Una banda azul de pavimento antideslizante recorre las calles de pizarra como un hilo rojo de Ariadna, esa guía que en el mito de Teseo permitía orientarse dentro del laberinto, y que en Pescueza acompaña a quienes ya no pueden confiar en su equilibrio. Se trata, sin duda, de una importante intervención urbana, pero también de un gesto de ternura colectiva, una estrategia organizada para evitar la dependencia y la soledad. En esta localidad cacereña, la vejez ha dejado de ser la antesala de la institucionalización —ese traslado forzoso a una residencia de mayores que rompe los vínculos, desarraiga y convierte el final de la vida en un proceso de separación— para convertirse en el eje de un modelo asistencial que ha devuelto vida, empleo y esperanza a un municipio que se negaba a desaparecer ante la impasividad imperante de las instituciones que siguen aferradas a modelos asistenciales más rígidos y centralizados. Menos humanos.

Y es que envejecer sin abandonar el propio hogar es el corazón del proyecto que ha transformado este pequeño pueblo del Valle del Alagón, donde apenas viven 151 personas y más del 60% supera los 60 años. Aquí, la respuesta al envejecimiento no ha sido desplazar a las personas a las residencias geriátricas más cercanas, sino adaptar el propio entorno para que puedan seguir viviendo donde siempre han vivido, con dignidad, autonomía y la compañía elegida, la que siempre han tenido, dando fondo y forma a este laboratorio de humanidad y demostrando que cuidar también es innovar.

Ese cambio de rumbo en la dinámica de cualquier localidad se materializó en el programa 'Quédate con nosotros', gestionado por la Asociación Amigos de Pescueza, nacida en 2011 con una idea sencilla pero radical: que nadie tenga que marcharse de su pueblo ni siquiera de su casa por hacerse mayor. Desde entonces, Pescueza ha tejido un sistema de cuidados que combina urbanismo adaptado, servicios asistenciales profesionales, participación vecinal y una ética clara: cada persona decide cómo quiere ser cuidada. Aquí no se prohíbe nada. Quien quiere ir a pescar, va. Quien quiere participar en talleres, participa. La libertad no se negocia para que la vida pueda seguir siendo vida y no un sucedáneo. Y para no caer en la temible infantilización que sufren la mayoría de las personas mayores.

A cielo abierto

Y es que Pescueza ha convertido su casco urbano en una especie de residencia a cielo abierto. Pasamanos en las fachadas, viviendas adaptadas, calles accesibles y servicios de proximidad que permiten que vecinos de más de 90 años sigan haciendo vida en su pueblo. Porque el modelo va mucho más allá de la intervención urbana. Se articula en torno a una plataforma integral de servicios que cubre necesidades sociales, sanitarias y emocionales: un Centro de Día municipal con atención sanitaria y actividades socioculturales; un Centro Residencial con una Unidad de Convivencia para diez personas, donde la vida se organiza como en un hogar; ayuda a domicilio y teleasistencia reforzada con sensores de movimiento y sistemas de televigilancia que permiten actuar rápido sin arrancar a nadie de su hogar; talleres de envejecimiento activo, ocio, formación y actividades comunitarias; asistencia jurídica, apoyo en gestiones y acompañamiento emocional; servicios cotidianos como transporte al médico en un coche eléctrico, compras o visitas a otras localidades; e incluso iniciativas que conectan el pueblo con el resto del mundo, como el intercambio de cartas con alumnado de un centro educativo francés.

Todos estos protocolos humanizados se sostienen con el enfoque de Atención Integral Centrada en la Persona, que prioriza la autonomía, respeta los ritmos individuales y rechaza cualquier forma de sujeción física o química. En Pescueza, cuidar es un acto de garantía de derechos, no un simple mecanismo de control.

Pero quizás y por si todo esto fuera poco, lo más interesante y esperanzador es que el proyecto funciona porque todo el pueblo se ha implicado. La Asociación Amigos de Pescueza, con 125 socios y 10 voluntarias y voluntarios, trabaja junto al Ayuntamiento, un equipo profesional de 15 personas —psicología, enfermería, terapia, animación sociocultural, auxiliares— y el apoyo de la Junta de Extremadura, la Diputación y Obra Social Caixa. La corresponsabilidad es la clave: aquí nadie se siente solo porque nadie cuida solo, ni es cuidado solo. La comunidad participa, decide, acompaña. El cuidado se convierte en un asunto global y estructural. Si alguien quiere vivir en su casa y sólo ir a comer con otras personas, se puede. Si quiere que le lleven la comida a casa, también. A cada persona, según sus deseos y necesidades.

Referente de gestión pública

Lo que resulta evidente es que el compromiso y la humanidad no son conceptos abstractos, sino valores encarnados por personas con nombres y apellidos: Cristina Iglesias, Agustina Fernández y José Vicente Granado.

Lo que hace unos años comenzó como una apuesta arriesgada y una visión de futuro dentro del ayuntamiento se ha convertido hoy en un auténtico referente de gestión pública que atrae la atención de todo el país. Este proyecto innovador, lejos de limitarse a una simple reforma local, ha trascendido por completo las fronteras del municipio, transformando de manera positiva la dinámica institucional de la localidad. En la actualidad, sus calles y dependencias municipales viven un constante ir y venir de delegaciones oficiales, técnicos y representantes que llegan con un propósito claro: comprender, aprender y replicar una fórmula de éxito que está revolucionando la gestión del bienestar social y el desarrollo económico.

Para comprender plenamente la magnitud de esta iniciativa, Cristina Iglesias se encarga de desglosar la realidad actual y el día a día de un modelo que ya está completamente consolidado. Según explica Iglesias, el verdadero éxito del proyecto no se mide únicamente en cifras o en indicadores técnicos, sino en el cambio profundo que ha experimentado la calidad de vida en el municipio. Detalla cómo las familias se han beneficiado directamente de los nuevos servicios, cómo se ha dinamizado la economía local y de qué manera se ha logrado fijar población, devolviendo el optimismo a las calles. Para ella, el mayor logro ha sido demostrar que un pueblo puede ser sinónimo de vanguardia y modernidad, logrando que los propios vecinos y vecinas se sientan orgullosos de un sistema público que funciona y que se ha convertido en el auténtico corazón de la comunidad.

Sin embargo, para entender este presente tan brillante es imprescindible viajar al pasado, un capítulo que Vicente Granado rememora con la precisión de quien vivió el nacimiento de una idea desde la absoluta nada. Cuando Granado ocupaba el sillón de la alcaldía (PSOE), lo que hoy genera admiración nacional era solo un boceto cargado de incertidumbres. Según relata el exregidor, el proyecto se puso en marcha en un contexto complejo, caracterizado por la escasez de recursos y el escepticismo inicial de quienes veían la propuesta como algo utópico o demasiado ambicioso para las capacidades del municipio. Granado recuerda aquellas primeras reuniones a puerta cerrada, los intensos debates técnicos para encajar las piezas legales y las largas jornadas dedicadas a tocar puertas en otras administraciones en busca de una financiación que no siempre era fácil de conseguir.

El inicio del proyecto requirió, en palabras del propio exalcalde, una enorme dosis de valentía política y firmeza para no dar marcha atrás ante los primeros obstáculos presupuestarios. Fue bajo su mandato cuando se diseñó la estrategia original, se gestionaron las primeras e imprescindibles subvenciones y se firmaron los convenios pioneros que sirvieron de cimientos. Granado rememora con especial viveza el momento en que se colocó la primera piedra, tanto física como simbólica, de un engranaje que buscaba romper con la inercia del estancamiento local. Para él, sembrar esa semilla requería una visión que superara los réditos políticos inmediatos, y ver hoy que aquel esfuerzo inicial ha florecido de esta manera es la mayor recompensa a los desafíos que marcaron el comienzo de todo.

La consolidación y el crecimiento de este modelo han alcanzado tal envergadura que la agenda institucional del Ayuntamiento se ha visto completamente reconfigurada. En la actualidad, tanto Cristina Iglesias como Vicente Granado trabajan codo con codo junto a la actual alcaldesa, Agustina Fernández, formando un equipo de anfitriones que personifica la continuidad, el relevo y el compromiso institucional del municipio. La expectación que genera su modelo de gestión es tan alta que, prácticamente todos los meses, este equipo se encarga de recibir a comitivas venidas de todos los puntos de la geografía española, coordinando agendas para dar respuesta a una demanda de información que no para de crecer.

Estas visitas abarcan un amplio espectro de la sociedad y la política nacional. Por un lado, alcaldes y alcaldesas de otras localidades de España recorreren el municipio buscando soluciones sostenibles y eficaces aplicables a sus propios territorios, especialmente aquellos que luchan contra la despoblación. Por otro lado, portavoces de diversas asociaciones sectoriales se suman a estos encuentros, atraídos por las sinergias público-privadas y la innovación social que el proyecto ha sabido estructurar de manera pionera. El nexo común entre todos los que viajan hasta la localidad es un diagnóstico idéntico: coinciden en que lo que se ha construido aquí es el verdadero camino a seguir para asegurar el porvenir de sus propias regiones, estudiando sobre el terreno un modelo que ya consideran la hoja de ruta del siglo XXI para garantizar el desarrollo sostenible de sus pueblos y mejorar la calidad de vida de todos sus vecinos y vecinas.

Mejores números

Y gracias a estas personas y otras más, los resultados son más que visibles. Más de sesenta personas han sido atendidas en los distintos servicios, se han creado trece empleos directos en un municipio con escasa población activa y, tras años sin registrar nacimientos, han vuelto a nacer criaturas en el pueblo. La soledad no deseada se ha reducido y la calidad de vida general ha mejorado. En un territorio marcado por la despoblación, Pescueza ha invertido la lógica: reforzar los cuidados como infraestructura básica, no solo como política social, sino como política de territorio.

Y luego están los nombres realmente importantes, los de las protagonistas de esta historia. Herminia Sansón, a sus 87 años, es el alma y la voz del centro de día de Pescueza, convirtiéndose de forma natural en la encargada de atender a los medios de comunicación y responder con soltura a todo lo que le preguntan. Aunque es totalmente independiente, se levanta sola a las siete de la mañana y no necesita cuidados especiales, decidió acudir al centro porque a lo único que le teme es a la soledad, una realidad que aprendió a sobrellevar tras quedar viuda hace 24 años y sufrir la dolorosa pérdida de un hijo. Su casa está en la misma calle del centro, lo que le permite ir y venir a su antojo para disfrutar de actividades como el bingo o la lectura, una de sus grandes pasiones que practica con devoción y sin necesidad de gafas. Herminia, que vivió durante décadas en Barcelona trabajando duro en la limpieza de colegios, despachos y peluquerías, mantiene allí a su única hija; sin embargo, ha encontrado en sus vecinas y en el centro de día a su otra familia. Su vitalidad es tan desbordante que cada fin de semana se va sola a pescar durante un par de horas, aguantando de pie como nadie y regresando al pueblo para repartir peces entre todos, demostrando que la edad es solo un número cuando se tienen ganas de vivir y compartir.

Mientras Herminia es entrevistada, Julián, que no suelta la mano de su pareja Agustina, se ríe y asegura que nunca ha visto a nadie aguantar tanto tiempo de pie como ella. Aun así, él también quiere presumir de su buen estado de forma, recordando que cada día coge su coche para desplazarse y hacer recados. Tiene 94 años y su mujer 96. Casi toda su vida la pasaron en el País Vasco, pero decidieron volver a su pueblo tras jubilarse porque, como dice Julián, la tierra es la tierra. Agustina no tiene ganas de hablar pero la mano suave y arrugada de Julián, le guía por la vida.

Ausencia de marco legal

Sin embargo, no todo es idílico y el proyecto se mueve siempre en un terreno incierto. La falta de un marco legal que reconozca figuras como la del 'pueblo-residencia' obliga a esta iniciativa a competir en desigualdad con el modelo tradicional de residencias geriátricas. En España, el sistema de dependencia se sigue articulado en torno a prestaciones económicas y plazas residenciales, con escaso desarrollo de alternativas comunitarias en entornos rurales. La sostenibilidad del modelo pasa por adaptar la normativa y garantizar una financiación estable que no penalice la innovación social en el medio rural. Desde el municipio se denuncia la falta de un respaldo institucional global y permanente, lo que dificulta consolidar y ampliar el sistema que tiene más que demostrado su éxito.

El futuro del proyecto también depende de implicar a las generaciones intermedias —especialmente entre los 35 y los 65 años— y de consolidar una red profesional formada en este enfoque holístico humanista. Pescueza no está sola: municipios como Romangordo, en la misma provincia cacereña o Boltaña en Huesca, son algunos de los ejemplos que han comenzado a explorar modelos similares en un país que envejece y se vacían sus pueblos. Mientras tanto, Pescueza continúa desarrollando su propuesta, vinculando cuidados, empleo y vida comunitaria. El Festivalino, considerado el festival musical más pequeño del mundo y que ha celebrado su XIX edición en abril, forma parte también de esa estrategia: cultura, cuidados y territorio como herramientas contra el abandono.

