El CGPJ permite a Alaya seguir instruyendo los ERE el día en que la causa vuelve a su juzgado
El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha concedido a Mercedes Alaya y Álvaro Martín las dos comisiones de servicio del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, como había respaldado el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía hace un par de días. El hecho se ha conocido tras la reunión de la Comisión Permanente del órgano de gobierno de los jueces, solo horas después de que el Tribunal Supremo imputara un delito de prevaricación administrativa a los expresidentes del PSOE y de la Junta Manuel Chaves y José Antonio Griñán, y a los exconsejeros Zarrías y Viera. Los cuatro han renunciado a sus escaños y pierden inmediatamente su condición de aforados. La causa, por tanto, vuelve a Sevilla. También ha trascendido este jueves que el TSJA rechaza archivar el caso ERE contra tres exconsejeros y también devuelve esa parte al juzgado de Sevilla.
Los dos magistrados fueron propuestos por el TSJA colaborarán con la nueva titular, María de los Ángeles Núñez, en la actualización del órgano judicial. La medida de apoyo se establece por un plazo inicial de seis meses. Alaya y Martín son los magistrados que la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía propuso el pasado 8 de junio para desempeñar esas tareas de refuerzo a la vista de su antigüedad en el escalafón y su pertenencia al orden jurisdiccional penal, así como por su condición de anterior titular y comisionado en el Juzgado sevillano, respectivamente. En el caso de Álvaro Martín, de hecho, la comisión de servicio para la que se le nombra supone la renovación de la que ya tenía concedida en ese mismo órgano judicial.
Según el acuerdo aprobado por la Comisión Permanente, Alaya y Martín son designados “para colaborar con la titular en la actualización” del juzgado y conseguir “la adecuada y eficaz tramitación y resolución de las causas de que conoce” este órgano judicial “dadas las especiales circunstancias que concurren en el mismo”.
La aplicación y desarrollo de las medidas de refuerzo serán supervisados por el Servicio de Inspección del Consejo General del Poder Judicial, que al término de ese plazo informará a la Comisión Permanente sobre la efectividad de las mismas. El acuerdo ha sido aprobado con los votos del presidente del Tribunal Supremo y del CGPJ, Carlos Lesmes; y de los vocales Mar Cabrejas, Nuria Díaz, Juan Manuel Fernández y Gerardo Martínez Tristán. El vocal Álvaro Cuesta se ha pronunciado en contra del acuerdo y ha anunciado la formulación de un voto particular.
