La Fundación Nacional Francisco Franco puede estar cada vez más cerca de su final. El Gobierno sigue con el plan de cerrar la organización franquista por excelencia y este martes el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ha firmado la resolución que pone fin al procedimiento administrativo para dar paso a la Justicia, a la que el Ministerio ha dado traslado del expediente a través de la Abogacía del Estado, según ha anunciado el ministro ante los medios de comunicación este 14 de abril, aniversario de la proclamación de la Segunda República. Será un juez o jueza el que tome la decisión defintiva.

Según el ministro, se trata de un expediente “sólido” con el que considera “acreditado” que la fundación “no cumple con los fines de interés general” que deben perseguir las fundaciones y que “hace apología de Franco y del franquismo” además de promover actividades y mensajes que “suponen el menosprecio y humillación de las víctimas”, que son los requisitos que introdujo la Ley de Memoria Democrática en 2022 como causas de extinción de este tipo de organizaciones.

En junio de 2024 el Ministerio de Cultura dio inicio al procedimiento con el arranque de las actuaciones previas y hace seis meses se produjo la firma del acuerdo y su notificación a la fundación. Desde entonces, se han seguido todos los pasos previstos en la Ley de Fundaciones, con distintos periodos de alegaciones. El pasado marzo, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid rechazó la petición de la organización para frenar de forma inmediata su ilegalización tras un recurso en el que solicitaba paralizarla como medida cautelar.

Con este paso, la autoridad judicial tendrá ya sobre la mesa la propuesta que puede dar el portazo a una fundación que lleva medio siglo –desde la muerte del dictador– exaltando su figura. Para llegar hasta este punto, el Ministerio de Cultura ha recibido informes de la Abogacía del Estado y de la Secretaría de Estado de Memoria Democrática, que ha analizado más de 5.000 publicaciones en la web y redes sociales de la organización, así como sus apariciones en prensa desde 2018 hasta marzo de 2025.

“El procedimiento se ha desarrollado con todas las garantías desde su inicio”, ha apuntado Urtasun, que ha afirmado que “en dos ocasiones se ha dado trámite de alegaciones a la fundación” constituida en 1976 por, entre otras personas, la viuda del dictador, Carmen Polo. Según el ministro de Cultura, el expediente que tendrá ahora que evaluar un Juzgado de Primera Instancia es “riguroso y está bien fundamentado jurídicamente” y, aunque la decisión final está en manos de un juez, el Gobierno “considera que concurren de manera fehaciente las causas legales para su extinción”. “Estamos con la ley en la mano protegiendo la dignidad de las víctimas”, ha añadido.

Urtasun ha dado por hecho que la fundación “va a usar todos los resortes a su alvance para impedir que el proceso avance”, pero se ha mostrado “optimista” ante la futura resolución judicial. “En una democracia sólida no puede haber espacio para organizaciones que tratan de blanquear la dictadura y humillar a las víctimas”, ha insistido. El recurso que presentó en su momento la fundación alegó entre otras cosas la vulneración del derecho de defensa y argumentó que “no emplea ninguna expresión humillante o vejatoria” con las víctimas del régimen.

Fuentes de la misma apuntan a que el paso dado por el Ministerio de Cultura no les “extraña”. “El Gobierno liberticida que ampara y subvenciona a fundaciones separatistas y marxistas no pierde el tiempo en perseguir la libertad de opinión y expresión de los que no piensan como ellos. Es lo normal en dictaduras socialistas”, han trasladado, informa Javier Lillo.

En paralelo al proceso de extinción de la fundación, Urtasun también ha explicado que ha solicitado a la Abogacía del Estado que inicie la reclamación de los casi 30.000 documentos del archivo de la Fundación Franco tras constatar que se trata de documentación que fue consecuencia de “las funciones públicas” que desempeñó el dictador como jefe de Estado. Considera por ello el Ministerio en virtud de la Ley de Patrimonio Histórico Español que los documentos deben ser restituidos al Estado y conservarse en un archivo público.

La “glorificación” de Franco

La decisión del Gobierno de instar al cierre de la fundación se basa entre otros elementos en un informe encargado a la Secretaría de Estado de Memoria Democrática con varias patas: el estudio incluye el análisis pormenorizado de las publicaciones de la funación, un estudio del catedrático de Derecho Constitucional Javier García Fernández y varias entrevistas a víctimas del franquismo para concluir en base a todo ello que se cumplen las condiciones previstas en la ley.

Los estudios destacan que casi todo su contenido está dedicado “a la exaltación del dictador y la dictadura” con componentes de “glorificación” a Franco y los símbolos del régimen. En base a sus estatutos, la organización presididad por el exgeneral Juan Chicharro tiene “una actividad principal” que es la de “difundir y promocionar el estudio del legado y las realizaciones” del dictador “entre 1936 y 1977”, lo que supone trasladar “una visión inequívocamente positiva”.

El acuerdo firmado por Urtasun resalta, además, “tres patrones” de humillación de quienes fueron sus víctimas o de sus familiares: su “descalificación”, la negación de los daños calificando de “mentira” o “farsa” episodios trágicos y la “apropiación y relectura sesgada” del pasado. Todo ello apunta a una “estrategia deliberada” de la fundación para “ridiculizar y deslegitimar” a quienes sufrieron la represión del régimen. El Ministerio también ha recabado un informe de la Abogacía del Estado que concluye que la resolución “es conforme a derecho”, consituyendo el último trámite necesario antes de instar a la Justicia.

Facua-Consumidores en Acción ha denunciado a la tienda de la Fundación Francisco Franco, a la que acusa de vulnerar la normativa vigente sobre protección de datos y por el “posible incumplimiento” de la Ley de Memoria Democrática. Con esta son ya once las webs de venta de productos con mensajes de extrema derecha que la asociación ha denunciado en los últimos años. Las denuncias han sido presentadas ante la Agencia Española de Protección de Datos (Aepd) y la Secretaría de Estado de Memoria Democrática.

A través de su tienda online, la Fundación Francisco Franco, que está actualmente inmersa en el proceso de extinción iniciado por el Gobierno, vende artículos como libros, calendarios, cinturones, corbatas y medallas, entre otros accesorios, según señala Facua. “No obstante, no se proporciona información suficiente que permita identificar al responsable del tratamiento de los datos personales recabados de los usuarios, ni se informa sobre los derechos ARCO que los clientes pueden ejercer”, advierte.

Por lo tanto, la asociación entiende que se están “omitiendo datos esenciales, lo que supone una clara vulneración de las obligaciones legales de información al consumidor y genera una situación de falta de transparencia que puede provocar indefensión”. Según Facua, la fundación “se salta la obligación” de facilitar información sobre el tratamieno que hace de los datos de los compradores y de su derecho de acceso, rectificación, supresión o limitación al tratamiento, lo que, a su juicio, constituye una infracción de la Ley de Protección de Datos Personales.

Exaltación de la dictadura

La organización también pone el foco en la simbología “que ensalza la figura del dictador Francisco Franco” que reproducen los mensajes y las imágenes de los artículos. “Incorporan referencias explícitas a su persona, así como a emblemas y consignas vinculadas al régimen franquista y a la ideología fascista que lo sustentó”, apunta Facua en un comunicado.

La naturaleza de estos artículos, su presentación comercial y el contexto en el que se ofrecen al público, critica, “evidencian una finalidad de exaltación y normalización de ideologías y regímenes responsables de graves vulneraciones de derechos humanos, suponiendo un claro menosprecio hacia las víctimas y sus familias”.

Facua considera que la comercialización de este tipo de artículos no puede analizarse únicamente desde una perspectiva mercantil o de libertad empresarial, sino también desde su impacto en la dignidad de las víctimas, en la preservación de la memoria democrática y en la salvaguarda de los valores de respeto, pluralismo y convivencia “que deben regir en una sociedad democrática”.

En este sentido, la organización de consumidores cree que la fundación puede estar vulnerando el artículo 62 de la Ley de Memoria Democrática, que califica como acciones muy graves “las convocatorias de actos, campañas de divulgación o publicidad que por cualquier medio de comunicación pública” exalten la dictadura o sus dirigentes.

En base a un análisis exhaustivo de más de 5.000 publicaciones y su presencia en medios, el Ministerio de Cultura ha iniciado el proceso para extinguirla concluyendo que no persigue el interés general, hace apología del franquismo y humilla a sus víctimas, que son las causas de extinción de fundaciones que introdujo la Ley de Memoria Democrática. El proceso sigue actualmente su curso y, en última instancia, será un juez el que decida sobre ello. Hace dos semanas el Tribunal Superior de Justicia de Madrid rechazó la petición de la fundación de frenar el proceso.

Nueva controversia en el Colegio de Arquitectos de Madrid (COAM), sumido desde hace meses en una enrevesada lucha interna por su control. Esta vez, sin embargo, la polémica se desplaza hacia un aspecto a priori mucho menos agitado: la concesión de colegiados de honor. Un reconocimiento anual otorgado desde 1988 a figuras destacadas por sus méritos en favor de la arquitectura y la profesión, se dediquen o no a ella.

La Junta de Representantes del COAM, a propuesta de la Junta de Gobierno que lidera el decano Sigfrido Herráez, decidió el pasado 23 de marzo nombrar colegiados de honor a cuatro personas: la arquitecta especializada en protección del patrimonio Amparo Berlinches; el artista y diseñador con formación arquitectónica Guillermo Pérez Villalta; el responsable del departamento de comunicación del servicio gráfico y publicaciones del COAM, Pedro Ibáñez y, aquí llega la opción más llamativa, Enrique Porto Rey.

