La Federación Autismo Castilla-La Mancha (FACLM) ha querido visibilizar con testimonios reales las reivindicaciones de las personas con Trastorno Espectro Autista (TEA) y sus familias, pertenecientes al movimiento asociativo, con motivo del Día Mundial de la Concienciación sobre el Autismo, que se celebra cada año el 2 de abril.

En concreto, comparte el testimonio del equipo técnico de la Asociación APACU en Cuenca; de Inés Duque Martín, madre de Leyre Serrano Duque, usuaria en TEA Talavera; y de Belén García, usuaria en TEA Talavera.

Bajo el lema '10 años de estrategia, el reto sigue pendiente', la Federación ha puesto el foco en los retos pendientes, como la coordinación entre sistemas, la atención sanitaria adaptada, la inclusión educativa y el acceso al empleo, centrando el análisis en el desarrollo de la Estrategia de Trastorno del Espectro del Autismo (TEA).

El equipo técnico de APACU en Cuenca advierte así de que, pese a los avances, los centros educativos en esta provincia “no están preparados para garantizar una inclusión real”, señalando la falta de formación específica en autismo y de personal especializado como uno de los principales déficits del sistema.

Muchos casos llegan derivados desde los centros educativos o por iniciativa de las propias familias

En el ámbito sanitario, especialmente en el contexto provincial de Cuenca, el equipo técnico señala que, aunque existen protocolos, “no se aplican de forma efectiva” y que la detección precoz no se realiza mayoritariamente desde el sistema de salud. “Muchos casos llegan derivados desde los centros educativos o por iniciativa de las propias familias”, explica, subrayando además que en muchos casos son las asociaciones las que asumen funciones clave como el diagnóstico y la intervención.

También pone el foco en la ausencia de recursos específicos para el empleo de personas con TEA, especialmente en provincias como Cuenca, donde “los programas existentes están orientados a discapacidad intelectual, pero no al autismo, lo que genera importantes carencias”.

El testimonio de Inés Duque Martín, madre de Leyre Serrano Duque, con 12 años de edad, usuaria en la Asociación TEA Talavera, refleja el recorrido que viven muchas familias desde los primeros indicios hasta el acceso a apoyos especializados.

Explica que cuando Leyre tenía 9 meses, ya notaron que “algo pasaba”, pero desde el sistema sanitario “nos decían que cada niño lleva su ritmo”. No fue hasta su paso por Atención Temprana cuando se mencionó por primera vez el autismo, tras un proceso marcado “por la incertidumbre y la falta de acompañamiento”.

Esta situación “se repite en muchas familias” y subraya el elevado coste económico de las terapias, que en su caso alcanza los 600 euros mensuales. “Las ayudas son insuficientes y hay familias que no pueden permitírselo”, lamenta.

A pesar de ello, destaca el papel clave de la implicación familiar: “No se trata solo del resultado, sino de avanzar poco a poco”. Entre sus principales reivindicaciones, Inés Duque solicita más ayudas, formación especializada y recursos para la vida adulta. “El gran miedo es qué pasará cuando nosotros no estemos”, afirma.

Diagnóstico tardío y barreras en la vida adulta 

Por su parte, Belén García, usuaria en la Asociación TEA Talavera, y primera adulta que llegó a la asociación con diagnóstico tardío a los 30 años de edad, visibiliza la realidad de muchas personas adultas, especialmente mujeres. “Durante años no supe qué me pasaba. Fue en la edad adulta cuando recibí el diagnóstico”, explica, señalando la falta de adaptación de los criterios diagnósticos.

Además, Belén destaca las dificultades en el acceso al empleo y la necesidad de adaptaciones como horarios estables o entornos estructurados, ya que, en su caso, “los tiempos sin actividad me generan mucha ansiedad”. También reclama más oportunidades laborales, facilidades para la vivienda y mayor formación en autismo dentro de la sanidad pública.

En este sentido, pone el foco en una realidad menos visible: la de aquellas personas con TEA que, pese a aparentar mayor autonomía, siguen necesitando apoyos especializados. “Las personas que parecemos más autosuficientes también necesitamos terapias, que además son costosas, y cuando falta el apoyo familiar la situación se vuelve muy complicada, con un importante sentimiento de soledad”, subraya.

Desde la Federación Autismo Castilla-La Mancha se insiste en la necesidad de traducir los compromisos de la Estrategia Espectro Autista (TEA) en recursos concretos que garanticen una atención integral a lo largo de todo el ciclo vital.

“El reto sigue pendiente”

Los testimonios reflejan avances en concienciación, pero también importantes carencias en la práctica. En este contexto, el Día Mundial de la Concienciación sobre el Autismo recuerda que “el reto sigue pendiente” y que “solo mediante coordinación, inversión y escucha activa será posible avanzar hacia una inclusión real.

En el acto institucional celebrado el pasado 25 de marzo en Toledo, Cristina Gómez, presidenta de la Federación, reclamaba “avances reales” en la Estrategia de Trastorno del Espectro del Autismo, aprobada en 2016, porque “la estrategia existe, pero sin recursos ni coordinación no se traduce en mejoras reales”.

Además, subrayaba la falta de un registro oficial que permita dimensionar con precisión la realidad del autismo en la región. Actualmente, se estima que alrededor del 1% de la población tiene autismo, lo que supondría cerca de 21.400 personas en Castilla-La Mancha.

La consejera de Bienestar Social, Bárbara García Torijano, ha avanzado que el Gobierno regional pondrá en marcha siete nuevos centros de Atención Temprana para menores en Castilla-La Mancha a lo largo de 2026 gracias a una inversión total de 12,8 millones de euros y una ampliación de plantilla que permitirá la contratación de hasta 413 profesionales.

Los nuevos centros estarán en Marchamalo (Guadalajara), Argamasilla de Calatrava (Ciudad Real), Sonseca (Toledo), y la comarca de los Montes de Toledo, así como en los hospitales de Cuenca, Guadalajara y Alcázar de San Juan, hasta sumar un total de 76 recursos en Castilla-La Mancha.

La consejera ha recordado la importancia que tiene este servicio “tan necesario para niños y niñas con dificultades de aprendizaje” y su papel de acompañamiento para las familias “en momentos muy difíciles” durante los primeras años de vida de esos pequeños.

En este contexto la titular de Bienestar Social ha explicado que ya se han superado los 8.000 niños y niñas atendidas en la Comunidad Autónoma con un incremento presupuestario “significativo” que permitirá superar los 70 recursos en el ejercicio 2026. “De esta manera se amplía este servicio de atención universal, gratuito y sin lista de espera, que además se ha ampliado hasta los seis años si se avala con la prescripción de profesionales”, ha recalcado.

“De esta manera, se cumple una proyección muy positiva a lo largo de los últimos 10 años, acorde con el compromiso del presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, para ofrecer unos servicios pioneros y de vanguardia en la atención temprana a los niños y niñas con dificultades de aprendizaje”, ha concluido.

Por segunda vez consecutiva, el Ayuntamiento de Sevilla ha celebrado este jueves un pleno sin público después de que su presidente, Manuel Alés (PP), ordenara su desalojo al producirse una cuarta interrupción por parte de trabajadores municipales protestando por su situación laboral. El momento que resume lo ocurrido lo ha protagonizado una mujer que se ha negado a marcharse, se ha tumbado en el suelo y ha sido sacada en volandas por la Policía Local.

Esta mujer es Ángeles Casares, delegada sindical de CGT, y pese a lo que parecía inicialmente no estaba allí para protestar por la privatización de la limpieza de los colegios (que capitalizó las protestas de la mañana, con manifestación incluida) sino por la situación del sector de ayuda a domicilio. El colectivo lleva varios años en lucha con el Ayuntamiento, en 2024 llevó a cabo una acampada de 36 días frente a la casa consistorial y, básicamente, reclama la municipalización del servicio para mejorar las condiciones tanto de los usuarios como de los propios empleados.

En la mañana de este jueves, Casares accedió tarde al salón de plenos, primero porque se abarrotó (acudió mucho público por asistir a la aprobación de nuevos nombres en calles de la ciudad) y segundo porque el sistema de acreditación y acceso es premioso. Nada más entrar, y antes de ocupar un asiento, se mantuvo unos instantes en pie para quitarse el abrigo y ponerse la bata de trabajo en la que lucía en la espalda su mensaje: SAD SOS, donde SAD es el acrónimo de servicio de ayuda a domicilio. El presidente del pleno, por cierto, le conminó a sentarse.

El PP endurece su postura

Cuando lo hizo, se encontró con algo que no esperaba. El gobierno de José Luis Sanz (PP) ha decidido endurecer su postura en cuanto a las protestas en el pleno, ya que considera que afectan al normal funcionamiento de las sesiones. Por eso, el miércoles emitió una circular de la que dio cuenta en la junta de portavoces: el presidente, Manuel Alés, se reserva a su criterio el “desalojo íntegro” de todo el público si lo estima oportuno. Cuando Ángeles Casares entró, ya se habían producido tres desalojos de trabajadores clamando contra el gobierno local, y nada más sentarse se produjo un cuarto incidente, por lo que se decretó la expulsión de todos los presentes.

“No me dio tiempo ni a protestar para lo que iba”, señala Casares, que no llevaba ni pancarta porque la portaban compañeras que estaban todavía acreditándose para entrar en el Salón Colón. “Cuando me dijeron que me tenía que ir les respondí que era injusto y me tiré al suelo boca abajo y con los brazos en cruz, para que se viese lo de SAD SOS”, lo que llevó a los agentes a preguntarle si es que había sufrido un desvanecimiento.

“La Policía fue muy respetuosa en todo momento y, cuando les dije que no era un desmayo, me invitaron a levantarme”, a lo que respondió que no porque lo consideraba una injusticia y porque “cada vez se permite menos la protesta en el Ayuntamiento”. Los agentes le advirtieron de que si no se levantaba estaban obligados a transportarla, lo que acabó ocurriendo.

Municipalizar el servicio

Eso sí, cuando la sacaron del salón de plenos (del que se cerró la puerta para que no accediera más el público), volvió a tumbarse en el suelo. Los policías le pidieron de nuevo que depusiera su actitud, porque de lo contrario la tendrían que multar. Ahí ya se levantó, porque dice que la cosa no está para bromas: “Nuestro salario base es de 1.143 euros, por debajo del Salario Mínimo Interprofesional del año pasado”, algo que a corto plazo no tiene visos de que vaya a cambiar porque el convenio está caducado y se augura una negociación larga.

Casares pertenece a la empresa Zaintzen y reclama que el servicio de ayuda a domicilio vuelva a ser municipal, lo que choca con la realidad de un Ayuntamiento que “contrata con multinacionales” pese a las constantes protestas por las condiciones laborales. De paso, denuncia que el actual alcalde “nos ha engañado”, ya que acabaron con su acampada por la promesa de un estudio de viabilidad de su demanda del que siguen sin tener noticias.

En cuanto a los desalojos, el pleno que aprobó el presupuesto local el pasado 29 de enero fue en el que por primera vez se expulsó a todo el público, ante la sucesión de protestas por la privatización del servicio de limpieza de los colegios. La circular aprobada por el presidente señala que tanta interrupción “hace imposible” que los concejales afectados “puedan articular un discurso y vulneran su derecho a expresar libremente su posición”.

Potestad de “desalojo íntegro”

“Como ha podido comprobarse, la garantía del normal desarrollo de las sesiones plenarias no llega a producirse con la reiteración de las interrupciones motivadas por las intervenciones del público seguidas del correspondiente desalojo”, sostiene el documento. Por ello, ha decidido que esta situación dará lugar al “desalojo íntegro” del público, para lo que Manuel Alés apela al artículo 33,1 e) del Reglamento Orgánico de Organización y Funcionamiento del Pleno, que atribuye al presidente “velar por el normal desarrollo de las sesiones plenarias, adoptando cuantas medidas sean procedentes para la consecución de este objetivo”.

