La Unidad de Medicina Nuclear, perteneciente a Fundación Rioja Salud, ha incorporado a su plantilla con carácter estructural a cuatro profesionales sanitarios (personal médico, de enfermería, Técnico Superior en Imagen para el Diagnóstico y Técnico en Cuidados Auxiliares de Enfermería), una ampliación de plantilla que ha permitido que se realicen 3.000 pruebas PET/TAC en el año 2024. 

Esta cifra ha posibilitado una reducción, que el Gobierno regional ha considerado “sin precedentes”, de las listas de espera de los pacientes que necesitan un diagnóstico mediante este procedimiento. De esta forma, el plazo máximo para que un paciente sea diagnosticado o informado mediante un PET/TAC por sospecha de una lesión oncológica se sitúa en una semana. Cabe recordar que el 80% de los pacientes que se someten a esta prueba lo hace por motivos oncológicos. 

La consejera de Salud y Políticas Sociales, María Martín, ha visitado, junto al director gerente de Fundación Rioja Salud, Juan Carlos Oliva, y el jefe de servicio de Medicina Nuclear, Rafael Ramírez, este servicio y ha manifestado que “el decidido compromiso de Fundación Rioja Salud y de la Unidad de Medicina Nuclear con la investigación, el diagnóstico y tratamiento del cáncer ha permitido acortar los plazos en la localización de tumores, aumentando así las posibilidades de curación al administrar con la mayor brevedad posible el tratamiento más eficaz”. 

Del mismo modo, Martín ha agradecido “el desempeño diario llevado a cabo por los profesionales de la Unidad de Medicina Nuclear, que no solo la posicionan como una unidad referente del Sistema Público de Salud de La Rioja, sino que contribuyen de forma constante con la excelencia en la práctica asistencial con el único objetivo de mejorar la atención sanitaria ofrecida a nuestros pacientes”. 

La titular de Salud y Políticas Sociales ha expresado su solidaridad con todas las personas que actualmente padecen enfermedades oncológicas, recordando que cuentan con el apoyo de toda la sociedad riojana así como del Gobierno de La Rioja, cuya investigación, diagnóstico, tratamiento y seguimiento constituye una prioridad. Así mismo, ha querido poner en valor el trabajo diario que realizan todos los profesionales del Sistema Público de Salud de La Rioja en la lucha contra el cáncer: oncólogos, cirujanos, radiólogos, patólogos, médicos rehabilitadores, psiquiatras, fisioterapeutas, personal de enfermería, técnicos de rayos y personal administrativo.

Unidad asistencial de vanguardia 

Especializada en el diagnóstico por imagen y el tratamiento de diferentes enfermedades mediante el empleo de radiofármacos, la Unidad de Medicina Nuclear prevé atender este año a 5.500 pacientes y realizar más de 6.000 exploraciones y tratamientos. Concretamente, la previsión de pruebas PET/TAC es de 3.360 para este año 2025. 

La Unidad de Medicina Nuclear mantiene una estrecha colaboración con los diferentes servicios y unidades de atención médica con el fin de mejorar la precisión en el diagnóstico y facilitar la administración de los tratamientos más apropiados para diversas patologías. Esta situación es posible gracias a la permanente colaboración interdisciplinar entre los distintos servicios de atención sanitaria del Sistema Público de Salud de La Rioja.

No hay dos sin tres. La nueva consejera de Sanidad, Teresa Cruz (PSOE), ha encargado un informe para decidir qué modelo de gestión adopta el servicio de Medicina Nuclear del Hospital Doctor Negrín de Gran Canaria, el único de carácter asistencial en todo el territorio nacional que explota una empresa privada dentro de un complejo hospitalario público.

Se trata del tercer estudio encomendado en el seno de la Consejería en torno a este servicio en apenas tres años, después de los dos realizados durante la anterior legislatura, con conclusiones totalmente opuestas, primero por el equipo del socialista Jesús Morera y, después, por el de José Manuel Baltar, el directivo de clínica privada elegido por CC para cambiar el rumbo del área tras la abrupta ruptura del pacto de gobierno entre ambos partidos.

Ahora será la Dirección General de Programas Asistenciales del Servicio Canario de Salud (SCS) quien informará sobre la conveniencia de devolver el servicio a manos públicas, como pretendió el PSOE durante la época de Morera al frente de la Consejería (mayo de 2015-diciembre de 2016) y como han venido reclamando con insistencia destacados dirigentes del partido desde entonces, o de perpetuar la fórmula privatizada, la que se mantiene en precario desde hace ya cuatro años, cuando venció la última de las prórrogas autorizadas del contrato suscrito en 2006 con la empresa Diagnósticos Médicos Especiales (Dimec), filial del principal grupo hospitalario privado de Gran Canaria, San Roque, el mismo del que procedía el anterior consejero, Baltar.

Según han informado fuentes oficiales de Sanidad a Canarias Ahora, la consejera ha pedido en este informe un inventario detallado con todo el material y el equipamiento que sería necesario para asumir con recursos propios el servicio de Medicina Nuclear en el hospital del área norte de Gran Canaria. El objetivo, según las mismas fuentes, es que todos los datos recabados “se ajusten lo máximo posible a la realidad” del trabajo realizado en este área especializada que utiliza radiofármacos para el diagnóstico y el tratamiento de diversas enfermedades, principalmente el cáncer.

El primer informe sobre la Medicina Nuclear del Negrín data de mediados de 2016 y está firmado por el entonces gerente del complejo hospitalario, José Miguel Sánchez. Ese estudio concluía que la reversión del servicio a manos públicas generaría un ahorro de 800.000 euros al año, reduciendo los costes de 3,1 a 2,3 millones de euros. En octubre de ese mismo año, apenas dos meses antes de la ruptura del pacto entre CC y PSOE, el entonces consejero Morera anunciaba su propósito de internalizar la gestión de este y “el máximo de los servicios” de hospitalización concertados, así como de las resonancias magnéticas.

Sin embargo, la llegada de un nuevo equipo a la Consejería de Sanidad paralizó el proyecto con un contrainforme que se hizo público en octubre de 2018. Este nuevo estudio, elaborado por diferentes departamentos del SCS, comparaba dos modelos de gestión, el que asume con recursos propios el Hospital de La Candelaria, en Tenerife, y el externalizado del Negrín, en Gran Canaria, para llegar a la conclusión de que el primero es más caro que el segundo y que, por lo tanto, conviene volver a sacar a concurso un contrato al que solo puede concurrir en la isla la empresa que actualmente explota el servicio.

Desde entonces, los reproches entre el PSOE y CC en relación con este asunto han sido constantes. Los socialistas, al igual que su ahora socio de gobierno Podemos, acusaron a los nacionalistas de manipular el informe de forma “indecente” e “inadmisible”, ya que incluía datos inflados de los costes de gestión pública, al sumar en los gastos de La Candelaria, por ejemplo, las pruebas de densitometría, que en el Negrín no se prestan en el servicio de Medicina Nuclear, sino en el de Reumatología. Ese informe también calculaba el coste unitario por paciente, superior en el hospital tinerfeño, y no por prueba, que es mayor en el grancanario. Desde las filas de CC, por su parte, se intentó desacreditar el informe de 2016 hasta el punto de ridiculizarlo catalogándolo como una simple “hoja de Excel sin firma”.

El debate volvió a cobrar protagonismo a finales del año pasado con una valla publicitaria contratada por la Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública en el Archipiélago para denunciar el “negocio” de la Medicina Nuclear en Gran Canaria, vinculado también a la negativa del anterior equipo de la Consejería a incluir en el plan de infraestructuras la adquisición para el Hospital Insular de un PET-TAC, un equipamiento puntero para el diagnóstico y tratamiento del cáncer del que solo hay dos unidades en la isla (una pública explotada por San Roque y otra privada propiedad de la misma empresa). Esa pancarta fue retirada apenas unas horas después de ser colocada en las inmediaciones del Insular debido a las presiones ejercidas por el Gobierno de Canarias sobre la agencia publicitaria propietaria del espacio.

En 2017, primer año de gestión de Baltar al frente de la Consejería de Sanidad, el gasto en el servicio de Medicina Nuclear del Hospital Doctor Negrín ascendió a 4,5 millones de euros, un 82% más del generado en el ejercicio anterior.

El superávit de la Comunidad Autónoma de Canarias en 2018, cifrado en 300 millones de euros por el Ejecutivo regional, tampoco servirá para financiar el equipo para la detección y tratamiento del cáncer que los profesionales del servicio de Medicina Nuclear del Hospital Insular de Gran Canaria llevan reclamando durante años. El Gobierno de Canarias se ha vuelto a olvidar del denominado PET-TAC (siglas en inglés de Tomografía por Emisión de Positrones- Tomografía Axial Computarizada) en la relación de inversiones financieramente sostenibles previstas para el próximo ejercicio. El Consejo de Gobierno celebrado el miércoles 22 de mayo aprobó un crédito extraordinario de 25 millones de euros para financiar, con cargo a ese remanente de tesorería, equipamiento tecnológico para el Servicio Canario de Salud (SCS). Del PET-TAC, que tiene un coste estimado de 1,4 millones, sigue sin haber rastro en el plan de renovación sanitaria para el periodo 2018-2022.

La exclusión de esta máquina de la lista de inversiones sanitarias allana el camino a la continuidad del negocio privado de la Medicina Nuclear en Gran Canaria. Y es que la prestación del servicio seguirá al 100% en manos de la principal clínica privada de la isla, el grupo Hospitales San Roque, del que procede el actual consejero, José Manuel Baltar.

Ante la ausencia en el Insular de este equipamiento clave para detectar los tumores y su extensión, Sanidad deriva cada año una media de 1.500 pacientes de la zona sur de Gran Canaria al hospital de referencia del norte, el Doctor Negrín, donde son atendidos en un servicio gestionado por la empresa privada Diagnósticos Médicos Especiales (Dimec), filial de San Roque, gracias a un contrato que debió expirar, prórrogas incluidas, en 2015, pero que se ha mantenido vigente hasta la actualidad mediante la fórmula de los expedientes de nulidad (facturación del servicio mes a mes), un procedimiento administrativo que, como ha advertido la Audiencia de Cuentas en varios informes de fiscalización, debe tener un carácter excepcional.