Este arquitecto es especialmente conocido por su etapa como director general de Urbanismo en la Comunidad de Madrid de 2003 a 2006, bajo la presidencia de Esperanza Aguirre. Porto dimitió cercado por la polémica en torno a la aprobación de proyectos urbanísticos vinculados a sus anteriores intereses empresariales privados y a sus socios. El bautizado como 'caso Porto' derivó en su imputación, aunque finalmente esta causa por corrupción fue archivada.

El escándalo urbanístico que provocó su salida de la Puerta del Sol se enraizaba con su etapa previa en el Ejecutivo de Aguirre. Antes de ocupar su alto cargo, Porto se dedicaba a participar en la redacción de planes urbanísticos de diversos municipios. Su empresa, Plarquin, trabajó para múltiples localidades como Aranjuez, San Lorenzo de El Escorial, Villanueva de la Cañada o Majadahonda.

La Fiscalía Anticorrupción entendió que, al pasar al Gobierno regional, la autoridad encargada de aprobar esos planes maniobró en determinadas ocasiones para que salieran adelante proyectos que favorecían a su antigua empresa o a parcelas de su propiedad y para ignorar informes técnicos contrarios a esas ordenaciones urbanísticas. En el caso de Villanueva de la Cañada, Ecologistas en Acción alertó de los “daños ambientales producidos en el desarrollo urbanístico del municipio por las irregularidades cometidas”.

Su periplo judicial se alargó hasta 2009, cuando el juez de Instrucción número 4 de El Escorial le imputó por una prevaricación urbanística debido a una presunta maniobra para bloquear indebidamente, entre 2003 y 2008, la reconversión en hotel de un palacete de El Escorial llamado El Enebral, que se alza sobre suelo no urbano protegido. Según el denunciante, la Comunidad de Madrid retrasó la iniciativa con el objetivo de ampliar el ámbito físico de la recalificación “para favorecer a La Granjilla”, una finca aledaña de la familia Aguirre, aunque esa acusación no aparecía en la denuncia. La causa también acabó archivada.

Contrario a la exhumación de Franco por un supuesto peligro para las personas

Porto volvió a la primera línea mediática diez años después, cuando en 2019 emitió un polémico informe de peritaje a solicitud de la Fundación Francisco Franco. Un documento utilizado en decenas de recursos judiciales para frenar la exhumación del dictador por un supuesto peligro físico para las personas en el Valle de los Caídos (hoy de Cuelgamuros).

Aseguraba Porto que “la ejecución de estas obras constituye una notable alteración en el espacio y la perspectiva interior de la Nave y las condiciones estructurales y de seguridad del suelo del edificio”. Por ello, argumentaba, “afectan de manera muy importante sobre la seguridad de personas y bienes”. Una postura en la que se reiteraba en conversación posterior con elDiario.es: “Allí va a haber turistas, fieles, no es una cosa baladí”.

El ex alto cargo de Aguirre recalcó, además de la cuestión de la seguridad, que “el edificio está protegido por unas normas y las obras que pretenden hacerse no están permitidas por ellas”. Desde su punto de vista, “se intenta hacer pasar por menores unas obras que son mayores y esa calificación de obra mayor implica la obligación de redactar un proyecto, un director de obra o un coordinador de seguridad, ya que la obra tiene sus dificultades”.

“El informe me lo encargó la Fundación Franco y no sé cómo ha llegado a los demás recurrentes. Me contrataron por mi estudio privado, porque soy un experto en temas urbanísticos”, explicaba Porto sobre su participación en el caso. Sus conclusiones sirvieron para poner más trabas a la exhumación del dictador: los recursos se multiplicaron y llegaron a una decena de juzgados, todos ellos con la incorporación del análisis del ex responsable de Urbanismo en el equipo de Aguirre. El arquitecto avisaba que “si los procedimientos llegan a fases posteriores del proceso judicial y se me requiere para confirmar el informe”, solo acudiría “en el caso del recurso de mi cliente, que es la Fundación Franco”. Finalmente, la visión de Porto no se impuso en esta batalla judicial y la exhumación se llevó a cabo.

La oposición en el COAM pide homenajes independientes y a figuras externas

En una nota interna que el área de comunicación del COAM traslada a Somos Madrid, la organización recoge los logros profesionales que a su parecer justifican los honores a Porto: “Profesor en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid, ha publicado más de 20 libros y 100 artículos sobre la aplicación práctica del urbanismo en España. Ha redactado planes generales de ciudades como Palencia, Burgos, Albacete, La Coruña, Soria, Cáceres o Villanueva de la Cañada [uno de los que desembocó en su periplo judicial]”. En el COAM resaltan su vez su etapa como director general de Urbanismo y Planificación Regional de la Comunidad de Madrid, así como la de presidente de la Academia Española de Urbanistas.

Jesús San Vicente, líder de la candidatura alternativa en los últimos comicios a decano (NEXOCOAM) que se quedó a apenas 176 papeletas de la elección después de un turbulento proceso, explica en conversación con este periódico sus dudas ante el modelo actual de distinciones en la entidad. Lo hace, eso sí, sin entrar a valorar el reconocimiento a Enrique Porto: “La figura del colegiado de honor debería de otorgarse a personalidades de fuera de la profesión y fuera de Madrid para garantizar la independencia del proceso”. Es lo que sucede este año con Pérez Villalta, propuesto por el entorno del propio San Vicente.

Cita otros nombres que lo merecerían por su notable contribución al urbanismo o la arquitectura desde otros sectores, caso de la todavía alcaldesa de París, Anne Hidalgo, o el ingeniero de caminos Manuel Melis, una de las grandes mentes pensantes detrás del soterramiento de la M-30. Escritores como Antonio Muñoz Molina, activistas vecinales como Manuela Navarro o cronistas de la Villa como el periodista Pedro Montoliú han recibido igualmente estas insignias honoríficas.

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha rechazado conceder medidas cautelarísimas solicitadas por la Fundación Nacional Francisco Franco para paralizar de forma inmediata el procedimiento administrativo que el Ministerio de Cultura está tramitando para solicitar judicialmente su extinción.

Así consta en un auto, al que tuvo acceso Europa Press, en el que rechaza tal petición al no concurrir razones de urgencia. La solicitud se formuló en el marco del recurso interpuesto contra una resolución del Ministerio de Cultura que insta su ilegalización.

La fundación había recurrido una resolución de la Subsecretaría de Cultura del 16 de febrero de 2026 que inadmitía un recurso de alzada presentado previamente por la entidad. Dentro de ese procedimiento, el Ministerio de Cultura había rechazado la declaración como testigos de siete historiadores e investigadores de parte.

En su solicitud, la fundación pedía que el tribunal adoptara una medida cautelar urgente sin escuchar previamente a la otra parte -lo que se conoce como medida cautelarísima- para suspender los efectos de la resolución administrativa.

Sin embargo, el tribunal considera que no concurren circunstancias de especial urgencia que justifiquen adoptar una medida de este tipo sin oír antes al Abogado del Estado, que representa al Ministerio de Cultura.

Los magistrados recuerdan que las medidas cautelares de este tipo solo pueden acordarse cuando existe un riesgo inmediato de que la duración del proceso cause perjuicios irreparables.

En este caso, la Sala entiende que no existe ese riesgo, entre otras razones porque el recurso se dirige contra una resolución de carácter interlocutorio y las cuestiones planteadas pueden resolverse durante la tramitación normal del procedimiento.

Por ello, el tribunal ha decidido denegar las medidas cautelarísimas solicitadas por la fundación. No obstante, el auto acuerda abrir una pieza separada de medidas cautelares para estudiar la solicitud por el procedimiento ordinario.

En ese trámite, el Abogado del Estado dispondrá de un plazo de diez días para presentar alegaciones antes de que el tribunal adopte una decisión definitiva sobre la posible suspensión.

El recurso de la Fundación

La medida se solicitaba en el marco del recurso interpuesto contra la resolución del Ministerio de Cultura que insta su extinción. El Ministerio de Cultura comenzó a tomar acciones legales para instar judicialmente a la extinción de la FNFF en junio de 2024, al amparo de la Ley de Memoria Democrática y la ley de Fundaciones.

La Fundación Franco ha alegado la caducidad del procedimiento administrativo, la inexistencia de presupuesto legal habilitante para la extinción y la vulneración del derecho de defensa.

En su recurso, al que ha tenido acceso esta agencia, la fundación asegura que no emplea ninguna expresión humillante o vejatoria para las víctimas del franquismo, sino que interpreta el problema desde una perspectiva distinta.

Además, niega hacer apología del franquismo que ensalce el golpe de Estado o la dictadura ni a sus dirigentes, ni que haya menosprecio o incitación al odio o la violencia.

La fundación reclama la suspensión del procedimiento y alega daños irreversibles como su propia extinción, un daño reputacional institucional y la alteración irreversible de la situación jurídica de la entidad.

La FNFF señala que el procedimiento administrativo en su contra implica la desaparición de su personalidad jurídica, la liquidación de su patrimonio y la frustación definitiva de sus fines fundacionales.

Además, la entidad asegura que su prohibición no es una mera actuación administrativa de control, sino un procedimiento sancionador.

La fundación afirma que es la “primera vez en democracia” que está “en juego” su extinción, alegando que es un organismo que funciona desde “hace 50 años”.

Por lo que considera que su ilegalización “viola el artículo 34 de la Constitución” y los derechos fundamentales de la libertad de expresión ideológica.

La Policía Nacional ha detenido al presunto agresor de dos activistas de Femen que denunciaron que fueron agredidas sexualmente durante un acto el pasado 20 de noviembre en la puerta de una abarrotada parroquia de los Doce Apóstoles, en Madrid, donde la familia de Francisco Franco y su fundación habían organizado una misa con motivo del 50 aniversario de la muerte del dictador.

Fuentes de la Delegación de Gobierno han informado de esta detención y ha aseverado su “compromiso firme” contra la violencia sexual, la defensa de los derechos de las mujeres y la garantía del libre ejercicio del derecho de manifestación y reunión, sin coacciones ni agresiones.

