El Parque Nacional de Las Tablas de Daimiel no cae en el olvido. Justo cuando se ha frenado uno los proyectos de biometano que, según los colectivos vecinales y sociales, ponían en riesgo su entorno, representantes del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) ha celebrado esta semana, en el Centro del Agua de la localidad de Ciudad Real que da nombre a este humedal, un encuentro con gestores y sociedad civil, para impulsar varias estrategias de “restauración adaptativa” con el apoyo de herramientas digitales innovadoras.

El objetivo ha sido claro. Las lluvias puntuales, y casi siempre torrenciales debido a los efectos del cambio climático, no hacen que este humedal único en España consiga recuperar su esplendor, ya que su encharcamiento tiene más que ver con los niveles freáticos y las masas subterráneas que con el agua que cae del cielo.

Eso lo saben los científicos desde que este humedal tiene vida. Por eso, estas jornadas participativas de planificación y evaluación de alternativas de Daimiel se han celebrado en el marco de los proyectos SADwet, financiado por el Organismo Autónomo de Parques Nacionales; y WaterLANDS, financiado por el programa Horizonte Europa.

¿En qué consisten? Los participantes identificaron primero los principales problemas del ecosistema y de su entorno socioeconómico y, a partir de ese diagnóstico, definieron los objetivos clave de un plan que asegure la restauración y la conservación integral del humedal. Concretamente, con el Sistema de Apoyo a la Decisión DSS-AWERE se definieron estrategias de restauración a corto, medio y largo plazo, considerando las distintas escalas espaciales de actuación.

Las posibilidades de la réplica virtual y tres horizontes de medidas

Su contenido y su evaluación se desarrollarán en un segundo taller, a lo largo de 2027, con el apoyo de los resultados del gemelo digital de las Tablas que se está desarrollando en el mencionado proyecto SADwet: una réplica virtual del humedal que permite anticipar cómo respondería el ecosistema a cada alternativa antes de aplicarla sobre el terreno.

En el taller se identificó la escasez de recursos hídricos como una “variable crítica” desde que las Tablas fueron declaradas Parque Nacional en 1973. Según han explicado a este periódico participantes del CSIC en el encuentro, esa condición ha marcado los “límites de su resiliencia” frente a otros impactos que se han ido sumando desde entonces, incluido el calentamiento global.

Por ello, las estrategias combinan tres horizontes. Primero, a corto plazo, estabilizar los elementos internos del ecosistema que hoy son “críticos”, como el control del carrizo o la gestión de las entradas de agua.

Después, a medio plazo, incluye acciones complementarias en la cuenca del Alto Guadiana, como los filtros verdes o la mejora de la depuración. Y finalmente, a largo plazo, un plan más ambicioso que permita recuperar el acuífero de la Llanura Manchega Occidental, como exige la Directiva Marco del Agua, mediante un esfuerzo coordinado de las administraciones estatal y autonómica.

En las jornadas, organizadas por investigadores de la Estación Biológica de Doñana (EBD-CSIC), participaron también investigadores del Museo Nacional de Ciencias Naturales (MNCN-CSIC), del Instituto de Diagnóstico Ambiental y Estudios del Agua (IDAEA-CSIC) y de la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM), junto a representantes del Parque Nacional, de la Confederación Hidrográfica del Guadiana, de organizaciones conservacionistas (WWF España) y del sector turístico de la zona (Destinos Manchegos).

“Reunir en una misma mesa a administraciones, ciencia, sector turístico y conservación es clave para que las soluciones sean viables y compartidas por el territorio”, manifiestan desde el CSIC.

Este diagnóstico se produce justo cuando WWF acaba de hacer público un demoledor informe sobre el “robo del agua” en España, en el que dedica un amplio espacio al Acuífero del Alto Guadiana, afirmando que está “al borde del suicidio hídrico”. Según indica, la sobreexplotación de este acuífero afecta de manera crítica a Las Tablas de Daimiel y a los ecosistemas acuáticos dependientes, provocando una “severa degradación ambiental”.

Entre los principales impactos identificados en la zona, el informe destaca el descenso de los niveles freáticos y la “desconexión hídrica”. Es decir, las extracciones continuadas para el regadío (que superan “con creces” la capacidad de recarga natural del acuífero) han causado un descenso progresivo de los niveles piezométricos. “Esto interrumpe la conexión entre las aguas subterráneas y las superficiales, impidiendo el afloramiento natural de agua (como el que ocurría históricamente en los Ojos del Guadiana) necesario para mantener inundado el humedal”.

También alerta de un “déficit hídrico estructural” y vaciado del acuífero. Concretamente, WWF precisa que las extracciones estimadas para regadío (370,36 hectómetros cúbicos) superan en un 86% el límite máximo permitido de 199,22 hectómetros cúbicos, generando un déficit anual de 171,14. Desde el año 2014, el acuífero ha sufrido un “vaciado acumulado continuo” de aproximadamente 1.300 hectómetros cúbicos.

La “extrema regresión” del parque

Asimismo, desvela que la falta de aportes hídricos subterráneos ha conducido al Parque Nacional a una situación de “extrema regresión” de su lámina de agua inundada y de la biodiversidad ligada a los hábitats acuáticos.

Esto, a su vez, ha aumentado el riesgo de autocombustión de los depósitos de turba (incendios subterráneos) y la subsidencia o hundimiento del terreno en los alrededores del parque. Además, recuerda que para contener los daños más severos, se ha recurrido a medidas paliativas de urgencia, como la solicitud de un trasvase anual de 20 hectómetros cúbicos y el bombeo desde pozos adyacentes directamente al parque para mantener una lámina de agua mínima y evitar que las turberas ardan.

La organización conservacionista también indica que alrededor del 22% de la superficie regada en el acuífero (más de 38 000 hectáreas, compuestas en un 94% por cultivos leñosos como viñedos en espaldera, olivo y almendro) se cultiva “sin derechos consolidados de agua”. Este riego supone una extracción estimada de 69,76 hectómetros cúbicos (equivalente al 35% de los recursos renovables para riego), situándose como “un factor clave en el deterioro directo” de Las Tablas.

Para abordar la sobreexplotación del acuífero del Alto Guadiana y frenar la degradación del Parque Nacional, en el informe se propone un cambio estructural en el modelo de gestión del agua y del territorio, descartando “soluciones paliativas o transferencias entre cuencas”.

Entre las medidas propuestas: un plan de reconversión económica regional que apoye la diversificación productiva y reduzca la dependencia del agua en la economía local, un Marco de Actuaciones Prioritarias, el cierre cautelar y definitivo de todas las captaciones de agua que no dispongan de una concesión de uso privativo reconocida y en firme, la interconexión del Registro de Aguas con las bases de datos de ayudas europeas y nacionales para asegurar que “ninguna explotación agrícola en situación ilegal perciba subsidios públicos”, o someter la planificación a evaluación ambiental estratégica e incorporar la legalidad del agua y del suelo como requisito obligatorio en pliegos de Denominaciones de Origen y certificaciones de calidad.

WWF refiere que a diferencia de otros espacios naturales amparados por planes estatales específicos (como Doñana o el Mar Menor), Las Tablas de Daimiel aún no cuentan con una estrategia de restauración prioritaria dotada de presupuesto conjunto entre el Ministerio (Miteco) y la Junta de Castilla-La Mancha.

El próximo 16 de septiembre se cumplen dos meses del inicio del gran incendio de La Mierla, en Guadalajara. El pasado 5 de septiembre, más de 50 días después, quedo extinguido, tras haber arrasado más de 32.000 hectáreas y convertirse en el más devastador de la comunidad autónoma. Ahora toca hacer balance, restaurar, recuperar. Es una tarea compleja en cualquier monte, en cualquier zona forestal, pero aún más complicado si afecta zonas protegidas, como en este caso ha sido el Parque Natural de la Sierra Norte de Guadalajara.

Coincidiendo con la puesta en marcha por parte del Gobierno de Castilla-La Mancha de las primeras tareas para abordar este enorme reto, desde la ciudadanía afectada también han hecho valer su voz. Y no solo en relación al incendio, sino a toda una zona de la provincia, más allá del industrializado Corredor del Henares, que quiere decidir sobre el futuro patrimonial y natural de sus pueblos.

La Plataforma para la Defensa del Valle y Hoces del Mesa nació en 2025 en Maranchón debido a la preocupación de sus vecinos y vecinas por el impacto ecológico que determinados proyectos asociados a la ganadería intensiva industrial, al biometano o similares pueden tener sobre el territorio.

Hasta hoy, el colectivo ha ido creciendo agrupando a otras comarcas, incluida la Sierra Norte de Guadalajara, que comparten esas inquietudes, mediante redes de colaboración, charlas y conferencias. Ahora ha decidido realizar conjuntamente una propuesta conjunta que ha dirigido a la Consejería de Desarrollo Sostenible. Quiere abrir un diálogo para debatir el modelo de desarrollo futuro para todas estas zonas, que abarcan más de 7.600 kilómetros cuadrados.

“Hay un déficit de organización del territorio que viene propiciado por proyectos de ganadería industrial que no son la vía de desarrollo económico por la que queremos ni debemos ir en una zona de tanto valor ecológico, y con un patrimonio histórico y natural tan grande”, explica Pedro García, representante de esta plataforma.

Habla de un conjunto de comarcas que hasta ahora han estado libres de ganadería industrial y de proyectos que ahora proliferan como los de biometano y de otras iniciativas similares. Eso, argumenta, no encaja con el “verdadero valor patrimonial” del territorio, que es “la naturaleza y la biodiversidad”. Precisamente, esos valores también conforman un “potencial económico alternativo de desarrollo económico sostenible”.

Esa es la idea inicial y así se lo han trasladado en un escrito al Gobierno regional. Pero no es su único objetivo. También quieren involucrar a todos los ayuntamientos, agentes sociales y empresas dedicadas al turismo que estén interesadas en el fomento y conservación de la naturaleza.

No olvidan tampoco que estas comarcas están en riesgo extremo de despoblación. La propuesta también incluye una tesis que consideran de gran relevancia a este respecto. Los grandes proyectos de ganadería, de biometano y similares no fijan población. “Los datos son tozudos y nos dicen que no se genera más empleo en la zona”, recalca Pedro García.

Y, sobre todo, saben que cuando se intenta proponer este tipo de desarrollos en zonas donde no hay una tradición industrial previa, el efecto final “nada tiene que ver con el desarrollo”. “Solo son cantos de sirena. Las consecuencias al final son nefastas. En estas zonas se valora más el patrimonio natural, el disfrute de la naturaleza y un paisaje no modificado por el hombre. Los vecinos y vecinas rechazan los macroproyectos, porque saben que al final la gente termina por irse”.

La ganadería extensiva es un medio de mantenimiento del paisaje, de la biodiversidad y de la prevención de incendios

Frente a ello, desde este colectivo defienden ventajas como el enorme valor que las zonas del Alto Tajo y de la Sierra Norte han adquirido para el astroturismo. Son reservas starlight. Pero además, no rechazan las actividades ganaderas, sino que abogan por una actividad extensiva como “un medio de mantenimiento del paisaje, de la biodiversidad y de la prevención de incendios”, esto último “muy importante teniendo en cuenta lo que ha ocurrido este verano”.

“Con estas actividades se mantienen los bosques y el suelo. No somos expertos, pero es obvio que el abandono de las actividades tradicionales ganaderas y de todo tipo que llevaban a cabo en otras épocas nuestros padres y abuelos, ha provocado una situación que involucra más riesgo de incendios”, alerta.

Añade asimismo cómo la ganadería extensiva tiene un importante papel en el desarrollo de especies que están en peligro de extinción. El ejemplo más claro en la zona es la alondra ricotí, que requiere un paisaje estepario. Esta característica la propicia el pastoreo de ovejas y cabras, y además, en sus excrementos habita un escarabajo que es el principal alimento de esa ave. A todo ello une el importante papel de las colmenas y de la apicultura en general.

“Tenemos un paraíso en Guadalajara y somos unos privilegiados. No podemos permitir la degradación del paisaje. Tan solo hace falta una administración responsable que sepa ordenar el territorio”, concluye, apelando de nuevo al Ejecutivo regional.

Precisamente, el Gobierno autonómico sigue perfilando el Plan de Recuperación de la Sierra Norte de Guadalajara tras el incendio de La Mierla. Hace tan solo unos días aprobó el decreto que define el perímetro geográfico afectado, el cual abarca diversos municipios, pedanías y espacios naturales protegidos que sufrieron daños ecológicos y socioeconómicos.

Apoyo a ayuntamientos, empresas y explotaciones agropecuarias

La estrategia se estructura en varios ejes fundamentales que incluyen la restauración ambiental, la reparación de infraestructuras públicas y el apoyo financiero a sectores clave como la agricultura y el turismo.

Las medidas también se centran en la recuperación y reactivación económica y social: apoyo para las entidades locales, autónomos, empresas, explotaciones agrarias, ganaderas, apícolas y forestales, así como actividades comerciales, turísticas y de servicios. Y añade asimismo la prevención de futuros incendios mediante “la mejora de la capacidad del propio territorio para adaptarse y recuperarse”.

Este Plan de Recuperación define un ámbito territorial específico integrado por 38 municipios, además de varias entidades de ámbito territorial inferior al municipio (EATIM) y pedanías.

Los pueblos son Albendiego, Angón, Arbancón, Arroyo de las Fraguas, Atienza, Bañuelos, Bustares, Campisábalos, Cogolludo, Condemios de Abajo, Condemios de Arriba, Congostrina, El Ordial, Galve de Sorbe, Gascueña de Bornova, Hiendelaencina, Hijes, La Bodera, La Huerce, La Mierla, La Miñosa, La Toba, Las Navas de Jadraque, Miedes de Atienza, Monasterio, Prádena de Atienza, Rebollosa de Jadraque, Riofrío del Llano, Robledo de Corpes, Romanillos de Atienza, San Andrés del Congosto, Santiuste, Semillas, Somolinos, Tamajón, Ujados, Villares de Jadraque y Zarzuela de Jadraque.

En cuanto a las EATIM y pedanías, incorpora a Aldeanueva de Atienza, Bochones, Cañamares, Naharros, Tordelloso, Valdepinillos, Almiruete, Alpedroches, Cardeñosa, Muriel, Palancares, Umbralejo y Veguillas.

La Junta explica en el decreto que las medidas del plan podrían llegar a extenderse a municipios colindantes si fuera necesario para “asegurar la continuidad y eficacia de las medidas”.

Por otra parte, el informe técnico de la zona afectada menciona que el arrastre de cenizas del incendio amenaza “gravemente” a embalses clave como los de Beleña y Alcorlo, para los que establece una planificación específica en torno a la protección de los suelos y de los recursos hídricos afectados por el fuego.

Así, ante el “riesgo inminente de erosión” y el arrastre de cenizas hacia la red de ríos y, de forma crítica, hacia los dos embalses mencionados, el plan exige la adopción coordinada y urgente de medidas específicas de protección y restauración ambiental. No obstante, dado que este documento es la resolución oficial del marco y ámbito del plan, no detalla las acciones técnicas concretas en el terreno, como la instalación de diques de contención, fajinas o técnicas de siembra rápida para fijar el suelo.

Pero la cuestión de afección al agua y a estos dos embalses no ha pasado desapercibida. En el incendio de La Mierla, además de la superficie afectada del Parque Natural de la Sierra Norte, también se vio afectada la Reserva Natural Fluvial (RNF) del río Pelagallinas. La Confederación Hidrográfica del Tajo (CHT) ha priorizado actuaciones de prevención y remediación en las cuencas de aportación de las captaciones superficiales de los embalses de Beleña, Alcorlo (los dos mencionados en el decreto autonómico) y también el de Pozo de los Ramos.

Las actuaciones propuestas se han centrado en la construcción principalmente de albarradas, pudiendo realizarse también diques o fajinas si se estima necesario con el fin de impedir el deslizamiento de los suelos desprovistos de vegetación, así como la incorporación de cenizas a las masas de agua existentes.

Albarradas y reducción de escorrentías

A fecha de hoy, la CHT ha ejecutado 600 albarradas en 10 arroyos (arroyo de la Fuente, arroyo de los Cogorros, arroyo de la Hoz, arroyo Madroñal, arroyo de las Quintillas, arroyo Sacedoncillo, barranco Valdelapuente y tres arroyos innominados) ubicados en la cuenca del embalse de Beleña. Próximamente, ejecutará también albarradas en el embalse de Alcorlo y en la zona del incendio de Selas.

Tras ello, la Confederación va a trabajar de forma prioritaria en la reducción de escorrentías y retirada de vegetación quemada en aquellas cuencas de aportación, con especial atención a zonas con riesgo de inundación, así como la retirada de tapones y troncos en tramos situados aguas arriba de poblaciones.

La Diputación provincial de Guadalajara también se ha arremangado. Su presidente, José Luis Vega, ya ha avanzado que las ayudas destinadas a los municipios afectados por el incendio de La Mierla tendrán prioridad. Si fuera necesario, ha explicado, esta situación incluso podría repercutir en las partidas destinadas al resto de ayuntamientos de la provincia, aunque ha apelado a la “solidaridad” de los alcaldes.

“No va a haber ningún alcalde, estoy seguro, que ponga ninguna pega”, ha señalado, porque “cuando otros tienen necesidades, la provincia de Guadalajara es muy solidaria y van a estar ahí dispuestos a echar una mano entre todos”.