Enmienda a la totalidad

Lo que está en juego en Pescueza va más allá de un modelo asistencial. Es una enmienda a la totalidad a la forma en que se han organizado los cuidados en España durante décadas. Frente a un sistema que ha tendido a externalizar la vejez, trasladándola a residencias, muchas de ellas en manos de grandes operadores, este lugar en el mundo plantea que envejecer en casa no es un privilegio, sino un derecho que debe ser garantizado desde lo público y desde lo cercano. La experiencia interpela directamente a las políticas públicas: ¿deben los cuidados organizarse en torno al mercado o en torno a la comunidad?; ¿es más eficiente concentrar o redistribuir?; ¿qué papel deben jugar los pequeños municipios en la arquitectura del Estado del bienestar?

En Pescueza, la respuesta ya está en marcha. No se trata solo de evitar que la gente se marche, sino de construir condiciones para que quedarse sea posible. En un país que envejece y se vacía, cuidar pasa necesariamente por atender pero también por decidir qué modelo de sociedad queremos desarrollar y sostener. Y aquí, en este rincón de Cáceres, esa decisión ha tomado forma de calles y casas adaptadas, puertas abiertas y vidas que continúan donde nacieron: En este último hogar a cielo abierto. Con la dignidad, respeto y cariño que se merecen todas y cada una de las personas que habitan esta tierra.

El PP tombarà finalment una transacció amb què Vox a Balears buscava excloure dels serveis d'atenció primerenca infants de famílies en situació irregular a Balears, un plantejament que ha generat un fort rebuig entre les formacions d'esquerres i les entitats socials.

La formació d'extrema dreta havia presentat la proposta en una de les esmenes dels populars a la llei autonòmica d'acceleració de projectes estratègics, una norma concebuda per agilitzar inversions però reconvertida per PP i Vox en calaix de sastre per modificar, mitjançant mútliples modificacions legislatives, bona part de l'ordenament autonòmic balear. Com denuncien des de l'oposició, les correccions estan provocant la reforma encoberta de més de 50 lleis autonòmiques.

Segons ha explicat aquest dilluns el portaveu parlamentari del PP, Sebastià Sagreras, l'esmena registrada originalment pels populars no modificava els criteris d'accés al servei, sinó que buscava introduir canvis de caràcter administratiu per reduir burocràcia i, més en concret, facilitar la consulta telemàtica de documentació vinculada a l'atenció primerenca.

Posteriorment, Vox va presentar una transacció a aquesta esmena per incorporar nous requisits i limitacions d'accés. Sagreras ha subratllat que les condicions per accedir a aquests serveis estan regulades per normativa estatal i ha assegurat que, “per evitar dubtes”, el PP votarà en contra de la transacció o, si no, retirarà directament la seva esmena.

L'accés a l'atenció primerenca a Balears està regulat pel Decret 85/2010, aprovat durant el segon mandat del socialista Francesc Antich i que organitza la xarxa pública i concertada destinada a menors d'entre 0 i 6 anys amb trastorns del desenvolupament o risc de patir-los. La norma defineix aquest servei com una atenció integral de caràcter preventiu, assistencial i rehabilitador dirigida a nens especialment vulnerables, i estableix que la valoració d'accés ha de basar-se en criteris clínics, evolutius i socials.

“És un servei que atén nens molt vulnerables, nens petits, amb discapacitat o necessitats especials, i creiem que el darrer que necessiten és que es faci soroll polític”, ha afirmat el portaveu popular en la roda de premsa prèvia al ple del Parlament. La qüestió es debatrà aquest dimarts en una nova reunió de la Comissió d'Hisenda i Pressupostos de la Cambra balear, òrgan encarregat d'elaborar el dictamen de la llei de projectes estratègics.

La polèmica ha provocat dures crítiques de l'esquerra, que acusa el PP d'assumir parcialment postulats de Vox i d'haver rectificat únicament després del rebombori social generat per la proposta. El portaveu de Més per Mallorca, Lluís Apesteguia, ha qualificat la iniciativa d'“indecent” i ha sostingut que els populars han fet marxa enrere per l'“escàndol” suscitat entre entitats de l'àmbit social i educatiu.

També el portaveu parlamentari del PSIB-PSOE, Iago Negueruela, ha carregat contra les esmenes pactades entre PP i Vox durant la tramitació de la llei. Negueruela ha acusat el Govern d'“acceptar discursos que ataquen els menors segons el seu origen” i ha denunciat que una altra de les modificacions impulsades elimina el terme “violència masclista” per substituir-lo per “violència contra la dona”, una reivindicació habitual de Vox.

Així mateix, el dirigent socialista ha criticat que el PP hagi incorporat en una altra esmena propostes relatives al sòl rústic que, segons ha dit, contradiuen compromisos previs del Govern sobre els límits a l'increment d'edificabilitat en aquest tipus de terrenys.

A finals d'abril, Vox va presentar una Proposició No de Llei (PNL) per reclamar que els espanyols tinguin preferència en àmbits com la sanitat, l'habitatge o les prestacions públiques sota el concepte de “prioritat nacional”. El Govern del PP va expressar la seva disposició a donar suport a la iniciativa sempre que es plantegi en termes de residència legal i no de nacionalitat, remetent-se a l'acord assolit amb la formació d'extrema dreta per endurir l'accés a determinades ajudes socials.

Aquest pacte contempla exigir un mínim de tres anys de residència legal ininterrompuda a les Balears per poder accedir a la renda social garantida (Resoga), a més de reforçar els mecanismes de control, revisió i reintegrament de prestacions. La modificació suposa un gir rellevant en la principal xarxa de protecció social de la comunitat, en introduir criteris més restrictius que, segons la pròpia argumentació política de Vox, persegueixen frenar l'anomenat “efecte crida”.

El PP tumbará finalmente una transacción con la que Vox en Balears buscaba excluir de los servicios de atención temprana a niños de familias en situación irregular en Balears, un planteamiento que ha generado un fuerte rechazo entre las formaciones de izquierdas y las entidades sociales.

La formación de extrema derecha había presentado la propuesta en una de las enmiendas de los populares a la ley autonómica de aceleración de proyectos estratégicos, una norma concebida para agilizar inversiones pero reconvertida por PP y Vox en cajón de sastre para modificar, mediante múltiples modificaciones legislativas, buena parte del ordenamiento autonómico balear. Como denuncian desde la oposición, las correcciones están provocando la reforma encubierta de más de 50 leyes autonómicas.

Según ha explicado este lunes el portavoz parlamentario del PP, Sebastià Sagreras, la enmienda registrada originalmente por los populares no modificaba los criterios de acceso al servicio, sino que buscaba introducir cambios de carácter administrativo para reducir burocracia y, más en concreto, facilitar la consulta telemática de documentación vinculada a la atención temprana.

Posteriormente, Vox presentó una transacción a esa corrección para incorporar nuevos requisitos y limitaciones de acceso. Sagreras ha subrayado que las condiciones para acceder a estos servicios están reguladas por normativa estatal y ha asegurado que, “para evitar dudas”, el PP votará en contra de la transacción o, en su defecto, retirará directamente su enmienda.

El acceso a la atención temprana en Balears está regulado por el Decreto 85/2010, aprobado durante el segundo mandato del socialista Francesc Antich y que organiza la red pública y concertada destinada a menores de entre 0 y 6 años con trastornos del desarrollo o riesgo de padecerlos. La norma define este servicio como una atención integral de carácter preventivo, asistencial y rehabilitador dirigida a niños especialmente vulnerables, y establece que la valoración de acceso debe basarse en criterios clínicos, evolutivos y sociales.

“Es un servicio que atiende a niños muy vulnerables, niños pequeños, con discapacidad o necesidades especiales, y creemos que lo último que necesitan es que se haga ruido político”, ha afirmado el portavoz popular en la rueda de prensa previa al pleno del Parlament. La cuestión se debatirá este martes en una nueva reunión de la Comisión de Hacienda y Presupuestos de la Cámara balear, órgano encargado de elaborar el dictamen de la ley de proyectos estratégicos.

La polémica ha provocado duras críticas de la izquierda, que acusa al PP de asumir parcialmente postulados de Vox y de haber rectificado únicamente tras el revuelo social generado por la propuesta. El portavoz de Més per Mallorca, Lluís Apesteguia, ha calificado la iniciativa de “indecente” y ha sostenido que los populares han dado marcha atrás por el “escándalo” suscitado entre entidades del ámbito social y educativo.

También el portavoz parlamentario del PSIB-PSOE, Iago Negueruela, ha cargado contra las enmiendas pactadas entre PP y Vox durante la tramitación de la ley. Negueruela ha acusado al Govern de “aceptar discursos que atacan a los menores según su origen” y ha denunciado que otra de las modificaciones impulsadas elimina el término “violencia machista” para sustituirlo por “violencia contra la mujer”, una reivindicación habitual de Vox.

Asimismo, el dirigente socialista ha criticado que el PP haya incorporado en otra enmienda propuestas relativas al suelo rústico que, según ha dicho, contradicen compromisos previos del Govern sobre los límites al incremento de edificabilidad en este tipo de terrenos.

A finales de abril, Vox presentó una Proposición No de Ley (PNL) para reclamar que los españoles tengan preferencia en ámbitos como la sanidad, la vivienda o las prestaciones públicas bajo el contepto de “prioridad nacional”. El Govern del PP expresó su disposición a respaldar la iniciativa siempre que se plantee en términos de residencia legal y no de nacionalidad, remitiéndose al acuerdo alcanzado con la formación de extrema derecha para endurecer el acceso a determinadas ayudas sociales.

Ese pacto contempla exigir un mínimo de tres años de residencia legal ininterrumpida en Balears para poder acceder a la renta social garantizada (Resoga), además de reforzar los mecanismos de control, revisión y reintegro de prestaciones. La modificación supone un giro relevante en la principal red de protección social de la comunidad, al introducir criterios más restrictivos que, según la propia argumentación política de Vox, persiguen frenar el denominado “efecto llamada”.

El reciente anuncio de un acuerdo entre el Instituto Cántabro de Servicios Sociales (ICASS) y los sindicatos UGT, CCOO, SIEP y TU para reforzar las plantillas de los centros de dependencia en la región —que preveía la incorporación de nuevos efectivos para aliviar la carga de trabajo— no ha sido bien recibido por la totalidad del personal público vinculado a este sector. Los trabajadores del Centro de Atención a la Dependencia (CAD) de Laredo no solo consideran la medida insuficiente, sino que la califican como un “parche” que no resuelve su crisis estructural. Por ello se concentrarán este sábado, 9 de mayo, a las 14.00 horas, a las puertas del edificio para reclamar soluciones “reales” ante “la grave falta de personal” que sufre el servicio.

Anjana González, técnica auxiliar del CAD de Laredo, es una de las voces que lidera esta movilización que ha nacido, según subraya, desde la propia base de los trabajadores y no desde las cúpulas sindicales. “Encima de que han firmado menos de lo que se nos ofrecía en primera instancia, no estamos de acuerdo”, explica González en referencia al acuerdo que otorga ocho ‘acúmulos’ más uno en el centro de día, frente a los nueve técnicos sociosanitarios que se habían planteado inicialmente en las reuniones con el ICASS.

'Acúmulos' frente al problema de la temporalidad

El núcleo del conflicto reside en la naturaleza de las contrataciones. Para la plantilla de Laredo, la fórmula del “acúmulo de tareas” es una solución de corto recorrido para un problema crónico. “Lo que necesitamos son efectivos reales, no un 'acúmulo' que sea un parche que me dure seis meses y luego me lo vuelvan a quitar y me encuentre en la misma situación o peor”, ha lamentado González en declaraciones a elDiario.es.

En el argot administrativo, según ha explicado, estos 'acúmulos' sirven para cubrir picos de trabajo, pero no consolidan una plaza estructural o vacante. Mientras tanto, el centro sigue lidiando con bajas y vacaciones que quedan sin cubrir, obligando a los profesionales actuales —unos 71 técnicos y auxiliares de una plantilla total cercana a las 200 personas— a asumir turnos interminables sin respetar los descansos mínimos. “Estamos agotados física y mentalmente”, reza una carta enviada por los trabajadores a los medios de comunicación.

El riesgo añadido de la falta de enfermeras

La situación es especialmente alarmante en el área de enfermería. La falta de estas profesionales está provocando un efecto dominó que pone en riesgo tanto a los trabajadores como a los residentes. Según ha denunciado González, cuando no hay enfermeras disponibles, la responsabilidad de tareas críticas recae sobre el personal auxiliar y técnico sociosanitario, quienes no poseen la cualificación legal para desempeñarlas.

“Es grave. La gente se piensa que es un tema muy sencillo, pero es que un mínimo error puede provocar algo grave”, advierte la trabajadora. González pone como ejemplo reciente una sentencia judicial por homicidio imprudente contra un auxiliar de enfermería en la Comunidad de Madrid por un error en el suministro de medicación, un riesgo que, aseguran, planea sobre su día a día debido a la sobrecarga asistencial.

Actualmente, el CAD de Laredo atiende a 121 residentes permanentes, a los que se suman unos 20 usuarios del centro de día. A pesar de que existen habitaciones vacías que no se ocupan por la falta de personal, la presión sobre las empleadas y empleados no cesa, afectando directamente a la calidad del servicio que reciben los dependientes.