El reglamento ya establece que el público asistente no podrá intervenir, hacer manifestaciones o actuaciones, exhibir pancartas, escritos o análogos que alteren el orden de la sesión, pudiendo la Presidencia proceder a expulsarlos. Esto ha sido lo normal hasta la fecha: se advertía y, si continuaba la protesta, se desalojaba al protagonista. Ahora se reserva la opción de proceder igual con todos los presentes, estén quejándose de algo o no.

Ángeles Casares lamenta que, cuando se tiró al suelo, estaba en el uso de la palabra el delegado de Urbanismo, Juan de la Rosa (PP), que ironizó con la situación: “Espero que la señora se recupera, creo que es la segunda o la tercera vez que se desmaya en el pleno”, en referencia a un desvanecimiento que sufrió de verdad hace un tiempo. Y es que su colectivo acude a todos los plenos a denunciar su situación, y Casares asegura que piensan seguir haciéndolo. “Si ahora salen con éstas, tendremos que echarle imaginación y hacer otras cosas, pero vamos a seguir protestando”.

El Ayuntamiento de Logroño está poniendo en marcha una nueva organización de la ayuda a domicilio con un enfoque pionero que busca mejorar la personalización de la atención al usuario. El nuevo modelo, denominado Servicio de Ayuda a Domicilio de Proximidad, supone una reorganización de los recursos para que las personas usuarias sean atendidas por un equipo estable de auxiliares que se ocupan de un mismo grupo de domicilios con mayor continuidad de personal y un área de desplazamientos más reducida.

Logroño se convierte con esta nueva organización del servicio de ayuda a domicilio (SAD) en una de las ciudades pioneras en la implementación de este cambio de modelo, que también es conocido de forma coloquial como ‘superislas’.

El alcalde de Logroño, Conrado Escobar, ha destacado que “con este nuevo modelo somos sensibles a una de las demandas más habituales de los usuarios: reducir en la medida de lo posible el cambio de auxiliares que les atienden. Podemos decir que este nuevo servicio de proximidad no sólo va a propiciar que esto sea posible, sino que supone un auténtico cambio en el concepto del recurso: el paso de una atención centrada en la organización del servicio a una atención centrada en la persona, en cada una de las 2.030 personas que son usuarias del recurso”.

El nuevo SAD de proximidad de Logroño se organiza de forma que las personas usuarias sean atendidas por un mismo equipo de auxiliares de ayuda a domicilio independientes en la toma de decisiones, que se autogestionan con apoyo de una profesional de coordinación y se moverán entre un número determinado de domicilios con desplazamientos cortos. “Son equipos estables, cercanos, que conocen a los usuarios y cuidan sus vínculos y centrados en el bienestar de la persona cuidada y del cuidador”, ha subrayado el alcalde.

Cada equipo de cuidados del SAD de proximidad lo componen alrededor de diez profesionales específicamente formadas en las necesidades de las personas que atienden, que reconocen su singularidad y potencian sus capacidades. Este equipo está en constante coordinación con la coordinadora de su empresa y con las trabajadoras sociales del Ayuntamiento. Además, se ha dotado a la totalidad del equipo de nuevas aplicaciones y móviles de trabajo para favorecer una mejor gestión del servicio.

En función de la tipología de atención que se precisa según los usuarios de cada lote, cada equipo atenderá a 36 familias en el caso del lote 1, a 25 familias en el caso del lote 2 y a 62 familias en el caso del lote 3. Lógicamente, el número de profesionales que los compondrán será proporcional al tipo de atención que hay que desarrollar en cada caso.

El alcalde ha destacado que “este nuevo modelo está suponiendo un esfuerzo importante de reorganización del servicio, que agradecemos al equipo de profesionales que lo están llevando a cabo. La contrapartida es que todo ese esfuerzo se traducirá en una mejor atención de las personas usuarias, más personalizada, con una mayor potenciación de su autonomía y una mejora de la percepción de confianza y de conocimiento de sus singularidades por parte de usuarios y sus familias. Desde el lado de los profesionales, redundará en una mayor estabilidad y fidelización de los equipos, una optimización del tiempo y una mejor valoración de su tarea profesional. Es decir, va a resultar beneficioso tanto para las personas cuidadas como para quienes las cuidan”.

Zonas de implantación y extensión del modelo

El nuevo modelo, sobre el que se realizaron reuniones informativas con familias y personas usuarias en septiembre, se está poniendo en marcha inicialmente en tres zonas de la ciudad, una por cada uno de los lotes que componen el contrato del servicio, que están gestionados por la empresa ‘Domusvi’. La previsión es que, una vez se vaya optimizando el modelo en dichas zonas, se extienda de manera progresiva a toda la ciudad.

La primera de estas zonas iniciales incluye las calles situadas detrás del Ayuntamiento: Paseo de la Constitución, Congreso, El Coso, Avenida de Navarra, San Bernabé, Capitán Gaona, Rodancha, Muro de Cervantes y San Mateo. La segunda de las zonas comprende el barrio de Varea. Completa la terna el área de los alrededores de la antigua estación de autobuses, las vías Pío XII, Avenida de España, Belchite, Galicia, Pino y Amorena, Oviedo, Ingeniero de la Cierva, además del parque del Carmen.

Un servicio con 2.030 personas usuarias

El Servicio de Ayuda a Domicilio del Ayuntamiento de Logroño atiende en la actualidad a 2.030 personas, en su mayor parte (1.820) en situación de dependencia. Se prestan 11.700 horas semanales de atención por parte de 420 auxiliares que desempeñan su labor a lo largo de toda la semana.

Se trata de un servicio que en los últimos años ha tenido un crecimiento exponencial tanto de personas usuarias como de profesionales que lo atienden. De lunes a viernes, la prestación se organiza en hasta cuatro turnos diarios; con todo, hay labores que se atienden también en fines de semana y festivos.

Además de la labor de los auxiliares, el servicio incluye apoyos técnicos tanto en la parte sociosanitaria (terapeuta ocupacional, apoyo psicológico) como en otras asistencias (ayudas técnicas, limpiezas extraordinarias o comidas a domicilio).

El servicio completo tiene un coste anual para el Ayuntamiento de Logroño que asciende a 10.328.313,08 euros sumando los tres lotes en que se distribuyen los contratos. En la financiación de dicho importe, el Ayuntamiento cuenta con una subvención de 4.500.000 euros del Gobierno de La Rioja.

Desglosando esos importes por hora de servicio, el coste efectivo por hora de atención para el Ayuntamiento asciende a entre 20,27 y 21,62 euros si es en laborable y a entre 25,07 y 26,93 euros si es en festivo (la mínima diferencia va en función del lote en el que se incluye cada caso). Para los usuarios, se establece una escala de precios en función de sus ingresos, de la que resultan importes de entre 0 y 10,40 euros por la hora.

Perfil de las personas usuarias

Por lo que respecta al perfil de las personas usuarias del servicio, la concejala de Servicios Sociales, Patricia Sáinz, y la jefa de sección de Familia, Ana Campos, han concretado que en su mayor parte son personas mayores o con discapacidad con reconocimiento de su situación de dependencia.

Además, se han referido a otros tres perfiles que reciben una atención específica del sevicio. Por un lado, se trabaja con familias en situación de desprotección de menores, con una atención que llega a más de 40 familias. También a personas en situación o riesgo de exclusión, con apoyos personales, domésticos o de terapeutas, una ayuda que llega a unas 50 personas usuarias.

Por último, se han referido a un nivel adicional que aporta el servicio en el caso de Logroño con una importante vocación preventiva: la atención a personas mayores que, sin tener reconocimiento de dependencia, se detecta que son vulnerables a situaciones de aislamiento, soledad o de falta de autonomía personal, perfil en el que se atienden a en torno a 100 personas.

El Gobierno de Navarra ha anunciado que impulsará un paquete de medidas destinadas al refuerzo “la gobernanza democrática y la confianza ciudadana en las instituciones”, siguendo la “línea” dell Plan de Acción para la Democracia Europea de la Comisión Europea. Así lo ha anunciado el vicepresidente primero y consejero de Presidencia e Igualdad, Félix Taberna, que ha señalado que el plan de acción “busca responder a los desafíos para el sistema democrático identificados por la sociedad europea”.

El plan, estructurado en seis ejes de trabajo, incluye iniciativas para fomentar la participación ciudadana, con la creación de redes y consejos de participación, la promoción de la transparencia mediante una nueva Ley Foral y el impulso del acceso a la información pública, así como la consolidación de mecanismos de rendición de cuentas y auditoría ciudadana. Además, se refuerzan las políticas de ética pública y lucha contra la desinformación, con programas de alfabetización mediática y acuerdos con organismos europeos. Se plantean también medidas de mejora de la atención ciudadana, especialmente en el ámbito rural y en materia de igualdad de oportunidades, a fin de garantizar la cohesión social y el equilibrio del territorio.

Según el documento presentado el jueves pasado en el Parlamento foral, el Gobierno de Navarra plantea seis ejes para ahondar en la mejora de la participación ciudadana, la transparencia orientada a la ciudadanía, la rendición de cuentas, la ética pública, la lucha contra la desinformación y la atención ciudadana.

Entre las medidas para fomentar la participación ciudadana, destaca la aprobación del II Plan de Gobierno Abierto para promover procesos de participación ciudadana y social, la creación de una red de personas y entidades interesadas en dinamizar este tipo de iniciativas, la consolidación del Consejo Navarro de Participación Ciudadana y la creación este año del Consejo de Participación de niños, niñas y adolescentes, un órgano permanente de consulta para que opinen y formulen propuestas sobre las políticas públicas que les afectan. En este eje de trabajo se contempla igualmente el fomento de las encuestas ciudadanas, a través de la Oficina de Análisis y Prospección.

Se prevé también seguir potenciando la participación de las mujeres en una gobernanza democrática e igualitaria a través de plataformas como el Foro Mujeres Políticas, así como desplegar medidas de evaluación de la aplicación real de la Ley Foral de Participación Democrática de Navarra.

Asimismo, el Gobierno de Navarra impulsará este año una nueva Ley Foral que regule el voluntariado, considerado un importante motor de cambio social que necesita actualizar su marco normativo y dar cabida a nuevos modos de voluntariado digital o corporativo. A este respecto, se seguirá desplegando el III Plan de Voluntariado de Navarra 2024-2027.

En lo que se refiere al refuerzo de la transparencia orientada a la ciudadanía, se impulsará una nueva Ley Foral de Transparencia para reforzar el modelo y consolidar el derecho ciudadano de acceso a la información. Se revisará, además el portal de Gobierno Abierto para mejorar la accesibilidad a la información pública. El objetivo es poner a disposición de la ciudadanía nuevos grupos de datos a través de Open Data Navarra, un servicio que se quiere desarrollar a nivel municipal. Se regulará también mediante Orden Foral el catálogo de publicidad activa, que es la información que las instituciones tienen obligación de publicar por ley.

A lo largo de estos próximos dos años se implementará el I Plan de la Alianza Mundial de Gobierno Abierto – Open Government Partnership (OGP), con el compromiso de promover una mayor y mejor participación ciudadana, especialmente en el diseño de los servicios públicos, y una comunicación más clara de los asuntos públicos. Cabe recordar que Navarra fue seleccionada en 2024 para formar parte de esta organización, que fue creada por el expresidente Barack Obama y otros líderes mundiales para fortalecer las democracias a través de la participación, colaboración y transparencia.

El tercer eje de trabajo se centra en la rendición de cuentas. Por primera vez en su historia, este año el Gobierno de Navarra ha llevado a cabo un ejercicio de rendición de cuentas a la ciudadanía para evaluar y comunicar el grado de cumplimiento de los 347 compromisos adquiridos en su Acuerdo Programático 2023-2027. Este proceso responde a la creciente demanda social de información clara y accesible sobre la gestión pública. Además, se trabaja en la implementación del Plan Director de Evaluación de las Políticas Públicas.