Durante el primer año de Baltar al frente del departamento, la clínica privada facturó por esta externalización del servicio de Medicina Nuclear 4,57 millones de euros, lo que representa un incremento del 82% con respecto al ejercicio anterior.

Gran Canaria cuenta en la actualidad con solo dos PET-TAC. El primero de ellos, de titularidad pública, está instalado en la última planta del Hospital Doctor Negrín, aunque lo explota San Roque, grupo que cuenta con el otro equipo de estas características en la isla, al que se derivan los pacientes cuando se avería el primero o cuando se dispara la lista de espera. El hospital privado adquirió el aparato por un millón de euros en 2016, el mismo año en el que el anterior consejero, el socialista Jesús Morera, planteó dos medidas encaminadas a terminar con esta externalización de las pruebas. La primera de ellas, la reversión del servicio de Medicina Nuclear del Hospital Doctor Negrín a manos públicas, una decisión que, según un informe elaborado por el entonces gerente del complejo, conllevaría un ahorro de 800.000 euros para las arcas de la administración regional. La segunda, la compra del ansiado PET-TAC para el Insular, iniciativa recogida en el plan de renovación tecnológica que dejó proyectado a través de un cronograma ante las demandas de los trabajadores, que organizaron incluso una campaña de recogida de firmas.

La ruptura del pacto de gobierno entre CC y el PSOE a finales de 2016 y la expulsión de los consejeros socialistas, precisamente con el conflicto sanitario como excusa, frustró las dos acciones. El nuevo equipo, con Baltar a la cabeza, encargó otro informe sobre la externalización del servicio en el Hospital Doctor Negrín, con resultados totalmente opuestos a los que defendía el anterior gerente en el estudio de 2016, un documento que ridiculizó el actual consejero al reducirlo a una mera “hoja de Excel”. El nuevo estudio sentenciaba que el modelo privado del Negrín era más económico que la gestión pública de La Candelaria (Tenerife), aunque para ello introdujo ciertos elementos que distorsionaban los datos, como incluir entre los costes del sistema de gestión directa unas pruebas que en el privado no se computaban, puesto que se presta en otro servicio, lo que condiciona los resultados. Sanidad anunció que volvería a sacar a concurso el servicio, pero sigue sin haber noticias de licitación.

El equipo de Baltar ha demostrado durante este periodo que la compra del PET-TAC para el Insular no figura entre sus prioridades. El consejero llegó incluso a verbalizarlo en un pleno del Parlamento de Canarias en el que anunció que no estaría disponible al menos hasta 2020. Su exclusión en la relación de inversiones financiadas con el superávit de 2018 supone la quinta negativa de Coalición Canaria (CC) a instalar el equipo demandado.

Después de incumplir el cronograma que dejó programado el anterior consejero en su Plan de Renovación Tecnológica, el Servicio Canario de Salud quitó sin explicación y por sorpresa el PET-TAC de la primera lista que había confeccionado con los 17 millones de euros procedentes de la donación de la Fundación Amancio Ortega. También desapareció de la relación incluida, a través de una enmienda del PSOE, en el crédito extraordinario de 340 millones de euros aprobado en julio de 2017 por unanimidad en el Parlamento. En los dos últimos ejercicios, el Gobierno de Canarias ha tenido la oportunidad de financiar la compra a través de los sucesivos superávits, ya que se trata de una inversión financieramente sostenible, pero no lo ha hecho. El año pasado la Consejería anunció una inversión de 25 millones de euros en equipamiento sanitario con cargo al superávit de 2017 (la misma cantidad que este año), pero solo ejecutó 9 millones en la adquisición de los polémicos robots Da Vinci para los cuatro hospitales de referencia del Archipiélago.

Inversiones para el Insular y ciclotrones

Según anunció el portavoz del Ejecutivo, José Miguel Barragán, tras la celebración del último Consejo de Gobierno, la Consejería de Hacienda ha autorizado la compra para el Hospital Insular de un angiógrafo digital (un aparato para el diagnóstico de patologías neurovasculares), un equipo de resonancia magnética, un neuronavegador, la digitalización de las salas de diagnóstico por imagen, o un microscopio electrónico.

Vinculado a los servicios de Medicina Nuclear, el Gobierno de Canarias ha anunciado además la adquisición por 2,2 millones de euros de dos ciclotrones, equipos que producen los radiofármacos necesarios para realizar las pruebas con los equipos PET-TAC. Hasta la fecha estos medicamentos, que se inyectan una hora antes de la prueba, permiten detectar la extensión del cáncer (es una especie de glucosa radiactiva) y tienen una vida útil muy corta, son trasladados cada día en avión desde la Península. La Consejería de Sanidad no ha informado dónde se instalarán estos ciclotrones, aunque todo indica que se hará en los dos únicos hospitales públicos que cuentan con PET-TAC en Canarias: La Candelaria y el Doctor Negrín.

28 de julio de 2016. El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo (CC), envía un correo electrónico al gabinete del entonces consejero de Sanidad, Jesús Morera (PSOE), para citarle cinco días después en Tenerife junto a todos los gerentes de los hospitales públicos del Archipiélago y la consejera de Hacienda, Rosa Dávila, y transmitirles un contundente mensaje: hay que recortar 50 millones de euros, “sin importar dónde”, para atajar una desviación presupuestaria que compromete el techo de gasto. Ese mismo día, en Gran Canaria, el futuro sucesor de Morera, José Manuel Baltar, que en ese momento ocupa el cargo de director de Operaciones del principal grupo hospitalario privado de la isla, Clínicas San Roque, presenta en rueda de prensa la última adquisición de la empresa, un equipo PET-TAC (siglas de Tomografía por Emisión de Protones- Tomografía Axial Computarizada) para realizar las pruebas más eficaces para la detección del cáncer y su extensión.

Estos dos hitos, entonces sin conexión aparente más allá de la fecha y el sector en el que se enmarcan, explican, sin embargo, el caldo de cultivo que comenzó a gestarse en verano de 2016 y que desembocó, a finales de año, en la abrupta ruptura del pacto de gobierno, con el supuesto desfase sanitario (desmentido años después por un informe de la Audiencia de Cuentas) como telón de fondo. La salida de los consejeros socialistas y la llegada de Baltar al Ejecutivo propiciaron un cambio de modelo sanitario en el Archipiélago que ya esbozó el ahora exdirector de San Roque por esas mismas fechas, concretamente el 12 de septiembre, cuando declaró en una entrevista en la cadena Ser que las clínicas privadas podían solucionar las listas de espera con 16 millones de euros.

El caso de la Medicina Nuclear -una especialidad dedicada al diagnóstico y tratamiento de patologías, principalmente procesos oncológicos, a través de radiofármacos- se ha convertido en un ejemplo paradigmático de ese cambio de modelo en la isla de Gran Canaria. Todos los caminos conducen a una empresa privada, Clínicas San Roque, la misma que compró ese PET-TAC, una herramienta imprescindible en este tipo de servicios, precisamente cuando el pacto de gobierno entre CC y el PSOE comenzaba a resquebrajarse tras los desencuentros entre los socios debido, entre otras cuestiones, a sus diferencias en la manera de concebir el sistema sanitario público del Archipiélago.  

Los ciudadanos de Gran Canaria que deban someterse a una prueba en el PET-TAC tienen que pasar necesariamente por las manos de los facultativos de ese hospital privado. Los residentes en la zona norte de la isla serán tratados en la última planta del Hospital Universitario Doctor Negrín, en un equipo adquirido en 2009, de titularidad pública pero gestionado por San Roque, que explota el servicio de Medicina Nuclear desde hace décadas gracias a un contrato que expiró en 2015 pero que aun así se ha mantenido a través de un procedimiento administrativo excepcional, los expedientes de nulidad, por el que se abonan los tratamientos facturados mes a mes sin contrato de por medio.

El anterior consejero se propuso acabar con ese modelo privatizado y asumir la gestión directa del servicio. Esgrimía para ello un informe del exgerente del complejo que cifraba en 800.000 euros el ahorro que supondría para las arcas públicas la reversión a manos públicas de la Medicina Nuclear del Negrín. La llegada del nuevo equipo a la Consejería truncó los planes. En octubre del año pasado se filtró un informe elaborado en agosto por distintos departamentos del Servicio Canario de Salud (SCS) que proponía exactamente lo contrario: mantener el servicio en manos privadas con una nueva licitación.

Ese contrainforme del equipo de Baltar vino acompañado de una fuerte polémica. El análisis partía de la comparación entre dos modelos, la gestión directa del servicio de Medicina Nuclear del Hospital de La Candelaria, en Tenerife, y la externalizada del Doctor Negrín, en Gran Canaria, para concluir que el coste unitario por paciente era menor en este último, 414 euros frente a 541 del primero. Sin embargo, para cifrar estos costes y justificar el mantenimiento del servicio privatizado, el informe incurrió en una serie de incongruencias, como incluir en los gastos de La Candelaria las densitometrías, que en el Negrín se realizan en otra área, la de Traumatología, pero, sin embargo, excluir del cálculo a los pacientes sometidos a este tipo de pruebas, lo que da lugar a un incremento del coste unitario por paciente.

En el plano político, y a raíz de este segundo informe, el enfrentamiento entre CC y el PSOE se ha recrudecido. Los nacionalistas han minimizado el informe elaborado en la época de Morera, calificándolo de “hoja de Excel sin firma”, mientras que los socialistas han acusado a Baltar de manipular el estudio para que su antigua empresa pueda continuar haciendo negocio. En esta ecuación ha aparecido un tercer actor, la Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública en el Archipiélago, que puso en marcha a finales del año pasado una campaña de micromecenazgo para recaudar fondos con los que financiar una serie de acciones contra la privatización sanitaria, entre ellas la instalación de una pancarta publicitaria, finalmente retirada por presiones de la Consejería de Sanidad, que instaba a acabar con “el negocio de la Medicina Nuclear”.