Una protesta unánime de toda la plantilla

Lo que hace singular este conflicto es su carácter asambleario. Aunque cuentan con el asesoramiento legal de sindicatos como CSIF o SUC -que han reclamado también más empleados de servicios en el CAD de Sierrallana y se han negado a firmar el acuerdo del ICASS-, los trabajadores recalcan que la gestión de las protestas es propia. “Esto no ha salido de parte de los sindicatos, ha salido de los trabajadores”, ha insistido Anjana González, señalando que incluso la dirección del propio centro de Laredo apoya sus reivindicaciones ya que “son testigos directos de la falta de efectivos”.

Los trabajadores de Laredo sienten que sus necesidades específicas han sido ignoradas en la mesa de negociación por parte de los sindicatos firmantes (UGT, CCOO, SIEP y TU). “No estamos nada de acuerdo en lo que ha firmado el comité porque no ha tenido en consideración lo que los trabajadores estábamos pidiendo”, ha sentenciado González.

Tras años trabajando bajo mínimos, el objetivo de la concentración de este sábado es dar visibilidad al problema. “Hemos visto el momento de dar un golpe en la mesa”, afirma González. “Ya se ha escuchado nuestro grito de socorro y no vamos a parar hasta que no mejore. No sé a dónde nos llevará todo esto, pero que no vamos a parar lo tenemos clarísimo”, ha añadido.

La movilización de Laredo busca no solo presionar al ICASS para que convierta los “parches” temporales en plazas estructurales, sino también alertar a la sociedad cántabra sobre la precariedad de un sector público que debería ser garante de la dignidad en los cuidados de la tercera edad y la dependencia.

L'Ajuntament de Palma ha reconegut que van existir indicacions polítiques en la decisió de no reforçar el personal de les Oficines d'Atenció a la Ciutadania (OAC) en ple procés de regularització de persones migrants, un fet que diversos funcionaris de l'àrea de Serveis Socials van denunciar la setmana passada en un comunicat. Des del Consistori, governat per PP i Vox, justifica el seu plantejament en la intenció que la resta de serveis que ofereix la corporació municipal no veiessin minvada la seva capacitat d'acció i funcionessin amb normalitat.

Durant la Comissió de Serveis a la Ciutadania celebrada aquest dijous al Consistori, la coordinadora de Serveis Socials de Cort, Patricia Pizà, que va comparèixer a petició d'Unides Podem, va assenyalar que es van donar instruccions des de la direcció política per no reforçar les OAC malgrat l'increment de la càrrega de treball, encara que no va aclarir qui les va donar, tal com informa Diario de Mallorca. En declaracions a elDiario.es, fonts de l'Ajuntament precisen, sense desmentir aquesta informació, que el servei compta amb cinc treballadors i que s'han ajustat els horaris per atendre la demanda, si bé s'ha descartat reforçar-lo en considerar que implicaria desatendre altres àrees.

La decisió hauria respost així, segons la corporació municipal, a un criteri d'organització interna per evitar descompensar altres serveis considerats igualment prioritaris i equilibrar les diferents necessitats del conjunt de la ciutadania.

Segons va explicar a Europa Press el regidor de Més per Palma Miquel Àngel Contreras, qui va ser present a la comissió, Pizà no va respondre a “pràcticament res” durant la seva primera intervenció. Després que els grups municipals de l'esquerra li reformulessin les preguntes, la coordinadora de Serveis Socials va admetre que es van donar -en paraules de l'ecosobiranista-, “instruccions o directrius polítiques” per no reforçar les OAC malgrat l'increment de la càrrega de treball, encara que no va precisar qui les va donar.

En aquest sentit, l'Ajuntament insisteix que continua prestant el servei i tramitant les sol·licituds dins les seves capacitats actuals, alhora que assenyala que el procés de regularització depèn en gran mesura de la planificació estatal.

Des de l'oposició d'esquerres, tanmateix, qüestionen la decisió de no reforçar el servei en aquest context i dóna per acreditades les ordres polítiques de no reforçar les oficines davant l'augment de la demanda derivat de l'expedició d'informes de vulnerabilitat per a la regularització extraordinària de persones migrants.

El dimarts passat, el Govern central va acusar a més el PP de “boicotegar” els tràmits que necessiten els migrants per accedir a la regularització extraordinària impulsada des de la Moncloa impedint que els ajuntaments governats pel partit d'Alberto Núñez Feijóo realitzin les gestions oportunes. En la roda de premsa posterior al Consell de Ministres, la ministra de migracions i portaveu de l'Executiu va assegurar que hi ha “ajuntaments que seguint directrius polítiques del PP estan boicotejant les esperances i els drets” dels migrants.

Els veïns de Palma que esperen el seu torn davant les oficines de l'OAC busquen, en la majoria dels casos, un certificat de vulnerabilitat social. És un dels documents essencials per a qualsevol migrant que vulgui iniciar la seva regularització. El procés va començar el dimecres de la setmana passada després que el Govern aprovés per Reial Decret en l'últim Consell de Ministres concedir permís de residència als extracomunitaris que puguin demostrar arrelament a Espanya i no tinguin antecedents penals.

La nota dels funcionaris assegurava que, davant les cues que començaven a formar-se, “l'equip directiu” de l'OAC va activar “mesures de reforç de personal amb l'objectiu de garantir una atenció adequada i el compliment dels terminis establerts”. Segons continuava el text, aquell mateix matí hi va haver ordres de “no reforçar el servei, deixant tota la gestió d'aquest volum extraordinari en mans únicament de les professionals habituals de l'OAC Social”. 

Poc després que els mitjans rebessin l'escrit dels funcionaris, el batle de Palma, Jaime Martínez, sense fer esment a la nota, va asseverar que “no es pot entrar en aquesta ciutat per la porta del darrere”. Segons les dades aportades en la comissió, i que recull Última Hora, les oficines municipals han rebut ja prop de 4.000 sol·licituds per a l'emissió de certificats de vulnerabilitat, un requisit essencial en alguns casos del procés de regularització. Tanmateix, moltes d'elles encara no han començat a tramitar-se a causa de la manca de recursos humans.

El Ayuntamiento de Palma ha reconocido que existieron indicaciones políticas en la decisión de no reforzar el personal de las Oficinas de Atención a la Ciudadanía (OAC) en pleno proceso de regularización de personas migrantes, un hecho que varios funcionarios del área de Servicios Sociales denunciaron la semana pasada en un comunicado. Desde el Consistorio, gobernado por PP y Vox, justifica su planteamieno en la intención de que el resto de servicios que ofrece la corporación municipal no vieran mermada su capacidad de acción y funcionaran con normalidad.

Durante la Comisión de Servicios a la Ciudadanía celebrada este jueves en el Consistorio, la coordinadora de Servicios Sociales de Cort, Patricia Pizà, quien compareció a petición de Unidas Podemos, señaló que se dieron instrucciones desde la dirección política para no reforzar las OAC pese al incremento de la carga de trabajo, aunque no aclaró quién las dio, tal como informa Diario de Mallorca. En declaraciones a elDiario.es, fuentes del Ayuntamiento precisan, sin desmentir esta información, que el servicio cuenta con cinco trabajadores y que se han ajustado los horarios para atender la demanda, si bien se ha descartado reforzarlo al considerar que implicaría desatender otras áreas.

La decisión habría respondido así, según la corporación municipal, a un criterio de organización interna para evitar descompensar otros servicios considerados igualmente prioritarios y equilibrar las distintas necesidades del conjunto de la ciudadanía.

Según explicó a Europa Press el regidor de Més per Palma Miquel Àngel Contreras, quien estuvo presente en la comisión, Pizà no respondió a “prácticamente nada” durante su primera intervención. Después de que los grupos municipales de la izquierda le reformularan las preguntas, la coordinadora de Servicios Sociales admitió que se dieron -en palabras del ecosoberanista-, “instrucciones o directrices políticas” para no reforzar las OAC pese al incremento de la carga de trabajo, aunque no precisó quién las dio.

En este sentido, el Ayuntamiento insiste en que continúa prestando el servicio y tramitando las solicitudes dentro de sus capacidades actuales, al tiempo que señala que el proceso de regularización depende en gran medida de la planificación estatal.

Desde la oposición de izquierdas, sin embargo, cuestionan la decisión de no reforzar el servicio en este contexto y da por acreditadas las órdenes políticas de no reforzar las oficinas ante el aumento de la demanda derivado de la expedición de informes de vulnerabilidad para la regularización extraordinaria de personas migrantes.

El pasado martes, el Gobierno central acusó además al PP de “boicotear” los trámites que necesitan los migrantes para acceder a la regularización extraordinaria impulsada de las Moncloa impidiendo que los ayuntamientos gobernados por el partido de Alberto Núñez Feijóo realicen las gestiones oportunas. En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la ministra de migraciones y portavoz del Ejecutivo aseguró que hay “ayuntamientos que siguiendo directrices políticas del PP están boicoteando las esperanzas y los derechos” de los migrantes.

Los vecinos de Palma que esperan su turno ante las oficinas de la OAC buscan, en la mayoría de los casos, un certificado de vulnerabilidad social. Es uno de los documentos esenciales para cualquier migrante que desee iniciar su regularización. El proceso comenzó el miércoles de la pasada semana después de que el Gobierno aprobara por Real Decreto en el último Consejo de Ministros conceder permiso de residencia a los extracomunitarios que puedan demostrar arraigo en España y no tengan antecedentes penales.

La nota de los funcionarios aseguraba que, ante las colas que comenzaban a formarse, “el equipo directivo” de la OAC activó “medidas de refuerzo de personal con el objetivo de garantizar una atención adecuada y el cumplimiento de los plazos establecidos”. Según continuaba el texto, esa misma mañana hubo órdenes de “no reforzar el servicio, dejando toda la gestión de este volumen extraordinario en manos únicamente de las profesionales habituales de la OAC Social”. 

Poco después de que los medios recibieran el escrito de los funcionarios, el alcalde de Palma, Jaime Martínez, sin hacer mención a la nota, aseveró que “no se puede entrar en esta ciudad por la puerta de detrás”. Según los datos aportados en la comisión, y que recoge Última Hora, las oficinas municipales han recibido ya cerca de 4.000 solicitudes para la emisión de certificados de vulnerabilidad, un requisito esencial en algunos casos del proceso de regularización. Sin embargo, muchas de ellas aún no han comenzado a tramitarse debido a la falta de recursos humanos .

La Federación Autismo Castilla-La Mancha (FACLM) ha querido visibilizar con testimonios reales las reivindicaciones de las personas con Trastorno Espectro Autista (TEA) y sus familias, pertenecientes al movimiento asociativo, con motivo del Día Mundial de la Concienciación sobre el Autismo, que se celebra cada año el 2 de abril.

En concreto, comparte el testimonio del equipo técnico de la Asociación APACU en Cuenca; de Inés Duque Martín, madre de Leyre Serrano Duque, usuaria en TEA Talavera; y de Belén García, usuaria en TEA Talavera.

Bajo el lema '10 años de estrategia, el reto sigue pendiente', la Federación ha puesto el foco en los retos pendientes, como la coordinación entre sistemas, la atención sanitaria adaptada, la inclusión educativa y el acceso al empleo, centrando el análisis en el desarrollo de la Estrategia de Trastorno del Espectro del Autismo (TEA).

El equipo técnico de APACU en Cuenca advierte así de que, pese a los avances, los centros educativos en esta provincia “no están preparados para garantizar una inclusión real”, señalando la falta de formación específica en autismo y de personal especializado como uno de los principales déficits del sistema.

Muchos casos llegan derivados desde los centros educativos o por iniciativa de las propias familias

En el ámbito sanitario, especialmente en el contexto provincial de Cuenca, el equipo técnico señala que, aunque existen protocolos, “no se aplican de forma efectiva” y que la detección precoz no se realiza mayoritariamente desde el sistema de salud. “Muchos casos llegan derivados desde los centros educativos o por iniciativa de las propias familias”, explica, subrayando además que en muchos casos son las asociaciones las que asumen funciones clave como el diagnóstico y la intervención.

También pone el foco en la ausencia de recursos específicos para el empleo de personas con TEA, especialmente en provincias como Cuenca, donde “los programas existentes están orientados a discapacidad intelectual, pero no al autismo, lo que genera importantes carencias”.

El testimonio de Inés Duque Martín, madre de Leyre Serrano Duque, con 12 años de edad, usuaria en la Asociación TEA Talavera, refleja el recorrido que viven muchas familias desde los primeros indicios hasta el acceso a apoyos especializados.

Explica que cuando Leyre tenía 9 meses, ya notaron que “algo pasaba”, pero desde el sistema sanitario “nos decían que cada niño lleva su ritmo”. No fue hasta su paso por Atención Temprana cuando se mencionó por primera vez el autismo, tras un proceso marcado “por la incertidumbre y la falta de acompañamiento”.

Esta situación “se repite en muchas familias” y subraya el elevado coste económico de las terapias, que en su caso alcanza los 600 euros mensuales. “Las ayudas son insuficientes y hay familias que no pueden permitírselo”, lamenta.

A pesar de ello, destaca el papel clave de la implicación familiar: “No se trata solo del resultado, sino de avanzar poco a poco”. Entre sus principales reivindicaciones, Inés Duque solicita más ayudas, formación especializada y recursos para la vida adulta. “El gran miedo es qué pasará cuando nosotros no estemos”, afirma.