En lo que se refiere al fomento de la ética pública, el Gobierno de Navarra colaborará con la Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción en la elaboración del reglamento que regule los Grupos de Interés. Además, desplegará el buzón interno del informante, un canal para denunciar posibles infracciones u omisiones en procedimientos de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra. A través del mismo, se podrá presentar información sobre posibles infracciones de las que se haya tenido conocimiento en un contexto laboral o profesional del ámbito de la Administración de la Comunidad Foral, ya sea por acción u omisión. Asimismo, el Ejecutivo Foral prevé llevar a cabo una actualización de sus códigos éticos y de buen gobierno.

El quinto eje se centra en la lucha contra la desinformación, con iniciativas para impulsar la alfabetización mediática de la ciudadanía mediante diferentes programas y proyectos europeos. Destaca la suscripción de un convenio de colaboración en el marco del Observatorio Ibérico de Medios Digitales, Iberifier.

El Gobierno de Navarra mantendrá además su apoyo y compromiso con el Reglamento Europeo de Libertad de Medios de Comunicación en lo que se refiere al impulso de medidas para garantizar la transparencia, la independencia, el pluralismo y la protección del derecho a la información. En esta línea, este año realizará un análisis de los discursos de odio en Navarra en las distintas redes sociales y en los comentarios de medios de comunicación digitales, a fin de evaluar y promover propuestas de mejora.

El sexto eje de trabajo se centra en la mejora de la atención ciudadana, con medidas como la reciente puesta en marcha de la nueva oficina móvil de atención ciudadana, concebida para acercar la atención presencial a las poblaciones rurales de menos de 20.000 habitantes. Se impulsarán también nuevos canales de interacción y atención y clarificará los contenidos y el modo de uso de los ya existentes, en una apuesta decidida por la comunicación clara y accesible.

El Ejecutivo foral reforzará además las medidas de atención inclusiva y especializada. A este respecto, tendrá un papel clave la nueva Junta Arbitral de Igualdad de Oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal, que se encargará de resolver posibles quejas y reclamaciones planteadas por personas con discapacidad en el ámbito de la Comunidad Foral. Cabe recordar que en la actualidad hay más de 36.000 personas con discapacidad que residen en Navarra.

Este organismo ofrecerá intermediación a las partes implicadas para que, de manera voluntaria, puedan alcanzar un acuerdo que ponga fin al conflicto de una manera más rápida, eficaz y económica que lo que puede ser la vía judicial ordinaria. En caso de que no haya acuerdo, se procederá a un laudo arbitral. Las resoluciones alcanzadas en esta Junta Arbitral tendrán carácter vinculante y ejecutivo.

European Democracy Action Plan

El European Democracy Action Plan o Plan de Acción para la Democracia Europea es una iniciativa adoptada desde la Comisión Europea en 2020, con el objetivo de reforzar la resiliencia de las democracias del ámbito comunitario frente a los desafíos actuales.

Para completar su plan y profundizar en estos objetivos, la Comisión presentó en 2023 un paquete de medidas en defensa de la democracia, que respondían y planteaban soluciones a las principales amenazas. En 2024, España, como Estado miembro de la Unión Europea, se adhirió a este compromiso desde la formulación de su propio plan.

Hay además ya previstos en la agenda navarra dos eventos de alcance nacional que contribuirán a la reflexión colectiva en torno a aspectos clave de la gobernanza democrática: el 24º Congreso Estatal del Voluntariado, cita de carácter anual promovida por el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 que se celebrará los próximos 26 y 27 de noviembre en Pamplona / Iruña, y el Encuentro Nacional de Datos Abiertos, que acogerá Navarra en 2026 en reconocimiento a su liderazgo en la cultura del Open Data.

El alcalde de Logroño, Conrado Escobar, ha presidido este martes una nueva reunión de la Mesa contra la Pobreza en la que se han analizado los datos con los que se ha cerrado la campaña de atención a la población temporera 2024, que ha registrado un total de 3.375 pernoctaciones, ligeramente por debajo del año anterior. En la misma reunión, se han planteado también los resultados de la última campaña de ola de frio y la valoración que se hace de su nuevo criterio basado en la previsión de temperaturas mínimas y que, dados los buenos resultados, se va a mantener en la gestión del recurso.

Ola de frío: 92 personas atendidas en 2023

En la reunión, también se analizan los datos de la última campaña de ola de frío 2023-2024, como punto de referencia que, dada la positiva experiencia recogida en su primer año de implantación, se mantendrá con la misma operativa. Y es que, en la última campaña se puso en marcha un sistema con nuevos criterios para abordar la atención a las personas en la calle, basado en la previsión de temperaturas mínimas y que se activan siempre que éstas sean iguales o inferiores a 5º o superiores a 23º, independientemente del mes en el que se produjeran.

“La valoración que los técnicos han hecho de este nuevo planteamiento ha sido muy positiva -ha destacado la concejala de Servicios Sociales, Patricia Sáinz- en tanto que ha mejorado la eficacia real del recurso, con una activación efectiva de las plazas del Centro Municipal de Acogida (CMA) y del Proyecto Alasca en una franja de fechas mucho más amplia en días en los que era realmente necesario y que, con el planteamiento anterior, se hubieran quedado fuera del programa”. Sáinz ha concretado a este respecto que en la última campaña hubo que activar este recurso durante 14 días en el mes de abril y 2 días más en mayo.

En concreto, el protocolo se activó en diferentes días entre noviembre de 2023 y mayo de 2024. Del total de 77 plazas municipales que se disponen entre los dos recursos mencionados, no se cubrió la totalidad en ningún día, por lo que se pudo prestar alojamiento en todos los casos en los que se demandó. En cuanto al grado de convivencia, no se han registrado incidentes de gravedad.

Por lo que respecta al perfil de las personas usuarias de este recurso, se han atendido a 92 personas diferentes, de las que 36 eran de nacionalidad española y 56, de otras nacionalidades. En su mayor parte, 81 usuarios, eran hombres y en 11 casos, mujeres. En cuanto a fechas concretas, el día en el que se registró mayor número de usuarios fue el 19 de diciembre, con 14 personas alojadas.

Y además, en la Mesa contra la Pobreza también se han analizado los datos de las personas temporadas alojadas en la última campaña. En el caso de la atención a la población temporera, en la última campaña se habilitaron 3.375 pernoctaciones, con un ligero descenso del 5% respecto a la del año anterior, porcentaje que se mantiene también si se analiza la media de ocupación del dispositivo, que este año se situó en 112 personas. Otros datos registrados apuntan a una mayor estabilidad en los usuarios del servicio, por el que pasaron 553 personas distintas (frente a las 812 de 2023) con una estancia media por persona que aumenta de 4 a 6 días. La mayor parte de esas 553 personas fueron varones, con sólo 9 mujeres usuarias; por otra parte, 524 de esas personas fueron de origen extranjero.

La valoración que se hace desde el servicio es que el dispositivo ha funcionado con normalidad, atendiendo a las necesidades básicas de las personas usuarias y sin incidencias reseñables. El aforo del alojamiento se completó sólo 6 días, muy por debajo del año anterior. Los datos recabados indican que la mayoría de las personas estuvieron trabajando parcial o totalmente durante la campaña.

Consolidada la cobertura de las necesidades básicas que presenta el colectivo atendido, se ha valorado como muy positiva la introducción de algunas mejoras que se ha realizado en el último año, como ha sido el caso del servicio de wifi, que han contribuido a mejoras significativas en la estancia de los usuarios, favoreciendo su empleabilidad y su bienestar emocional, al mejorar el contacto con su entorno y la socialización de los momentos de ocio.

El alcalde, Conrado Escobar, ha destacado que, más allá de la progresiva mejora de los servicios, “lo más destacable es el trato humano que se les dispensa, desde un servicio médico cuando pueda ser necesario hasta la escucha, intérprete cuando lo precisan, todo ese tipo de circunstancias que rodean un alojamiento y que muchas veces se producen en circunstancias climatológicas adversas”.

Escobar ha recordado también que “estos recursos temporales ofrecen alojamiento a personas que buscan trabajo y en ese sentido no podemos olvidar que la obligación fundamental del alojamiento recae en el empresario que contrata. Nosotros damos acogida a todo aquel que lo necesita y así lo vamos a seguir haciendo, pero es bueno tener presente dónde recaen las necesidades de cada uno”.

En la Mesa contra la Pobreza participan técnicos del Ayuntamiento, representantes de Cruz Roja, Cáritas, Cocina Económica, Banco de Alimentos, Universidad de La Rioja, así como los portavoces de los distintos grupos municipales del Consistorio.  

La consejera de Salud y Políticas Sociales, María Martín, y el alcalde de Logroño, Conrado Escobar, han ratificado este viernes el convenio de colaboración por el que el Gobierno de La Rioja contribuye a financiar programas de carácter social que desarrolla el Ayuntamiento logroñés. Un acuerdo por un importe de 5,3 millones de euros, lo que supone un incremento de 3,7 millones de euros respecto al año pasado.

En este aumento del 42,92% destaca la partida destinada a sufragar gran parte del coste del Servicio de Ayuda a Domicilio, que pasa de 3.037.500 a 4.500.002 euros. Un modelo de apoyo para que personas dependientes o con dificultades sociales puedan continuar residiendo en sus hogares y por el que apuestan el Gobierno de La Rioja y el Ayuntamiento de Logroño, tal como han manifestado la consejera y el propio alcalde.

Como ha explicado la consejera de Políticas Sociales, estas partidas suponen una previsión de gasto para hacer frente a las posibles necesidades que puedan ir surgiendo en el seno de las familias logroñesas. Unos fondos dirigidos a evitar la exclusión social, a cubrir servicios básicos y también situaciones sobrevenidas y que ponen un especial énfasis en la protección de los menores. Se potencian, además, actuaciones que atienden a las familias desde un punto de vista psicosocial.  

“La colaboración entre el Gobierno y los ayuntamientos es, en este sentido, muy estrecha, con todos los recursos que conjuntamente podemos ofrecer en esta red básica de apoyo social de primer nivel que buscar seguir avanzando sin dejar a nadie atrás”. 

Por su parte, el alcalde de Logroño, Conrado Escobar, ha agradecido el apoyo del Ejecutivo regional y ha destacado que “se trata de la mayor aportación de los últimos años, lo que nos va a permitir aumentar las políticas sociales y ayudar a las familias, nuestro principal objetivo”.

“Me gustaría poner el acento en un aspecto, la dignidad de las personas que necesitan estos servicios; estamos mejorando los recursos que dedicamos a la atención social para que sea una herramienta eficaz, destinada a garantizar esa dignidad que todos merecemos”, ha expresado Escobar, quien se ha referido a que, desde el Ayuntamiento, “trabajamos para que los servicios sociales no sean un mero catálogo de prestaciones y humanizar estos servicios, de forma que se ponga la atención en lo que cada familia, cada persona, necesita”.

Una mayor financiación, ha aseverado Escobar, “nos permite aumentar las intensidades, es decir, incrementar los horarios y las prestaciones en los diferentes niveles de atención en el Servicio de Atención a Domicilio (SAD), pudiendo atender durante más tiempo a los que más lo necesitan”. Según sus datos, “con el incremento presupuestario, se pueden ampliar las horas de otras prestaciones complementarias, como el ‘Respiro’, que financiamos en su totalidad, destinado a sustituir al cuidador durante unas horas al día”.

Además, Escobar ha indicado que “estamos también ofreciendo un servicio más individualizado, se ha incrementado el acercamiento a los usuarios con la mejora de la organización de los recursos humanos, mediante el programa en ‘super islas’, de manera que se han establecido grupos de acción más pequeños del personal de atención socio sanitaria, reduciendo así las posibilidades de que los cuidadores cambien con tanta frecuencia, algo que era muy demandado por los beneficiarios”.

