María Núñez Bolaños, titular del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla que se encargó de investigar el caso de los ERE, ha decidido contraatacar a quienes dudaron de su labor y ha remitido un escrito a la Fiscalía General del Estado en el que pide la apertura de un expediente disciplinario contra el fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón, y los seis fiscales de la delegación de Anticorrupción en Sevilla que la acusaron de un “retraso injustificado” en varias macrocausas, entre ellas el caso de los ERE. Hace justo un año, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) archivó aquella denuncia de Anticorrupción contra la jueza y defendió su instrucción “correcta, ágil y ordenada”.

Doce meses después, y según adelantó El Independiente, Bolaños no quiere que la cosa se quede solo en el respaldo del órgano de gobierno de los jueces y ha acudido a la Fiscalía para que aquellos que pensaron y difundieron que estaba “desatendiendo” voluntariamente casos en los que dirigentes de la Junta de Andalucía estaban siendo investigados puedan ser también, de algún modo, investigados.

Desde el pasado mes de septiembre, Bolaños sigue como titular del juzgado cuyas riendas cogió a mediados de 2015 pero sin poder seguir investigando las citadas macrocausas que, ya desde el primer momento, no le fue fácil abordar porque su antecesora, Mercedes Alaya, no quiso cedérselas en un principio. El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) aprobó hace unos meses el acuerdo alcanzado entre Bolaños y el juez de adscripción territorial José Ignacio Vilaplana, quien ejerce labores de refuerzo desde 2016, para el reparto definitivo de competencias y que la alejaron de dirigir dichas investigaciones, en manos ahora definitivamente de Vilaplana. Aquella decisión se tomó apenas unos días después de que la Comisión Permanente del CGPJ tomara conocimiento del archivo del expediente a la jueza. “La instrucción de todas las piezas se desarrolló con buen ritmo y transcurrió con normalidad, dándose respuesta a las peticiones de las partes y tramitándose los recursos en tiempos razonables”. Antes, abogados del caso ERE habían salido en defensa de la jueza Bolaños, calificando la denuncia de la Fiscalía como “auténtico desatino”.

Núñez Bolaños llegó pisando fuerte, en junio de 2015, dejando sin efecto uno de los autos de su antecesora, que tampoco se lo puso nada fácil en su aterrizaje en el juzgado de los ERE: dijo que en ella no se daban “las máximas de seriedad y rigor necesario” y que mantenía una “estrecha amistad” con el entonces consejero de Justicia, el socialista Emilio de Llera, poniendo en duda su imparcialidad. La 'respuesta' de María Núñez fue, apenas unos días después: acordar la histórica división en piezas del caso de los ERE, en contra del criterio mantenido por Alaya durante varios años. El CGPJ, a propuesta del TSJA, que en principio dejó a Alaya seguir instruyendo las causas, apartó luego de todas las macrocausas a Alaya, que ya disponía de su plaza en la Audiencia. El PP, acusación particular en todos esos casos judiciales (ERE, cursos de formación, Faffe, avales y transferencias de la agencia IDEA), desde entonces ha puesto en duda, como hizo Alaya, la profesionalidad de Núñez en un serial de desencuentros a los que salió al paso finalmente la Audiencia el año pasado, calificando de “incomprensibles” las acusaciones de los populares, que han tratado de recusarla repetidamente.

Cabe recordar que a finales de 2016 el CGPJ acordó el archivo de las denuncias presentadas por el PP andaluz contra la jueza por el caso de los cursos de formación. En aquella ocasión había sido denunciada por haber incurrido supuestamente en falta de motivación de las resoluciones judiciales. El PP había promovido una recusación “administrativa” de la jueza pero el CGPJ la rechazó por ser “algo inexistente y ajeno” al ordenamiento jurídico español. El CGPJ también archivó la denuncia del PP-A contra Núñez por la supuesta filtración del archivo del caso de la formación.

La jueza María Núñez tomó en primera instancia muchas decisiones diferentes a las de su antecesora, que llevaba 17 años como titular en el juzgado y que en junio de 2015 tomó posesión de su cargo como magistrada de la Audiencia (en la misma sección que conocía los recursos del caso ERE), entre ellas permitir grabar las comparecencias en el interior del juzgado o anular, nada más llegar, el auto que imputaba a dos exconsejeros en el caso de la formación.

Un grupo de abogados de Sevilla que están personados en diferentes macrocausas que instruye la jueza María Núñez Bolaños han elaborado un escrito en el que defienden la actuación profesional de la magistrada y cargan contra la Fiscalía por su denuncia ante el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) por “desatencion y retraso injustificado” en la tramitación de las piezas separadas del caso ERE, así como en el caso Avales y en el caso IDEA, achacando también al propio Ministerio Fiscal esa supuesta tardanza como parte de dichos procesos penales.

“Nos parece no ya profundamente injusto, sino auténtico desatino afirmar que por motivo de la actuación de esta Juez, llegada al Juzgado en 2015 y con el rumbo de estos procesos ya marcado, 'está resultando imposible proceder en los términos exigidos por la Ley de Enjuiciamiento Criminal'” como dice Anticorrupción en su denuncia, hecha pública el pasado día 3 de julio.

El escrito de la decena de los letrados firmantes está fechado el 5 de julio y quizá por ello hace alusión al caso de la formación, antes de conocerse la reapertura de la macrocausa, ironizando con que “al parecer” la misma Fiscalía “no ha hallado motivos” para incluir ese caso “en ese elenco de procesos donde la Juez Núñez habría incurrido en falta”. Apuntan los letrados que Bolaños “adoptó la decisión de archivar” y “de momento permanecen inéditas las razones que arrojarían luz sobre el distinto modo de proceder con que, a criterio de aquella Fiscalía, se habría producido la Juez: actuación regular en el Caso Formación, actuación irregular en los otros”.

Al margen de ello, y teniendo también en cuenta que la Audiencia de Sevilla no haya advertido “pérdida de imparcialidad” como pretende el PP-A, los abogados lamentan que Núñez Bolaños “viene siendo objeto de una insidiosa campaña de desprestigio a través de determinados medios de comunicación que, sobre la base de malintencionados juicios de valor o directas falsedades, tiene como objetivo crear un estado de opinión en cuanto a que el actuar jurisdiccional de la misma supuestamente se conduciría por motivaciones espurias y ausencia de imparcialidad”.

Los letrados repasan una a una las tres macrocausas a las que se refiere la Fiscalía en su denuncia, comentando las decisiones de la jueza y la posición del Ministerio Público en cada proceso, criticando que éste haya hecho públicos “juicios de valor gravemente ofensivos y que arrojan una duda explícita sobre la probidad profesional y el actuar jurisdiccional de la Juez”, que la sitúan “en una posición de completo desvalimiento e indefensión ante la opinión pública y con además grave merma de su independencia, que –una vez más- se ve frontalmente atacada”, dicen como “cualificados testigos directos” y a partir de su “propia y directa experiencia”.

También lamentan que la Fiscalía considere que Bolaoños haya actuado con “desatención y retraso injustificado” en la tramitación y resolución de las citadas causas. “Muy al contrario, y ahí estará la estadística para demostrarlo, es apabullante el sinnúmero de declaraciones recibidas, de diligencias ordenadas y de resoluciones dictadas por la Juez Núñez en estas macrocausas desde el año 2015”.

“Los distintos avatares del proceso –y entre ellos la prescripción-, así como que ”el ejercicio de la acción penal alcance sus objetivos“, todo ello se erige en carga y depende de todos los actores del proceso, constituyendo deber de Estado no sólo del juez de instrucción, sino también, y singularísimamente, del Ministerio Fiscal”, concluyen los letrados.

Fuentes de los firmantes explican a este periódico que “se trata de un posicionamiento independiente de abogados personados en las macrocausas a que alude la denuncia de Anticorrupción contra la jueza Núñez y que, no estando de acuerdo con los juicios que en esa denuncia se hacen contra la misma y su labor jurisdiccional, sencillamente hemos querido ponerlo así públicamente de manifiesto. No estamos en ningún bando ni somos defensores de la jueza”.