Diagnóstico tardío y barreras en la vida adulta 

Por su parte, Belén García, usuaria en la Asociación TEA Talavera, y primera adulta que llegó a la asociación con diagnóstico tardío a los 30 años de edad, visibiliza la realidad de muchas personas adultas, especialmente mujeres. “Durante años no supe qué me pasaba. Fue en la edad adulta cuando recibí el diagnóstico”, explica, señalando la falta de adaptación de los criterios diagnósticos.

Además, Belén destaca las dificultades en el acceso al empleo y la necesidad de adaptaciones como horarios estables o entornos estructurados, ya que, en su caso, “los tiempos sin actividad me generan mucha ansiedad”. También reclama más oportunidades laborales, facilidades para la vivienda y mayor formación en autismo dentro de la sanidad pública.

En este sentido, pone el foco en una realidad menos visible: la de aquellas personas con TEA que, pese a aparentar mayor autonomía, siguen necesitando apoyos especializados. “Las personas que parecemos más autosuficientes también necesitamos terapias, que además son costosas, y cuando falta el apoyo familiar la situación se vuelve muy complicada, con un importante sentimiento de soledad”, subraya.

Desde la Federación Autismo Castilla-La Mancha se insiste en la necesidad de traducir los compromisos de la Estrategia Espectro Autista (TEA) en recursos concretos que garanticen una atención integral a lo largo de todo el ciclo vital.

“El reto sigue pendiente”

Los testimonios reflejan avances en concienciación, pero también importantes carencias en la práctica. En este contexto, el Día Mundial de la Concienciación sobre el Autismo recuerda que “el reto sigue pendiente” y que “solo mediante coordinación, inversión y escucha activa será posible avanzar hacia una inclusión real.

En el acto institucional celebrado el pasado 25 de marzo en Toledo, Cristina Gómez, presidenta de la Federación, reclamaba “avances reales” en la Estrategia de Trastorno del Espectro del Autismo, aprobada en 2016, porque “la estrategia existe, pero sin recursos ni coordinación no se traduce en mejoras reales”.

Además, subrayaba la falta de un registro oficial que permita dimensionar con precisión la realidad del autismo en la región. Actualmente, se estima que alrededor del 1% de la población tiene autismo, lo que supondría cerca de 21.400 personas en Castilla-La Mancha.

La consejera de Bienestar Social, Bárbara García Torijano, ha avanzado que el Gobierno regional pondrá en marcha siete nuevos centros de Atención Temprana para menores en Castilla-La Mancha a lo largo de 2026 gracias a una inversión total de 12,8 millones de euros y una ampliación de plantilla que permitirá la contratación de hasta 413 profesionales.

Los nuevos centros estarán en Marchamalo (Guadalajara), Argamasilla de Calatrava (Ciudad Real), Sonseca (Toledo), y la comarca de los Montes de Toledo, así como en los hospitales de Cuenca, Guadalajara y Alcázar de San Juan, hasta sumar un total de 76 recursos en Castilla-La Mancha.

La consejera ha recordado la importancia que tiene este servicio “tan necesario para niños y niñas con dificultades de aprendizaje” y su papel de acompañamiento para las familias “en momentos muy difíciles” durante los primeras años de vida de esos pequeños.

En este contexto la titular de Bienestar Social ha explicado que ya se han superado los 8.000 niños y niñas atendidas en la Comunidad Autónoma con un incremento presupuestario “significativo” que permitirá superar los 70 recursos en el ejercicio 2026. “De esta manera se amplía este servicio de atención universal, gratuito y sin lista de espera, que además se ha ampliado hasta los seis años si se avala con la prescripción de profesionales”, ha recalcado.

“De esta manera, se cumple una proyección muy positiva a lo largo de los últimos 10 años, acorde con el compromiso del presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, para ofrecer unos servicios pioneros y de vanguardia en la atención temprana a los niños y niñas con dificultades de aprendizaje”, ha concluido.

Por segunda vez consecutiva, el Ayuntamiento de Sevilla ha celebrado este jueves un pleno sin público después de que su presidente, Manuel Alés (PP), ordenara su desalojo al producirse una cuarta interrupción por parte de trabajadores municipales protestando por su situación laboral. El momento que resume lo ocurrido lo ha protagonizado una mujer que se ha negado a marcharse, se ha tumbado en el suelo y ha sido sacada en volandas por la Policía Local.

Esta mujer es Ángeles Casares, delegada sindical de CGT, y pese a lo que parecía inicialmente no estaba allí para protestar por la privatización de la limpieza de los colegios (que capitalizó las protestas de la mañana, con manifestación incluida) sino por la situación del sector de ayuda a domicilio. El colectivo lleva varios años en lucha con el Ayuntamiento, en 2024 llevó a cabo una acampada de 36 días frente a la casa consistorial y, básicamente, reclama la municipalización del servicio para mejorar las condiciones tanto de los usuarios como de los propios empleados.

En la mañana de este jueves, Casares accedió tarde al salón de plenos, primero porque se abarrotó (acudió mucho público por asistir a la aprobación de nuevos nombres en calles de la ciudad) y segundo porque el sistema de acreditación y acceso es premioso. Nada más entrar, y antes de ocupar un asiento, se mantuvo unos instantes en pie para quitarse el abrigo y ponerse la bata de trabajo en la que lucía en la espalda su mensaje: SAD SOS, donde SAD es el acrónimo de servicio de ayuda a domicilio. El presidente del pleno, por cierto, le conminó a sentarse.

El PP endurece su postura

Cuando lo hizo, se encontró con algo que no esperaba. El gobierno de José Luis Sanz (PP) ha decidido endurecer su postura en cuanto a las protestas en el pleno, ya que considera que afectan al normal funcionamiento de las sesiones. Por eso, el miércoles emitió una circular de la que dio cuenta en la junta de portavoces: el presidente, Manuel Alés, se reserva a su criterio el “desalojo íntegro” de todo el público si lo estima oportuno. Cuando Ángeles Casares entró, ya se habían producido tres desalojos de trabajadores clamando contra el gobierno local, y nada más sentarse se produjo un cuarto incidente, por lo que se decretó la expulsión de todos los presentes.

“No me dio tiempo ni a protestar para lo que iba”, señala Casares, que no llevaba ni pancarta porque la portaban compañeras que estaban todavía acreditándose para entrar en el Salón Colón. “Cuando me dijeron que me tenía que ir les respondí que era injusto y me tiré al suelo boca abajo y con los brazos en cruz, para que se viese lo de SAD SOS”, lo que llevó a los agentes a preguntarle si es que había sufrido un desvanecimiento.

“La Policía fue muy respetuosa en todo momento y, cuando les dije que no era un desmayo, me invitaron a levantarme”, a lo que respondió que no porque lo consideraba una injusticia y porque “cada vez se permite menos la protesta en el Ayuntamiento”. Los agentes le advirtieron de que si no se levantaba estaban obligados a transportarla, lo que acabó ocurriendo.

Municipalizar el servicio

Eso sí, cuando la sacaron del salón de plenos (del que se cerró la puerta para que no accediera más el público), volvió a tumbarse en el suelo. Los policías le pidieron de nuevo que depusiera su actitud, porque de lo contrario la tendrían que multar. Ahí ya se levantó, porque dice que la cosa no está para bromas: “Nuestro salario base es de 1.143 euros, por debajo del Salario Mínimo Interprofesional del año pasado”, algo que a corto plazo no tiene visos de que vaya a cambiar porque el convenio está caducado y se augura una negociación larga.

Casares pertenece a la empresa Zaintzen y reclama que el servicio de ayuda a domicilio vuelva a ser municipal, lo que choca con la realidad de un Ayuntamiento que “contrata con multinacionales” pese a las constantes protestas por las condiciones laborales. De paso, denuncia que el actual alcalde “nos ha engañado”, ya que acabaron con su acampada por la promesa de un estudio de viabilidad de su demanda del que siguen sin tener noticias.

En cuanto a los desalojos, el pleno que aprobó el presupuesto local el pasado 29 de enero fue en el que por primera vez se expulsó a todo el público, ante la sucesión de protestas por la privatización del servicio de limpieza de los colegios. La circular aprobada por el presidente señala que tanta interrupción “hace imposible” que los concejales afectados “puedan articular un discurso y vulneran su derecho a expresar libremente su posición”.

Potestad de “desalojo íntegro”

“Como ha podido comprobarse, la garantía del normal desarrollo de las sesiones plenarias no llega a producirse con la reiteración de las interrupciones motivadas por las intervenciones del público seguidas del correspondiente desalojo”, sostiene el documento. Por ello, ha decidido que esta situación dará lugar al “desalojo íntegro” del público, para lo que Manuel Alés apela al artículo 33,1 e) del Reglamento Orgánico de Organización y Funcionamiento del Pleno, que atribuye al presidente “velar por el normal desarrollo de las sesiones plenarias, adoptando cuantas medidas sean procedentes para la consecución de este objetivo”.

El reglamento ya establece que el público asistente no podrá intervenir, hacer manifestaciones o actuaciones, exhibir pancartas, escritos o análogos que alteren el orden de la sesión, pudiendo la Presidencia proceder a expulsarlos. Esto ha sido lo normal hasta la fecha: se advertía y, si continuaba la protesta, se desalojaba al protagonista. Ahora se reserva la opción de proceder igual con todos los presentes, estén quejándose de algo o no.

Ángeles Casares lamenta que, cuando se tiró al suelo, estaba en el uso de la palabra el delegado de Urbanismo, Juan de la Rosa (PP), que ironizó con la situación: “Espero que la señora se recupera, creo que es la segunda o la tercera vez que se desmaya en el pleno”, en referencia a un desvanecimiento que sufrió de verdad hace un tiempo. Y es que su colectivo acude a todos los plenos a denunciar su situación, y Casares asegura que piensan seguir haciéndolo. “Si ahora salen con éstas, tendremos que echarle imaginación y hacer otras cosas, pero vamos a seguir protestando”.

El Ayuntamiento de Logroño está poniendo en marcha una nueva organización de la ayuda a domicilio con un enfoque pionero que busca mejorar la personalización de la atención al usuario. El nuevo modelo, denominado Servicio de Ayuda a Domicilio de Proximidad, supone una reorganización de los recursos para que las personas usuarias sean atendidas por un equipo estable de auxiliares que se ocupan de un mismo grupo de domicilios con mayor continuidad de personal y un área de desplazamientos más reducida.

Logroño se convierte con esta nueva organización del servicio de ayuda a domicilio (SAD) en una de las ciudades pioneras en la implementación de este cambio de modelo, que también es conocido de forma coloquial como ‘superislas’.

El alcalde de Logroño, Conrado Escobar, ha destacado que “con este nuevo modelo somos sensibles a una de las demandas más habituales de los usuarios: reducir en la medida de lo posible el cambio de auxiliares que les atienden. Podemos decir que este nuevo servicio de proximidad no sólo va a propiciar que esto sea posible, sino que supone un auténtico cambio en el concepto del recurso: el paso de una atención centrada en la organización del servicio a una atención centrada en la persona, en cada una de las 2.030 personas que son usuarias del recurso”.

El nuevo SAD de proximidad de Logroño se organiza de forma que las personas usuarias sean atendidas por un mismo equipo de auxiliares de ayuda a domicilio independientes en la toma de decisiones, que se autogestionan con apoyo de una profesional de coordinación y se moverán entre un número determinado de domicilios con desplazamientos cortos. “Son equipos estables, cercanos, que conocen a los usuarios y cuidan sus vínculos y centrados en el bienestar de la persona cuidada y del cuidador”, ha subrayado el alcalde.

Cada equipo de cuidados del SAD de proximidad lo componen alrededor de diez profesionales específicamente formadas en las necesidades de las personas que atienden, que reconocen su singularidad y potencian sus capacidades. Este equipo está en constante coordinación con la coordinadora de su empresa y con las trabajadoras sociales del Ayuntamiento. Además, se ha dotado a la totalidad del equipo de nuevas aplicaciones y móviles de trabajo para favorecer una mejor gestión del servicio.

En función de la tipología de atención que se precisa según los usuarios de cada lote, cada equipo atenderá a 36 familias en el caso del lote 1, a 25 familias en el caso del lote 2 y a 62 familias en el caso del lote 3. Lógicamente, el número de profesionales que los compondrán será proporcional al tipo de atención que hay que desarrollar en cada caso.

El alcalde ha destacado que “este nuevo modelo está suponiendo un esfuerzo importante de reorganización del servicio, que agradecemos al equipo de profesionales que lo están llevando a cabo. La contrapartida es que todo ese esfuerzo se traducirá en una mejor atención de las personas usuarias, más personalizada, con una mayor potenciación de su autonomía y una mejora de la percepción de confianza y de conocimiento de sus singularidades por parte de usuarios y sus familias. Desde el lado de los profesionales, redundará en una mayor estabilidad y fidelización de los equipos, una optimización del tiempo y una mejor valoración de su tarea profesional. Es decir, va a resultar beneficioso tanto para las personas cuidadas como para quienes las cuidan”.

Zonas de implantación y extensión del modelo

El nuevo modelo, sobre el que se realizaron reuniones informativas con familias y personas usuarias en septiembre, se está poniendo en marcha inicialmente en tres zonas de la ciudad, una por cada uno de los lotes que componen el contrato del servicio, que están gestionados por la empresa ‘Domusvi’. La previsión es que, una vez se vaya optimizando el modelo en dichas zonas, se extienda de manera progresiva a toda la ciudad.