La Diputación cifra en cerca de tres millones de euros las partidas presupuestarias destinadas hasta ahora a las consecuencias del incendio, incluyendo el abastecimiento a ganaderos, ayudas a los ayuntamientos, maquinaria y otros servicios.

Vega ha recordado además que los centros comarcales trabajaron durante la emergencia y que se contrataron cuatro bulldozers de empresas de la provincia, mientras que los bomberos tuvieron que “doblar incluso triplicar guardias”. “Esto no va de dinero, va de que los problemas que tengan hay que solventarlos”, ha resumido. Ahora, la institución provincial está a la espera de los certificados de los secretarios municipales para determinar las pérdidas de ingresos que hayan sufrido los ayuntamientos.

En materia ganadera, la Diputación comenzó desde el primer momento a suministrar grano y forraje y ahora se pasará de un reparto lineal a otro “ajustado” al daño real sufrido por cada explotación en sus pastos. También se han preparado cubas para el abastecimiento de agua y abrevaderos para las explotaciones.

Además, ha indicado que se compensará a los ayuntamientos por los ingresos que los ganaderos dejen de generar por el pago de pastos y que el Gobierno regional prepara una convocatoria de ayudas para las explotaciones ganaderas afectadas.

Alimentación para la fauna silvestre en zonas quemadas

José Luis Vega también destaca los daños sufridos por la flora y la fauna. En aquellos municipios donde ha ardido hasta el 90% del término municipal, los efectos sobre el entorno natural son importantes. La Diputación ya coordinó la retirada de cadáveres de animales y, junto a ATICA y entidades del sector cinegético, está desarrollando una alimentación suplementaria de la fauna silvestre en las zonas quemadas.

“Los animales por su instinto suelen regresar al entorno donde nacieron, pero el entorno evidentemente está quemado”, ha explicado. Por ello, se está realizando esta “alimentación forzada” para evitar la desnutrición y está previsto un nuevo suministro de grano en los próximos días.

Ha avanzado asimismo que se pondrán en marcha nuevas líneas específicas para los municipios afectados por los incendios de la Sierra Norte y de Selas, en la comarca de Molina de Aragón. El objetivo, ha añadido, es que estas convocatorias específicas sean más sencillas de justificar y gestionar para los ayuntamientos afectados.

La Vuelta a España 2026 comienza su camino hacia la alta montaña, con etapas que aspiran a ir definiendo la carrera, que podrían confirmar a Tadej Pogacar como líder o los que le seguirán en el podio. La etapa 6 este jueves 27 de agosto llega a una de las cimas más emblemáticas de la provincia de Castelló, con un tramo de tierra que aspira a ser protagonista.

El Puerto del Bartolo, como es conocido el pico más alto del Desert de les Palmes, es la gran subida de esa etapa 6 y uno de los atractivos para los montañistas y ciclistas que buscan visitar la provincia de Castelló y conocer sus parajes naturales.

La historia del Pico del Bartolo y el Desert de Les Palmes

El Bartolo es el pico más alto del Desert de Les Palmes, un Parque Natural situado en la provincia de Castelló y que ocupa los términos de la propia capital así como de cuatro localidades más como son Benicàssim, Cabanes, La Pobla Tornesa y Borriol, con una superficie protegida de 3.200 hectáreas y que forma parte de la red de espacios naturales de la Comunitat Valenciana desde 1989.

Este Parque Natural recibe el nombre de Desert de Les Palmes no por sus características, sino porque ‘desierto’ era el apelativo que usaban en la Orden de los Carmelitas que se establecieron en la sierra a finales del siglo XVII y designaba a los lugares que elegían para sus retiros espirituales. El ‘Las Palmas’ viene por la existencia de la llamada ‘palmito’ o ‘margalló’, una planta abundante en este terreno y que fue usada para crear escobas antes de la llegada del plástico.

El pico del Bartolo es uno de sus puntos más conocidos, con 729 metros de altura y desde el que se puede ver el mar Mediterráneo, la costa, especialmente las localidades de Benicàssim y Castelló de la plana, e incluso se vislumbra en día claro el archipiélago de las islas Columbretes.

Su nombre oficial, sin embargo, es el de Alt del Colomer o El Montsoriu, pero se le conoce como Bartolo también por los Carmelitas. Entre los tres primeros de la orden estaba el hermano Bartolomé, al que se conocía como Bartolo, y que se retiró a vivir a una cueva cerca de la cumbre, y donde en 1751 se construyó una ermita en la cima en su honor y a San Miguel, como cuenta José Soler Carnicer en el libro ‘Leyendas y tradiciones de Castellón’.

El pico del Bartolo, un puerto con tradición deportiva

El pico del Bartolo y el Desert de les Palmes son uno de los lugares preferidos para la práctica de diferentes deportes en esta zona, perfecto para senderismo, montañismo o ciclismo, siendo un punto obligado de visita para los amantes de estas disciplinas.

Así, no extraña que haya sido escogido por la Vuelta a España para su recorrido, con un tramo de tierra antes de coronar el pico del Bartolo que aspira a ser uno de los puntos más originales de la edición. Este puerto, de primera categoría, tiene 9,4 kilómetros de subida y un porcentaje medio del 7,1 de desnivel.

Hay espacios naturales cuyo valor no reside únicamente en la belleza de sus paisajes, sino en la función que desempeñan para mantener el equilibrio de todo un territorio. El Paraje Natural Estero de Domingo Rubio, en la costa de Huelva, es uno de ellos. Sus 480 hectáreas de marismas, esteros y humedales forman parte de uno de los complejos palustres litorales más importantes de la península Ibérica y constituyen un enclave estratégico para numerosas especies de fauna, especialmente aves migratorias.

Declarado Paraje Natural en 1989, este espacio protegido se extiende entre los municipios de Moguer y Palos de la Frontera. A esa figura de protección se han sumado posteriormente su declaración como Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA), su designación como Zona Especial de Conservación (ZEC) y su inclusión en el Inventario de Humedales de Andalucía, reflejo de la importancia ecológica que ha adquirido con el paso de los años.

Un ecosistema condicionado por las mareas

La singularidad del estero comienza en su propia dinámica natural. Se alimenta de las aguas procedentes del océano Atlántico, de la desembocadura de diversos arroyos y de las precipitaciones, una combinación que hace que las condiciones ambientales cambien continuamente bajo la influencia de las mareas. Esa variabilidad permite distinguir tres grandes ambientes —la marisma, el tramo medio y la zona alta o lacustre—, cada uno con unas características ecológicas propias.

La vegetación también cambia conforme se avanza por el humedal. En la parte más alejada de la desembocadura predominan los pinares de pino piñonero, mientras que las zonas palustres están ocupadas principalmente por espadañales y carrizales. En las áreas más influenciadas por el agua salada aparecen especies adaptadas a elevadas concentraciones de sal, configurando un mosaico vegetal que favorece la diversidad de hábitats presentes en el espacio protegido.

Un refugio imprescindible para las aves

La riqueza biológica del Estero de Domingo Rubio se aprecia especialmente en su avifauna. El humedal sirve de refugio y área de descanso para numerosas aves durante sus desplazamientos migratorios a lo largo del litoral atlántico andaluz, contribuyendo a diversificar los hábitats que les sirven de refugio. Entre las más representativas figuran la garceta común, el calamón, el avetorillo o distintas aves limícolas que encuentran alimento y lugares de nidificación entre la vegetación del estero.

El interés ecológico del paraje va más allá del propio humedal. Su entorno inmediato mantiene una estrecha relación con otros espacios protegidos de la provincia y funciona como una zona de acogida para aves que también utilizan el cercano entorno de Doñana. Además, la continuidad con los pinares próximos amplía el abanico de especies presentes, incluyendo mamíferos como la nutria común y, en áreas conectadas de la Red Natura 2000, fauna emblemática como el lince ibérico.

Naturaleza para recorrer a pie

El espacio puede conocerse a través del sendero Dehesa del Estero, un recorrido que discurre junto al margen derecho del humedal y permite observar la transición entre los cultivos agrícolas, el pinar y la marisma. A lo largo del itinerario existen observatorios ornitológicos que facilitan la contemplación de las aves sin alterar su comportamiento, especialmente durante la primavera, cuando coinciden la floración de numerosas especies vegetales y la actividad reproductora de buena parte de la fauna.

La proximidad del Monasterio de La Rábida, el Muelle de las Carabelas y el Parque Botánico José Celestino Mutis convierte además la visita en una experiencia que combina patrimonio natural e histórico. En apenas unos kilómetros conviven un humedal integrado en uno de los complejos palustres litorales más importantes de la península Ibérica y algunos de los escenarios más vinculados a la historia de los viajes atlánticos, una combinación que explica por qué el Estero de Domingo Rubio representa mucho más que un paisaje de marismas: es una pieza esencial en la conservación de la biodiversidad de la costa onubense.

Entre las encinas y a apenas unos metros de un cartel que anuncia la Serra de Tramuntana como Patrimonio Mundial de la UNESCO, un mástil metálico de telefonía móvil se ha convertido en el último foco de tensión entre la protección del territorio y el despliegue de infraestructuras consideradas esenciales. La instalación enfrenta a un vecino del municipio mallorquín de Esporles con las administraciones, ya que el afectado sostiene que la actuación invade elementos de su propiedad, pero, sobre todo, abre un debate de mayor alcance: ¿hasta dónde puede llegar la protección de un territorio especialmente sensible cuando entra en juego el despliegue de unas redes de telecomunicaciones que la legislación estatal considera obras de interés general?

La controversia se sitúa en una parcela rústica de unos 5.000 metros cuadrados incluida en un Área Rural de Interés Paisajístico (ARIP). El propietario de la finca colindante se puso en contacto con elDiario.es para denunciar el impacto visual de la instalación y cuestiona que pueda autorizarse una infraestructura de estas características en un suelo donde la normativa urbanística no permite construir ninguna edificación privada.

En el escrito que el vecino presentó ante la Dirección General de Industria critica, además, la acometida eléctrica prevista para darle servicio: el plano incorporado al expediente, consultado por este periódico, confirma que el proyecto contempla la instalación de una nueva caja de distribución (CDU) junto a la carretera y la adaptación de la conexión eléctrica mediante un apoyo metálico existente, aunque también precisa que la actuación queda condicionada a la obtención de todos los permisos administrativos y particulares necesarios. El afectado reclama que la CDU no se instale frente al muro de piedra de su propiedad y rechaza que el proyecto utilice un poste metálico que, asegura, forma parte de las instalaciones que él sufragó en su día para abastecer su vivienda. elDiario.es se ha puesto en contacto con la Conselleria, de la que depende la Dirección General, pero alegan que este tipo de tramitaciones no forman parte de sus competencias.

La instalación reabre el debate de hasta dónde puede llegar la protección de un territorio especialmente sensible cuando entra en juego el despliegue de unas redes de telecomunicaciones que la legislación estatal considera obras de interés general

En Menorca, la instalación de una antena de telefonía móvil de unos 23 metros en el aparcamiento de un restaurante de la localidad de Binissafúller provocó el pasado mes de mayo el rechazo de los residentes de la urbanización. Los vecinos cuestionan su ubicación, especialmente por el impacto visual de una estructura de esa altura en un entorno dominado por viviendas bajas. La protesta fue creciendo durante los meses siguientes. Los residentes llegaron a concentrarse frente al Ayuntamiento para reclamar que la torre fuera trasladada a otro lugar.

En Menorca, la instalación de una antena de telefonía móvil de unos 23 metros en el aparcamiento de un restaurante de la localidad de Binissafúller ha provocado el rechazo de los residentes de la urbanización, que cuestionan su ubicación, especialmente por el impacto visual de una estructura de esa altura en un entorno dominado por viviendas bajas

La polémica no ha quedado únicamente en la protesta: en julio, los vecinos iniciaron incluso una recogida de firmas para reclamar el traslado de la antena a un emplazamiento con menor impacto paisajístico y ambiental. Sin embargo, Totem Towerco Spain, empresa del grupo Orange responsable de la infraestructura, rechazó finalmente trasladarla al futuro centro de telecomunicaciones de Cap d’en Font, una ubicación que habían planteado tanto el Govern como el Ayuntamiento de Sant Lluís, como informó en su momento Es Diari de Menorca. La compañía, de acuerdo al mismo medio, alegó problemas técnicos con determinadas frecuencias y la antena se mantiene en Binissafúller mientras las administraciones buscan una tercera ubicación que cumpla los requisitos técnicos de la compañía o una solución que permita reducir su altura.

elDiario.es se ha puesto en contacto con Orange para conocer si la instalación de Esporles cuenta con todas las autorizaciones y permisos exigidos por la normativa vigente; qué criterios técnicos han llevado a elegir el emplazamiento actual y si se estudiaron ubicaciones alternativas antes de seleccionar esta parcela; qué mejoras de cobertura o capacidad permitirá la infraestructura, si se han previsto medidas de integración paisajística para minimizar su impacto visual en un entorno protegido como la Serra de Tramuntana; en qué circunstancias aceptaría estudiar el traslado de una antena como la de Binissafúller, así como los criterios técnicos, ambientales y territoriales que la empresa sigue a la hora de seleccionar nuevos emplazamientos y si existen protocolos específicos para minimizar el impacto paisajístico de sus infraestructuras en zonas de elevado valor ambiental o patrimonial. La compañía no ha respondido a estas preguntas al cierre de este reportaje.

Las telecomunicaciones, un servicio de interés general

Esporles y Binissafúller son escenarios diferentes. En Menorca, el conflicto se desarrolla en una urbanización residencial y gira fundamentalmente alrededor del impacto visual y de la elección del emplazamiento. En Mallorca, la controversia incorpora la protección de un espacio de especial valor paisajístico y el régimen específico de la Serra de Tramuntana. Pero ambos casos plantean la misma cuestión: ¿qué lugar ocupa el paisaje en la decisión sobre dónde instalar una antena? La respuesta se encuentra en la legislación estatal: la Ley 11/2022 General de Telecomunicaciones establece que éstas son servicios de interés general y señala expresamente que las redes públicas de comunicaciones electrónicas contribuyen a un fin de interés general, constituyen equipamiento básico y que su instalación y despliegue tienen la consideración de obras de interés general. En este sentido, insta además a las administraciones públicas a colaborar y a facilitar su implantación.

La Ley 11/2022 transpuso al ordenamiento español la Directiva (UE) 2018/1972, que establece el Código Europeo de las Comunicaciones Electrónicas y fija un marco común para la regulación de las redes y servicios de comunicaciones electrónicas en la Unión Europea. La aprobación de la nueva ley española se produjo, además, en el marco de las reformas del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y en la estrategia España Digital 2025, dentro de las medidas destinadas a impulsar la conectividad y el despliegue de redes, incluido el 5G.

La Ley General de Telecomunicaciones establece que éstas son servicios de interés general y señala expresamente que las redes públicas de comunicaciones electrónicas contribuyen a un fin de interés general, constituyen equipamiento básico y que su instalación y despliegue tienen la consideración de obras de interés general

La norma impone también límites a la capacidad de las administraciones para restringir la instalación de estas infraestructuras. Los instrumentos de planificación territorial y urbanística deben contemplar la necesidad de desplegar redes y no pueden establecer restricciones absolutas o desproporcionadas a los operadores. Tampoco pueden imponer, con carácter general, una determinada ubicación o solución tecnológica. Esto no significa, sin embargo, que las antenas puedan instalarse en cualquier lugar. La propia ley contempla expresamente que una restricción pueda estar justificada por razones de medio ambiente, seguridad pública u ordenación urbana y territorial. Cuando una condición pueda hacer imposible la ocupación de un determinado emplazamiento, esa limitación debe estar plenamente justificada y acompañada de alternativas que permitan garantizar el despliegue.

El Ayuntamiento de Esporles: “Tenemos muy poco margen”

No en vano, el alcalde de Esporles, Josep Ferrà, explica a elDiario.es que el Ayuntamiento apenas dispone de capacidad para intervenir. En declaraciones a este periódico, explica que la infraestructura instalada a las afueras del municipio no responde a la creación de una nueva cobertura, sino al traslado de una antena que ya prestaba servicio en otra parcela y cuyo propietario decidió no renovar el acuerdo con la operadora. La nueva ubicación, añade, también se encuentra en suelo rústico protegido.

El regidor atribuye esta situación, precisamente, a la Ley General de Telecomunicaciones, que reduce notablemente el margen de maniobra de los ayuntamientos, especialmente cuando las competencias sobre suelo rústico, en el caso de Mallorca, corresponden al Consell Insular. En este caso, el consistorio asegura haber remitido al Consell diversas consultas sobre la actuación y reconoce que continúa a la espera de conocer el criterio definitivo del organismo insular. Desde la Administración supramunicipal, sin embargo, señalan a este periódico que, con carácter general, el Consell no el órgano encargado de autorizar urbanísticamente este tipo de instalaciones. Su intervención se sitúa principalmente en el ámbito de la disciplina urbanística: la inspección, la restauración de la legalidad y, en su caso, la apertura de expedientes sancionadores ante posibles infracciones.

Es precisamente esta combinación la que explica parte de la aparente contradicción que encuentran los vecinos: la protección territorial no desaparece, pero tampoco permite a una administración rechazar una antena simplemente porque considere que altera el paisaje. La propia ley contempla, de hecho, que las administraciones puedan justificar restricciones por razones ambientales o de ordenación territorial. Y establece mecanismos de intervención del Estado cuando una administración pretende paralizar o impedir una infraestructura que cumple los parámetros técnicos esenciales.