El alcalde ha querido poner el acento en la evolución y adaptación de los servicios sociales a las nuevas necesidades sociales: “Cualquiera podemos ser usuario de los servicios sociales, se ha superado esa visión constreñida de este servicio ligado a la vulnerabilidad económica”. En concreto, “ahora vamos mucho más allá y estamos atendiendo problemas familiares, de dependencia, de salud mental, de violencia de género y de muy diversa índole”.

Por todo ello, Escobar considera que “Logroño será una ciudad mejor si nos esforzamos por acompañar y hacer más cómoda la vida de los usuarios de los servicios sociales, implicándonos todos para que este apoyo sea personalizado y más humano”.

El Servicio de Atención a Domicilio del Ayuntamiento de Logroño cuenta actualmente con 2.100 usuarios, número que aumenta anualmente. Respecto a las horas de intervención, se han incrementado, pasando de las 464.000 en 2023 a 490.000 horas de atención en 2024.

Del mismo modo, este convenio abarca otros programas de carácter social, algunos de ellos financiados por el Gobierno regional con entre el 50% y la totalidad de su coste, y que también experimentan notables incrementos: Intervención socioeducativa (de 125.000 a 221.290 euros); Ayudas de emergencia social para conciliación vacacional (de 60.000 a 65.000 euros); Ayudas para conciliación en días no lectivos (de 76.705 a 97.600); Ayudas de emergencia social (de 234.000 a 250.000 euros, unas ayudas en las que el Consistorio invierte 1.400.000 euros anuales); Suministro energético (180.000 euros, la misma cantidad que en 2023) y Cheque infantil (de 46.800 a 60.000 euros). Programas que se actualizan anualmente para atender cada vez mejor a las necesidades de las familias en sus relaciones diarias.

La Junta de Extremadura impulsará la Historia Social Única, una plataforma digital que permitirá a los profesionales consultar de forma ágil y centralizada toda la información relativa a los servicios sociales: datos personales, familiares, económicos y laborales de cada usuario, así como las prestaciones y ayudas de las que es beneficiario.

Para ello, la Administración va a contratar el servicio para el diseño, desarrollo e implantación del Sistema Extremeño de Información de Servicios Sociales (SEISS) y generación de la Historia Social Única (HSUe), por importe de más de 6,6 millones de euros.

Esta herramienta de “última generación” mejorará la atención por parte de los profesionales a los ciudadanos, pues con ella se evitarán duplicidades en la gestión de los datos, retrasos en los procesos y posibles molestias a los usuarios por el uso de un sistema que estaba “absolutamente obsoleto”, con áreas “de espaldas unas a otras”, ha destacado la portavoz de la Junta, Victoria Bazaga.

El período de ejecución de este proyecto, que cuenta con financiación del Fondo de Recuperación, Transformación y Resiliencia, será de 12 meses, por lo que se estima que estará plenamente operativa en el último trimestre de 2025.

La iniciativa, ha resaltado, busca “modernizar y optimizar” la gestión de los servicios sociales -tanto de atención social básica como especializada, así como el Tercer Sector-, al poner a disposición de los profesionales de la región toda la información, con independencia de donde viva el usuario, lo que facilitará además la planificación y creación de planes individuales de intervención.

UGT Servicios Públicos La Rioja denuncia que el borrador del decreto de atención residencial no recoge la imposición de penalidades a las empresas del sector que no cumplan con las ratios de personal, sanciones que si se recogen en el decreto todavía vigente, publicado en 1998. El sindicato rechaza que el Gobierno de La Rioja quiera exonerar de sanciones a estas empresas de forma permanente, pese a que en la resolución firmada en enero por la Consejería se asegurara que sería una medida transitoria y temporal.

UGT ha registrado alegaciones al borrador del Decreto por el que se regula el personal del modelo de Atención Integral Centrada en las Personas en las Residencias y Centros de Día de La Rioja. El secretario general de UGT-SP La Rioja, Fernando Domínguez; y la secretaria del sector Sociosanitario y Dependencia, Daría Saiz; han calificado este borrador como “exiguo”, y reclaman a la Consejería más ambición en lo referente a las ratios de personal.

En este sentido, echan en falta que se haga mención expresa a la Resolución de 28 de julio de 2022, de la Secretaría de Estado de Derechos Sociales, por la que se publica el Acuerdo del Consejo Territorial de Servicios Sociales sobre criterios comunes de acreditación y calidad de los centros y servicios del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia. “La propuesta de la Consejería ha sido la de establecer a partir de septiembre de 2024 una ratio de 0,31 profesionales para la categoría profesional de cuidador/a, gerocultor/a o similar, que son personal de atención directa de primer nivel. Sin embargo, el acuerdo del Consejo Territorial señala que la ratio exigible a 31 de diciembre de 2024 debe ser de 0,33; 0,43 en residencias de personas con discapacidad”, explican.

De este modo, UGT Servicios Públicos La Rioja reclama que en este nuevo borrador se anticipen a la exigencia estatal e impongan desde ahora las ratios de personal de primer nivel previstos para 2029; de 0,43 en residencias de personas mayores, de 0,50 en aquellas que incluyan usuarios con discapacidad. Así, “La Rioja sería una de las CCAA más avanzadas en lo que tiene que ver con las ratios de personal, lo que facilitaría la contratación de personal en categorías como la de gerocultora”, piden.

Por otro lado, el borrador establece que en la organización de los turnos se garantizará el cuidado y vigilancia de los usuarios, pero, según advierte el sindicato, “no se dota de contenido práctico dicha garantía, dado que se omite el establecimiento de unas presencias mínimas de personal, dejando al arbitrio y la subjetividad de cada cual si se está garantizando el cuidado y la vigilancia de los usuarios”.  UGT entiende que se han de regular dichas presencias mínimas diurnas, máxime cuando las ratios no aseguran presencias mínimas, ni con ello el cuidado ni la vigilancia de los residentes y considera que el mínimo de presencias podría establecerse en la mitad de la ratio general recomendada (0,22).

También recoge el borrador que “durante el turno de noche se garantizará como mínimo la presencia de un gerocultor por cada 50 usuarios o fracción”, y que “será posible sustituir uno de estos profesionales por un profesional de enfermería”. UGT Servicios Públicos La Rioja estima que se debería aumentar considerablemente esa presencia mínima en el turno de noche, ya que, si lo que se pretende es poder ofrecer un servicio de calidad, resulta inviable que una persona sola pueda dar atención rápida, eficaz y adecuada hasta a 50 personas a la vez. “En los centros residenciales de hasta 39 usuarios, una persona sola no puede atender a alguien que precise ser movilizado, ni puede utilizar una grúa para ello. Del mismo modo, tampoco puede ser atendido por un compañero en el caso de que le ocurra una agresión o un problema de salud”, advierten para reclamar una profesional por cada 40 residentes o fracción.

En cuanto a las ratios que se establecen para personal de atención directa del segundo nivel, además de la necesidad de incluir al personal de trabajo social, UGT entiende que “se ha de doblar la ratio establecida para dicho personal, que generalmente pertenece a ramas sanitarias o social que cuentan con titulación de grado o equivalente”Respecto al personal de atención indirecta, que es el resto del personal del centro dedicado a todo tipo de procesos y tareas de soporte necesarios para el correcto funcionamiento del centro, el borrador sólo recoge que “su dotación será proporcional a las necesidades que presente el centro teniendo en cuenta su ocupación, así como las dimensiones y estructura del mismo”. 

“Este texto que podría haber sido aplicado al resto de personal si el deseo legislador fuera el de regular lo mínimo posible. Pues si bien es cierto que no es tarea fácil establecer unos mínimos en algunas de las categorías profesionales del personal incluido en servicios generales o personal de atención indirecta, UGT cree que sería conveniente incluir unas ratios mínimas para las siguientes categorías profesionales”, han dicho antes de presentarlos.

Estabilidad laboral y salarios

En el preámbulo de este borrador se indica que estas plantillas, en la medida de lo posible, han de estar dotadas de una estabilidad laboral y unos salarios acordes a la importancia de los trabajos que realizan. Sin embargo, UGT denuncia que“no se establece ni se regula, ni cómo dar esa estabilidad, ni qué mínimo salarial debería ser el acorde a los trabajos que se realizan”.

Por ello, UGT reclama que se incluya la obligatoriedad de contar con un 90% de la plantilla de personal indefinido y que los salarios mínimos a percibir por el personal no pudieran estar por debajo del 125% del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) que opere en cada momento.

UGT también pide que el decreto recoja los requerimientos legales para que el personal de este segmento pueda trabajar en virtud de sus títulos o certificados. Entre ellos, el título de Técnico en Atención Sociosanitaria, de Técnico en Cuidados Auxiliares de Enfermería, el de Técnico en Atención a Personas en Situación de Dependencia, el Certificado de Profesionalidad de Atención Sociosanitaria a Personas Dependientes en Instituciones Sociales o el Certificado de Profesionalidad de Atención Sociosanitaria a Personas en el Domicilio.

Además, con el fin de dar respuesta a la falta de personal en los centros de atención residencial, “debería haberse mencionado en el borrador algunas habilitaciones excepcionales y provisionales de gerocultoras y auxiliares de ayuda a domicilio que acrediten una experiencia de al menos 3 años, con un mínimo de 2.000 horas trabajadas en los últimos 12 años en la categoría profesional correspondiente”, apuntan.

El borrador habla también de facilitar formación a través del Servicio Riojano de Salud a los profesionales sanitarios contratados por las residencias, “lo que choca frontalmente con lo que establece el Acuerdo del Consejo Territorial de Servicios Sociales, pues la formación del personal de nueva incorporación debe incluir un proceso de conocimiento de las personas a las que van a prestar apoyo y cuidados”, alertan desde CCOO. “La entidad prestadora de los servicios, con la participación de la Representación Legal de los Trabajadores y en particular de las organizaciones sindicales de ámbito estatal, deberá elaborar y desarrollar planes de formación para el conjunto de sus trabajadoras y trabajadores”.

Igualmente, el borrador indica que “la responsabilidad de la atención sanitaria es del SERIS, y, por tanto, es quien desarrolla y especifica la cartera de servicios que se han de prestar en los centros residenciales, pero delega dicha responsabilidad en las residencias, al determinar que serán ellas quienes definan los servicios y marquen las funciones que serán responsabilidad directa del centro”. 

Por último, UGT hace hincapié en la necesidad de que se recoja un artículo que incluya normativa relacionada con la inspección y el control público. “Los centros y servicios acreditados deben ser sometidos a inspección, control y seguimiento adecuados que aseguren un cumplimiento continuado de los requisitos que dieron lugar a la acreditación”, consideran. Por ello, piden que “la Administración competente tiene que organizar planes anuales de inspección de centros y servicios, y comunicar de forma periódica y accesible las inspecciones realizadas, indicando, entre otros datos, la identificación del centro o servicio inspeccionado, titularidad y gestión, la fecha, el motivo de la inspección, el resultado de esta y, en su caso, las medidas adoptadas”.

El Consejo de Gobierno destina 1,33 millones de euros a impartir 30.375 sesiones de atención temprana en cuatro municipios de La Rioja. Los objetivos del contrato licitado, con financiación del Fondo Social Europeo (FSE), son sesiones de intervención para 400 niños con edades comprendidas entre los 0 y los 6 años de

El Consejo de Gobierno ha dado luz verde a la Consejería de Salud y Políticas Sociales al gasto correspondiente a la contratación de los servicios de intervención en atención temprana, en centros o servicios de desarrollo infantil y atención temprana en cuatro municipios de La Rioja, que se impartirán a niños con edades comprendidas entre los 0 y los 6 años de Logroño, Calahorra, Haro y Arnedo. En total están previstas 30.375 sesiones. Este contrato, por valor de 1.327.115,94 euros, está cofinanciado al 60% por la Unión Europea, en el marco del Fondo Social Europeo (FSE) 2021-2027, a través del Programa Operativo Regional de La Rioja. El gasto se desglosa en dos anualidades: 2024: 331.778,98 euros y 2025: 995.336,96 euros

La consejera de Salud y Políticas Sociales, María Martín, ha destacado la importancia del diagnóstico precoz en la vida de los menores “la detección temprana es fundamental para no comprometer los hitos del desarrollo evolutivo de un menor, de ahí la necesidad de trabajar en estas edades para mejorar la vida de estos niños en cualquiera de sus esferas (bio, psico y social)”, ha dicho. 