El servicio, en cualquier caso, aún no se ha sacado a licitación, por lo que lo sigue prestando el grupo hospitalario San Roque, a través de una de sus filiales, Diagnósticos Médicos Especiales (Dimec). En 2017, el primero de Baltar como consejero, el gasto en Medicina Nuclear del Negrín fue de 4,57 millones de euros, un 82% más que en el último año del socialista Morera.

El PET-TAC que nunca llega

Los residentes en la zona sur de Gran Canaria tienen como centro público de referencia el Complejo Hospitalario Universitario Insular Materno Infantil (CHUIMI). También dispone de servicio de Medicina Nuclear, aunque en este caso la gestión es 100% pública. Sin embargo, el Insular no dispone de PET-TAC, a pesar de que sus profesionales llevan reclamándolo con insistencia desde hace un lustro, incluso con una campaña de recogida de firmas que acabó en el Parlamento. La situación en el complejo dibuja un escenario inédito en hospitales públicos con acreditación de docencia y servicio de Medicina Nuclear. La gerencia del centro deriva cada año más de 1.500 pacientes al Hospital Doctor Negrín para que se sometan a pruebas con el equipo explotado por los profesionales de San Roque.

Mientras tanto, la Consejería de Sanidad sigue dando largas a la compra del PET-TAC, un aparato que ya no considera prioritario, según reconoció el propio Baltar en una comparecencia parlamentaria en la que postergó su implementación por lo menos hasta el año 2020. En 2016, antes de dar el testigo a su sucesor, Jesús Morera dejó preparado un plan de renovación tecnológica, con cronograma incluido, que preveía la adquisición de un equipo PET-TAC para el Insular, que sería el tercero en toda Canarias (La Candelaria también tiene uno). Sin embargo, San Roque se adelantó y ese movimiento de fichas se ha revelado a posteriori clave para explicar el freno a este equipamiento en el Insular y la perpetuación del negocio para la privada.  

El PET-TAC se ha quedado al menos en dos ocasiones a las puertas de entrar en el centro hospitalario público de referencia del sur de Gran Canaria. En mayo de 2017, la Fundación Amancio Ortega suscribió un acuerdo con el Gobierno regional para donar 17,17 millones de euros destinados a la adquisición de tecnología de vanguardia para el diagnóstico y el tratamiento del cáncer, entre ellos el equipo para el Insular. Sin embargo, el tomógrafo acabó desapareciendo, sin ninguna explicación, de esa lista.

Dos meses después, en julio de 2017, el Parlamento de Canarias aprobó por unanimidad el mayor crédito extraordinario de la historia del Archipiélago, 340 millones de euros con los que, entre otras muchas inversiones, se acordó la adquisición del PET-TAC para el Insular, por un importe de 1,4 millones de euros, a través de una enmienda presentada por el PSOE. Tampoco en esa ocasión se materializó la compra ni hubo explicaciones. Los socialistas lo volvieron a intentar durante la tramitación parlamentaria del proyecto de Presupuestos de la Comunidad Autónoma para el ejercicio 2019, pero su enmienda no prosperó.

Mientras continúa esperando por el PET-TAC y deriva pacientes al servicio privatizado del Negrín, el Insular realiza pruebas con tres gammacámaras, una técnica mucho más básica. Fuentes médicas consultadas por este periódico lo describen de forma gráfica: “Es como comparar una máquina de escribir con un ordenador”. Entre otras cuestiones, los profesionales denuncian que la carencia de este equipamiento avanzado afecta a la calidad de la formación de los Médicos Internos Residentes (MIR) o a la toma de decisiones en los comités médicos, ya que a ellos no suelen acudir los facultativos que han realizado la prueba, los profesionales de la Clínica San Roque, lo que dificulta la planificación.

Las mismas fuentes consideran que no es incompatible la adquisición del PET-TAC para el Insular con la instalación en el Hospital de La Candelaria de un ciclotrón para la fabricación de los radiofármacos que se utilizan en este tipo de pruebas, una inversión que, según se ha manifestado en varias ocasiones desde el SCS, constituye la prioridad en el área de Medicina Nuclear.

A la continuidad del servicio privatizado del Negrín y las reiteradas negativas para dotar al Insular de un equipamiento de calidad se le une la tercera variable, la que cierra el círculo, la ya mencionada compra por parte de San Roque del PET-TAC en 2016 por un importe de un millón de euros, una operación que permite al grupo privado acaparar el 100% de estas pruebas en la isla de Gran Canaria con derivaciones cuando se genera lista de espera en el Negrín o cuando se avería el equipo de este centro, ya obsoleto y pendiente de renovación al estar a punto de cumplir su periodo de vida útil.

El enfrentamiento entre el Gobierno de Canarias y el principal partido de la oposición, el PSOE, a cuenta de la privatización de la sanidad se recrudece. El tono se ha elevado en la sesión parlamentaria de este martes tras los acontecimientos que han sacudido las islas la última semana, desde que el Ejecutivo regional presionara para retirar una valla publicitaria que había contratado la Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública de Canarias en las inmediaciones del Hospital Insular-Materno Infantil con el objetivo de denunciar el “negocio” del servicio de Medicina Nuclear en el Hospital Doctor Negrín de Gran Canaria, que gestiona el principal grupo hospitalario privado de la isla, Clínicas San Roque, de donde procede el actual consejero, José Manuel Baltar.

El PSOE ha formulado tres preguntas en la Cámara sobre el asunto, dos de ellas dirigidas a Baltar y una al presidente del Gobierno, Fernando Clavijo. Y el Ejecutivo regional ha optado por una doble estrategia: esquivar la polémica de la valla censurada, aduciendo desconocimiento, y pasar al ataque contra los promotores de la acción reivindicativa, la Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública y, más en concreto, contra su presidente, el socialista Guillermo de la Barreda, a quien Clavijo ha tratado de desacreditar, en contestación a una pregunta de la diputada Dolores Corujo, por “erigirse en defensor de la sanidad pública mientras mantuvo en el ejercicio de lo público (como jefe de servicio de Ortopedia y Traumatología en el Hospital Universitario de Canarias) y, después, una vez jubilado, su consulta privada”

El presidente del Ejecutivo canario, que se hacía eco así de una información publicada el pasado domingo por el periódico La Provincia, ha catalogado este caso de “ejemplo de incoherencia”, lo que le ha valido el duro reproche, en una intervención posterior, de la diputada del PSOE Patricia Hernández. La ex vicepresidenta del Gobierno canario ha acusado a Clavijo de “perseguir a los líderes” de la Marea Blanca e intentar “amedrentarlos” por su afiliación política y “por haber hecho algo absolutamente legal”. “Es un mensajito para los demás: Cuidado, que esto es lo que te toca si te enfrentas al poder establecido”.

La Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública está recaudando fondos a través de una campaña de financiación colectiva para frenar “la ola privatizadora” en Canarias a través de acciones judiciales y de sensibilización. Otro de los portavoces de la denominada Marea Blanca de Gran Canaria, el ex director general de Salud Pública Ricardo Redondas, también socialista, publicó el pasado domingo un mensaje en Twitter, el mismo día en el que se difundió esa información sobre De la Barreda, que decía lo siguiente: “No hay nada de malo en trabajar para la sanidad privada. Lo que criticamos es que algunas empresas constituyan un cártel (ilegal en España) que controla el mercado y parasita la sanidad pública”.

En su intervención de este martes en el Parlamento regional, Hernández ha señalado a José Luis Méndez, viceconsejero de Comunicación y Relaciones con los Medios del Gobierno de Canarias, como el inductor de la información sobre el presidente de la Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública y, también, como el autor de la llamada a la agencia de publicidad para la retirada de la imagen con el lema “No al negocio con la Medicina Nuclear” y los rostros de José Manuel Baltar y de Fernando Clavijo.

La diputada socialista ha ido incluso más allá al sostener que la entrevista al consejero de Sanidad, publicada ese mismo día por el mismo periódico, había sido pagada “por una farmacéutica”. Hernández ha enseñado en el Parlamento las páginas donde se inserta esta entrevista para mostrar que contienen el mismo faldón que se encuentra en las precedentes y que preside el logotipo de Celgene, una empresa biofarmaceútica, fundada en 1986 en Nueva Jersey, que en enero de este año patrocinó una conferencia de Baltar en el Foro de Editorial Prensa Ibérica,el grupo editor de La Provincia.

Baltar ha respondido que esa entrevista había sido pospuesta por razones de agenda y ha expresado su sorpresa por las acusaciones de Hernández. “Yo he venido a este Gobierno a construir, veo que otros han venido a restar y a dividir. Lo siento, porque el daño que usted le hace sistemáticamente a la sanidad canaria, se lo hace a todos los ciudadanos en el cuidado de su salud. Siga usted en esa línea y se consagrará”, ha manifestado el consejero de Sanidad, quien, ante las señales de Hernández hacia el logotipo de la farmacéutica debajo de la entrevista, ha concluido: “Es su especialidad, la fotografía, doña Patricia”.

Cuestionado posteriormente por el también diputado socialista Marcos Hernández sobre las presiones del Gobierno para retirar la valla sobre la Medicina Nuclear, Baltar ha asegurado que no tenía conocimiento de su instalación ni de su desinstalación.“Veo que usted sabe más que yo, infórmese de esas fuentes”, ha respondido el consejero de Sanidad, que ha reiterado, en la línea de manifestaciones anteriores, que su predecesor en el cargo, Jesús Morera, “no hizo nada” durante el año y medio en que ocupó el puesto para recuperar la Medicina Nuclear del Doctor Negrín. El representante del PSOE había sostenido en la intervención anterior que la pretensión de su partido de acabar con la privatización del servicio, manifestada públicamente por Morera y con un informe favorable del gerente del complejo hospitalario, era precisamente la razón por la que CC rompió el pacto de gobierno.