La protección territorial no desaparece, pero tampoco permite a una administración rechazar una antena simplemente porque considere que altera el paisaje

Por su parte, la alcaldesa de Sant Lluís, Loles Tronch, expresó públicamente su rechazo al impacto visual de la instalación, pero sostuvo que el margen municipal para impedirla era muy reducido por el marco estatal de telecomunicaciones, como señaló en declaraciones a Menorca al Día. El caso presenta además una particularidad: los vecinos cuestionaron que se hubiera escogido precisamente ese emplazamiento cuando inicialmente se había planteado otra ubicación en Biniparratx, una zona con menos viviendas alrededor. También criticaron que la torre se levantara en una de las cotas más bajas de la urbanización, lo que obligaba a elevar todavía más la estructura para garantizar su funcionamiento.

Una polémica con más de 25 años de historia

La preocupación por el impacto de las antenas no es nueva en Mallorca. Ya a comienzos de los años 2000, el Grupo de Ornitología Balear (GOB) -entidad que lleva décadas denunciando el impacto ambiental y paisajístico de determinadas infraestructuras y reclamando una mayor protección del territorio- alertaba de la proliferación de estas instalaciones y reclamaba un mayor control sobre su implantación. En un artículo publicado ese año en su revista 'L'ecologista', la organización denunciaba que el 80% de las antenas de telefonía móvil de Mallorca eran ilegales y reclamaba un mayor control de su implantación. Dos meses después, el propio Govern balear situaba también en torno al 80% el porcentaje de instalaciones que presentaban alguna irregularidad o carecían de todas las licencias necesarias.

Ya a comienzos de los años 2000, el GOB alertaba de la proliferación de antenas y reclamaba un mayor control sobre su implantación. La organización -y el Govern balear después- denunciaba que el 80% de las antenas de telefonía móvil de Mallorca eran ilegales

En 2001, vecinos de Sant Joan habían reunido en poco más de un mes cerca de 600 firmas para reclamar el traslado de una antena de unos 20 metros instalada en la finca de es Revellar (Mallorca) por su impacto paisajístico y ambiental. La protesta tenía entonces un argumento que se repite ahora en otros puntos de las islas: los residentes, que llegaron a organizarse bajo el nombre de Grup Antiantena, no cuestionaban la necesidad de disponer de cobertura, sino el emplazamiento elegido, que consideraban causante de un fuerte impacto ambiental, visual y paisajístico y que se encontraba junto a viviendas habitadas y al depósito de agua potable del pueblo.

Según publicaba Grup Antiantena en la revista Mel i Sucre de la Obra Cultural Balear (OCB), la antena de Amena instalada en es Revellar llevaba, además, unos seis meses funcionando sin la licencia de interés social que debía conceder el Consell de Mallorca.

El rechazo se reprodujo también en otros municipios. En el municipio de Muro, GOB y PSM reclamaron en 2001 la retirada de una antena situada junto al instituto y el polideportivo municipal, mientras que, en 2007, vecinos de s'Hostalot, en Palma, impulsaron una coordinadora ciudadana para reclamar el desmantelamiento de antenas de telefonía. En 2002, la organización ecologista denunciaba que buena parte de las estaciones carecían de los permisos exigibles y defendía que las instalaciones en suelo rústico estuvieran sometidas a control insular, además de reclamar que las operadoras justificaran sus emplazamientos y optaran por las soluciones con menor impacto ambiental y visual.

Se trata de conflictos que muestran cómo, mucho antes de la llegada del 5G, el despliegue de las redes móviles ya generaba fricciones por su impacto sobre el paisaje, la proximidad a viviendas o equipamientos y la elección de los emplazamientos. La discusión de fondo, sin embargo, permanece prácticamente intacta: cómo garantizar una infraestructura considerada esencial sin convertir el lugar donde se instala en el coste de esa cobertura. En la mayoría de los casos, los tribunales han recordado que los ayuntamientos pueden regular aspectos urbanísticos y exigir la integración paisajística de las instalaciones, pero no establecer prohibiciones generales que impidan el desarrollo de las redes cuando estas cumplen la legislación sectorial.

Mucho antes de la llegada del 5G, el despliegue de las redes móviles ya generaba fricciones por su impacto sobre el paisaje, la proximidad a viviendas o equipamientos y la elección de los emplazamientos. La discusión de fondo, sin embargo, permanece prácticamente intacta: cómo garantizar una infraestructura considerada esencial sin convertir el lugar donde se instala en el coste de esa cobertura

Del miedo a las radiaciones al impacto sobre el paisaje

Ese equilibrio entre despliegue, protección del entorno y derechos de los vecinos lleva más de dos décadas acompañando la expansión de la telefonía móvil. En 2001, el Gobierno aprobó el Real Decreto 1066/2001, que estableció restricciones a las emisiones radioeléctricas y límites de exposición para proteger la salud pública. La norma obliga a que las estaciones respeten determinados niveles de exposición y establece que su planificación debe procurar minimizar la exposición de la población, con especial atención a espacios sensibles como escuelas, centros sanitarios, hospitales o parques públicos. La regulación se ha ido actualizando a medida que evolucionaban las redes. El Real Decreto 123/2017, por ejemplo, exige estudios de exposición para determinadas estaciones y obliga a tener en cuenta las estaciones existentes en el entorno al calcular los niveles de exposición.

La evolución tecnológica ha incrementado el número de estaciones y equipos necesarios para sostener las redes móviles, aunque este crecimiento no se traduce necesariamente en la construcción de nuevas torres. Una misma infraestructura puede albergar distintas tecnologías y dar servicio a varios operadores, mientras que buena parte del despliegue consiste en actualizar o ampliar estaciones ya existentes. Aun así, la expansión y mejora de las redes mantiene la necesidad de incorporar nuevos emplazamientos allí donde las infraestructuras existentes no permiten garantizar las prestaciones requeridas.

En 2024, España contabilizaba 194.443 estaciones base de telefonía móvil, según los datos de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) recopilados por el Observatorio Nacional de Tecnología y Sociedad.

La legislación también ha evolucionado para incorporar criterios de integración. La jurisprudencia del Supremo ha reconocido, por ejemplo, que los ayuntamientos pueden exigir soluciones que reduzcan el impacto visual cuando esa exigencia se vincula a sus competencias urbanísticas. La Ley 9/2014 ya había reforzado la consideración de las redes públicas como equipamiento básico y de su instalación como obras de interés general. La actual Ley 11/2022 mantiene y desarrolla ese principio.

Hasta dónde puede llegar un ayuntamiento

La jurisprudencia también ha ido delimitando qué pueden hacer los ayuntamientos. El Tribunal Supremo ha reconocido que las administraciones locales pueden intervenir en aspectos relacionados con sus competencias urbanísticas y perseguir, entre otros objetivos, la integración de estas instalaciones en el entorno. En una sentencia de 24 de mayo de 2005, por ejemplo, el Alto Tribunal consideraba legítimo que una ordenanza municipal exigiera utilizar la mejor tecnología disponible compatible con un mínimo impacto visual, al entender que esa exigencia se vinculaba a una competencia municipal propia y no suponía invadir las competencias estatales sobre telecomunicaciones.

El Tribunal Supremo ha reconocido que las administraciones locales pueden intervenir en aspectos relacionados con sus competencias urbanísticas y perseguir, entre otros objetivos, la integración de estas instalaciones en el entorno

La legislación estatal posterior ha reforzado, sin embargo, los límites a las restricciones municipales. La Ley 9/2014 ya calificaba las redes públicas como equipamiento básico y su instalación como obras de interés general, y prohibía restricciones absolutas o desproporcionadas al despliegue. La actual Ley 11/2022 mantiene y desarrolla ese principio. La cuestión, por tanto, no es si los ayuntamientos pueden proteger el paisaje -pueden hacerlo dentro de sus competencias-, sino hasta dónde pueden llegar esas exigencias antes de convertirse en un obstáculo desproporcionado para una infraestructura que la legislación estatal considera de interés general.

Los casos de Eivissa y Ávila

En este contexto, uno de los precedentes más singulares de Balears tuvo lugar en Sant Joan de Labritja, en Eivissa, cuyo ayuntamiento aprobó una ordenanza específica para regular las antenas de telefonía y tratar de compatibilizar su despliegue con la protección del territorio y el paisaje. Retevisión Móvil recurrió la norma al considerar que invadía competencias estatales, pero el Tribunal Supremo avaló, el 4 de julio de 2006, buena parte de las restricciones municipales. El Alto Tribunal estableció que la competencia exclusiva del Estado en telecomunicaciones no impide que los ayuntamientos intervengan en cuestiones urbanísticas, ambientales y paisajísticas: pueden regular la ubicación de las antenas, exigir medidas para reducir su impacto visual o incluso imponer la compartición de emplazamientos cuando existan razones urbanísticas, ambientales o paisajísticas que lo justifiquen, siempre que las medidas sean proporcionadas y no impidan el despliegue de la red.

El Tribunal Supremo avaló en 2006 que los ayuntamientos regulen la ubicación de antenas y su impacto paisajístico. Eso sí, siempre que las restricciones sean proporcionadas y no impidan el despliegue de las redes. Lo hizo a raíz de la ordenanza aprobada por Sant Joan de Labritja (Eivissa)

Aquel mismo año, sin embargo, el Supremo estableció también límites a cuenta de la ordenanza municipal impulsada en Ávila para regular la instalación de estaciones de telefonía móvil . El tribunal, en su sentencia del 11 de octubre, anuló varios preceptos de la misma al considerar que el Ayuntamiento había entrado en ámbitos reservados al Estado. Entre las restricciones cuestionadas figuraban la prohibición de la colocación de antenas en suelo rústico a menos de 300 metros de suelo urbano, urbanizable o viviendas habitadas, la fijación de una distancia mínima de 100 metros respecto de las viviendas o la reducción obligatoria de niveles radioeléctricos en determinadas “zonas sensibles”.

Los magistrados entendieron que los municipios pueden ejercer sus competencias urbanísticas y ambientales, pero no utilizar esas competencias para regular aspectos técnicos de las telecomunicaciones que corresponden al Estado. El fallo contribuyó así a delimitar la frontera entre la capacidad municipal para ordenar el impacto territorial y paisajístico de las antenas y la competencia estatal sobre el despliegue y las condiciones técnicas de las redes. La cuestión, por tanto, no es si los ayuntamientos pueden regular estas instalaciones, sino hasta dónde pueden llegar sus restricciones antes de invadir las competencias estatales o dificultar de forma desproporcionada el despliegue de las redes.

La diferencia entre ambos casos resulta clave: Sant Joan representa el margen que tienen las administraciones locales para proteger el territorio y el paisaje; Ávila, el límite que no pueden traspasar cuando entran en cuestiones técnicas propias de la competencia estatal.

En 2006, el Tribunal Supremo anuló varias restricciones municipales de Ávila que afectaban a distancias, suelo rústico y niveles radioeléctricos. Los ayuntamientos pueden proteger el paisaje, pero no regular aspectos técnicos de las telecomunicaciones que corresponden al Estado

En el ámbito particular, el Tribunal Supremo ha llegado incluso a pronunciarse sobre los conflictos derivados de estas instalaciones. En abril de 2024, el Alto Tribunal dio la razón a una familia de Las Palmas de Gran Canaria que había sufrido más de 60 manifestaciones frente a su domicilio contra una antena de telefonía instalada en la azotea de un edificio de su propiedad, arrendado a Orange. La Sala consideró que la reiteración de las protestas y su concentración frente a la vivienda habían afectado a la intimidad personal y familiar y a la integridad física y moral de los afectados. La sentencia no cuestionó el derecho de los vecinos a protestar contra la antena, sino que estableció que su ejercicio debía conciliarse con los derechos fundamentales de quienes sufrían las movilizaciones.

Cuando el paisaje protegido entra en la ecuación

La legislación estatal, por tanto, no elimina la protección ambiental ni urbanística de los espacios protegidos, pero sí obliga a compatibilizarla con el despliegue de infraestructuras de telecomunicaciones. La existencia de un ARIP o de un espacio integrado en la Serra de Tramuntana no impide automáticamente la instalación de una antena si el proyecto obtiene las autorizaciones sectoriales exigibles. Precisamente ese es el debate que suscita el caso de Esporles: hasta qué punto una infraestructura considerada estratégica puede implantarse en un espacio de alto valor paisajístico donde la normativa limita severamente la construcción de usos privados.

La jurisprudencia ha venido recordando que los ayuntamientos pueden exigir el cumplimiento del planeamiento urbanístico, la integración paisajística de las instalaciones o los informes ambientales que procedan, pero no establecer prohibiciones generales que dificulten el despliegue de las redes cuando concurren los requisitos legales.

La existencia de un ARIP o de un espacio integrado en la Serra de Tramuntana no impide automáticamente la instalación de una antena si el proyecto obtiene las autorizaciones sectoriales exigibles

Esporles y Binissafúller muestran dos caras de un mismo problema. En Menorca, los vecinos han cuestionado una torre de 23 metros por su impacto sobre una urbanización de viviendas bajas y han reclamado una ubicación alternativa. En Mallorca, una nueva antena ha acabado en un espacio rústico protegido de la Serra de Tramuntana, después de que la operadora tuviera que buscar un nuevo emplazamiento para sustituir otra estación cuyo propietario no quiso renovar el acuerdo. En ambos casos, la discusión acaba chocando con la misma frontera: qué margen existe para proteger el paisaje cuando la infraestructura que se quiere instalar está amparada por una legislación que la considera de interés general.

La respuesta de la ley no es que las antenas puedan colocarse en cualquier sitio, pero tampoco que un espacio protegido permita rechazarlas automáticamente. El equilibrio pasa por justificar las restricciones, valorar su proporcionalidad y, cuando un emplazamiento no resulte viable, estudiar alternativas capaces de garantizar el servicio.

Y ahí es donde los dos casos dejan todavía una pregunta abierta: quién decide cuándo una ubicación es realmente la única posible y cuándo existe una alternativa capaz de garantizar la cobertura sin cargar el coste sobre el paisaje o sobre quienes viven junto a la infraestructura. En Esporles, esa respuesta pasa ahora por conocer qué autorizaciones se concedieron, qué alternativas se estudiaron y qué medidas se adoptaron para integrar la torre en uno de los paisajes más protegidos de Mallorca. En Binissafúller, por saber si las administraciones y la operadora acabarán encontrando un emplazamiento que permita mantener la cobertura sin mantener el conflicto. Porque el despliegue de las redes puede ser de interés general, pero la pregunta sobre dónde se levantan sus torres sigue siendo, en buena medida, una cuestión territorial.

Entre les alzines i a només uns metres d'un cartell que anuncia la Serra de Tramuntana com a Patrimoni Mundial de la UNESCO, un pal metàl·lic de telefonia mòbil s'ha convertit en l'últim focus de tensió entre la protecció del territori i el desplegament d'infraestructures considerades essencials. La instal·lació enfronta un veí del municipi mallorquí d'Esporles amb les administracions, ja que l'afectat sosté que l'actuació envaeix elements de la seva propietat, però, sobretot, obre un debat de més abast: fins a on pot arribar la protecció d'un territori especialment sensible quan entra en joc el desplegament d'unes xarxes de telecomunicacions que la legislació estatal considera obres d'interès general?

La controvèrsia se situa en una parcel·la rústica d'uns 5.000 metres quadrats inclosa en un Àrea Rural d'Interès Paisatgístic (ARIP). El propietari de la finca adjacent es va posar en contacte amb elDiario.es per denunciar l'impacte visual de la instal·lació i qüestiona que pugui autoritzar-se una infraestructura d'aquestes característiques en un sòl on la normativa urbanística no permet construir cap edificació privada.

En l'escrit que el veí va presentar davant la Direcció General d'Indústria critica, a més, l'escomesa elèctrica prevista per donar-li servei: el plànol incorporat a l'expedient, consultat per aquest diari, confirma que el projecte preveu la instal·lació d'una nova caixa de distribució (CDU) al costat de la carretera i l'adaptació de la connexió elèctrica mitjançant un suport metàl·lic existent, encara que també precisa que l'actuació queda condicionada a l'obtenció de tots els permisos administratius i particulars necessaris. L'afectat reclama que la CDU no s'instal·li davant el mur de pedra de la seva propietat i rebutja que el projecte utilitzi un pal metàl·lic que, assegura, forma part de les instal·lacions que ell va sufragar en el seu dia per abastir el seu habitatge. elDiario.es s'ha posat en contacte amb la Conselleria , de la qual depèn la Direcció General, però al·leguen que aquest tipus de tramitacions no formen part de les seves competències.

La instal·lació reobre el debat de fins on pot arribar la protecció d'un territori especialment sensible quan entra en joc el desplegament d'unes xarxes de telecomunicacions que la legislació estatal considera obres d'interès general

A Menorca, la instal·lació d'una antena de telefonia mòbil d'uns 23 metres a l'aparcament d'un restaurant de la localitat de Binissafúller va provocar el passat mes de maig el rebuig dels residents de la urbanització. Els veïns qüestionen la seva ubicació, especialment per l'impacte visual d'una estructura d'aquesta alçada en un entorn dominat per habitatges baixos. La protesta va anar creixent durant els mesos següents. Els residents van arribar a concentrar-se davant de l'Ajuntament per reclamar que la torre fos traslladada a un altre lloc.