En ese sentido, la titular de Salud ha agradecido el “maravilloso trabajo que realizan estos equipos multidisciplinares que están formados por fisioterapias, psicoterapeutas, logopedas, terapeutas ocupacionales o psicólogos especializados en población infantil de 0 a 6 años”, puesto que “evitan el desarrollo de trastornos posteriores y no dejan de tener, en todo momento, al menor y a sus familiares como protagonistas de las intervenciones”.

Las sesiones se pueden desarrollar de forma presencial -individual, grupal y con atención centrada en la familia- y de forma telemática. Su prestación requerirá la intervención interdisciplinar de profesionales de fisioterapia, logopedia, terapia ocupacional, psicomotricista o psicología, con formación en la población infantil de 0 a 6 años. Estos especialistas ofrecerán una atención individualizada a los niños de carácter preventivo, global e interdisciplinar orientada tanto al menor como a su entorno familiar y social, y coordinada con otros recursos de atención.

El objetivo de este contrato es el despliegue de sesiones de intervención de servicios sociales en atención temprana en centros o servicios de desarrollo infantil y atención temprana. No solo con los 377 usuarios que están ya recibiendo la intervención, y que forman parte de la red pública de centros y servicios de desarrollo infantil y atención temprana del Sistema Público Riojano de Servicios Sociales: también de los 26 menores que cuentan con una resolución de concesión de la Dirección General de Dependencia, Discapacidad y Mayores de acuerdo con la Orden 2/2010, de 11 de enero de la Consejería de Servicios Sociales, por la que se regula el procedimiento de intervención de servicios sociales en atención temprana, y que en estos momentos, ante la falta de un centro o servicio contratado por la Administración con sesiones disponibles, se encuentran en lista de espera.

El contrato está dividido en diez lotes:

Logroño

-Tres lotes de 4.500 sesiones cada uno en atención temprana. 

-Un lote de 4.500 sesiones en atención temprana en el desarrollo motriz.

-Un lote de 4.500 sesiones en atención temprana en el trastorno generalizado del desarrollo.

-Un lote de 1.125 sesiones en atención temprana en el desarrollo cognitivo.

Calahorra

-Dos lotes de 1.125 sesiones en atención temprana.

Haro

-Un lote de 1.125 sesiones en atención temprana.

Arnedo

-Un lote de 3.375 sesiones en atención temprana. 

Castilla-La Mancha está muy por encima de la media estatal en número de plazas residenciales por cada cien mayores de 65 años. La ratio es de 7,2 frente a la de 4,2 de la media del país. Se trata de un dato que no llama la atención porque esta comunidad autónoma tiene un alto porcentaje de población envejecida. Lo que sí es significativo es el hecho de que, al mismo tiempo, sea con diferencia la que menos dinero destina a financiarlas: 53 euros por plaza frente a los 68 euros de media estatal.

Es una tendencia generalizada en todo el país debido a la gestión privada de estos centros residenciales o de plazas que se anuncian como públicas, pero que luego son externalizadas. El debate sobre este tipo de modelo es continuo, sobre todo desde la pandemia de COVID-19 y de las numerosas personas fallecidas en estos centros.

Muchos de estos centros caen en manos privadas, algunas en fondos buitre que principalmente buscan el lucro. Es parte de la denuncia que realiza el documental 'Pactos de silencio' realizado por asociaciones y particulares como Afectados BBS, #LaRealidadDe, Cecilio Cean, RTVP y Moviment de Residències i SAD.

Pero ahora es CCOO quien ha puesto el foco en Castilla-La Mancha, principalmente en el desequilibrio de datos y en los efectos que tiene sobre las condiciones del personal, la mayoría mujeres.

Con datos del IMSERSO, del Laboratorio del Envejecimiento en Red del CSIC y de la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, la Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios del sindicato ha emplazado directamente al Gobierno de Castilla-La Mancha y a patronales como ACESCAM y ARTECAM a mejorar de forma “urgente y sustancial” las condiciones asistenciales y laborales en las residencias privadas de mayores de la comunidad autónoma.

Se basa en las ratios mencionadas y también en el hecho de que existe un superávit de más de 7.000 plazas en la región, de acuerdo a los parámetros de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Es necesario aumentar la inversión pública y destinarla a mejorar la calidad asistencial

Chelo Cuadra — Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO-CLM

“Tenemos que afrontar un cambio radical y una apuesta firme por la reconducción del sector en nuestra región. Es necesario aumentar la inversión pública y destinarla a mejorar la calidad asistencial a las personas usuarias y las condiciones laborales de las trabajadoras, en vez de a seguir incrementando el número de plazas”, ha reclamado la secretaria general de CCOO-FSS CLM, Chelo Cuadra.

Recuerda que hace un año, el presidente autonómico, Emiliano García-Page, decía que las políticas de mayores son una prioridad, “no solo por devolverles el esfuerzo que han hecho durante toda su vida, sino por justicia social”. “Pero, a día de hoy, al menos en lo que se refiere a las residencias de gestión privada, en nada se nota que para este gobierno sea un sector prioritario”, subraya Cuadra.

De hecho, afirma que, al contrario, en los centros residenciales de Castilla-La Mancha no solo no han mejorado las condiciones asistenciales sino que, de no poner medidas de forma urgente, “nos veremos abocados a una crisis de relevo profesional importante y grave”.

Según el informe publicado por el IMSERSO el pasado 24 de abril, sobre Censo de Centros Residenciales de Servicios Sociales en España con datos del año 2022, en cuanto a ratios de personal existe en Castilla-La Mancha una “diferencia abismal” entre las ratios de los centros públicos y las de los centros privados o de gestión privada.

Así, las residencias de gestión pública, las minoritarias (60 de las más de 400 que hay en la región), hay casi un profesional (0,95) por cada persona usuaria. Entre las de gestión privada, las gestionadas por entidades sin ánimo de lucro no llegan ni a la mitad (0,47, el mínimo establecido por la legislación autonómica) y las que están en manos de empresas con lucro lo superan por muy poco (0,48).

“A la vista de los datos, es más que necesario un cambio radical y una apuesta firme por la reconducción del sector en nuestra comunidad autónoma. Las modificaciones que se han realizado en los últimos cuanto a condiciones mínimas de los centros de atención a personas mayores han sido claramente insuficientes y no han corregido las debilidades de un sector precarizado y con escasas perspectivas de relevo generacional en cuanto a profesionales”, advierte Cuadra.

En este contexto sitúa la “fuga de profesionales”, ya no solo al sector público, sino también a otros sectores mejor remunerados o con mejores condiciones laborales.

Considera que la mayor parte de las residencias no cuentan con personal de enfermería y “ya empieza a haber problemas para cubrir la totalidad de plazas de gerocultoras”. A ello añade “incidencias muy graves” que se producen “por orden de las propias empresas” que, ante la falta de profesionales de Enfermería, derivan a otras categorías profesionales funciones para las que “no están ni formadas ni capacitadas”.

“Tras la pandemia, todos pensábamos que iba a haber una revolución en el sector. Pero no, todo el mundo ha pasado página. El sector sigue igual o más precarizado, la financiación es insuficiente, la profesión, que es muy vocacional, pierde cualquier atractivo. Hay que actuar. Dejemos de crecer en número de plazas y mejoremos la calidad asistencial y laboral de cada una de ellas”, concluyó Cuadra.

Otros datos sobre personal

Otros datos de estos informes desvelan que en Castilla-La Mancha hay un total de 20.297 personas residentes de forma permanente, de las cuales 13.254 son mujeres y las 7.043 son hombres. Cada centro tiene una media de 69 plazas, pero en el caso de titularidad y gestión pública cae hasta las 48. La ocupación en toda la región se encuentra en un 83,5%, y las públicas, de gestión privada con y sin lucro, van desde el 97,5% al 96,4% de ocupación.

El 73,8% de las personas trabajadoras en estos centros lo está a jornada completa, mientras que el 26,2% está a jornada parcial. La jornada parcial es especialmente llamativa entre los centros de gestión privada con titularidad pública, ya que van desde a un 38,1% de personal en jornada parcial en el caso de las que tienen gestión privada con lucro y un 32,6% en el caso de gestión privada sin lucro. 

No es la primera vez que el modelo de residencias de Castilla-La Mancha recibe críticas. El decreto aprobado por el Gobierno regional a comienzos de 2022 en el que se establecen las condiciones básicas de los centros destinados a las personas mayores provocó el malestar de varias asociaciones y colectivos.

Este documento establece una serie de “condiciones básicas” en su desarrollo reglamentario que se basan en el concepto de “buenas prácticas profesionales”: el proyecto de vida, la calidad de la atención, la persona de atención directa de referencia, la integración en el entorno, la autodeterminación en cuantas materias sea posible o el respeto a la intimidad, entre otros.

Respecto de los recursos humanos con que debe contar un centro de atención a personas mayores, se distingue entre el personal técnico, el de atención directa y otro tipo personal. Se introducen en la norma criterios de flexibilidad respecto del personal técnico, permitiendo que las entidades titulares de los centros puedan elegir aquellos/as profesionales cuyas funciones sean más convenientes, de acuerdo con las características de las personas usuarias y sus demandas.

Las ratios establecidas, los criterios para los puestos de dirección, la no inclusión reglada del trabajo social y la “flexibilidad” para que las entidades titulares puedan elegir al personal técnico han sido los motivos principales por los que las críticas han arreciado tras cuatro años desde la pandemia de COVID-19.

Después de 36 días acampadas frente al Ayuntamiento de Sevilla reivindicando mejoras laborales, las trabajadoras del servicio de ayuda a domicilio se han reunido este lunes con el alcalde de la ciudad, José Luis Sanz, y han decidido levantar el “asentamiento indefinido” que iniciaron el pasado 1 de abril. La decisión de confiar en la palabra dada la han tomado en asamblea una vez que el Consistorio ha hecho público el compromiso de estudiar la municipalización del servicio, expresado en privado durante el encuentro.

Ya por la tarde el Gobierno municipal ha informado en un comunicado que el regidor hispalense y el delegado municipal de Barrios de Atención Preferente y Derechos Sociales, José Luis García, se han comprometido a “promover un grupo de trabajo con todos los servicios municipales competentes para elaborar un informe y analizar la posible viabilidad de la municipalización del servicio de ayuda a domicilio”, que solicitan las auxiliares desde hace años con la esperanza de que el Ayuntamiento termine asumiendo la gestión directa del servicio.

Al haberse comunicado públicamente –como solicitaron las representantes sindicales de la plantilla–, las trabajadoras de atención domiciliaria han acordado que el “compromiso público” es un gesto “suficiente” como para poner fin al campamento que instalaron hace un mes en señal de protesta frente a la casa consistorial. Así lo confirma a este periódico Ana Richarte, presidenta del comité de empresa de Serveo, una de las compañías subcontratadas por el Consistorio hispalense.

Abrir la puerta a la gestión pública del servicio

Cabe recordar que el pasado martes 30 de abril, las representantes sindicales del sector en Sevilla asistieron al salón de plenos del Ayuntamiento a fin de visibilizar sus demandas. Hasta ese momento, las profesionales de ayuda a domicilio recriminaban al regidor que no se hubiese “dignado a visitarnos ni a preguntarnos”. De hecho, el PP al frente del Gobierno local se negó a firmar una declaración institucional promovida por el grupo Con Podemos-Izquierda Unida en apoyo a las trabajadoras del servicio de atención domiciliaria.