Alfonso Martínez del Hoyo, Enrique del Río, Juan Bellón Ariza, Gonzalo Martínez Fresneda, Víctor Moreno Catena, José Manuel García-Quílez, José María Mohedano, José Ávila, José María Calero y Miguel Conde son los firmantes del escrito, que se reproduce íntegro a continuación:

“Porfiar: discutir obstinadamente y con tenacidad; importunar repetidamente con el fin de conseguir un propósito; intentar con tenacidad el logro de algo para lo que se encuentra resistencia”. Para la Audiencia de Sevilla, “el recurrente [el PP] porfía de forma incomprensible en su infundado argumentario” para atacar las decisiones de la jueza María Núñez Bolaños, a quienes los jueces defienden pese a la reapertura de la macrocausa de la formación conocida este lunes. “No existe dato alguno que implique pérdida de imparcialidad por parte de la magistrada a quo y sólo el normal proceso de cualquier instrucción”, señala la Audiencia en su auto, donde se alude a los numerosos intentos de recusación de la jueza por parte de los populares.

Las casualidades de la vida judicial han provocado que lo ordenado por la Audiencia (casi tres años después del archivo provisional acordado por Bolaños) coincida con la denuncia hecha pública por la Fiscalía Anticorrupción ante el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) por “desatención y retraso injustificado” en la actuación de Bolaños respecto a las macrocausas. Compañeros jueces y juezas de Instrucción de Sevilla han pedido, por cierto, “respeto” para Núñez Bolaños, a quien han trasladado su “apoyo” tras la denuncia de Anticorrupción.

El caso es que la Audiencia rechaza los “motivos procesales” expuestos por el PP relativos a la presunto vulneración del deber de abstención de la jueza, una “insólita pretensión” que presentó con un “erróneo abordaje” y una “argumentación inadmisible”, según los jueces. Estamos hablando de las presuntas irregularidades que pudieran haberse cometido en el proceso de concesión, gestión, justificación y liquidación de subvenciones destinadas a formación para el empleo por el Servicio Andaluz de Empleo (SAE) en el periodo 2009 a 2012.

Cabe recordar que el CGPJ acordó el archivo de las denuncias presentadas por el PP-Andaluz contra la jueza por el caso de los cursos de formación. En aquella ocasión había sido denunciada por haber incurrido supuestamente en falta de motivación de las resoluciones judiciales. El PP había promovido una recusación “administrativa” de la jueza por el CGPJ que la rechazó por ser “algo inexistente y ajeno” al ordenamiento jurídico español.

“Sorpredentes” alegaciones del PP

La Audiencia ordena la reapertura del caso porque considera “de interés” las actuaciones solicitadas por el PP e insta a la jueza a la práctica de diligencias, detalladas en el mismo, “que fueren precisas para un total esclarecimiento de los hechos”. “Practicadas éstas, estamos persuadidos de que se dispondrá de material bastante para validar la tesis del auto”, dice el auto, que ya apunta que “no existen indicios bastantes sobre la existencia de una trama o un concierto entre los investigados y terceros para un reparto arbitrario de fondos públicos”.

Entre los argumentos que ahora esgrime la Audiencia en defensa de la actuación de la instructora también está la negativa de la supuesta falta de imparcialidad a la hora de realizar la investigación. El PP dijo que sus interrogatorios “consistían en realizar preguntas y afirmaciones capciosas y sugestivas encaminadas únicamente a obtener respuestas favorables a las tesis defensivas y, por supuesto, que fuesen contrarias a nuestras tesis acusatorias”.

La Audiencia dice ahora que “no se observa en la actividad desarrollada en los autos” de la jueza “absolutamente nada de lo que se dice, salvo que demos por capcioso o sugestivo aquello que interese en cada momento al recurrente”, es decir, al PP. “Los ejemplos que cita el recurrente en su escrito no muestran parcialidad alguna”, dice la Audiencia, que concluye que las alegaciones en ese sentido son “sorprendentes” y “no existe falta de imparcialidad y ello, si falta hiciera, lo corrobora el que la conclusión alcanzada en el auto recurrido lo ha sido a propuesta del Ministerio Fiscal, habiendo el auto aceptado literalmente todas las alegaciones del Ministerio Público”.

La postura del PP ha tenido en esta ocasión el apoyo de la Fiscalía Anticorrupción, pero no siempre ha sido así. Los fiscales rechazaron la 'red clientelar' que la jueza Mercedes Alaya apreció en los cursos de formación. Posteriormente, acusaron al PP de “enmarañar” la macrocausa después de que los populares lamentaran, antes del archivo de octubre de 2016, que le habían entregado unas grabaciones “incompletas” pertenecientes a la macrocausa.

También se refiere a ello ahora la Audiencia al afirmar, respecto a esa alegación del PP, que “en la práctica se ha respondido en razonamientos anteriores” y que el PP  “no puede acogerse” a ella (las grabaciones). El tribunal explica que la entrega de grabaciones se extraen del sistema Arconte, “donde se graban todas las declaraciones y vistas que tienen lugar en los órganos jurisdiccionales de Andalucía” y “no consta error alguno en las mismas”.

“Honesta aplicación de las normas”

“Es incomprensible que se aluda a la falta de imparcialidad como argumento para la curiosa recusación pretendida y se refiera tal falta de imparcialidad a un trámite tan secundario en un procedimiento como este tal que la resolución de un recurso de revisión relativo a las grabaciones. Si no se es imparcial, no se es en relación a la totalidad del procedimiento”, detalla la Audiencia.

Los jueces ofrecen una profusa argumentación respecto a la imparcialidad judicial, concluyendo que “el juez de Instrucción, por el ejercicio de su propia función va perdiendo imparcialidad, objetiva por cuanto tiene que indagar, considerar los puntos de vista posibles, contrastar opiniones, declaraciones y posibilidades, ensayar hipótesis y todo ello protegiendo los derechos implicados en el proceso, especialmente los de las víctimas y, por supuesto, los de las personas a las que puede imputársele un hecho delictivo”. “Implica inevitablemente ir tomando decisiones acerca de los hechos y formando opinión acerca de los mismos, pero ello ni afecta a la imparcialidad subjetiva ni a los derechos de las partes porque ello para nada hace relación al criterio con el que decide: el que se desprende de la lógica conforme a la dinámica de tales hechos y a la honesta aplicación de las normas”.

En relación con este misma macrocausa de la formación, el CGPJ archivó otra denuncia del PP-A contra Bolaños por la supuesta filtración del archivo de esta pieza 'política' de los cursos adoptado por la jueza, a quien los populares habían señalado “como origen o fuente” de una noticia publicada por varios medios de comunicación varios meses antes, atribuyendo a la magistrada una falta muy grave de revelación de hechos o datos conocidos en el ejercicio de su función.

La reapertura del caso de la formación en Andalucía ha sido el último episodio de la difícil relación judicial entre la sustituta de Mercedes Alaya y el Partido Popular. El PSOE también se las tuvo con su antecesora pero las divergencias entre Bolaños y el PP son más diversas y alcanzaron hasta el ámbito familiar en el caso de las transferencias a IDEA.

La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Sevilla ha estimado parcialmente el recurso de apelación presentado por el Partido Popular de Andalucía contra el auto en el que la jueza de Instrucción número 6 de Sevilla, María Núñez Bolaños, decretó en octubre de 2016 el sobreseimiento y archivo provisionales, a petición de la Fiscalía Anticorrupción, de la pieza principal de la causa de los cursos de formación. En esta macrocausa fueron investigadas 24 personas, entre ellas varios ex altos cargos de la Junta de Andalucía. Ahora, el juzgado dirigido por Bolaños, ahora de baja, deberá practicar una serie de diligencias de investigación tanto pendientes como nuevas solicitadas por la acusación recurrente.

En un auto notificado este lunes a las partes personadas, pocos días después de que la Fiscalía Anticorrupción denunciara a Bolaños ante el CGPJ por “retraso injustificado” al instruir causas, la Sección Primera de la Audiencia Provincial estima parcialmente el recurso del PP-A contra el auto de archivo dictado por la juez el 11 de octubre de 2016 (resolución ratificada por la magistrada el 1 de febrero de 2017) en el sentido de ordenar la práctica de las pruebas ya admitidas y no llevadas a efecto por decretarse inicialmente el sobreseimiento de la causa, cuyo objeto son las presuntas irregularidades que pudieran haberse cometido en el proceso de concesión, gestión, justificación y liquidación de subvenciones destinadas a formación para el empleo por el Servicio Andaluz de Empleo (SAE) en el periodo 2009 a 2012.

