perforadas mecánicas o podamos llamar a algún camión para que nos abastezca”. El problema fue que entre medias –“Hace por lo menos cuarenta años”, precisa Rafa Tur– irrumpió el negocio. Atraídos por su caudal y por el turismo que se concentraba en la costa, varias empresas de abastecimiento hídrico empezaron a chupar de sa Serra Grossa. Hasta esquilmarlo.

“Primero agotaron el pozo y, como bajó tanto el nivel freático, se salinizó. Luego, a un alcalde, que ya se ha muerto [el popular José Ramón Serra Escandell, que gobernó Sant Josep de sa Talaia durante seis mandatos y, después de acabar absuelto de varias causas, fue inhabilitado por prevaricación cuando ya estaba fuera de la primera línea política], se le ocurrió que el agua salobre se tenía que depurar allí al lado y construyó la planta de ses Eres [la desaladora portátil que se cerró en 2018, tras el lobby que hicieron los vecinos]. Producía cuatrocientas toneladas la hora, pero el 70% del agua desalada se perdía por el camino. La salmuera, encima, la tiraban por las alcantarillas y salaba los pozos de las casas en las que vivimos”, dice Rafa Tur.

Primero agotaron el pozo y, como bajó tanto el nivel freático, se salinizó. Luego, a un alcalde, que ya se ha muerto [el popular José Ramón Serra Escandell], se le ocurrió que el agua salobre se tenía que depurar allí al lado y construyó la planta de ses Eres. Producía 400 toneladas la hora, pero el 70% del agua desalada se perdía por el camino

Rafa Tur — Miembro de la asociación de vecinos es Rafal Trobat

Para este abogado y auditor sociolaboral, estos valles son más que un pasatiempo al que dedicar las horas que le deja libres su trabajo en la ciudad. Antes de que se pusiera al volante, varios de sus compañeros, mientras se celebraba una improvisada junta vecinal en torno a la circunferencia gigante de un depósito antiincendios –en la zona media es Rafal Trobat–, lo señalaron también como “el motor de todo lo que ha sucedido” desde que se organizó una brigada de vecinos para limpiar el lecho del torrente.

El agua, siempre el agua

La limpieza de aquel cauce seco fue una semilla. “Salió de todo, coches y motos, incluso; el lecho estaba lleno de los cascotes de los antiguos hornos de cal que había en el bosque, derrumbados después de que dejara de explotarse el bosque y empezaran a usarlos como basureros. Treinta toneladas de mierda sacamos”, dice Rafa Tur. “Nos dimos cuenta, como sucedía antes de que mucha gente se marchara del valle, cuando se quedaron sólo tres casas habitadas, de que si hacemos cosas en común y tomamos decisiones conjuntas, todos salimos ganando”, desarrolla Cati Sala.

Nos dimos cuenta, como sucedía antes de que mucha gente se marchara del valle, cuando se quedaron sólo tres casas habitadas, de que si hacemos cosas en común y tomamos decisiones conjuntas, todos salimos ganando

Cati Sala — Miembro de la asociación de vecinos es Rafal Trobat

Con un presupuesto que se mueve en torno “a los 30.000 euros anuales”, según cifra el tesorero, la asociación desarrolla proyectos muy variados. La instalación de unas cases d’abelles (panales) para producir miel. Llamar a dos tractores para que aren y desbrocen todos los pedazos de tierra en los que se puedan adentrar. El desarrollo de un plan forestal –para el que consiguieron importantes subvenciones– que les permita conservar el bosque y protegerse de incendios. Reunirse con políticos, para negociar y reclamar, y expertos, para asesorarse y explorar nuevas vías. Los carteles que recuerdan que los senderos no son circuitos de rally. Las excursiones de colegios e institutos que organizan y unos paneles que explican las historias del valle, clavados en las paredes de una casa en ruinas que se restauró parcialmente para evitar que se cayera. Una comida que, todos los años, los sienta en la misma mesa –gigante– donde se brinda con las botellas de licor de hierbas que, como la miel, se ha convertido en otra fuente de ingresos –producen cientos de litros de anís aromatizado, a la manera tradicional, con las plantas que crecen en aquellos montes– para una asociación que ya ha recogido varios premios a nivel local por su labor.

Para los socios –un centenar, casi el doble de residentes, porque también reúne a los propietarios de terrenos que no tienen casa–, todas las acciones se mezclan cuando las cuentan, sean más grandes o más pequeñas. De una manera u otra, tienen importancia a la hora de crear comunidad. Pero, ante todo, está el agua, siempre el agua.

–Lo que no puede ser es que en Eivissa haya tres desaladoras en marcha y se siga sacando agua de los pozos porque es más barato. Nosotros, no nos engañemos, somos egoístas. Todo lo que hemos denunciado y los proyectos que emprendemos es porque nos afectan o nos interesan a los vecinos de es Rafal Trobat, pero creo que lo que nos sucede a nosotros se puede aplicar a muchos otros lugares. Las canteras que tenemos a los dos lados de estos valles no son las únicas que hay en la isla y, quien vive cerca de una, sabe que son una molestia en muchos sentidos. Por eso nos gusta compartir nuestras experiencias. No somos un Fort Apache que esté cerrado a cal y canto. Hemos participado en la creación de la Aliança per l’Aigua o la Associació de Propietaris Forestals d’Eivissa y fuimos uno de los primeros sitios en instalar un depósito de agua que gestiona el Ibanat. Dicen que los ibicencos somos individualistas, pero yo no lo creo.

Reflexiona Rafa Tur y, al momento, Cati Sala le responde –“¡Es que no siempre fue así!” y cita una palabra, muy ibicenca, que, como los topónimos de su patria chica, no todos los diccionarios recogen. “Reminyola”. Así la define la Enciclopèdia d’Eivissa i Formentera: “Reunión de vecinos con la finalidad de ayudar a hacer un trabajo a otro vecino, de manera totalmente gratuita y que también solía tener un cierto componente festivo. Una pelada de almendras y una limpieza o desgranado de maíz eran tareas muy adecuadas para organizar una reminyola”.

El Govern ha formalitzat un nou acord amb els ajuntaments de Sóller i Fornalutx per assegurar el subministrament hídric en alta durant els propers quatre anys.

El document s'integra en el model de convenis únics impulsats per la Conselleria de la Mar i del Cicle de l'Aigua i estableix criteris de gestió ajustats a la realitat específica de la vall de Sóller amb l'objectiu de reforçar l'estabilitat del proveïment i millorar la planificació del recurs.

El conseller del ram, Juan Manuel Lafuente, i el director general de Recursos Hídrics, Joan Calafat, s'han desplaçat aquesta setmana a Sa Costera per revisar les infraestructures existents i mantenir una reunió de treball amb els batles de Sóller, Miquel Nadal, i de Fornalutx, Francesc Marroig.

Sa Costera, una de les captacions principals de proveïment de la zona, aporta entre quatre i cinc hectòmetres cúbics anuals en funció de la pluviometria i, en condicions normals, constitueix un pilar del subministrament en alta per a ambdós municipis.

No obstant això, ha apuntat la Conselleria en un comunicat, durant l'estiu, marcat per una sequera que es prolonga des de fa quatre anys, el cabal de la font va descendir fins a nivells mínims i no va poder cobrir la demanda dels dos municipis, especialment en els mesos de major afluència.

Només Sóller necessita més de 4.500 metres cúbics diaris per garantir el proveïment bàsic, al que se sumen les necessitats de Fornalutx, que també depèn del subministrament en alta per cobrir el consum quotidià de la seva població.

Una realitat hídrica “delicada”

La vall de Sóller, ha advertit el departament dirigit per Lafuente, presenta una realitat hídrica “particularment delicada”, de la mateixa manera que succeeix al conjunt de Balears. La presència d'aqüífers “sensibles”, l'elevada pressió humana en els mesos de menor disponibilitat, un clima mediterrani sec i un règim de pluges “cada vegada més irregular i torrencial” fan que sigui complicada la infiltració natural i es generen riscos associats a inundacions.

En aquest context, la seguretat del subministrament en alta, la reutilització d'aigües regenerades i la recàrrega d'aqüífers es consoliden com solucions estructurals per garantir la disponibilitat i la qualitat de l'aigua.

Davant aquesta situació, i per evitar problemes de subministrament, la Conselleria va dur a terme en el primer semestre de 2025 una actuació d'urgència que va permetre utilitzar el transvasament de Sa Costera en sentit contrari a l'habitual. Per a això es va instal·lar un sistema d'impulsió connectat a la captació sobre l'aqüífer de s'Estremera, a Bunyola. Gràcies a aquesta nova infraestructura, l'aigua va poder circular cap a la vall en lloc de sortir-ne, cosa que no havia succeït mai des de la posada en marxa del transvasament el 2009.

Gestió de torrents i eficiència de l'aigua

Els batles de Sóller i Fornalutx, en la seva trobada amb Lafuente, li van traslladar els reptes que afronta la gestió del cicle de l'aigua a la zona, especialment en relació amb l'estabilitat del subministrament, la planificació a mitjà termini i la resposta davant períodes prolongats de sequera.

Durant la reunió, Calafat va destacar que el coneixement del funcionament dels aqüífers, l'anàlisi de la demanda i la previsió d'infraestructures han permès donar resposta a aquesta situació gràcies a la col·laboració entre administracions.

Així mateix, es van tractar qüestions relacionades amb la gestió de torrents, els projectes de millora de l'eficiència en l'ús de l'aigua i les iniciatives de reutilització d'aigües regenerades com a via per incrementar la disponibilitat de recursos i avançar cap a la circularitat en la gestió del cicle de l'aigua.

El Govern ha formalizado un nuevo acuerdo con los ayuntamientos de Sóller y Fornalutx para asegurar el suministro hídrico en alta durante los próximos cuatro años.

El documento se integra en el modelo de convenios únicos impulsados por la Conselleria del Mar y del Ciclo del Agua y establece criterios de gestión ajustados a la realidad específica del valle de Sóller con el objetivo de reforzar la estabilidad del abastecimiento y mejorar la planificación del recurso.

El conseller del ramo, Juan Manuel Lafuente, y el director general de Recursos Hídricos, Joan Calafat, se desplazaron esta semana a Sa Costera para revisar las infraestructuras existentes y mantener una reunión de trabajo con los alcaldes de Sóller, Miquel Nadal, y de Fornalutx, Francesc Marroig.

Sa Costera, una de las captaciones principales de abastecimiento de la zona, aporta entre cuatro y cinco hectómetros cúbicos anuales en función de la pluviometría y, en condiciones normales, constituye un pilar del suministro en alta para ambos municipios.

No obstante, ha apuntado la Conselleria en un comunicado, durante el verano marcado por una sequía que se prolonga desde hace cuatro años el caudal de la fuente descendió hasta niveles mínimos y no pudo cubrir la demanda de los dos municipios, especialmente en los meses de mayor afluencia.

Solo Sóller necesita más de 4.500 metros cúbicos diarios para garantizar el abastecimiento básico, a lo que se suman las necesidades de Fornalutx, que también depende del suministro en alta para cubrir el consumo cotidiano de su población.

Una realidad hídrica “delicada”

El valle de Sóller, ha advertido el departamento dirigido por Lafuente, presenta una realidad hídrica “particularmente delicada”, del mismo modo que sucede en el conjunto de Balears. La presencia de acuíferos “sensibles”, la elevada presión humana en los meses de menor disponibilidad, un clima mediterráneo seco y un régimen de lluvias “cada vez más irregular y torrencial” hacen que sea complicado la infiltración natural y generan riesgos asociados a inundaciones.

En este contexto, la seguridad del suministro en alta, la reutilización de aguas regeneradas y la recarga de acuíferos se consolidan como soluciones estructurales para garantizar la disponibilidad y la calidad del agua.

Ante esta situación, y para evitar problemas de suministro, la Conselleria llevó a cabo en el primer semestre de 2025 una actuación de urgencia que permitió utilizar el trasvase de Sa Costera en sentido contrario al habitual. Para ello se instaló un sistema de impulsión conectado a la captación sobre el acuífero de s'Estremera, en Bunyola. Gracias a esta nueva infraestructura, el agua pudo circular hacia el valle en lugar de salir de ella, algo que no había sucedido nunca desde la puesta en marcha del trasvase en 2009.

Gestión de torrentes y eficiencia del agua

Los alcaldes de Sóller y Fornalutx, en su encuentro con Lafuente, le trasladaron los retos que afronta la gestión del ciclo del agua en la zona, especialmente en relación con la estabilidad del suministro, la planificación a medio plazo y la respuesta ante periodos prolongados de sequía.

Durante la reunión, Calafat destacó que el conocimiento del funcionamiento de los acuíferos, el análisis de la demanda y la previsión de infraestructuras han permitido dar respuesta a esta situación gracias a la colaboración entre administraciones.

Asimismo, se trataron cuestiones relacionadas con la gestión de torrentes, los proyectos de mejora de la eficiencia en el uso del agua y las iniciativas de reutilización de aguas regeneradas como vía para incrementar la disponibilidad de recursos y avanzar hacia la circularidad en la gestión del ciclo del agua.

Un informe de la ONU, 'El nexo entre el agua y la energía', elaborado por el relator especial de Naciones Unidas sobre los derechos humanos al agua potable y al saneamiento, el aragonés Pedro Arrojo, reclama una moratoria ante la proliferación de centros de datos, un fenómeno incipiente en España y que se da con especial intensidad en Aragón. El docente e investigador alerta de que la “prioridad” que están dando las instituciones a los promotores de granjas de servidores “producen asimetrías injustas respecto a otros sectores que generan más puestos de trabajo”, a lo que se suma el intenso consumo de recursos que generan.

El documento, adelantado por 'El País' y que aborda la necesidad de llevar a cabo una doble transición justa –energética e hídrica– basada en los derechos humanos, centra gran parte de su contenido en la explosión de centros de datos que se está registrando en Occidente.

El autor apunta a la “evidente necesidad” de cambiar de una gestión del agua basada en la oferta a otra centrada en “la demanda y la conservación de los ecosistemas acuáticos”. Para ello, indica, “es necesario frenar considerablemente las industrias con un uso intensivo de agua”. Incluye en este punto la agricultura, en la línea de “reducir o limitar la expansión del riego”. También menciona, en cuanto a la energía, la obligación de “frenar y gestionar la demanda energética, sin limitarse a cambiar a fuentes de energía limpias y renovables”.

En este contexto es donde entran en juego los megacentros de datos. “Ese crecimiento genera importantes y preocupantes demandas de agua, así como un dramático aumento del consumo de electricidad. Estas tendencias entrañan graves riesgos para los ecosistemas acuáticos y presentan expectativas insostenibles para el futuro”, refleja el autor, que añade un factor complementario: el hecho de que su proliferación, para el que hay precedentes fuera de España, se produzca “en circunstancias opacas, con falta de transparencia, participación, acceso a la información y rendición de cuentas”, y que se justifique “a menudo en nombre del progreso económico”.

Arrojo cita un ejemplo: en febrero de 2023, el ministro de Medio Ambiente irlandés reconoció en una respuesta parlamentaria que no disponían de un registro que detalle las necesidades en materia de agua y electricidad que precisan los centros de datos en ese país.

Si los impactos directos “de esas nuevas demandas” sobre los ecosistemas acuáticos es importante, los impactos indirectos “pueden resultar aún más graves”. Porque la “exponencial” demanda energética da lugar a “presiones para reactivar la construcción de grandes presas hidroeléctricas” y también de centrales térmicas y nucleares.

De nuevo en Irlanda, los centros de datos consumieron hace dos años una quinta parte de toda la electricidad del país, una tasa que sigue en aumento. De hecho, toda la nueva energía eólica generada tuvo como destino estas infraestructuras. Pero como están empezando a surgir trabas ahí, los promotores buscan ahora países que ofrezcan agua y energía “a menudo subvencionada con fondos públicos” y que antepongan el desarrollo de centros de datos. “Desde el punto de vista social, la prioridad que se da a esas empresas y las tarifas energéticas de que se benefician producen asimetrías injustas respecto a otros sectores que generan más puestos de trabajo y que merecen una atención preferente”, denuncia el informe.

