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El Ministerio desvela que en las ayudas del caso ERE no había pagos a mediadores o aseguradoras

Libra un oficio al juzgado de María Núñez donde señala que no hay constancia en los expedientes de que, como consecuencia de las negociaciones, se hubiera abonado cantidad alguna a mediadores o agentes de seguros

La información, solicitada por la jueza, respalda lo mantenido en la instrucción por las mediadoras acerca de que iban de la mano de los sindicatos para calcular las ayudas pero que las administraciones no intervenían en los pagos

De las arcas públicas solo saldría el dinero dirigido a los trabajadores, ya que el resto provendría de la operación financiera que gestiona la aseguradora

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La ministra de Empleo, Fátima Báñez EFE

El Ministerio de Empleo y Seguridad Social ha hecho llegar a la nueva jueza del caso de los ERE la información que le solicitaba acerca de posibles cantidades abonadas durante la negociación y formalización de las pólizas a las que se refieren las resoluciones relativas a la Faja Pirítica de Huelva. Y el Gobierno central ha sido rotundo en su respuesta y ha desvelado una circunstancia importante: en los expedientes de las ayudas no está registrada la vinculación entre administración y mediadora ni se tiene constancia de pago alguno a mediadores o agentes de seguros.

En concreto, el Ministerio señala en la documentación remitida al juzgado, notificada este viernes a las partes, que "el cálculo del importe de las ayudas extraordinarias a pagar por el Ministerio lo realizó Atlantis Asesores para todos los expedientes relativos al pago del convenio especial con la Seguridad Social". Detalla que "en los expedientes obrantes en este Ministerio no existe ninguna información relativa a los contratos base de dichos servicios, al detalle de su facturación o a la forma de pago de los mismos" y que "tampoco hay constancia en los expedientes de que, como consecuencia de las negociaciones, se hubiera abonado a mediadores o agentes de seguros cantidad alguna".

La tesis que se ha barajado durante toda la instrucción, hasta ahora dirigida por la jueza Alaya, es que los directivos de mediadoras como Vitalia o Uniter eran designadas por la Junta de Andalucía en los procesos de reestructuración empresarial y ello permitiría que, por su gestión de las pólizas de rentas, cobraran sobrecomisiones sufragadas en gran parte por el Gobierno regional. Según mantiene, por ejemplo, Uniter en su defensa (su dueño está imputado), la empresa no era intermediario de nadie ante la Junta sino que iba de la mano de los sindicatos para elaborar los cálculos de los distintos supuestos del nivel de cobertura que pide la norma, ofrecía la póliza en las mejores condiciones económicas y cobraba de la aseguradora por prestar este servicio y por la gestión de las asociaciones.

El caso es de este documento se detrae que las sumas que el Ministerio o la Junta pagan en relación con este tipo de ayudas van directamente a los trabajadores previo paso por la aseguradora, que es la que administra los fondos y, en base al contrato de seguro individual que cada trabajador tiene con la aseguradora, les paga. Fuentes del caso explican que el importe abonado (la prima única) es inferior a la suma que reciben los trabajadores a lo largo de la vida del contrato de seguro individual. Por tanto, de las arcas públicas solo saldría el dinero dirigido a los trabajadores, ya que el resto provendría de la operación financiera que gestiona la aseguradora.

Además, la orden ministerial de 1995, como ya explicó este periódico, obliga a presentar con la solicitud un estudio individualizado de la ayuda que pierde cada trabajador, y este es el trabajo que ha hecho Atlantis. El oficio del Ministerio conocido ahora tiene la importancia de que demuestra que las comisiones que haya cobrado Atlantis por su trabajo son idénticas a las que haya cobrado Uniter, ya que se trata de la misma póliza, la de la Faja Pirítica.

El Gobierno solo "comprobaba" los cálculos

El Ministerio señala ahora que "la única referencia a pagos que consta en los expedientes son los documentos contables ADOK por los que la Intervención Delegada de Hacienda autoriza el pago del importe de las subvenciones a la Subdelegación del Gobierno en Huelva, finalizando en ese punto la actuación de la Subdirección General de Programación y Actuación Administrativa", que comprobaba los cálculos de los importes de las ayudas, según consta en la documentación, fechada entre 2003 y 2005.

La juez María Núñez había abierto recientemente nueva línea de investigación abierta por presuntos delitos de prevaricación y malversación en las ayudas del Estado a la Faja Pirítica, dictando  una providencia, fechada el día 7 de septiembre donde atendía la petición realizada al respecto por la Fiscalía Anticorrupción.

En un escrito presentado con anterioridad, el 13 de julio, el Ministerio Público hizo referencia a una serie de certificados emitidos en 2003 por la Subdirección General de Programación y Actuación Administrativa de la Dirección General de Trabajo del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales relativos a las empresas de la Faja Pirítica, empresas relacionas en unas diligencias policiales de fecha 19 de marzo de 2015 de la Comandancia de la Guardia Civil de Huelva.

En estos certificados, según la Fiscalía, se recoge que "el importe de la ayuda correspondiente a los trabajadores de la empresa..., por el concepto de convenio especial y ayuda al plan de prejubilación, que figura en la resolución que se une al expediente y que se tramita con el número de referencia, ha sido calculado por Atlantis Asesores SA y comprobados por esta Subdirección General".

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