Según ha informado a primera hora de este lunes e TSJA, el tribunal ordena que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil examine, con la asistencia de un interventor de la Junta y otro de la Intervención General del Estado, una serie de expedientes de subvención precintados por la propia UCO en el SAE a los que el PP-A se refiere en su recurso, todo ello “a fin de cotejar los examinados ya en el procedimiento a través de las aplicaciones informáticas con los expedientes 'físicos' y comprobar si en los mismos se da la misma falta de documentación y defectos que en los ya examinados y que se ponen de relieve, especialmente en los informes de la Intervención”.

De igual modo, la Sala habilita a la juez instructora para que practique “aquellas otras diligencias que, con absoluta libertad de criterio y en base a lo que se contiene” en este auto, entienda “que fueren precisas para un total esclarecimiento de los hechos”, punto en el que la Audiencia advierte al PP-A de que, “si tales diligencias no dieren el resultado que busca el recurrente, será por completo improcedente continuar una instrucción que, en ningún caso, puede convertirse en prospectiva”.

En el auto, contra el que no cabe recurso, la Audiencia pone de manifiesto que “el nudo de la cuestión está en dilucidar, no si procede revocar el sobreseimiento porque no se han practicado determinadas actuaciones o se han denegado otras, sino en si deben practicarse actuaciones porque con el material disponible en los autos no procede el sobreseimiento”.

Mal uso de las subvenciones

A su juicio, “en el estado actual de las actuaciones, no concurren elementos bastantes para decidir si existe, como ha sostenido el fiscal, una situación de descontrol y mala administración que no rebasa el estricto ámbito administrativo; o, por el contrario, una situación de hecho en la que el sistema de control es que no había en la práctica control, conocida y tolerada por los responsables y que ha podido propiciar un mal uso generalizado de las subvenciones otorgadas y la comisión de determinados delitos investigados en otras actuaciones, en suma, un verdadero actus reus en el que asentar una eventual continuación del procedimiento”.

Por ello, el tribunal considera que “son de interés las actuaciones” cuya práctica se ha ordenado a la juez instructora, como son las diligencias ya admitidas y pendientes de practicar y el examen por parte de la UCO de los expedientes precintados en el SAE, añadiendo que, “practicadas éstas, estamos persuadidos de que se dispondrá de material bastante para validar la tesis del auto aquí apelado o para entender que la actuación de todos o parte de los investigados no puede ser justificada y contenida en los confines del mero Derecho Administrativo”.

En este sentido, la Audiencia asevera que “no sabemos cuántos expedientes de reintegro se incoaron respecto de los 15.561 expedientes totalmente justificados a abril de 2016 que se dice” en el informe del SAE que consta en el procedimiento, “ni los resultantes de los 260 que se dicen parcialmente justificados”, señalando que se trata de una cuestión “que debería acreditarse en el procedimiento”.

“Tampoco sabemos, y ello nos parece un dato importante para dilucidar la naturaleza de los hechos objeto del procedimiento, en lo que atañe a los expedientes de reintegro terminados a fecha de hoy relativos a las subvenciones 2009/2012, cuántos han acabado en un efectivo reintegro o han tropezado con la insolvencia del beneficiario, disolución de la entidad concesionaria y similares”, agrega el tribunal.

De igual modo, la Audiencia afirma que se desconoce “la cantidad a la que ascienden, tanto los importes reclamados en los expedientes de reintegro clasificados por anualidades, como la cantidad que importan los fallidos e incobrables por cada una de tales anualidades”, señalando que se trata de un parámetro “que igualmente debería determinarse” en la causa, “así como actualizar la cifra de expedientes prescritos de los años 2009 a 2012 a fecha de hoy”.

Todo ello, a juicio de la Sección Primera de la Audiencia, “permitiría decidir si hay una real situación de descontrol y un efectivo quebranto del interés y los fondos públicos o ha existido un control tardío sin perjuicio significativo, lo que desvirtuaría los argumentos del recurrente”.

Sin indicios de trama o concierto

El tribunal asevera que, en este caso, “no existen indicios bastantes sobre la existencia de una trama o un concierto entre los investigados y terceros para un reparto arbitrario de fondos públicos que implicara una serie de decisiones específicas para tal fin”, y tampoco “existe indicios de que se repartieran de forma organizada o planeada los fondos a una red clientelar previa”, pero “tal trama es innecesaria si lo que se ha hecho es crear una situación de hecho y sobreentendida de que lo procedente era no controlar las subvenciones aún conociendo que ello quebrantaba la legalidad y siendo conscientes de la posibilidad cierta de que se produjesen apropiaciones y/o distracciones de fondos públicos”.

Al hilo, argumenta que, “si de las diligencias por practicar resultara que efectivamente existen irregularidades en los expedientes que no son producto de una pérdida accidental de documentos ni de una mala gestión informática; que se han concedido subvenciones a sujetos no aptos; que no se han realizado cursos; de que no existía en la práctica control técnico-económico ni de los compromisos de contratación; que de los incumplientos ha derivado quebranto económico para la Administración, que la concesión y gestión de las subvenciones se hacía ad libitum et arbitrium, habría base para continuar el procedimiento” por el delito de prevaricación al que alude el PP-A en su recurso.

El PP-A, en este sentido, también considera que se podrían haber cometido delitos de fraude de subvenciones, falsedad documental y malversación de caudales públicos.

Recusación infundada

De otro lado, el tribunal rechaza los motivos procesales del recurso interpuesto por el PP-A relativos, en primer lugar, a la vulneración del deber de abstención de la juez instructora por falta de imparcialidad, y en este punto expone que dicho motivo “contiene una argumentación inadmisible”, ya que el recurrente promovió una recusación “administrativa” de la juez que fue rechazada por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) pero, pese a ello, entiende que el CGPJ “ordena a la magistrada tramitar la recusación por los trámites de la Ley Orgánica del Poder Judicial”, por lo que “desde ese momento debió abstenerse”.

La Sala precisa que el CGPJ “no ordena nada a la magistrada” y, además, “lo que dice el Consejo es cosa por completo diferente, que devuelve la recusación enviada porque no puede conocer de algo mal planteado que no es de su competencia y que la recusación ”administrativa“ de jueces y magistrados es algo inexistente y ajeno a nuestro ordenamiento”, de forma que “si se quiere recusar ello debe hacerse conforme a los artículos 217 y siguientes de la Ley Orgánica del Poder Judicial y por el procedimiento señalado en tales preceptos”.

“Pese a lo que se le ha respondido desde el CGPJ el recurrente porfía de forma incomprensible en su infundado argumentario”, subraya la Audiencia, que pone de manifiesto que “el erróneo abordaje de la pretendida recusación no puede salvarse en base a que la equivocadamente intentada haya de tenerse subsidiariamente por una recusación correcta conforme a la Ley Orgánica del Poder Judicial y que el Juzgado esté obligado a entender cosa tan singular”.

Asimismo, el PP-A alegó falta de imparcialidad en la actuación de la instructora en relación con su intervención en los interrogatorios que se han sucedido en las actuaciones, y que según esta acusación “consistían en realizar preguntas y afirmaciones capciosas y sugestivas encaminadas únicamente a obtener respuestas favorables a las tesis defensivas y, por supuesto, que fuesen contrarias a nuestras tesis acusatorias”.

Frente a ello, la Sala asevera que “no se observa en la actividad desarrollada en los autos” por la juez “absolutamente nada de lo que se dice, salvo que demos por capcioso o sugestivo aquello que interese en cada momento al recurrente”, subrayando que “no existe dato alguno que implique pérdida de imparcialidad por parte de la magistrada a quo y sólo el normal proceso de cualquier instrucción”.

“Los ejemplos que cita el recurrente en su escrito no muestran parcialidad alguna”, dice la Audiencia, que concluye que “no existe falta de imparcialidad y ello, si falta hiciera, lo corrobora el que la conclusión alcanzada en el auto recurrido lo ha sido a propuesta del Ministerio Fiscal, habiendo el auto aceptado literalmente todas las alegaciones del Ministerio Público”.