A Menorca, la instal·lació d'una antena de telefonia mòbil d'uns 23 metres a l'aparcament d'un restaurant de la localitat de Binissafúller ha provocat el rebuig dels residents de la urbanització, que qüestionen la seva ubicació, especialment per l'impacte visual d'una estructura d'aquesta alçada en un entorn dominat per habitatges baixos

La polèmica no ha quedat únicament en la protesta: al juliol, els veïns van iniciar fins i tot una recollida de signatures per reclamar el trasllat de l'antena a un emplaçament amb menor impacte paisatgístic i ambiental. No obstant això, Totem Towerco Spain, empresa del grup Orange responsable de la infraestructura, va rebutjar finalment traslladar-la al futur centre de telecomunicacions de Cap d’en Font, una ubicació que havien plantejat tant el Govern balear com l'Ajuntament de Sant Lluís, va informar en el seu moment Es Diari de Menorca. La companyia, d'acord amb el mateix medi, va al·legar problemes tècnics amb determinades freqüències i l'antena es manté a Binissafúller mentre les administracions busquen una tercera ubicació que compleixi els requisits tècnics de la companyia o una solució que permeti reduir-ne l'alçada.

elDiario.es s'ha posat en contacte amb Orange per conèixer si la instal·lació d'Esporles compta amb totes les autoritzacions i permisos exigits per la normativa vigent; quins criteris tècnics han portat a triar l'emplaçament actual i si es van estudiar ubicacions alternatives abans de seleccionar aquesta parcel·la; quines millores de cobertura o capacitat permetrà la infraestructura, si s'han previst mesures d'integració paisatgística per minimitzar-ne l'impacte visual en un entorn protegit com la Serra de Tramuntana, en quines circumstàncies acceptaria estudiar el trasllat d'una antena com la de Binissafúller, com també els criteris tècnics, ambientals i territorials que segueix a l'hora de seleccionar nous emplaçaments i si existeixen protocols específics per minimitzar l'impacte paisatgístic de les seves infraestructures en zones d'elevat valor ambiental o patrimonial. Orange no havia respost a aquestes preguntes al tancament d'aquest reportatge.

Les xarxes de telecomunicacions, un servei d'interès general

Esporles i Binissafúller són escenaris diferents. A Menorca, el conflicte es desenvolupa en una urbanització residencial i gira fonamentalment al voltant de l'impacte visual i de l'elecció de l'emplaçament. A Mallorca, la controvèrsia incorpora la protecció d'un espai d'especial valor paisatgístic i el règim específic de la Serra de Tramuntana. Però ambdós casos plantegen la mateixa qüestió: quin lloc ocupa el paisatge en la decisió sobre on instal·lar una antena? La resposta es troba en la legislació estatal: la Llei 11/2022 General de Telecomunicacions estableix que aquestes són serveis d'interès general i assenyala expressament que les xarxes públiques de comunicacions electròniques contribueixen a una finalitat d'interès general, constitueixen equipament bàsic i que la seva instal·lació i desplegament tenen la consideració d'obres d'interès general. En aquest sentit, insta a més les administracions públiques a col·laborar i a facilitar la seva implantació.

La Llei 11/2022 va transposar a l'ordenament espanyol la Directiva (UE) 2018/1972, que estableix el Codi Europeu de les Comunicacions Electròniques i fixa un marc comú per a la regulació de les xarxes i serveis de comunicacions electròniques a la Unió Europea. L'aprovació de la nova llei espanyola es va produir, a més, en el marc de les reformes del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència i en l'estratègia Espanya Digital 2025, dins de les mesures destinades a impulsar la connectivitat i el desplegament de xarxes, inclòs el 5G.

La Llei General de Telecomunicacions estableix que aquestes són serveis d'interès general i assenyala expressament que les xarxes públiques de comunicacions electròniques contribueixen a un fi d'interès general, constitueixen equipament bàsic i que la seva instal·lació i desplegament tenen la consideració d'obres d'interès general

La norma imposa també límits a la capacitat de les administracions per restringir la instal·lació d'aquestes infraestructures. Els instruments de planificació territorial i urbanística han de contemplar la necessitat de desplegar xarxes i no poden establir restriccions absolutes o desproporcionades als operadors. Tampoc poden imposar, amb caràcter general, una determinada ubicació o solució tecnològica. Això no significa, tanmateix, que les antenes puguin instal·lar-se en qualsevol lloc. La mateixa llei contempla expressament que una restricció pugui estar justificada per raons de medi ambient, seguretat pública o ordenació urbana i territorial. Quan una condició pugui fer impossible l'ocupació d'un determinat emplaçament, aquesta limitació ha d'estar plenament justificada i acompanyada d'alternatives que permetin garantir el desplegament.

L'Ajuntament d'Esporles: “Tenim molt poc marge”

No en va, el batle d'Esporles, Josep Ferrà, explica a elDiario.es que l'Ajuntament amb prou feines disposa de capacitat per intervenir. En declaracions a aquest diari, explica que la infraestructura instal·lada als afores del municipi no respon a la creació d'una nova cobertura, sinó al trasllat d'una antena que ja prestava servei en una altra parcel·la i el propietari de la qual va decidir no renovar l'acord amb l'operadora. La nova ubicació, afegeix, també es troba en sòl rústic protegit.

El regidor atribueix aquesta situació, precisament, a la Llei General de Telecomunicacions, que redueix notablement el marge de maniobra dels ajuntaments, especialment quan les competències sobre sòl rústic, en el cas de Mallorca, corresponen al Consell Insular. En aquest cas, el consistori assegura haver remès al Consell diverses consultes sobre l'actuació i reconeix que continua a l'espera de conèixer el criteri definitiu de l'organisme insular. Des de l'Administració supramunicipal, tanmateix, assenyalen a aquest diari que, amb caràcter general, el Consell no és l'òrgan encarregat d'autoritzar urbanísticament aquest tipus d'instal·lacions. La seva intervenció se situa principalment en l'àmbit de la disciplina urbanística: la inspecció, la restauració de la legalitat i, si escau, l'obertura d'expedients sancionadors davant possibles infraccions.

És precisament aquesta combinació la que explica part de l'aparent contradicció que troben els veïns: la protecció territorial no desapareix, però tampoc permet a una administració rebutjar una antena simplement perquè consideri que altera el paisatge. La pròpia llei contempla, de fet, que les administracions puguin justificar restriccions per raons ambientals o d'ordenació territorial. I estableix mecanismes d'intervenció de l'Estat quan una administració pretén paralitzar o impedir una infraestructura que compleix els paràmetres tècnics essencials.

La protecció territorial no desapareix, però tampoc permet a una administració rebutjar una antena simplement perquè consideri que altera el paisatge

Per part seva, la batlessa de Sant Lluís, Loles Tronch, va expressar públicament el seu rebuig a l'impacte visual de la instal·lació, però va sostenir que el marge municipal per impedir-la era molt reduït pel marc estatal de telecomunicacions, com va assenyalar en declaracions a Menorca al Día. El cas presenta a més una particularitat: els veïns van qüestionar que s'hagués escollit precisament aquest emplaçament quan inicialment s'havia plantejat una altra ubicació a Biniparratx, una zona amb menys habitatges al voltant. També van criticar que la torre s'aixequés en una de les cotes més baixes de la urbanització, cosa que obligava a elevar encara més l'estructura per garantir-ne el funcionament.

Una polèmica amb més de 25 anys d'història

La preocupació per l'impacte de les antenes no és nova a Mallorca. Ja a començaments dels anys 2000, el Grup d'Ornitologia Balear (GOB) -entitat que fa dècades que denuncia l'impacte ambiental i paisatgístic de determinades infraestructures i reclama una protecció més elevada del territori- alertava de la proliferació d'aquestes instal·lacions i reclamava un control més gran sobre la seva implantació. En un article publicat aquell any a la seva revista 'L'ecologista', l'organització denunciava que el 80% de les antenes de telefonia mòbil de Mallorca eren il·legals i reclamava un major control de la seva implantació. Dos mesos després, el mateix Govern balear situava també al voltant del 80% el percentatge d'instal·lacions que presentaven alguna irregularitat o careixien de totes les llicències necessàries.

Ja a començaments dels anys 2000, el GOB alertava de la proliferació d'antenes i reclamava un control més gran sobre la seva implantació. L'organització -i el Govern balear després- denunciava que el 80% de les antenes de telefonia mòbil de Mallorca eren il·legals

L’any 2001, veïns de Sant Joan havien reunit en poc més d’un mes prop de 600 signatures per reclamar el trasllat d’una antena d’uns 20 metres instal·lada a la finca d’es Revellar pel seu impacte paisatgístic i ambiental. La protesta tenia aleshores un argument que es repeteix ara en altres punts de les Illes: els residents, que van arribar a organitzar-se sota el nom de Grup Antiantena, no qüestionaven la necessitat de disposar de cobertura, sinó l’emplaçament escollit, que consideraven causant d’un fort impacte ambiental, visual i paisatgístic i que es trobava al costat d’habitatges habitats i del dipòsit d’aigua potable del poble.

Segons publicava el Grup Antiantena a la revista Mel i Sucre de l’Obra Cultural Balear (OCB), l’antena d’Amena instal·lada a es Revellar feia, a més, uns sis mesos que funcionava sense la llicència d’interès social que havia de concedir el Consell de Mallorca.

El rebuig es va reproduir també en altres municipis. Al municipi de Muro, GOB i PSM van reclamar el 2001 la retirada d'una antena situada al costat de l'institut i el poliesportiu municipal, mentre que, el 2007, veïns de s'Hostalot, a Palma, van impulsar una coordinadora ciutadana per reclamar el desmantellament d'antenes de telefonia. El 2002, l'organització ecologista denunciava que bona part de les estacions кareixien dels permisos exigibles i defensava que les instal·lacions en sòl rústic estiguessin sotmeses a control insular, a més de reclamar que les operadores justifiquessin els seus emplaçaments i optessin per les solucions amb menor impacte ambiental i visual.

Es tracta de conflictes que mostren com, molt abans de l'arribada del 5G, el desplegament de les xarxes mòbils ja generava friccions pel seu impacte sobre el paisatge, la proximitat a habitatges o equipaments i l'elecció dels emplaçaments. La discussió de fons, però, roman pràcticament intacta: com garantir una infraestructura considerada essencial sense convertir el lloc on s'instal·la en el cost d'aquesta cobertura. En la majoria dels casos, els tribunals han recordat que els ajuntaments poden regular aspectes urbanístics i exigir la integració paisatgística de les instal·lacions, però no establir prohibicions generals que impedeixin el desenvolupament de les xarxes quan aquestes compleixen la legislació sectorial.

Molt abans de l'arribada del 5G, el desplegament de les xarxes mòbils ja generava friccions pel seu impacte sobre el paisatge, la proximitat a habitatges o equipaments i l'elecció dels emplaçaments. La discussió de fons, però, roman pràcticament intacta: com garantir una infraestructura considerada essencial sense convertir el lloc on s'instal·la en el cost d'aquesta cobertura

De la por a les radiacions a l'impacte sobre el paisatge

Aquest equilibri entre desplegament, protecció de l'entorn i drets dels veïns fa més de dues dècades que acompanya l'expansió de la telefonia mòbil. L'any 2001, el Govern d'Espanya va aprovar el Reial Decret 1066/2001, que va establir restriccions a les emissions radioelèctriques i límits d'exposició per protegir la salut pública. La norma obliga que les estacions respectin determinats nivells d'exposició i estableix que la seva planificació ha de procurar minimitzar l'exposició de la població, amb especial atenció a espais sensibles com escoles, centres sanitaris, hospitals o parcs públics. La regulació s'ha anat actualitzant a mesura que evolucionaven les xarxes. El Reial Decret 123/2017, per exemple, exigeix estudis d'exposició per a determinades estacions i obliga a tenir en compte les estacions existents a l'entorn en calcular els nivells d'exposició.

L'evolució tecnològica ha incrementat el nombre d'estacions i equips necessaris per sostenir les xarxes mòbils, encara que aquest creixement no es tradueix necessàriament en la construcció de noves torres. Una mateixa infraestructura pot allotjar diferents tecnologies i donar servei a diversos operadors, mentre que bona part del desplegament consisteix a actualitzar o ampliar estacions ja existents. Així i tot, l'expansió i millora de les xarxes manté la necessitat d'incorporar nous emplaçaments allà on les infraestructures existents no permeten garantir les prestacions requerides.

L'any 2024, Espanya tenia 194.443 estacions base de telefonia mòbila, segons les dades de la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC) recopilades per l'Observatori Nacional de Tecnologia i Societat.

La legislació també ha evolucionat per incorporar criteris d'integració. La jurisprudència del Suprem ha reconegut, per exemple, que els ajuntaments poden exigir solucions que redueixin l'impacte visual quan aquesta exigència es vincula a les seves competències urbanístiques. La Llei 9/2014 ja havia reforçat la consideració de les xarxes públiques com a equipament bàsic i de la seva instal·lació com a obres d'interès general. L'actual Llei 11/2022 manté i desenvolupa aquest principi.

Fins a on pot arribar un ajuntament

La jurisprudència també ha anat delimitant què poden fer els ajuntaments. El Tribunal Suprem ha reconegut que les administracions locals poden intervenir en aspectes relacionats amb les seves competències urbanístiques i perseguir, entre altres objectius, la integració d'aquestes instal·lacions en l'entorn. En una sentència de 24 de maig de 2005, per exemple, l'Alt Tribunal considerava legítim que una ordenança municipal exigís utilitzar la millor tecnologia disponible compatible amb un mínim impacte visual, en entendre que aquesta exigència es vinculava a una competència municipal pròpia i no suposava envair les competències estatals sobre telecomunicacions.

El Tribunal Suprem ha reconegut que les administracions locals poden intervenir en aspectes relacionats amb les seves competències urbanístiques i perseguir, entre altres objectius, la integració d'aquestes instal·lacions en l'entorn

La legislació estatal posterior ha reforçat, tanmateix, els límits a les restriccions municipals. La Llei 9/2014 ja qualificava les xarxes públiques com a equipament bàsic i la seva instal·lació com a obres d'interès general, i prohibia restriccions absolutes o desproporcionades al desplegament. L'actual Llei 11/2022 manté i desenvolupa aquest principi. La qüestió, per tant, no és si els ajuntaments poden protegir el paisatge -poden fer-ho dins les seves competències-, sinó fins on poden arribar aquestes exigències abans de convertir-se en un obstacle desproporcionat per a una infraestructura que la legislació estatal considera d'interès general.

Els casos de Sant Joan de Labritja i Àvila

En aquest context, un dels precedents més singulars de Balears va tenir lloc a Sant Joan de Labritja, a Eivissa, el consistori del qual va aprovar una ordenança específica per regular les antenes de telefonia i tractar de compatibilitzar el seu desplegament amb la protecció del territori i el paisatge. Retevisión Móvil va recórrer la norma en considerar que envaïa competències estatals, però el Tribunal Suprem va avalar, el 4 de juliol de 2006, bona part de les restriccions municipals. L'Alt Tribunal va establir que la competència exclusiva de l'Estat en telecomunicacions no impedeix que els ajuntaments intervinguin en qüestions urbanístiques, ambientals i paisatgístiques: poden regular la ubicació de les antenes, exigir mesures per reduir-ne l'impacte visual o fins i tot imposar la compartició d'emplaçaments quan existeixin raons urbanístiques, ambientals o paisatgístiques que ho justifiquin, sempre que les mesures siguin proporcionades i no impedeixin el desplegament de la xarxa.

El Tribunal Suprem va avalar el 2006 que els ajuntaments regulin la ubicació d'antenes i el seu impacte paisatgístic. Això sí, sempre que les restriccions siguin proporcionades i no impedeixin el desplegament de les xarxes. Ho va fer arran de l'ordenança aprovada per Sant Joan de Labritja (Eivissa)

Aquell mateix any, tanmateix, el Suprem va establir també límits a compte de l'ordenança municipal impulsada a Àvila per regular la instal·lació d'estacions de telefonia mòbil . El tribunal, en la seva sentència de l'11 d'octubre, va anul·lar diversos preceptes de la mateixa en considerar que l'Ajuntament havia entrat en àmbits reservats a l'Estat. Entre les restriccions qüestionades figuraven la prohibició de la col·locació d'antenes en sòl rústic a menys de 300 metres de sòl urbà, urbanitzable o habitatges habitats, la fixació d'una distància mínima de 100 metres respecte dels habitatges o la reducció obligatòria de nivells radioelèctrics en determinades “zones sensibles”.

Els magistrats van entendre que els municipis poden exercir les seves competències urbanístiques i ambientals, però no utilitzar aquestes competències per regular aspectes tècnics de les telecomunicacions que corresponen a l'Estat. La sentència va contribuir així a delimitar la frontera entre la capacitat municipal per ordenar l'impacte territorial i paisatgístic de les antenes i la competència estatal sobre el desplegament i les condicions tècniques de les xarxes. La qüestió, per tant, no és si els ajuntaments poden regular aquestes instal·lacions, sinó fins on poden arribar les seves restriccions abans d'envair les competències estatals o dificultar de forma desproporcionada el desplegament de les xarxes.

La diferència entre ambdós casos resulta clau: Sant Joan representa el marge que tenen les administracions locals per protegir el territori i el paisatge; Àvila, el límit que no poden traspassar quan entren en qüestions tècniques pròpies de la competència estatal.