Los hechos ocurrieron el 20 de noviembre cuando dichas activistas acudieron a la parroquia al grito de “Fascismo legal, vergüenza nacional”, “Al fascismo, ni honor ni gloria” y pancartas, siendo recriminadas por los asistentes que llegaban en ese momento, entre ellos un hombre que trató de interceptarlas mientras portaba una bandera preconstitucional. Entre otros insultos, fueron increpadas al grito de “putas”, “guarras” o “fuera de aquí”.

“Señor, que no toque, que no toque”, le espetaron las activistas, a quienes una mujer logró arrebatar una de las pancartas -elaboradas en tela- y quienes recibieron algún empujón, insultos y tocamientos. Finalmente, las dos jóvenes se marcharon por su propio pie de la zona tras la protesta, que apenas duró unos minutos.

La ceremonia había sido organizada por la familia de Franco y la fundación que lleva su nombre, que se enfrenta al procedimiento iniciado por el Gobierno para extinguirla por ser contraria a la Ley de Memoria Democrática. Como llamamiento a asistir al acto, la fundación presidida por el general de División de Infantería de Marina en la reserva Juan Chicharro, colgó en su web una esquela en la que asegura que Franco “murió cristianamente al servicio de la patria” y “ruega una oración por su alma”

Siguen produciéndose las reacciones de condena a la agresión sexual que sufrieron el pasado 20 de noviembre dos activistas de Femen que, con el pecho descubierto, realizaban una protesta antifascista en el lugar donde se celebraba una misa en homenaje al dictador Francisco Franco, coincidiendo con los 50 años de su muerte.

Quienes asistían a la eucaristía organizada por la familia de Franco y la fundación que lleva su nombre las increparon. “Putas”, “guarras” o “fuera de aquí”, fueron algunos de los insultos que los asistentes a misa dedicaron a las dos mujeres, mientras que un hombre que portaba una bandera preconstitucional aprovechaba para manosearlas, en una imagen captada por los medios de comunicación y otras personas que se encontraban en el lugar.

Desde la Asociación Mujeres Progresistas de Toledo han trasladado su “profunda preocupación” y “condena” ante estos hechos.

“No es un episodio aislado ni anecdótico”

Nuria Cuevas, presidenta de la citada asociación, ha señalado que “la celebración de un acto público de homenaje a un dictador, acompañado de cánticos franquistas y simbología asociada a la dictadura”, supone una ofensa para las víctimas del franquismo y resulta contraria a “los principios recogidos” en la Ley de Memoria Democrática.

En cuanto a la agresión sexual sufrida por las mujeres, Cuevas lamenta que “no es un episodio aislado ni anecdótico, sino una expresión directa de una lógica histórica de control sobre el cuerpo de las mujeres”.

Y es que, afirma, este episodio refleja una “lógica machista” de quien “no tolera que una mujer actúe en libertad, decida por sí misma y utilice su cuerpo para expresar una posición política”.

Por último, y recordando que la legislación vigente en materia de libertad sexual (la conocida como ley del solo sí es sí) establece que “cualquier contacto sexual sin consentimiento constituye un delito”, la presidenta de Mujeres Progresistas de Toledo ha demandado que las autoridades “investiguen los hechos, identifiquen al agresor y garanticen la sanción correspondiente”.

Este suceso también fue comentado este viernes el concejal de Unidas Podemos en el Ayuntamiento de Toledo, Txema Fernández, durante el Pleno municipal y de forma posterior, en declaraciones a elDiario.es Castilla-La Mancha, condenaba la actitud del hombre que tocó “sin consentimiento a una joven en las puertas de una iglesia” y lo tildaba de “deleznable”.

Un hombre que portaba una bandera preconstitucional a las puertas de la parroquia de los Doce Apóstoles, en la madrileña calle de Velázquez, agredió ayer sexualmente a dos activistas de Femen que, con el pecho descubierto, se encontraban en el lugar donde se celebraba una misa en homenaje al dictador Francisco Franco, coincidiendo con los 50 años de su muerte. “Fascismo legal, vergüenza nacional” o “al fascismo, ni honor ni gloria”, gritaron las mujeres.

Quienes asistían a la eucaristía organizada por la familia de Franco y la fundación que lleva su nombre las increparon. “Putas”, “guarras” o “fuera de aquí”, fueron algunos de los insultos que los asistentes a misa dedicaron a la dos mujeres, mientras que el hombre aprovechaba para manosearlas, en una imagen captada por los medios de comunicación y otras personas que se encontraban en el lugar.

El episodio lo ha comentado este viernes el concejal de Unidas Podemos en el Ayuntamiento de Toledo, Txema Fernández, durante el pleno municipal. Allí se hablaba de la próxima celebración del 25N, el Día Internacional de Eliminación de Violencia Contra la Mujer. Mientras que el PP exigía “lealtad institucional de la izquierda” y “rigor en la lucha contra la violencia de género”, y Vox mantenía su discurso negacionista sobre la violencia de género, el concejal de IU afeaba que las derechas rechacen la ley de garantía integral de la libertad sexual que prepondera el consentimiento de la mujer sobre las agresiones a las que se pueden ver sometidas.

Y se refería a lo ocurrido ayer, 20 de noviembre, que tuvo como protagonista a un “repugnante franquista contra una de las manifestantes con motivo de las misas celebradas por un dictador”, en alusión al hombre que aprovechó para toquetear los pechos a dos manifestantes en Madrid.

En declaraciones a elDiario.es Castilla-La Mancha, una vez terminado el Pleno Municipal, Txema Fernández, preguntado por esta cuestión, condenaba la actitud del hombre que tocó “sin consentimiento a una joven en las puertas de una iglesia” y lo tildaba de “deleznable”.

“La única valoración que tenemos que hacer desde Izquierda Unida es que la ley del solo sí es sí, que pone el consentimiento en el centro, actúe de oficio contra este miserable que ha intentado violentar o que ha violentado a dos jóvenes que estaban utilizando la calle como medio de expresión”.

En su opinión “es repugnante y es una buena noticia tener una ley que puede entrar de oficio cuando se producen estos hechos y catalogarlos como violencia sexual cuando no hay consentimiento”. Sobre esta cuestión, incidía, “en este caso era claro que no hay consentimiento ni explícito ni de ninguna forma de las jóvenes para que se las toque o se pueda tocar su cuerpo”.

Dos activistas de Femen con el pecho descubierto irrumpieron este jueves al grito de “fascismo legal, vergüenza nacional” o “al fascismo, ni honor ni gloria” a las puertas de la parroquia de los Doce Apóstoles, situada en el número 88 de la madrileña calle de Velázquez, donde la familia de Francisco Franco y su fundación han organizado una misa con motivo del 50 aniversario de la muerte del dictador. Pocos minutos antes de que diera comienzo la eucaristía las dos mujeres, con pancartas en alto, se colocaron a las puertas de la iglesia para protestar por este homenaje franquista y fueron increpadas inmediatamente por los asistentes al grito de “putas”, “guarras” o “fuera de aquí”.

Uno de los hombres que portaba una bandera preconstitucional trató de interceptarlas y agredió sexualmente a una de las manifestantes manoséandole varias veces el pecho. “Señor, que no toque, que no toque”, le repliclaron las activistas. Otra asistente a la misa logró quitarles una de las pancartas. Finalmente, las dos activistas se marcharon por su propio pie de la zona tras la protesta, que apenas ha durado unos minutos.

La misa no se ha diferenciado de otra cualquiera en nada salvo porque el cura ha señalado que se llevaba a cabo por “el alma” de Franco y por los símbolos que llevaron algunos de los asistentes: desde chapas e insignias de Falange a una boina carlista o pulseras con la bandera preconstitucional.

La ceremonia ha sido organizada por la familia de Franco y la fundación que lleva su nombre, que se enfrenta al procedimiento iniciado por el Gobierno para extinguirla por ser contraria a la Ley de Memoria Democrática. Como llamamiento a asistir al acto, la fundación presidida por el general de División de Infantería de Marina en la reserva Juan Chicharro, ha colgado en su web una esquela en la que asegura que Franco “murió cristianamente al servicio de la patria” y “ruega una oración por su alma”.

Al término del oficio religioso, varias decenas de asistentes permanecieron a las puertas de la parroquia, donde han proferido gritos de “Viva Franco, viva cristo rey”, “Patria, justicia, revolución”, insultos al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, mientras cantaban el himno de Falange y el Cara al Sol. Además, a las puertas de la iglesia se instaló una pequeña mesa para la venta de objetos relativos a Francisco Franco, con una bandera preconstitucional.

Todos los años, Madrid acoge una de estas misas con motivo del 20N desafiando la Ley de Memoria Democrática, que considera “contrarios a la memoria democrática” los actos en público que exalten la dictadura o a sus líderes y supongan humillación de las víctimas. Badajoz, Granada o Santander también acogieron ceremonias similares de homenaje al dictador.

El ministro de Cultura Ernest Urtasun ha anunciado este jueves que van a reclamar el archivo de la Fundación Francisco Franco. El Ministerio realizó un informe el pasado mes de julio tras analizar los 27.620 documentos que componen el registro, en el que han concluido que son de carácter público y que, por lo tanto, deben ser restituidos al Estado. La institución trasladará su informe a Abogacía del Estado, junto al listado detallado de la documentación que haya que solicitar, y será esta la que reclame judicialmente el archivo.

Todo ello después de que el Gobierno notificara en octubre oficialmente a la Fundación la decisión de extinguirla por apología de la dictadura. El objetivo, según ha explicado Urtasun entrevistado en La Hora de La 1, es que “todo el mundo pueda documentar la represión y todo lo que ahí hay”.