Y concluye que un “crecimiento tan masivo” de la demanda de agua y especialmente de la electricidad “supone una peligrosa competencia” frente a necesidades básicas como “los derechos humanos al agua potable y al saneamiento”, sin olvidar una “electricidad asequible”.

Por todo ello, el relator de Naciones Unidas pide a los estados y a las instituciones internacionales que promuevan “una moratoria de la puesta en marcha de centros de datos” y que proporcionen “información clara sobre su consumo de agua y energía”. “Deben fijarse prioridades sobre la base de la transparencia y la información adecuada, con arreglo a los principios de sostenibilidad, equidad y goce efectivo de los derechos humanos, a fin de regular las demandas de agua y energía de dichos centros”, incide.

“Si es produís una inundació com la del 1958 en l’actualitat, les conseqüències podrien ser molt greus a causa de l’estat de les lleres dels torrents i de la gran quantitat d’obstacles que trobaria l’aigua en el seu camí”. La frase és una de les més contundents –i la competència és alta– entre les que va escriure Vicent Prats Ramon per elaborar un estudi sobre les inundacions que s’havien produït al Pla de Portmany –una planícia d’al·luvió a l’oest d’Eivissa– al llarg del segle XX. L’any 2013, quan aquest geògraf va publicar el seu treball, va causar un cert rebombori, i no precisament per guanyar algun premi, com el Nit de Sant Joan que atorga l’Institut d’Estudis Eivissencs. Els mapes annexos deixaven molt clar que moltes d’aquelles antigues terres de conreu s’havien omplert de ciment i formigó. D’habitatges i, també, d’hotels.

El text mirava enrere per preguntar-se què podria passar en el futur. La conclusió era, llavors, pessimista. Per mor del seu realisme: “La vulnerabilitat davant el risc d’inundació encara pot augmentar a la zona pel fet que tot el front marítim del Pla (...) es preveu que es desenvolupi urbanísticament en el futur (...) de manera que s’obstruirà la sortida natural a la mar de la plana d’inundació. És evident que (...) podria provocar un augment del perill (...) perquè suposa limitar les possibles sortides al mar de la massa d’aigua a nous carrers previstos, cosa que provocaria increments de velocitat i alçada de l’aigua”. La conclusió és, ara, més actual que mai.

L’Ajuntament de Sant Antoni de Portmany, governat pel PP, acaba de presentar l’avançament del Pla General d’Ordenació Urbana (PGOU) que pretén desenvolupar en els pròxims anys: qualcunes de les parcel·les que encara continuen lliures en aquella zona inundable que va dibuixar el geògraf Prats mantenen la seua condició d’urbanitzables. Què contempla construir aquest document entre les desembocadures de dos torrents, unes terres que fa només mig segle es van transformar en una llacuna i que, precisament per ser un dipòsit d’aigües, sempre van ser molt fèrtils? Aparcaments, jardins i altres equipaments públics que no es concreten. També, més hotels.

Què preveu construir el nou Pla General d’Ordenació Urbana del PP entre les desembocadures de dos torrents, unes terres que fa només mig segle es van transformar en una llacuna? Aparcaments, jardins i altres equipaments públics que no es concreten. També, més hotels

L’equip de govern defuig respondre

elDiario.es va sol·licitar entrevista amb Marcos Serra Colomar, alcalde de Sant Antoni, o Eva Prats Costa, regidora d’Urbanisme, per analitzar l’avançament del nou PGOU, que ja ha tirat cap endavant i, amb la lentitud que marquen aquests processos, que solen durar tota una legislatura, ha començat a tramitar-se. No hi va haver resposta, tanmateix, d’un equip de govern que gaudeix d’una àmplia majoria absoluta: 12 regidors de 21.

Al ple –celebrat el passat 28 d’agost, i a la roda de premsa en què es van presentar les línies mestres de l’avanç del PGOU– l’alcalde Serra va enaltir els que considera els punts forts de la proposta: “Aquest pla no és només creixement; és regulació. Regularitza nuclis rurals sense urbanitzar, dota de serveis i amplia zones verdes. És una manera de respondre a demandes socials i econòmiques, i de preparar el municipi per al futur. (...) Buscam donar seguretat jurídica als propietaris i generar una planificació coherent, evitant que es multipliquin construccions il·legals i sense control en els pròxims anys”. No hi va haver crítiques explícites al model heretat. Sí que n’hi va haver, en canvi, al ple: l’oposició hi va votar en contra. PSOE, Unides Podem i Vox van coincidir a criticar “la manca de transparència”, “l’absència d’una memòria econòmica” o “el creixement a costa de permetre que es construeixi en zones inundables”.

“Aquest pla no és només creixement; és regulació. Regularitza nuclis rurals sense urbanitzar, dota de serveis i amplia zones verdes. (...) Cerquem donar seguretat jurídica als propietaris i generar una planificació coherent, evitant que es multipliquin construccions il·legals i sense control en els pròxims anys”

Marcos Serra Colomar — Alcalde de Sant Antoni (durant el ple del passat 28 d’agost)

Gairebé cinc hectàrees edificables entre dos torrents

El primer edil no va agafar la patata calenta d’aquella franja situada entre les lleres que recullen l’aigua de les petites muntanyes que, pel sud i pel nord, envolten el Pla de Portmany. Entre tots dos torrents abasteixen una conca d’uns 75 quilòmetres quadrats. L’actual PGOU, aprovat el 87 per un govern de dretes, amb alcalde d’Aliança Popular, ho va propiciar, malgrat que els polítics que controlaven el municipi eren prou grans per recordar la crescuda –d’un metre– que havia tengut lloc tres dècades abans sense que els seus majors els l’haguessin explicada com si fos una llegenda.

El PGOU que vendrà, si no pateix modificacions durant el període d’exposició pública i participació ciutadana, no ho esmena, encara que l’assumpte està agafat amb pinces: els terrenys es mostren com a zona potencialment inundable al visor d’aigües del Govern –i també al Pla Territorial Insular del Consell d’Eivissa–, però no apareix al registre d’Àrees amb risc potencial significatiu d’inundació del Ministeri per a la Transició Ecològica. La porta queda oberta en un municipi on –segons els darrers estudis d’Idealista– s’estan venent habitatges de segona mà a gairebé 7.000 euros el metre quadrat. La zona inundable que podria urbanitzar-se ocupa nou hectàrees, la meitat (45.000 metres quadrats) són edificables.

“Què podem dir? Que tenim molt mala memòria. La natura, de tant en tant, ens mostra els seus papers de propietat i l’aigua arriba al límit del seu territori fluvial. És obvi que la desembocadura d’un torrent, a banda i banda, ha de respectar una zona de flux preferent. És a dir, ha d’estar lliure de construcció”, raona Juan Calvo Cubero. Aquest doctor en Ciències Biològiques per la East Carolina University nord-americana i Màster en Gestió Integrada de l’Aigua (Universitat de Saragossa), té experiència en la gestió pública (va ser secretari general de l’Agència Balear de l’Aigua –Abaqua–) i, des del 2017, coordina la tasca de l’Aliança per l’Aigua d’Eivissa i Formentera, un col·lectiu que exerceix de lobby per aconseguir “una gestió més sostenible” d’aquest recurs hídric.

“Què podem dir? Que tenim molt mala memòria. La natura, de tant en tant, ens mostra els seus papers de propietat i l’aigua arriba al límit del seu territori fluvial. És obvi que la desembocadura d’un torrent, a cada costat, ha de respectar una zona de flux preferent. És a dir, ha d’estar lliure de construcció”

Juan Calvo Cubero — Doctor en Ciències Biològiques per la East Carolina University i coordinador de l’Aliança per l’Aigua d’Eivissa i Formentera

“El sentit comú dicta que siguin espais lliures”

Calvo, que coneix la feina del geògraf Prats i segueix amb detall els plans de Sant Antoni per renovar un PGOU redactat fa gairebé quaranta anys, proposa una alternativa a les intencions municipals: “El sentit comú dicta que el territori entre el Torrent de Buscastell i el Torrent des Regueró sigui convertit en espais lliures perquè en gaudeixi la ciutadania i, en aquells moments de grans pluges, puguin esdevenir una plana de laminació i es pugui evacuar l’aigua de la manera més natural possible. El Reglament de Restauració de la Natura és una oportunitat per obtenir fons europeus per convertir llocs com aquelles desembocadures en espais verds que tinguin un valor per als ciutadans”.

La conservació de maresmes i marjals és una altra de les especialitats d’aquest biòleg. La seua observació, quan parla d’“espais verds”, no és ni capriciosa ni es refereix a jardins entre habitatges. Tal com exposa també l’estudi del geògraf Prats, que, a més de basar-se en bibliografia científica, es va fonamentar en converses amb persones nascudes entre 1929 i 1948 que recordaven les inundacions del 58 –i els més grans, una altra succeïda el 47–, abans que els materials de construcció aixecassin murs a la vora de la Mediterrània, Calvo convida a pensar que la costa de Sant Antoni era molt diferent no fa moltes dècades. On avui hi ha un passeig marítim, palmeres, una platja, diverses discoteques –cobertes i descobertes–, franquícies de menjar ràpid, pantalans i molls, un club nàutic, i blocs –d’hotels i habitatges– alternant-se amb plantes baixes a les quals s’hi van afegir un o dos pisos, hi havia un aiguamoll.

Allà on avui hi ha un passeig marítim, palmeres, una platja, diverses discoteques –cobertes i descobertes–, franquícies de menjar ràpid, pantalans i molls, un club nàutic, i blocs –d’hotels i habitatges– alternant-se amb plantes baixes a les quals s’hi van afegir un o dos pisos, hi havia un aiguamoll

Els més vells del poble, com Vicent Marí Prats –nascut el 1935, fill de l’últim batle republicà de Sant Antoni, primer batle de la restauració democràtica, per la UCD– recorden “haver pescat anguiles els dies de pluja” durant la seua adolescència, a finals dels quaranta. El boom turístic, una dècada més tard, quan l’última gran inundació, va canviar el panorama i les ocupacions: Vicent Marí Prats no va ser pescador, ni tampoc pagès. Les terres que va heretar, conegudes com el Bosc d’en Frit per ser una pineda adaptada al conreu que marcava el final de la zona inundable, es van anar parcel·lant per omplir-se de cases i hotels, encara gestionats per la seva família.

Modificar el planejament per salvar els falsos urbans

Als dos anys d’arribar al poder, l’alcalde Serra va salvar la condició d’urbanes d’aquelles parcel·les ja urbanitzades. Ho va fer, in extremis, modificant via ple –amb el recolzament d’El PI i Ciutadans, els seus socis al Consistori– el PGOU en vigor per evitar que el segon Govern de Francina Armengol, de centre esquerra, decidís, a través d’un decret urgent de protecció del territori, el futur d’uns bocins que encaixaven perfectament en allò que el dret denomina “falsos urbans”. Un terme eloqüent: són sòls classificats com a urbans però manquen dels serveis bàsics per ser-ho. Altres dos fragments del mapa municipal es van lliurar d’una possible protecció. Un va ser la planícia d’al·luvió que tant preocupa a les associacions ecologistes. L’altre, la vessant nord de sa Talaia de Sant Antoni, un puget de 136 metres que dóna a carrers d’aquest poble forma de tobogan. A només un quilòmetre de distància d’aquella vessant on es pretén permetre la construcció de cases unifamiliars, ara mateix, s’hi construeix una dessalinitzadora portàtil.

Als dos anys d’arribar a la batlia, el batle Serra va salvar la condició d’urbanes d’aquelles parcel·les ja urbanitzades. Ho va fer, in extremis, modificant via ple el PGOU en vigor per evitar que el segon Govern d’Armengol decidís, a través d’un decret urgent de protecció del territori, el futur d’uns sòls classificats com a urbans però que estan mancats dels serveis bàsics per ser-ho

“No només ens preocupa l’excés de salmorra sinó la manera en què actualment la dessaladora aboca aquesta salmorra a la badia, incomplint allò que la normativa indica. A dia d’avui, i tot sembla que si s’amplia amb una dessalinitzadora mòbil pròximament que també farà servir la mateixa canalització d’evacuació, la salmorra és abocada a pocs metres de la costa, cosa que ja ha provocat un desert submarí a la zona en arrasar amb tota la flora i fauna que l’habitava”, explica Fran Tienda Pachón. Llicenciat en Biologia i professor en un dels instituts públics de Sant Antoni, parla en nom de Salvem Sa Badia, entitat que presideix i que va néixer el 2019 amb el propòsit d’aturar la degradació i impulsar la recuperació de la badia. La mateixa mitja lluna en què desemboquen els torrents que estudià el geògraf Prats i que en el seu estat actual (terres cimentades; sèquies cegades; conductes sota les carreteres que han anat apareixent a la superfície massa estrets, massa inclinats) suposen un risc. En comptes d’una canonada han esdevingut un tap.

Residus retornats al mar

“És sorprenent que, després de tantes experiències prèvies amb aquest tema, es continuïn desenvolupant planejaments que no tenen en compte les sortides naturals de l’aigua. S’impedeix la infiltració natural, augmenta l’escorrentia superficial que arrossega contaminants, es perden ecosistemes de gran valor com aiguamolls i es redueixen hàbitats d’aus, peixos i espècies aquàtiques, i es fomenta una major erosió de les ribes”, continua Tienda, que vincula l’aigua natural que no arriba amb els residus que la dessalinitzadora actual retorna a la mar: “Si el volum d’aigua a dessalar continua augmentant per l’increment de la demanda, l’efecte negatiu de la salmorra s’ampliarà, podent afectar les zones properes on encara es poden detectar organismes, alguns dels quals inclosos als catàlegs d’espècies protegides i en perill”.

“És sorprenent que, després de tantes experiències prèvies, es continuïn desenvolupant planejament que no tenen en compte les sortides naturals de l’aigua. S’impedeix la infiltració natural, augmenta l’escorrentia superficial que arrossega contaminants, es perden ecosistemes de gran valor, es redueixen hàbitats d’aus, peixos i espècies aquàtiques, i es fomenta una major erosió de les vores”

Fran Tienda Pachón — Llicenciat en Biologia, professor i president de Salvem Sa Badia

Aquesta “dessalinitzadora modular”, com l’anomenen a la Conselleria de la Mar i del Cicle de l’Aigua, es va treure a concurs el passat abril i s’ha començat a aixecar en plena temporada turística. El seu cost es va xifrar en un màxim de 786.000 euros. Els mil metres cúbics que cada dia podrà extreure del Mediterrani i injectar –sense sal– a la xarxa eivissenca pretenen “reforçar la producció d’aigua durant l’estiu i reduir la pressió sobre els aqüífers”, tal com explicava la nota de premsa llançada pel departament del Govern del qual depèn Abaqua.

El gerent d’aquesta agència, Emeterio Moles, ha defensat la necessitat de la quarta dessalinitzadora que funcionarà a Eivissa –està prevista per a principis del 2027, a Sant Josep de sa Talaia, i costarà uns 50 milions d’euros–, i l’alcalde Serra confia que aquesta planta eviti el que, sense anar més lluny, va ocórrer durant l’estiu del 2024: les restriccions que va haver d’aplicar Sant Antoni per manca de subministrament. I, de passada, abastir gairebé les 2.000 habitatges que l’esborrany del PGOU preveu aixecar en sòls que es declararan urbanitzables gràcies a la llei del Govern de Marga Prohens (PP) que concedeix als municipis de més de 10.000 habitants el poder de construir a les àrees lliures que envolten els nuclis urbans. Entre aquestes noves cases s’hi trobaran les primeres mil a preu taxat de què disposarà un municipi que pateix un èxode –silenciós– de població pel cost inassumible de la vida.