El 2006, el Tribunal Suprem va anul·lar diverses restriccions municipals d'Àvila que afectaven distàncies, sòl rústic i nivells radioelèctrics. Els ajuntaments poden protegir el paisatge, però no regular aspectes tècnics de les telecomunicacions que corresponen a l'Estat

En l'àmbit particular, el Tribunal Suprem ha arribat fins i tot a pronunciar-se sobre els conflictes derivats d'aquestes instal·lacions. L'abril de 2024, l'Alt Tribunal va donar la raó a una família de Las Palmas de Gran Canària que havia patit més de 60 manifestacions davant del seu domicili contra una antena de telefonia instal·lada a la teulada d'un edifici de la seva propietat, llogat a Orange. La Sala va considerar que la reiteració de les protestes i la seva concentració davant de l'habitatge havien afectat la intimitat personal i familiar i la integritat física i moral dels afectats. La sentència no va qüestionar el dret dels veïns a protestar contra l'antena, sinó que va establir que el seu exercici havia de conciliar-se amb els drets fonamentals dels qui patien les mobilitzacions.

Quan el paisatge protegit entra en joc

La legislació estatal, per tant, no elimina la protecció ambiental ni urbanística dels espais protegits, però sí que obliga a compatibilitzar-la amb el desplegament d'infraestructures de telecomunicacions. L'existència d'un ARIP o d'un espai integrat a la Serra de Tramuntana no impedeix automàticament la instal·lació d'una antena si el projecte obté les autoritzacions sectorials exigibles. Precisament aquest és el debat que suscita el cas d'Esporles: fins a quin punt una infraestructura considerada estratègica pot implantar-se en un espai d'alt valor paisatgístic on la normativa limita severament la construcció d'usos privats.

La jurisprudència ha vingut recordant que els ajuntaments poden exigir el compliment del planejament urbanístic, la integració paisatgística de les instal·lacions o els informes ambientals que procedeixin, però no establir prohibicions generals que dificultin el desplegament de les xarxes quan concorren els requisits legals.

L'existència d'un ARIP o d'un espai integrat a la Serra de Tramuntana no impedeix automàticament la instal·lació d'una antena si el projecte obté les autoritzacions sectorials exigibles

Esporles i Binissafúller mostren dues cares d'un mateix problema. A Menorca, els veïns han qüestionat una torre de 23 metres pel seu impacte sobre una urbanització d'habitatges baixos i han reclamat una ubicació alternativa. A Mallorca, una nova antena ha acabat en un espai rústic protegit de la Serra de Tramuntana, després que l'operadora hagués de buscar un nou emplaçament per substituir una altra estació, el propietari de la qual no va voler renovar l'acord. En tots dos casos, la discussió acaba xocant amb la mateixa frontera: quin marge hi ha per protegir el paisatge quan la infraestructura que es vol instal·lar està emparada per una legislació que la considera d'interès general.

La resposta de la llei no és que les antenes puguin col·locar-se en qualsevol lloc, però tampoc que un espai protegit en permeti rebutjar-les automàticament. L'equilibri implica justificar les restriccions, valorar-ne la proporcionalitat i, quan un emplaçament no resulti viable, estudiar alternatives capaces de garantir el servei.

I aquí és on els dos casos deixen encara una pregunta oberta: qui decideix quan una ubicació és realment l'única possible i quan existeix una alternativa capaç de garantir la cobertura sense carregar el cost sobre el paisatge o sobre els qui viuen al costat de la infraestructura. A Esporles, aquesta resposta passa ara per conèixer quines autoritzacions es van concedir, quines alternatives es van estudiar i quines mesures es van adoptar per integrar la torre en un dels paisatges més protegits de Mallorca. A Binissafúller, per saber si les administracions i l'operadora acabaran trobant un emplaçament que permeti mantenir la cobertura sense mantenir el conflicte. Perquè el desplegament de les xarxes pot ser d'interès general, però la pregunta sobre on s'aixequen les seves torres continua sent, en bona part, una qüestió territorial.

Són passades les set de la tarda d’un dimecres d’agost. Desenes, potser centenars, de motos i cotxes continuen arribant a Platges de Comte, un conjunt de petites cales obertes al sud-oest d’Eivissa, entre les preferides per meravellar-se amb les seves postes de sol. Però aquest capvespre és molt diferent dels anteriors: va acompanyat d’un fenomen astronòmic que no es produïa des de feia més de cent anys. Un eclipsi solar la totalitat del qual es podrà gaudir durant un minut passades dos quarts de nou del vespre.

I aquest indret de Sant Josep de sa Talaia és, precisament, un dels millors punts per observar com la Lluna acabarà tapant el Sol en un espectacle que, des de l’inici fins al final, durarà una hora i quart. En aquest punt de la tarda, milers de turistes ja s’amunteguen a cada racó de Platges de Comte: amb les tovalloles a la sorra, estirats a les gandules, asseguts a les terrasses dels restaurants, agafant lloc als penya segats o lliurats a la festa en algun dels centenars de vaixells i iots que voregen la costa, el doble dels que hi sol haver habitualment fondejats a la cala.

Molts d’ells canten i ballen quan l’eclipsi parcial encara no ha començat, amb els altaveus a tot volum, mentre sonen uns versos d’un dels grans hits de Bad Bunny: Si te quieres divertir / con encanto y con primor / solo tienes que vivir / un verano en Nueva York. L’espectacle cromàtic —en paraules de Pedro Pérez, membre de l’Agrupació Astronòmica de l’illa— està a punt de començar.

Trajectes en VTC de fins a 200 euros

Alguns han arribat fins a l’enclavament natural —situat davant d’un illot característic, s’Illa des Bosc— amb vehicles de lloguer, però d’altres han optat per drivers privats o VTC: el trajecte en Uber, de Santa Eulària des Riu a Platges de Comte —a 35 quilòmetres, uns 45 minuts de carretera— costava 159 euros cap a les set de la tarda (a punt de començar l’eclipsi parcial), segons va informar el conductor consultat per elDiario.es. Un altre xofer de VTC explicava que pràcticament qualsevol desplaçament —mínimament llarg— se situava al voltant dels 200 euros.

Un driver que prefereix no identificar-se es posa les ulleres de protecció ocular per mirar directament el Sol: són tres quarts de vuit del vespre i la Lluna ja ha començat a cobrir-lo molt lentament. A través del plàstic negre fosc de les ulleres homologades se’n distingeix l’ombra, com una petita mossegada. Acaba de deixar uns clients en un dels quioscs de luxe que s’estenen sobre el terreny sorrenc que dibuixa el litoral.

A la van hi porta persones amb un alt poder adquisitiu. “No els acostumo a preguntar quant els costen les coses, però l’altre dia uns clients que tenien una reserva en una gran discoteca per a 40 persones es van gastar, em van dir, uns 70.000 euros”, explica. En general, trasllada persones amb un elevat poder adquisitiu i, en una jornada com aquesta, el perfil dels seus clients no és diferent.

Al negoci al qual ha acompanyat diversos turistes hi ha un esdeveniment privat —un treballador regula l’entrada de vehicles en un camí de terra que porta gairebé fins al lloc perquè no es col·lapsi— i els visitants tenen una reserva per a 120 persones. Botelles de cava i vi reposen sobre la taula mentre els comensals comencen a alçar la vista.

“Cada dia ens estem gastant això”

A poca distància, en una d’aquestes cales del conjunt de Comte, Yasmine i la seva parella s’estiren en un llit balinès al qual han arribat a les dotze del migdia. De moment, s’han gastat 600 euros entre consumicions i el gaudi del para-sol i el llit. “És car? — pregunten als periodistes—. Cada dia ens estem gastant això. Vivim a Suïssa”, puntualitzen. El preu no és superior al de qualsevol altre dia de l’estiu i, tot i que no han vingut expressament per veure l’eclipsi, s’alegren que els hagi coincidit amb les seves vacances a l’illa.

En una altra zona del mateix quiosc —a la cala contigua— uns clients seuen. Són passades les vuit i turistes i residents es preparen per veure allò que no es repetirà en cent anys. Alguns tenen fins i tot l’esperança de veure el famós raig verd de la novel·la de Jules Verne que també popularitzaria el director francès Éric Rohmer amb Le Rayon vert. No han necessitat reserva: “De fet, acabem d’arribar i ja hem trobat taula”. Esperen per demanar la comanda mentre la sorra s’omple cada vegada més.

Una parella de madrilenys que resideix a l’illa des de fa més de dues dècades explica que ha escollit aquesta cala únicament per veure l’eclipsi, tot i que no hi sol anar. “Som nudistes i acostumem a freqüentar Es Cavallet”, expliquen en referència a una de les platges del Parc Natural de ses Salines. També ho és el Racó d’en Xic, a pocs metres d’on es troben ara, tot i que lamenten que cada vegada estigui perdent més la seva essència nudista.

El capvespre arriba quan els cambrers d’un dels restaurants de la zona serveixen diversos plats als primers comensals: cloïsses al vapor; llamàntol amb ous ferrats i patates, i diverses paelles de peix i marisc. Uns instants després, sembla que el temps s’atura.

Centenars de persones comencen a treure els seus telèfons intel·ligents per immortalitzar el moment en què la Lluna se situa davant del Sol. Hi ha aplaudiments però, sobretot, emoció. Després d’uns minuts en què sembla que el fenomen es pot acabar desdibuixant a causa dels núvols —amb prou feines uns minuts abans havien tapat l’astre i havien reduït la visibilitat de l’eclipsi—.

Nits d’hotel per gairebé 6.000 euros

Ana, Marc i el fill de tots dos, també Marc, de set anys, han arribat de Barcelona per passar uns dies a Eivissa i Formentera. Ara contemplen com la Lluna avança lentament sobre el Sol fins a ocultar-lo completament, en un fenomen que no es tornarà a repetir durant molt de temps. S’allotgen en un hotel de categoria mitjana situat a la zona d’oci de Platja d’en Bossa, pel qual han pagat 1.110 euros per quatre nits. Un preu poc elevat en comparació amb el que ofereixen altres allotjaments de gamma més alta per a aquest període.

A la zona sud-oest (una de les millors per observar el fenomen astronòmic), al municipi de Sant Antoni, la nit mitjana en un d’aquests complexos ha arribat als 750 euros per a dues persones. L’allotjament va organitzar, coincidint amb l’eclipsi, una excursió gratuïta amb quaranta clients a càrrec del departament de Guest Experience. Un dels treballadors els acompanyarà, no sense temor per la massificació que hi pugui haver a Cala Gració, on es troba l’hotel i el punt oficial d’observació, fins a una zona rocosa.

Un altre dels indrets més sucosos per a l’esdeveniment d’aquest dimecres eren els voltants d’es Vedrà. A Cala Carbó —menys coneguda que la famosa Cala d’Hort, que té l’illot just davant, però amb vistes igual d’espectaculars—, un altre allotjament de cinc estrelles havia organitzat igualment una excursió privada amb cost zero —per a hostes i no hostes de l’hotel— per a la qual varen repartir ulleres i petites ampolles de Moët & Chandon. Per a la nit varen planificar un menú degustació a la terrassa des de la qual es veu es Vedrà, envoltat per un cert misticisme espiritual, encara que sense base científica.

En altres allotjaments de luxe de la costa nord de l’illa, el preu és encara superior. En un dels hotels de cinc estrelles situats entre Cala Xarraca i Portinatx, dues nits per a dues persones rondaven els 2.600 euros, triant l’opció d’habitació més barata. En el cas de les suites amb millors vistes, l’allotjament s’encareix fins a gairebé els 6.000 euros per parella. Al far de Punta Moscarter, a la mateixa zona turística, l’Associació d’Astrònoms d’Eivissa havia preparat l’equipament per mirar cap al cel.

Un cop acabat el fenomen, es palpa el furor d’un eclipsi que no ha deixat indiferent: l’any que ve n’hi haurà un altre —el segon del batejat entre els astrònoms com a Trío Ibèric—. Però Balears no serà un dels millors punts d’observació. Els centenars de cotxes que han anat arribant a Cala Comte a comptagotes —tenint en compte les hores en què podria ser més difícil accedir-hi— se’n van ara tots alhora. Turistes i residents encara amb l’aureola brillant que ha deixat el ball del Sol amb la Lluna enregistrada a la retina. Les carreteres col·lapsen: el temps a fer el trajecte des de les cales fins a la ciutat d’Eivissa —poc menys de 25 quilòmetres—, que normalment és de mitja hora, es duplica.

Malgrat tot, segons informacions del Govern balear, l’atenció d’urgències en centres de salut i hospitals tant de les Pitiüses com de Balears en general va registrar aquest dimecres una disminució respecte del dia anterior. A l’hospital eivissenc de Can Misses, es va passar de 261 a 171 i al de Formentera de 150 a 118. A tota l’àrea de Salut pitiüsa, es van reduir les urgències de 569 a 369.

D’altra banda, el dispositiu especial Eclipbal desplegat a Balears amb motiu de l’eclipsi, que va mobilitzar més de 2.100 efectius, es va saldar, segons el balanç del Govern, amb 46 incidents relacionats amb el fenomen astronòmic. El director general d’Emergències i Interior, Pablo Gárriz, ha destacat el comportament de la ciutadania durant la jornada i ha considerat que “l’èxit és de la societat balear en el seu conjunt”, després que l’operatiu es desenvolupés sense incidències d’especial rellevància.

El Centre de Coordinació d’Emergències 112 va rebre durant la jornada un total de 2.340 telefonades i va gestionar els 46 incidents vinculats al pla especial entre les 00.00 hores del 12 d’agost i la mateixa hora del dia següent. Gárriz ha agraït l’actuació tant dels professionals que van participar directament en el dispositiu com dels qui hi van col·laborar de manera indirecta, i ha assenyalat que la població “ha estat a l’altura de la situació”.

Son pasadas las siete de la tarde de un miércoles de agosto. Decenas, tal vez centenares, de motos y coches continúan llegando a Platges de Comte, un conjunto de pequeñas calas abiertas en el suroeste de Eivissa, entre las favoritas para maravillarse ante sus puestas de sol. Pero este atardecer es muy distinto a los anteriores: va aparejado de un fenómeno astronómico que no ocurría desde hacía más de cien años. Un eclipse solar cuya totalidad se podrá disfrutar durante un minuto pasadas las ocho y media de la tarde.

Y este enclave de Sant Josep de sa Talaia es, precisamente, uno de los mejores puntos para observar cómo la Luna terminará por tapar el Sol en un espectáculo que desde su inicio hasta su final durará una hora y cuarto. A estas alturas de la tarde, miles de turistas ya están agolpados en cada rincón de Platges de Comte: con las toallas en la arena, tumbados en las hamacas, sentados en las terrazas de los restaurantes, cogiendo sitio en los acantilados o entregados a la fiesta en alguno de los centenares de barcos y yates que hay bordeando la costa, el doble de los que suele haber fondeando habitualmente en la cala.

Muchos de ellos cantan y bailan cuando el eclipse parcial todavía no ha empezado con los altavoces a todo volumen mientras suenan unos versos de uno de los mayores hits de Bad Bunny: Si te quieres divertir / con encanto y con primor / solo tienes que vivir / un verano en Nueva York. El espectáculo cromático -en palabras de Pedro Pérez, miembro de la Agrupación Astronómica de la isla- está a punto de dar comienzo.

Trayectos en VTC por hasta 200 euros

Algunos han llegado hasta el enclave natural -situado frente de un característico islote, s’illa des Bosc– con vehículos de alquiler pero otros han optado por drivers privados o VTC: el trayecto en Uber, de Santa Eulària des Riu a Platges de Comte –a 35 kilómetros, unos 45 minutos de carretera– costaba 159 euros alrededor de las siete de la tarde (a punto de empezar el eclipse parcial), como informó el conductor al ser consultado por elDiario.es. Otro chófer de VTC explicaba que prácticamente cualquier desplazamiento -medianamente lejano- se situaba en torno a los 200.

Un driver que prefiere no identificarse se pone las gafas de protección ocular para mirar directamente al Sol: son las ocho menos cuarto de la tarde y la Luna ya ha empezado a cubrirlo muy lentamente. A través del plástico negro oscuro de los lentes homologados se distingue su sombra, como una pequeña mordedura. Acaba de dejar a unos clientes en uno de los chiringuitos de lujo que se disponen sobre el terreno arenisco que dibuja el litoral.

En la van lleva a personas de alto poder adquisitivo. “No les suelo preguntar cuánto les cuestan las cosas, pero el otro día unos clientes que tenían una reserva en una gran discoteca para 40 personas se gastaron, me dijeron, unos 70.000 euros”, explica. Por lo general, traslada a personas con un elevado poder adquisitivo y, en una jornada como esta, el perfil de sus clientes no es diferente.

En el negocio al que ha acompañado a varios turistas hay un evento privado -un trabajador regula la entrada de vehículos en un camino de tierra que lleva casi hasta el sitio para que no se colapse- y los visitantes tienen una reserva para 120 personas. Botellas de cava y vino descansan sobre la mesa mientras los comensales empiezan a alzar la vista.

“Cada día nos estamos gastando eso”

A poca distancia, en una de estas calas del conjunto de Comte, Yasmine y su pareja se tumban en una balinesa a la que han llegado a las doce del mediodía. De momento, se han gastado 600 euros entre consumiciones y disfrute de sombrilla y cama. “¿Es caro? -preguntan a los periodistas-. Cada día nos estamos gastando eso. Vivimos en Suiza”, puntualizan. El precio no es superior a cualquier otro día del verano y, aunque no han venido a propósito para ver el eclipse, se alegran de que les haya coincidido con sus vacaciones en la isla.