El archivo incluye documentación sobre visitas de jefes de Estado extranjeros, como la del presidente estadounidense Eisenhower a Madrid en 1959 y la de María Eva Perón en 1947, así como peticiones y adhesiones políticas remitidas por ciudadanos y todo tipo de instituciones públicas y privadas. Además, cuenta con registros relativos a, ente otros acontecimientos de relevancia histórica, como la II Guerra Mundial, el estrechamiento de las relaciones con EEUU, el ingreso de España en la ONU, relaciones con las antiguas colonias, el norte de África y procesos de descolonización, Gibraltar y relaciones con la Santa Sede.

El fondo está compuesto por unos 950 documentos de los años treinta, 8.500 de la década de los cuarenta, 9.500 de los cincuenta, 5.700 de los sesenta y 1040 de los setenta. Junto a estos hay otros 2.000 sin fechas. Entre los indicadores que se han utilizado para analizar el archivo están quién produce el documento, elementos de validación en él como sellos oficiales y membretes, asuntos de la documentación y su relación con el ejercicio institucional, gubernativo o jurisdiccional; y documentos clasificados por seguridad y defensa del Estado.

El Ministerio de Cultura ha basado su informe en la Ley de Patrimonio Historico, que recoge que forman parte de este los “documentos de cualquier época generados, conservados o reunidos en el ejercicio de su función por cualquier organismo o entidad de carácter público, por las personas jurídicas en cuyo capital participe mayoritariamente el Estado u otras entidades públicas y por las personas privadas, físicas o jurídicas, gestoras de servicios públicos en lo relacionado con la gestión de dichos servicios”.

En lo relativo al registro de la Fundación Francisco Franco, el texto concluye que el fondo procede del despacho y dependencias privadas del que fue jefe del Estado español y es documentación producida por la Casa Civil del jede de Estado en su mayoría y, más concretamente, la producida por la Secreataría del jefe del Estado y dictador Francisco Franco.

El Ministerio de Cultura ha iniciado los trámites del procedimiento para la extinción de cuatro fundaciones franquistas que seguirán el mismo camino que el ya comenzado con la Fundación Francisco Franco. El ministro de Cultura Ernest Urtasun ha anunciado este martes en el Congreso de los Diputados la aplicación de este procedimiento a la Fundación José Antonio Primo de Rivera, la Fundación ProInfancia Queipo de Llano, Fundación Serrano Suñer y la Fundación Blas Piñar, líder histórico de la extrema derecha y fundador de Fuerza Nueva, que tuvo cargos políticos con el dictador.

“Un Gobierno democrático no puede permitir que el olvido de todo lo ocurrido en nuestro país se infiltre en nuestra memoria colectiva y la desintegre: un Gobierno democrático debe exigir, siempre y en todo momento, verdad, reparación y justicia y así lo hacemos y haremos, de la mano de la Ley”, ha afirmado el responsable, haciendo alusión a la Ley de Memoria Democrática: “Lo que era anómalo es que estando la Ley en vigor desde 2022 estos procedimientos no se hubieran iniciado hasta ahora, porque es muy clara al respecto en qué condiciones puede existir o no una fundación en nuestro país”.

El proceso sobre la Fundación Francisco Franco se encuentra actualmente en fase de alegaciones, tras haber iniciado las actuaciones previas para su extinción en 2024 y acordado la apertura de procedimiento el pasado mes de octubre. Este procedimiento se desarrolla en tres fases. La primera es el inicio actuaciones previas, que comienza ahora por las cuatro fundaciones citadas, que consiste en la petición de informe a la Secretaría de Estado de Memoria Democrática. Su objetivo es obtener la información y elementos de juicio que puedan motivar el inicio del procedimiento para instar judicialmente su extinción.

Una vez se cumpla, se procederá a la apertura del procedimiento, comenzando con la comunicación del expediente a cada fundación y la apertura correspondiente del periodo de alegaciones. A partir de ahí, se solicitará un informe a la Abogacía General de Estado, a partir de la que Cultura resolverá si procede instar judicialmente a la extinción de cada una de las fundaciones. En última instancia, la resolución del procedimiento será decisión de las autoridades judiciales.

Balance a mitad de legislatura

Urtasun ha comunicado inicio de los trámites para la extinción de las cuatro fundaciones franquistas durante la Comisión de Cultura en la que el ministro ha informado, a petición propia, sobre los avances y retos en el ecuador de la legislatura. El responsable ha ensalzado la importancia del Plan de Derechos Culturales, presentado en verano –y que ya está en marcha–, a la hora de impulsar la “democratización” y “descentralización” de la cultura en el país. “Los derechos culturales no solo son irrenunciables, nos han permitido lograr el objetivo de que cada día, en más lugares, cada vez más personas accedan a la cultura, participen en la cultura y creen cultura”, ha reivindicado.

“Tenemos una responsabilidad colectiva con lo que está sucediendo en nuestro presente; y es en la cultura, el lugar donde siempre comienzan los cambios, donde debemos rubricar nuestro compromiso con la verdad, la ciencia, la defensa del planeta y la paz”, ha añadido.

El plan cuenta con 150 medidas divididas en cinco ejes, y fue refrendado en Mondiacult, la Conferencia Mundial de la UNESCO sobre Políticas Culturales y el Desarrollo Sostenible celebrado en septiembre en Barcelona, en la que los derechos culturales fueron uno de los temas a debate entre los 163 países participantes: “No son una excentricidad, sino el corazón mismo del debate global sobre la cultura”.

Inclusión del asturiano en los Premios Nacionales

Urtasun ha dado cuenta durante su intervención en el Congreso de los avances realizados en la promoción de las lenguas cooficiales, como que las lenguas estatuarias hayan sido incluidas en todas las convocatorias relacionadas con la creación y traducción literaria, así como en los proyectos de fomento de la lectura de la Dirección General del Libro, del Cómic y de la Lectura.

Como novedad, el ministro ha anunciado que están trabajando para ampliar los Premios Nacionales relacionados con la literatura a las obras escritas en lenguas no oficiales, pero con reconocimiento en los estatutos de autonomía. En concreto, los libros escritos en asturiano podrán presentarse a partir de 2026.

Además, Urtasun ha informado de que España será País Invitado en la 28 Bienal Internacional del Libro de São Paulo el año que viene, tras ejercer como tal en la Feria del Libro de Panamá, la FIL de Guadalajara, el Festival del Cómic de Angoulême (Francia) y la Feria Internacional del Libro de Bogotá (Colombia) y Guatemala.

La delegada del Gobierno en Castilla-La Mancha, Milagros Tolón, no ha querido hacer ninguna valoración al respecto de la celebración en Toledo y Cuenca de sendas misas convocadas por la familia de Francisco Franco y la fundación que lleva su nombre con motivo del aniversario de la muerte del dictador, aunque ha hecho hincapié en que “lo importante es que estamos celebrando 50 años en libertad”. Por el momento, se desconocen cuáles son las iglesias que acogerán estos actos.

Tolón se ha limitado a resaltar que España “vivió un periodo negro de su historia” durante la dictadura de Franco pero los 50 años de España en libertad “significan mucho, un cambio importante en la sociedad española”.

“Conseguimos la libertad y la libertad se consiguió por el pueblo español, por las asociaciones de vecinos, por el movimiento estudiantil, por el movimiento cultural. Y eso hay que celebrarlo, porque yo creo que en esta conmemoración celebramos que España lleva 50 años en libertad. Una transición que fue complicada, donde hubo muchos actores, pero donde el protagonista para mí, claramente, fue el pueblo español”, ha apuntado.

En este sentido, ha señalado que la Delegación va a seguir haciendo actividades para celebrar esta libertad “no solamente en estos días sino también en los próximos años”.

De otro lado, preguntada por el porcentaje de jóvenes que ven positiva la dictadura de Franco, ha abogado por una “importante labor de divulgación e información” entre los más jóvenes para que “sepan cómo vivieron sus abuelos, cómo vivieron sus padres”.

“Poco a poco, con sensatez, contando lo que significa una dictadura en todos los ámbitos, nuestros jóvenes, estoy convencida, valorarán la importancia que tiene un sistema como el sistema democrático”.

La Fundación Nacional Francisco Franco puede estar asomándose a sus últimos meses de actividad. El Gobierno acaba de firmar el acuerdo que da inicio oficialmente a su extinción, que en última instancia decidirá un juez, y ahora la entidad tendrá una primera fase de diez días para hacer alegaciones. Aunque el procedimiento no es corto y consta de varios pasos, en un máximo de nueve meses la autoridad judicial tiene que tener sobre la mesa la propuesta que puede dar el portazo definitivo a una organización que lleva el medio siglo transcurrido desde que muriera Franco exaltando su figura.

La fundación, constituida en 1976 por, entre otras personas, la viuda del dictador, Carmen Polo, ha centrado su actividad en loar “la obra y el legado” de Franco, al que tilda de “gobernante al servicio del noble pueblo español”. Y así lo especifica en sus estatutos y lo demuestra en sus posicionamientos y apariciones públicas. Su web y redes sociales son un compendio de ideas que glorifican la Guerra Civil y el régimen, a las que se suman los actos y convocatorias en las que han celebrado el “Alzamiento Nacional” del 18 de julio, aniversario del golpe de Estado. Hace algunos años incluso llegó a vender lotería acabada en 36 y 39 “en honor a la Cruzada de Liberación”.

La fundación sostiene un discurso que niega la represión, calificada de “falaz” a pesar del plan de exterminio sistemático diseñado por la dictadura contra la considerada “antiEspaña”. Asegura que los bombardeos de Gernika fueron una “mentira” o minimizan la sangrienta matanza de Badajoz en 1936 al mando del general Yagüe, apodado “el carnicero de Badajoz”. Por eso, y en base a un análisis exhaustivo de más de 5.000 publicaciones y su presencia en medios, el Ministerio de Cultura concluye que no persigue el interés general, hace apología del franquismo y humilla a sus víctimas, que son las causas de extinción de fundaciones que introdujo la Ley de Memoria Democrática.