El nou PGOU preveu construir gairebé 2.000 habitatges en sòls que es declararan urbanitzables gràcies a la llei del Govern Prohens (PP) que concedeix als municipis de més de 10.000 habitants el poder de construir a les àrees lliures que envolten els nuclis urbans

“Crec que no tenen garantit el subministrament d’aigua”, apunta Juan Calvo, “perquè ens consta que es redueix la pressió per portar aigua a totes les cases. Encara hi ha operadors privats amb pèrdues importants a la xarxa. La dessalinitzadora portàtil no deixa de ser un pedaç. La capacitat de dessalació de l’illa és de 44.000 metres cúbics diaris i aquesta ampliació són 1.000 metres. I encara que estigui situada a Sant Antoni, no és només per a aquest municipi”.

–Amb la quarta dessaladora sembla que anem cap a aquest model, pràcticament una per municipi.

–Les dessalinitzadora són una solució provisional per recuperar els aqüífers, mai [s’han de destinar] a créixer més. La dessalinització sempre arriba tard. Des que s’idea fins que es construeix solen passar deu anys. Quan entra en funcionament es produeix un efecte rebot: tens més recursos, generes més demanda. Pareix que serà la justificació per continuar creixent. Cal ser més eficients i tancar el cicle de l’aigua. No ens podem permetre tenir aquesta despesa de dessalació i depuració… i que l’aigua vagi a la mar. És un disbarat. S’ha de posar un límit al creixement i a la massificació. Tots els aqüífers de l’illa –inclosos els de Sant Antoni– es troben en una situació molt greu. Només se’n salven una mica els del nord d’Eivissa.

28.000 habitants i 15.000 places turístiques il·legals

Sant Antoni frega ara els 28.000 habitants, amb unes 15.000 places turístiques legals, però per l’alcalde Serra el seu planejament no és expansionista. Quin és el motiu? Redueix de gairebé 100.000 a poc més de 50.000 la població –resident i flotant– que podria assumir un terme municipal de 121 quilòmetres quadrats. A principis dels vuitanta, els redactors de l’actual PGOU van considerar que, entre vesins i turistes, hi podien arribar a dormir fins a mil persones per cada milió de metres quadrats. Una densitat que –reduïda als confins del poble de Sant Antoni, on viu amuntegat el 80% de la població, on es concentren la major part de turistes que acudeixen a un destí que el socialista Iago Negueruela, quan va ser conseller de Turisme, va intentar catalogar com “de excessos” per fomentar-ne la reconversió, però al qual l’alcalde Serra es va negar– no és tan lluny de les dels municipis de l’Horta Sud escombrats per l’onada de la DANA.

Per altres raons (macropolígons industrials, ser dormitoris de la gran ciutat) aquells pobles agrícoles també van créixer sense mesura fins a tapar la sortida de l’aigua cap a l’Albufera, un altre marjal, dels més importants que –encara– existeixen a la Península Ibèrica. En el seu estudi, el geògraf Prats indicava dos dades que, llegides avui, tenen una relació molt directa amb la barrancà valenciana. La primera, que quan es va inundar el Pla de Portmany, allà baix no plovia, i els vesins es dedicaven a les seues feines –pageses– sense estar excessivament preocupats. La segona, que les dos inundacions van tenir lloc els darrers dies d’octubre. Els 217 litres que es van acumular a les muntanyes eivissenques en poc més de vint-i-quatre hores van ser molts menys que els 771 que van caure sobre Turís i el seu pantà fa deu mesos, però foren a prou per desbordar els dos torrents que creuen la plana. Hi va haver danys materials molt quantiosos però, per fortuna, només dos morts. “Dos infants a causa d’un llamp”, diu l’estudi del geògraf Prats. Ara, el paisatge entre la muntanya i la mar és ple d’entrebancs que podrien ser una trampa.

“Si se produjera una inundación como la de 1958 en los días actuales, las consecuencias podrían ser muy graves debido al estado de los lechos de los torrentes y a la gran cantidad de obstáculos que encontraría el agua en su camino”. La frase es una de las más contundentes –y la competencia es alta– entre las que escribió Vicent Prats Ramon para elaborar un estudio sobre las inundaciones que se habían producido en el Pla de Portmany –una llanura de aluvión en el oeste de Eivissa– a lo largo del siglo XX. En 2013, cuando este geógrafo publicó su trabajo, causó cierto revuelo, y no precisamente por ganar algún premio, como el Nit de Sant Joan del Institut d’Estudis Eivissencs. Los mapas adjuntos dejaban muy claro que muchas de aquellas antiguas tierras de cultivo se habían llenado de cemento y hormigón. De viviendas y, también, de hoteles.

El texto miraba hacia atrás para preguntarse qué podría pasar en el futuro. La conclusión era, entonces, pesimista. Por realista: “La vulnerabilidad frente al riesgo de inundación todavía puede aumentar en la zona debido a que todo el frente marítimo del Pla (...) se prevé que se desarrolle urbanísticamente en el futuro (...) de manera que se obstruirá la salida natural al mar de la llanura de inundación. Resulta evidente que (...) podría provocar un aumento del peligro (...) porque supone limitar las posibles salidas al mar de la masa de agua a las nuevas calles previstas, lo cual provocaría incrementos de velocidad y altura del agua”. La conclusión es, ahora, más actual que nunca.

El Ajuntament de Sant Antoni de Portmany, gobernado por el PP, acaba de presentar el avance del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) que pretende desarrollar en los próximos años: varias de las parcelas que todavía siguen libres en aquella zona inundable que dibujó el geógrafo Prats mantienen su condición de urbanizables. ¿Qué planea construir este documento entre las desembocaduras de dos torrentes, unas tierras que hace apenas medio siglo se transformaron en una laguna y que, precisamente, por ser un depósito de aguas siempre fueron muy fértiles? Aparcamientos, jardines y otros equipamientos públicos que no se concretan. También, más hoteles.

¿Qué planea construir el nuevo Plan General de Ordenación Urbana del PP entre las desembocaduras de dos torrentes, unas tierras que hace apenas medio siglo se transformaron en una laguna? Aparcamientos, jardines y otros equipamientos públicos que no se concretan. También, más hoteles.

El equipo de gobierno elude responder

elDiario.es solicitó entrevistar a Marcos Serra Colomar, alcalde de Sant Antoni, o Eva Prats Costa, concejala de Urbanismo, para analizar el avance del nuevo PGOU, que ya está aprobado y, con la lentitud que dictan estos procesos, que suelen durar toda una legislatura, ha empezado a tramitarse. No hubo respuesta, sin embargo, de un equipo de gobierno que goza de una amplia mayoría absoluta: 12 regidores de 21.

En el pleno –celebrado el pasado 28 de agosto, y en la rueda de prensa en la que presentó las líneas maestras del avance del PGOU– el alcalde Serra ensalzó los que considera sus puntos fuertes: “Este plan no es solo crecimiento; es regulación. Regulariza núcleos rurales sin urbanizar, dota de servicios y amplía zonas verdes. Es una manera de responder a demandas sociales y económicas, y de preparar al municipio para el futuro. (...) Buscamos dar seguridad jurídica a los propietarios y generar planificación coherente, evitando que se multipliquen construcciones ilegales y sin control en los próximos años”. No hubo críticas explícitas al modelo heredado. Sí las hubo, en cambio, en el pleno: la oposición votó en contra. PSOE, Unides Podem y Vox estuvieron de acuerdo en criticar “la falta de transparencia”, “la ausencia de una memoria económica” o “el crecimiento a costa de permitir que se construya en zonas inundables”.

Este plan no es solo crecimiento; es regulación. Regulariza núcleos rurales sin urbanizar, dota de servicios y amplía zonas verdes. (...) Buscamos dar seguridad jurídica a los propietarios y generar planificación coherente, evitando que se multipliquen construcciones ilegales y sin control en los próximos años

Marcos Serra Colomar — Alcalde de Sant Antoni (durante el pleno del pasado 28 de agosto)

Casi cinco hectáreas edificables entre dos torrentes

El primer edil no agarró la patata caliente de esa franja situada entre los cauces que recogen el agua de las pequeñas montañas que, por el sur y por el norte, rodean al Pla de Portmany. El PGOU actual, aprobado en el 87 por un gobierno de derechas, con alcalde de Alianza Popular, lo propició, pese a que los políticos que controlaban el municipio eran lo bastante viejos como para recordar la crecida –de un metro– que había ocurrido tres décadas antes sin que sus mayores se la hubieran contado como si se tratara de una leyenda.

El PGOU que vendrá, si no sufre modificaciones durante su período de exposición pública y participación ciudadana, no lo enmienda, aunque el asunto está cogido con pinzas: los terrenos se muestran como zona potencialmente inundable en el visor de aguas del Govern –y también en el Plan Territorial Insular del Consell d’Eivissa–, pero no aparece en el registro de Áreas con riesgo potencial significativo de inundación del Ministerio para la Transición Ecológica. La puerta queda abierta en un municipio donde –según los últimos estudios de Idealista– se están vendiendo viviendas usadas a casi 7.000 euros el metro cuadrado. La zona inundable que podría urbanizarse ocupa nueve hectáreas, la mitad (45.000 metros cuadrados) son edificables.

“¿Qué podemos decir? Que tenemos muy mala memoria. La naturaleza, de vez en cuando, enseña sus papeles de propiedad y el agua alcanza el límite de su territorio fluvial. Es obvio que la desembocadura de un torrente, a cada lado, debe respetar una zona de flujo preferente. Es decir, debe de estar libre de construcción”, razona Juan Calvo Cubero. Este doctor en Ciencias Biológicas por la East Carolina University estadounidense y Máster en Gestión Integrada del Agua (Universidad de Zaragoza), posee experiencia en la gestión pública (fue secretario general de l’Agència Balear de l’Aigua –Abaqua–) y, desde 2017, coordina la labor de la Alianza por el Agua de Eivissa y Formentera, un colectivo que ejerce de lobby para conseguir “una gestión más sostenible” de este recurso hídrico.

¿Qué podemos decir? Que tenemos muy mala memoria. La naturaleza, de vez en cuando, enseña sus papeles de propiedad y el agua alcanza el límite de su territorio fluvial. Es obvio que la desembocadura de un torrente, a cada lado, debe respetar una zona de flujo preferente. Es decir, debe de estar libre de construcción

Juan Calvo Cubero — Doctor en Ciencias Biológicas por la East Carolina University y coordinador de la Alianza por el Agua de Eivissa y Formentera

“El sentido común dicta que sean espacios libres”

Calvo, que conoce el trabajo del geógrafo Prats, y sigue con detalle los planes de Sant Antoni para renovar un PGOU redactado hace casi cuarenta años, propone una alternativa a las intenciones municipales: “El sentido común dicta que el territorio entre el Torrent de Buscastell y el Torrent des Regueró sea convertido en espacios libres para que los disfrute la ciudadanía y, en esos momentos de grandes lluvias, puedan convertirse en una llanura de laminación y se pueda evacuar el agua de la forma más natural posible. El Reglamento de Restauración de la Naturaleza es una oportunidad para obtener fondos europeos para convertir lugares como esas desembocaduras en espacios verdes que tengan un valor para los ciudadanos”.

La conservación de marismas y marjales es otra de las especialidades de este biólogo. Su apunte, cuando habla de “espacios verdes” ni es caprichoso ni a jardines entre viviendas. Como también expone el estudio del geógrafo Prats, que, además de en bibliografía científica, se basó en conversaciones con personas nacidas entre 1929 y 1948 que recordaban las inundaciones del 58 –y los más mayores, otra sucedida en el 47–, antes de que los materiales de construcción levantaran muros en la orilla del Mediterráneo, Calvo invita a pensar en que la costa de Sant Antoni era muy distinta no hace demasiadas décadas. Donde hoy hay un paseo marítimo, palmeras, una playa, varias discotecas –cubiertas y descubiertas–, franquicias de comida rápida, pantalanes y muelles, un club náutico, y bloques –de hoteles y viviendas– alternándose con plantas bajas a las que se les sumó uno o dos pisos, hubo un humedal.

Donde hoy hay un paseo marítimo, palmeras, una playa, varias discotecas –cubiertas y descubiertas–, franquicias de comida rápida, pantalanes y muelles, un club náutico, y bloques –de hoteles y viviendas– alternándose con plantas bajas a las que se les sumó uno o dos pisos, hubo un humedal

Los más viejos del pueblo, como Vicent Marí Prats –nacido en 1935, hijo del último alcalde republicano de Sant Antoni, primer alcalde de la restauración democrática, por la UCD– recuerdan “haber pescado anguilas los días de lluvia” durante su adolescencia, a finales de los cuarenta. El boom turístico, una década más tarde, cuando la última gran inundación, cambió el panorama y las ocupaciones: Vicent Marí Prats no fue pescador, ni tampoco payés. Las tierras que heredó, conocidas como el Bosc d’en Frit por ser una pineda adaptada al cultivo que marcaba el final de la zona inundable, se fueron parcelando para llenarse de casas y hoteles, todavía gestionados por su familia.

Modificar el planeamiento para salvar los falsos urbanos

A los dos años de llegar a la alcaldía, el alcalde Serra salvó la condición de urbanas de aquellos solares ya urbanizados. Lo hizo, in extremis, modificando vía pleno el PGOU en vigor para evitar que el segundo Govern de Francina Armengol, de centroizquierda, decidiera, a través de un decreto urgente de protección de territorio, el futuro de unas porciones que encajaban perfectamente en lo que el derecho denomina como “falsos urbanos”. Un término elocuente: son suelos clasificados como urbanos pero carecen de los servicios básicos para serlo. Otros dos pedazos del mapa municipal se libraron de una posible protección. Uno fue la llanura de aluvión que tanto preocupa a las asociaciones ambientalistas. El otro, la vertiente norte de sa Talaia de Sant Antoni, un cerro de 136 metros que le da a las calles de este pueblo forma de tobogán. A apenas un kilómetro de distancia de esa falda donde se pretende permitir la construcción de casas unifamiliares, ahora mismo, se construye una desaladora portátil.

A los dos años de llegar a la alcaldía, el alcalde Serra salvó la condición de urbanas de aquellos solares ya urbanizados. Lo hizo, 'in extremis', modificando vía pleno el PGOU en vigor para evitar que el segundo Govern de Armengol decidiera, a través de un decreto urgente de protección de territorio, el futuro de unas porciones de suelos clasificados como urbanos pero que carecen de los servicios básicos para serlo

“No solo nos preocupa el exceso de salmuera sino la forma en que actualmente la desaladora vierte esa salmuera en la bahía, incumpliendo lo que la normativa indica. A día de hoy, y todo parece que si se amplía con una desaladora móvil próximamente que usará también la misma canalización de evacuación, la salmuera es vertida a pocos metros de la costa lo que ya ha provocado un desierto subacuático en la zona al arrasar con toda la flora y fauna que la habitaba”, explica Fran Tienda Pachón. Licenciado en Biología y profesor en uno de los institutos públicos de Sant Antoni, habla en nombre de Salvem Sa Badia, entidad que preside y que nació en 2019 con el propósito de frenar la degradación e impulsar la recuperación de la bahía. La misma media luna en la que desaguan los torrentes que estudió el geógrafo Prats y que en su estado actual (tierras cimentadas; acequias cegadas; conductos bajo las carreteras que han ido apareciendo en la superficie demasiado estrechos, demasiado inclinados) suponen un riesgo.

Residuos devueltos al mar

“Es sorprendente que tras tantas experiencias previas con este tema se sigan desarrollando planeamientos que no tengan en cuenta las salidas naturales del agua. Se impide la infiltración natural, aumenta la escorrentía superficial que arrastra contaminantes, se pierden ecosistemas de gran valor como humedales y reduce hábitats de aves, peces y especies acuáticas y favorece una mayor erosión de orillas”, continúa Tienda, que liga el agua natural que no llega con los residuos que la desaladora actual devuelve al mar: “Si el volumen de agua a desalar sigue aumentado por el aumento de la demanda, el efecto negativo de la salmuera se ampliará, pudiendo afectar a las zonas colindantes donde aún se pueden detectar organismos, algunos de ellos incluidos en los catálogos de especies protegidas y en peligro”.