En otra zona del mismo chiringuito -en la cala contigua- unos clientes se sientan. Son pasadas las ocho y turistas y residentes se preparan para ver lo que no se repetirá en cien años. Algunos tienen incluso la esperanza de ver el famoso rayo verde de la novela de Julio Verne que también popularizaría el director francés Éric Rohmer con Le rayon vert. No han necesitado reserva: “De hecho, acabamos de llegar y ya hemos encontrado mesa”. Esperan para pedir la comanda mientras la arena se abarrota cada vez más.

Una pareja de madrileños que reside en la isla desde hace más de dos décadas explica que ha escogido esta cala únicamente para ver el eclipse, pese a que no suele visitarla. “Somos nudistas y solemos frecuentar Es Cavallet”, cuentan en referencia a una de las playas del Parque Natural de ses Salines. También lo es Racó d’en Xic, a pocos metros de donde se encuentran ahora, aunque lamentan que cada vez esté perdiendo más su esencia nudista.

El ocaso está llegando cuando los camareros de uno de los restaurantes de la zona sirven varios platos a los primeros comensales: almejas al vapor; bogavante con huevos fritos y patatas y varias paellas de pescado y marisco. Unos instantes después, parece que se detiene el tiempo.

Centenares de personas empiezan a sacar sus smartphones para inmortalizar el momento en que la Luna se posa frente al Sol. Hay aplausos pero, sobre todo, emoción. Tras unos minutos en los que parece que el fenómeno se puede acabar desdibujando a causa de las nubes: apenas unos minutos antes, tapaban el astro y quitaban visibilidad al eclipse.

Noches de hotel por casi 6.000 euros

Ana, Marc y el hijo de ambos, también Marc, de siete años, han llegado de Barcelona a pasar unos días en Eivissa y Formentera. Ahora contemplan cómo la Luna avanza lentamente sobre el Sol hasta ocultarlo por completo, en un fenómeno que no volverá a repetirse en mucho tiempo. Se alojan en un hotel de categoría media situado en la zona de ocio de Platja d’en Bossa, por el que han pagado 1.110 euros por cuatro noches. Un precio poco elevado en comparación con el que ofrecen otros alojamientos de gama más alta para este periodo.

En el área suroeste (uno de las mejores para observar el fenómeno astronómico), en el municipio de Sant Antoni, la noche media en uno de estos complejos ha alcanzado los 750 euros para dos personas. El hospedaje organizó, coincidiendo con el eclipse, una excursión gratuita con cuarenta clientes a cargo del departamento de Guest Experience. Uno de los trabajadores les acompañará, no sin temor por la masificación que pueda haber en Cala Gració, donde se ubica el hotel y punto oficial de observación, hasta una zona rocosa.

Otro de los lugares más jugosos para el acontecimiento de este miércoles eran las inmediaciones de es Vedrà. En Cala Carbó -menos conocida que la famosa Cala d’Hort, que tiene el islote justo enfrente, pero con vistas igual de espectaculares-, otro alojamiento cinco estrellas había organizado igualmente una excursión privada con coste cero -para huéspedes y no huéspedes del hotel- para la que repartieron gafas y botellas pequeñas de Moët & Chandon. Para la noche planificaron un menú degustación en la terraza desde la que se ve es Vedrà, envuelto por cierto misticismo espiritual, aunque sin base científica.

En otros alojamientos de lujo de la costa norte de la isla, el precio es aún superior. En uno de los hoteles de cinco estrellas ubicados entre Cala Xarraca y Portinatx dos noches para dos personas rondaban los 2.600 euros, eligiendo la opción de habitación más barata. En el caso de las suites con mejores vistas, el alojamiento se encarece hasta casi los 6.000 euros por pareja. En el faro de Punta Moscarter, misma zona turística, la Associació d'Astrònoms d'Eivissa, había preparado el equipamiento para echar la vista al cielo.

Terminado el fenómeno, se palpa el furor de un eclipse que no ha dejado indiferente: el próximo año habrá otro -el segundo del bautizado entre los astrónomos como Trío Ibérico-. Pero Balears no será uno de los mejores puntos de observación. Los centenares de coches que han ido llegando a Cala Comte a cuentagotas -teniendo en cuenta las horas en las que podría ser más difícil acceder- se marchan ahora todos a la vez. Turistas y residentes aún con la aureola brillante que ha dejado el baile del Sol con la Luna registrada en la retina. Las carreteras se colapsan: el tiempo en hacer el trayecto desde las calas a la ciudad de Eivissa -poco menos de 25 kilómetros- de normalmente media hora, se duplica.

A pesar de todo, según informaciones del Govern balear, la atención de urgencias en centros de salud y hospitales tanto de las Pitiüses como de Balears en general, registraron este miércoles una disminución respecto al día anterior. En el hospital ibicenco de Can Misses, se pasó de 261 a 171 y en el de Formentera de 150 a 118. En todo el área de Salud pitiusa, se bajaron las urgencias de 569 a 369.

Por otro lado, el dispositivo especial Eclipbal desplegado en Balears con motivo del eclipse, que movilizó a más de 2.100 efectivos, se saldó, según el balance del Govern, con 46 incidentes relacionados con el fenómeno astronómico. El director general de Emergencias e Interior, Pablo Gárriz, ha destacado el comportamiento de la ciudadanía durante la jornada y ha considerado que “el éxito es de la sociedad balear en su conjunto”, después de que el operativo se desarrollara sin incidencias de especial relevancia.

El Centro de Coordinación de Emergencias 112 recibió durante la jornada un total de 2.340 llamadas y gestionó los 46 incidentes vinculados al plan especial entre las 00.00 horas del 12 de agosto y la misma hora del día siguiente. Gárriz ha agradecido la actuación tanto de los profesionales que participaron directamente en el dispositivo como de quienes colaboraron de forma indirecta, y ha señalado que la población “ha estado a la altura de la situación”.

En la costa oriental del Algarve, la Ría Formosa presenta un paisaje diferente al de otros puntos del sur de Portugal. A lo largo de unos 60 kilómetros aparecen canales, marismas, lagunas, bancos de arena, salinas e islas que separan las aguas interiores del océano Atlántico. El espacio protegido supera las 18.000 hectáreas y se extiende por los municipios de Loulé, Faro, Olhão, Tavira y Vila Real de Santo António, donde la relación con el mar continúa muy presente.

El parque natural combina zonas de interés ambiental con núcleos urbanos y pequeñas localidades vinculadas históricamente a la pesca, el marisqueo y la producción de sal. La forma del terreno cambia con las mareas, que dejan al descubierto superficies de arena y fango antes de volver a cubrirlas. Frente a la costa se extiende además un sistema de islas barrera que protege buena parte de la zona lagunar y concentra algunos de los arenales más conocidos de este sector del Algarve, muchos de ellos accesibles únicamente por mar.

Un sistema lagunar protegido desde 1987

La Ría Formosa fue declarada Parque Natural en 1987. Su estructura está formada por un cordón de dunas e islas arenosas situado en paralelo a la costa, interrumpido por varias entradas que permiten el intercambio de agua con el Atlántico. Barreta, Culatra, Armona, Tavira y Cabanas son las principales islas barrera de este sistema, junto a marismas, salinas y pequeños canales interiores. Todo el espacio está muy condicionado por el movimiento de las mareas y por los cambios naturales que se producen en los bancos de arena.

Este conjunto de humedales tiene una importancia especial para las aves acuáticas y migratorias. En determinados momentos del año, la zona funciona como lugar de descanso, alimentación y paso para numerosas especies que siguen las rutas entre Europa y África. Entre las aves que pueden verse en el entorno se encuentran la garza real, el charrán común, la focha común y el flamenco, además de otras especies habituales de las marismas y las zonas intermareales.

La actividad humana también ha influido en la evolución de la ría. Durante siglos, la pesca y el marisqueo han sido una fuente de sustento para las poblaciones cercanas, mientras que las salinas tuvieron un papel importante dentro de la economía local. La extracción de sal ganó especial relevancia a partir del siglo XVIII y todavía se mantienen explotaciones activas y superficies dedicadas a esta actividad. La convivencia entre estos usos tradicionales y la protección ambiental continúa siendo una de las características del parque.

Islas y playas a las que se llega por mar

Una de las formas más habituales de conocer la Ría Formosa es recorrer sus canales en barco. Desde lugares como Faro, Olhão o Tavira salen embarcaciones hacia distintas islas y playas situadas frente a la costa. Durante el trayecto se atraviesan zonas de marisma, puertos pesqueros y bancos de arena cuya forma y extensión cambian según la marea. Estos recorridos también permiten apreciar desde el agua la separación entre las zonas interiores de la laguna y los arenales que quedan abiertos directamente al Atlántico.

Entre las islas más conocidas se encuentra Barreta, también denominada Ilha Deserta. Es un espacio sin población permanente al que únicamente se puede llegar por mar y cuyo frente de arena se extiende durante unos diez kilómetros. Más hacia el este, Culatra conserva núcleos habitados y una relación directa con la actividad pesquera. En esta isla se encuentra también la playa do Farol, mientras que Tavira cuenta con otros arenales como Barril, uno de los lugares más conocidos de esta parte de la costa.

Armona y Cabanas completan buena parte de esta sucesión de barreras de arena. Algunas zonas disponen de servicios y accesos organizados, mientras que otras se encuentran más alejadas de los principales núcleos urbanos. Por este motivo, no todo el litoral presenta las mismas características: existen playas muy frecuentadas durante el verano y otros sectores más aislados. Todas comparten, sin embargo, su ubicación entre las aguas interiores de la ría y el océano, una disposición que condiciona buena parte del entorno.

Faro, Olhão y Tavira, tres puertas de entrada

Faro es uno de los principales puntos de acceso al espacio protegido y también la capital del Algarve. Su casco histórico está rodeado por murallas y reúne parte del patrimonio de la ciudad, mientras que el puerto mantiene la conexión con el entorno marítimo. Desde esta zona parten diferentes rutas hacia las islas y canales de la Ría Formosa, por lo que es posible combinar la visita al centro urbano con el acceso a distintos puntos del parque natural.

Muy cerca, Olhão conserva una relación histórica estrecha con la pesca y el marisqueo. El frente marítimo y el puerto continúan teniendo un papel importante en la localidad, mientras que el mercado ocupa dos edificios de ladrillo rojo situados junto a la ría. En el casco urbano también se pueden ver casas de formas cúbicas y cubiertas planas características de parte de su arquitectura tradicional. Desde aquí salen conexiones marítimas hacia islas como Culatra y Armona.

Tavira completa el recorrido por esta zona de la costa oriental. La ciudad se extiende a ambos lados del río Gilão y conserva un centro histórico con puentes, iglesias y calles que llevan hasta plazas y espacios próximos al agua. La cercanía de la isla de Tavira mantiene una conexión directa entre el núcleo urbano y las playas situadas al otro lado de la ría. Junto con Faro y Olhão, refleja la combinación de actividad pesquera, núcleos costeros y entorno natural característica de este tramo del Algarve.

La Mata do Bussaco se extiende por más de un centenar de hectáreas en el distrito portugués de Aveiro, dentro del municipio de Mealhada. Situada en el extremo noroeste de la sierra de Bussaco, esta gran zona arbolada reúne vegetación, senderos y distintas construcciones históricas repartidas por el recinto. A su valor natural y patrimonial se suma ahora una distinción que también amplía la forma de entender algunas de las actividades que pueden desarrollarse en este entorno para quienes recorren hoy este enclave portugués.

El bosque nacional de Bussaco se ha convertido en el primer bosque terapéutico certificado de la Península Ibérica. Con este reconocimiento pasa a formar parte de un grupo integrado por solo cuatro espacios de estas características en todo el mundo. El enclave portugués se une así a Benediktinerstift, en Austria, y a los bosques alemanes de Lahnstein y Bad Nauheim, los otros lugares que disponen de esta certificación.

La declaración llega a una arboleda de unas 105 hectáreas que ya destaca por la variedad de su patrimonio vegetal. En Bussaco crecen cerca de 250 especies de árboles y arbustos, una diversidad que ha permitido reunir una de las colecciones dendrológicas más relevantes de Europa. A este interés forestal se añaden distintos elementos arquitectónicos relacionados con las etapas por las que ha pasado el recinto, entre ellos portales, fuentes, escalinatas y el edificio que hoy funciona como hotel.

Qué supone ser un bosque terapéutico certificado

El concepto de bosque terapéutico no se limita a disponer de una zona amplia cubierta de vegetación. Estos espacios están preparados para acoger programas y actividades relacionados con el bienestar y con determinadas aplicaciones terapéuticas. Para ello pueden contar con profesionales cualificados que acompañan ejercicios o intervenciones concretas, planteadas como un apoyo dentro de procesos en los que también pueden intervenir otros tratamientos convencionales.

La certificación exige que el entorno cumpla una serie de condiciones. Entre ellas figura la presencia de elementos naturales que ayuden a reducir el impacto del ruido, limitar determinadas molestias visuales y ofrecer protección frente al viento. También deben existir recorridos adaptados a distintos niveles de exigencia física, para que los usuarios puedan desplazarse por zonas adecuadas a sus capacidades y al tipo de actividad que vaya a realizarse.

A estas características se añaden espacios destinados específicamente a ejercicios de relajación o a otras prácticas vinculadas con los programas que se desarrollan dentro del bosque. Por tanto, la certificación no se concede únicamente por el valor paisajístico o por la cantidad de árboles presentes, sino que también valora cómo se organiza el terreno y si reúne las condiciones necesarias para utilizarlo con una finalidad terapéutica concreta.

Bussaco cumple estos requisitos dentro de una superficie que permite combinar distintos tipos de recorrido. Su extensión y la variedad de ambientes presentes en la arboleda facilitan la creación de itinerarios con diferentes grados de dificultad, además de disponer de áreas más resguardadas. La nueva consideración añade así otro uso posible a un lugar que hasta ahora estaba relacionado principalmente con visitas de carácter natural, histórico y patrimonial.

Más de 100 hectáreas entre árboles y construcciones históricas

Uno de los principales rasgos de la Mata do Bussaco es la diversidad de especies que concentra dentro de un espacio relativamente reducido. Sus cerca de 250 variedades de árboles y arbustos forman una colección desarrollada con el paso del tiempo y repartida por diferentes zonas del recinto. Este patrimonio vegetal es uno de los elementos que han convertido al bosque en un punto de interés dentro de esta zona del centro de Portugal.

La visita no se limita, sin embargo, a los caminos que atraviesan la vegetación. Dentro de la propiedad aparecen también fuentes, portales y escalinatas que forman parte de la historia del lugar. Estas construcciones se reparten por diferentes puntos del terreno y ayudan a entender que Bussaco no ha funcionado únicamente como una masa forestal, sino también como un espacio ocupado y transformado durante distintos periodos.

Entre sus edificios sobresale el hotel levantado a finales del siglo XIX. Su presencia incorpora una construcción de gran tamaño en medio de la arboleda y forma parte del conjunto patrimonial que conserva el recinto. Junto con el resto de elementos, permite entender la relación que se ha mantenido durante siglos entre la vegetación y los diferentes usos humanos desarrollados dentro de sus límites.

La Mata do Bussaco cuenta además con la clasificación portuguesa de Monumento Nacional, una protección que reconoce el valor histórico y patrimonial del conjunto. Ahora, la certificación como primer bosque terapéutico de la Península Ibérica añade una nueva dimensión a este espacio. La visita puede seguir centrada en sus árboles, caminos y edificios, pero incorpora también un uso relacionado con programas específicos de bienestar y acompañamiento terapéutico, una condición que actualmente comparte con solo otros tres bosques certificados en el mundo.

Ni coches, ni furgonetas, ni camiones, ni motos. Ningún vehículo motor podrá acceder a buena parte de las vías que dan acceso a montes y espacios naturales de las provincias de Cuenca y Guadalajara desde el próximo día 11 de agosto y hasta el día 13, ambos incluidos, con motivo del eclipse total de Sol del día 12.

Se trata de una medida que adopta el Gobierno de Castilla-La Mancha para blindarse ante las previsiones de afluencia masiva de visitantes en estos espacios y prevenir con ello tanto las aglomeraciones como los incendios, puesto que esos días habrá riesgo muy alto por las altas temperaturas.

El objetivo principal es que las vías de emergencia permanezcan despejadas, evitando la concentración descontrolada de vehículos en enclaves naturales, miradores y zonas altas que tienen condiciones favorables para observar el eclipse. Y es que casi la totalidad de estas dos provincias están entre los lugares de toda España donde mejor podrá contemplarse el gran fenómeno astronómico del año.

Estas restricciones solo afectan a los montes y accesos al medio natural y no a la red general de carreteras, vías urbanas o accesos ordinarios a los pueblos en los que se ubican.

Además, hay varias excepciones que permitirán el acceso: servicios de emergencia y seguridad como ambulancias, Cuerpo de Agentes Medioambientales, vehículos de extinción de incendios y Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Esado; servicios públicos esenciales como conservación de infraestructuras de agua, energía y telecomunicaciones; personas residentes y titulares de propiedades agrícolas y ganaderas (y su personal); y autorizaciones excepcionales, que deben ser acreditadas y motivadas.