El PP-A también aludió en su recurso a que el Juzgado no les proporcionó todas las grabaciones de las declaraciones efectuadas en la causa o que éstas les fueron entregadas “mutiladas”, pero el tribunal afirma que esta alegación, “a la que en la práctica se ha respondido en razonamientos anteriores, no puede acogerse”, ya que consta en la causa la entrega de grabaciones extraídas del sistema Arconte, “que es donde se graban todas las declaraciones y vistas que tienen lugar en los órganos jurisdiccionales de Andalucía, y no consta error alguno en las mismas, error que no denuncia parte alguna”.

Así, el tribunal recuerda que “ya se le dijo al reclamante que aportara las que se le entregaron para cotejo y el recurrente no lo hizo”.

El nuevo comunicado (no es el primero) de dos asociaciones de jueces en defensa de la imparcialidad que se le presupone a una jueza, en este caso María Núñez Bolaños, es el último episodio de la difícil relación judicial entre la sustituta de Mercedes Alaya y el Partido Popular. El PSOE también se las tuvo con su antecesora pero las divergencias entre Bolaños y el PP son más diversas y alcanzan hasta el ámbito familiar, como ha sido el detonante de esta última discrepancia.

El caso es que las secciones territoriales en Andalucía de la Asociación Profesional de la Magistratura (mayoritaria en la carrera judicial y de carácter conservador) y de la Asociación de Jueces y Magistrados Francisco de Vitoria (a la que pertenece Bolaños) emitieron este lunes un comunicado “ante la difusión en varios medios de comunicación poniendo en entredicho la independencia e imparcialidad de la magistrada”. Las otras dos asociaciones que existen son la progresista Jueces para la Democracia y el Foro Judicial Independiente.

La comunicación de las asociaciones pide en líneas generales “respeto” a la labor de la jueza pero, sorprendentemente, coincide con el PP casi textualmente en una frase. “Sin juez imparcial no existe verdaderamente proceso judicial” (argumentaron los populares en su último recurso contra la jueza), “sin juez imparcial no hay verdaderamente un proceso jurisdiccional revestido con todas las garantías” (dicen las asociaciones). El fin es el mismo pero, si hacemos un repaso al historial de recusaciones a la jueza, no parece que estén de acuerdo en muchas más cosas. Casi tan pocas como su antecesora, Mercedes Alaya, que no le abonó precisamente el terreno cuando la desprestigió para quedarse con un par de macrocausas y dijo que en ella no se daban “las máximas de seriedad y rigor necesario”.

Empezando por lo último, el PP andaluz ha recurrido ante la Audiencia la decisión de Núñez a primeros de noviembre de inadmitir el incidente de recusación planteado por los populares en la causa donde se investigan las transferencias de financiación recibidas por IDEA. La jueza alegó que el partido “no es parte” en el procedimiento al no haberse resuelto aún sobre la fianza de 30.000 euros que le impuso para poder ejercer la acusación popular. La recusación se pidió, entre otras cuestiones, porque una cuñada de la magistrada trabaja en la agencia andaluza. La Junta no tardó en aclarar que la familiar “nunca” gestionó transferencias de financiación.

“Enmarañar” la causa de la formación

En este caso, el PP ha tenido el apoyo de la Fiscalía Anticorrupción, pero no siempre ha sido así. Los fiscales acusaron al PP de “enmarañar” la causa de los cursos de formación, precisamente la cuestión que había motivado en julio de 2016 el primer comunicado de las asociaciones de jueces en defensa de Bolaños, en alusión a un escrito de los populares en el que se ponía de manifiesto que le habían entregado unas grabaciones “incompletas” pertenecientes a la causa de los cursos de formación.

En relación con este misma causa de la formación, el Consejo General del Poder Judicial archivó otra denuncia del PP-A contra Bolaños por la supuesta filtración del archivo de la pieza 'política' de los cursos de formación, que la magistrada había archivado y que los populares habían señalado “como origen o fuente” de una noticia publicada por varios medios de comunicación varios meses antes, atribuyendo a la magistrada una falta muy grave de revelación de hechos o datos conocidos en el ejercicio de su función.

También en el otoño del pasado año, el CGPJ acordó el archivo de las denuncias presentadas por el PP-A contra la jueza por el caso de los cursos de formación. En aquella ocasión había sido denunciada por haber incurrido supuestamente en falta de motivación de las resoluciones judiciales.

Eso sí, el PP ha tenido una reciente buena nueva en relación con la jueza Bolaños. La Audiencia de Sevilla la ha obligado a admitir el escrito de acusación presentado por el PP en la causa por el denominado delito societario relacionado con Mercasevilla, donde serán enjuiciados el ex director general de la lonja Fernando Mellet y otros 13 acusados.

El Gobierno español no realizó concurso público alguno para las ayudas extraordinarias para prejubilaciones concedidas en el periodo 2001-2011 y tramitó todas y cada una de ellas por el régimen de concesión directa. El director general de Empleo, Javier Thibault, ha remitido al juzgado del caso de los ERE la relación de ayudas que le había solicitado a finales de julio la jueza María Núñez Bolaños para tratar de solventar una cuestión que vienen pidiendo desde hace tiempo varias defensas acerca de la existencia o inexistencia de un marco legal que amparara la concesión de este tipo de ayudas sociolaborales.

El Ministerio aporta un listado de 220 ayudas con las empresas beneficiadas, la entidad aseguradora, el tomador de la póliza, el organismo que efectuó el ingreso y el importe de cada ayuda en dicho periodo, el mismo que se investiga por la gestión de la Junta de Andalucía. Reconoce que la Dirección General “tramitó todas estas solicitudes por el régimen de concesión directa”, según el informe aportado al juzgado y al que ha tenido acceso eldiario.es/andalucía. El total de las ayudas suman unos 300 millones de euros en esos once años.

Añade el escrito, fechado este 18 de septiembre, que esta forma de proceder “sucede en la actualidad” después de la aprobación del Real Decreto 908/2013 por el que se establecieron las normas especiales para la concesión de ayudas extraordinarias a trabajadores afectados por procesos de reestructuración de empresas. Ministros del PP como Juan Carlos Aparicio (200-2002) o Eduardo Zaplana (2002-2004) o del PSOE como Jesús Caldera (2004-2008), Celestino Corbacho (2008-2010) o Valeriano Gómez (2010-2011) se sirvieron de este procedimiento, cuyas consecuencias desgrana ahora el Ministerio en esta relación de ayudas 2001-2011.

El informe también detalla que la concesión de ayudas se realizó según la Orden Ministerial de 5 de abril de 1995, desechada por la jueza Alaya durante la instrucción y que determinaba las ayudas que podía conceder de forma directa el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social a trabajadores afectados por procesos de reestructuración de empresas. “La Dirección General resolvía directamente sobre la concesión de las ayudas, condicionada la disponibilidad presupuestaria existente”, sentencia el Gobierno español ante el juzgado.

Sin concurso público

“No se aporta ninguna documentación relativa a concursos públicos de adjudicación de ayudas al no haberse celebrado ninguno”, responde directamente a la jueza, que había solicitado formalmente en cuáles de estas ayudas extraordinarias para prejubilaciones se realizó concurso público, requiriendo la documentación que acredite su celebración en caso de haberse llevado a cabo.

La petición de la jueza se produjo a raíz de un escrito del exdirectivo de Vitalia Antonio Albarracín, investigado en la causa y firmante de un escrito conjunto remitido al juzgado, quien pidió comprobar si el proceder del Gobierno central, a través de su Dirección General de Trabajo, “fue similar” a la que ese organismo realizó en el caso de la minería de Huelva con el resto de pólizas de prejubilación financiadas por el Ministerio hasta el año 2011.

Hay que recordar que Núñez abrió a finales de junio una nueva pieza separada por las ayudas de 40 millones de euros cofinanciadas por Junta y Gobierno entre 2003 y 2005 durante la crisis de la minería de la Faja Pirítica de Huelva, donde se investiga a dos exaltos cargos del Ministerio, uno de los cuales precisamente gestó con Griñán la normativa de este tipo de ayudas a los trabajadores y debe declarar como investigado en breve.