Es sorprendente que tras tantas experiencias previas se sigan desarrollando planeamientos que no tengan en cuenta las salidas naturales del agua. Se impide la infiltración natural, aumenta la escorrentía superficial que arrastra contaminantes, se pierden ecosistemas de gran valor, reduce hábitats de aves, peces y especies acuáticas y favorece una mayor erosión de orillas

Fran Tienda Pachón — Licenciado en Biología, profesor y presidente de Salvem Sa Badia

Esa “desaladora modular”, como la llaman en la Conselleria de la Mar i del Cicle de l’Aigua, se sacó a concurso el pasado abril y se ha empezado a levantar en plena temporada turística. Su coste se cifró en un máximo de 786.000 euros. Los mil litros cúbicos que cada día podrá sacar del Mediterráneo e inyectar –sin sal– en las tuberías ibicencas pretenden “reforzar la producción de agua durante el verano y reducir la presión sobre los acuíferos”, como explicó la nota de prensa lanzada por el departamento del Govern del que depende Abaqua.

El gerente de esta agencia, Emeterio Moles, ha defendido la necesidad de la cuarta desaladora que funcionará en Eivissa –está prevista para principios de 2027, en Sant Josep de sa Talaia, y costará unos 50 millones de euros–, y el alcalde Serra confía en que esta planta evite lo que, sin ir más lejos, ocurrió durante el verano de 2024: las restricciones en la red que tuvo que aplicar Sant Antoni por falta de suministro. Y, de paso, abastecer a las casi 2.000 viviendas que el avance del PGOU contempla construir en suelos que se declararán urbanizables gracias a la ley del Govern de Marga Prohens (PP) que concede a los municipios de más de 10.000 habitantes el poder de construir las áreas libres que rodean los cascos urbanos. Entre esas nuevas casas, las primeras mil a precio tasado de las que dispondría un municipio que sufre un éxodo –silencioso– de población por el coste inasumible de la vida.

El nuevo PGOU contempla construir casi 2.000 viviendas en suelos que se declararán urbanizables gracias a la ley del Govern Prohens (PP) que concede a los municipios de más de 10.000 habitantes el poder de construir las áreas libres que rodean los cascos urbanos

“Creo que no tienen garantizado el suministro de agua”, apunta Juan Calvo, “porque nos consta que se reduce la presión para llevar agua a todas las casas. Sigue habiendo operadores privados con pérdidas importantes en la red. La desaladora portátil no deja de ser un parche. La capacidad de desalación de la isla son 44.000 metros cúbicos diarios y esta ampliación son 1.000 metros. Y aunque esté situada en Sant Antoni, no es sólo para ese municipio”.

–Con la cuarta desaladora parece que vamos hacia ese modelo, prácticamente una por municipio.

–Las desaladoras son una solución provisional para recuperar los acuíferos, nunca [deben destinarse] para crecer más. La desalación siempre llega tarde. Desde que se idea hasta que se construye suelen pasar diez años. Cuando entra en funcionamiento se produce un efecto rebote: tienes más recursos, generas más demanda. Parece que será justificación para seguir creciendo. Hay que ser más eficientes y cerrar el ciclo del agua. No podemos permitirnos tener este gasto de desalación y depuración… y que el agua vaya al mar. Es un despropósito. Hay que poner un límite al crecimiento y a la masificación. Todos los acuíferos de la isla –incluidos los de Sant Antoni– están en una situación muy grave. Sólo se salvan un poco los del norte de Eivissa.

28.000 habitantes y 15.000 plazas turísticas ilegales

Sant Antoni roza ahora los 28.000 habitantes, con unas 15.000 plazas turísticas legales, pero para el alcalde Serra su planeamiento no es expansionista. ¿El motivo? Reduce de casi 100.000 a algo más de 50.000 la población –residente y flotante– que podría asumir un término municipal de 121 kilómetros cuadrados. A principios de los ochenta, los redactores del PGOU actual consideraron que, entre vecinos y turistas, podrían llegar a dormir hasta mil personas por cada millón de metros cuadrados. Una densidad que –reducida a los confines del pueblo de Sant Antoni, donde vive apiñada el 80% de la población, donde se concentran la mayor parte de turistas que acuden a un destino que el socialista Iago Negueruela, cuando fue conseller de Turisme, intentó catalogar como “de excesos” para fomentar su reconversión, el alcalde Serra se negó– no está tan lejos de las de los municipios de l’Horta Sud barridos por la ola de la DANA.

Por otras razones (macropolígonos industriales, ser dormitorios de la gran ciudad) aquellos pueblos agrícolas también crecieron sin medida hasta tapar la salida del agua a l’Albufera, otro marjal. En su estudio, el geógrafo Prats indicaba dos datos que, leídos hoy, tienen una relación muy directa con la barrancà valenciana. El primero, que cuando se inundó el Pla de Sant Antoni, allí abajo no llovía, y los vecinos se dedicaban a sus labores –campesinas– sin estar excesivamente preocupados. La segunda, que las dos inundaciones ocurrieron en los últimos días de octubre. Los 217 litros que se acumularon en las montañas ibicencas en poco más de veinticuatro horas fueron muchos menos que los 771 que cayeron sobre Turís y su pantano hace ahora diez meses, pero bastaron para desbordar los torrentes del Pla de Portmany. Hubo daños materiales muy cuantiosos pero, por fortuna, sólo dos muertos. “Dos niños alcanzados por un rayo”, dice el estudio del geógrafo Prats. Ahora, el paisaje entre el monte y el mar está repleto de trabas que podrían ser una trampa.

Los embalses andaluces superan la barrera del 60% de su capacidad de almacenamiento después de ganar 64 hectómetros cúbicos en la última semana, según los datos facilitados por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, consultados por Europa Press. Así, son aproximadamente 69 hm3 que han ganado las reservas de la región en Semana Santa si se añaden los cinco hectómetros cúbicos que sumaron entre el día 8 de abril y el Martes Santo.

La comunidad no alcanzaba este registro de almacenamiento desde hace casi siete años. En 2018, tras las ingentes precipitaciones de marzo --el más lluvioso de la serie histórica-- se recuperaron los embalses hasta superar el 60% de capacidad. En 2020, ya distantes los pantanos de ese nivel, continuó un descenso acentuado por la sequía que, con altibajos, llevó a las reservas a estar por debajo del 20%.

Con los embalses al 60,02%, las reservas superan en 16,6 puntos el porcentaje registrado a esta altura de 2024, cuando se encontraban con 4.813 hm3 y al 43,4% de su total. De igual manera, los embalses contabilizan 4.508 hm3 más en relación a los 2.143 hm3 con los que empezó 2024. Entonces, los pantanos se situaban al 19,3% de su capacidad, 40,7 puntos por debajo del nivel actual.

Además, las reservas andaluzas siguen superando la media de los diez últimos años. En concreto, se sitúan 829 hectómetros cúbicos por encima del conjunto del periodo, con una media de 5.822 hm3 y un nivel del 52,5% de su capacidad. Una semana más, todas las demarcaciones vuelven a encontrarse por encima de los valores medios de la última década.

La cuenca del Guadalquivir gana 39 hm3 y la Mediterránea 17 hm3

Sobre los últimos datos proporcionados por el Ministerio, los embalses de la cuenca del Guadalquivir, mayoritarios en la región, albergan ya 4.877 hm3, tras ganar 39 hm3 en siete días. Con esta subida, alcanzan el 60,7% de su capacidad y superan la media de los diez últimos años (4.146 hm3). En comparación con el año anterior, esta reserva de agua ha ganado 1.121 hm3, pues la cantidad de agua acumulada en estas fechas se situaba en 3.756 hm3 en 2024.

La Cuenca Mediterránea Andaluza asciende al 55,5% de su capacidad, tras ganar 17 hm3 en una semana y llegar a los 652 hm3 registrados. Su reserva presenta 294 hm3 más si se compara con la misma semana del año 2024, cuando se situaba en 358 hm3. Además, supera la media de los últimos diez años (597 hm3).

Los embalses del Tinto, Odiel y Piedras en Huelva, por su parte, han ganado un hectómetro cúbico y ascienden a los 211 hm3, con sus reservas al 92,1%. Siguen también por encima de la media de los últimos diez años (189 hm3) y cuentan con 16 hm3 más que en la misma semana de 2024, fecha en la que alcanzaban 195 hm3.

La demarcación hidrográfica que incluye los embalses de Guadalete-Barbate en Cádiz ha ganado cinco hm3 esta semana, ya que, según el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, contabiliza 911 hm3. De este modo, se sitúa al 55,2% de su capacidad total. La reserva cuenta actualmente con 407 hm3 más que en la misma semana de 2024, cuando se situaba en 504 hm3, y se mantiene por encima de la media de los últimos diez años (890 hm3).

La reserva hídrica española está al 75,6% de su capacidad total y los embalses almacenan actualmente 42.343 hectómetros cúbicos de agua, aumentando en la última semana en 865 hectómetros cúbicos (el 1,5% de la capacidad total actual de los embalses).

Emivasa, l’empresa que administra el subministrament d’aigua a la ciutat de València i a la seua àrea metropolitana, no ha volgut quedar-se arrere en la digitalització del seu servei. I ara els usuaris que siguen titulars d’un comptador o més podran gestionar les seues factures a través d’una aplicació anomenada Global Omnium, epònim de l’entitat especialitzada en la gestió integral de l’aigua. “Volem estrényer relacions amb els clients, ser més àgils i fer un pas més en la sostenibilitat”, ha assegurat el CEO de Global Omnium, Vicente Fajardo, que, juntament amb el regidor del cicle de l’aigua de l’Ajuntament de València, Carlos Mundina, i la primera tinenta d’alcalde i presidenta d’Emivasa, María José Ferrer, aposten per deixar arrere la factura en paper.

L’eina digital, ja disponible a través de l’App Store per a iPhone o en Play Store per als dispositius Android, podrà avisar els ciutadans, amb notificacions emergents, d’una possible fuga que estiga produint-se en els seus habitatges; donar-se d’alta o de baixa; saber els consums que van tenint o canviar-se de domiciliació bancària: “Hi ha més de 40.000 titulars amb més d’un comptador, i si tenen una casa buida, l’aplicació els avisarà de qualsevol problema quasi en temps real. A més, per als administradors de finques serà una manera de facilitar la seua tasca”, ha subratllat el regidor del cicle de l’aigua, que també ha posat el focus en les persones majors, un dels sectors que més pateixen la bretxa digital i a qui, segons ell, “des de l’empresa se’ls facilitarà tota la informació” per a migrar les seues dades a l’aplicació. “La factura de l’aigua ens permetrà saber què paguem i identificar el que consumim”, ha emfatitzat.

Entre les novetats d’aquesta nova eina, l’accés es podrà fer a través de dades biomètriques com l’empremta dactilar o per reconeixement facial; activar alertes per consum excessiu; interactuar amb les factures per a pagar-les i navegar per a veure les franges horàries fent scroll. “Els avisos en la pantalla de cada dispositiu t’alerten de noves factures, consum continuat i consum elevat, com és el cas de les fugues. Cal habilitar aquesta opció dins de la mateixa aplicació”, ha destacat el tècnic present en la roda de premsa, que s’ha encarregat d’explicar el funcionament de Global Omnium. Al seu torn, també ha volgut tranquil·litzar les persones que temen per les seues pròpies dades: “Les empremtes dactilars o la cara per a desbloquejar l’aplicació es queden en el telèfon mateix, l’empresa mai tindrà accés a aquesta informació”.

En aquest sentit, els clients podran contactar amb els agents mateixos de l’empresa a través d’un xat habilitat en l’aplicació, un formulari o per telefonada. Amb això, i segons ha avançat Fajardo, pròximament es “posarà en marxa un web virtual amb més informació”: “Actualment, hi ha 160.000 usuaris que utilitzen la factura electrònica, cosa que representa al voltant del 33% dels clients totals de València”, ha puntualitzat el CEO, que posteriorment ha destacat l’acord amb Dacia per al sorteig d’un cotxe elèctric com a “incentiu” perquè la gent faça el salt a la digitalització. Tal com ha ressaltat Ferrer San Segundo, “la intel·ligència artificial i la tecnologia ja no són el futur, sinó que estan ací per a afavorir més informació, transparència i accessibilitat per a la ciutadania a través d’una col·laboració publicoprivada”, i ha sentenciat amb un dels lemes d’Emivasa: “El teu consum d’aigua, a la mà”.

En el marco de la semana del agua, el Ayuntamiento de València con la colaboración de Global Omnium (Aguas de Valencia) y Emivasa, empresa que gestiona el suministro de agua potable en la ciudad de València y en sus áreas metropolitanas, han desarrollado una serie de actos de “información, concienciación y promoción de un bien tan preciado como es el agua”. Entre los ponentes de la primera actividad bajo el título de “Valencia: ciudad respetuosa con el agua”, encabezada por Amparo López Jiménez, catedrática de Ingeniería Hidráulica de la Universitat Politècnica de Valencia, también han estado presentes Carlos Mundina, concejal del ciclo del agua del Ayuntamiento de València, junto a Dionisio Garcia Comín y Vicente Fajardo, CEO y director general de Global Omnium, respectivamente. “Daremos formación a los alumnos de distintos institutos para formarles en el ahorro del agua y a través de charlas en universidades populares. El proceso de potabilización del agua es importante para que no tengamos ningún problema cuando abramos el grifo y salga agua en cantidad y con la presión necesaria. Hay detrás un trabajo muy importante”, subrayó Mundina.

El concejal también ha asegurado que la digitalización con tecnología puntera en la red de agua potable y las “inversiones en la planta potabilizadora de Manises con este tipo de sistemas” han captado el interés de otros países: “Hay ciudades europeas como Florencia o Niza, e incluso de Estados Unidos o Canadá que vienen a copiar el gemelo digital de Emivasa que se retroalimenta con la gestión del agua en la ciudad metropolitana”, ha concretado. Y ha añadido que el sistema es eficaz al 90% y existe un margen reducido de fugas. “El saneamiento es fundamental y debe centrarse en evitar vertidos al medio natural e intentar reutilizar el agua que ha sido tratada. En la Comunitat Valenciana somos ejemplo de ello. En el Ayuntamiento tenemos una red de baja que proviene del nivel freático que empleamos para el riego de los jardines, las fuentes y el baldeo de las calles. Estamos siendo sostenibles porque no usamos agua potabilizada para estas funciones ”, ha destacado.

Asimismo, García Comín ha añadido que “se intentará reaprovechar el agua de las depuradoras”, haciendo referencia a la de Pinedo como una de las que vierte “más aguas ganadas al mar” (reutilización de aguas residuales tratadas): “Hay un campo de mejora por delante. Es importante unir esfuerzos con administraciones y universidades”.

Digitalización de la red de agua

En el turno de Amparo López Jiménez, catedrática de Ingeniería Hidráulica de la Universitat Politècnica de Valencia, la experta ha iniciado su ponencia con una pregunta retórica a los medios y autoridades presentes: “¿Somos respetuosos o comprometidos con el agua que consumimos?”.

Con ello, López Jiménez ha enfatizado la necesidad de pasar de una estructura de gestión lineal a una circular para ser sostenibles: “Para saber si estamos haciéndolo bien, tenemos que pensar qué estamos haciendo con el drenaje, la energía, los sistemas o el tratamiento de los datos”.

En línea similar, la catedrática ha asegurado que para “optimizar el sistema como lo está consiguiendo Emivasa” habría que sectorizar, monitorizar, reutilizar los recursos, digitalizar el modelo con tecnologías como la del gemelo digital, difundir y recuperar el agua usada para lograr una ciudad comprometida con este medio: “Hay que trabajar con menos presión para controlar las fugas; optimizar la cantidad de cloro; seguir montitorizando al día; implemenar un sistema híbrido para las siguientes generaciones; o poner en valor la relevancia del agua”. Posteriormente ha señalado que se está actuando en cuanto a la reutilización del producto: “Estamos poniendo cada vez más paneles solares y recuperando energía en presas como la de El Relón (Picassent)”.