La primera de estas zonas iniciales incluye las calles situadas detrás del Ayuntamiento: Paseo de la Constitución, Congreso, El Coso, Avenida de Navarra, San Bernabé, Capitán Gaona, Rodancha, Muro de Cervantes y San Mateo. La segunda de las zonas comprende el barrio de Varea. Completa la terna el área de los alrededores de la antigua estación de autobuses, las vías Pío XII, Avenida de España, Belchite, Galicia, Pino y Amorena, Oviedo, Ingeniero de la Cierva, además del parque del Carmen.

Un servicio con 2.030 personas usuarias

El Servicio de Ayuda a Domicilio del Ayuntamiento de Logroño atiende en la actualidad a 2.030 personas, en su mayor parte (1.820) en situación de dependencia. Se prestan 11.700 horas semanales de atención por parte de 420 auxiliares que desempeñan su labor a lo largo de toda la semana.

Se trata de un servicio que en los últimos años ha tenido un crecimiento exponencial tanto de personas usuarias como de profesionales que lo atienden. De lunes a viernes, la prestación se organiza en hasta cuatro turnos diarios; con todo, hay labores que se atienden también en fines de semana y festivos.

Además de la labor de los auxiliares, el servicio incluye apoyos técnicos tanto en la parte sociosanitaria (terapeuta ocupacional, apoyo psicológico) como en otras asistencias (ayudas técnicas, limpiezas extraordinarias o comidas a domicilio).

El servicio completo tiene un coste anual para el Ayuntamiento de Logroño que asciende a 10.328.313,08 euros sumando los tres lotes en que se distribuyen los contratos. En la financiación de dicho importe, el Ayuntamiento cuenta con una subvención de 4.500.000 euros del Gobierno de La Rioja.

Desglosando esos importes por hora de servicio, el coste efectivo por hora de atención para el Ayuntamiento asciende a entre 20,27 y 21,62 euros si es en laborable y a entre 25,07 y 26,93 euros si es en festivo (la mínima diferencia va en función del lote en el que se incluye cada caso). Para los usuarios, se establece una escala de precios en función de sus ingresos, de la que resultan importes de entre 0 y 10,40 euros por la hora.

Perfil de las personas usuarias

Por lo que respecta al perfil de las personas usuarias del servicio, la concejala de Servicios Sociales, Patricia Sáinz, y la jefa de sección de Familia, Ana Campos, han concretado que en su mayor parte son personas mayores o con discapacidad con reconocimiento de su situación de dependencia.

Además, se han referido a otros tres perfiles que reciben una atención específica del sevicio. Por un lado, se trabaja con familias en situación de desprotección de menores, con una atención que llega a más de 40 familias. También a personas en situación o riesgo de exclusión, con apoyos personales, domésticos o de terapeutas, una ayuda que llega a unas 50 personas usuarias.

Por último, se han referido a un nivel adicional que aporta el servicio en el caso de Logroño con una importante vocación preventiva: la atención a personas mayores que, sin tener reconocimiento de dependencia, se detecta que son vulnerables a situaciones de aislamiento, soledad o de falta de autonomía personal, perfil en el que se atienden a en torno a 100 personas.

El Gobierno de Navarra ha anunciado que impulsará un paquete de medidas destinadas al refuerzo “la gobernanza democrática y la confianza ciudadana en las instituciones”, siguendo la “línea” dell Plan de Acción para la Democracia Europea de la Comisión Europea. Así lo ha anunciado el vicepresidente primero y consejero de Presidencia e Igualdad, Félix Taberna, que ha señalado que el plan de acción “busca responder a los desafíos para el sistema democrático identificados por la sociedad europea”.

El plan, estructurado en seis ejes de trabajo, incluye iniciativas para fomentar la participación ciudadana, con la creación de redes y consejos de participación, la promoción de la transparencia mediante una nueva Ley Foral y el impulso del acceso a la información pública, así como la consolidación de mecanismos de rendición de cuentas y auditoría ciudadana. Además, se refuerzan las políticas de ética pública y lucha contra la desinformación, con programas de alfabetización mediática y acuerdos con organismos europeos. Se plantean también medidas de mejora de la atención ciudadana, especialmente en el ámbito rural y en materia de igualdad de oportunidades, a fin de garantizar la cohesión social y el equilibrio del territorio.

Según el documento presentado el jueves pasado en el Parlamento foral, el Gobierno de Navarra plantea seis ejes para ahondar en la mejora de la participación ciudadana, la transparencia orientada a la ciudadanía, la rendición de cuentas, la ética pública, la lucha contra la desinformación y la atención ciudadana.

Entre las medidas para fomentar la participación ciudadana, destaca la aprobación del II Plan de Gobierno Abierto para promover procesos de participación ciudadana y social, la creación de una red de personas y entidades interesadas en dinamizar este tipo de iniciativas, la consolidación del Consejo Navarro de Participación Ciudadana y la creación este año del Consejo de Participación de niños, niñas y adolescentes, un órgano permanente de consulta para que opinen y formulen propuestas sobre las políticas públicas que les afectan. En este eje de trabajo se contempla igualmente el fomento de las encuestas ciudadanas, a través de la Oficina de Análisis y Prospección.

Se prevé también seguir potenciando la participación de las mujeres en una gobernanza democrática e igualitaria a través de plataformas como el Foro Mujeres Políticas, así como desplegar medidas de evaluación de la aplicación real de la Ley Foral de Participación Democrática de Navarra.

Asimismo, el Gobierno de Navarra impulsará este año una nueva Ley Foral que regule el voluntariado, considerado un importante motor de cambio social que necesita actualizar su marco normativo y dar cabida a nuevos modos de voluntariado digital o corporativo. A este respecto, se seguirá desplegando el III Plan de Voluntariado de Navarra 2024-2027.

En lo que se refiere al refuerzo de la transparencia orientada a la ciudadanía, se impulsará una nueva Ley Foral de Transparencia para reforzar el modelo y consolidar el derecho ciudadano de acceso a la información. Se revisará, además el portal de Gobierno Abierto para mejorar la accesibilidad a la información pública. El objetivo es poner a disposición de la ciudadanía nuevos grupos de datos a través de Open Data Navarra, un servicio que se quiere desarrollar a nivel municipal. Se regulará también mediante Orden Foral el catálogo de publicidad activa, que es la información que las instituciones tienen obligación de publicar por ley.

A lo largo de estos próximos dos años se implementará el I Plan de la Alianza Mundial de Gobierno Abierto – Open Government Partnership (OGP), con el compromiso de promover una mayor y mejor participación ciudadana, especialmente en el diseño de los servicios públicos, y una comunicación más clara de los asuntos públicos. Cabe recordar que Navarra fue seleccionada en 2024 para formar parte de esta organización, que fue creada por el expresidente Barack Obama y otros líderes mundiales para fortalecer las democracias a través de la participación, colaboración y transparencia.

El tercer eje de trabajo se centra en la rendición de cuentas. Por primera vez en su historia, este año el Gobierno de Navarra ha llevado a cabo un ejercicio de rendición de cuentas a la ciudadanía para evaluar y comunicar el grado de cumplimiento de los 347 compromisos adquiridos en su Acuerdo Programático 2023-2027. Este proceso responde a la creciente demanda social de información clara y accesible sobre la gestión pública. Además, se trabaja en la implementación del Plan Director de Evaluación de las Políticas Públicas.

En lo que se refiere al fomento de la ética pública, el Gobierno de Navarra colaborará con la Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción en la elaboración del reglamento que regule los Grupos de Interés. Además, desplegará el buzón interno del informante, un canal para denunciar posibles infracciones u omisiones en procedimientos de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra. A través del mismo, se podrá presentar información sobre posibles infracciones de las que se haya tenido conocimiento en un contexto laboral o profesional del ámbito de la Administración de la Comunidad Foral, ya sea por acción u omisión. Asimismo, el Ejecutivo Foral prevé llevar a cabo una actualización de sus códigos éticos y de buen gobierno.

El quinto eje se centra en la lucha contra la desinformación, con iniciativas para impulsar la alfabetización mediática de la ciudadanía mediante diferentes programas y proyectos europeos. Destaca la suscripción de un convenio de colaboración en el marco del Observatorio Ibérico de Medios Digitales, Iberifier.

El Gobierno de Navarra mantendrá además su apoyo y compromiso con el Reglamento Europeo de Libertad de Medios de Comunicación en lo que se refiere al impulso de medidas para garantizar la transparencia, la independencia, el pluralismo y la protección del derecho a la información. En esta línea, este año realizará un análisis de los discursos de odio en Navarra en las distintas redes sociales y en los comentarios de medios de comunicación digitales, a fin de evaluar y promover propuestas de mejora.

El sexto eje de trabajo se centra en la mejora de la atención ciudadana, con medidas como la reciente puesta en marcha de la nueva oficina móvil de atención ciudadana, concebida para acercar la atención presencial a las poblaciones rurales de menos de 20.000 habitantes. Se impulsarán también nuevos canales de interacción y atención y clarificará los contenidos y el modo de uso de los ya existentes, en una apuesta decidida por la comunicación clara y accesible.

El Ejecutivo foral reforzará además las medidas de atención inclusiva y especializada. A este respecto, tendrá un papel clave la nueva Junta Arbitral de Igualdad de Oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal, que se encargará de resolver posibles quejas y reclamaciones planteadas por personas con discapacidad en el ámbito de la Comunidad Foral. Cabe recordar que en la actualidad hay más de 36.000 personas con discapacidad que residen en Navarra.

Este organismo ofrecerá intermediación a las partes implicadas para que, de manera voluntaria, puedan alcanzar un acuerdo que ponga fin al conflicto de una manera más rápida, eficaz y económica que lo que puede ser la vía judicial ordinaria. En caso de que no haya acuerdo, se procederá a un laudo arbitral. Las resoluciones alcanzadas en esta Junta Arbitral tendrán carácter vinculante y ejecutivo.

European Democracy Action Plan

El European Democracy Action Plan o Plan de Acción para la Democracia Europea es una iniciativa adoptada desde la Comisión Europea en 2020, con el objetivo de reforzar la resiliencia de las democracias del ámbito comunitario frente a los desafíos actuales.

Para completar su plan y profundizar en estos objetivos, la Comisión presentó en 2023 un paquete de medidas en defensa de la democracia, que respondían y planteaban soluciones a las principales amenazas. En 2024, España, como Estado miembro de la Unión Europea, se adhirió a este compromiso desde la formulación de su propio plan.

Hay además ya previstos en la agenda navarra dos eventos de alcance nacional que contribuirán a la reflexión colectiva en torno a aspectos clave de la gobernanza democrática: el 24º Congreso Estatal del Voluntariado, cita de carácter anual promovida por el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 que se celebrará los próximos 26 y 27 de noviembre en Pamplona / Iruña, y el Encuentro Nacional de Datos Abiertos, que acogerá Navarra en 2026 en reconocimiento a su liderazgo en la cultura del Open Data.

El alcalde de Logroño, Conrado Escobar, ha presidido este martes una nueva reunión de la Mesa contra la Pobreza en la que se han analizado los datos con los que se ha cerrado la campaña de atención a la población temporera 2024, que ha registrado un total de 3.375 pernoctaciones, ligeramente por debajo del año anterior. En la misma reunión, se han planteado también los resultados de la última campaña de ola de frio y la valoración que se hace de su nuevo criterio basado en la previsión de temperaturas mínimas y que, dados los buenos resultados, se va a mantener en la gestión del recurso.

Ola de frío: 92 personas atendidas en 2023

En la reunión, también se analizan los datos de la última campaña de ola de frío 2023-2024, como punto de referencia que, dada la positiva experiencia recogida en su primer año de implantación, se mantendrá con la misma operativa. Y es que, en la última campaña se puso en marcha un sistema con nuevos criterios para abordar la atención a las personas en la calle, basado en la previsión de temperaturas mínimas y que se activan siempre que éstas sean iguales o inferiores a 5º o superiores a 23º, independientemente del mes en el que se produjeran.

“La valoración que los técnicos han hecho de este nuevo planteamiento ha sido muy positiva -ha destacado la concejala de Servicios Sociales, Patricia Sáinz- en tanto que ha mejorado la eficacia real del recurso, con una activación efectiva de las plazas del Centro Municipal de Acogida (CMA) y del Proyecto Alasca en una franja de fechas mucho más amplia en días en los que era realmente necesario y que, con el planteamiento anterior, se hubieran quedado fuera del programa”. Sáinz ha concretado a este respecto que en la última campaña hubo que activar este recurso durante 14 días en el mes de abril y 2 días más en mayo.

En concreto, el protocolo se activó en diferentes días entre noviembre de 2023 y mayo de 2024. Del total de 77 plazas municipales que se disponen entre los dos recursos mencionados, no se cubrió la totalidad en ningún día, por lo que se pudo prestar alojamiento en todos los casos en los que se demandó. En cuanto al grado de convivencia, no se han registrado incidentes de gravedad.