Con ello, Moncloa busca acabar con la anomalía española de contar con una organización que homenajea a quien mandó fusilar a miles de personas y condenó a otras tantas al exilio o la cárcel. Y que, además, por ser una fundación disfruta de un régimen fiscal especial y sus afiliados cuentan con desgravaciones que, por tanto, Hacienda asume. “Los españoles no pueden estar pagando este coste”, sostienen fuentes de la coalición de Gobierno, que confían en la argumentación jurídica que han armado en base a informes de la secretaría de Estado de Memoria Democrática y la Abogacía del Estado.

La “licitud” del golpe franquista

Por su parte, la fundación lleva desde que hace siete años Pedro Sánchez anunciara su intención por primera vez augurando “una dura lucha” en los tribunales, en palabras de su presidente Juan Chicharro. General de División de Infantería de Marina en la reserva, Chicharro ejerció como ayudante de campo del rey Juan Carlos y en marzo de 2018 asumió el máximo cargo de la fundación. Pocos meses después llegó a llamar a “un nuevo alzamiento” ante la exhumación de Franco del Valle de Cuelgamuros que estaba en ese momento preparando Moncloa.

Aunque siempre ha mantenido su posición, la fundación ha ido midiendo sus palabras tras la entrada en vigor de la Ley de Memoria Democrática, una estrategia que también han seguido otras organizaciones como Falange, que animan a asistir a sus concentraciones sin simbología sancionable. Sin embargo, en los últimos meses los admiradores de Franco han encontrado un espacio en el que mostrar lo que piensan sin ambages, la Plataforma 2025, que reúne a un nutrido grupo de franquistas autores de un manifiesto a favor del dictador firmado, entre otros, por el excoronel golpista Antonio Tejero o el propio Chicharro.

El presidente de la fundación, de hecho, ha participado en actos convocados por la plataforma y desde la tienda online vende el libro 50 años de mentiras sobre Francisco Franco –editado por SDN editores, que está en manos de Álvaro Romero, impulsor de la plataforma–. Entre otras cosas, la obra llega a plantear la “licitud” del golpe de Estado de 1936. Un extremo que también fue defendido en actos como el organizado el pasado 1 de abril, en el que los franquistas celebraron el fin de la Guerra Civil como el día en que “España recuperó su libertad”. Chicharro intervino en el encuentro sosteniendo mantras negacionistas de los fusilamientos franquistas.

Lo que no ha dejado de hacer en todo este tiempo la Fundación Francisco Franco son las misas “por el alma” de Franco cada 20N, aniversario de su muerte. El pasado, la entidad convocó casi una veintena en diferentes ciudades españolas asegurando que el dictador fue “un devoto hijo de la Iglesia”. Es habitual que los asistentes salgan de estas liturgias con el brazo en alto entonando el Cara al Sol.

La táctica en los tribunales

El judicial es el otro ámbito en el que la fundación ha puesto sus esfuerzos. Con el objetivo de boicotear las leyes de memoria histórica, ha intentado impedir la retirada de las denominaciones franquistas del callejero madrileño. Lo hizo a través de pleitos indiscriminados contra el plan del Ayuntamiento, entonces dirigido por Manuela Carmena, hasta que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid estableció que la organización no tenía legitimidad para hacerlo. Sin embargo, la fundación impulsó junto a la Plataforma Millán Astray la batalla judicial contra la retirada de la calle, una decisión que finalmente echó para atrás un magistrado. Aunque el consistorio en manos de José Luis Martínez Almeida podría haber recurrido, no lo hizo y la restituyó en 2021.

También se revolvió la fundación contra la decisión del Ministerio de Defensa de renombrar una unidad de la Legión que pasó de llamarse 'Bandera comandante Franco' a 'Bandera España'. Lo hizo en aplicación de la Ley de Memoria Democrática, que ha definido como una norma “liberticida” elaborada “desde la mentira”.

Pero la mayor ofensiva de la organización tuvo que ver con la exhumación de Franco del Valle de Cuelgamuros, algo que recurrió al Tribunal Supremo y contra lo que encargó un informe arquitectónico que llegó a declarar que las obras ponían en peligro a los operarios. El estudio fue utilizado en una campaña orquestada de denuncias múltiples ante los tribunales hasta que un juez, José Yusty Bestarreche –que es uno de los firmantes del manifiesto de la Plataforma 2025–, llegó a paralizar el traslado de los restos, que finalmente salieron del mausoleo hace seis años.

Con una estrategia similar la fundación ha sido también una de las entidades que han obstaculizado las exhumaciones de víctimas de las criptas a las que buscan sus familiares. Los trabajos, iniciados por el Gobierno en 2023, han logrado recuperar ya 20 cuerpos que han sido entregados a sus seres queridos. Pero la organización presidida por Chicharro se ha empeñado en que esto no ocurra y ha recurrido a los tribunales, que llegaron a paralizar las obras hasta que el pasado marzo el Tribunal Superior de Justicia de Madrid les dio luz verde.

El reloj ha empezado a correr para la fundación franquista, que tiene ahora diez días hábiles para responder con alegaciones al acuerdo del Ministerio de Cultura. Preguntado sobre los próximos pasos que va a seguir, Chicharro no ha respondido de momento a las preguntas de este medio. Y es que todo va a depender de la estrategia que siga la fundación, que si busca dilatar el proceso puede presentar documentación para el que haga falta un periodo de prueba antes de seguir con la siguiente fase. Su fin puede estar cerca, aunque la última palabra será del juez.

La Fundación Nacional Francisco Franco ya vislumbra su final. El Gobierno ha dado un paso más en el proceso de extinción de la organización al firmar el acuerdo de inicio del procedimiento y notificárselo oficialmente a la fundación, que tiene desde este viernes una primera fase de diez días hábiles para hacer alegaciones. La resolución, firmada por el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, considera acreditado que la fundación no persigue fines de interés general, hace “apología de la dictadura” y “humilla” a sus víctimas, que son los requisitos que exige la ley para instar a su cierre.

El proceso empezó en junio del año pasado, con la apertura de las actuaciones previas dirigidas a recabar información por parte de Cultura, de quien depende el Protectorado de Fundaciones. Desde entonces, ha recibido los informes de la Abogacía del Estado y de la Secretaría de Estado de Memoria Democrática, que ha analizado más de 5.000 publicaciones en la web y redes sociales de la fundación así como sus apariciones en prensa desde 2018 hasta marzo de 2025 para concluir que cumple con las causas de extinción que introdujo la Ley de Memoria Democrática.

Los trámites que arrancan ahora contemplan varios pasos hasta la presentación formal de la solicitud de extinción ante la Justicia, un momento en el que, según fuentes del Gobierno, se pedirán medidas cautelares para limitar la actividad de la fundación. El plazo máximo para que eso ocurra es de nueve meses, aunque todo dependerá de las alegaciones que presente la fundación presidida por el exgeneral Juan Chicharro. Tras la petición de cierre por parte del Protectorado, empezará el turno del juez, encargado de tomar la decisión definitiva.

Los pasos dados por Cultura contra la entidad fascista no se reducen a proponer su clausura, sino que van más allá: fuentes del Ministerio apuntan a que actualmente “se está analizando” el contenido del extenso archivo que custodia la fundación para determinar “si hay documentos de naturaleza pública” y en ese caso “intentar recuperarlos”. El proceso que se plantea iniciar el Gobierno es similar al que emprendió contra la familia Franco por los bienes atesorados en el Pazo de Meirás y que la Justicia ha acabado por devolver al erario público.

Un fin “principal” y otros instrumentales

Los informes que han analizado la actividad de la fundación incluyen un estudio del catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad Complutense de Madrid Javier García Fernández y entrevistas con varias víctimas de la dictadura, además de un examen de su recorrido en medios de comunicación. En base a ellos, el acuerdo concluye que la organización tiene “una actividad principal” entre todas las que recogen sus estatutos que es el de “difundir y promocionar el estudio y conocimiento del legado y de las realizaciones” de Franco y de su régimen “entre 1936 y 1977”. Un propósito que “supone proporcionar una visión inequívocamente positiva del franquismo”, apunta el texto.

Eso a pesar de que los estatutos incluyan también el fomento “de la educación, la investigación científica y técnica y otras actividades culturales”, unos objetivos que aunque puedan llevar a pensar que la organización persigue fines de interés general “son en realidad instrumentales del fin principal”, subraya el acuerdo. Y además “son casi inexistentes”, añade.

En este sentido, la Ley de Fundaciones enumera algunos fines para considerar que estas cumplen con el interés general –uno de sus requisitos–, entre ellas la “promoción de valores constitucionales” o la “defensa” de los principios democráticos. El informe de la Secretaría de Estado de Memoria Democrática incide en que la actividad de la organización fundada en 1976, poco después de la muerte del dictador, “resulta inconciliable” con estos propósitos, así como con los que “inspiran” la Ley de Memoria Democrática, que “repudia y condena” el golpe de Estado de 1936 y la dictadura.

Una de las anomalías es, de hecho, que a las fundaciones se les exige perseguir el interés general porque disfrutan de un régimen fiscal especial y sus afiliados gozan de deducciones. Además, pueden contar con asistencia jurídica gratuita si acreditan insuficiente de recursos, algo que también se aplica a la fundación Francisco Franco a pesar de ensalzar al dictador.

La “humillación” a las víctimas

El acuerdo concluye que la fundación realiza apología del franquismo y que “menosprecia y humilla a la dignidad” de las víctimas, que son las dos condiciones que impone la ley. Para llegar a esta conclusión, los informes destacan que “todo el contenido de la página web” está dedicado “a la exaltación del dictador y la dictadura” con componentes de “glorificación”. Así, se destacan titulares publicados que hablan de la “liberación” de ciudades que fueron ocupadas por los sublevados tras el golpe de Estado o textos que llaman “Cruzada” a la Guerra Civil, al más puro estilo franquista.