Con ello, López Jiménez también ha querido poner de relieve la digitalización del sistema. “Necesitamos sensorizar y cuantificar; implementar un sistema que te ayude a tomar decisiones en función de datos registrados; y especialmente, dar paso al modelo del gemelo digital porque ahora podemos calibrar en tiempo real y que tome decisiones por ti, a diferencia de los años 90, hecho que no sería posible si no se hubiese modelizado en esta época para poder avanzar ahora”.

Como cierre de la charla, la catedrática de la UPV ha asegurado que en València “se están implementando sistemas urbanos de drenaje sostenibles y se está trabajando en la depuración”, y fundamentalmente, que existe una “magnífica red de baja presión que es un baluarte de la sociedad y que tenemos que guardar para los que vienen como un regalo único”.

Actividades programadas

El martes 25 a las 9:15 se celebrará en el Parque del Oeste una jornada medioambiental dirigida a 100 estudiantes de Educación Primaria en la que se realizarán seis talleres de 15 minutos, en colaboración con la Unión de Personas Consumidoras de la Comunidad Valenciana; AVACU; Fundación de la Energía; Homoludicus; y el Observatorio del Cambio Climático. Ya por la tarde, sobre las 16:00 horas, La Universidad Popular de Russafa acogerá una jornada dedicada a la promoción del consumo de agua del grifo.

Para el miércoles 26, se presentará una nueva aplicación de Emivasa que facilitará al usuario la gestión del servicio de agua contratado. Durante la jornada, se ha programado una visita de la Federación de Asociaciones Vecinales de València a la Estación Depuradora de Agua Potable ETAP El Realón, y tras esta primera parada, se ha previsto una segunda visita a la Estación de Control del Saneamiento de València para explicar el servicio de alcantarillado y la tecnología aplicada. Por la tarde, a las 17.30 horas, la Universidad Popular de Russafa acogerá una jornada formativa sobre la sequía.

La programación continuará el jueves 27 con una visita del estudiantado del IES Federica Montseny a la Potabilizadora de El Realón, donde podrán “conocer el proceso de potabilización del agua, desde su su captación hasta su distribución, así como las tecnologías y controles de calidad que garantizan un suministro seguro”. Esta actividad se repetirá el viernes 28 con el alumnado de Formación Profesional en Química y Salud Ambiental del CIFP Blasco Ibáñez. Finalmente, el viernes 28 los alumnos y alumnas de tercero y cuarto de Primaria del CEIP La Fonteta participarán también en una jornada educativa donde descubrirán el ciclo urbano del agua a través de juegos interactivos.

La peor sequía desde que existen registros en Catalunya toca a su fin. Aunque la Generalitat pide prudencia, los pantanos de las cuencas internas se encuentran ya al 50% y los del sistema de ríos Ter-Llobregat, que son los que abastecen al área metropolitana de Barcelona, superan los 300 hm3, el umbral para eliminar todas las restricciones. 

Han sido más de tres años de sequía, que obligaron a decretar la emergencia por primera vez en la historia de la comunidad –en febrero de 2024–, y que dejan unas cuantas lecciones a la Administración y al conjunto de la ciudadanía de cara a futuros episodios de escasez de lluvias y de reservas hídricas. Algunas de ellas tienen que ver con las infraestructuras y las redes de distribución del agua, pero otras son de mayor calado y afectan al modelo económico en un contexto de creciente emergencia climática. 

1. ¿Más sequías con más demanda de agua?

Catalunya comenzó a entrar en 2021 en su peor sequía cuando no habían pasado ni 15 años del último gran episodio de escasez, el de 2008, que casi obligó a abastecer Barcelona con barcos cisterna. No solo los períodos de falta de lluvia son consustanciales al clima mediterráneo, sino que el calentamiento global agravará la falta de agua, principalmente porque el aumento de las temperaturas favorecerá su evaporación. 

“Es una realidad que ha venido para quedarse, así que la gestión y la planificación hídrica deben ser una prioridad de país número uno”, señala Dante Maschio, ambientólogo y portavoz de la entidad Aigua és Vida. Es en los períodos de bonanza cuando hay que planear la gestión de las sequías, señalan todas las fuentes consultadas, y esto pasa por mejorar las infraestructuras de captación, abastecimiento y regeneración de agua, pero también por revisar cuál es el modelo económico y agrario de Catalunya y cuánto puede crecer la demanda hídrica. 

El Plan de Gestión vigente de las cuencas fluviales –ahora se empieza a redactar el nuevo– estima aumentos de consumo doméstico y de la industria del ocio y el turismo de hasta un 20% y un 25% de cara a 2039 en los escenarios de mayor crecimiento. No así en la agricultura, donde se espera que la evolución sea estable. “Vivimos en una zona en la que llueve poco y debemos adaptarnos, no podemos seguir creciendo y compensándolo con más desaladoras, porque consumen muchísima energía y no es sostenible”, señala Xavier Sánchez Vila, catedrático de Hidrología de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). 

Reducir el consumo de agua no es sencillo y se debe planificar con tiempo. Prueba de ello es que desde el inicio de la sequía, entre 2021 y 2023 –todavía no hay datos de 2024, el año con más restricciones– el ámbito doméstico y el industrial bajaron su gasto solo un 1%. En la comarca del Alt Empordà, la que aplicó antes restricciones, el descenso fue del 8%.

2. ¿No depender de los pantanos es posible?

La Generalitat se ha fijado como horizonte 2027 para poder abastecerse en un 70% de agua que no dependa de los pantanos. Con la ampliación de la desaladora del río Tordera y las nuevas de Foix y Alt Empordà, la capacidad de desalación pasará de los 80 hm3 actuales a 185 hm3. Pero esta producción de agua está pensada solo para períodos de sequía. A ello hay que añadir el impulso del agua regenerada, con la vista puesta especialmente en el río Besòs. 

Suele repetir el Govern que trabaja para que el abastecimiento de agua en Catalunya deje de depender de la lluvia, una afirmación que no gusta a académicos y entidades ambientales. Discrepan de la Administración particularmente sobre el papel de las desaladoras, que consideran poco sostenibles, pero sí coinciden en que hay que impulsar la reutilización y regeneración del agua para uso doméstico e incluso agrícola. En 2023 esta fuente hídrica alcanzó cifras de récord: 81 hm3, el doble que en 2019. Además del 50% destinado al uso ambiental, el 13% fue agrícola y el 11%, recreativo.

3. ¿Cuánto gasta el turismo?

La Generalitat ha cerrado tres años de sequía sin haber conseguido calcular –o, si lo ha hecho, no ha sido público– cuánto consume el sector turístico. Debido a la presión ciudadana a medida que avanzaban las restricciones, la Administración se comprometió a separar lo que beben hoteles y campings de los demás consumos domésticos (puesto que, al pertenecer todos a la red de distribución en baja, se ponían en el mismo saco). Sin embargo, esos trabajos están pendientes de presentar. 

Con todo, las quejas sí llevaron al Govern a modificar el Plan Especial de Sequía para introducir restricciones específicas por cada plaza turística, aunque no se llegaron a aplicar gracias a que mejoró la situación antes del verano de 2024. “Si seguimos aumentando el número de turistas de forma desmesurada, el territorio, incluida el agua, serán insuficientes”, señalaba esta semana el climatólogo Javier Martín Vide en una entrevista en elDiario.es.

4. Descontrol en el consumo por municipios

Otro balance gris de la sequía ha sido la gestión de los umbrales máximos de consumo doméstico por municipios. Durante gran parte del tiempo, el porcentaje de pueblos y ciudades que incumplían la dotación de agua permitida alcanzó el 40%. Tal fue el desajuste y la cantidad de sanciones impuestas por la Generalitat, que el Ejecutivo entrante de Salvador Illa acabó por perdonar las multas a los ayuntamientos.

“Como la gestión del agua en la mayoría de municipios está privatizada, cuando ha tocado reducir los consumos muchos concejales no tenían ni idea de cómo funcionaba, porque lo habían confiado a las empresas”, denuncia Maschio. Con todo, una nota positiva de la gestión municipal ha sido que actualmente la práctica totalidad de los ayuntamientos de más de 20.000 habitantes tiene aprobado y validado su plan de sequía. 

5. Guerra a los escapes en la red 

En tiempos de escasez han quedado en evidencia aquellos municipios que perdían una gran cantidad de agua a lo largo de su red, con mención especial para la fuga por la que llevan saliendo 18.000 litros diarios desde hace 20 años en Badalona (ahora por fin en reparación). “Había municipios con pérdidas superiores al 40%, pero también es cierto que este porcentaje podía incluir no solo fugas, también consumos no contabilizados, estafas, ayuntamientos sin contador…”, enumera Sánchez Vila. 

La voluntad de poner orden a las pérdidas hídricas es uno de los balances que administración y expertos consideran favorable. La Generalitat ha invertido 128 millones que han mejorado la eficiencia de la red en 707 municipios. Además, el 92% de las empresas públicas y privadas de gestión de agua han presentado ya la auditoría de fugas obligatoria.

6. El modelo agrícola, a debate

El riego agrícola supone el 30% del consumo de agua en las cuencas internas catalanas (en la del Ebro, que no depende de la Generalitat, llega al 90%). Con el plan de sequía, y al alcanzar el estadio de emergencia, el riego se ha llegado a reducir un 80%. En la zona del Alt Empordà, esto ha supuesto que los agricultores se quedaran prácticamente sin agua durante las campañas de verano de 2023 y 2024, lo que les obligó a renunciar a la técnica de la inundación (para cultivos como alfalfa o maíz) y recurrir a cultivos más de secano. 

Los agricultores se han sentido maltratados en comparación con otros sectores como la industria y el turismo, con menos restricciones. “Tú puedes estar un año sin regar, y es como si perdieses una cosecha por otro motivo, pero dos seguidos ya es mortal; en zonas de huerta es inviable”, señala Germán Domínguez, responsable de Agua de Unió de Pagesos. Este agricultor reconoce que la emergencia climática empeorará los recursos hídricos y que hay que actuar para modernizar canales y facilitar pozos. 

Algunas voces plantean también revisar si es sostenible el modelo de riego por inundación –que requiere mucha agua– en algunas zonas, como precisamente el Empordà. Sánchez Vila pide invertir más en conseguir sistemas de riego y tipos de cultivo que consuman menos, así como aumentar también la regeneración de agua para este cometido. 

Durante la sequía, la Generalitat ha destinado 8,6 millones de euros a compensar pérdidas a agricultores, de los que el 75% se han concentrado en solo cuatro comarcas: Alt Empordà, Baix Empordà, Gironès y Baix Camp. En cuanto a los ERTE por sequía, han sido testimoniales: solo se han tramitado 20 con una afectación de 70 trabajadores. 

7. Empordà y Baix Camp, puntos negros

Las dos zonas cero de la sequía han sido las que dependen de dos embalses pequeños, Darnius-Boadella (que abastece el Alt Empordà) y Riudecanyes (para el Baix Camp). El tamaño de estos dos pantanos hace más vulnerables ambas comarcas, que han estado en emergencia durante varios meses y con las reservas bajo mínimos. 

En el Alt Empordà, aunque existe además el acuífero Fluvià-Muga, que también ha bajado a niveles de emergencia, el problema añadido es que es una zona con mucha demanda de agua. “Hay una agricultura muy intensiva de maíz y macrogranjas, sumado todo ello a la masificación turística”, diagnostica Maschio, que se opone a la instalación de la nueva desaladora prevista hasta que no se analice al menos el consumo asociado al modelo económico. 

En el caso del de Riudecanyes, actualmente está sobre la mesa darle oxígeno (sobre todo a sus regantes) con el plan de regeneración de agua de la depuradora de Reus. 

El día 22 se celebra el Día Internacional del Agua y nos preguntamos cómo cada vez son peores los datos que tenemos sobre nuestros recursos hídricos y el tratamiento de las aguas, elemento fundamental para mantener los “paisajes culturales” en nuestra región. A los triunfalistas datos que marcan titulares del gobierno regional sobre la defensa de las aguas del Tajo frente a la política de transvases heredada de anteriores administraciones o la denuncia de la contaminación de las aguas de la cuenca del Tajo por parte de la industria, la agricultura o los habitantes de la Comunidad Autónoma de Madrid contrastan con los otros que dan las agencias medioambientales europeas, los grupos ecologistas o las plataformas de defensa de los ríos de nuestra comunidad.

La propia Mercedes Echegaray Giménez, directora de la Agencia del Agua de Castilla-La Mancha, organismo adscrito a la Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural deja entrever que, efectivamente, los acuíferos están sobre explotados y la contaminación de nitratos se extiende cada vez más, que los caudales de los ríos son escasos y contaminados, que las aguas superficiales -la mayoría afloración de los acuíferos subterráneos- evidencian los efectos de la sobreexplotación y la sequía, o que las depuraciones de las aguas residuales no cumplen los estándares que marcan las directivas de la Unión Europea. 

Los acuíferos están sobre explotados y la contaminación de nitratos se extiende cada vez más

La preocupación por el estado de las aguas en nuestra región también la ha reflejado las manifestaciones que el secretario de Estado de Medio Ambiente Hugo Morán ha hecho en la I Jornada Técnico-Jurídica ‘La gestión de las aguas subterráneas en las masas declaradas en riesgo’, que la Confederación Hidrográfica del Guadiana ha organizado en Ciudad Real con la colaboración de la Escuela de Ingeniería de Caminos de la Universidad de Castilla-La Mancha. Todo ello a falta de conocer el documento definitivo del marco de actuaciones para la recuperación de las Tablas de Daimiel, que el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico está desarrollando junto al Gobierno de Castilla-La Mancha, gestor y responsable de los planes de mantenimiento del equilibrio hídrico.

En la Historia de la humanidad el agua significa la vida, y solo ella determina los lugares habitables. Se nos dice que los recursos hídricos son hoy un elemento fundamental de la geoestrategia de los países, recurso esencial que hay que tener para que un pueblo, un país, tenga autonomía y goce de plena libertad. Y estamos cercenando nuestro futuro cuando miles de pozos -legales e ilegales- extraen más agua que la que reponen los ciclos naturales, cuando no se pone coto al uso de plaguicidas y abonos tóxicos, cuando se favorece la extensión de explotaciones ganaderas intensivas altamente contaminantes, o cuando no se realizan políticas serias de depuración de residuos, haciendo -datos oficiales- que el 85 % de las masas de agua subterráneas estén contaminadas.

Pero hoy no sólo vamos a pedir responsabilidades a políticos, que en este asunto acumulan un débito que será difícilmente asumible dado el historial de incumplimientos, sino que recurrimos a la responsabilidad ética (y la moral) de los miles y miles de usuarios del agua, ya como agricultores, ganaderos o como meros consumidores. 

Recurrimos a la responsabilidad ética (y la moral) de los miles y miles de usuarios del agua

En el Génesis [1:26-31] Dios ordena al ser humano con palabras bíblicas “llenad la tierra y sometedla”, mandato que se extiende a animales y plantas, pero no a las aguas. La interpretación bíblica se transformó con Francisco de Asís, el hermano de los seres vivos veía el reflejo de la divinidad en las aguas cristalinas de ríos y lagos, y su espiritualidad transmitía un mensaje de respeto y cuidado hacia la naturaleza. 