Sin embargo, durante la última sesión plenaria, el equipo de Gobierno anunció que el alcalde se reuniría con ellas este 6 de mayo y abrió por primera vez la puerta a que este servicio fuese gestionado directamente por la administración local en un futuro.

En concreto, el edil de Derechos Sociales manifestó que el Gobierno de José Luis Sanz está dispuesto a abordar “un plan piloto de municipalización” del servicio que habrá que implementar “poco a poco”, según “los diferentes lotes” en los que se divide actualmente el mismo. El delegado remarcó, eso sí, que ese plan estaba vinculado a la condición de que el Ayuntamiento cuente con un nuevo presupuesto municipal, pues actualmente opera con las cuentas de 2023 prorrogadas, al no mediar acuerdo entre los grupos políticos para un nuevo presupuesto. De modo que ese escenario no se podrá contemplar, como mínimo, hasta 2025.

Reforzar el papel de intermediario con las empresas

Además del compromiso contraído en lo relativo a estudiar la viabilidad de la municipalización, Sanz ha prometido “reforzar los mecanismos de control para que las empresas adjudicatarias del servicio cumplan las condiciones establecidas en los contratos”, que tienen suscritos con la administración local “hasta el año 2027”.

La plantilla viene denunciando la “precarización del sector” que achacan al hecho de “estar en manos de empresas privadas que solo miran por su propio interés lucrativo”. “Tenemos contratos precarios con horarios imposibles de conciliar, y como a la mayoría nos obligan a trabajar a turno partido, no podemos compatibilizarlo con otros empleos”, explicó a este periódico una de las trabajadoras, Lorena Aznar, por mencionar algún ejemplo del “maltrato” que dicen estar sufriendo “en cuanto a derechos laborales se refiere”.

La delegación de Barrios de Atención Preferente y Derechos sociales ha anunciado ahora que va a aumentar la intermediación entre los profesionales y las empresas adjudicatarias “para velar por el cumplimiento de las condiciones de los contratos de la prestación del servicio acordados con el Ayuntamiento”.

“Vamos a reforzar las supervisiones que ya se están llevando a cabo por parte del Ayuntamiento, con el fin de que haya mayor fluidez, control y se cumplan los pliegos del servicio de ayuda a domicilio por parte de las empresas adjudicatarias”, ha adelantado el alcalde a este respecto. Por su parte, las trabajadoras han dejado el campamento en el que han convivido durante 36 días con una promesa: “Si el alcalde no cumple volveremos”.

Desde el 1 de abril, las trabajadoras del servicio de atención domiciliaria (SAD) de Sevilla acampan frente al Ayuntamiento. No es una huelga, sino “un asentamiento indefinido” con el que reivindican a la administración local que vuelva a gestionar de manera directa este servicio “esencial” para las personas dependientes. Así lo explica Lorena Aznar, una de las profesionales que lleva más de 20 días “durmiendo a la intemperie” y sacrificando su tiempo libre con la esperanza de mejorar sus condiciones laborales. 

Mientras amamanta a su bebé en plena calle, Lorena cuenta que las trabajadoras de este sector dejaron de ser personal laboral del Ayuntamiento hace más de 25 años. Desde entonces, la atención a domicilio está en manos de “empresas intermediarias” que subcontrata el Gobierno municipal. Un cambio en la gestión que, a ojos de quienes ejercen esta labor “vocacional”, se ha traducido en una paulatina “precarización” del sector. 

“Tenemos contratos precarios con horarios imposibles de conciliar, y como a la mayoría nos obligan a trabajar a turno partido, no podemos compatibilizarlo con otros empleos”, explica Lorena por mencionar algún ejemplo del “maltrato” que dicen estar sufriendo “en cuanto a derechos laborales se refiere”. Tanto es así que otra compañera y representante sindical, Ana Richarte, asegura que las auxiliares están “esclavizadas”.

Más allá del impacto que tiene esta situación en la esfera personal de cada una de las auxiliares (3.000 solo en la capital), ellas lamentan que las condiciones que denuncian estén mermando la calidad de vida de los usuarios a los que atienden: “Nuestra labor es alargar la calidad de vida de las personas dependientes, pero estas empresas lo que hacen es lo contrario, recortar en salud al negarse a darles grúas, camas articuladas o material técnico para la ducha”, deplora quien es también delegada sindical del SAD en la capital hispalense.  

Viable pero complejo

Tras 25 días acampando ante la casa consistorial, Lorena se queja de que “el alcalde no se ha dignado a visitarnos ni a preguntarnos”. No obstante, fuentes del equipo de José Luis Sanz consultadas por este periódico aseguran que el gobierno local está dispuesto a reunirse con las trabajadoras y a establecer una comisión de análisis para valorar “con rigor” la problemática que denuncia el colectivo, “con vistas a buscar soluciones”. Al mismo tiempo, esas fuentes apuntan a que es “muy complejo” atender a la petición de “remunicipalización” en el contexto de presupuestos prorrogados en el que funciona en estos momentos el Ayuntamiento sevillano. 

Para las trabajadoras, volver a hacer municipal el servicio de atención domiciliaria es “totalmente viable, como se ha conseguido ya en Cádiz y en otras comunidades de España”, y tan solo requiere de “voluntad política”. A este respecto, Ángeles, otra representante de la plantilla de atención domiciliaria, recuerda que durante el mandato anterior, con los socialistas al frente de la alcaldía, ya se formó una mesa de trabajo ante la cual el sindicato CGT presentó un estudio de viabilidad que avalaba la municipalización del servicio. Sin embargo, desde entonces el gobierno municipal no ha dado ningún paso en esa dirección.

Quienes sí han mostrado su “apoyo incondicional” a las demandas de las auxiliares es el grupo municipal de Podemos-IU. Su portavoz, Susana Hornillo, comparte la idea de que es “imprescindible que el servicio se remunicipalice”. Apelando a las reivindicaciones de las trabajadoras, Hornillo sostiene que “los cuidados a las personas dependientes son una responsabilidad directa de las administraciones públicas, y si lo lleva una empresa cuyo fin último es aumentar su cuenta de beneficios, el resultado es que se recortan los derechos laborales y los recursos destinados a personas dependientes como está pasando”.

Por esta razón, la postura que defienden desde esta formación política es la de “dar pasos adelante hacia la municipalización”. Si bien Hornillo reconoce que “no es un proceso sencillo”, entiende que se pueden estudiar fórmulas como las que se han adoptado en otras ciudades de España y sugiere la creación de una empresa pública como la que gestiona el transporte público (Tussam) o la limpieza (Lipasam) en Sevilla. Por todo ello, Podemos-IU tienen previsto llevar al próximo pleno municipal –fijado para el martes 30 de abril– una declaración institucional en apoyo a las trabajadoras, para la que buscan el respaldo unánime de todos los grupos políticos.

La raíz del problema

Para Ana Richarte, presidenta del comité de empresa de Serveo, una de las compañías subcontratadas por el Consistorio hispalense, “la raíz del problema” que atraviesa el sector de atención domiciliaria es “estar en manos de empresas privadas que solo miran por su propio interés lucrativo”. Ana es auxiliar de atención domiciliaria en Sevilla desde hace un cuarto de siglo y lamenta que el cuidado de las personas más vulnerables dependa del criterio de compañías “sin experiencia en el sector sociosanitario”, en vez de estar gestionado directamente por los servicios sociales del Ayuntamiento, como hace décadas. 

De acuerdo con las profesionales, las compañías que gestionan este servicio en la capital hispalense están especializadas en otros ámbitos como la construcción, de ahí que las representantes sindicales critiquen que “este tipo de empresas lo que hacen es precarizar el sector jugando con la salud de los usuarios (personas en situaciones de extrema vulnerabilidad) y de las trabajadoras”. A estas últimas no las dotan con las “ayudas técnicas” que precisan para su labor diaria, a lo que añaden que no hacen ni “una correcta prevención de riesgos laborales” ni “una evaluación de riesgo en los puestos de trabajo”.

En este punto, Ana recuerda que “no estamos hablamos de ladrillos, sino de personas dependientes, en situación de vulnerabilidad”. Razón por la cual reivindican “ser consideradas como profesionales”, cualificadas y con formación específica para el sector sociosanitario.

Listas de espera mortales

Además de reivindicar mejoras laborales que repercutan en el bienestar de los usuarios, durante los días que llevan asentadas frente al Ayuntamiento han estado recogiendo firmas para eliminar las listas de espera de la Ley de Dependencia. Entre diciembre de 2022 y noviembre de 2023, un total de 8.771 andaluces fallecieron en la lista de espera de la dependencia sin ser atendidas, mientras que 39.872 perdieron la vida teniendo solicitud de dependencia, según los datos recogidos en el XXIV Dictamen del Observatorio Estatal de la Dependencia, elaborado por la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales.  

“No solo hablamos de personas mayores, sino de niños con discapacidad y de personas jóvenes con trastornos mentales o que han tenido un accidente y necesitan de nosotras”, recuerda Lorena, poniendo en valor su función como trabajadoras “esenciales”. “Queremos que se le dé la importancia que este sector se merece”, pide Ana, quien agradece la solidaridad que les han mostrado la ciudadanía y otros colectivos sociales.

Tras años tratando de alcanzar a los responsables políticos para trasladarles sus demandas, las trabajadoras de ayuda a domicilio de Sevilla capital han optado por llevar al límite sus acciones de protesta, acampando en plena calle durante días, tratando de conciliar su vida laboral, personal y sindical. “Es un golpe en la mesa, llevamos muchos años reivindicando mejoras y ya estamos cansadas”, explica Ana Richarte. A pesar del hartazgo acumulado con el paso de los días, la “indignación es mayor” y por eso aseguran que “no nos vamos a rendir”. Están dispuestas a seguir acampadas “hasta que no haya una reunión y un compromiso”.

Tras un 2023 “atípico” y con “constantes cambios”, marcado por los diferentes procesos electorales, el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad en Castilla-La Mancha se prepara para un nuevo año, y una legislatura, llena de desafíos. El primero de ellos: su financiación. La presidenta Cristina Gómez Palmo recordó que los cambios políticos ofrecen “incertidumbres” al Tercer Sector, al depender prácticamente en su totalidad de las subvenciones públicas. “Tenemos un reto bastante importante, que es salvar la sostenibilidad de las entidades para que los servicios públicos que prestamos se ofrezcan en las mejores condiciones y en las mejores situaciones”, resaltó.

Pero muchas veces, las subvenciones no llegan a cubrir todo lo que se necesita. “Somos un enfermo crónico”, ejemplificó Gómez, en relación a un sistema de financiación que no llega a todo lo que debería y que debe suplirse con carreras benéficas o directamente con una hucha en la calle. Por eso, han vuelto a poner encima de la mesa un cambio radical en la manera en la que llegan las subvenciones a las entidades sociales, exigiendo pasar de una vez a un sistema que garantice la viabilidad de este tipo de entidades a largo plazo, como otras veces se ha planteado, pero nunca se ha culminado.

Derechos de las personas con discapacidad en el Estatuto

No es el único desafío al que se enfrenta el CERMI. El comité está pendiente de la reforma del Estatuto de Autonomía en el que se trabaja desde las Cortes castellanomanchegas, para que se tengan en cuenta los derechos de las más de 160.000 personas que tienen reconocido un grado de discapacidad en la región. Hasta ahora, no hay siquiera mención el colectivo en la Carta Magna regional, además de que todavía no se reforma el artículo 49 de la Constitución Española que incluye la palabra 'disminuidos'. “Más allá de los acuerdos sobre número de diputados, las personas con discapacidad debemos aparecer como tal y con la referencia al blindaje de los derechos y el reconocimiento a las singularidades del Tercer Sector”, zanjó Gómez.

