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Todos los caminos conducen a una clínica privada: el negocio de las pruebas para detectar el cáncer en Gran Canaria

La Consejería de Sanidad sigue negando al Hospital Insular la adquisición de un equipo avanzado de diagnóstico, el PET-TAC, mientras deriva pacientes al Doctor Negrín, donde sigue explotando el servicio Clínicas San Roque a pesar de que han transcurrido cuatro años desde que expiró el contrato

San Roque adquirió un PET-TAC, el segundo en Gran Canaria, en verano de 2016, con el actual consejero de Sanidad, José Manuel Baltar, como director de Operaciones de la clínica y en plena crisis entre los socios de gobierno (CC y PSOE) a cuenta de una supuesta desviación presupuestaria por la que el presidente pedía un recorte en los hospitales públicos de 50 millones de euros

Este PET-TAC se utiliza para derivar pacientes cuando hay lista de espera o cuando se avería el del Negrín

Durante el primer año de Baltar, la Consejería de Sanidad se gastó en el servicio privatizado de Medicina Nuclear en el Hospital Negrín 4,57 millones de euros, un 82% más que el año anterior

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PET-TAC de la Clínica San Roque.

PET-TAC de la Clínica San Roque.

28 de julio de 2016. El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo (CC), envía un correo electrónico al gabinete del entonces consejero de Sanidad, Jesús Morera (PSOE), para citarle cinco días después en Tenerife junto a todos los gerentes de los hospitales públicos del Archipiélago y la consejera de Hacienda, Rosa Dávila, y transmitirles un contundente mensaje: hay que recortar 50 millones de euros, “sin importar dónde”, para atajar una desviación presupuestaria que compromete el techo de gasto. Ese mismo día, en Gran Canaria, el futuro sucesor de Morera, José Manuel Baltar, que en ese momento ocupa el cargo de director de Operaciones del principal grupo hospitalario privado de la isla, Clínicas San Roque, presenta en rueda de prensa la última adquisición de la empresa, un equipo PET-TAC (siglas de Tomografía por Emisión de Protones- Tomografía Axial Computarizada) para realizar las pruebas más eficaces para la detección del cáncer y su extensión.

Estos dos hitos, entonces sin conexión aparente más allá de la fecha y el sector en el que se enmarcan, explican, sin embargo, el caldo de cultivo que comenzó a gestarse en verano de 2016 y que desembocó, a finales de año, en la abrupta ruptura del pacto de gobierno, con el supuesto desfase sanitario (desmentido años después por un informe de la Audiencia de Cuentas) como telón de fondo. La salida de los consejeros socialistasla llegada de Baltar al Ejecutivo propiciaron un cambio de modelo sanitario en el Archipiélago que ya esbozó el ahora exdirector de San Roque por esas mismas fechas, concretamente el 12 de septiembre, cuando declaró en una entrevista en la cadena Ser que las clínicas privadas podían solucionar las listas de espera con 16 millones de euros.

El caso de la Medicina Nuclear -una especialidad dedicada al diagnóstico y tratamiento de patologías, principalmente procesos oncológicos, a través de radiofármacos- se ha convertido en un ejemplo paradigmático de ese cambio de modelo en la isla de Gran Canaria. Todos los caminos conducen a una empresa privada, Clínicas San Roque, la misma que compró ese PET-TAC, una herramienta imprescindible en este tipo de servicios, precisamente cuando el pacto de gobierno entre CC y el PSOE comenzaba a resquebrajarse tras los desencuentros entre los socios debido, entre otras cuestiones, a sus diferencias en la manera de concebir el sistema sanitario público del Archipiélago.  

Los ciudadanos de Gran Canaria que deban someterse a una prueba en el PET-TAC tienen que pasar necesariamente por las manos de los facultativos de ese hospital privado. Los residentes en la zona norte de la isla serán tratados en la última planta del Hospital Universitario Doctor Negrín, en un equipo adquirido en 2009, de titularidad pública pero gestionado por San Roque, que explota el servicio de Medicina Nuclear desde hace décadas gracias a un contrato que expiró en 2015 pero que aun así se ha mantenido a través de un procedimiento administrativo excepcional, los expedientes de nulidad, por el que se abonan los tratamientos facturados mes a mes sin contrato de por medio.

El anterior consejero se propuso acabar con ese modelo privatizado y asumir la gestión directa del servicio. Esgrimía para ello un informe del exgerente del complejo que cifraba en 800.000 euros el ahorro que supondría para las arcas públicas la reversión a manos públicas de la Medicina Nuclear del Negrín. La llegada del nuevo equipo a la Consejería truncó los planes. En octubre del año pasado se filtró un informe elaborado en agosto por distintos departamentos del Servicio Canario de Salud (SCS) que proponía exactamente lo contrario: mantener el servicio en manos privadas con una nueva licitación.

José Manuel Baltar, el segundo por la derecha, en la presentación del PET-TAC de San Roque, en verano de 2016.

José Manuel Baltar, el segundo por la derecha, en la presentación del PET-TAC de San Roque, en verano de 2016.

Ese contrainforme del equipo de Baltar vino acompañado de una fuerte polémica. El análisis partía de la comparación entre dos modelos, la gestión directa del servicio de Medicina Nuclear del Hospital de La Candelaria, en Tenerife, y la externalizada del Doctor Negrín, en Gran Canaria, para concluir que el coste unitario por paciente era menor en este último, 414 euros frente a 541 del primero. Sin embargo, para cifrar estos costes y justificar el mantenimiento del servicio privatizado, el informe incurrió en una serie de incongruencias, como incluir en los gastos de La Candelaria las densitometrías, que en el Negrín se realizan en otra área, la de Traumatología, pero, sin embargo, excluir del cálculo a los pacientes sometidos a este tipo de pruebas, lo que da lugar a un incremento del coste unitario por paciente.