El Papa actual así lo ha evidenciado denunciando los atentados contra la naturaleza que provocan, entre otras cosas, la crisis climática en la que estamos inmersos. El 24 de mayo de 1915 publicó una encíclica papal Laudato si’ que dedica todo un capítulo a la “cuestión del agua”. El pasado mes de junio, con motivo de la Jornada Mundial de Oración para el cuidado de la Creación ha denunciado que la naturaleza “está esclavizada y se encuentra incapacitada para realizar aquello para lo que fue concebida” por “los abusos del hombre”. Unos meses antes, en octubre de 2023 exclamó: “El agua debe ser salvaguardada y gestionada de manera sabia, cuidadosa y sostenible, para que todos puedan disfrutar de ella para satisfacer sus necesidades sustanciales”, 

El arzobispo de Toledo, Francisco Cerro Chaves, ha creado, siguiendo la estela de la encíclica papal citada, una “delegación diocesana para el Cuidado de la Creación”, que hasta el momento ha realizado tareas de repoblación, de colaboración en la conservación de especies amenazadas, campamentos de formación o jornadas de oración. Pero la acción sobre la naturaleza no debe restringirse a estas acciones puntuales. La iglesia católica pese a que la ha utilizado el agua en su liturgia, es parte fundamental en la simbología catequética y teológica, nunca ha hablado a sus fieles de “los pecados del agua”, que cometen muchos de los fieles al considerar permisible extraer ilegalmente agua para el riego, contaminar a sabiendas los acuíferos y las escorrentías, consumir en exceso el agua o no colaborar en la oportuna depuración de las mismas. 

La formación de los futuros sacerdotes en los seminarios, las cartas pastorales y las exhortaciones deberían ser más explícitos a la hora de abordar las conductas de miles de los fieles de la diócesis que con su comportamiento individual o colectivo, hacen que nuestras aguas cada vez sean más escasas y estén más contaminadas.

El hidrógeno verde es una tecnología emergente que precisa de energía y agua para poder producirlo. Mediante un proceso de electrólisis, que separa el hidrógeno del agua utilizando electricidad proveniente de fuentes renovables, se obtiene este combustible. Sin embargo, este proceso supone un alto consumo energético y de recursos hídricos, por cada kilogramo de hidrógeno producido se requieren unos nueve litros de agua, aunque esta cantidad varía en función de la tecnología utilizada.

Aragón es uno de los territorios elegidos para desarrollar proyectos con los que obtener este combustible. Al igual que ocurre con los centros de datos, el consumo eléctrico e hídrico que suponen genera dudas sobre su sostenibilidad. A este respecto, la Fundación Renovables ha elaborado un informe en el que pone el foco en la dimensión de estas instalaciones para evaluar su viabilidad: 'Proyectos de H2, ¿El tamaño importa?'.

Actualmente, en España, el 82% del agua se destina al riego, mientras que el sector industrial consume solo un 5,8%. La producción de hidrógeno podría aumentar esta demanda. La provincia de Teruel va a ser escenario de una de estas plantas, cuya instalación principal estará en Andorra: el proyecto Catalina. Según recoge el informe de la Fundación Renovables, esta instalación consumiría entre el 8% y el 10% del abastecimiento total de Aragón.

Los pliegos determinan que el sistema de aguas que alimente la planta tendrá un caudal de 614 m³/h que se destinarán a los sistemas de desmineralización del agua y de refrigeración. Por tanto, el proyecto prevé que anualmente se consuman 5.246.000 m³ de agua. Si se compara con el dato de consumo para sectores económicos, el consumo previsto es del 20,7% del total para esas actividades productivas y del 3,7% del total de abastecimiento de agua para Aragón. Sin embargo, desde la Fundación calculan que en la fase 2 aumentaría “notablemente el consumo de agua de la zona, ya que sería necesario entre el 21% y el 42% del abastecimiento de agua a los sectores económicos”.

La previsión es que empiece a funcionar en diciembre de 2027 y su objetivo es conectar los electrolizadores de Andorra con una planta de amoníaco de Sagunto a través de una tubería de hidrógeno que aún no forma parte de los proyectos presentados. Se trata de un megaproyecto liderado por un consorcio formado por Copenhaguen Infraestructure Partners (CIP), Enagás Renovable, S.A. y Fertiberia, con una inversión total de capital asciende de 2.350 millones de euros.

Según denuncia la Fundación Renovables en su informe, en los pliegos no aparece qué tecnología de electrolizador se implantará, lo que afecta al consumo eléctrico de la planta. Para hacer frente al consumo eléctrico necesario, tendrán que “instalar más capacidad renovable en la zona, la suficiente como para que las energías limpias supongan el 90% de electricidad de la red, de acuerdo con la normativa, o la planta se verá obligada a realizar acuerdos de compra de electricidad”.

La fase 2 está prevista en 2030 y aumentaría en cinco o seis horas el tiempo de funcionamiento de la planta, lo que supondría “en el mejor de los casos, las tecnologías renovables tendrían que estar funcionando prácticamente todas las horas del año (8.342 h de 8.760 h) y en el resto de los casos las exceden, lo que hace que resulte imposible que los electrolizadores funcionen únicamente con la energía proporcionada por estas plantas”. En el informe consideran que sería necesario “hacer un acuerdo de compra de energía o instalar más renovables con sistemas de almacenamiento” y, si se mantiene la misma proporción de energía eólica y solar con la que cuenta el proyecto actualmente, “supondría la instalación del equivalente al 20% de la potencia eólica y fotovoltaica actual en España, para un único proyecto de producción de hidrógeno”.

La Fundación Renovables compara este proyecto con otro que se va a desarrollar en Zaragoza, el Pillar. Ubicado en los municipios de El Burgo de Ebro, Fuentes de Ebro, Quinto y Azaila, su objetivo es generar 8.800 toneladas anuales de hidrógeno renovable en su segunda fase, con una inversión total de 179,7 millones de euros.

El hidrógeno producido se destinará a la industria química, a la movilidad sostenible con autobuses de hidrógeno y a la inyección en la red de gas natural. Su consumo eléctrico representará entre el 4% y el 7% de la demanda de Zaragoza.

Con los valores estimados por la Fundación Renovables, la entrada en operación de la fase 1 del proyecto supondría un 5% (495 GWh) de la que se consumió en Aragón en 2023 (10.064 GWh). Si se compara con los datos de Zaragoza, estaríamos hablando del equivalente al 4% de la demanda para la fase 1 y el 7% para la fase 2, tomando valores medios. La electricidad renovable supondría entre un 2% y un 4% de lo que se genera actualmente para abastecer a toda la provincia y exportar al exterior.

En cuanto al consumo de agua, los pliegos del proyecto recogen que está previsto que la operación de la capacidad instalada de electrolizadores conlleve una captación de agua del Canal Imperial de Aragón de 900.000 m³ (0,9 hm³) y un rechazo de 70.000 m³. El impacto de este proyecto es mucho menor, supondría el 3,4% del consumo de Aragón en los sectores económicos. 

Planes del Miteco y de Enagás

La Fundación Renovables pone el foco en su informe en el tamaño de los proyectos de hidrógeno verde que se van a desarrollar en España. Considera que el país está “sobredimensionando sus objetivos para la producción de hidrógeno a nivel nacional y regional”.

El Ministerio de Transición Ecológica (Miteco), según el análisis, proyecta a través del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) instalar 12 GW de electrolizadores a finales de década, “sin dar cifras de la demanda a cubrir”. Exponen en el informe que para cumplir esta meta sería necesario “instalar hasta cinco veces más potencia renovable de la actual”.

Este objetivo supondría destinar 51.000 hectáreas de territorio a instalaciones renovables para producir H2. Además, haría falta usar 13 hm3 de agua al año, un dato que equivale al consumo diario de agua urbana en toda España.

Si consideran las proyecciones del PNIEC “sobredimensionadas”, los datos de Enagás “están alejados de toda realidad”. La empresa –que es la gestora de todo lo relativo al hidrógeno en España– pronostica un potencial máximo de 74,3 GW de H2 en España para 2030. Para llegar a cumplir este objetivo, “España debería destinar más del 100% de la potencia renovable instalada en la actualidad únicamente a producir hidrógeno”.

Con estos datos, habría que destinar entre 396.000 hectáreas y 552.000 hectáreas a instalaciones renovables destinadas a producir H2, lo que equivale a ocupar hasta un 2,3% del territorio español para producir hidrógeno. Por lo que se refiere al uso de agua, se emplearían anualmente 176 hm3, el equivalente al consumo anual de agua de todo el País Vasco. Destacan también las diferencias en las proyecciones con los países vecinos, Francia y Portugal, que planean una capacidad de 6,5 GW y 5,5 GW respectivamente. Ambos países suman juntos la misma capacidad instalada de H2 para 2030 que la prevista por España en el PNIEC. 

Conclusiones del informe

Desde la Fundación Renovables se plantean si tiene sentido esperar a que el hidrógeno se convierta en una tecnología madura o “continuar electrificando los consumos, ya que la electricidad es más competitiva, en términos económicos, con sus competidores fósiles que el hidrógeno verde. Además, no parece muy lógico realizar una gran inversión para instalar una infraestructura de transporte de la producción de electricidad renovable para después hacer otra en producir hidrógeno y transportarlo mediante hidroductos. La primera ya es un vector maduro en el mercado, seguro, fácil de transportar y más eficiente”.

Consideran que la producción de hidrógeno en grandes plantas como el proyecto Catalina requeriría “un sobredimensionamiento del sistema eléctrico debido a las significativas pérdidas energéticas asociadas con su transporte y almacenamiento”. También plantean que la transición energética pasa por “establecer un cambio” que “empieza con las renovables y continúa con la electrificación, dejando el hidrógeno para aquellos casos en los que no se puedan electrificar los consumos”.

La reorganització territorial, els usos hídrics o com desenvolupar una educació ambiental han sigut els temes que han posat el coronament a la I Conferència d’Experts del Canvi Climàtic i Territori a la Mediterrània Ibèrica esdevinguda els dies 30 i 31 de gener en el Centre Cultural la Nau de la Universitat de València i impulsada pels professors Ana Camarasa i Joan Romero.

Durant la primera sessió del matí, Oriol Nel·lo, professor de geografia a la Universitat Autònoma de Barcelona, ha iniciat una de les primeres taules de la jornada sobre urbanisme i l’ús del sòl en zones com la ciutat de València. Segons declaracions de l’expert, l’expansió de la població propícia que el territori es degrade: “El procés d’urbanització ha canviat els usos del sòl, cosa que ha generat un avanç de les superfícies forestals i la reducció de les superfícies agrícoles”, va manifestar el catedràtic en referència a diversos fenòmens com el de la litorització (l’auge de viure en la línia de costa).

Nel·lo insisteix que, encara que s’haja avançat i es dispose de la tecnologia més avançada, encara queda un camí llarg per millorar, com és l’ordenació del territori per a “adaptar-se a l’efecte del canvi climàtic”. En aquest sentit, el catedràtic recorda que sempre s’ha anteposat la mitigació davant la necessitat de canviar la manera de conviure en l’enclavament litoral: “El calfament és irreversible i cal aplicar estratègies d’adaptació”.

Així mateix, va asseverar que la cartografia, juntament amb la informació de què es disposa és deficitària: “El mapa de riscos és més complet, en el qual s’inclouen problemàtiques com la geologia o la inundabilitat d’una zona”, explica. A això, va afegir que els plans territorials caldria “replantejar-los per al futur i fer-los vinculants per al planejament urbanístic”

“Després de la DANA, cal aprofitar per a replantejar la sostenibilitat dels usos del sòl existents i adaptar-ne el disseny i la ubicació. Hem d’evitar superar els límits imposats per la natura i els moviments de tipus especulatiu. Per a fer-ho és fonamental que hi haja una cooperació interadministrativa, comptar amb els recursos necessaris, incidir en aspectes ambientals i socials, i involucrar la ciutadania”, va subratllar Nel·lo.

Aigua i mobilitat

En el torn de la gestió de recursos hídrics, Anna Ribas, catedràtica de geografia de la Universitat de Girona, va desgranar la situació de l’aigua en el territori nacional. Concretament, les demandes d’aigua procedents d’un regadiu en expansió contínua i l’augment dels consums industrials i turístics ha suposat que el model dominant de gestió s’intensifique. “Les pressions sobre les nostres fonts d’aigua han impulsat el sorgiment de recursos alternatius, especialment per les etapes de sequeres intenses, com ara transvasaments interconques, aigües dessalades, reutilització d’aigües residuals urbanes, etc.”, assenyala Ribas.

La disminució general de precipitacions; el descens d’escorrenties per la pujada de les temperatures i l’augment de la freqüència d’intensitat dels fenòmens extrems són alguns dels efectes més patents del nivell a què se sotmet el canvi climàtic. No obstant això, l’experta en geografia assegura que hi ha “una finestra d’oportunitats”, com la Llei 7/2021, del 20 de maig, de canvi climàtic i transició energètica: “L’article 19 ens diu que cal perseguir la seguretat hídrica per a evitar un escenari de vulnerabilitat que pot patir tant la població en general com les activitats que més ho necessiten”.

Pel que fa a la històrica riuada del 29 d’octubre, Ribas recorda que hi ha una concepció de gestió momentània normalitzada, i que no es plantegen accions significatives “que permeten realment baixar la pressió sobre els recursos naturals”. En referència a la Directiva Marc Europea de l’Aigua (DMA), l’experta concreta que encara “estem molt lluny d’aconseguir aigües superficials i aqüífers en bon estat”: “Fa més de 20 anys que es va aprovar”.

Un dels sectors econòmics més potents en el territori nacional és l’agroalimentació, l’aportació de la qual al PIB el 2023 va ser del 8,9%, segons un informe de l’Institut Valencià d’Investigacions Econòmiques (Ivie), i un dels que més aigua necessita. Malgrat això, la qualitat de l’aigua, juntament amb les xarxes de proveïment i la forta estacionalitat de la demanda en la Mediterrània dels espais turístics ha agreujat la seua situació: “El volum d’aigua subministrada a la xarxa de proveïment públic ha disminuït des del període 2000-2022”.

“El canvi climàtic agreuja reptes que ja estan damunt la taula. A Espanya hi ha un marc legislatiu molt potent, però que s’incompleix sistemàticament. Totes les administracions competents han de corresponsabilitzar-se del compliment per a garantir aigua en qualitat i quantitat”, insisteix Núria Hernández, doctora en geografia per la Universitat de Sevilla i una altra de les convidades d’aquesta taula. En aquest sentit, Hernández també va asseverar que cal presentar una avaluació contínua de plans i programes per a assolir una “visió integral del cicle de l’aigua que cuide la quantitat tant com la qualitat” perquè s’han “invertit molts diners en polítiques d’aigua públiques” i les dades de les quals no han quedat registrades.

Un altre dels punts tractats durant el congrés va ser el moment de crisi de mobilitat i la incertesa ciutadana dels veïns dels municipis afectats per la DANA que no podien acudir als seus llocs de treball o desplaçar-se per qualsevol motiu sense una infraestructura de transport públic.

Josep Vicent Boira, catedràtic de geografia humana en la Universitat de València, ha sigut l’encarregat d’explicar les conseqüències d’una mobilitat inexistent en una societat contemporània en què la xarxa de mobilitat pública és crucial perquè el benestar econòmic i social siga efectiu.

“Durant la Covid-19 vam viure un cas semblant, però amb la DANA es va agreujar, perquè les infraestructures estaven destruïdes. Aquesta circumstància ha afectat directament l’activitat econòmica, el factor residencial i el factor social. És important incidir en aquest últim, ja que 13 dels pobles més afectats estan entre els cinc i deu punts per davall de la mitjana provincial de renda per llar. Sempre paguen els mateixos la situació de desprotecció i necessitat d’aquests recursos”, manifesta Boira.

La xarxa de Rodalies col·lapsada, els vehicles fets malbé i les carreteres inservibles han suposat danys quantificats en més de 2.100 milions d’euros, tal com afirma l’expert: “La geografia importa, perquè hi ha patrons desordenats de la mobilitat i de l’ús del sòl. Encara no he sentit debats sobre si hem de reconstruir mimèticament insistint en les mateixes situacions o acudir a un altre model. És clar que cal evitar aquestes zones inundables i de risc”.