“Es algo básico y así lo exigimos y trasladaremos mediante cauces oportunos, para que el Estatuto sea el que abandere la inclusión de los derechos sociales de la discapacidad en el ámbito nacional”, resaltó.

Por su parte, el presidente de la Mesa del Tercer Sector, José Antonio Romero, resaltó que se están “respetando los tiempos, las formas y el ritmo” de la política, pero que insistirán en un Estatuto “inclusivo”. “Que no adaptemos solo el lenguaje, sino el fondo, las formas. Queremos blindar realmente los derechos sociales”, destacó.

Atrasos en el reconocimiento del grado de discapacidad

El Comité también ha lamentado que existe una “muy mala media” de tiempos de reconocimiento del grado de discapacidad en Castilla-La Mancha, con “retrasos importantes” que pueden llegar a los 20 meses en provincias como Toledo y Albacete, que son las que más retraso sufren en este sentido. “Es intolerable”, señaló Gómez, puesto que el reconocimiento de la discapacidad es la “puerta de entrada” para que una persona pueda disfrutar de derechos y prestaciones necesarias para su vida. “Pedimos apoyo para dotar de recursos humanos necesarios la dirección general de Discapacidad para que la media de espera no supere el mínimo establecido legalmente”, resaltó la presidenta del comité regional.

Donde más hace falta los fondos es en los centros base, “sin duda”. “Hemos ofrecido colaboración a la administración, para que haya convenios y agilizar los tiempos de espera. Las entidades somos expertos cada uno en nuestro tipo de discapacidad, y ya existen experiencias en otras comunidades autónomas para echar una mano al certificarnos como entidades colaboradoras. Sería un mero registro o validación de la administración si la persona ya viene valorada por una de nuestras entidades”, explicó Cristina Gómez.

En cuanto al sector de la dependencia, el CERMI ha señalado que es necesaria una “actualización urgente” que se adapte a los cambios normativos estatales, que incluyen impulsar la figura del asistente personal. “Creemos que esto nos puede llevar a que las personas con discapacidad tengan una inclusión social real e ir hacia más al proceso de desinstitucionalización. Estaremos ganando económicamente y con una asistencia personal, la persona puede seguir viviendo en su entorno. Pero, sobre todo, necesitamos actualizar el catálogo de prestaciones y dotar de mayor seguridad jurídica”, remató.

El consejero de Sanidad de Castilla-La Mancha, Jesús Fernández Sanz, ha asegurado que la Comunidad Autónoma tendrá que replantear su Plan de Salud Mental, que tiene hasta el año 2025 como horizonte, para ser “más ambiciosos” y reforzar aspectos como la prevención del suicidio, especialmente en la edad infanto-juvenil, y la lucha contra las adicciones, haciendo hincapié en algunas como las relacionadas con las pantallas.

Fernández Sanz ha asegurado que la pandemia ha puesto “mucho más” de manifiesto la importancia de la salud mental y es por ello por lo que habrá que reformular este plan para que no esté únicamente enfocado a la salud asistencial sino a la salud “con mayúsculas”. “La salud mental no viaja sola, está en un entorno sociosanitario amplio”, ha aseverado, incidiendo en la preocupación por la salud mental infanto-juvenil.

El consejero ha defendido que el plan de Castilla-La Mancha incluye estos aspectos de vigilancia del suicidio y las adicciones, pero ha reconocido que estas circunstancias “han evolucionado” y hoy día los intentos de suicidio en personas jóvenes “se han multiplicado” y las adicciones a no sustancias “han crecido exponencialmente”.

“Debemos prepararnos para unos siguientes años en los que esto sea protagonista”, ha vaticinado.

Humanización sanitaria, “una de las cosas importantes”

De otro lado, también ha querido poner el foco en la humanización de la atención sanitaria, “una de las cosas importantes” que la sanidad castellanomanchega está abordando. “Es cómo querrías que te trataran a ti, es la empatía y también tiene que ver con la manera diferente de que nosotros afrontemos la prestación”, ha puntualizado.

En este sentido, ha incidido en que en diagnósticos como los oncológicos, el tratamiento no puede únicamente dirigirse a la enfermedad sino también a la persona.

“Somos muy buenos describiendo los síntomas, diagnosticándolo y tratándolo, pero creemos que con eso hemos salvado y no, tenemos que adentrarnos mucho más en la salud mental, las cosas que le pasan a la persona. ¿Tiene personas a su cargo? ¿Tiene hipoteca? Esas cosas son importantes y no solucionarlas acaba en un lugar que tiene mucho más que ver con la salud mental que con el diagnóstico oncológico. Es verdad que le vas a salvar la vida, pero ¿qué vida?”, ha descrito el consejero.

La llamada de auxilio del joven marroquí enfermo de cáncer al que se le había denegado el asilo hace unas fechas ha surtido efecto. Según informan a SevillaelDiario.es fuentes de Accem, la organización que le ha acompañado en los dos últimos años de lucha médica y administrativa tras llegar a España a nado en mayo de 2017 procedente de su país natal, el joven ingresó este pasado miércoles en un dispositivo de atención sociosanitaria para personas sin hogar.

En concreto, de acuerdo a las fuentes, el joven se encuentra ya en el centro de acogimiento temporal y atención sociosanitaria a personas sin hogar, en situación de convalecencia tras alta hospitalaria, que la asociación nacional AFAR dispone en Sevilla Este.

En las últimas semanas, después de que le denegaran tanto la protección internacional como la subsidiaria en virtud de cuya solicitud mientras residía en un llamado 'piso de autonomía' de uno de los programas de Accem, la entidad había tanteado algunos recursos que podrían adaptarse a las difíciles circunstancias personales del joven, de 30 años, cuya enfermedad está avanzada y de la que viene siendo tratado en el área oncológica del Hospital Virgen del Rocío de la capital hispalense.

No cumplía los requisitos

Tras un breve paso por el Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes de Ceuta y por las naves del Tarajal de Cruz Roja, llegó derivado a Sevilla en octubre de hace dos años como solicitante de asilo, momento desde el cual había recibido una “atención integral” por parte de Accem. “Necesito ayuda, por favor”, reclamó en un breve contacto con este diario después de que la resolución de la Oficina de Asilo y Refugio del Ministerio del Interior llegara a finales de junio como un jarro de agua fría tras año y medio con el expediente abierto de petición de asilo. Le habían concedido a priori una prórroga hasta octubre, pero ya se le había comunicado formalmente que no cumplía los requisitos para seguir en el programa del que era beneficiario a través de Accem.

La organización había activado la red colaborativa entre entidades públicas y privadas para la búsqueda de un centro de acogida donde se le pudiera atender, también desde el punto de vista sociosanitario. Tiene concedida una ayuda al alquiler pero el avanzado estado de su enfermedad complicaba poder encontrar un recurso dado su perfil “muy vulnerable”. Gracias a Accem, sus necesidades básicas han estado cubiertas en este intervalo de incertidumbre pese a que ya no se encontraba dentro del programa concertado con el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

Quimio y dos trasplantes de médula

La denegación de asilo podría entrar jurídicamente dentro de lo previsible teniendo en cuenta que cuando llegó a España ya presentaba la enfermedad, si bien desde confiaban en que su delicado estado de salud pudiera abrir alguna puerta después de que no se le tuvieran en cuenta las razones humanitarias que había alegado mientras fue renovando puntualmente su solicitud de protección internacional.

También se le pidió sin éxito el traslado a un centro específico de atención integral, si bien pudo disponer de ayuda a domicilio y de un equipo técnico de apoyo durante varios meses entre 2022 y 2023. Tres ciclos de quimioterapia y dos trasplantes de médula el año pasado, también con la Covid de por medio y con notables efectos secundarios, no pudieron frenar el cáncer que padece y para el que recibe en los últimos tiempos una quimioterapia paliativa.

Accem también pidió recientemente que se tuvieran en cuenta razones humanitarias para poder acceder a una documentación básica. Fuentes de los ministerios mencionados eludieron pronunciarse sobre casos personales o circunstancias individuales. Desde Interior indicaron que “la Oficina de Asilo y Refugio realiza un estudio individualizado de cada petición y resuelve cada expediente atendiendo a la legislación sobre protección internacional”.

Un grupo de estudiantes universitarios, participantes en un estudio promovido por las Universidades de Harvard y Virginia (EEUU), reciben la consigna de permanecer solos, sentados delante de una mesa en la que únicamente hay un botón. Si no aguantan los 15 minutos que dura el experimento, pueden apretarlo y recibirán una descarga eléctrica -que ya conocen- muy desagradable.

El 67% de los hombres y el 25% de las mujeres eligieron aplicarse la descarga a pesar que previamente habían dicho que “pagarían” por evitar ese shock. Los autores de la investigación concluyen que ese porcentaje que prefiere el sufrimiento al aburrimiento elige administrarse una descarga eléctrica antes que quedarse solo con sus pensamientos. La mayoría de la gente prefiere, a juzgar por este experimento, hacer algo en lugar de nada, incluso si ese algo es negativo.

Quedarse solos con sus pensamientos, especialmente en la adolescencia y primera juventud, no siempre resulta fácil ni agradable. Muchos y muchas se angustian y terminan cortándose, consumiendo drogas, dándose atracones antes de vomitar o simplemente huyendo de la habitación a algún mundo virtual o a la calle con los amigos. Una realidad que ha aumentado mucho a raíz de la pandemia.

Prefieren prestar atención a esos estímulos externos que a los más íntimos que se les revelan inquietantes por lo que tienen, en ocasiones, de incomprensible, de sinsentido o de desagrado por la comparativa que hacen con otras vidas paralelas de su entorno. La atención deviene (es su origen etimológico) en tensión interna y en la evasión a cualquier metaverso, una solución pasajera.

Distraerse con los gadgets puede ser un modo de conectarse a otro mundo percibido como menos hostil. La paradoja es que a más conexiones virtuales (que son, al tiempo, desconexiones de lo más real de sí mismo) más se reactiva el sentimiento de soledad y angustia, una vez pasado el efecto de euforia inicial.

Una paciente joven me explica que puede estar buena parte de la noche atrapada y concentrada en un scroll infinito deslizando sus dedos en Instagram o Tik Tok, antes de irse a YouTube para continuar el atracón. No es nada inusual: muchos otros lo hacen hasta que se hartan y les viene la náusea del vacío en el que se quedan, muy parecida al desasosiego que los llevó hasta allí.

Son los nuevos desatentos, los más precoces diagnosticados -con frecuencia- de hiperactivos. Legiones de sujetos que tienen una relación con el tiempo y la espera propia de la nueva realidad híbrida y figital (física + digital) en la que habitan. Una realidad en la que la atención (la nuestra) se ha convertido en un negocio y todos somos mineros voluntariosos de esa épica tecnológica.

Como señala Amador Fernández-Savater, en su reciente libro 'El eclipse de la atención' (NED, 2023), nunca estamos a lo que estamos porque siempre estamos más allá. Como en el nuevo nombre de Facebook, Meta.

El éxito de esta propuesta neoliberal no sólo radica en la eficacia de su marketing y sus algoritmos, sino sobre todo en la necesidad humana de evitar el dolor, aumentar la potencia y controlar las constantes vitales. La servidumbre que nos genera la aceptamos con gusto por sus beneficios secundarios: invertimos nuestro tiempo y dinero en gadgets inteligentes y conexiones non stop con la ilusión que esos mundos virtuales gobernados por inteligencias artificiales nos protejan de aquello que el psicoanalista Jacques Lacan llamaba lo real: lo que siempre vuelve al mismo lugar porque no se puede virtualizar.

La angustia, afecto presente hoy en muchas de las consultas, toma formas diversas (autolesiones, suicidios, cuadros depresivos) y es un índice de ese 'real' para el que no existe ningún gemelo digital que pueda velarlo. Lo mismo ocurre con otras manifestaciones ‘reales’ como las amenazas climáticas, los desastres naturales, las guerras y las violencias de todo tipo (de género, xenofobia…), que no tienen inmersión posible en ningún metaverso. Seguirán allí cuando despertemos.