El objeto de investigación iniciada por Mercedes Alaya, refrendado por la Intervención General de la Administración del Estado, siempre fue la legalidad o no de las ayudas a trabajadores, tanto previas a la jubilación ordinaria como en procesos de reestructuración de empresas. La jueza concluyó, basándose en el informe pericial de 8.000 folios de la IGAE, que la Junta se inventó un sistema “inadecuado” de gestión de subvenciones, que creó un 'procedimiento específico' por el cual van a ir a juicio una veintena de personas, incluidos dos expresidentes andaluces que, supuestamente, lo habrían conocido y permitido. La causa se divide, a su vez, en decenas de piezas, con decenas y decenas de personas investigadas.

No se comprobaba el coste de la póliza

El informe del Ministerio también es tajante a la hora de señalar que no se realizó por ningún organismo estatal o por la Subdelegación del Gobierno “comprobación alguna respecto del coste de la póliza de seguros” ya que “esos organismos carecían de una atribución normativa específica que les habilitara para determinar si la ayuda se ingresaba o no en una póliza de seguro, quién fuera en su caso el tomador (que en ningun caso lo fue la Administración General del Estado) o si el coste de la póliza era o no adecuado”.

Es decir, el Gobierno español concedía la ayuda y eran los beneficiarios quienes pagaban las primas a las aseguradoras con las ayudas. Este procedimiento ratifica también el planteamiento de algunas defensa respecto a el caracter no público de los importes entregados a las aseguradoras por los asegurados. En dicha primas iban incluidas las comisiones acordadas y que son objeto de otra investigación que discurre de forma paralela en el mismo juzgado.

La jueza se había interesado ante el Ministerio por si las cantidades eran ingresasadas a las compañías de seguros que les indicaban las empresas tomadoras del seguro o la representación sindical, solicitantes ambas de las ayudas, sin realizar ningún tipo de comprobación respecto a si era o no adecuado el coste de la póliza de seguro. Ya el Ministerio ha dicho durante la investigación que en las ayudas del caso ERE no había pagos a mediadores o aseguradoras.

Informe a raíz de la petición de una defensa

La defensa de Antonio Albarracín realizó la petición sobre la que ahora se pronuncia el Ministerio alegando que “se ha dado por bueno, entre otros por los peritos de la Dirección General de Seguros, que en todas las ayudas de la Administración para prejubilaciones se utilizaba la convocatoria de concursos públicos”. Esta circunstancia “no ha sido así al menos respecto de las 15 ayudas extraordinarias concedidas para la minería de Huelva, en donde no consta concurso público alguno”, incide su escrito.

“Estamos en condiciones de afirmar que tampoco se habría realizado concurso público en el resto de ayudas extraordinarias para prejubilaciones concedidas por el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, circunstancia esta nada anormal, al haberse aplicado la Orden Ministerial de 5 de abril de 1995”, argumenta el abogado de Albarracín. Varias defensas ya han argumentado que la anterio instructora, Mercedes Alaya, desechó la citada Orden Ministerial, que determinaba las ayudas que podía conceder de forma directa el Ministerio a trabajadores afectados por procesos de reestructuración de empresas.

“Tiene indudable interés conocer si el Estado actuó de forma diferente a como actuó la Junta de Andalucía, o se limitó a aportar la financiación a las pólizas y con las aseguradoras que le indicaban las empresas tomadoras y la representación sindical, y todo ello sin realizar ningún tipo de concurso ni comprobación respecto de si estaba o no el precio de acuerdo al mercado asegurador existente”, dijo esta defensa en una petición a la que ha accedio la actual instructora.

De la documentación “se colige que esas pólizas fueron contratadas en unidad de acto, en donde en la misma póliza aparecían los pagos del Gobierno central y del autonómico, es decir, se presume que el Gobierno central tampoco elaboró para esas pólizas ningún pliego de prescripciones técnicas que pudiera ser utilizado en procedimientos de concurrencia competitiva, en los que se invita a participar directamente a las aseguradoras sin la intervención de un mediador de seguros”.

¿Responsabilidades políticas o responsabilidades penales? La propuesta de dictamen de la comisión de investigación del Parlamento de Andalucía conocida este lunes apunta la responsabilidad última hasta la entonces máxima autoridad de la comunidad autónoma (Manuel Chaves y José Antonio Griñán). Casi al mismo tiempo trascendía, aunque el escrito es de hace mes y medio, que la Fiscalía Anticorrupción rechazaba siquiera investigar el papel de los expresidentes en el supuesto fraude, al menos en la pieza que investiga el uso de 33,3 millones para la formación de los extrabajadores de Delphi.

El caso es que las responsabilidades para el periodo 2002-2012 han llegado a distinto nivel si hablamos de juicio político o de calificación jurídica de los hechos. El dictamen no es una sentencia, ni aspira a ello, pero es de prever que los juzgados no vean pasar a los expresidentes por el asunto de la formación para el empleo. Lo que está claro es que las consecuencias políticas y judiciales han tomado un camino bastante diferente en este caso, probablemente fruto de los intereses políticos de los diferentes grupos frente a la defensa del interés público tutelado por la ley de la Fiscalía. Cabe recordar que, cuando en septiembre se conocieron las conclusiones de los grupos, PP, Podemos e IU elevaron a Susana Díaz la responsabilidad, Ciudadanos apuntaba hasta Chaves y Griñán, mientras que el PSOE no señaló a nadie, ni político ni funcionario.

Las investigaciones política y judicial han coincidido en esta fecha, y de manera tan dispar, precisamente muy poco después de que la jueza María Núñez Bolaños cargara contra su antecesora, Mercedes Alaya, y contra la Guardia Civil por “elaborar teorías sobre conspiración y tramas delictivas”, denunciando también el “aval” del PP en ese sentido aunque sólo fuera para “mantener vivo el procedimiento”. El auto de la jueza no dejaba lugar a dudas a que, desde de punto de vista penal, no había caso, aludiendo a “simple y llanamente irregularidades administrativas”. Se podría decir, por tanto, que hay sentencia judicial (absolutoria, y sin llegar siquiera a juicio) pese a que el PP insista en que “sí ha pasado” como decía este lunes su líder en Andalucía, Juanma Moreno.

Pero en esto ha llegado la propuesta de dictamen del Parlamento, que indica que Chaves y Griñan han sido responsables de los nombramientos de los diferentes titulares de la Consejería competente durante el periodo investigado y han ejercido la superior dirección y coordinación de todas las Consejerías, “y como tales son responsables”, para la derivada judicial de los cursos de formación, al menos para el criterio de la Fiscalía Anticorrupción, son “simples conjeturas” de los extrabajadores de Delphi, que reclamaban la declaración como investigados de los expresidentes.

El precedente de los ERE

Al margen de la presencia de Chaves o Griñán, la propia Fiscalía marcó su criterio respecto a la inexistencia de delito en las exoneraciones a los beneficiarios de fondos de formación, entre otras cuestiones, o la ausencia de menoscabo de fondos públicos según concluyo el Tribunal de Cuentas. La reciente decisión judicial de la jueza Núñez, a expensas del ya anunciado recurso del PP andaluz, ha puesto fin a la causa. En la parte política, quedan las enmiendas de los grupos, el dictamen final y lo que con él quiera hacer el Pleno del Parlamento.

Sobre comisiones de investigación, existe en reciente precedente, el caso de los ERE, con dictamen parlamentario e investigación paralela en el orden jurisdiccional. El Pleno del 28 de noviembre de 2012 acordó rechazar el dictamen de la comisión de investigación sobre las ayudas sociolaborales a trabajadores afectados por expedientes de regulación de empleo y a empresas en crisis otorgadas por la Junta de Andalucía entre 2001 y 2010.

Aquel dictamen situaba “ indudablemente, una responsabilidad política directa por actuación en el ámbito de la Consejería de Empleo que comienza por la Dirección General, desempeñada fundamentalmente en este tiempo por Francisco Guerrero”. “Él realizaba las actuaciones y tomaba las decisiones que directamente se traducían en irregularidades: intrusos, pagos excesivos de comisiones, distribución arbitraria de las ayudas, etc”, dijo aquel dictamen, luego rechazado. Ni que decir tiene que no es el único investigado por los ERE, que ya ha sentado en el banquillo de los acusados a los expresidentes Chaves y Griñán en la pieza 'política' de la causa.