La posada en marxa del Pla d’Acció Territorial de l’Àrea Metropolitana de València (Pateval) va suposar un intent de corregir les deficiències del sistema de mobilitat. No obstant això, la seua aprovació no es va arribar a tramitar: “Continuem sense pla d’actuació metropolità a València. Cal repensar i reordenar què es pot fer amb el territori i impedir que es torne a paralitzar el transport en aquesta àrea”.

(Des)informació i xarxes socials

“La desinformació i el negacionisme dificulten la presa de decisions informades. És imprescindible una comunicació clara basada en l’evidència científica”, va expressar María Dolores Pitarch, catedràtica de geografia humana en la Universitat de València.

Segons l’últim baròmetre del CIS, la gent té una actitud proactiva a informar-se, i també estan preocupats pel canvi climàtic, concretament més del 75%, mentre que més del 70% consideren que la DANA passada està vinculada a aquesta situació de crisi extrema del clima.

Una altra de les dades més destacades exposades durant la seua intervenció és que la televisió ha sigut el mitjà de comunicació tradicional més triat per la població, especialment l’RTVV, seguit de les xarxes socials, un ecosistema digital en què la mediació periodística es difumina a mesura que els usuaris adquireixen el paper d’informadors i deixen aflorar les faules i les narratives descontextualitzades i esbiaixades. “Les dinàmiques d’aquestes plataformes posen en el mateix nivell la ciència i la pseudociència i cal estar-hi molt atent”, adverteix Pitarch.

Davant aquesta situació, la catedràtica planteja que es desenvolupe una educació ambiental integral, basada en un entorn local que permeta connectar el canvi climàtic amb els problemes quotidians per a arribar a sectors poblacionals que creuen que “està tot perdut”, com les generacions més joves.

“La manera com es comunica condiciona la percepció social. Cal allunyar-se d’enfocaments apocalíptics i plantejar solucions viables que es puguen fer de veritat en el medi ambient. És important enfortir l’educació, l’alfabetització digital i construir una ciutadania crítica”, va concloure.

Cementerios sumergidos de los que han llegado a salir huesos flotando. Una iglesia que, por su hundimiento, es llamada “la catedral de los peces”. Un tiempo detenido. Hogares ardiendo como el último consuelo de sus propietarios antes del derribo. Tejados colmados por los vecinos de un pueblo entero. Un grafiti que aún acecha cuando llega la sequía (y ruega “demolición”). Historias enteras escondidas bajo toneladas de agua. Cientos de libros, canciones y poemas que hablan del mismo dolor, de un dolor en común: “¿Cómo habría sido mi vida de no haberse cruzado en la trayectoria de mi familia la orden de un ingeniero que decidió detener el río como el que decide detener el tiempo?” (Distintas formas de mirar el agua, Julio Llamazares). Todo este imaginario parece sacado de un libro de realismo mágico, pero no es ficción: persiste debajo de nuestros embalses.

En España existen más de 1.200 grandes embalses, es el quinto país del mundo con mayor número de este tipo de infraestructuras y el primero de la Unión Europea. La mayor parte de las presas fueron construidas a partir de 1950, según datos del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente. En esa época, durante la dictadura, empezó el boom de estas construcciones y se crearían cerca del 60% de los embalses que existen hoy en día.

“La construcción de grandes embalses está asociado a etapas dictatoriales, no solo en España, sino también en otros tantos países donde estas obras hidráulicas faraónicas están casi siempre asociadas a etapas o a países donde no hay democracia, o donde las posibilidades de ejercer libertad de expresión están muy impedidas”, explica Julia Martínez, doctora en Biología y directora técnica de la Fundación Nueva Cultura del Agua. Sin embargo, todas estas historias no están exclusivamente relegadas a la época franquista. Ejemplo de ello es el caso de Riaño, en León —el más mediático y sonado, precisamente porque ocurrió fuera de la dictadura, durante el gobierno de Felipe González—.

Faltaba un relato general que contase que era una práctica habitual y que se ha tratado de un paradigma compartido en casi todos los territorios.

M.ª Ángeles Fernández — Periodista y autora, junto a Jairo Marcos, del libro "Memorias Ahogadas"

Todos estos casos se encuentran envueltos en muchas capas de silencio pese a que, en España, los núcleos de población que se han visto inundados por la construcción de pantanos ascienden a más de 500, y pese a que se han visto perjudicadas y desplazadas por este motivo entre 25.000 y 50.000 personas. Es por ello que Jairo Marcos y María Ángeles Fernández, periodistas freelance, tomaron la iniciativa de tejer un hilo conductor que conecta muchas de las historias, que quedaron materializadas en el libro Memorias Ahogadas, publicado a principios de este mes por la editorial Pepitas de Calabaza.

“Creo que la gente que ha vivido cerca de un pantano o que tiene familia que ha sido desplazada sí que conoce estas historias, pero como casos aislados. Faltaba un relato general que contase que era una práctica habitual y que se ha tratado de un paradigma compartido en casi todos los territorios. Creo que era necesario decir que esto era algo que se repetía, que era una lógica. Una lógica que se instauraba en todo el territorio”, cuenta Fernández.

El proceso de desalojo de pueblos en España para la construcción de embalses, especialmente durante la etapa franquista, fue un camino largo, doloroso y marcado por la falta de transparencia, la coacción y, en muchos casos, la violencia tanto física como psicológica. Aunque la experiencia exacta variaba de un lugar a otro, se pueden identificar varias etapas comunes en este proceso.

En la mayoría de los casos, todo comenzaba con rumores, que generaban ansiedad e incertidumbre en la localidad. Los habitantes comenzaban a temer perder su pueblo, pero sólo eran rumores. Después, de forma abrupta, recibían una notificación formal en la que se declaraba la utilidad pública del proyecto y la necesidad de expropiar los terrenos. El tono de ésta solía ser imperativo y, a menudo, no había espacio para la negociación. Se ofrecían compensaciones (que, en varios casos, nunca llegaron a darse y, en la mayoría, resultaban muy insuficientes). Para quien no las aceptara llegaban las amenazas, la violencia, y la intimidación. Finalmente, no quedaba otra que marcharse. Algunas personas cargaban sus enseres y se iban sin saber a dónde estaban yendo, a dónde iban a parar. Esta sensación de incertidumbre y de indefensión generaba un gran desasosiego en los locales, especialmente en los más mayores. El caso más extremo que refleja este dolor fue el de un riañés que se suicidó disparándose en el vientre antes de tener que marcharse del lugar en el que había crecido.

Fernández y Marcos han estado documentando estas historias de desplazamientos forzosos y pueblos sumergidos a lo largo de cuatro años. “¿Cuánta gente sabe hoy el hecho tan básico de que debajo de los embalses hay pueblos? La parte negativa de tener un proyecto así de largo es que hay algunas personas protagonistas del libro que ya han fallecido o que ya no están en las condiciones en las que estaban antes. Se rompen delante de ti, te ceden un día, dos, de su tiempo, y luego piensas: 'Qué menos que sacar el libro y que lo puedan leer y disfrutar', pero hay gente que no va a poder hacer eso. Eso no deja de ser doloroso”, asegura Marcos, e incide en que no se trata de un libro “contra embalses”, ya que “está claro que tiene que haber una forma de ordenamiento del territorio y de gestión del agua, pero quizá no son las formas, porque siempre se repite el mismo patrón: unos territorios de sacrificio, siempre los mismos, para otros que se benefician, siempre los mismos”. 

Innumerables territorios tuvieron que cubrir con cemento las losas de los cementerios para que no salieran a flote los cuerpos de sus seres queridos, a los que ya nunca más pudieron visitar.

Sin lugar al que volver

“No hubiéramos podido amar tanto la tierra de no haber vivido nuestra infancia en ella. Si no fuera la tierra en que nacen las mismas flores cada primavera que recogíamos con nuestros deditos... ¿Qué novedad se compara con esa dulce monotonía donde todo es conocido y amado porque es conocido?”. George Eliot describía de esta forma el arraigo. “Poder volver” es algo importante para los seres humanos, y ese es uno de los grandes dolores en común que comparten estas historias: “Es como que te quedas sin infancia, sin raíces, sin historia y, al final, el saber quién eres, el poder regresar a un lugar físico, de alguna manera te genera una identidad. Si no puedes regresar a ese lugar, de alguna manera te han borrado tu propia identidad”, proclama Marcos.

Pero el desarraigo se extiende más allá de la tierra: muchas familias o muchos lazos vecinales básicos en la vida también se perdieron, señala la coautora. Una de las vivencias comunes más difíciles de sanar es la de los seres queridos que quedaron en los camposantos. Innumerables territorios tuvieron que cubrir con cemento las losas de los cementerios para que no salieran a flote los cuerpos de sus seres queridos, a los que ya nunca más pudieron visitar.

“O sea, cuando a mí me quitan el espacio del río en el que yo he nadado desde pequeño, los senderos por los que he caminado, la tierra que ha dado sustento a mi familia, las huertas en las que de jóvenes nos juntábamos a ayudar a nuestros padres en las labores que en aquel momento se hacían agrícolas, cuando ves cómo desaparece una parte de tu patrimonio, como es el Camino de Santiago, cómo se ven amenazados restos arqueológicos de importancia como los que tenemos allí, de carácter romano... ¿Cuánto vale esto? Es algo que se sustrae a los valores de mercado, todo eso es lo que tú llevas dentro y cuando te lo quitan es como si te lo estuvieran arrancando”, explica Miguel Solana que, añade, vivió “dolor sobre dolor”, debido a que es uno de los afectados por el embalse de Yesa, en Navarra, que fue inaugurado en 1959, tras 31 años de obras.

Pero no acabó ahí: son seis las generaciones atravesadas por un proyecto que sistemáticamente ha sido “una losa” sobre su territorio, pues diez años después de su inauguración comenzaron a llegar nuevos rumores sobre que iban a agrandarlo y en ello están: el proyecto sigue vivo, a pesar de que por el momento se encuentra paralizado. La historia de Solana ha estado marcada, por ende, por una “sensación de amenaza perpetua”.

Muchos modos de violencia y muy pocas compensaciones

“A Jánovas digo adiós, a la Velilla y Lacort. Adiós, barquitos hundidos, adiós. Y aunque han pasado muchos años no podré olvidar nunca aquella mañana en que descubrí que no solo en los cuentos siguen existiendo piratas. Cuando al abordaje tomaron el pueblo y tuvimos que marchar de casa, y al ver las lágrimas de madre, a pique se me fue de golpe la infancia”. Esto es lo que reza la Habanera triste de La Ronda de Boltaña recogida en el libro Memorias Ahogadas.

Eva Muñoz, nieta de aquéllos que vivieron el desalojo forzado en Jánovas (Huesca) asegura que el dolor, en su caso, también ha atravesado el linaje, marcado por todo un abanico de violencias. En este territorio se llegaron a demoler las casas (algo que no era demasiado usual) y la población se marchó. Años después, con la localidad ya en ruinas, se paró el proyecto y el embalse nunca llegó a construirse. Ahora, para recuperar su territorio (completamente destrozado) ellos son los que tienen que pagar por recuperar los escombros. “Al final arrasas tres pueblos con total impunidad, mandas a la gente a la diáspora y haces como si esto no hubiera pasado”, lamenta Muñoz.

También existía y existe, señala, la violencia administrativa, que tiene que ver con el desgaste: “La administración es un ente atemporal. Para ella el tiempo no tiene ningún tipo de valor, pero para las personas sí. Mi abuela falleció hace 25 años, mi madre tiene setenta y pico, yo estoy cerca de los 50. Nosotras hemos arrastrado esto y el tiempo se ha llevado parte de nuestras vidas en esta lucha, pero para la administración no ha sido así”. Sostener allí esa batalla, explica, con todo el dolor que acarrea, es como una prueba de fuego, es un camino de resistencia, y “cada uno lo afronta como puede”.

Hay muchos embalses que no se han llegado a llenar, embalses que no se van a poder llenar en la vida o algunos que están sistemáticamente por debajo de su máximo de capacidad.

Julia Martínez — Doctora en Biología y directora técnica de la Fundación Nueva Cultura del Agua

Desde la Fundación Nueva Cultura del Agua inciden también en el daño puramente medioambiental y denuncian que, en varias ocasiones, todas estas violencias no han servido “para nada”, ya que muchas obras hidráulicas están consideradas como “ociosas”, debido a que no cumplieron con las grandes promesas de prosperidad que defendían al plantear los proyectos: “Hay muchos embalses que no se han llegado a llenar, embalses que no se van a poder llenar en la vida o algunos que están sistemáticamente por debajo de su máximo de capacidad”.

También hubo mucha violencia puramente física por parte de las fuerzas del orden. Las fotos sacadas en los últimos días de Riaño así lo evidencian. Alfonso González, una de las figuras más reconocidas de esta resistencia, cuenta que de su casa lo echaron a la fuerza, como a muchos otros. “La historia de Riaño es una historia de amor y de tristeza, también a veces de rabia y de alegría. Una historia traumática que ha marcado mi vida por lo dura y profunda que fue, al desaparecer de un plumazo el lugar y la cultura, las relaciones, todo tu mundo, en un instante cuando tienes 24 años y más cuando sabías que aquello se trataba de un lugar paradisíaco”, afirma. Las personas en su localidad trataron de resistir subiéndose a los tejados y, cuando ya no quedaba otra, acabaron quemando sus propias casas. Este último acto, de alguna forma, les dio en ese momento una sensación de consuelo.

La memoria, el relato, el recuerdo

Todos coinciden en que, pese al relato extendido que aún persiste, que defiende que fueron ampliamente compensados, esto no fue así en la gran mayoría de las ocasiones. Muchos de ellos ni siquiera las han recibido a día de hoy. Parte del dolor tiene que ver con esa sensación de injusticia y con una percepción de “abandono”: sus historias, aseguran, pasan inadvertidas para el resto del país. No se sienten vistos ni por los políticos ni por las personas de a pie. “No se hace nada por enmendar lo más mínimo”, comenta González. Eva Muñoz hace hincapié en la necesidad de que haya un “cierre” digno para cada una de las historias, que, para ellos, aún siguen abiertas. Miguel Solana asegura que no ha habido “ningún reconocimiento del sufrimiento que se ha vivido en cientos de pueblos que se vieron anegados por infraestructuras. No lo ha habido y además no lo hay todavía”.

Una compensación a la altura es imposible. Es como si te matan a tu madre y te dicen que te van a pagar.

Alfonso González — Riañés.

Más allá de las compensaciones materiales y económicas, inciden en la importancia del relato y de la memoria. “Es lo que muchas veces reclamamos. Es decir, que no se siga contando una versión que interesa, sino que se explique cómo han sido las cosas, que han sido injustas, que ha habido humillación, que no ha habido compensación, y que sigue siendo un conflicto abierto en el territorio”.

“Una compensación a la altura es imposible. Vivimos en un mundo donde sólo importa el beneficio del capital, no de la vida, no de la cultura, no de la tierra. Es como si te matan a tu madre y te dicen que te van a pagar. Debajo de las aguas hay mucho amor, mucho cariño, muchas historias, muchas vidas. Hay un mundo entero que ha quedado ahí escondido”, sostiene González. Él, cuenta, tratará de seguir buscándolo en su imaginación, como tantos otros.

Las reservas de agua de los embalses de Navarra han caído 45 hectómetros cúbicos en la última semana, de forma que acumulan en la actualidad 525 hm3 de agua, lo que representa un 47% de la capacidad total. Las altas temperaturas registradas durante el mes de agosto, con varias olas de calor, han provocado que en el último mes las reservas hayan descendido 21 puntos. Las tormentas y el mayor número de precipitaciones registradas en comparación con años anteriores han ayudado a mitigar los efectos de la sequía y lograr que los embalses se mantengan por encima de la media de la última década.

Así, los embalses de la comunidad foral acumulan reservas mayores a las de la misma semana del año anterior (47% de capacidad frente al 42,89%), así como a las de la media de los últimos diez años, situada en estas fechas en 462 hm3 (45,35% del total).