En algunos de los artículos, la fundación describe el 1 de octubre, día en el que Franco fue nombrado Generalísimo, como “un paso decisivo para la victoria en la Guerra Civil” y la creación “de un nuevo régimen que marcó el rumbo ascendente de España”. El informe del catedrático García Fernández recoge que “la actividad de glorificación se articula principalmente” a través de comunicados que “en un alto porcentaje” homenajean a Franco y los símbolos del régimen. Además, sus contenidos publicitan actos, aniversarios y misas –por ejemplo, el 20N– para “reforzar el relato heroico del franquismo”.

Aunque el estudio reconoce que hay menos publicaciones dedicadas a las víctimas de la dictadura, sí constata que en ellos “emerge un trato con menosprecio y humillación de su dignidad”. Este es un requisito que incluyó la Ley de Memoria Democrática durante su tramitación a propuesta del Consejo General del Poder Judicial como parte de la apología del franquismo. Un menosprecio que, a juicio del informe, aparece “bajo el prisma negacionista, es decir, la negación de la represión o la minoración de su alcance”.

Entre otros ejemplos, cita algunos textos en los que se califica el bombardeo de Gernika en 1937 por parte de la aviación fascista de “tragedia, mentira y farsa”. Hay también contenidos que declaran que “el franquismo no cometió un genocidio, la II República sí”, que niegan que el Valle de Cuelgamuros fuera construido a base de trabajo forzado o que minimizan la sangrienta matanza de Badajoz en 1936 al mando del teniente coronel Yagüe.

El acuerdo firmado por Urtasun resalta “tres patrones” de “humillación” de quienes fueron víctimas del franquismo o de sus familiares: su “descalificación”, la negación de los daños calificando de “mentira” o “farsa” episodios trágicos y la “apropiación y relectura sesgada” del pasado. Todo ello apunta a una “estrategia deliberada” de la fundación para “ridiculizar y deslegitimar” a las víctimas de la represión franquista, a quienes la Secretaría de Estado de Memoria Democrática ha entrevistado.

Los testimonios recabados “muestran” cómo las actividades de la organización “reavivan el sufrimiento y abren dolorosamente sus heridas”. Por ejemplo, cuando aquellos que buscan a sus familiares enterrados por Franco en Cuelgamuros ven cómo la fundación intenta paralizar en los tribunales los trabajos de exhumación –finalmente autorizados por la Justicia el pasado marzo– o cuando los que aún tienen seres queridos en el barranco de Víznar (Granada) observan a la entidad “promover” cada aniversario de la muerte de Franco “celebraciones y ceremonias”.

El Gobierno está ultimando la documentación con la que va a fundamentar el procedimiento para la extinción de la Fundación Francisco Franco (FNFF) y contempla incluso solicitar la suspensión provisional de las actividades de la entidad hasta que haya resolución judicial.

Así se desprende de la respuesta que el Ejecutivo ha enviado al diputado de ERC Francesc Marc Álvaro, quien solicitó más detalles sobre este asunto después de que el ministro de Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, asegurara en el Pleno del Congreso que confiaba en que todo el proceso para que el Gobierno pudiera instar la extinción estuviera concluido “en el presente ejercicio”.

En aplicación de la Ley de Memoria Democrática, el Gobierno abrió un periodo de actuaciones previas el pasado mes de junio para obtener información y elementos de juicio destinados a motivar el inicio del procedimiento. Lo hizo el Ministerio de Cultura, puesto que de él depende el Protectorado de Fundaciones, organismo al que corresponde instar judicialmente la extinción, y en concreto solicitó informes sobre la Fundación Franco a la Secretaría de Estado de Memoria Democrática y al Registro de Fundaciones de competencia estatal.

Según el plan diseñado por el Gobierno, tras recabar esa información, se iba a abrir el procedimiento, comunicando el expediente a la fundación, con un plazo para que formule alegaciones. También se acordó solicitar un informe a la Abogacía General del Estado.

El ministro de Memoria Democrática ya explicó en el Congreso en marzo que su departamento había elaborado un primer informe, pero que después tuvo que complementarlo para poder “armar el expediente” ante “circunstancias y vericuetos legales” que pudiera utilizar la fundación, que cambió sus estatutos el año pasado.

También avanzó que la Abogacía del Estado había concluido su informe y que lo enviaría a Cultura “de la manera más inmediata posible”. Según señaló entonces, una vez que el departamento de Ernest Urtasun tuviera todos los papeles “se procederá a formular la extinción a las estancias judiciales”.

Elementos jurídicos, históricos y testimoniales

En su respuesta escrita a Álvaro Vidal, a la que ha tenido acceso Europa Press, el Gobierno señala ahora que, “después de recabar y analizar elementos jurídicos e históricos, de carácter documental y testimonios”, el departamento que dirige Torres va a remitir de “forma inminente” a Cultura el oportuno informe en el que avala el inicio de procedimiento.

“Concluye que procede que por parte del Protectorado se inste judicialmente la extinción de la FNFF, y se solicite, en su caso, la suspensión provisional de las actividades de la misma hasta que se dicte sentencia”, explica el Gobierno que también podrá solicitar “medidas cautelares que se consideren necesarias para la eficacia de la suspensión de actividades”.

Es decir, el ministerio que dirige Torres concluye que concurren las causas previstas en el supuesto legal de extinción de fundaciones establecido en la disposición adicional quinta de la Ley de Memoria Democrática, es decir, que esta fundación “no persigue fines de interés general” y sus actividades son contrarias al mismo.

Plataforma 2025, a Fiscalía

Es más, ese documento constata que no sólo hace “apología del franquismo”, “ensalza el golpe de Estado y la dictadura o enaltece a sus dirigentes”, sino que además incurre en “menosprecio y humillación de la dignidad de las víctimas del golpe de Estado, de la guerra o del franquismo, o la incitación directa o indirecta al odio o violencia contra las mismas por su condición de tales”.

Por otra parte, el Gobierno comunica al diputado de ERC que ha puesto en conocimiento de la Fiscalía de Derechos Humanos y Memoria Democrática los actos conmemorativos organizados por la llamada Plataforma 2025, para reivindicar el legado de Francisco Franco en la historia de España, en el 50 aniversario de su fallecimiento, por si la “exaltación de la sublevación militar, de la guerra y de la dictadura” pudieran “ser constitutivos de un delito de odio o cualesquiera otra tipología penal”.

“No vamos a parar hasta ver libre de todo peligro al Valle de los Caídos y su Comunidad Benedictina”. La Fundación Francisco Franco (entidad que está en vías de ser disuelta en aplicación de la Ley de Memoria Democrática) ha enviado una carta al cardenal de Madrid, José Cobo, para que se implique en “la defensa activa” de la permanencia de los monjes benedictinos en Cuelgamuros.

Tras fracasar en su intento de ser recibidos por el Papa y por la Nunciatura, los responsables de la Fundación Francisco Franco comienzan su carta agradeciendo unas palabras de Cobo sobre “la inviolabilidad del templo” para apuntalar la idea que el cardenal de Madrid se muestra a favor de mantener el actual estatus del Valle, tema recurrente en los últimos tiempos en las relaciones Iglesia-Gobierno. A primeros de julio, Moncloa activó una comisión interministerial para decidir el futuro y la resignificación de Cuelgamuros y así cumplir con la Ley de Memoria Democrática.

Para la fundación franquista, “no se puede hacer en el Valle de los Caídos lo que se pretende consumar desde el punto de vista legal” al chocar, aducen, con los Acuerdos Iglesia-Estado, con rango de norma internacional, y con la propia Convención de Viena. “Queremos ser la esperanza de todos esos fieles, muy preocupados por el futuro del Valle de los Caídos”, añade la misiva, que también quiere “recordar a la Jerarquía que son los señores Obispos los que están legitimados activamente en la defensa del templo, la comunidad benedictina, los chicos del colegio/escolanía y a todos los fieles que instamos su defensa”.

“Tampoco podemos permitir que se desautoricen a los Papas Pío XII y san Juan XXIII con sus ‘letras’ a futuro sobre el Valle de los Caídos”, escriben desde la Fundación, que califica de “barbaridad” la intención del Gobierno de sacar a los monjes del Valle.

En su escrito, la Fundación Franco asegura que existe un “gran movimiento de personas, de todo signo, que han salido en defensa del Valle de los Caídos, tanto en España como en el extranjero (…) nos remitimos a internet”, y advierte: “No vamos a parar hasta ver libre de todo peligro al Valle de los Caídos y su Comunidad Benedictina y ya hemos puesto algún ejemplo de cómo defenderlo por la importancia a futuro que tiene por encima del capricho de alguno”

“En puridad de doctrina, el Valle no se puede tocar”, termina la nota, que añade unas cuando menos curiosas postdatas animando a “todo el mundo” a acudir a Cuelgamuros, “que es una maravilla”, y asegurando que ellos mismos llevaron a visitar el Valle “a radicales posicionados por la desaparición física del Valle”, que, tras una feliz ‘conversión’, “de ser radicales antiValle se han vuelto unos defensores acérrimos del mismo”.

Toda la información en www.religiondigital.org

El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ha anunciado que se van a iniciar los trámites para extinguir la Fundación Francisco Franco.  Ya era hora. Sólo puedo alegrarme como ciudadana e historiadora. La existencia de esta fundación es una ignominia y una anomalía. Una más. La Fundación Franco se creó el 8 de octubre de 1976, poco después de la muerte del dictador, para ensalzar su figura y hacer apología de su régimen. La existencia de esta institución también cuestiona la transición política, ya que los jerarcas del franquismo fueron beneficiados en todos los sentidos pero se trató de manera muy mezquina a las víctimas de la represión.  Sólo cabe señalar las miles de víctimas que todavía siguen enterradas en cunetas, a pesar de los esfuerzos de los últimos años por rescatar e identificar los restos mortales de tantos represaliados.