Responsabilidades políticas, responsabilidades penales, responsabilidades administrativas, una comisión de investigación, varias causas judiciales abiertas y ahora un informe del Tribunal de Cuentas ¿Cuál es la forma de saber realmente quién no lo hizo bien o qué se hizo mal a la hora de gestionar los cursos de formación para el empleo en Andalucía y cómo ha de pagarlo? Diversos son los frentes y sólo dos las posiciones inamovibles: para el PP, el PSOE usó la Junta para engordar sus “redes clientelares”, y para los socialistas, los populares tienen ya que ir disculpándose por haber criminalizado antes de tiempo un asunto que puede quedar en poca cosa según las últimas resoluciones.

Pero los interventores de la Junta, tanto en el juzgado como en el Parlamento, han señalado que tan sólo apreciaron irregularidades administrativas. Similar opinión parecen tener los auditores del Tribunal de Cuentas en el acta de liquidación conocida este viernes, aunque fuentes del órgano insisten en su provisionalidad. A la 'causa política' que instruye la jueza Núñez Bolaños, cuyo archivo se anuncia tan periódicamente que va camino de no ser noticia cuando sea realidad, le han puesto ya hasta fecha: septiembre. En esa línea, la Fiscalía Anticorrupción no ha observado delito en las exoneraciones para conceder nuevas subvenciones sino que lo atribuye a una “lógica interna” de la Junta.

El origen del asunto se remonta al informe de la Cámara de Cuentas de Andalucía donde el órgano fiscalizador puso en duda la distribución de 798 millones de euros dedicados por la Junta de Andalucía a la formación en 2009 y 2010. ¿Hubo descontrol del dinero, discrecionalidad en la entrega de subvenciones y, a juicio de las imputaciones, un fraude con decenas de personas de acuerdo para su comisión, o simplemente se produjeron “irregularidades administrativas”? Según el prisma, para muchos ya es 'cosa juzgada' y sólo les quedará respetar pero no compartir, o viceversa, la decisión judicial o fiscalizadora.

Es decir, el órgano fiscalizador andaluz alertó de una cuestión que ahora ponen en duda los juzgados, los hombres anticorrupción y otro órgano fiscalizador superior. La provisionalidad a la que alude el Tribunal de Cuentas debería estar a la misma altura que la de estar imputado (o investigado), pero en este país salir en la televisión camino del furgón, comparecer en comisión parlamentaria o, ya no digamos, acudir a declarar a sede judicial, es cuasi sinónimo de culpabilidad (eso sí, presunta).

Tras cinco años sin convocatoria, recientemente se publicaron las órdenes que regularán el regreso de las subvenciones de formación profesional para el empleo. De momento, como casi siempre, los que parecen pagarlo mientras unos se pelean con otros son las personas que no han podido en este tiempo ni optar a mejorar sus capacitaciones laborales a través de la formación profesional para el empleo. Los tribunales de justicia o de cuentas depurarán las responsabilidades, y los fondos públicos al menos no deberían ni estar cerca de menoscabarse.

Y el caso de los ERE se dividirá en piezas. El conflicto entre la jueza Mercedes Alaya y la Fiscalía Anticorrupción, a cuya tesis de despiezar la causa se sumaron más recientemente el TSJA y el Tribunal Supremo, ha dado una vuelta de tuerca que, aunque no defintiva (cabe recurso), es muy novedosa. El caso es que, antes de cerrar el curso judicial, la nueva titular del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, María Núñez Bolaños, ha acordado este jueves la división de esta macrocausa en tres piezas: una primera pieza relativa al denominado 'procedimiento específico', una segunda relativa a las sobrecomisiones y un tercer bloque de piezas para el que habría que abrir un número no inferior a 200 piezas incoando una por cada ayuda sociolaboral o directa a empresas.

Los peores presagios de Alaya, que ha rechazado esta posiblidad en múltiples autos, se han hecho realidad. Hace unas semanas, en su pugna con Núñez por mantener la instrucción de esta causa, alertaba al CGPJ de que la nueva titular del juzgado “pretende aprovechar estos días de estancia en mi actual plaza de la Audiencia para dividir la causa en piezas… y con esta resolución evitaría mi entrada en la comisión de servicio relativa a esta causa”. Lo que ha hecho Nuñez es tomar al respecto, como titular del juzgado, una decisión que venía siendo reclamada por Anticorrupción (en abril de 2015, en marzo y en abril de 2014), el propio TSJA el pasado abril y hasta el Tribunal Supremo desde su primer pronunciamiento el pasado otoño cuando abrió investigación contra los aforados.

La magistrada considera que “es innegable que la división contribuiría decisivamente a la agilización de la causa” y que concurren los parámetros que permiten la división solicitada de acuerdo con el plan que el propio Ministerio Fiscal propone. En ese sentido, Núñez recuerda precisamente la posición del Supremo diciendo que “es factible la división en una primera pieza en la que se investigue el denominado procedimiento específico”, la pata política de la causa de la que se han encargado los altos tribunales.

La jueza detalla en ese sentido que “ya existe un criterio sólido expresado en fechas recientes por el Tribunal Supremo no sólo en cuanto a la posibilidad de su enjuiciamiento separado sino en cuanto a la calificación jurídica de los hechos. Lo cierto es que el resultado derivado del enjuiciamiento de quienes se encuentran imputados por los hechos que se integrarían en dicha pieza, en ningún caso afectaría al resultado del enjuiciamiento de las demás piezas”.

Cuando la Fiscalía ha hablado siempre de “procedimiento específico” se refiere a que el avance en la instrucción de Alaya habría puesto de manifiesto que la inclusión de los llamados “intrusos” en los ERE fue posible gracias a la utilización de un procedimiento por el cual se pusieron en manos de la Dirección General de Trabajo y Seguridad Social de la Consejería de Empleo unos fondos que separaban la concesión de las denominadas ayudas sociolaborales y ayudas a empresas, que no se sujetaban a fiscalización previa de la Intervención y cuyos pagos sólo eran sujeto de fiscalización aposteriori. Dicho procedimiento tendría tres variantes, en virtud de convenios individuales entre la Consejería y el entonces IFA, del convenio marco de 17 de Julio de 2001 igualmente entre la Consejería y el IFA, y la encomienda de gestión de 2010.

¿Quién seguirá instruyendo la causa?

En su auto, la jueza indica también, siguiendo la propuesta explícita de la Fiscalía, que es factible la división en una segunda pieza que tenga por objeto el estudio de las sobrecomisiones. Argumenta la jueza que “tampoco en este caso se produciría una ruptura de la continencia de la causa como elemento impeditivo de la decisión dado el objeto de la investigación y posterior enjuiciamiento de los hechos”. Por último, considera también factible la división en piezas, una para cada expediente de ayuda sociolaboral o subvención o para cada grupo de ayudas otorgadas a un mismo beneficiario, “pues cada expediente de ayudas o subvención constituyen un conjunto de hechos susceptibles de investigación y enjuiciamiento separado”.

Según dijo Anticorrupción en su último escrito, no proceder a la división de la causa en piezas “se traduce, primero, en demorar la conclusión de la instrucción a la investigación de todas y cada unas de las piezas que han sido propuestas por esta Fiscalía, lo que supone una instrucción sine die (”sin plazo, sin fecha“) y, segundo, en admitir que algunas de estas piezas no van a poder ser enjuiciadas o por falta de recursos en la instrucción o por prescripción de los hechos”.

Aún está por decidir quién abordará la investigación de estas piezas una vez se confirme la separación de la causa. El TSJA respalda que Alaya siga investigando los ERE “hasta que se resuelva sobre su división”, si bien ha dicho recientemente que tendrá que tener en cuenta la “falta de colaboración” de Alaya tras tratar de desprestigiar a su sustituta. Las decisiones por uno y otro lado podrían correr de manera paralela, puesto que el CGPJ aún tiene que resolver cuál es el reparto de macrocausas en este juzgado.