Municipios y áreas con restricciones

La medida la publica el Diario Oficial de Castilla-La Mancha (DOCM). En el caso de Cuenca, la Delegación provincial de Desarrollo Sostenible incluye los montes públicos y espacios naturales de más de un centenar de municipios, desde la propia capital provincial, pero el mayor grueso se encuentra sobre todo en la Serranía y en las zonas altas colindantes con la provincia de Guadalajara.

Algunos de los más conocidos son Alarcón, Arcos de la Sierra, Barajas de Melo, Barchín del Hoyo, Beteta, Campillo del Altobuey, Carrascosa Sierra, Enguídanos, Huete, Iniesta, Las Majadas, Portalrubio de Guadamejud, Santa Cruz de Moya, Torrejoncillo del Rey, Tragacete, Uclés, Villanueva de la Jara o Zafrilla.

En la provincia de Guadalajara, la resolución indica que las restricciones afectan de forma general a varios términos municipales del Alto Tajo y de la Sierra Norte, dependiendo del tramo de la pista forestal afectada. La delimitación operativa final de cada tramo será la que se encuentre materializada mediante señalización y barreras en el terreno.

Los términos municipales afectados en Guadalajara son los de Ablanque, Alcoroches, Algora, Arbeteta, Armallones, Campillo de Dueñas, Cantalojas, Cobeta, Corduente, El Cardoso de la Sierra (incluyendo el núcleo de Peñalba de la Sierra), El Ordial, Guadalajara capital, Hombrados, Huertapelayo, La Huerce, La Mierla, Majaelrayo, Ocentejo, Olmeda de Cobeta (incluyendo el núcleo de Buenafuente del Sistal), Orea, Sacecorbo, Sigüenza, Tamajón (incluyendo el núcleo de Almiruete), Torrecuadrada de Molina, Torremocha del Pinar, Traíd, Trillo (incluyendo el núcleo de Viana de Mondéjar), Villar de Cobeta y Zaorejas.

El incumplimiento de las restricciones de acceso podrá conllevar multas y exigencia de responsabilidades legales. De hecho, el documento prohíbe explícitamente retirar, desplazar o alterar la señalización y los elementos de cierre (como barreras), acción que también está sujeta a estas sanciones.

Vamos a ser muchos. Pedimos que tengan cuidado por los episodios de incendios forestales que estamos viendo, con una pérdida tan importante de vegetación y de suelo, y que tardan mucho en recuperarse

Alfonso Sánchez — Coordinador adjunto del Cuerpo de Agentes Medioambientales de Castilla-La Mancha

En Castilla-La Mancha hay unos 460 agentes medioambientales y su despliegue sobre el terreno, en particular en las dos provincias donde el eclipse solar será total, se verá reforzado. “Trabajaremos a pleno rendimiento. Estamos todos los efectivos de Cuenca y Guadalajara esos días”, explica Alfonso Sánchez, coordinador adjunto del Cuerpo de Agentes Medioambientales de Castilla-La Mancha. “La situación lo requiere por la gran afluencia de gente que se espera. Hay que organizarlo y coordinarlo para que todos lo disfrutemos”.

Sánchez se dirige a quienes se desplazarán esos días a los espacios naturales de estas provincias para esquivar la contaminación lumínica y ver el fenómeno astronómico en su máximo esplendor. “Vamos a ser muchos. Pedimos que tengan cuidado por los episodios de incendios forestales que estamos viendo, con una pérdida tan importante de vegetación y de suelo, y que tardan mucho en recuperarse”.

Los agentes medioambientales realizarán una labor de control, situándose en los principales accesos a las zonas naturales consideradas 'críticas', e informarán al público. “Se trata también de prevenir, por si en sus desplazamientos se dirigen a zonas de simas o de otro tipo con problemas de retorno, una vez que termine el eclipse. Se trata de que puedan verlo con la mayor seguridad posible”.

El Cabildo de Gran Canaria, a través de la Consejería de Medio Ambiente, Clima, Energía y Conocimiento, ha desarrollado una jornada de formación dirigida a los cuerpos de seguridad sobre el uso de la red de sensores y las cámaras de videometría inteligente implantadas en la Reserva Natural de las Dunas de Maspalomas.

Unos 30 agentes pudieron conocer durante la jornada el funcionamiento del cuadro de mando, que integra toda la información recogida a través de los sensores y cámaras implantadas en las Dunas de Maspalomas.

En un comunicado, el Cabildo insular explica que esta herramienta facilita la labor de los agentes al localizar los flujos de visitantes, analizar patrones históricos de uso del espacio y reforzar la planificación de los operativos de vigilancia y control.

Además, se impartió una sesión sobre valores ambientales de la reserva, las características ecológicas de las dunas y las actuaciones de conservación y restauración que se desarrollan en este enclave protegido.

En la formación participaron treinta agentes de la Guardia Civil-Seprona, Policía Canaria, Policía Local, agentes de Medio Ambiente del Cabildo de Gran Canaria, SODETEGC y técnicos responsables del espacio, que conocieron los sistemas instalados en las Dunas, enmarcados dentro del proyecto Impulsa Maspalomas, financiado a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia – Next Generation EU.

El consejero de Medio Ambiente, Energía y Clima del Cabildo de Gran Canaria, Raúl García Brink, explicó que “es imprescindible que las fuerzas de seguridad conozcan el funcionamiento de la tecnología para que las actuaciones sean más precisas y eficientes. El cuadro de mando nos permite conocer en tiempo real qué es lo que está sucediendo dentro de este espacio e identificar aquellas zonas sometidas a mayor presión”.

Esta acción se enmarca dentro de la estrategia del Cabildo de Gran Canaria para la conservación de los espacios naturales protegidos, a través de la innovación tecnológica y la coordinación institucional de todos los agentes implicados.

El Geoparque Mundial UNESCO Comarca de Molina-Alto Tajo iniciará el próximo lunes, 3 de agosto, la misión de revalidación ante el organismo internacional. Será un proceso de evaluación que permitirá analizar el trabajo desarrollado durante los últimos cuatro años y comprobar el cumplimiento de los estándares de calidad exigidos por la Red Mundial de Geoparques UNESCO.

El territorio recibirá la visita de los evaluadores internacionales Adina Popa y Jack Matthews, designados por la UNESCO para llevar a cabo esta misión, durante la cual recorrerán distintos enclaves del Geoparque y mantendrán encuentros con representantes institucionales, entidades colaboradoras, empresas, asociaciones y población local.

La misión dará comienzo con una cena institucional de bienvenida, en la que participarán representantes de las administraciones y entidades que forman parte del proyecto del Geoparque. Posteriormente, el martes 4 de agosto, se celebrará el acto oficial de presentación de los principales proyectos e iniciativas desarrollados durante el periodo objeto de evaluación.

A lo largo de los días de trabajo, los evaluadores conocerán sobre el terreno algunos de los geositios más representativos del Geoparque, así como proyectos vinculados a la conservación del patrimonio geológico, la educación ambiental, la divulgación científica, el turismo sostenible, el apoyo al tejido empresarial y la implicación de la población local, aspectos que constituyen la esencia del modelo de los Geoparques Mundiales UNESCO.

La revalidación representa “un proceso fundamental” para garantizar la calidad y la mejora continua de los Geoparques reconocidos por la UNESCO, según explican desde la entidad. “Más allá de una evaluación, supone una oportunidad para compartir experiencias, intercambiar conocimientos y poner en valor el trabajo realizado por el territorio desde la anterior misión evaluativa”.

Se incorporó a la red en 2014

Desde su incorporación a la Red Europea y Mundial de Geoparques en 2014 y su reconocimiento como Geoparque Mundial UNESCO en 2015, la comarca de Molina de Aragón-Alto Tajo “ha consolidado un proyecto de desarrollo territorial basado en la conservación del patrimonio geológico, la educación, la investigación, la cooperación y el impulso de un modelo de turismo sostenible que beneficia a la población local”.

Durante la misión, los evaluadores Adina Popa y Jack Matthews podrán conocer de primera mano el compromiso de las instituciones, los ayuntamientos, las empresas, las asociaciones, los centros educativos y la ciudadanía con un proyecto que ha convertido al Geoparque en un referente nacional e internacional en la gestión sostenible del patrimonio.

El Geoparque Mundial UNESCO Comarca de Molina-Alto Tajo afronta esta revalidación “con ilusión y responsabilidad”, confiando en que el trabajo desarrollado durante los últimos años refleje el compromiso colectivo de todo el territorio con los valores promovidos por la UNESCO y contribuya a seguir fortaleciendo este proyecto de futuro.

El incendio forestal de La Mierla, en la Sierra Norte de Guadalajara, declarado el pasado 16 de julio y que ha calcinado unas 32.000 hectáreas, continúa avanzando hacia la “normalidad”. El Plan INFOCAM ha informado este sábado de un nuevo paso en la desescalada.

Se ha dado por finalizada la evacuación de Semillas, Prádena de Atienza y Gascueña de Bornova, pero todavía deben permanecer evacuados los vecinos de Aldeanueva de Atienza y El Ordial. En total llegaron a desalojarse 34 pueblos y a confinarse otros 14.

Además, siguen cortadas las carreteras GU-151 y GU-147.

Mientras, continúan los trabajos de extinción en la zona noroeste del perímetro, donde persisten los puntos más complejos del incendio.

El incendio pasó este viernes a nivel operativo 1, lo que refleja la disminución del riesgo para la población y los bienes, aunque los trabajos de extinción continúan y los responsables del operativo ya advirtieron de que la extinción completa “tardará días” debido a las combustiones latentes que aún permanecen activas.

La extinción completa “tardará días”

La Unidad Militar de Emergencias (UME) abandonó este viernes el operativo y el Puesto de Mando Avanzado se trasladó desde Tamajón a Condemios de Arriba para situarse más cerca del principal foco de trabajo.

Desde allí, el director técnico de extinción, Miguel Aguilar, explicó que el incendio sigue ofreciendo mayor resistencia en la esquina noroeste del perímetro, una zona de pinar con abundante sotobosque donde la extinción definitiva resulta especialmente compleja. En cambio, los sectores sur y este se encuentran ya estabilizados.

Aguilar señaló que el regreso de los vecinos a sus municipios debe realizarse de forma escalonada, una vez comprobado el correcto funcionamiento de servicios esenciales como el suministro eléctrico, el agua o las telecomunicaciones.

Asimismo, destacó la notable evolución del incendio en los últimos días. Si al inicio existía un perímetro de combustión de cerca de 100 kilómetros, ahora los focos activos se reducen a aproximadamente un kilómetro discontinuo, lo que permite avanzar hacia la consolidación del perímetro.

Castilla-La Mancha ofrece ayuda a otras comunidades

La mejora de la situación ha permitido además que Castilla-La Mancha ponga efectivos de extinción a disposición de otras comunidades autónomas afectadas por grandes incendios, como la Comunidad de Madrid y Castilla y León.

El presidente regional, Emiliano García-Page, destacó este viernes que ambas comunidades “nos han ayudado mucho en Guadalajara y nosotros también vamos a aportar todo lo que esté en nuestra mano, como hacemos siempre que nos necesitan”.

Mientras tanto, la Junta continúa reorganizando el dispositivo de emergencia para adaptarlo a esta nueva fase, centrada en la vigilancia, la extinción definitiva de los puntos calientes y el progresivo retorno a la normalidad en la Sierra Norte de Guadalajara.

Buenas noticias este viernes relacionadas con el incendio forestal declarado en La Mierla el pasado 16 de julio, que ha calcinado 32.000 hectáreas, el 95% de ellas en el parque natural de la Sierra Norte de Guadalajara.

El incendio pasaba este viernes a nivel operativo 1, lo que refleja la disminución del riesgo para la población y los bienes, aunque los trabajos de extinción continúan con la máxima intensidad.

Desde la tarde del viernes solo permanecen evacuadas las localidades de Aldeanueva de Atienza, Prádena de Atienza, Gascueña de Bornova, Semillas y El Ordial, sobre un total de 34 que han llegado a estarlo desde que se declarase el incendio.

También continúan cortadas las carreteras GU-162, GU-151, GU-147, GU-213 y GU-137.

Page ofrece efectivos a Madrid y a Castilla y León: “Ellos nos han ayudado mucho”

Estos avances han sido celebrados por Emiliano García-Page, presidente de Castilla-La Mancha, que en una publicación en redes sociales ha calificado la noticia como “muy positiva y esperada”, y ha destacado que esta situación permitirá a su comunidad autónoma desplazar equipos de extinción para ayudar en los incendios que sufren otras regiones, “como la Comunidad de Madrid o Castilla y León”, donde diversos incendios cercanos entre sí han obligado a evacuar a decenas de miles de personas, razón por la cual el Gobierno de España ha decretado situación de emergencia nacional.

“Nos han ayudado mucho en Guadalajara y nosotros también vamos a aportar todo lo que esté en nuestra mano, como hacemos siempre que nos necesitan”, ha culminado Page.

Desmovilizada la UME y traslado del puesto de mando avanzado

La Unidad Militar de Emergencia (UME) ha abandonado ya el incendio y el Puesto de Mando Avanzado se ha trasladado desde Tamajón a Condemios de Arriba para situarse más próximo a la única zona que aún requiere una mayor atención. Por otro lado se está reorganizando los medios sanitarios y logísticos para adaptarlos a esta nueva fase de la emergencia.

Desde allí, el director técnico de extinción, Miguel Aguilar, ha explicado que se combate el fuego en la esquina noroeste: “Está dando un poco de guerra, porque es un pinar que tiene mucho sotobosque y la extinción definitiva es compleja”, pero que “el perímetro sur y este están muy bien”. Ha querido recalcar que “la situación general es buena” y que por la tarde irán dando instrucciones “para el retorno de habitantes” a sus casas del resto de pueblos evacuados.

Este retorno será “necesariamente escalonado”, ya que “cada casco urbano se está sometiendo a un análisis para ver que funcionen bien los servicios, electricidad, agua, telefonía”.

Asegura que “las combustiones poco a poco van desapareciendo, hemos pasado de un perímetro de 100 kilómetros de combustión y ahora podemos decir que el perímetro de combustiones que no están inconexas es de 1 kilómetro”, asegurando que “pronto” llegaremos a la perimetración.

“La extinción completa tardará días”

Aguilar ha comunicado que “la extinción completa tardará días, habrá que estar pendientes para apagar las combustiones latentes”.

Sobre la retirada de los efectivos “y prescindir de la UME y de otras comunidades autónomas” se trata de una decisión en la que no han influido los incendios que permanecen activos en otros puntos de la geografía española: “La desescalada hubiera sido exactamente la misma”.

El viceconsejero de Medio Ambiente, José Almodóvar, asegura que los trabajos de perimetración “continúan avanzando” y la situación va retornando hacia la “normalidad”.

El alcalde de Tamajón: “Han demostrado enorme capacidad de coordinación”

Durante estos siete días, el Centro Social del municipio de Tamajón ha albergado el centro neurálgico desde el que se ha dirigido el que, según los propios responsables de la Junta de Comunidades, ha sido el mayor operativo de extinción desplegado hasta la fecha en Castilla-La Mancha.

Hoy el alcalde de Tamajón, Eugenio Esteban, ha querido expresar el agradecimiento del municipio a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha por la confianza depositada en la localidad para albergar el Puesto de Mando Avanzado y por la gestión realizada durante una emergencia de enorme complejidad.

“Para Tamajón ha sido un deber y un honor poner todos nuestros recursos al servicio de quienes tenían la responsabilidad de dirigir esta emergencia. Solo podemos agradecer la confianza de la Junta de Comunidades y reconocer el extraordinario trabajo realizado por INFOCAM y por todos los profesionales que han participado en el operativo. Han demostrado una enorme capacidad de organización, coordinación y entrega en unas circunstancias muy difíciles”, señala el alcalde.

Desde el primer momento de la emergencia, el Ayuntamiento de Tamajón puso a disposición de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha la totalidad de las instalaciones del Centro Social y cuantos recursos municipales fueron necesarios para facilitar el trabajo del operativo. Desde estas dependencias se han coordinado centenares de profesionales del Plan INFOCAM, la Unidad Militar de Emergencias, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Guardia Civil, Protección Civil, agentes medioambientales, bomberos, servicios sanitarios y el resto de organismos implicados en la extinción del incendio.

A lo largo de esta semana, el Puesto de Mando Avanzado ha recibido también la visita de las principales autoridades del Estado y de Castilla-La Mancha, entre ellas varias veces el presidente regional, Emiliano García-Page, así como del presidente de la Diputación Provincial, José Luis Vega; la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen; y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, reflejando la importancia que ha tenido Tamajón como centro de coordinación de la emergencia.

Eugenio Esteban ha hecho extensivo ese reconocimiento a la Unidad Militar de Emergencias, Guardia Civil, Protección Civil, bomberos, agentes medioambientales, servicios sanitarios, Cruz Roja, agricultores, voluntarios y al conjunto de administraciones y entidades que han trabajado conjuntamente durante estos días para proteger a la población y frenar el avance del incendio.

Con el traslado del Puesto de Mando Avanzado va llegando a su final la etapa de la emergencia, pero comienza otra igualmente importante para la Sierra Norte, como es la recuperación ambiental, económica y social del territorio afectado.