De la valla censurada a la cabecera de la concentración. La imagen retirada la pasada semana, por presiones del Gobierno, de un soporte publicitario contratado por la Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública de Canarias en las inmediaciones del Hospital Insular de Gran Canaria con el propósito de denunciar “el negocio” de la Medicina Nuclear en la isla ha presidido el acto convocado este lunes en la capital por la Marea Blanca en protesta contra la “mercantilización” de la sanidad y las “largas listas de espera” en el Archipiélago.

Entre 300 y 400 personas, según cifras proporcionadas por la propia organización, se han concentrado en la plaza de Stagno de Las Palmas de Gran Canaria, en la zona de Triana, en el marco de una jornada reivindicativa en todo el territorio nacional con motivo de la celebración, este 10 de diciembre, del 70 aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que tiene entre sus objetivos “garantizar a las personas una existencia sana, promover el bienestar y la seguridad”, como recordó Xili Delgado, una de las portavoces de la Marea Blanca de Gran Canaria, en el manifiesto leído en el acto.

Además de la pancarta que presidía la concentración, los representantes de este movimiento han repartido un millar de pegatinas con la imagen censurada. En ella se puede leer la inscripción “No al negocio de la Medicina Nuclear” junto a las fotografías del presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, y el consejero de Sanidad, José Manuel Baltar. Esta último se ha situado en el ojo del huracán desde su nombramiento, en enero de 2017, por su procedencia del sector privado, en concreto del grupo hospitalario San Roque, precisamente el que gestiona el servicio de Medicina Nuclear dentro del Hospital Doctor Negrín de Gran Canaria, un caso único en todo el ámbito nacional.

La Marea Blanca ha aprovechado la concentración para recaudar firmas y fondos para la campaña de financiación colectiva -crowfunding- con la que pretende costear tanto las acciones judiciales que tiene previsto emprender contra la “ola privatizadora” de la sanidad canaria como determinadas acciones de “divulgación y sensibilización”.

El concurso para la hospitalización de media y larga estancia, por 220 millones de euros para los próximos cuatro años, el proyecto para mantener privatizado el servicio de Medicina Nuclear del Hospital Doctor Negrín, la apertura y derivación de las urgencias pediátricas hacia la Clínica San Roque de Meloneras, en el sur de Gran Canaria, la carencia de hospitales comarcales o la “persistencia de las listas de espera más dilatadas” de todo el Estado son algunas de las actuaciones que aspiran a frenar al considerar que se trata de “atentados” contra la sanidad pública.

Al acto de este lunes asistió además un grupo de pacientes con citaciones para acudir al especialista a finales de 2019. Tal y como recordó la portavoz de la Marea Blanca en el manifiesto, en la actualidad son cerca de 125.000 las personas que engrosan las listas de espera de especialidades en el Archipiélago y más de 27.000 las que aguardan a ser intervenidas quirúrgicamente. Según los datos publicados por el Gobierno regional, Canarias es la comunidad autónoma con mayor demora para cirugía, con 146 días de espera frente a los 50 del País Vasco.

“Las listas de la desesperación son algo más que números, son personas que pueden ver agravada su enfermedad. Por ello, decimos que las listas de espera matan”, ha asegurado Delgado, que sostiene que son, además, “una oportunidad de negocio para los seguros privados cuando la población ve en ellos la opción de adelantar alguna prueba”. “La lista de espera discrimina a los más vulnerables aumentando la privatización del sistema”, ha añadido.

La portavoz de la Marea Blanca ha aludido al informe de la Federación de Asociaciones para la Defensa Pública que concluye que Canarias es una de las comunidades “más privatizadas” del Estado y, “a pesar de ello o precisamente por ello, la de mayores listas de espera y demora en la atención, superando lo sanitaria y socialmente tolerable”.

Delgado ha defendido una sanidad “pública y equitativa” en unas islas donde “los indicadores socioeconómicos de mayor desigualdad conviven con los peores indicadores de salud” en enfermedades de riesgo cardiovascular o en mortalidad por diabetes, entre otros. También apuesta por una sanidad “gratuita y universal”, porque “no preguntaremos cuál es su seguro o cuánto dinero lleva en los bolsillos para atenderle en urgencias o consultas” y “de calidad”, con mejoras en las ratios y más tiempo de “atención digna”.

“Seguiremos trabajando por una gestión y provisión pública porque aumenta en eficiencia y pone los recursos económicos al servicio de las poblaciones y no de los especuladores y lobbies sanitarios. No permitamos que nuestra salud sea su negocio”, ha concluido la portavoz de la Marea Blanca.

El PSOE ha presentado una enmienda al proyecto de presupuestos regionales de 2019 para que el Servicio Canario de Salud (SCS) asuma con medios propios la gestión del servicio de Medicina Nuclear del Hospital Doctor Negrín de Gran Canaria, que en la actualidad explota una empresa privada, Diagnósticos Médicos Especiales (Dimec), filial tecnológica del grupo hospitalario San Roque, del que procede el actual consejero de Sanidad, José Manuel Baltar. 

Los grupos parlamentarios deberán votar durante la tramitación de las cuentas para el próximo ejercicio una propuesta con la que el PSOE pretende que el SCS dicte en 2019 “las resoluciones y actos administrativos que resulten necesarios para que la prestación del servicio de Medicina Nuclear en el Hospital Universitario Doctor Negrín sea prestado íntegramente con medios propios de la dirección gerencia de este centro hospitalario”. La enmienda, planteada como una disposición adicional, recoge además una autorización al Gobierno para realizar las modificaciones presupuestarias oportunas a tal efecto.

Los socialistas justifican esta propuesta en el informe elaborado en 2016 por el entonces gerente del Hospital Doctor Negrín, José María Sánchez, que llega a la conclusión de que la prestación del servicio con medios propios sería más eficiente, al ser su coste inferior, en concreto 800.000 euros menos al año. La enmienda recuerda además que la actual externalización carece de cobertura jurídica, ya que el contrato adjudicado a Dimec en 2005 está vencido desde 2015, y que las facturas se están pagando desde hace tres años a través del procedimiento excepcional de los expedientes de nulidad.

El consejero de Sanidad, José Manuel Baltar, dijo el pasado miércoles en el Parlamento de Canarias que la decisión definitiva sobre el servicio de Medicina Nuclear del Negrín será adoptada por los técnicos y por la dirección del SCS y que él se abstendrá, debido a su procedencia del sector privado, en este proceso al igual que en todos aquellos que han estado vinculados a las concertaciones sanitarios, salvo en la orden de homologación que firmó el pasado mes de marzo para dar un año más de plazo a las clínicas privadas para acreditar requisitos que debían cumplir desde 2006.

El equipo de Baltar ha enfrentado al informe realizado durante la época del socialista Jesús Morera en la consejería, que ha desacreditado al catalogarlo como “una hoja de Excel sin firma”, otro estudio elaborado por diferentes servicios de la administración autonómica que compara el modelo concertado del Negrín con la gestión pública de La Candelaria para concluir que el primero es más eficiente, aunque introduce para ellos diversos elementos que distorsionan los resultados, como incluir en el coste global del hospital tinerfeño un tipo de pruebas que en el grancanario se realizan en el área de Reumatología.

La pugna por el modelo de gestión del servicio de Medicina Nuclear del Negrín, el único asistencial privatizado dentro de un hospital público en el ámbito estatal, vivirá, por tanto, un nuevo episodio durante la tramitación del proyecto de presupuestos. Además del PSOE, tanto Podemos como Nueva Canarias se han mostrado partidarios de recuperar el servicio. El PP, en cambio, ha solicitado otro estudio en profundidad que solvente los “fallos” detectados en el último presentado por el SCS, para “tomar la decisión adecuada”.

Al igual que hiciera el año pasado, el PSOE ha incluido además enmienda para reclamar la compra de un PET-TAC (siglas en inglés de Tomografía por Emisión de Positrones y de Tomografía Axial Computarizada) para el Hospital Insular de Gran Canaria, un equipo para el diagnóstico y tratamiento de pacientes con cáncer. El Gobierno regional se comprometió a adquirir este equipamiento, incluido en el plan de renovación tecnológica proyectado en 2016 por el equipo de Morera, precisamente el aceptar una enmienda socialista en el marco de la aprobación del mayor crédito extraordinario de la historia de las Islas, una inyección financiera de 340 millones de euros para los servicios esenciales.

Sin embargo, Baltar reconoció recientemente en sesión parlamentaria que este equipo no estaría operativo durante esta legislatura y que habría que esperar, al menos, hasta 2020.

La recuperación del servicio de Medicina Nuclear del Negrín y la adquisición del PET-TAC para el Insular son dos de las más de 200 enmiendas que el PSOE ha presentado para mover más de 300 millones de los presupuestos proyectados por el Gobierno regional.

El Servicio Canario de Salud (SCS) gastó 4,57 millones de euros en el servicio de Medicina Nuclear del Hospital Doctor Negrín de Gran Canaria, en manos de la empresa privada Diagnósticos Médicos Especiales (Dimec), filial de Clínicas San Roque, durante el año 2017, el primero en el cargo de José Manuel Baltar. El actual consejero de Sanidad procede de ese grupo hospitalario, el más importante por volumen de negocio en la isla. Esa cifra representa un incremento de un 82% con respecto a la ejecución del ejercicio precedente, el último del socialista Jesús Morera al frente del área, que ascendió a 2,5 millones.

Así figura en la información proporcionada por el Gobierno de Canarias  en respuesta a una solicitud de datos de la última legislatura planteada por el Grupo Socialista en el Parlamento regional. La cantidad presupuestada para el servicio durante los últimos tres años es exactamente la misma, 2,63 millones de euros, si bien es cierto que en el último ejercicio se desglosa en dos partidas diferentes, por un lado la Medicina Nuclear (un millón) y, por otro, la resonancia magnética (1,63). En los dos años anteriores figuraban de manera conjunta.