Por lo que respecta al perfil de las personas usuarias de este recurso, se han atendido a 92 personas diferentes, de las que 36 eran de nacionalidad española y 56, de otras nacionalidades. En su mayor parte, 81 usuarios, eran hombres y en 11 casos, mujeres. En cuanto a fechas concretas, el día en el que se registró mayor número de usuarios fue el 19 de diciembre, con 14 personas alojadas.

Y además, en la Mesa contra la Pobreza también se han analizado los datos de las personas temporadas alojadas en la última campaña. En el caso de la atención a la población temporera, en la última campaña se habilitaron 3.375 pernoctaciones, con un ligero descenso del 5% respecto a la del año anterior, porcentaje que se mantiene también si se analiza la media de ocupación del dispositivo, que este año se situó en 112 personas. Otros datos registrados apuntan a una mayor estabilidad en los usuarios del servicio, por el que pasaron 553 personas distintas (frente a las 812 de 2023) con una estancia media por persona que aumenta de 4 a 6 días. La mayor parte de esas 553 personas fueron varones, con sólo 9 mujeres usuarias; por otra parte, 524 de esas personas fueron de origen extranjero.

La valoración que se hace desde el servicio es que el dispositivo ha funcionado con normalidad, atendiendo a las necesidades básicas de las personas usuarias y sin incidencias reseñables. El aforo del alojamiento se completó sólo 6 días, muy por debajo del año anterior. Los datos recabados indican que la mayoría de las personas estuvieron trabajando parcial o totalmente durante la campaña.

Consolidada la cobertura de las necesidades básicas que presenta el colectivo atendido, se ha valorado como muy positiva la introducción de algunas mejoras que se ha realizado en el último año, como ha sido el caso del servicio de wifi, que han contribuido a mejoras significativas en la estancia de los usuarios, favoreciendo su empleabilidad y su bienestar emocional, al mejorar el contacto con su entorno y la socialización de los momentos de ocio.

El alcalde, Conrado Escobar, ha destacado que, más allá de la progresiva mejora de los servicios, “lo más destacable es el trato humano que se les dispensa, desde un servicio médico cuando pueda ser necesario hasta la escucha, intérprete cuando lo precisan, todo ese tipo de circunstancias que rodean un alojamiento y que muchas veces se producen en circunstancias climatológicas adversas”.

Escobar ha recordado también que “estos recursos temporales ofrecen alojamiento a personas que buscan trabajo y en ese sentido no podemos olvidar que la obligación fundamental del alojamiento recae en el empresario que contrata. Nosotros damos acogida a todo aquel que lo necesita y así lo vamos a seguir haciendo, pero es bueno tener presente dónde recaen las necesidades de cada uno”.

En la Mesa contra la Pobreza participan técnicos del Ayuntamiento, representantes de Cruz Roja, Cáritas, Cocina Económica, Banco de Alimentos, Universidad de La Rioja, así como los portavoces de los distintos grupos municipales del Consistorio.  

La consejera de Salud y Políticas Sociales, María Martín, y el alcalde de Logroño, Conrado Escobar, han ratificado este viernes el convenio de colaboración por el que el Gobierno de La Rioja contribuye a financiar programas de carácter social que desarrolla el Ayuntamiento logroñés. Un acuerdo por un importe de 5,3 millones de euros, lo que supone un incremento de 3,7 millones de euros respecto al año pasado.

En este aumento del 42,92% destaca la partida destinada a sufragar gran parte del coste del Servicio de Ayuda a Domicilio, que pasa de 3.037.500 a 4.500.002 euros. Un modelo de apoyo para que personas dependientes o con dificultades sociales puedan continuar residiendo en sus hogares y por el que apuestan el Gobierno de La Rioja y el Ayuntamiento de Logroño, tal como han manifestado la consejera y el propio alcalde.

Como ha explicado la consejera de Políticas Sociales, estas partidas suponen una previsión de gasto para hacer frente a las posibles necesidades que puedan ir surgiendo en el seno de las familias logroñesas. Unos fondos dirigidos a evitar la exclusión social, a cubrir servicios básicos y también situaciones sobrevenidas y que ponen un especial énfasis en la protección de los menores. Se potencian, además, actuaciones que atienden a las familias desde un punto de vista psicosocial.  

“La colaboración entre el Gobierno y los ayuntamientos es, en este sentido, muy estrecha, con todos los recursos que conjuntamente podemos ofrecer en esta red básica de apoyo social de primer nivel que buscar seguir avanzando sin dejar a nadie atrás”. 

Por su parte, el alcalde de Logroño, Conrado Escobar, ha agradecido el apoyo del Ejecutivo regional y ha destacado que “se trata de la mayor aportación de los últimos años, lo que nos va a permitir aumentar las políticas sociales y ayudar a las familias, nuestro principal objetivo”.

“Me gustaría poner el acento en un aspecto, la dignidad de las personas que necesitan estos servicios; estamos mejorando los recursos que dedicamos a la atención social para que sea una herramienta eficaz, destinada a garantizar esa dignidad que todos merecemos”, ha expresado Escobar, quien se ha referido a que, desde el Ayuntamiento, “trabajamos para que los servicios sociales no sean un mero catálogo de prestaciones y humanizar estos servicios, de forma que se ponga la atención en lo que cada familia, cada persona, necesita”.

Una mayor financiación, ha aseverado Escobar, “nos permite aumentar las intensidades, es decir, incrementar los horarios y las prestaciones en los diferentes niveles de atención en el Servicio de Atención a Domicilio (SAD), pudiendo atender durante más tiempo a los que más lo necesitan”. Según sus datos, “con el incremento presupuestario, se pueden ampliar las horas de otras prestaciones complementarias, como el ‘Respiro’, que financiamos en su totalidad, destinado a sustituir al cuidador durante unas horas al día”.

Además, Escobar ha indicado que “estamos también ofreciendo un servicio más individualizado, se ha incrementado el acercamiento a los usuarios con la mejora de la organización de los recursos humanos, mediante el programa en ‘super islas’, de manera que se han establecido grupos de acción más pequeños del personal de atención socio sanitaria, reduciendo así las posibilidades de que los cuidadores cambien con tanta frecuencia, algo que era muy demandado por los beneficiarios”.

El alcalde ha querido poner el acento en la evolución y adaptación de los servicios sociales a las nuevas necesidades sociales: “Cualquiera podemos ser usuario de los servicios sociales, se ha superado esa visión constreñida de este servicio ligado a la vulnerabilidad económica”. En concreto, “ahora vamos mucho más allá y estamos atendiendo problemas familiares, de dependencia, de salud mental, de violencia de género y de muy diversa índole”.

Por todo ello, Escobar considera que “Logroño será una ciudad mejor si nos esforzamos por acompañar y hacer más cómoda la vida de los usuarios de los servicios sociales, implicándonos todos para que este apoyo sea personalizado y más humano”.

El Servicio de Atención a Domicilio del Ayuntamiento de Logroño cuenta actualmente con 2.100 usuarios, número que aumenta anualmente. Respecto a las horas de intervención, se han incrementado, pasando de las 464.000 en 2023 a 490.000 horas de atención en 2024.

Del mismo modo, este convenio abarca otros programas de carácter social, algunos de ellos financiados por el Gobierno regional con entre el 50% y la totalidad de su coste, y que también experimentan notables incrementos: Intervención socioeducativa (de 125.000 a 221.290 euros); Ayudas de emergencia social para conciliación vacacional (de 60.000 a 65.000 euros); Ayudas para conciliación en días no lectivos (de 76.705 a 97.600); Ayudas de emergencia social (de 234.000 a 250.000 euros, unas ayudas en las que el Consistorio invierte 1.400.000 euros anuales); Suministro energético (180.000 euros, la misma cantidad que en 2023) y Cheque infantil (de 46.800 a 60.000 euros). Programas que se actualizan anualmente para atender cada vez mejor a las necesidades de las familias en sus relaciones diarias.

La Junta de Extremadura impulsará la Historia Social Única, una plataforma digital que permitirá a los profesionales consultar de forma ágil y centralizada toda la información relativa a los servicios sociales: datos personales, familiares, económicos y laborales de cada usuario, así como las prestaciones y ayudas de las que es beneficiario.

Para ello, la Administración va a contratar el servicio para el diseño, desarrollo e implantación del Sistema Extremeño de Información de Servicios Sociales (SEISS) y generación de la Historia Social Única (HSUe), por importe de más de 6,6 millones de euros.

Esta herramienta de “última generación” mejorará la atención por parte de los profesionales a los ciudadanos, pues con ella se evitarán duplicidades en la gestión de los datos, retrasos en los procesos y posibles molestias a los usuarios por el uso de un sistema que estaba “absolutamente obsoleto”, con áreas “de espaldas unas a otras”, ha destacado la portavoz de la Junta, Victoria Bazaga.

El período de ejecución de este proyecto, que cuenta con financiación del Fondo de Recuperación, Transformación y Resiliencia, será de 12 meses, por lo que se estima que estará plenamente operativa en el último trimestre de 2025.

La iniciativa, ha resaltado, busca “modernizar y optimizar” la gestión de los servicios sociales -tanto de atención social básica como especializada, así como el Tercer Sector-, al poner a disposición de los profesionales de la región toda la información, con independencia de donde viva el usuario, lo que facilitará además la planificación y creación de planes individuales de intervención.

UGT Servicios Públicos La Rioja denuncia que el borrador del decreto de atención residencial no recoge la imposición de penalidades a las empresas del sector que no cumplan con las ratios de personal, sanciones que si se recogen en el decreto todavía vigente, publicado en 1998. El sindicato rechaza que el Gobierno de La Rioja quiera exonerar de sanciones a estas empresas de forma permanente, pese a que en la resolución firmada en enero por la Consejería se asegurara que sería una medida transitoria y temporal.

UGT ha registrado alegaciones al borrador del Decreto por el que se regula el personal del modelo de Atención Integral Centrada en las Personas en las Residencias y Centros de Día de La Rioja. El secretario general de UGT-SP La Rioja, Fernando Domínguez; y la secretaria del sector Sociosanitario y Dependencia, Daría Saiz; han calificado este borrador como “exiguo”, y reclaman a la Consejería más ambición en lo referente a las ratios de personal.

En este sentido, echan en falta que se haga mención expresa a la Resolución de 28 de julio de 2022, de la Secretaría de Estado de Derechos Sociales, por la que se publica el Acuerdo del Consejo Territorial de Servicios Sociales sobre criterios comunes de acreditación y calidad de los centros y servicios del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia. “La propuesta de la Consejería ha sido la de establecer a partir de septiembre de 2024 una ratio de 0,31 profesionales para la categoría profesional de cuidador/a, gerocultor/a o similar, que son personal de atención directa de primer nivel. Sin embargo, el acuerdo del Consejo Territorial señala que la ratio exigible a 31 de diciembre de 2024 debe ser de 0,33; 0,43 en residencias de personas con discapacidad”, explican.

De este modo, UGT Servicios Públicos La Rioja reclama que en este nuevo borrador se anticipen a la exigencia estatal e impongan desde ahora las ratios de personal de primer nivel previstos para 2029; de 0,43 en residencias de personas mayores, de 0,50 en aquellas que incluyan usuarios con discapacidad. Así, “La Rioja sería una de las CCAA más avanzadas en lo que tiene que ver con las ratios de personal, lo que facilitaría la contratación de personal en categorías como la de gerocultora”, piden.

Por otro lado, el borrador establece que en la organización de los turnos se garantizará el cuidado y vigilancia de los usuarios, pero, según advierte el sindicato, “no se dota de contenido práctico dicha garantía, dado que se omite el establecimiento de unas presencias mínimas de personal, dejando al arbitrio y la subjetividad de cada cual si se está garantizando el cuidado y la vigilancia de los usuarios”.  UGT entiende que se han de regular dichas presencias mínimas diurnas, máxime cuando las ratios no aseguran presencias mínimas, ni con ello el cuidado ni la vigilancia de los residentes y considera que el mínimo de presencias podría establecerse en la mitad de la ratio general recomendada (0,22).

También recoge el borrador que “durante el turno de noche se garantizará como mínimo la presencia de un gerocultor por cada 50 usuarios o fracción”, y que “será posible sustituir uno de estos profesionales por un profesional de enfermería”. UGT Servicios Públicos La Rioja estima que se debería aumentar considerablemente esa presencia mínima en el turno de noche, ya que, si lo que se pretende es poder ofrecer un servicio de calidad, resulta inviable que una persona sola pueda dar atención rápida, eficaz y adecuada hasta a 50 personas a la vez. “En los centros residenciales de hasta 39 usuarios, una persona sola no puede atender a alguien que precise ser movilizado, ni puede utilizar una grúa para ello. Del mismo modo, tampoco puede ser atendido por un compañero en el caso de que le ocurra una agresión o un problema de salud”, advierten para reclamar una profesional por cada 40 residentes o fracción.

En cuanto a las ratios que se establecen para personal de atención directa del segundo nivel, además de la necesidad de incluir al personal de trabajo social, UGT entiende que “se ha de doblar la ratio establecida para dicho personal, que generalmente pertenece a ramas sanitarias o social que cuentan con titulación de grado o equivalente”Respecto al personal de atención indirecta, que es el resto del personal del centro dedicado a todo tipo de procesos y tareas de soporte necesarios para el correcto funcionamiento del centro, el borrador sólo recoge que “su dotación será proporcional a las necesidades que presente el centro teniendo en cuenta su ocupación, así como las dimensiones y estructura del mismo”. 