A Mercedes Alaya y a su sustituta como titular en el juzgado, María Núñez Bolaños, probablemente no se las verá tomándose una cerveza a la salida del trabajo. Varias circunstancias han demostrado que no parecen estar muy de acuerdo en cómo llevar el juzgado y en quién debe manejar las macrocausas abiertas en el mismo. Y eso lo deja a las claras el informe que ha remitido Alaya al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para tratar de mantener la instrucción del caso de los ERE y de los cursos de formación, pese a que ya tiene plaza en la Audiencia de Sevilla, cuyo contenido es bastante demoledor.

Alaya dice de Núñez que tiene “escasos conocimientos de la jurisdicción penal”, que mantiene “una estrecha amistad con el consejero de Justicia Emilio de Llera, notorio detractor del trabajo de esta instructora”, que “las máximas de seriedad y rigor necesario no se dan en María Ángeles Núñez” o que “es imposible que la titular pueda informar de causas que no conoce”, según algunas de las frases publicadas este viernes por el grupo Joly. Al trascender este informe, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha solicitado al CGPJ que valore la “falta de voluntad de colaborar” de Alaya tras las descalificaciones vertidas por ésta contra su sucesora. La directamente considera poco elegante la forma de actuar de Alaya, según publica Hora Sur de Canal Sur Radio.

“En los ERE pretende aprovechar estos días de estancia en mi actual plaza de la Audiencia para dividir la causa en piezas… y con esta resolución evitaría mi entrada en la comisión de servicio relativa a esta causa”, señala en otras de las frases de Alaya, que aún está pendiente de la resolución definitiva del CGPJ respecto al reparto de tareas en el juzgado, que tantas vueltas está dando. El próximo martes 28 se celebra la última reunión de la Comisión Permanente del periodo ordinario donde podría resolverse esta cuestión si entra finalmente en el orden del día, aunque la decisión también podría posponerse.

Alaya llega a comentar que “mi gran preocupación ha dejado de ser la ralentización de las causas (que sin duda se produciría), sino la ausencia de confianza que su actuación me genera por su actuación en los ERE y Cursos de Formación”. Cabe recordar que el TSJA respalda que Alaya siga investigando los ERE pero no el caso de los cursos de formación, aunque ella cuestiona a su sustituta con el fin de mantener la investigación sobre ellas.

La jueza María Núñez ha tomado decisiones diferentes a las de su antecesora, que llevaba 17 años como titular en el juzgado número 6 de Sevilla y que hace justo un mes tomaba posesión de su cargo como magistrada de la Audiencia (en la misma sección que conoce los recursos del caso ERE). Entre ellas, permitir grabar las comparecencias en el interior del juzgado o anular, nada más llegar, el auto que imputaba a otros dos exconsejeros en el caso de la formación. Al día de tomar posesión del cargo, Alaya envió el contudente informe de ocho folios para mantenerse al frente de las macrocausas.

Alaya alega además que debería dejarse a ella la dirección de la causa de los ERE “sin interferencias durante los seis meses que ha de durar la comisión”, ya aprobada por el CGPJ, y que tenga autonomía para pedir en su caso “la colaboración o refuerzo si lo considerara necesario”.

Tras trascender este informe, el TSJA considera que están “totalmente fuera de lugar las alegaciones efectuadas por la señora Alaya Rodríguez” en el apartado 5 del escrito remitido al CGPJ, manifestaciones que “denotan una evidente falta de voluntad de cumplir el objetivo de colaboración con la titular, aspecto que debiera ser convenientemente valorado”.

Los magistrados de la Sala de Gobierno recuerdan a Alaya, en este sentido, que “no debe olvidar que su posición actual es la de colaboradora de la titular del juzgado, a quien compete, en último término, la responsabilidad por el funcionamiento del mismo en su conjunto”, añadiendo que la titular “ha accedido al cargo tras la resolución de un concurso de plazas judiciales de carácter reglado, sin que resulte lícito, por tanto, cuestionarse su idoneidad e independencia”.

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) mantiene por unanimidad la propuesta de distribución del trabajo en el Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla que ya aprobó la Sala de Gobierno hace un par de semanas. Es decir, que sea la jueza Mercedes Alaya la que siga con la instrucción del caso de los ERE hasta que se resuelva sobre su división en piezas separadas, y también debe concluir la investigación del delito societario en el caso Mercasevilla.

Su sustituta como titular del juzgado, María Núñez Bolaños, asumiría las supuestas irregularidades en los cursos de formación y los avales y préstamos concedidos por IDEA. Ambas magistradas habían mostrado su disconformidad con este reparto, sobre el que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) aún no se ha pronunciado tras devolver esta cuestión al TSJA.

El alto tribunal, en un breve comunicado emitido en la tarde de este martes, anuncia que elevará al CGPJ un informe sobre el reparto de trabajo en este órgano que tan indefinido está aún. En dicho informe,  que se redactará en los próximos días“, ”se analizan y valoran los escritos presentados tanto por la magistrada titular como por una de las comisionadas (en alusión a Alaya), en el que realizaban alegaciones al plan de actuación propuesto por la Sala de Gobierno del TSJA“, explica la nota para la prensa. Alaya consiguió hace unos días una comisión de servicio para continuar en el juzgado al menos seis meses más.

El CGPJ, por tanto, será el encargado de ratificar el plan de actuación y distribución de cometidos en la medida de refuerzo, apunta el TSJA.

La juez María Núñez Bolaños ha confirmado la decisión de su antecesora, Mercedes Alaya, de enviar a la Audiencia Nacional el sumario de la denominada operación Madeja, en la que se encuentra la Jefatura de Conservación de Carreteras de la Junta de Extremadura entre las administraciones “afectadas”.

La causa cuenta con 88 imputados -40 de los cuales eran funcionarios públicos- y donde se investiga el pago de hasta 4,3 millones de euros en comisiones a cambio de la adjudicación de contratos públicos a través de una “organización criminal jerarquizada que tendría como centro” a la empresa Fitonovo.

En un auto fechado el 18 de junio, la magistrada rechaza el recurso interpuesto por uno de los imputados en la causa, en concreto el administrador de Fiverde Ángel Manuel Macedo, contra el auto del 9 de junio en el que Mercedes Alaya decretó “la inhibición del conocimiento de las presentes actuaciones a favor de los Juzgados Centrales de Instrucción” de la Audiencia Nacional, tal y como le había solicitado la Fiscalía.

Al hilo de ello, la titular del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla acoge “en su integridad” el argumento sostenido por el Ministerio Público en su escrito de 26 de enero de 2015, ya que “el fraude investigado tiene un notorio alcance, con grave repercusión en la seguridad del tráfico mercantil y en la economía nacional”, por lo que confirma “en su integridad” el auto de 9 de junio en el que Alaya elevó a la Audiencia Nacional el caso.

En su auto, Alaya asevera que, en virtud de las investigaciones llevadas a cabo por el Juzgado y la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, “se puso de manifiesto la existencia de un entramado que giraba en torno a la empresa matriz Fitonovo y a sus directivos Rafael González Palomo, posteriormente a su hijo José Antonio González Baró, quien comienza en el año 2007 a compartir la dirección, asumiéndola en el año 2011, el cuñado del primero y tío del segundo, Juan Andrés Brugueras, encargado de una gran parcela de la contratación de esta empresa con numerosos comerciales a su cargo, y el adjunto a la dirección Ángel Manuel Macedo”.

“Dádivas” y “regalos” a funcionarios públicos

Al hilo de ello, la instructora señala que esta empresa, “a través de medios ilícitos, reconocidos por los anteriores en sus respectivas declaraciones judiciales, obtuvo continuadamente durante años la adjudicación de contratos públicos en distintas administraciones, bien mediante tráfico de influencias, mediante el pago de dádivas o regalos a funcionarios públicos, o bien mediante concurrencias ficticias con otras empresas, bien instrumentales con el conocimiento de los funcionarios encargados, bien ajenas mediante convenios entre ellas para repartirse el mercado, siendo el pago de dádivas el intrumento básico y esencial que los directivos de esta empresa utilizaban para contratar con la Administración”.