La diferencia se aprecia, sin embargo, en el grado de ejecución, es decir, en el gasto real del servicio. En el año 2015, la desviación con respecto a la cifra presupuestada fue de apenas 50.000 euros. Un año después, el primero completo de Morera en la Consejería de Sanidad,  se llegó a gastar incluso 134.000 euros menos. Ha sido el último ejercicio, 2017, cuando se ha disparado el coste del concierto con la filial de San Roque hasta los 4,57 millones. Si se toma como referencia solo la partida de Medicina Nuclear, donde se ejecuta el 100% de los fondos, el incremento sobre lo consignado en los presupuestos es del 356%. Si se le añade también lo previsto en las cuentas en relación a la Resonancia Magnética, del 73%.

Las desviaciones sobre las partidas presupuestadas son habituales en los conciertos con la sanidad privada. El artículo 25 de la Ley de Presupuestos autoriza, entre otros organismos, al Servicio Canario de Salud a tramitar sus propias modificaciones de crédito.

Un contrato vencido

El contrato con la filial del grupo hospitalario San Roque para la prestación en el Hospital Doctor Negrín de la Medicina Nuclear, un servicio fundamental para el diagnóstico y tratamiento de determinadas enfermedades, principalmente tumores,  está vencido desde 2015. Dimec resultó adjudicataria del concurso celebrado en 2005 para la externalización del servicio durante un máximo de diez años. El vínculo, sin embargo, se remonta a 1991, fecha en la que el extinto Instituto Nacional de Salud (Insalud) concertó las pruebas de Medicina Nuclear en el Hospital de Nuestra Señora del Pino. Desde hace tres años, el servicio se paga a través de los denominados expedientes de nulidad, un procedimiento excepcional para mantener la prestación cuando expira el contrato.  

En 2016, el entonces consejero Jesús Morera anunció su intención de devolver el servicio a manos públicas. Para ello, presentó un informe firmado por el entonces gerente del Hospital Doctor Negrín, José María Sánchez, que concluía que la reversión de la Medicina Nuclear acarrearía un ahorro de 800.000 euros anuales a las arcas públicas. Sin embargo, la ruptura del pacto de gobierno entre CC y PSOE, la salida de los consejeros socialistas y la entrada de Baltar dejaron en el aire la propuesta hasta el pasado 31 de agosto, cuando el actual equipo del Servicio Canario de Salud (SCS) emitió otro estudio en el que compara el modelo del Negrín con el público de La Candelaria, en Tenerife, para llegar a una conclusión radicalmente opuesta y volver a sacarlo a licitación, es decir, mantenerlo privatizado.

Desde entonces, las disputas entre CC y el PSOE en relación a este conflicto se han intensificado.  El consejero de Sanidad y el diputado socialista Iñaki Lavandera protagonizaron este miércoles en el Parlamento regional un nuevo episodio de este enfrentamiento.

Baltar ha vuelto a restar importancia al informe elaborado en 2016 por sus antecesores, calificándolo de “hoja de Excel sin firma” y asegurando que el equipo de Morera no dejó planificada la recuperación del servicio y se limitó a “hacer declaraciones y cantos al sol” en los medios. El parlamentario del PSOE, por su parte, ha acusado al consejero de “dilapidar dinero público para beneficio privado” y de encargar, para ello, un informe que, en opinión de su grupo, incurre en numerosas deficiencias. Entre ellas, “mezclar gammagrafías” sin tener en cuenta que la variabilidad de estas pruebas es muy amplia, es decir, realizar los cálculos de costes “independientemente de lo que se le haga” a los pacientes; imputar durante el primer año el importe completo de la adquisición de equipamiento y no el correspondiente a su coste de amortización durante la vida útil del aparato (diez años) o incluir las densitometrías en el coste del servicio en La Candelaria para inflar los números, ya que en el Doctor Negrín esas pruebas se realizan en Reumatología.

Lavandera pidió a Baltar que, “venga de donde venga y sea cual sea su destino”, acabe con la privatización del servicio en defensa de la sanidad pública, un objetivo que, en su opinión, “le costó el puesto” a Morera, ya que “CC no permitió que determinados negocios se pusieran en peligro”.

“Apostar por lo público es trabajar, trabajar y trabajar. Si lo tenían claro, ¿por qué no dejaron un plan? No había ni documento formal ni informal, ningún órgano colegiado de la Consejería lo había aprobado”, ha respondido Baltar, que ha concluido su intervención retando al PSOE a comparar ambos documentos. “Si su informe está mejor que el nuestro, no tendremos ningún problema en acatarlo”, ha dicho el consejero, que anunció, no obstante, que se abstendría en este procedimiento “por razones obvias”, es decir, por su pasado reciente en Clínicas San Roque.

Con respecto a la posición de otros grupos parlamentarios, Podemos fue el más rotundo al considerar “un escándalo mayúsculo” que un hospital público tenga “una planta completa privatizada”. El diputado Juan Márquez cree que la continuidad del servicio en manos privadas no solo es “injustificable políticamente, sino también económicamente”. Esther González (Nueva Canarias) defendió la necesidad de que todos los equipamientos de Medicina Nuclear sean públicos y de evitar que la actual situación se perpetúe en el tiempo, mientras que Zacarías Gómez (Partido Popular) alabó el esfuerzo realizado en el “concienzudo” informe del SCS, aunque reconoció la existencia de fallos que “imposibilitan tomar las medidas adecuadas”.

El Hospital Insular de Gran Canaria seguirá siendo el hermano pobre de la Medicina Nuclear del Archipiélago, el único hospital público de referencia sin un equipo indispensable para el diagnóstico y tratamiento de pacientes con cáncer, el denominado PET-TAC (siglas en inglés de Tomografía por Emisión de Positrones y de Tomografía Axial Computarizada), al menos hasta 2020.

El consejero de Sanidad, José Manuel Baltar, anunció en sede parlamentaria la nueva fecha prevista para la puesta en marcha de una herramienta que demandan desde hace años los profesionales del complejo hospitalario y que el Gobierno de Canarias se comprometió a adquirir en julio de 2017, al admitir una enmienda del PSOE en el marco de la aprobación del mayor crédito extraordinario de la historia de las Islas, una inyección financiera de 340 millones de euros para los servicios esenciales.

Quince meses después de la aprobación de aquel crédito y tras haber manifestado en más de una ocasión que la compra del PET-TAC estaba siendo objeto de valoración en el seno del Servicio Canario de Salud, Baltar ha reconocido que este equipo, que tiene un coste aproximado de 1,4 millones de euros y que realiza las pruebas más efectivas para detectar el cáncer, no estará operativo en esta legislatura.

Al igual que ocurriera con el polémico aumento de derivaciones hacia la clínica privada de la que procede, Hospitales San Roque, o con la decisión de mantener privatizado el servicio de Medicina Nuclear del Hospital Doctor Negrín de Gran Canaria, también en manos de su antigua empresa, el consejero se parapeta en los técnicos. “Las priorizaciones no las marca el consejero, las marcan los técnicos que saben”, manifestó Baltar en el Parlamento de Canarias a propósito de la demora en la adquisición del PET-TAC del Insular.

Mientras tanto, los pacientes del área sur de Gran Canaria que deban someterse a estas pruebas (más de 1.500 cada año) seguirán siendo derivados al Doctor Negrín, el hospital que se quedó hace más de una década con el equipo adquirido por el Servicio Canario de Salud para la provincia de Las Palmas. El servicio de Medicina Nuclear del Negrín es el único asistencial de gestión privada dentro de un hospital público de Canarias. Lo presta desde 2006 la empresa Dimec (Diagnósticos Médicos Especiales), una filial de Hospitales San Roque, el grupo del que fue gerente el actual consejero.

El PET-TAC para el Hospital Insular llegó a ser incluido en la lista de objetivos marcados por la Consejería de Sanidad para destinar los fondos para tratamientos oncológicos procedentes de la Fundación Amancio Ortega, pero fue finalmente borrado. Tampoco parece que la Consejería de Sanidad tenga intención de aplicar una parte del superávit de la comunidad autónoma (más de 200 millones de euros) a la adquisición de este equipamiento, como le ha sugerido el PSOE a través del diputado Iñaki Lavandera, que ha remarcado que es posible si se trata de una inversión financieramente sostenible.

El consejero ha reconocido que había otras prioridades, entre ellas la compra, por un total de nueve millones de euros, de cuatro robots quirúrgicos Da Vinci, uno para cada hospital de referencia de las islas (Insular, Negrin, La Candelaria y HUC). “No podemos cuestionar que uno de nuestros principales problemas es el cáncer de próstata, entre otros, y que la robótica asociada al (sistema) Da Vinci es estrictamente necesaria en cualquier hospital dotado en estos momentos. Esta es la única comunidad autónoma que no tiene ni el primero”, justificó Baltar ante la interpelación de Lavandera, que cuestionó la idoneidad de la tecnología “más cara” del mercado, más lenta que las intervenciones por laparoscopia, “con un limitado beneficio al paciente”, puesto que su principal ventaja es que es más precisa en las intervenciones complicadas, es decir, en un reducido número de casos, y que “no ha solicitado ningún servicio” del complejo hospitalario universitario.

“El motivo es el negocio”

Iñaki Lavandera ha recordado al consejero que el Hospital Insular es el único de gestión pública con acreditación de docencia que no dispone de un PET-TAC y que, además, “solo utiliza recursos (del servicio de Medicina Nuclear) en jornada de mañana”. El diputado socialista ha explicado que la adquisición de este equipo se planteó en el Plan de Renovación Tecnológica proyectado en 2016 por el entonces consejero, Jesús Morera, un plan que se le entregó al equipo de Baltar en enero de 2017 “con la justificación, los criterios, el cronograma y la ficha financiera necesaria para las distintas acciones” y que los profesionales del centro lo han reclamado de forma reiterada, llegando incluso a recoger firmas y entregarlas al Parlamento.