“Este texto que podría haber sido aplicado al resto de personal si el deseo legislador fuera el de regular lo mínimo posible. Pues si bien es cierto que no es tarea fácil establecer unos mínimos en algunas de las categorías profesionales del personal incluido en servicios generales o personal de atención indirecta, UGT cree que sería conveniente incluir unas ratios mínimas para las siguientes categorías profesionales”, han dicho antes de presentarlos.

Estabilidad laboral y salarios

En el preámbulo de este borrador se indica que estas plantillas, en la medida de lo posible, han de estar dotadas de una estabilidad laboral y unos salarios acordes a la importancia de los trabajos que realizan. Sin embargo, UGT denuncia que“no se establece ni se regula, ni cómo dar esa estabilidad, ni qué mínimo salarial debería ser el acorde a los trabajos que se realizan”.

Por ello, UGT reclama que se incluya la obligatoriedad de contar con un 90% de la plantilla de personal indefinido y que los salarios mínimos a percibir por el personal no pudieran estar por debajo del 125% del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) que opere en cada momento.

UGT también pide que el decreto recoja los requerimientos legales para que el personal de este segmento pueda trabajar en virtud de sus títulos o certificados. Entre ellos, el título de Técnico en Atención Sociosanitaria, de Técnico en Cuidados Auxiliares de Enfermería, el de Técnico en Atención a Personas en Situación de Dependencia, el Certificado de Profesionalidad de Atención Sociosanitaria a Personas Dependientes en Instituciones Sociales o el Certificado de Profesionalidad de Atención Sociosanitaria a Personas en el Domicilio.

Además, con el fin de dar respuesta a la falta de personal en los centros de atención residencial, “debería haberse mencionado en el borrador algunas habilitaciones excepcionales y provisionales de gerocultoras y auxiliares de ayuda a domicilio que acrediten una experiencia de al menos 3 años, con un mínimo de 2.000 horas trabajadas en los últimos 12 años en la categoría profesional correspondiente”, apuntan.

El borrador habla también de facilitar formación a través del Servicio Riojano de Salud a los profesionales sanitarios contratados por las residencias, “lo que choca frontalmente con lo que establece el Acuerdo del Consejo Territorial de Servicios Sociales, pues la formación del personal de nueva incorporación debe incluir un proceso de conocimiento de las personas a las que van a prestar apoyo y cuidados”, alertan desde CCOO. “La entidad prestadora de los servicios, con la participación de la Representación Legal de los Trabajadores y en particular de las organizaciones sindicales de ámbito estatal, deberá elaborar y desarrollar planes de formación para el conjunto de sus trabajadoras y trabajadores”.

Igualmente, el borrador indica que “la responsabilidad de la atención sanitaria es del SERIS, y, por tanto, es quien desarrolla y especifica la cartera de servicios que se han de prestar en los centros residenciales, pero delega dicha responsabilidad en las residencias, al determinar que serán ellas quienes definan los servicios y marquen las funciones que serán responsabilidad directa del centro”. 

Por último, UGT hace hincapié en la necesidad de que se recoja un artículo que incluya normativa relacionada con la inspección y el control público. “Los centros y servicios acreditados deben ser sometidos a inspección, control y seguimiento adecuados que aseguren un cumplimiento continuado de los requisitos que dieron lugar a la acreditación”, consideran. Por ello, piden que “la Administración competente tiene que organizar planes anuales de inspección de centros y servicios, y comunicar de forma periódica y accesible las inspecciones realizadas, indicando, entre otros datos, la identificación del centro o servicio inspeccionado, titularidad y gestión, la fecha, el motivo de la inspección, el resultado de esta y, en su caso, las medidas adoptadas”.

El Consejo de Gobierno destina 1,33 millones de euros a impartir 30.375 sesiones de atención temprana en cuatro municipios de La Rioja. Los objetivos del contrato licitado, con financiación del Fondo Social Europeo (FSE), son sesiones de intervención para 400 niños con edades comprendidas entre los 0 y los 6 años de

El Consejo de Gobierno ha dado luz verde a la Consejería de Salud y Políticas Sociales al gasto correspondiente a la contratación de los servicios de intervención en atención temprana, en centros o servicios de desarrollo infantil y atención temprana en cuatro municipios de La Rioja, que se impartirán a niños con edades comprendidas entre los 0 y los 6 años de Logroño, Calahorra, Haro y Arnedo. En total están previstas 30.375 sesiones. Este contrato, por valor de 1.327.115,94 euros, está cofinanciado al 60% por la Unión Europea, en el marco del Fondo Social Europeo (FSE) 2021-2027, a través del Programa Operativo Regional de La Rioja. El gasto se desglosa en dos anualidades: 2024: 331.778,98 euros y 2025: 995.336,96 euros

La consejera de Salud y Políticas Sociales, María Martín, ha destacado la importancia del diagnóstico precoz en la vida de los menores “la detección temprana es fundamental para no comprometer los hitos del desarrollo evolutivo de un menor, de ahí la necesidad de trabajar en estas edades para mejorar la vida de estos niños en cualquiera de sus esferas (bio, psico y social)”, ha dicho. 

En ese sentido, la titular de Salud ha agradecido el “maravilloso trabajo que realizan estos equipos multidisciplinares que están formados por fisioterapias, psicoterapeutas, logopedas, terapeutas ocupacionales o psicólogos especializados en población infantil de 0 a 6 años”, puesto que “evitan el desarrollo de trastornos posteriores y no dejan de tener, en todo momento, al menor y a sus familiares como protagonistas de las intervenciones”.

Las sesiones se pueden desarrollar de forma presencial -individual, grupal y con atención centrada en la familia- y de forma telemática. Su prestación requerirá la intervención interdisciplinar de profesionales de fisioterapia, logopedia, terapia ocupacional, psicomotricista o psicología, con formación en la población infantil de 0 a 6 años. Estos especialistas ofrecerán una atención individualizada a los niños de carácter preventivo, global e interdisciplinar orientada tanto al menor como a su entorno familiar y social, y coordinada con otros recursos de atención.

El objetivo de este contrato es el despliegue de sesiones de intervención de servicios sociales en atención temprana en centros o servicios de desarrollo infantil y atención temprana. No solo con los 377 usuarios que están ya recibiendo la intervención, y que forman parte de la red pública de centros y servicios de desarrollo infantil y atención temprana del Sistema Público Riojano de Servicios Sociales: también de los 26 menores que cuentan con una resolución de concesión de la Dirección General de Dependencia, Discapacidad y Mayores de acuerdo con la Orden 2/2010, de 11 de enero de la Consejería de Servicios Sociales, por la que se regula el procedimiento de intervención de servicios sociales en atención temprana, y que en estos momentos, ante la falta de un centro o servicio contratado por la Administración con sesiones disponibles, se encuentran en lista de espera.

El contrato está dividido en diez lotes:

Logroño

-Tres lotes de 4.500 sesiones cada uno en atención temprana. 

-Un lote de 4.500 sesiones en atención temprana en el desarrollo motriz.

-Un lote de 4.500 sesiones en atención temprana en el trastorno generalizado del desarrollo.

-Un lote de 1.125 sesiones en atención temprana en el desarrollo cognitivo.

Calahorra

-Dos lotes de 1.125 sesiones en atención temprana.

Haro

-Un lote de 1.125 sesiones en atención temprana.

Arnedo

-Un lote de 3.375 sesiones en atención temprana. 

Castilla-La Mancha está muy por encima de la media estatal en número de plazas residenciales por cada cien mayores de 65 años. La ratio es de 7,2 frente a la de 4,2 de la media del país. Se trata de un dato que no llama la atención porque esta comunidad autónoma tiene un alto porcentaje de población envejecida. Lo que sí es significativo es el hecho de que, al mismo tiempo, sea con diferencia la que menos dinero destina a financiarlas: 53 euros por plaza frente a los 68 euros de media estatal.

Es una tendencia generalizada en todo el país debido a la gestión privada de estos centros residenciales o de plazas que se anuncian como públicas, pero que luego son externalizadas. El debate sobre este tipo de modelo es continuo, sobre todo desde la pandemia de COVID-19 y de las numerosas personas fallecidas en estos centros.

Muchos de estos centros caen en manos privadas, algunas en fondos buitre que principalmente buscan el lucro. Es parte de la denuncia que realiza el documental 'Pactos de silencio' realizado por asociaciones y particulares como Afectados BBS, #LaRealidadDe, Cecilio Cean, RTVP y Moviment de Residències i SAD.

Pero ahora es CCOO quien ha puesto el foco en Castilla-La Mancha, principalmente en el desequilibrio de datos y en los efectos que tiene sobre las condiciones del personal, la mayoría mujeres.

Con datos del IMSERSO, del Laboratorio del Envejecimiento en Red del CSIC y de la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, la Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios del sindicato ha emplazado directamente al Gobierno de Castilla-La Mancha y a patronales como ACESCAM y ARTECAM a mejorar de forma “urgente y sustancial” las condiciones asistenciales y laborales en las residencias privadas de mayores de la comunidad autónoma.

Se basa en las ratios mencionadas y también en el hecho de que existe un superávit de más de 7.000 plazas en la región, de acuerdo a los parámetros de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Es necesario aumentar la inversión pública y destinarla a mejorar la calidad asistencial

Chelo Cuadra — Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO-CLM

“Tenemos que afrontar un cambio radical y una apuesta firme por la reconducción del sector en nuestra región. Es necesario aumentar la inversión pública y destinarla a mejorar la calidad asistencial a las personas usuarias y las condiciones laborales de las trabajadoras, en vez de a seguir incrementando el número de plazas”, ha reclamado la secretaria general de CCOO-FSS CLM, Chelo Cuadra.

Recuerda que hace un año, el presidente autonómico, Emiliano García-Page, decía que las políticas de mayores son una prioridad, “no solo por devolverles el esfuerzo que han hecho durante toda su vida, sino por justicia social”. “Pero, a día de hoy, al menos en lo que se refiere a las residencias de gestión privada, en nada se nota que para este gobierno sea un sector prioritario”, subraya Cuadra.

De hecho, afirma que, al contrario, en los centros residenciales de Castilla-La Mancha no solo no han mejorado las condiciones asistenciales sino que, de no poner medidas de forma urgente, “nos veremos abocados a una crisis de relevo profesional importante y grave”.

Según el informe publicado por el IMSERSO el pasado 24 de abril, sobre Censo de Centros Residenciales de Servicios Sociales en España con datos del año 2022, en cuanto a ratios de personal existe en Castilla-La Mancha una “diferencia abismal” entre las ratios de los centros públicos y las de los centros privados o de gestión privada.

Así, las residencias de gestión pública, las minoritarias (60 de las más de 400 que hay en la región), hay casi un profesional (0,95) por cada persona usuaria. Entre las de gestión privada, las gestionadas por entidades sin ánimo de lucro no llegan ni a la mitad (0,47, el mínimo establecido por la legislación autonómica) y las que están en manos de empresas con lucro lo superan por muy poco (0,48).

“A la vista de los datos, es más que necesario un cambio radical y una apuesta firme por la reconducción del sector en nuestra comunidad autónoma. Las modificaciones que se han realizado en los últimos cuanto a condiciones mínimas de los centros de atención a personas mayores han sido claramente insuficientes y no han corregido las debilidades de un sector precarizado y con escasas perspectivas de relevo generacional en cuanto a profesionales”, advierte Cuadra.

En este contexto sitúa la “fuga de profesionales”, ya no solo al sector público, sino también a otros sectores mejor remunerados o con mejores condiciones laborales.

Considera que la mayor parte de las residencias no cuentan con personal de enfermería y “ya empieza a haber problemas para cubrir la totalidad de plazas de gerocultoras”. A ello añade “incidencias muy graves” que se producen “por orden de las propias empresas” que, ante la falta de profesionales de Enfermería, derivan a otras categorías profesionales funciones para las que “no están ni formadas ni capacitadas”.

“Tras la pandemia, todos pensábamos que iba a haber una revolución en el sector. Pero no, todo el mundo ha pasado página. El sector sigue igual o más precarizado, la financiación es insuficiente, la profesión, que es muy vocacional, pierde cualquier atractivo. Hay que actuar. Dejemos de crecer en número de plazas y mejoremos la calidad asistencial y laboral de cada una de ellas”, concluyó Cuadra.

Otros datos sobre personal

Otros datos de estos informes desvelan que en Castilla-La Mancha hay un total de 20.297 personas residentes de forma permanente, de las cuales 13.254 son mujeres y las 7.043 son hombres. Cada centro tiene una media de 69 plazas, pero en el caso de titularidad y gestión pública cae hasta las 48. La ocupación en toda la región se encuentra en un 83,5%, y las públicas, de gestión privada con y sin lucro, van desde el 97,5% al 96,4% de ocupación.

El 73,8% de las personas trabajadoras en estos centros lo está a jornada completa, mientras que el 26,2% está a jornada parcial. La jornada parcial es especialmente llamativa entre los centros de gestión privada con titularidad pública, ya que van desde a un 38,1% de personal en jornada parcial en el caso de las que tienen gestión privada con lucro y un 32,6% en el caso de gestión privada sin lucro. 