El embalse de Yesa, el de mayor capacidad en Navarra con 447 hm3, recoge 186 hectómetros cúbicos, por lo que se encuentra al 41,61% de su capacidad total. Es un 4,70% menos de agua de la que almacenaba hace una semana (21 hm3 menos).

Las reservas de Itoiz, el segundo de mayor dimensión con 414 hm3 de capacidad, han caído en los últimos siete días 20 hectómetros cúbicos, un 4,8%. Así, se sitúa al 52,5% de su capacidad total, con 219 hm3 de agua. Por último, el embalse de Alloz, se encuentra al 77,2% de su capacidad, con 51 hm3 de agua. Son apenas dos hectómetros cúbicos menos que hace una semana.

Según los datos que recoge el comentario meteorológico que publica cada mes el Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente, en la mayor parte de la comunidad foral se han registrado precipitaciones superiores al doble de los valores medios, con tormentas de más intensidad en la zona central. Las tormentas más intensas se registraron los días 12, 13 y del 29 al 31 de agosto con más de diez litros por metro cuadrado en diez minutos. Las localidades en las que más precipitaciones se han registrado han sido Arróniz, Los Arcos, Igúzquiza y Aribe donde se registró la efeméride de máxima precipitación registrada en 24 horas de toda su serie. 

En cuanto a las temperaturas, el mes ha resultado cálido con diferencias de 1 y 2ºC. Destaca la ola de calor que tuvo lugar del 9 al 12 de agosto. Las estaciones que más se han alejado de sus valores medios han sido Oroz-Betelu / Orotz-Betelu y Erro. 

Eivissa es queda sense aigua. Els residents en rústic han donat veu d'alarma. En concret, han estat els pagesos de la zona nord de l'illa els que han destapat la 'capsa de Pandora' denunciant la venda il·legal d'aigua a les empreses de transport per part dels propietaris d'algunes perforades d'ús domèstic l'extracció de les quals ha assecat els pous del voltant. A més a més, com a conseqüència immediata, el preu del camió del líquid element que subministra aigua a aquelles finques que no disposen de pou, que són moltes, s'ha disparat. “Si no es deixa descansar els pous, la catàstrofe serà irreversible per a tota l'illa”, adverteixen.

Era una notícia anunciada fa temps que s'està convertint en una realitat terrible. L'illa d'Eivissa es queda sense aigua dolça. La pressió turística, la manca d'infraestructures suficients i la gestió deficient de les existents estan sumint a l'illa en una situació sense retorn si no es prenen mesures immediates. Les tres dessaladores operatives “funcionen al 110%”, cosa que retalla l'única possibilitat per afluixar la pressió d'extracció de l'aigua subterrània, cada cop més escassa: el subministrament amb aigua dessalada a les cisternes de repartiment. Així ho assegura a elDiario.es Joan Tur, portaveu de la Unió per la Defensa de l'Aigua (UDA), entitat creada fa poques dates i que ha posat el tema sobre la taula per exigir solucions urgents a aquest greu problema.

A principis del mes d'agost, dos dels cinc pous que hi havia operatius per a la recàrrega de cubes de transport van quedar fora de servei; un per falta d'aigua i l'altre per una avaria a la bomba que encara no ha estat esmenada. Inutilitzats. Com a resultat, alguns propietaris de pous agrícoles, que tenen limitada la quantitat d'aigua que en poden extreure, han començat a comercialitzar la seva aigua, cosa que ha assecat diverses perforades. Les famílies que viuen en rústic, en cases disseminades al camp i que en depenen es queden sense recursos hídrics; també les explotacions agrícoles. “Estan extraient l'aigua que poden treure en un any en un dia, perquè són pous d´ús només agrícola”, explica Tur.

El transport en cisternes procedent dels aqüífers subministra a hores d'ara a Eivissa a totes les cases que, a causa de la sequera, ja no disposen de prou aigua de pluja per al seu consum i han de comprar-la. També són els que alimenten jardins tropicals, piscines i serveis de complexos hotelers, viles multimilionàries i infraestructura turística, sense cap mena de control o inspecció per part de cap administració. I ara, a més, a totes les finques on la sobreexplotació de pous veïns ha deixat seques.

La gota que fa vessar el got

Per a negocis turístics i grans fortunes la pujada de preu potser pot ser assumible, però els residents no poden suportar aquesta pressió. Un camió cisterna de 16.000 litres (16 Tn) ha passat d'un dia a un altre de 120 euros, un preu ja molt elevat, a 240 euros. I segueix pujant, tal com expliquen algunes famílies usuàries de Sant Miquel en converses amb aquest diari. “Vaig trucar a l'empresa que em porta l'aigua a casa perquè no tenim pou, i quina va ser la meva sorpresa quan em va dir que el preu era el doble i que, probablement, l'endemà fos més”, relata Cristina en converses amb elDiario.es.

Per a negocis turístics i grans fortunes la pujada de preu potser pot ser assumible, però els residents no poden suportar aquesta pressió. Un camió cisterna de 16.000 litres (16 Tn) ha passat d'un dia a un altre de 120 euros, un preu ja molt elevat, a 240 euros. I segueix pujant, tal com expliquen algunes famílies usuàries del municipi de Sant Miquel

“Com que sóc client de fa molts anys em va dir que em cobraria només el doble encara que pugés. Han trigat una setmana a venir i, a més, en comptes de venir el camió de 16 t ha vingut el de 12 t, que és més car en proporció. Al final encara m'ha sortit més car. No sé què faré. Això em preocupa. Abans a l'hivern no havia de demanar aigua perquè usàvem la de la pluja. Ja porto al voltant de quatre o cinc anys que he de comprar també a l'hivern i això ja era molta despesa. Si ara el preu puja no ho podré pagar. Estic pensant en la possibilitat d'abandonar l'illa. És una situació molt estressant. Tinc dos fills en edat escolar, però cada cop estem més acorralats”, reflexiona. Cristina assegura que la vida a Eivissa s'està fent insuportable: “Els lloguers pels núvols, transport públic gairebé inexistent, els preus impagables… Sembla que ens vulguin fer fora d'aquí”, comenta.

El Govern balear, que és el competent en matèria d'aigua a totes les illes de l'arxipèlag, aposta per la posada a disposició per a la recàrrega dels camions d'aigua dessalada. “Fa una dècada es van instal·lar a les dessaladores d'Eivissa dispensadors que mai no s'han posat en marxa i intentarem tenir-los a disposició a finals d'aquest mes d'agost”, asseguren les fonts consultades de la Conselleria balear de Cicle de l'Aigua. Tot i això, des de l'UDA asseguren que aquesta serà una mesura molt difícil d'aplicar “perquè les tres dessaladores que ara mateix estan en funcionament a Eivissa funcionen ja per sobre de les seves possibilitats”.

Atesa la situació, Joan Tur assegura que hi ha dues solucions: “O encomanar-se a la verge i als sants i resar perquè plogui, o posar-se immediatament a construir una nova dessaladora, perquè les d'ara no donen abast. Però fer-ho per mitjà d'urgència. No podem esperar que es faci el projecte, es liciti, surti a concurs... això suposaria 15 o 20 anys d'espera, com ha passat amb les anteriors”, especifica. “Els pous dʻEivissa no resistiran”, afegeix.

Una història anunciada des de l'arribada del turisme

“Fa 50 anys els aqüífers estaven plens, l'aigua brollava per dalt i abocava al mar”, assenyala Tur. Però fa molt de temps que això és un record. “On nosaltres vivim, a Santa Gertrudis, la gent venia a agafar aigua de les fonts, a pocs metres de la finca, omplien els seus gerros de l'aigua que brollava als pous. Ara, els aqüífers són al 32%, segons els tècnics”, concreta Joan Tur. “Aquests darrers 50 anys ens ho hem carregat tot i, ara, a més hi ha la sequera. Sobreexplotació i sequera són tots dos problemes”, puntualitza. “Si a una casa se li asseca el pou es veu obligat a perforar més metres” i això, a més, està produint des de fa més de 20 anys la salinització dels aqüífers. “Això és molt greu”, insisteix.

Fa 50 anys els aqüífers eren plens, l'aigua brollava per dalt i abocava al mar. Però fa molt de temps que això és un record. A Santa Gertrudis, la gent venia a agafar aigua de les fonts, a pocs metres de la finca, omplien els seus gerros de l'aigua que brollava als pous. Ara, els aqüífers estan al 32%. Aquests darrers 50 anys ens ho hem carregat tot i, ara, a més hi ha la sequera. Sobreexplotació i sequera són els dos problemes

Joan Tur — Portaveu de la Unió per la Defensa de l'Aigua (UDA)

Segons Tur, la gestió del cicle de l'aigua a Eivissa, competència del Govern balear, és pèssima. “Per exemple, la zona turística de sa Cala de Sant Vicent i del Port de Sant Miquel, on se segueixen construint hotels, s'utilitza aigua dels pous de la zona, mentre que els nuclis urbans ho fan des de fa un parell d'anys de les dessaladores que, per fi, estan interconnectades”, exposa. Tots aquests establiments turístics havien d'utilitzar l'aigua de les dessaladores. És una despesa increïble d'aigua que influeix molt en la baixada dels pous“, reclama.

La Conselleria de Cicle de l'Aigua balear reitera que la posada a disposició per a les cisternes de transport dels dispensadors de les dessaladores a finals d'aquest mes (“que encara no s'havien posat a funcionament mai des de fa una dècada”), intentarà pal·liar el problema del subministrament a les cases en rústic, malgrat la poca esperança que els afectats posen en aquesta solució. No hi ha capacitat dessaladora suficient ara com ara i, a més, l'aigua procedent de la dessaladora és més cara, cosa que repercutirà també en el preu. Caldria esperar, si o si, la construcció d'una quarta instal·lació.

Infiltrar aigua als aqüífers procedents de les dessaladores

Tant fonts de la Conselleria com del Consell insular d'Eivissa asseguren que són moltes les mesures que s'han pres des de l'inici de la legislatura per pal·liar els efectes de la intensa sequera actual. “Des de la Conselleria del Mar i del Cicle de l'Aigua s'espera que la situació de cara a l'any vinent sigui millor. Al primer consell d'administració d'Abaqua es va aprovar l'inici de l'expedient per a l'ampliació de la dessaladora de Santa Eulàlia i s'ha dotat aquest expedient econòmicament per procedir a la licitació i contractació sense demora. Al tercer consell d'administració d'Abaqua es va aprovar l'expedient per a l'aportació d'aigua a la bassa de Sa Rota, que es va posar en marxa el mes passat, després de més de 20 anys aturada”, tot i que segons el portaveu de la UDA, “no funciona correctament”.

Al mes d'octubre es va posar en marxa l'expedient per a la realització de l'assaig d'infiltració per part del Govern, que habilitarà la disponibilitat de recursos complementaris en aquesta situació de sequera“, puntualitzen. Aquesta última opció suposaria infiltrar als aqüífers aigua procedent de les dessaladores, opció que podrien recolzar des de la UDA ”si com diuen els tècnics aquesta aigua és de bona qualitat“. Aquesta opció també la contempla el Consell dEivissa.

El mes d'octubre passat es va posar en marxa l'expedient per fer l'assaig d'infiltració per part del Govern, que habilitarà la disponibilitat de recursos complementaris en aquesta situació de sequera. Aquesta última opció suposaria infiltrar als aqüífers aigua procedent de les dessaladores, opció que podrien recolzar des de la UDA “si com diuen els tècnics aquesta aigua és de bona qualitat”

“A més de l'ampliació de la dessaladora de Santa Eulària, s'ha realitzat el nou dipòsit de Sant Miquel per a la recepció d´aigua dessalada i distribució a Port de Sant Miquel i Sant Miquel”, exposen des del Govern, encara que la zona turística del Port segueix proveint-se de perforada, segons Joan Tur. Al gener es va signar l'encàrrec a la Universitat de les Illes Balears de l'estudi de la demanda i necessitats de l'aigua a les illes, començant per Eivissa. Al mes de juny es va adjudicar el contracte per a l'actualització i la posada en servei dels dispensadors d'aigua que mai s'havien posat en servei, ni tan sols després de la greu sequera del 2016 i que no funcionaven“, expliquen.

Reivindicacions dels afectats

Els residents en rústic de l'illa sol·liciten en primer lloc que l'aigua la gestioni cada illa i que deixi, per tant, de ser competència del Govern. Així mateix, demanen la reunió urgent del Consell d'Alcaldes, organisme no vinculant que es reuneix al costat del Consell cada cert temps. Per part seva, la màxima institució insular preguntada per aquest mitjà per l'assumpte assegura que “el tema de l'aigua és recurrent al Consell d'Alcaldes”. Tal com expliquen, a l'últim que es va celebrar a Sant Joan, per exemple, ja es va acordar que aquest estiu l'aigua de les dutxes de les platges que depenen dels ajuntaments estarien tancades i es farien campanyes de conscienciació, entre altres temes“, mesures que no han suposat canvis significatius davant de la magnitud del problema.

“Com que el Consell d'Alcaldes se celebra periòdicament, s'abordarà en el proper. Ja se li ha explicat als veïns” expliquen fonts de la màxima institució insular. Igualment hi ha coordinació amb els Ajuntaments i el Govern balear per prendre mesures“, relaten. ”Així podem recordar que a l'últim any s'ha demanat que s'iniciïn els estudis per construir una quarta dessaladora a l'illa i s'ha iniciat el Pla Pilot per insuflar aigua dessalada al subsòl“. ”L'objectiu és que l'aigua dessalada sigui suficient per a la demanda de consum humà, i així es permeti la recuperació dels aqüífers subterranis“, conclouen des del Consell.

Des de l'Ajuntament de Sant Joan de Labritja (un dels més afectats per l'extracció d'aigua, encara que no és el que en consumeix més ja que la càrrega de la pressió turística és més forta a la resta de l'illa), asseguren que també s'han pres mesures. “Des del servei municipal s'està avisant, sobretot als grans consumidors d'aigua, de la necessitat de racionalitzar-ne l'ús. Pel que fa a la pujada de preus dels camions no podem fer res, són empreses privades que fan un servei de transport i ells posen els seus preus. Des de l'Ajuntament l'únic que podem fer, i hi estem treballant, és instar els organismes competents del Govern Balear perquè es prevegi, almenys per als mesos d'estiu de més consum d'aigua i quan hi ha més visitants, perquè es pugui subministrar els camions amb aigua dessalada, de manera que no s'esgotin els recursos hídrics naturals”, conclouen.

Des del servei municipal s'està avisant, sobretot als grans consumidors d'aigua, de la necessitat de racionalitzar-ne l'ús. Pel que fa a la pujada de preus dels camions no podem fer res, són empreses privades que fan un servei de transport i ells posen els seus preus

Ajuntament de Sant Joan de Labritja

Donada la situació, sembla que la construcció per la via de màxima urgència de la nova infraestructura dessaladora és la solució. “La sobreexplotació no l'han causada els pagesos ni les famílies. És el desenvolupament turístic. Demanem al Consell i al Govern que els camions a mansions, urbanitzacions i instal·lacions turístiques carregaran les dessaladores. Si no n'hi ha que en construeixin una de nova amb urgència, perquè sinó la poca aigua s'esgotarà i no tindrà remei. No es pot controlar allò que es treu dels aqüífers o els camions que gasten les viles perquè caldria posar-hi moltíssims inspectors, però l'aigua que es treu de la dessaladora si és controlable.

I afegeixen: “Algunes illes de les Canàries ja són autosuficients amb les seves dessaladores. Per què no s'ha fet aquí? Si se segueix així, s'esgotaran els aqüífers i ja no tindrà remei. El problema és a tota l'illa i no podem esperar la lentitud de l'Administració. És necessari que s'aturi amb l'expansió turística”, reclamen des de l'entitat, que ha començat una campanya de recollida de signatures, les fulles de la qual estan repartides per establiments de tota l'illa, sota el lema 'Necessitem la vostra signatura per defensar s'aigua des pagesos'.