¿Se imaginan una Fundación Adolf Hitler en Alemania? Sería impensable e imposible. Asimismo, debemos recordar que hasta el 24 octubre de 2019 Franco estuvo enterrado con todos los honores en la basílica del valle de Cuelgamuros, antes denominado de los Caídos. Y el féretro de José Antonio Primo de Rivera, fundador de la Falange, fue retirado del lugar privilegiado que ocupaba en el altar el 24 de abril de 2023. Pero todavía siguen los monjes benedictinos, que custodiaron las tumbas de Franco y de José Antonio, al frente de la hospedería y de la basílica. También falta resignificar ese mausoleo para gloria del franquismo y explicar, entre muchas cuestiones, que se utilizó mano esclava de presos políticos para su construcción.

Es indignante que siga existiendo una fundación de estas características. Resulta humillante para todas las víctimas del franquismo y ofensivo para todos los demócratas que perviva una entidad cuyo único objetivo es homenajear al dictador Franco. Pero, además, esta circunstancia no es lo único escandaloso, siendo muy grave, ya que custodia millones de documentos que deberían ser de titularidad pública. Durante años los responsables han decidido arbitrariamente quiénes y cómo consultaban esa documentación, que ahora tienen en un piso de la madrileña calle Edgar Neville (antes general Moscardó, como recalcan en su página web). El investigador que conseguía acceder tenía que trabajar en una sala con imágenes del dictador, aparte de que el dinero recaudado con las fotocopias contribuía al mantenimiento de la fundación para más inri.

De esta manera se ha usurpado a los investigadores el acceso a una documentación fundamental para estudiar el periodo de la dictadura franquista desde 1936. Lógicamente a los promotores de la fundación Franco no les interesa una historiografía rigurosa. Ellos son más de hagiografías apologéticas que ensalcen a su “caudillo”, que estableció en el país un régimen dictatorial a sangre y fuego. Durante demasiados años sólo se podían publicar libros que asumieran el discurso de la “Victoria”. En la democracia, gracias a nuevas generaciones de historiadores y a la apertura de archivos con documentación crucial, se ha podido estudiar el sistema de represión franquista. Todavía queda mucho por conocer sobre los perpetradores de esa violencia. Afortunadamente, se ha avanzado mucho en los victimarios. Pero ahí sigue la ley franquista de secretos oficiales, que lleva demasiado tiempo vigente. Otra asignatura pendiente es facilitar el acceso a las fuentes del Ministerio del Interior. Pero también es necesario consultar sin restricciones sectarias los legajos que guarda esa fundación y que antes estuvo en manos de la familia.  Lo increíble es que el Gobierno de José María Aznar llegó a firmar un convenio con la fundación para que facilitaran una copia de esos fondos en microfilm por la que se abonaron 150.000 euros de dinero público. Espero que todo ese volumen documental original pase sin expurgos selectivos ni destrucción interesada a los archivos públicos. Hace unos meses los directivos de la fundación tuvieron la peregrina idea de trasladar en camiones el archivo a Francia.

Las tesis que blanquean la dictadura han proliferado en los últimos años para espanto de los historiadores profesionales y serios. Se han recuperado muchos mitos, mentiras y bulos que los propagandistas franquistas difundieron desde la guerra civil para legitimar el golpe de Estado y los poderes del dictador. En ese contexto tan complaciente no es de extrañar, aunque sea vergonzoso, que el presidente de un Parlamento autonómico, Gabriel Le Senne, haya roto una fotografía con los rostros de unas mujeres torturadas y asesinadas por la dictadura, como Aurora Picornell y Antonia Pascual Flaquer.

En 2025 se cumplirán 50 años de la muerte del dictador y espero que para entonces ya no exista la Fundación Franco, aunque seguro que tratarán de retorcer la Ley de Memoria Democrática con la colaboración de algún juez simpatizante, o al menos tratarán de obstaculizar el proceso con una legión de abogados afines. Pero como historiadora también me preocupa el destino final de toda la documentación que nunca debió custodiar ya que pertenecía al Estado español.

Fin de trayecto para la organización que durante 48 años ha exaltado y enaltecido al dictador fascista que gobernó España de 1939 a 1975. El Gobierno ha iniciado la disolución de la fundación Francisco Franco que, además de loar el régimen dictatorial, se ha dedicado a combatir la exhumación de Franco, mejorar la imagen pública de la ultraderecha de Vox y torpedear la aplicación de la ley de Memoria en España.

“La exaltación de la dictadura carece del interés general” por el que la Constitución reconoce el derecho de fundación, ha recordado en varias ocasiones el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, para argumentar el plan de extinción. Por el camino, un rastro de batallas a favor de la figura de Francisco Franco Bahamonde.

Contra la retirada de homenajes que obliga la ley

La ley de Memoria Histórica estableció en 2007 que las administraciones debían retirar “escudos, insignias, placas o menciones conmemorativas de exaltación de la sublevación militar, de la Guerra Civil y de la Dictadura”. Sin embargo, el ritmo de cumplimiento ha sido tan lento que en 2022 había más de 5.000 vestigios todavía exhibiéndose. La Fundación ha sido uno de los agentes más activos para impedir la retirada de estos homenajes, sobre todo en los callejeros de las ciudades.

Entre sus campañas antiley de Memoria, la Fundación Francisco Franco adoptó una estrategia de pleitos masivos e indiscriminados contra cualquier modificación del callejero en la ciudad de Madrid. Trataba de torpedear el plan del Ayuntamiento, dirigido entonces por Manuela Carmena, de aplicación de la normativa a base de inundar los juzgados con recursos.

Tan evidente era el propósito que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid tuvo que salir al paso y establecer que la organización no tenía legitimidad para hacerlo. “El vínculo entre los fines de la Fundación y el cambio de nombre de unas calles de la ciudad de Madrid, es tan difuso que nos debe llevar a apreciar la falta de legitimación activa de la Fundación”, afearon los magistrados. El Supremo confirmó la decisión en abril de 2023.

La organización que ensalza el franquismo también se revolvió hace un año contra la decisión de Defensa de renombrar una unidad de la Legión que pasó de llamarse Bandera comandante Franco a Bandera España en virtud de lo que exige la Ley de Memoria Democrática. En su lenguaje habitual, afirmaron que los motivos eran “sectarios”.

La exhumación

Con todo, la mayor batalla para la fundación comenzó en junio de 2018 cuando el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez –poco después de ganar la moción de censura que sacó a Mariano Rajoy (PP) de la Moncloa– anunció que pretendía llevarse los restos de Francisco Franco del entonces llamado Valle de los Caídos.

La organización dirigida por el general de Infantería de Marina retirado Juan Chicharro –firmante de sendos manifiestos de militares, uno a favor de Franco y otro sobre el deterioro de la democracia– recurrió la exhumación ante el Tribunal Supremo porque, dijeron, causaría daños irreparables a la moral, honor y dignidad“ del rey emérito Juan Carlos I. Se apoyaron en que fue él quien decidió el lugar exacto de la sepultura en Cuelgamuros.

También adujeron que debía impedirse que el Ejecutivo utilizara esta acción como “bandera estrella” para las elecciones que se celebrarían el 28 de abril de 2019.

No fue la única vía de ataque. La fundación encargó un informe arquitectónico sobre el plan de trabajo para exhumar a Francisco Franco en el que se concluía que las operaciones suponían un peligro físico para los operarios. Ese documento fue utilizado en una campaña de denuncias múltiples y coordinadas ante diversas sedes judiciales.

La estrategia era inundar de recursos los tribunales hasta que algún juez estimara sus argumentos. Finalmente, el magistrado José Yusty Basterreche ordenó paralizar la licencia urbanística que debía autorizar la exhumación basándose en ese informe. Se daba la circunstancia de que Yusty Basterreche se había pronunciado en contra de la Ley de Memoria Histórica a la que atribuía “agrias polémicas de carácter político en la que se creían superados los fantasmas de la Guerra Civil”.

También trató de que los magistrados del Supremo revocaran la decisión de que el panteón de Mingorrubio –destino final de la sepultura del dictador– pasara a ser de titularidad de la Administración General del Estado en lugar de Patrimonio Nacional. Lo llamó “burla” y “afrenta”.

Finalmente, el 24 de octubre de 2019, los restos del dictador Francisco Franco fueron trasladado de Cuelgamuros al cementerio de El Pardo.

Empujón a Vox

Los estatutos de la fundación dicen que trabajan “sin que su actividad u objetivos sean de adscripción política o partidista en modo alguno”. Contrasta con la alegría que mostraba el presidente de Vox en León en 2018, Carlos Portomeñe, porque el portavoz de la fundación, Jaime Alonso, le había dicho que “está con nosotros absolutamente y que nos va ayudar, porque como a nosotros, le preocupa lo de la financiación y lo tiene muy claro”.

Además de ese episodio, la Fundación Francisco Franco maniobró con empresarios amigos para mejorar el tratamiento de Vox en los medios de comunicación. El mismo Portomeñe informaba de que los franquistas habían aceptado hablar con el empresario de medios José Luis Ulibarri “para que el tratamiento nuestro sea como merecemos”. Según las conversaciones grabadas del político de ultraderecha, el portavoz de la fundación le dijo: “Eso déjalo de mi mano”.  