“El fraude, además, no solo se encontraba en la concesión sino en la ejecución del contrato, sobre todo cuando Fitonovo concurría, como así sucedía en muchos casos, como subcontratista de otra empresa adjudicataria, pagando comisiones a los representantes de la contratista y a los funcionarios para realizar menos metros de los trabajos pactados”, pone de manifiesto la juez en este auto.

La juez añade que “no se ha podido determinar aún el ilícito beneficio que habría obtenido Fitonovo de dicha contratación y ejecución fraudulenta, si bien en virtud del esfuerzo investigador de la UCO no sólo se han detectado los numerosos cohechos, sino la contratación que habría tenido lugar en virtud de los mismos”, punto en el que señala que “resta, entre otras diligencias, como acertadamente señala el Ministerio Fiscal, practicar una o varias periciales que pueden determinar el beneficio aludido”.

4,3 millones en dádivas entre 1995 y 2013

En este sentido, Alaya explica que, “para el pago de las ilícitas comisiones que se remontan al año 1995, y que alcanzan hasta el año 2013, se articuló en la empresa la creación de una caja B de la que salían las diferentes dádivas que ascendieron aproximadamente a los 4,3 millones de euros, y que se nutría mediante el pago de facturas falsas giradas por un número importante de empresas que a su vez recibían bonificaciones por estos servicios”.

En el auto, Alaya precisa que, “de la organización de la caja B, la cual especifica todos los pagos realizados con el máximo detalle, y de pedir las facturas falsas, se encargaba el hombre de confianza, Ángel Manuel Macedo”.

De este modo, las administraciones públicas “afectadas” fueron el Ayuntamiento y la Diputación Provincial de Sevilla, la Consejería de Obras Públicas de la Junta, el Ministerio de Fomento en las direcciones provinciales de Jaén, Huelva y Cádiz, la Diputación de Córdoba, el Ayuntamiento de Algeciras (Cádiz), el Consistorio de La Carolina (Jaén), la Jefatura de Conservación de Carreteras de la Junta de Extremadura, la empresa pública Adif, en las gerencias de Sevilla, Córdoba, Linares-Baeza, Valencia, Madrid, Zaragoza y Barcelona, o la Administración autonómica de Canarias.

El número de imputados asciende a 88, de los que 40 “eran funcionarios públicos”, indica la instructora, que añade que, de todo lo expuesto, “puede concluirse que las actuaciones fraudulentas llevadas a cabo, que pueden constituir múltiples ilícitos penales”, como cohecho, prevaricación, malversación, fraude y exacciones ilegales, maquinación para alterar el precio de las cosas, tráfico de influencias, blanqueo de capital, falsedad documental, y asociación ilícita, “han tenido una grave repercusión en la seguridad del tráfico mercantil, tanto por su extensión geográfica, abarcando múltiples administraciones, como por su continuidad en el tiempo, y por el número de personas implicadas en esta trama”.

Entre estos 88 imputados en la operación 'Madeja', que se inició en el mes de julio de 2013 y que se extendió finalmente a 12 provincias españolas, se encuentran los ex portavoces municipales de IU Antonio Rodrigo Torrijos y José Manuel García; el exconcejal de Vía Pública en el Ayuntamiento de Sevilla y expresidente de 'Unidad' Manuel Gómez Lobo, o el ex director general de Medio Ambiente del Ayuntamiento hispalense Joaquín Peña (PP).

Aunque la jueza María Núñez Bolaños practicaba este martes sus tres primeras imputaciones en los ERE, la decisión de quién debe dirigir la instrucción del caso todavía está en el aire. Si el Supremo aún debe resolver cómo queda la situación de los recientes exaforados y de José Antonio Viera, en Sevilla tampoco se conoce quién continuará con las diligencias abiertas desde hace cuatro años y medio, si la nueva titular o Mercedes Alaya.

Alaya obtuvo el pasado jueves una de las dos comisiones de servicio para continuar en el juzgado “por un plazo inicial de seis meses”. Pero la cuestión de que siga encargándose de tomar decisiones respecto al caso ERE está sin resolver. Alaya lo pidió y el TSJA la respaldó, pero la jueza María Núñez Bolaños, que dirige el juzgado desde hace un par de semanas, tiene recurrido el reparto de trabajo acordado por el alto tribunal andaluz. Alaya también ha dirigido un escrito al CGPJ mostrando su disconformidad con el reparto.

En este punto, el CGPJ ha enviado los escritos de ambas juezas para que la Sala de Gobierno del TSJA informe de nuevo sobre ello, quizás el próximo martes. Posteriormente, su acuerdo se remitirá a Madrid para una resolución definitiva. Según fuentes del TSJA y del CGPJ consultadas por eldiario.es/Andalucía, la cuestión de quién debe encargarse de la instrucción del caso de los ERE podría alargarse alguna semana más.

Si bien no ha trascendido en qué punto Bolaños no estaba de acuerdo con el TSJA (que le otorgó dos macrocausas: el caso de los cursos de formación y los avales y préstamos concedidos por IDEA), la actual titular del Juzgado de Instrucción número 6 había planteado la imposibilidad de decidir sobre el conocimiento y posible reparto de los ERE, ya que sigue pendiente de resolver por la Audiencia Provincial de Sevilla sobre su división en piezas separadas, una cuestión relevante para decidir sobre el reparto y la colaboración entre ella y Alaya, según indicó hace unos días el propio TSJA, pero que discurre por un camino paralelo al reparto de trabajo en el juzgado.

La Sección Séptima de la Audiencia de Sevilla, precisamente donde Alaya ha obtenido plaza, acaba de acordar dar cierta primacia a este asunto de la separación de piezas con el fin de dar una resolución al enésimo recurso de la Fiscalía Anticorrupción en ese sentido. La providencia de la Audiencia, según informó el TSJA, señala que “dada la relevancia del asunto objeto de debate, se analizarán los autos por si fuera posible una rápida resolución del recurso con el menor perjuicio para los señalamientos ya acordados”. En este sentido, los magistrados solicitan a Núñez Bolaños que remita testimonio de su resolución como respuesta al mencionado escrito de la Fiscalía.

Para seguir permitiendo a Alaya seguir investigando el caso ERE hasta que se resuelva sobre su división, la Sala de Gobierno del alto tribunal andaluz argumentó “la finalidad de lograr celeridad y eficacia en la sustanciación de los procedimientos y ponderando el conocimiento que posee la anterior titular del Juzgado respecto de los asuntos de mayor antigüedad”. A expensas de lo que decida el Supremo, en las manos del CGPJ está ahora si Alaya pudiera llamar a su despacho a dirigentes políticos andaluces si la causa volviera a Sevilla.

Aunque ya se ha resuelto el reparto de asuntos en el Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, las cosas en los antiguos dominios de la jueza Alaya no están del todo claras. Le ha pasado al Partido Popular, personado desde diciembre como acusación en el caso del presunto fraude en las ayudas a la formación, que se ha enterado por la prensa de la providencia de la nueva titular del juzgado por la que dejó sin efecto la ampliación de la imputación del exconsejero Ángel Ojeda, un día después de tomar posesión del puesto. El mismo día en que trascendió la anulación del auto de Alaya (el pasado jueves), el portavoz del PP-A en el Parlamento, Carlos Rojas, mostró su “pleno respeto” a la decisión de Núñez Bolaños así como todas las decisiones judiciales. El mismo día, 18 de junio, está fechado el recurso de reforma contra la decisión.

El PP-A ha presentado dicho recurso, al que ha tenido acceso eldiario.es/andalucía, contra la providencia de Núñez Bolaños. En el escrito considera que la decisión de la nueva titular del juzgado “carece de motivación alguna que desmerezca la necesaria fundamentación que desconocemos” y que, por su propia naturaleza, debe constar en el auto del 15 de junio de 2015 dictado por Alaya. Los populares confiesan que no se les ha notificado ni el auto de ampliación de imputación ni la providencia que lo deja sin efecto.

A juicio del PP-A, la decisión de Núñez Bolaños se toma sin que en el juzgado “se haya realizado actuación procesal alguna que en cierta medida justificase su cambio de parecer”. La actuación “no sólo quebranta el justo principio del derecho que a nadie le es lícito ir contra sus propios actos, sino que además vulnera el de seguridad jurídica, el de interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos, incluido el judicial, y el de la tutela judicial efectiva”.