La instalación del PET-TAC en el Insular permitiría, en opinión de Lavandera, “ofrecer la prestación con carácter público, evitando las derivaciones hacia un determinado centro privado”. “Tiene presupuesto, se puede usar el superávit”, ha redundado el diputado, que entiende que el único motivo para negárselo al Insular es “el negocio, el mismo motivo por el que quieren volver a sacar a concurso la privatización del Negrín con un informe más que cuestionable y en tiempo de descuento para que en su despedida de la Consejería pueda brindar por haber salvado el negocio”.

Lavandera aludía así al informe elaborado recientemente por diferentes departamentos del Servicio Canario de Salud para justificar la continuidad de la gestión privada de la Medicina Nuclear en Gran Canaria y volver a sacar a licitación el contrato, que venció en 2015. Este estudio infla los costes globales del servicio público que presta el Hospital de La Candelaria (Tenerife) para demostrar que es más caro que el modelo privado del Negrín. Para ello incluye el importe de un tipo de pruebas (las densitometrías) que en el centro de Gran Canaria se prestan en otro servicio (el de Reumatología).

“Le ruego que por última vez compare el informe que hemos hecho nosotros con la hoja de cálculo sin firma de la que usted presumía sin firma”, respondió Baltar, que hacía referencia con ese comentario a un documento rubricado en 2016 por el entonces gerente del Negrín, José María Sánchez, que recogía una evaluación de las necesidades del servicio y concluía que la reversión de la prestación a manos públicas acarrearía un ahorro anual de 800.000 euros al Servicio Canario de Salud.

“Le pedimos que no vaya en contra del interés general. Si no puede o no quiere, váyase antes de que termine la legislatura, antes de que haga la externalización en el Negrín, y dote de una vez por todas al Insular del PET-TAC”, concluyó Lavandera.

El PSOE y Podemos, las dos formaciones políticas que con más vehemencia se han opuesto a la política de concertación aplicada en la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias desde la llegada al cargo de José Manuel Baltar, ex vicepresidente de la Alianza de la Sanidad Privada Española, han calificado de “inadmisible” e “indecente”, respectivamente, la “manipulación” del informe con el que el Ejecutivo pretende justificar la necesidad de que el servicio de Medicina Nuclear del Hospital Universitario Doctor Negrín de Gran Canaria continúe en manos privadas.

El Servicio Canario de Salud (SCS) se ha escudado en este estudio, elaborado por diferentes departamentos de la consejería, para volver a sacar a licitación el contrato, que expiró en 2015 y que desde entonces presta por el procedimiento de expedientes de nulidad (pagos mes a mes) la adjudicataria del concurso celebrado en 2005, la empresa Dimec, filial de Hospitales San Roque, el grupo del que procede el actual consejero. El servicio de Medicina Nuclear del Negrín es el único asistencial de gestión privada dentro de un hospital público del Archipiélago. En 2017, su coste global ascendió a 3,79 millones de euros.

El informe de Sanidad compara el modelo concertado del Negrín en Medicina Nuclear, una especialidad para el diagnóstico y tratamiento de diversas enfermedades, principalmente el cáncer, con la gestión pública directa en el mismo servicio del Hospital de La Candelaria, en Tenerife. La conclusión a la que llega es que la privatización resulta más económica que la prestación pública. Para ello, sin embargo, introduce una serie de elementos distorsionadores que conducen a ese resultado. El más llamativo, la inclusión en el cálculo del coste global de La Candelaria de las pruebas de densitometría, que en el centro grancanario no se computan porque se realizan en otro servicio, el de Reumatología.

“Es inadmisible que se manipulen los datos de esa manera para beneficiar a la exempresa del señor Baltar perjudicando a la sanidad pública, a los enfermos y a los contribuyentes”, sostiene la diputada del PSOE Patricia Hernández. A principios de la actual legislatura, los socialistas, a través del entonces consejero de Sanidad, Jesús Morera, anunciaron que el servicio de Medicina Nuclear del Negrín volvería a manos públicas. La ruptura del pacto de gobierno con CC, a finales de 2016, lo impidió. Un informe elaborado a principios de ese año por el entonces gerente del centro hospitalario, José María Sánchez, había dictaminado que la gestión pública generaría un ahorro de cerca de 800.000 euros. A diferencia del recientemente conocido, el estudio de 2016 recogía una evaluación de las necesidades del servicio para determinar si era más barato o más caro que el modelo privatizado vigente desde 2005 en el Negrín.

Patricia Hernández asegura que, “aun con sus propios datos manipulados y dividiendo (el coste global del servicio) por pruebas (en vez de por pacientes, como hace el último informe de la Consejería de Sanidad) es más barato en La Candelaria. Ni con todas las manipulaciones del mundo, ni comparando dos servicios distintos sale lo que Baltar encargó”.

Para la parlamentaria socialista se trata de un informe “burdo, a gusto del consejero”. “Defender el interés general se ha demostrado incompatible con los de su exempresa y decide defender a su exempresa”, señala Hernández. Su grupo ya ha registrado una petición de comparecencia de Baltar para explicar este informe y ha anunciado actuaciones “en todos los niveles”..

Para el diputado de Podemos Juan Márquez, la privatización del servicio de Medicina Nuclear dentro de un hospital público es “una indecencia”. “Si queremos mantener la misma calidad y las mismas condiciones de empleo es imposible que sea más barato. Es imposible que genere un ahorro puesto, que hay que calcular los márgenes de beneficio que se llevan las empresas”. Por ello, la Consejería de Sanidad tiene que recurrir “a este tipo de manipulación para poder justificar algo que no se sostiene desde ningún punto de vista”, añade.

Márquez considera que todas las denuncias que Podemos ha realizado de las “irregularidades en la concertación sanitaria” durante la etapa de Baltar demuestran que “la única manera de revertir la situación que está padeciendo la sanidad canaria y el negocio que se está haciendo con la sanidad pública, la única solución que nos queda es sacar a Coalición Canaria del Gobierno, puesto que la buena gestión y la defensa de lo público resulta incompatible con CC”.

El servicio de Medicina Nuclear del hospital público Doctor Negrín de Gran Canaria seguirá en manos privadas. Sanidad anunció hace unas semanas que volverá a sacar a licitación un contrato que está vencido desde 2015, pero que sigue ejecutando desde entonces la adjudicataria del concurso de 2005, una filial de Hospitales San Roque, el grupo del que procede el actual consejero, José Manuel Baltar.

El Gobierno regional se escuda en un informe elaborado por diferentes departamentos del Servicio Canario de Salud (SCS) y firmado por la jefa de Atención Especializada que concluye que mantener externalizado el servicio es más económico que gestionarlo con medios públicos. Este informe, fechado el pasado 31 de agosto pero oculto hasta este martes, contradice las conclusiones de otro realizado en 2016 por el entonces gerente del centro hospitalario, José María Sánchez (al que mantuvo el socialista Jesús Morera de la anterior época de Brígida Mendoza -CC-), que sostenía que revertirlo a manos públicas conllevaría un ahorro anual de hasta 800.000 euros en un departamento que en 2015 había ocasionado un gasto de 3,1 millones de euros. En 2017, esa cantidad ascendió a 3,78 millones.

En el documento de 8 páginas con el que Sanidad pretende ahora justificar la continuidad de la privatización del servicio es posible detectar, sin embargo, algunas trampas que distorsionan los resultados y, por tanto, el sentido de un informe que ya ha sido catalogado por parte del PSOE, a través de su diputada Patricia Hernández en el Parlamento regional, de “torticero, interesado y manipulado”.

El estudio compara los datos del servicio que presta en el Hospital Doctor Negrín de Gran Canaria la empresa Dimec, del grupo San Roque, con la gestión pública en el Hospital de La Candelaria, en Tenerife. El importe global de costes del servicio de Medicina Nuclear en ambos centros es similar. En el primero es de 3,78 millones de euros. En el segundo, asciende a 3,79 millones. El informe compara el coste unitario por paciente para llegar a la conclusión de que el modelo concertado del Negrín es, con una media de 414,67 euros, más barato que la gestión directa de La Candelaria, con 541,13. Sostiene además que la reversión pública del servicio acarrearía un aumento de costes que cuantifica en 3,6 millones de euros de inversión. En definitiva, 3,79 millones frente a 7,39 millones.

La primera duda que genera el documento es su punto de partida. A diferencia del informe de 2016, que recogía una evaluación de las necesidades económicas de Medicina Nuclear del Hospital Doctor Negrín para determinar si el SCS podía asumir con menores costes el servicio que prestaba la filial del grupo San Roque, el estudio de 2018 plantea una comparación con el Hospital de La Candelaria y equipara ambos servicios sin tener en cuenta las diferencias en determinadas variables como el personal, la población atendida o el tipo de pruebas realizadas.

Sin embargo, la confusión más flagrante se produce precisamente en el cálculo de los costes unitarios de los servicios, en los datos que sirven a la Consejería de Sanidad para justificar la concertación. En su parte inicial, el informe recoge el número de estudios realizados en ambos centros a través de dos tipos de equipos para el diagnóstico y tratamiento de diversas enfermedades, entre ellas del cáncer: los gammágrafos y los tomógrafos por emisión de positrones (PET, por sus siglas en inglés), pero deja fuera datos asistenciales sobre unas pruebas, las densitometrías, que en el Negrín se realizan en otro servicio, el de Reumatología.

A pesar de ello, el cuadro resumen engloba todos los costes del servicio de Medicina Nuclear de La Candelaria, incluidas las densitometrías, pero solo computa el número de pacientes de los dos dispositivos comunes, la gammagrafía y PET. Es decir, los datos del importe global del complejo tinerfeño están inflados y, por lo tanto, la división entre ambas cantidades arroja un resultado irreal, los 541,13 euros por paciente frente a los 414,67 del Negrín. Como recoge el propio informe, cerca de un 39% de la actividad del servicio de Medicina Nuclear de La Candelaria corresponde a las densitometrías.

Tampoco es baladí que el informe calcule el coste unitario por paciente y no por prueba, ya que, en caso contrario, la conclusión sería radicalmente distinta. En 2017, la Candelaria trató a 7.010 pacientes y realizó 10.300 estudios (gammagrafía y PET). En el mismo periodo por el Negrín pasaron más usuarios, 9.119, pero se hicieron menos pruebas, 9.474. Aun dando por buenas las cifras infladas del coste global del servicio de Medicina Nuclear de La Candelaria (sin descontar densitometrías), el coste por prueba es inferior en el servicio público del hospital tinerfeño (368,28) que en el concertado (392).