En el plano político, y a raíz de este segundo informe, el enfrentamiento entre CC y el PSOE se ha recrudecido. Los nacionalistas han minimizado el informe elaborado en la época de Morera, calificándolo de “hoja de Excel sin firma”, mientras que los socialistas han acusado a Baltar de manipular el estudio para que su antigua empresa pueda continuar haciendo negocio. En esta ecuación ha aparecido un tercer actor, la Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública en el Archipiélago, que puso en marcha a finales del año pasado una campaña de micromecenazgo para recaudar fondos con los que financiar una serie de acciones contra la privatización sanitaria, entre ellas la instalación de una pancarta publicitaria, finalmente retirada por presiones de la Consejería de Sanidad, que instaba a acabar con “el negocio de la Medicina Nuclear”.

El servicio, en cualquier caso, aún no se ha sacado a licitación, por lo que lo sigue prestando el grupo hospitalario San Roque, a través de una de sus filiales, Diagnósticos Médicos Especiales (Dimec). En 2017, el primero de Baltar como consejero, el gasto en Medicina Nuclear del Negrín fue de 4,57 millones de euros, un 82% más que en el último año del socialista Morera.

El PET-TAC que nunca llega

Los residentes en la zona sur de Gran Canaria tienen como centro público de referencia el Complejo Hospitalario Universitario Insular Materno Infantil (CHUIMI). También dispone de servicio de Medicina Nuclear, aunque en este caso la gestión es 100% pública. Sin embargo, el Insular no dispone de PET-TAC, a pesar de que sus profesionales llevan reclamándolo con insistencia desde hace un lustro, incluso con una campaña de recogida de firmas que acabó en el Parlamento. La situación en el complejo dibuja un escenario inédito en hospitales públicos con acreditación de docencia y servicio de Medicina Nuclear. La gerencia del centro deriva cada año más de 1.500 pacientes al Hospital Doctor Negrín para que se sometan a pruebas con el equipo explotado por los profesionales de San Roque.

Mientras tanto, la Consejería de Sanidad sigue dando largas a la compra del PET-TAC, un aparato que ya no considera prioritario, según reconoció el propio Baltar en una comparecencia parlamentaria en la que postergó su implementación por lo menos hasta el año 2020. En 2016, antes de dar el testigo a su sucesor, Jesús Morera dejó preparado un plan de renovación tecnológica, con cronograma incluido, que preveía la adquisición de un equipo PET-TAC para el Insular, que sería el tercero en toda Canarias (La Candelaria también tiene uno). Sin embargo, San Roque se adelantó y ese movimiento de fichas se ha revelado a posteriori clave para explicar el freno a este equipamiento en el Insular y la perpetuación del negocio para la privada.  

El PET-TAC se ha quedado al menos en dos ocasiones a las puertas de entrar en el centro hospitalario público de referencia del sur de Gran Canaria. En mayo de 2017, la Fundación Amancio Ortega suscribió un acuerdo con el Gobierno regional para donar 17,17 millones de euros destinados a la adquisición de tecnología de vanguardia para el diagnóstico y el tratamiento del cáncer, entre ellos el equipo para el Insular. Sin embargo, el tomógrafo acabó desapareciendo, sin ninguna explicación, de esa lista.

Dos meses después, en julio de 2017, el Parlamento de Canarias aprobó por unanimidad el mayor crédito extraordinario de la historia del Archipiélago, 340 millones de euros con los que, entre otras muchas inversiones, se acordó la adquisición del PET-TAC para el Insular, por un importe de 1,4 millones de euros, a través de una enmienda presentada por el PSOE. Tampoco en esa ocasión se materializó la compra ni hubo explicaciones. Los socialistas lo volvieron a intentar durante la tramitación parlamentaria del proyecto de Presupuestos de la Comunidad Autónoma para el ejercicio 2019, pero su enmienda no prosperó.

Mientras continúa esperando por el PET-TAC y deriva pacientes al servicio privatizado del Negrín, el Insular realiza pruebas con tres gammacámaras, una técnica mucho más básica. Fuentes médicas consultadas por este periódico lo describen de forma gráfica: “Es como comparar una máquina de escribir con un ordenador”. Entre otras cuestiones, los profesionales denuncian que la carencia de este equipamiento avanzado afecta a la calidad de la formación de los Médicos Internos Residentes (MIR) o a la toma de decisiones en los comités médicos, ya que a ellos no suelen acudir los facultativos que han realizado la prueba, los profesionales de la Clínica San Roque, lo que dificulta la planificación.

Las mismas fuentes consideran que no es incompatible la adquisición del PET-TAC para el Insular con la instalación en el Hospital de La Candelaria de un ciclotrón para la fabricación de los radiofármacos que se utilizan en este tipo de pruebas, una inversión que, según se ha manifestado en varias ocasiones desde el SCS, constituye la prioridad en el área de Medicina Nuclear.

A la continuidad del servicio privatizado del Negrín y las reiteradas negativas para dotar al Insular de un equipamiento de calidad se le une la tercera variable, la que cierra el círculo, la ya mencionada compra por parte de San Roque del PET-TAC en 2016 por un importe de un millón de euros, una operación que permite al grupo privado acaparar el 100% de estas pruebas en la isla de Gran Canaria con derivaciones cuando se genera lista de espera en el Negrín o cuando se avería el equipo de este centro, ya obsoleto y pendiente de renovación al estar a punto de cumplir su periodo de vida útil.

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