Por eso, conviene recuperar la atención -secuestrada por la llamada economía de la atención en su afán por monetizarla- y vincularla a la presencia física, sin renunciar por ello al uso de lo digital como complemento. Una conexión es un modo de interacción muy de acorde a la época: inmediata y -muchas veces- superficial y efímera.

Un vínculo, en cambio, implica un compromiso, algo que nos liga al otro, sea en las relaciones amorosas, profesionales o sociales. Requiere, por tanto, un tiempo y supone una verdadera confrontación con la alteridad, con aquello del otro que no se reduce a su imagen o su voz proyectadas en una pantalla. El vínculo sólo se genera a través de experiencias reales que comprometen al cuerpo, no sustituible por su avatar.

Los datos recientes de ideas y actitudes misóginas y racistas en un 20% de los adolescentes y jóvenes españoles indican que sólo en el encuentro real y físico con la alteridad (mujer, inmigrante) será posible alojar eso extranjero que cada uno de nosotros rechazamos a pesar de ser tan íntimo: la fragilidad, la pobreza, el miedo, la diferencia.

Lo rechazamos proyectándolo en el otro como si no fuera con nosotros. Realizamos así una operación de exclusión interna: segregar de nosotros mismos lo que no nos gusta e imputárselo al otro que, en su condición extranjera, es designado como portador de la peste, tan familiar, sin embargo, y de la que no queremos saber nada.

Esta lógica segregativa encuentra un soporte eficaz en lo virtual -de allí el interés creciente de los populismos xenófobos en las redes sociales- porque al estandarizar a los sujetos (homogeneización de perfiles) borra lo singular de cada uno. Todo el mundo está en su mundo y en lo virtual las burbujas de odio -que reúnen a personas muy diversas pero unidas en su ‘odio al otro’- son ya un refugio y una base de operaciones que fragmenta el nosotros y deteriora la convivencia social.

La presencia siempre incluye el misterio puesto que hay algo del otro presente que no podemos saber ni controlar. Por eso, nos resulta inquietante compartir el reducido espacio de un ascensor con un extraño o que alguien nos sostenga la mirada en un transporte público. La fantasía de la virtualidad es eliminar el misterio y la sorpresa prometiendo un espacio seguro e incontaminado.

Apostar por preservar la presencia, por el contrario, es confiar en que los encuentros -y la conversación que los vehicula- permitan dar un lugar a cada soledad sin aislarse en esas burbujas de odio. Que esas soledades juntas se contaminen, generen proyectos y lazos colectivos diversos a partir del deseo y la presencia atenta.

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Mi hijo nació siendo literalmente un superviviente, estuvo al borde de la muerte en varias ocasiones; eso nos hizo estar mucho en hospitales y poco en parques. Mi hijo es diferente, tan solo hay 9 personas en el mundo con su misma condición, pero ser diferente nunca supuso un problema para su familia ni para sus amigos; al contrario eso le hace único y especial. Tiene ciertas dificultades, sí, pero poco a poco las vamos superando. Vamos rompiendo barreras.

Él entró feliz a su colegio, iba confiada porque en la guardería estuvo muy feliz e integrado. En pocos días hizo amigos e incluso aprendió nuevas cosas que le otorgaban mayor autonomía; algo tan sencillo como verle coger un tenedor o decir adiós con su manita me hacía llorar de felicidad...es increíble observar cómo los niños aprenden por imitación, cuan importante es el estar rodeado por sus iguales para el correcto desarrollo psicoevolutivo, físico, social y emocional de los niños.

Mi niño va a ser uno más pensé, por fin va a tener la infancia feliz que tanto se merece... Pero no, mi felicidad duro poco. Con horror me di cuenta de que el sistema educativo no se encuentra preparado para la inclusión. Desde el centro me comunican que no cuentan con suficientes recursos humanos, que el elevado censo de alumnado de NEAE hace que no puedan atender a mi hijo como debiera. Me comunican que tan solo en clase de 3 años de infantil hay 9 niños que requieren especial atención, sin contar con el resto de alumnado del centro (infantil y primaria). Me indican que solo hay un PTIs (personal de apoyo) para todo el centro y que mi hijo necesita un profesional con él, ya que no es autónomo: por ejemplo mi hijo no sabe comer por sí solo, y si la profesora atiende a mi hijo, no puede atender al resto...es duro tener la sensación que tu hijo molesta. Mi hijo necesita de un profesional de integración social para que, como su nombre indica, le ayude a integrarse en la sociedad, en su aula, con sus iguales, hasta que él aprenda a ser autónomo... ojalá no tuviera que estar haciendo esta petición, es muy dolorosa.

Creo de corazón en las buenas intenciones de las personas y la política española, en su buen hacer, en la responsabilidad colectiva e individual, así que ruego pongan los medios para que mi hijo y otros tengan una educación equitativa e inclusiva.

A mí como madre se me propone costearme un profesor sombra, y se me pone en la tesitura de que si yo pago al profesional mi hijo puede tener una educación inclusiva en el aula ordinaria, y si no puedo permitírmelo será apartado de sus amigos, y cambiará de modalidad para pasar a un aula específica. Eso no es inclusión, eso es exclusión. Hablamos de la educación y del futuro de mi hijo, de un niño que tan solo tiene 3 años y quiere vivir, lo desea, su lucha personal lo avala. Quiere vivir feliz y en igualdad con sus compañeros.

Desde mi absoluta desesperación grité al cielo y pedí ser escuchada. Inicié una recogida de firmas para haceros llegar mi desesperación. En el camino me encontré con muchas familias con situaciones similares y descubrí que somos muchos con el mismo problema. Los profesionales que cuidan de nuestros niños no pueden más y no por falta de cualificación o dedicación, sino por saturación laboral. No hay medios.

Creo de corazón en las buenas intenciones de las personas y de la política española, en su buen hacer y en su buena praxis, en la responsabilidad colectiva e individual, así que ruego pongan los medios para que mi hijo y otros niños y niñas tengan una educación equitativa e inclusiva.

No se puede hablar de inclusión ni de equidad si no se ponen los medios suficientes y en el caso de mi hijo es un profesional de integración social. Tiene que haber un máximo de ratio de profesionales para que esta situación no se repita. Demos la infancia que se merecen a estos niños; la diversidad, la heterogeneidad, nos nutre como sociedad y como individuos, nos aporta diferentes puntos de vista, nos hace más inteligentes. Pongamos los medios, demos cabida a una educación inclusiva real para que todos y todas podemos nutrirnos de la diversidad.

La Fundación Eurocaja Rural ha cerrado la convocatoria de la segunda categoría de sus 'Ayudas Sociales Frente a la COVID-19', en concreto la relativa a 'Asistencia Sanitaria, Sociosanitaria y Tercera Edad', a la que optan finalmente un total de 73 proyectos.

Las iniciativas presentadas actúan en líneas de trabajo relacionadas con el sector sanitario: servicios sanitarios públicos y privados; Atención Sociosanitaria: la asistencia terapéutica, social, psicológica, de iniciativas que persigan el bienestar de personas dependientes, como la tercera edad, los enfermos crónicos y las personas con alguna discapacidad física, psíquica o sensorial; y Tercera Edad: para centros o grupos de atención a personas de tercera edad, como residencias o centros de día.

Respecto a la procedencia de las entidades que han solicitado estas ayudas, significar que casi treinta de ellas pertenecen a Toledo, dieciséis a Ciudad Real y quince a Albacete, mientras que el resto se ubican en menor medida en Cuenca, Guadalajara, Madrid, Ávila y Valencia.

En los próximos días, la institución hará públicos los proyectos ganadores que serán impulsados con una de estas 'Ayudas Sociales', en total 5 ayudas de 4.000 euros cada una, valorando factores como el número de beneficiarios potenciales; la situación de necesidad del colectivo que se beneficiará de las ayudas; o la viabilidad del proyecto.

Abierto el plazo de ayudas para la Investigación Científica COVID-19

Una vez finalizado el citado plazo, la Fundación Eurocaja Rural tiene actualmente activo el plazo para la categoría 'Investigación Científica Frente a la COVID-19', que concluirá el 31 de octubre. La web habilitada para la presentación de proyectos es https://eurocajarural.fun

Puede presentarse cualquier proyecto relacionado con las categorías señaladas, siempre y cuando el impulsor del mismo tenga su domicilio personal o domicilio social en el ámbito de actuación de Eurocaja Rural (Castilla-La Mancha, Madrid, Comunidad Valenciana, Murcia o provincia de Ávila), o bien, que se vayan a desarrollar en dichos territorios, para beneficiar a los vecinos que peor lo están pasando.

En los meses de noviembre y diciembre, respectivamente, llegará el turno para las dos categorías restantes: 'Empleabilidad' y 'Entorno Rural'. En total, serán 100.000 euros los que se otorgarán por la institución dentro de este programa, con la finalidad de ayudar a quienes más lo necesitan.

Las 'Ayudas Sociales Frente al COVID-19' se enmarcan dentro del programa 'Soluciones Sociales', que Eurocaja Rural presentó hace siete meses para combatir los efectos de la crisis económica, social y sanitaria derivada de la pandemia.

El Consejo Rector del Instituto Municipal de Atención Social (IMAS) de Santa Cruz de Tenerife ha acordado este lunes recuperar este mes el servicio de información y atención telefónica, gracias al que se gestiona la agenda y las citas previas de la ciudadanía con sus recursos.

Esta decisión ha sido adoptada con motivo de la primera reunión de este mandato del Consejo Rector y según detalla en un comunicado la concejal de Atención Social, Marta Arocha, el servicio de atención telefónica se ha adjudicado a Contactel Teleservicio SA por importe de 389.797 euros y un plazo de dos años prorrogables por otros tres.

Marta Arocha afirma que éste es “un asunto prioritario” desde su llegada al organismo autónomo, puesto que el servicio se encontraba sin atención telefónica ni de información por la finalización del contrato desde el anterior mandato.

La concejala recuerda que hasta el momento los usuarios han sido atendidos de forma urgente todos los lunes sin cita, “pero esta situación era necesaria resolverla con urgencia y, por eso, dentro de quince días, una vez se formalice el contrato, el servicio empezará a funcionar con normalidad”.

Con el nuevo servicio de atención telefónica la ciudadanía tendrá a su disposición un canal telefónico no solo de concertación de citas sino también de información sobre los servicios sociales municipales.

Entre otras cuestiones podrá reservar una cita, cancelarla o cambiarla de día, además, recibirá un recordatorio de las mismas a través de email o SMS y tendrá información y orientación por parte de los trabajadores sociales de la red de recursos del municipio.

Marta Arocha subraya que trata de una medida más que se encuentra dentro de la “remodelación” que se está llevando a cabo en todo el servicio de atención a la ciudadanía en el municipio y en el que también tiene un papel destacado la puesta a disposición de la Unidades de Trabajo Social (UTS) de más y mejores instalaciones en las que desarrollar su trabajo.

Durante la celebración de esta primera reunión del Consejo Rector también se procedió a la justificación de diferentes subvenciones con distintas entidades sociales, como la destinada a Nuevo Futuro para el programa de atención a madres en situación de emergencia social.

Según explica la concejala, el objeto del programa es la atención a madres con hijos que se encuentran en exclusión social derivada de la carencia de alojamiento.

Se trata de un piso de emergencia para cuatro o cinco familias y se establece un plan de intervención individual para la mujer y los menores orientado a superar la situación de exclusión.

El Consejo Rector del IMAS está conformado por la presidenta, la concejala del Área de Atención Social, Marta Arocha; el concejal de Servicios Públicos y Bienestar Comunitario, José Ángel Martín; el concejal de Urbanismo, Juan Ramón Lazcano; el consejero delegado, Javier Gutiérrez, así como cinco ediles de los partidos que configuran la oposición.