El Ministerio de Cultura ha anunciado que inicia los trámites del procedimiento para la extinción de la Fundación Francisco Franco. Lo hace “porque se considera contraria al interés general la apología del franquismo que ensalce el golpe de Estado y la dictadura o enaltezca a sus dirigentes, con menosprecio y humillación de la dignidad de las víctimas del golpe de Estado, de la guerra o del franquismo, o incitación directa o indirecta al odio o violencia contra las mismas por su condición de tales”. Comienza un proceso que finalmente dependerá del dictamen de un juez tras la emisión de informes de la Secretaría de Estado de Memoria Democrática, del Registro de Fundaciones y de la Abogacía General del Estado.

Esta actuación da “cumplimiento a lo establecido en la Ley de Memoria Democrática, en el marco de las funciones del Protectorado de Fundaciones”, indica la cartera de Ernest Urtasun, respecto a ese organismo que es competencia del ministerio cultural. En la nota remitida a los medios, el Ministerio anuncia que “como primer paso, se inician las actuaciones previas dirigidas a obtener información y elementos de juicio que motiven el inicio del procedimiento para instar judicialmente la extinción”.

Urtasun ha publicado en sus redes sociales un vídeo anunciando este procedimiento y citando a la Ley de Memoria Democrática, que dice que “concurrirá causa de extinción cuando las fundaciones no persigan fines de interés general o realicen actividades contrarias al mismo”.

El Ministerio de Urtasun ya había anunciado en abril sus planes para extinguir esta fundación, a pesar de sus intentos por esquivar la ley. El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, que ha trabajado coordinadamente con el de Cultura, dijo en ese momento que se haría con esta fundación “y toda otra que defienda al dictador o vanaglorie a quienes defendieron el franquismo”. La anomalía española de contar con organizaciones que hacen apología del fascismo no acaba en la Fundación Nacional Francisco Franco. A ella se suman otras como la Fundación José Antonio Primo de Rivera o la Fundación Blas Piñar, líder histórico de la extrema derecha y fundador de Fuerza Nueva.

Tres fases para la extinción

El procedimiento del Ministerio de Cultura se desarrollaría en tres fases. La primera, el inicio de actuaciones previas que ahora comienza, consiste en la petición de informes a la Secretaría de Estado de Memoria Democrática y al Registro de Fundaciones de competencia estatal.

La segunda será la apertura del procedimiento, que comenzaría con la comunicación del expediente a la mencionada fundación y la apertura del correspondiente periodo de alegaciones.

Por último, se solicitaría un informe a la Abogacía General del Estado, a partir del cual el Ministerio de Cultura elaboraría una resolución para instar judicialmente la extinción. Finalmente, la resolución del procedimiento será decisión de los jueces.

Las actividades de la Fundación Francisco Franco

Gran parte de las actividades de la fundación franquista se han dirigido a intentar revertir por vía judicial las acciones llevadas a cabo por los Gobiernos en aplicación de las leyes de memoria, una excepción española en la lucha contra los fascismos señalada por Europa. Así fue con los cambios en los callejeros que realizó el Ayuntamiento de Madrid durante la legislatura de Manuela Carmena en 2017 y que la fundación recurrió en los tribunales para 52 calles, pero el Tribunal Superior de Justicia de Madrid detuvo esa vía y dictaminó que la fundación solo podía pleitear por dos de ellas, aquellas que aludieran expresamente al dictador.

El año pasado, esta fundación llevó a los tribunales al Ministerio de Defensa para recurrir el cambio de la denominación del Batallón Bandera Comandante Franco por Bandera España.

Esta organización lleva años funcionando como un lobby para ensalzar al dictador utilizando la justicia y peleando contra la memoria histórica. Anteriormente había participado en el proceso judicial para que un pueblo de Soria no cambiara su topónimo en el que se ensalzaba al general Yagüe, conocido como el 'carnicero de Badajoz' por sus sangrientas ofensivas en la Guerra Civil tras el golpe de Estado de 1936 que acabó con la legalidad republicana.

La Fundación Nacional Francisco Franco (FNFF) puede tener los días contados. Al menos esta es la intención del Gobierno, que este viernes ha reafirmado su intención de extinguir o ilegalizar aquellas organizaciones que hagan apología de la dictadura franquista, tal y como estipula la Ley de Memoria Democrática. “La Fundación Francisco Franco no cabe en democracia en ningún caso. Lo que se va a hacer es extinguirla. Esta y toda otra que defienda al dictador o vanaglorie a quienes defendieron el franquismo”, ha dicho esta mañana el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres.

Así de contundente se mostró este viernes en una entrevista en la Cadena Ser Canarias, poco antes de visitar la colonia agrícola de Tefía (Fuerteventura) y nombrarla Lugar de Memoria por la represión sistemática contra las personas LGTBI que allí se produjo. Aún así, sus palabras no implican un anuncio de extinción inminente de la fundación, aclaran fuentes del Ministerio, pero sí la confirmación de que el Gobierno sigue adelante en sus planes desmintiendo la publicación de Okdiario, que apuntaba a que Pedro Sánchez daba marcha atrás al considerar que la fundación cumple la ley.

“El Gobierno no renuncia en absoluto a su extinción”, apuntan las mismas fuentes. Poco después, el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, respaldaba las palabras Torres y ha justificado la decisión porque “en una democracia consolidada como la española no puede haber una organización que homenajee a un dictador”, afirmaba.

La anomalía española de contar con organizaciones que hacen apología del fascismo no acaba en la Fundación Nacional Francisco Franco. A ella se suman otras como la Fundación José Antonio Primo de Rivera o la Fundación Blas Piñar, líder histórico de la extrema derecha y fundador de Fuerza Nueva, que tuvo cargos políticos con Franco. Aún así, la FNFF sí es la más paradigmática y activa. Ha recurrido ante los tribunales cambios de callejeros franquistas, la retirada de la estatua de Franco de Melilla o el cambio de nombre de la unidad de la Legión que homenajea al dictador. Son, además, quienes cada 20N celebran misas en su honor en el aniversario de su muerte.

Intenta blindarse

La intención de La Moncloa se mantiene incluso tras el cambio de estatutos que ha hecho la fundación con el objetivo de intentar sortear la Ley de Memoria Democrática, según ha confirmado su presidente Juan Chicharro, que augura una “dura lucha” en los tribunales si el Ejecutivo cumple finalmente con su plan.

Es la segunda vez que la organización modifica sus fines, tal y como adelantó La Razón. En la primera ocasión, en 2018, eliminó de sus propósitos frases como la “proyección del ideario de Franco” o la “exaltación de su vida como modelo de virtudes” e incluyó como objetivo “difundir y promover el estudio y conocimientos sobre la vida, el pensamiento, el legado y la obra de Francisco Franco en su dimensión humana, militar y política, así como sobre las realizaciones de los años como como Jefe del Estado español, capitán general y Generalísimo de los ejércitos”.

En un segundo retoque, que según el medio conservador fue presentado en el registro del Ministerio de Justicia el pasado 26 de junio, la fundación añade a sus fines que, en todo caso, “velará por el máximo respeto a las víctimas de cualquier significación del periodo de la historia de España comprendido entre 1931 y 1977, evitando siempre el menosprecio, descrédito o humillación a ellas o a sus familiares”.

No es un párrafo inocente: la Ley de Memoria Democrática establece que será causa de extinción de fundaciones aquellas que hagan apología del franquismo o enaltezcan a sus dirigentes. Pero, por recomendación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), para el que la apología de la dictadura está amparada por la libertad de expresión, el Gobierno añadió que hace falta “menosprecio y humillación de la dignidad de las víctimas o incitación al odio o violencia” contra ellas.

A pesar de que la Fundación Francisco Franco quiere utilizar esta previsión para intentar blindarse ante su extinción, el Ejecutivo cree que estos cambios no condicionarán un objetivo que ya Pedro Sánchez anunció por primera vez hace seis años y sostiene que, más allá de los estatutos, “basta entrar a la página web” de la organización “para comprobar que su mantenimiento es una exaltación permanente de la figura del dictador y de la obra de la dictadura”. “Esto supone en sí mismo menosprecio y humillación a sus víctimas”, remachan fuentes del departamento dirigido por Torres.

El proceso “está en marcha”

Sin embargo, la pelota está ahora en el tejado del Ministerio de Cultura, del que depende el Protectorado de Fundaciones, que es el organismo que debe instar a la extinción judicial de las fundaciones. Fuentes del departamento dirigido por Ernest Urtasun descartan hablar de plazos concretos, pero confirman que el procedimiento “está en marcha” y apuntan a que se están viendo “los procedimientos y mecanismos para hacerlo con todo el rigor jurídico” porque no obvian que se trata de “un proceso complejo”.

Si Cultura puede ya definir la hoja de ruta de la extinción de fundaciones franquistas es porque el pasado verano el Gobierno dio un paso para impulsar el procedimiento. Así, aprovechó el Real Decreto con el que prorrogaba las medidas anticrisis aprobado en junio para incorporar algunas medidas que habían decaído la legislatura anterior tras el adelanto electoral: los permisos de conciliación incluidos en la Ley de Familias, el derecho al olvido oncológico y también la modificación de la Ley de Fundaciones a la que obligaba la Ley de Memoria Democrática para proceder a la extinción.

En la práctica, lo que hace el texto es dejar estipulado el procedimiento y dictar los plazos y pasos a seguir por parte del Protectorado de Fundaciones.

Lo que sí está todavía pendiente es incluir en la ley que regula el derecho de asociación la apología del franquismo como causa de disolución. Y es que hay diferencia entre unas y otras. De hecho, la Ley de Memoria Democrática estableció procedimientos diferentes: en el caso de las fundaciones, como la FNFF, lo que el Gobierno prevé hacer es extinguirlas; con las asociaciones, la idea es disolverlas. Un extremo que depende del Ministerio del Interior, que en la pasada legislatura ya había iniciado el proceso de modificación pero que decayó con la convocatoria de elecciones generales.