Desde las filas del PSOE, partido que defiende la reversión del servicio a manos públicas, sostienen que en el ámbito de la gestión sanitaria es mucho más riguroso hablar del coste por prueba que del coste por paciente, ya que los usuarios pueden necesitar más de un estudio y los protocolos de actuación varían en función de los responsables del área. Además remarcan que el estudio ahora conocido obvia una variable, la adquisición por parte de Hospitales San Roque de un PET a principios de 2017. Las fuentes socialistas consultadas sostienen que, a pesar de que este equipo también se está utilizando para atender pacientes del servicio de Medicina Nuclear, el número de estudios realizado con esta técnica en el Negrín (que dispone además de un equipo propio) es un 11% inferior al de La Candelaria, que tan solo cuenta con un tomógrafo para diagnósticos de cáncer.

Inversión inicial

Aparte de los costes de la actividad, el informe de Sanidad alerta de que la gestión directa del servicio de Medicina Nuclear del Negrín conllevaría un incremento de 3,6 millones de euros en concepto de “inversión inicial”. En esta relación incluyen los costes de personal (890.000 euros), que en materia presupuestaria nunca se insertan en este capítulo, y equipamiento de electromedicina, mobiliario y radiofarmacia (2,71 millones).

En lo que respecta a los medios humanos, el estudio no calcula los costes sobre la base de la plantilla actual de Medicina Nuclear del Hospital Doctor Negrín, como hacía el documento de 2016, sino que asume que el número de trabajadores necesarios para cubrir el servicio es exactamente el mismo que el de La Candelaria. Es decir, siete médicos especialistas, ocho técnicos, dos enfermeros, dos auxiliares administrativos y un celador. En el centro grancanario trabajan en este servicio cuatro facultativos (uno de ellos, el jefe de sección, es personal del Servicio Canario de Salud), cuatro técnicos, un radioquímico, dos enfermeros, un auxiliar clínico, dos auxiliares administrativos y un celador. El nuevo informe cifra el coste de personal en 890.011,82 euros. El de 2016, lo hacía en 827.435 euros, contemplando incentivos, sustituciones, turnos de tarde y tasas de absentismo.

En esa previsión de 2,71 millones de inversión en equipamiento, un 55% (1,5 millones) corresponden a la adquisición de un PET para sustituir al actual, que se ha quedado obsoleto. Se trata, en cualquier caso, de un equipo propio del Negrín, no de San Roque, por lo que el Servicio Canario de Salud debe asumir esta renovación aunque el servicio quede en manos privados, salvo acuerdo en sentido contrario con la empresa adjudicataria. La cantidad restante, 1,2 millones de euros, coincide exactamente con la cifra que recogía el informe de 2016 para la compra de una gammacámara y de una tomografía computarizada, además de otros equipos, mobiliario y radiofarmacia.

Esos 2,71 millones de euros de inversión en equipamiento serían amortizables en un plazo de diez años, a 270.000 euros por ejercicio, una cantidad que, según el PSOE, sería “muy razonable”.

El informe de 2016 contemplaba el arrendamiento, estimado en 137.949 euros, del equipamiento del grupo San Roque hasta la adquisición de nuevas gammacámaras a negociar con la misma empresa.

El complejo hospitalario Insular-Materno Infantil, de Las Palmas de Gran Canaria, ha vuelto a salir perdiendo en sus reclamaciones ante las autoridades sanitarias de la región. Las promesas de que en su servicio de Medicina Nuclear se instalaría un tomógrafo para los diagnósticos de cánceres (conocido como PET) han quedado tan solo en eso, promesas. El Servicio Canario de Salud (SCS) incluso ha borrado ese equipamiento de la lista de objetivos encuadrada en la generosa donación para tratamientos oncológicos proveniente de la Fundación Amancio Ortega. El dinero se destinará, si nadie lo remedia, a la instalación de un ciclotrón en el hospital de La Candelaria, en Tenerife.

“El servicio de medicina nuclear del Doctor Negrín dejará de ser concertado y pasará a manos del Servicio Canario de Salud al igual que otros servicios de hospitalización o resonancia magnética que existen en Canarias”, así lo anunciaba la Consejería de Sanidad en el mes de julio de 2016, dirigida en ese momento por el socialista Jesús Morera. El objetivo era acabar con los conciertos privados de la Sanidad pública en el Archipiélago.

En el año 2006, la empresa Dimec (Diagnósticos Médicos Especiales), filial de Hospitales San Roque, comenzó la gestión del área de Medicina Nuclear en el Hospital Doctor Negrín tras ganar el concurso convocado por la Consejería de Sanidad en los tiempos de Mari Mar Julios (Coalición Canaria).

En aquel momento resultó extraño que se le adjudicara el concurso a Hospitales San Roque y que se instalara ese servicio de medicina nuclear en el Hospital Doctor Negrín. Históricamente donde ha habido más movimiento de pacientes tratados en medicina nuclear ha sido en el área sur, cuyo complejo hospitalario de referencia es el Insular-Materno, en Las Palmas de Gran Canaria.

La medicina nuclear es una especialidad que se utiliza para diagnosticar y determinar la gravedad de varias enfermedades, entre ellas el cáncer. Dentro de ella se puede decir que hay dos vertientes: La convencional, en la que se utilizan distintos radiofármacos y la rama más avanzada en la que se utiliza la tecnología PET (por sus siglas en inglés, Positron Emission Tomography), o tomografía por emisión de positrones. El PET, un tipo de diagnóstico por imágenes, es una herramienta imprescindible para diagnosticar el cáncer, resumen los expertos. “Prácticamente no existe ningún tipo de servicio de medicina nuclear que no disponga de este equipamiento”, aseguran fuentes médicas.

Actualmente, en Canarias hay dos equipos de tecnología PET propiedad del Servicio Canario de Salud. Uno de ellos se encuentra en el Hospital de La Candelaria, en Tenerife, y el otro en el Hospital Doctor Negrín, en Gran Canaria, éste último gestionado por Dimec, la empresa privada que ganó el concurso de la dirección del servicio de medicina nuclear del hospital, desde el año 2006.

En su momento, el SCS compró dos equipos PET, uno para la provincia de Las Palmas y otro para la de Santa Cruz de Tenerife. El de la provincia oriental en principio sería para el Hospital Insular, ya que era donde existía un servicio de medicina nuclear, y el otro para el centro hospitalario de La Candelaria.  Pero por razones que se desconocen el PET de la provincia de Las Palmas se instaló en el Hospital Doctor Negrín y pasó a ser gestionado por el Hospital San Roque. Exceptuando un facultativo, el personal de ese área, el material y el equipamiento pertenecen a Dimec, pero el SCS tiene que pagar por cada prueba que se realice para pacientes del servicio público de salud. Así, la consejera de Sanidad de aquella época, María del Mar Julios, tuvo que asumir las críticas. Impactó la idea de que una especialidad, ubicada en un centro hospitalario público, con material adquirido con fondos públicos, fuera gestionada por una empresa privada. Hoy en día se sigue manteniendo a pesar de que el contrato finalizó en junio de 2015.

Ese mismo año de 2015, Coalición Canaria y el Partido Socialista Canario llegaban al Gobierno mediante un pacto que nació con sus días contados. Desde el principio de su mandato, el consejero de Sanidad, el socialista Jesús Morera, hacía mucho hincapié en su  intención de “revertir la prestación” de medicina nuclear al Servicio Canario de Salud.  Su intención era que el servicio, con un coste anual de 3.119.814 millones de euros, pasara a manos del personal del Servicio Canario de Salud.

Según un informe elaborado por la dirección de gerencia del Hospital Doctor Negrín en el año 2016,  la gestión del servicio de medicina nuclear del hospital podría ser asumida sin problemas por el personal del hospital y, además, esa gestión directa supondría un ahorro de 785.000 euros al año, con una cantidad anual de 2.335.000 millones de euros. La misma dirección, con José Miguel Sánchez al frente, fue destituida en el mes de enero de 2017, después de que el PSOE fuera expulsado del Gobierno por el presidente Clavijo y la Sanidad pública pasara a manos del consejero José Manuel Baltar, hasta aquel preciso instante director general de Hospitales San Roque..

En su primera intervención como consejero de Sanidad del Gobierno de Canarias después de que se rompiera el pacto entre el PSOE y CC, José Manuel Baltar (CC), afirmó que no existía expediente administrativo para recuperar la gestión del servicio y que no se justificaba su retroversión al sistema público.  El consejero dijo en el Parlamento que había pedido informes a los tres jefes del servicio de medicina nuclear en Canarias, pero a fecha de hoy no hay novedades.

Además, Baltar explicó que sólo existía un cruce de cartas entre Sanidad y la empresa que prestaba el servicio en el momento en el que acabó el acuerdo en junio de 2015. Se comunicó la finalización del contrato y la idea de volver a sacarlo a concurso, por ello se solicitó a la empresa la continuidad del servicio en las mismas condiciones hasta resolver la adjudicación.

Ahora, casi dos años después de que expirara el contrato, según el director del SCS, Conrado Domínguez, “se está preparando un informe de evaluación económica de la prestación actual frente a una prestación totalmente pública, esperamos tenerlos antes del verano y, según esos resultados, tomaremos la decisión acorde a ese informe”, aseguró a Canarias Ahora.

El maná de Amancio Ortega

En el mes de mayo de 2017, Amancio Ortega dueño de la cadena textil más conocida del mundo, Zara, anunciaba que iba a realizar a través de la fundación que lleva su nombre una donación de 17,7 millones a Canarias para la lucha contra el cáncer.  El Servicio Canario de Salud emplearía la donación en adquirir tres aceleradores lineales, cinco mamógrafos digitales, dos aparatos de radioterapia superficial, dos sistemas de resonancia magnética, tres gammacámaras, un SPECT (tomografía computerizada de emisión monofotónica), tres equipos TAC (tomografía axial computerizada) y tres dispositivos de braquiterapia.