El Cabildo de Gran Canaria prevé reforzar con drones la vigilancia de los senderos permitidos para transitar por las Dunas de Maspalomas, un patrimonio natural que cada vez respetan más residentes y visitantes, si se compara con lo que ocurría hace cinco años.

Entonces, eran “miles de personas las que cada día” caminaban indiscriminadamente, saltándose todas las indicaciones, por este espacio natural, en el que hoy operan senderos exclusivos para el tránsito de personas al que se aplican medidas de vigilancia para velar por su conservación.

En la actualidad, la mayoría de la gente respeta esas indicaciones, que se acompañarán con un sistema de altavoces, según se dio a conocer la pasada semana, y a los que se prevé sumar el uso de drones para vigilar su correcto seguimiento, según ha anunciado este lunes a los periodistas el presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales.

“Se está ofreciendo información continua de los valores de este espacio, cosa que no se había hecho nunca, tenemos en este momento ocho agentes de Medio Ambiente con la colaboración de la Policía Local, la Policía Canaria y la Guardia Civil porque somos conscientes del valor del patrimonial de las Dunas de Maspalomas”, ha aseverado.

Aún así, Morales cree que “una minoría irresponsable” se sigue saltando las señales, un comportamiento que, ha recordado, “es sancionado” por el daño que produce.

Morales ha valorado, sin embargo, la concienciación y sensibilización de residentes y visitantes, y la colaboración que prestan las empresas turísticas, su personal de recepción, informando sobre este asunto.

“Espero que esto siga siendo así y que, cada vez, ese número, que es mucho menor al de hace cuatro o cinco años, siga decreciendo”.

A su juicio, las herramientas que se aplican para controlar el tránsito no permitido de personas por las Dunas de Maspalomas “son suficientes”, aunque la introducción del sistema de drones permitirá seguir avanzando, al igual que hacer hincapié en la información, la concienciación y el seguimiento de las normas para poder “penalizar” a todo aquel que las incumpla

El Cabildo de Gran Canaria, a través de los agentes medioambientales, ha tramitado más de 220 expedientes sancionadores a turistas en espacios naturales protegidos durante 2025 y el primer semestre de este año, en su mayoría en las Dunas de Maspalomas y el Parque Rural del Nublo.

En un comunicado, la primera Corporación insular detalla que, durante el pasado año, se registraron 151 expedientes sancionadores a visitantes extranjeros de diferentes nacionalidades, de las cuales el 64,24% ya habían sido abonados y archivados, mientras que más del 80% habían sido correctamente notificadas.

A estos datos se suman los correspondientes al año 2026, en donde el Cabildo insular mantiene en tramitación 280 infracciones medioambientales en espacios protegidos, de los cuales 75 corresponden a extranjeros, lo que representa cerca del 27% del total.

Los espacios naturales donde se concentra el mayor número de actuaciones son la Reserva Natural Especial de las Dunas de Maspalomas, con 43 intervenciones registradas en lo que va de 2026, y el Parque Rural del Nublo, con 16.

Según indica el Cabildo, estos datos coinciden con la elevada afluencia de visitantes que reciben ambos espacios a lo largo del año.

El consejero del área, Raúl García Brink, señala que “la preservación de nuestro entorno es un asunto que debe ir integrado en la filosofía de cada persona que disfruta de nuestros parajes, tanto de quienes residen aquí como de quienes nos visitan”.

Refuerzo de la vigilancia

El Cabildo de Gran Canaria, a través de los agentes medioambientales, ha reforzado las labores de vigilancia y conservación en los enclaves que registran una mayor afluencia de visitantes a lo largo del año.

Estas actuaciones tienen como objetivo la protección de los espacios naturales protegidos y fomentar un uso responsable y sostenible del territorio insular.

La institución recuerda que recientemente aprobó la elaboración del Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN) de la Reserva Natural Especial de las Dunas de Maspalomas, un instrumento que busca blindar y gestionar de forma sostenible las 404 hectáreas del enclave, frenando la erosión costera y compatibilizando la preservación de este ecosistema único con el uso turístico.

Además, en febrero de 2025, se puso en marcha un plan de regulación y conservación del Monumento Natural del Roque Nublo, destinado a ordenar y controlar el acceso a este emblemático paraje natural, que según el Cabildo grancanario, se ha reducido en un 50% el número de visitas en apenas un año.

El puente de mayo permite mirar al norte de España más allá de sus capitales y de las rutas habituales de costa. Cantabria, Galicia y País Vasco reúnen dentro de la Red de Patrimonio Histórico una serie de castillos, palacios, pazos, torres y antiguos edificios de uso civil o religioso que conservan una relación directa con el lugar en el que se levantan. Aparecen junto a bahías, valles, cascos históricos, zonas de montaña, riberas o villas fronterizas, lo que permite organizar una escapada en la que la visita cultural no queda separada del territorio.

La propuesta no exige recorrer todos los enclaves incluidos en la red. El viaje puede plantearse por tramos, según el punto de partida, los días disponibles y el tipo de visita que se quiera priorizar. La selección reúne monumentos situados tanto en espacios urbanos como en entornos abiertos, con paradas que combinan patrimonio, costa, interior y montaña. Para el puente del 1 de mayo, funciona como una alternativa a los desplazamientos centrados en una única ciudad y como una manera de acercarse a bienes históricos que mantienen un vínculo directo con el paisaje que los rodea.

Cantabria, de Campoo a la bahía de Santander

El Castillo de Argüeso, en Campoo de Suso, permite comenzar el recorrido por el interior de Cantabria. La fortaleza, relacionada históricamente con la Casa de la Vega-Mendoza, fue declarada Bien de Interés Cultural en 1983 y reabrió al público en 1999 tras su restauración. Hoy funciona como espacio de visita y programación cultural. Su posición, en un entorno de montaña próximo al nacimiento del Ebro, hace que la llegada al edificio forme parte de la experiencia, con una lectura del territorio distinta a la de los monumentos integrados en grandes núcleos urbanos.

El segundo punto cántabro se encuentra en Santander. El Palacio de la Magdalena ocupa la península del mismo nombre y fue residencia de verano de Alfonso XIII y Victoria Eugenia entre 1913 y 1930. El edificio mantiene en la actualidad usos académicos y culturales, y su visita se integra en uno de los espacios más reconocibles de la ciudad. En este caso, el interés no pasa por una construcción defensiva, sino por un inmueble civil situado junto al mar, dentro de un entorno abierto que permite combinar paseo, arquitectura y bahía en una misma parada.

Galicia, una selección entre pazos, fortalezas y Camino

Galicia ofrece una parte amplia de la Red de Patrimonio Histórico en el norte, por lo que la ruta gana claridad si se eligen algunos enclaves representativos. El Palacio de Oca, en A Estrada, introduce la tradición de los pazos gallegos. Su origen se vincula a una antigua fortaleza medieval, transformada con el tiempo en residencia palaciega. La visita permite acercarse a un tipo de patrimonio asociado al paisaje rural, a la organización señorial del territorio y a los jardines históricos, sin necesidad de desplazar el viaje hacia la costa.

En Baiona, el Castillo de Monterreal ofrece otra lectura del patrimonio gallego. El actual Parador ocupa la antigua fortaleza situada sobre una península abierta a la bahía. Su emplazamiento explica la importancia estratégica del lugar y permite unir casco histórico, paseo marítimo y arquitectura defensiva. Es una de las paradas donde se entiende con mayor claridad la relación entre monumento y litoral.

Monforte de Lemos concentra varios elementos de interés dentro de un mismo ámbito. La Torre del Homenaje conserva la memoria del antiguo conjunto fortificado y alcanza unos 30 metros de altura. En la parte alta de la ciudad, el actual Parador se vincula al conjunto monumental de San Vicente do Pino y al legado de los Condes de Lemos. Esta etapa permite conectar la ruta con la Ribeira Sacra y con un paisaje interior marcado por valles, monasterios y núcleos históricos.

Santiago de Compostela incorpora una escala diferente. El Hospital Real de los Reyes Católicos, actual Parador, nació como institución vinculada a la acogida de peregrinos. Su ubicación en la plaza del Obradoiro lo sitúa en pleno centro monumental, pero su sentido histórico está ligado al final del Camino y a la función asistencial que desempeñó durante siglos. Para una escapada de pocos días, puede servir como punto de llegada o de partida hacia otros enclaves gallegos de la red.

País Vasco, torres y palacios entre Álava y Gipuzkoa

En País Vasco, la Torre Palacio de los Orgaz, en Fontecha, representa una arquitectura vinculada a la defensa y al poder señorial. El conjunto integra torre, palacio y recinto amurallado, con una construcción principal levantada a finales del siglo XIV. Su ubicación en Álava permite incorporar a la ruta un paisaje interior, alejado del turismo costero más frecuente.

La parada guipuzcoana se sitúa en Hondarribia, donde el Castillo de Carlos V funciona como Parador. El edificio se integra en el casco histórico amurallado de una villa situada junto al Bidasoa, en un punto marcado por la frontera. La visita permite sumar patrimonio, trazado urbano y paisaje litoral sin separar la fortaleza de la localidad que la rodea.

El recorrido puede cerrarse en Argómaniz, donde el Parador ocupa el Palacio Larrea. Desde este enclave se domina la Llanada Alavesa y se abre la vista hacia el entorno de Gorbeia. La propuesta queda así articulada como una ruta flexible por el norte peninsular, pensada para escoger etapas, no para agotar una lista. En el puente de mayo, estos espacios permiten combinar desplazamientos cortos, visitas culturales y contacto con el paisaje, siempre con la comprobación previa de horarios y accesos como paso necesario antes de viajar.

El alcalde de Logroño, Conrado Escobar, acompañado por el concejal de Medio Ambiente, Jesús López, ha visitado este viernes las obras de ajardinamiento del Paseo del Prior, una intervención que transformará este espacio urbano en un entorno más sostenible, resiliente y adaptado al cambio climático. La actuación contempla la plantación de 58 árboles de la especie liquidambar y 1.366 arbustos, principalmente granados y abelias, además de la creación de 1.325 metros cuadrados de nuevas zonas verdes encespedadas.

Durante la visita, el alcalde de Logroño ha subrayado que “este proyecto refleja el modelo de ciudad en el que creemos y que estamos impulsando: un Logroño más verde, más habitable y preparado para hacer frente a los efectos del cambio climático”.

En este sentido, Escobar ha destacado que “no se trata solo de embellecer el entorno, sino de actuar directamente sobre problemas reales como el aumento de las temperaturas, las olas de calor o la calidad del aire que respiran los logroñeses y logroñesas”.

La intervención incluye la transformación de la mediana del paseo, hasta ahora de hormigón, en una superficie ajardinada con tierra vegetal, lo que permitirá mejorar la absorción del agua de lluvia y reducir la escorrentía hacia el sistema de alcantarillado mediante soluciones de drenaje sostenible basadas en la naturaleza. “Con actuaciones como esta conseguimos reducir las islas de calor, generar más sombra, mejorar el drenaje del agua y aumentar la biodiversidad urbana. En definitiva, hacemos barrios más confortables y saludables para vivir”, ha añadido el primer edil.

El proyecto responde a múltiples objetivos ambientales, como el incremento del dosel arbóreo; la reducción de la temperatura media en episodios de calor extremo; la mejora de la calidad del aire y el aumento de la capacidad de absorción de CO₂. Asimismo, tal como ha añadido Escobar “contribuimos a avanzar en la 'Estrategia 3-30-300', esto es, tres árboles; treinta por ciento de sombra; y no más de trescientos metros a una zona verde por ciudadano”.

Además, la actuación incluye la renovación de la rotonda situada en la confluencia de la calle La Ribera con el Paseo del Prior, donde se ha diseñado una composición arbustiva con forma de botella de vino, como guiño a la identidad riojana.

La actuación, que está llevando a cabo Perica Obras y Servicios, S.A., cuenta con una inversión de más de 138.000 euros (IVA incluido) y se enmarca en la Estrategia de Ciudad Circular de Logroño, que busca avanzar hacia un modelo urbano más sostenible, eficiente y resiliente.

Antigua se sitúa en el centro de Fuerteventura y constituye uno de los municipios con mayor tradición agrícola e histórica de la isla. Su localización ha sido determinante a lo largo del tiempo: se encuentra en un lugar de paso natural entre la antigua villa de Betancuria y los embarcaderos de Caleta de Fuste y Pozo Negro, lo que facilitó el intercambio de mercancías y personas. Las tierras fértiles que rodean el núcleo principal del municipio, en la zona Centro-Este de la isla, contribuyeron a que Antigua se consolidase como un referente agrícola y cultural dentro del archipiélago.

El municipio ha logrado conservar su carácter rural y muchos de los elementos que definen la vida insular tradicional. Su patrimonio monumental y cultural, junto con espacios naturales cercanos, reflejan la historia de la isla y la forma en que sus habitantes aprovecharon los recursos disponibles. Antigua combina núcleos urbanos, edificaciones históricas y entornos naturales protegidos, ofreciendo una panorámica completa de la Fuerteventura más auténtica. Entre estos espacios destacan áreas como el Monumento Natural de La Caldera de Gairía, el Parque Rural de Betancuria, los Cuchillos de Vigán o el Paisaje Protegido de Malpaís Grande.

Además de su importancia histórica, Antigua mantiene elementos que permiten conocer directamente la vida cotidiana de generaciones pasadas. La disposición de sus calles, las plazas y las construcciones de piedra muestran la organización típica de un pueblo agrícola. Los molinos de viento y las salinas constituyen ejemplos claros de cómo los habitantes adaptaron sus técnicas de producción al clima y al terreno de la isla, garantizando la subsistencia en un entorno con limitaciones hídricas y recursos naturales escasos.

Molinos y patrimonio agrícola

Los molinos son quizá el símbolo más reconocible de Antigua y de toda Fuerteventura. Su construcción se remonta a los siglos XVIII y XIX, época en que la agricultura era el eje de la economía local. Antigua conserva tres molinos principales: el Molino de La Corte, a la entrada del pueblo; el Molino de Durazno, en la calle Durazno; y el Molino de Antigua. Este último alberga un museo etnográfico y una tienda de artesanía, además de un jardín con cactus y plantas autóctonas.

Estas estructuras permitían moler cereales como trigo y millo, fundamentales para la elaboración del gofio, alimento tradicional de la isla. Sus torres cilíndricas de piedra y techos de madera estaban diseñadas para resistir el viento constante del interior de la isla, mostrando cómo la arquitectura rural se adaptaba a las condiciones climáticas. Varios molinos han sido restaurados y se pueden visitar, lo que permite comprender su funcionamiento y su papel en la vida cotidiana de los habitantes.

Más allá de su función práctica, los molinos representan la manera en que la población aprovechaba los recursos naturales disponibles y su capacidad de adaptación a un entorno árido. El contraste de sus torres blancas con los paisajes volcánicos y rojizos de la isla constituye una de las estampas más representativas de Antigua, evidenciando la integración de estas construcciones con el paisaje insular.

Salinas del Carmen y Castillo de Fuste

En la costa del municipio se encuentran las Salinas del Carmen, las únicas salinas todavía en funcionamiento en Fuerteventura. Ocupan 26.000 m² y están formadas por 10 cocederos y casi mil tajos, donde se obtiene la sal mediante la evaporación del agua de mar. El conjunto incluye el almacén de sal, la casa del salinero y los restos del antiguo embarcadero. Declaradas Bien de Interés Cultural en 2002, las salinas combinan la visita al Museo de la Sal con recorridos por el exterior, ofreciendo una experiencia de museo al aire libre que muestra técnicas de producción tradicionales y la importancia económica de esta actividad.

Muy cerca, en la zona de Caleta de Fuste, se encuentra el Castillo de San Buenaventura, también conocido como Castillo de Fuste. Esta construcción militar del siglo XVIII, de planta circular y dos alturas, fue levantada con piedra volcánica y declarada Bien de Interés Cultural. Su diseño refleja la importancia estratégica de la costa y el papel defensivo que tuvieron estas torres en la historia de la isla. La proximidad de este castillo a Antigua permite combinar la visita al patrimonio militar con el recorrido por la historia rural del municipio.

Iglesia parroquial, arquitectura y entorno histórico

En el centro del municipio destaca la Iglesia de Nuestra Señora de Antigua, edificada en el siglo XVIII sobre un templo anterior. Su fachada blanca, el campanario cuadrado y su techo de madera muestran la arquitectura religiosa tradicional de la zona. La iglesia sigue siendo un centro de reunión para la comunidad y forma parte del conjunto patrimonial que incluye molinos y casas señoriales de piedra, evidenciando el pasado agrícola de la villa.

El casco urbano mantiene su estructura original, con calles y plazas que permiten observar cómo la arquitectura se adapta a la vida rural. Las casas y construcciones reflejan la organización de la producción y el comercio, así como la forma en que los habitantes estructuraban su vida en un territorio insular y árido. Antigua ofrece así un recorrido completo que combina arquitectura, historia y vida cotidiana, permitiendo comprender cómo se desarrollaba la sociedad en la Fuerteventura tradicional.

Antigua combina patrimonio histórico, construcciones tradicionales y recursos naturales de manera que ofrece una visión completa de la Fuerteventura más auténtica. Sus molinos, salinas, iglesia y casas señoriales reflejan siglos de actividad agrícola y adaptación al entorno insular, mientras que los espacios naturales cercanos permiten entender la relación de sus habitantes con el paisaje. La villa es un ejemplo de conservación que combina pasado y presente de la vida tradicional en la isla.