Cuando se publicó la noticia se informó que al servicio de medicina nuclear del Hospital Insular se iba a destinar una gammacámara (un dispositivo de captura de imágenes, comúnmente utilizado en medicina nuclear como instrumento para el estudio de enfermedades). “En el Hospital Insular ya hay tres gammacámaras, aunque alguna ya es más vieja lo verdaderamente importante es traer un PET”, relatan las profesionales de Medicina Nuclear del complejo hospitalario Insular-Materno Infantil.

“Cuando vimos la noticia contactamos con la gerencia del hospital porque no creemos que sea beneficioso, no solo para nosotras, sino para todos los pacientes de la provincia de Las Palmas”, cuentan. “Además, todas las áreas del hospital nos apoyan para que se ponga un PET aquí porque son pruebas que se piden desde cualquier servicio clínico”, argumentan.

En julio de 2017, a raíz de todo el revuelo que se generó por el anuncio del dueño de Inditex, la gerencia del Hospital Insular convocó a los trabajadores del servicio de medicina nuclear para informar de que sí se instalaría un PET. Paralelamente, en el Parlamento de Canarias Baltar anunció que así estaba contemplado en el plan y que, por lo tanto, se instalaría en el veterano complejo hospitalario de Gran Canaria.

“En el mes de agosto nos reunimos en varias ocasiones con proveedores y con gerencia para ver los equipamientos de unos y otros, para ver cuál era el mejor para el complejo hospitalario”, aseguran varios trabajadores. “Aparentemente estaba el proceso en marcha”. Pero, por razones que los propios sanitarios desconocen, todo quedó parado y tras varios vaivenes, las autoridades sanitarias convocaron a la jefa del servicio de medicina nuclear el pasado 20 de diciembre para volver a negarle el PET.

Según su testimonio, director de SCS, Conrado Domínguez, les dijo que no había posibilidad de instalar un PET en el Hospital Insular y que en realidad no la había habido nunca. La razón: que no había suficiente suministro de radiofármacos PET a Canarias y que por tanto no tenía sentido instalar más equipos PET en las Islas. Además, les informó de que la prioridad era instalar un ciclotrón poder garantizar el avituallamiento de los PET que había.

Para poder realizar muchas de las pruebas de medicina nuclear hay que administrar a los pacientes unos radiofármacos, que se producen en un acelerador de partículas, ese acelerador de partículas se llama ciclotrón y actualmente en  Canarias no existe ninguno. Los radiofármacos vienen de Madrid o de Sevilla.

Entre 2005 y 2006 hubo intención por parte del Cabildo de Tenerife de comprar un ciclotrón para instalarlo en el Instituto Médico Tinerfeño, S.A. (Imetisa) pero a la hora de llevar a cabo la operación y con todo preparado, la Corporación insular la interrumpió y nunca se supo por qué. Ahora, más de una década después, la idea es traer un ciclotrón al Archipiélago.

Según los trabajadores del Hospital Insular, el director del SCS les dijo que el ciclotrón era necesario ya que había problemas con el suministro de los radiofármacos que venían de Madrid. “Nosotros hemos investigado y hemos comprobado que nos es cierto que haya problemas con los radiofármacos PET en Canarias”, cuentan. “En caso de que no hubiera suministro para todos, la labor del SCS sería apoyar a la Sanidad Pública y no a Hospitales San Roque”, recalcan.

Además, recuerdan que en caso de que la prioridad fuera instalar un ciclotrón, habría que realizar una inversión inicial muy fuerte y tendría un mantenimiento muy caro.  “¿En caso de montar un ciclotrón será para abastecer a dos privados?”, se cuestionan. “Para rentabilizarlo hay que tener cuatro PET, de los tres que hay ahora dos son de gestión privada”, afirman.

Distintas fuentes garantizan que antes de que se rompiera el pacto de Gobierno de CC y PSOE, el antiguo consejero de Sanidad, Jesús Morera, tenía intención de instalar un PET en el Hospital Insular y montar un ciclotrón en Canarias. La discusión se generaría a la hora de decidir qué isla capitalina sería la apropiada para alojar el bunquer. Fuentes consultadas por este diario aseguran que “el ciclotrón está muy cerca de las Islas y que se alojará en el Hospital Universitario de Canarias (HUC), en Tenerife”.

Cierto es que los radiofármacos tienen una vida muy corta y si hubiera un ciclotrón en Canarias, los equipos PET podrían tener dos turnos, incluso alguno nocturno, ya que  ahora mismo solo funcionan por la mañana debido al escaso suministro de radiofármacos desde la Península.

Es indudable que Canarias, una de las comunidades autónomas con la sanidad peor valorada del país, tiene que estar a la última en equipamientos de medicina nuclear. Con dos millones de habitantes, las Islas cuentan con una media anual de 6.868 personas a las que se les detecta un tumor maligno (3.980 hombres y 2.888 mujeres). Por ello, y después de un año de estudios e informes, sigue sin haber una solución para los diferentes servicios de medicina nuclear de las Islas, y los 17,7 millones de euros donados por la Fundación Amancio Ortega siguen sin verse reflejados en la mejora de los equipos sanitarios.

¿Puede generar la medicina riesgos para los profesionales que la ejercen? Aunque el único fin de la medicina es curar, paradójicamente en ocasiones las innovaciones médicas también comportan un riesgo para los pacientes y los profesionales. Es algo que los expertos aceptan como un peaje a pagar. Es el caso de la medicina nuclear. Romain Lonceint, de la Universidad de Nantes, ha presentado en el X Congreso Vasco de Sociología y Ciencia Política, celebrado en Bilbao, un estudio sobre los riesgos que comporta la aplicación de esta técnica.

La medicina nuclear es una especialidad médica que se ha desarrollado a partir de la segunda mitad del siglo XX. Se basa en la utilización de radiofármacos con fines de diagnóstico y terapéutico. En el caso de la medicina nuclear de diagnóstico, el radiofármaco se administra al paciente y luego es detectado por una cámara externa una vez fijado en el órgano a examinar. La captura de la radiación emitida por el radiofármaco permite la producción de imágenes de la parte del cuerpo investigada (riñones, huesos, tiroides, etc.). “Esta técnica de imagen médica, llamada gammagrafía, se utiliza no sólo para la búsqueda de patologías, como cánceres, sino también para evaluar la eficacia de tratamientos médicos”, explica Lonceint.

A diferencia de otras técnicas como la radiología, la aportación de la medicina nuclear es la obtención de imágenes funcionales, las cuales muestran como están funcionando los órganos y tejidos explorados. La terapia en medicina nuclear también se basa en la administración de un radiofármaco al paciente, pero a diferencia del diagnóstico, su propósito es destruir las células cancerígenas. Esta técnica se utiliza en el tratamiento de cánceres de tiroides con la administración al paciente de un radiofármaco basado en yodo radiactivo.

En medicina nuclear, el trabajo de curar se reparte entre dos grupos profesionales: médicos y técnicos en medicina nuclear. En el servicio investigado por Lonceint estos técnicos son todas mujeres. “Las técnicas retocan las imágenes antes de que las vea el médico. Pero sobre todo, las trabajan sobre el cuerpo físico del paciente, lo que incluye la administración del radiofármaco al paciente y su instalación debajo de la cámara”.

La administración del radiofármaco consiste en la inyección, a menudo por vía intravenosa en el brazo, a un paciente que está sentado o tumbado en función de su estado. Una vez que el radiofármaco ha sido inyectado al paciente, las técnicas instalan al paciente debajo de la cámara para hacer las imágenes. “Se trata de un momento bastante delicado pues consiste en manipular y colocar un cuerpo frágil [el paciente enfermo, mayor], pero también un cuerpo imprevisible que hay que controlar”.

Participación de familiares

“El trabajo realizado en el cuerpo físico del paciente es una fuente de riesgos potenciales para las técnicas de medicina nuclear. Les expone a dosis bajas de radiactividad cuyos efectos son inciertos para la salud. La exposición a la radiactividad proviene del radiofármaco, pero sobre todo del propio paciente una vez que la técnica le ha inyectado el radiofármaco”. Es decir, que el paciente se convierte en la ‘fuente radiactiva’ debido a que emiten radiaciones durante un periodo que corresponde al decaimiento radiactivo, que dura algunas horas o algunos días en función de los radiofármacos utilizados. Se trata de una especificidad de la medicina nuclear con respecto a otras especialidades médicas: las radiaciones no provienen de un tubo de rayos X como en radiología por ejemplo, sino del propio paciente al que se le inyecta el radiofármaco.

En definitiva, el trabajo sobre el “cuerpo físico” realizado por las técnicas consiste en curar al paciente y al mismo tiempo protegerse de los riesgos posibles, es decir protegerse del paciente después de la inyección del radiofármaco. “Esta contradicción en el trabajo [curar y protegerse] es objeto de una gestión colectiva por parte de las técnicas en medicina nuclear que se reparten este ‘trabajo sucio’, pero también por delegación de una parte de este trabajo a los familiares y a los propios pacientes. Así pues, el riesgo radiactivo individual está gestionado colectivamente en medicina nuclear”.

Por ejemplo, los padres que acompañan a su hijo pequeño al servicio de medicina nuclear. Sujetan a sus hijos para que no se muevan durante la realización de las imágenes a pesar de que el hijo emite radiaciones. “Delegar este trabajo”, explica Lonceint, “no solo favorece el buen desarrollo de los exámenes y tratamientos, sino que también permite reducir la exposición de las técnicas a la radiactividad. Por ejemplo, una técnica nos comentó que si tuviera que dar la mano a todos los niños pequeños durante los exámenes. Se trata de una cuestión de acumulación de dosis: las técnicas de medicina nuclear justifican esta práctica diciendo que su exposición a la radiactividad es continua mientras que la de los padres es ocasional”.