No es la primera vez que el modelo de residencias de Castilla-La Mancha recibe críticas. El decreto aprobado por el Gobierno regional a comienzos de 2022 en el que se establecen las condiciones básicas de los centros destinados a las personas mayores provocó el malestar de varias asociaciones y colectivos.

Este documento establece una serie de “condiciones básicas” en su desarrollo reglamentario que se basan en el concepto de “buenas prácticas profesionales”: el proyecto de vida, la calidad de la atención, la persona de atención directa de referencia, la integración en el entorno, la autodeterminación en cuantas materias sea posible o el respeto a la intimidad, entre otros.

Respecto de los recursos humanos con que debe contar un centro de atención a personas mayores, se distingue entre el personal técnico, el de atención directa y otro tipo personal. Se introducen en la norma criterios de flexibilidad respecto del personal técnico, permitiendo que las entidades titulares de los centros puedan elegir aquellos/as profesionales cuyas funciones sean más convenientes, de acuerdo con las características de las personas usuarias y sus demandas.

Las ratios establecidas, los criterios para los puestos de dirección, la no inclusión reglada del trabajo social y la “flexibilidad” para que las entidades titulares puedan elegir al personal técnico han sido los motivos principales por los que las críticas han arreciado tras cuatro años desde la pandemia de COVID-19.

Después de 36 días acampadas frente al Ayuntamiento de Sevilla reivindicando mejoras laborales, las trabajadoras del servicio de ayuda a domicilio se han reunido este lunes con el alcalde de la ciudad, José Luis Sanz, y han decidido levantar el “asentamiento indefinido” que iniciaron el pasado 1 de abril. La decisión de confiar en la palabra dada la han tomado en asamblea una vez que el Consistorio ha hecho público el compromiso de estudiar la municipalización del servicio, expresado en privado durante el encuentro.

Ya por la tarde el Gobierno municipal ha informado en un comunicado que el regidor hispalense y el delegado municipal de Barrios de Atención Preferente y Derechos Sociales, José Luis García, se han comprometido a “promover un grupo de trabajo con todos los servicios municipales competentes para elaborar un informe y analizar la posible viabilidad de la municipalización del servicio de ayuda a domicilio”, que solicitan las auxiliares desde hace años con la esperanza de que el Ayuntamiento termine asumiendo la gestión directa del servicio.

Al haberse comunicado públicamente –como solicitaron las representantes sindicales de la plantilla–, las trabajadoras de atención domiciliaria han acordado que el “compromiso público” es un gesto “suficiente” como para poner fin al campamento que instalaron hace un mes en señal de protesta frente a la casa consistorial. Así lo confirma a este periódico Ana Richarte, presidenta del comité de empresa de Serveo, una de las compañías subcontratadas por el Consistorio hispalense.

Abrir la puerta a la gestión pública del servicio

Cabe recordar que el pasado martes 30 de abril, las representantes sindicales del sector en Sevilla asistieron al salón de plenos del Ayuntamiento a fin de visibilizar sus demandas. Hasta ese momento, las profesionales de ayuda a domicilio recriminaban al regidor que no se hubiese “dignado a visitarnos ni a preguntarnos”. De hecho, el PP al frente del Gobierno local se negó a firmar una declaración institucional promovida por el grupo Con Podemos-Izquierda Unida en apoyo a las trabajadoras del servicio de atención domiciliaria.

Sin embargo, durante la última sesión plenaria, el equipo de Gobierno anunció que el alcalde se reuniría con ellas este 6 de mayo y abrió por primera vez la puerta a que este servicio fuese gestionado directamente por la administración local en un futuro.

En concreto, el edil de Derechos Sociales manifestó que el Gobierno de José Luis Sanz está dispuesto a abordar “un plan piloto de municipalización” del servicio que habrá que implementar “poco a poco”, según “los diferentes lotes” en los que se divide actualmente el mismo. El delegado remarcó, eso sí, que ese plan estaba vinculado a la condición de que el Ayuntamiento cuente con un nuevo presupuesto municipal, pues actualmente opera con las cuentas de 2023 prorrogadas, al no mediar acuerdo entre los grupos políticos para un nuevo presupuesto. De modo que ese escenario no se podrá contemplar, como mínimo, hasta 2025.

Reforzar el papel de intermediario con las empresas

Además del compromiso contraído en lo relativo a estudiar la viabilidad de la municipalización, Sanz ha prometido “reforzar los mecanismos de control para que las empresas adjudicatarias del servicio cumplan las condiciones establecidas en los contratos”, que tienen suscritos con la administración local “hasta el año 2027”.

La plantilla viene denunciando la “precarización del sector” que achacan al hecho de “estar en manos de empresas privadas que solo miran por su propio interés lucrativo”. “Tenemos contratos precarios con horarios imposibles de conciliar, y como a la mayoría nos obligan a trabajar a turno partido, no podemos compatibilizarlo con otros empleos”, explicó a este periódico una de las trabajadoras, Lorena Aznar, por mencionar algún ejemplo del “maltrato” que dicen estar sufriendo “en cuanto a derechos laborales se refiere”.

La delegación de Barrios de Atención Preferente y Derechos sociales ha anunciado ahora que va a aumentar la intermediación entre los profesionales y las empresas adjudicatarias “para velar por el cumplimiento de las condiciones de los contratos de la prestación del servicio acordados con el Ayuntamiento”.

“Vamos a reforzar las supervisiones que ya se están llevando a cabo por parte del Ayuntamiento, con el fin de que haya mayor fluidez, control y se cumplan los pliegos del servicio de ayuda a domicilio por parte de las empresas adjudicatarias”, ha adelantado el alcalde a este respecto. Por su parte, las trabajadoras han dejado el campamento en el que han convivido durante 36 días con una promesa: “Si el alcalde no cumple volveremos”.

Desde el 1 de abril, las trabajadoras del servicio de atención domiciliaria (SAD) de Sevilla acampan frente al Ayuntamiento. No es una huelga, sino “un asentamiento indefinido” con el que reivindican a la administración local que vuelva a gestionar de manera directa este servicio “esencial” para las personas dependientes. Así lo explica Lorena Aznar, una de las profesionales que lleva más de 20 días “durmiendo a la intemperie” y sacrificando su tiempo libre con la esperanza de mejorar sus condiciones laborales. 

Mientras amamanta a su bebé en plena calle, Lorena cuenta que las trabajadoras de este sector dejaron de ser personal laboral del Ayuntamiento hace más de 25 años. Desde entonces, la atención a domicilio está en manos de “empresas intermediarias” que subcontrata el Gobierno municipal. Un cambio en la gestión que, a ojos de quienes ejercen esta labor “vocacional”, se ha traducido en una paulatina “precarización” del sector. 

“Tenemos contratos precarios con horarios imposibles de conciliar, y como a la mayoría nos obligan a trabajar a turno partido, no podemos compatibilizarlo con otros empleos”, explica Lorena por mencionar algún ejemplo del “maltrato” que dicen estar sufriendo “en cuanto a derechos laborales se refiere”. Tanto es así que otra compañera y representante sindical, Ana Richarte, asegura que las auxiliares están “esclavizadas”.

Más allá del impacto que tiene esta situación en la esfera personal de cada una de las auxiliares (3.000 solo en la capital), ellas lamentan que las condiciones que denuncian estén mermando la calidad de vida de los usuarios a los que atienden: “Nuestra labor es alargar la calidad de vida de las personas dependientes, pero estas empresas lo que hacen es lo contrario, recortar en salud al negarse a darles grúas, camas articuladas o material técnico para la ducha”, deplora quien es también delegada sindical del SAD en la capital hispalense.  

Viable pero complejo

Tras 25 días acampando ante la casa consistorial, Lorena se queja de que “el alcalde no se ha dignado a visitarnos ni a preguntarnos”. No obstante, fuentes del equipo de José Luis Sanz consultadas por este periódico aseguran que el gobierno local está dispuesto a reunirse con las trabajadoras y a establecer una comisión de análisis para valorar “con rigor” la problemática que denuncia el colectivo, “con vistas a buscar soluciones”. Al mismo tiempo, esas fuentes apuntan a que es “muy complejo” atender a la petición de “remunicipalización” en el contexto de presupuestos prorrogados en el que funciona en estos momentos el Ayuntamiento sevillano. 

Para las trabajadoras, volver a hacer municipal el servicio de atención domiciliaria es “totalmente viable, como se ha conseguido ya en Cádiz y en otras comunidades de España”, y tan solo requiere de “voluntad política”. A este respecto, Ángeles, otra representante de la plantilla de atención domiciliaria, recuerda que durante el mandato anterior, con los socialistas al frente de la alcaldía, ya se formó una mesa de trabajo ante la cual el sindicato CGT presentó un estudio de viabilidad que avalaba la municipalización del servicio. Sin embargo, desde entonces el gobierno municipal no ha dado ningún paso en esa dirección.

Quienes sí han mostrado su “apoyo incondicional” a las demandas de las auxiliares es el grupo municipal de Podemos-IU. Su portavoz, Susana Hornillo, comparte la idea de que es “imprescindible que el servicio se remunicipalice”. Apelando a las reivindicaciones de las trabajadoras, Hornillo sostiene que “los cuidados a las personas dependientes son una responsabilidad directa de las administraciones públicas, y si lo lleva una empresa cuyo fin último es aumentar su cuenta de beneficios, el resultado es que se recortan los derechos laborales y los recursos destinados a personas dependientes como está pasando”.

Por esta razón, la postura que defienden desde esta formación política es la de “dar pasos adelante hacia la municipalización”. Si bien Hornillo reconoce que “no es un proceso sencillo”, entiende que se pueden estudiar fórmulas como las que se han adoptado en otras ciudades de España y sugiere la creación de una empresa pública como la que gestiona el transporte público (Tussam) o la limpieza (Lipasam) en Sevilla. Por todo ello, Podemos-IU tienen previsto llevar al próximo pleno municipal –fijado para el martes 30 de abril– una declaración institucional en apoyo a las trabajadoras, para la que buscan el respaldo unánime de todos los grupos políticos.

La raíz del problema

Para Ana Richarte, presidenta del comité de empresa de Serveo, una de las compañías subcontratadas por el Consistorio hispalense, “la raíz del problema” que atraviesa el sector de atención domiciliaria es “estar en manos de empresas privadas que solo miran por su propio interés lucrativo”. Ana es auxiliar de atención domiciliaria en Sevilla desde hace un cuarto de siglo y lamenta que el cuidado de las personas más vulnerables dependa del criterio de compañías “sin experiencia en el sector sociosanitario”, en vez de estar gestionado directamente por los servicios sociales del Ayuntamiento, como hace décadas. 

De acuerdo con las profesionales, las compañías que gestionan este servicio en la capital hispalense están especializadas en otros ámbitos como la construcción, de ahí que las representantes sindicales critiquen que “este tipo de empresas lo que hacen es precarizar el sector jugando con la salud de los usuarios (personas en situaciones de extrema vulnerabilidad) y de las trabajadoras”. A estas últimas no las dotan con las “ayudas técnicas” que precisan para su labor diaria, a lo que añaden que no hacen ni “una correcta prevención de riesgos laborales” ni “una evaluación de riesgo en los puestos de trabajo”.

En este punto, Ana recuerda que “no estamos hablamos de ladrillos, sino de personas dependientes, en situación de vulnerabilidad”. Razón por la cual reivindican “ser consideradas como profesionales”, cualificadas y con formación específica para el sector sociosanitario.

Listas de espera mortales

Además de reivindicar mejoras laborales que repercutan en el bienestar de los usuarios, durante los días que llevan asentadas frente al Ayuntamiento han estado recogiendo firmas para eliminar las listas de espera de la Ley de Dependencia. Entre diciembre de 2022 y noviembre de 2023, un total de 8.771 andaluces fallecieron en la lista de espera de la dependencia sin ser atendidas, mientras que 39.872 perdieron la vida teniendo solicitud de dependencia, según los datos recogidos en el XXIV Dictamen del Observatorio Estatal de la Dependencia, elaborado por la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales.  

“No solo hablamos de personas mayores, sino de niños con discapacidad y de personas jóvenes con trastornos mentales o que han tenido un accidente y necesitan de nosotras”, recuerda Lorena, poniendo en valor su función como trabajadoras “esenciales”. “Queremos que se le dé la importancia que este sector se merece”, pide Ana, quien agradece la solidaridad que les han mostrado la ciudadanía y otros colectivos sociales.

Tras años tratando de alcanzar a los responsables políticos para trasladarles sus demandas, las trabajadoras de ayuda a domicilio de Sevilla capital han optado por llevar al límite sus acciones de protesta, acampando en plena calle durante días, tratando de conciliar su vida laboral, personal y sindical. “Es un golpe en la mesa, llevamos muchos años reivindicando mejoras y ya estamos cansadas”, explica Ana Richarte. A pesar del hartazgo acumulado con el paso de los días, la “indignación es mayor” y por eso aseguran que “no nos vamos a rendir”. Están dispuestas a seguir acampadas “hasta que no haya una reunión y un compromiso”.

Tras un 2023 “atípico” y con “constantes cambios”, marcado por los diferentes procesos electorales, el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad en Castilla-La Mancha se prepara para un nuevo año, y una legislatura, llena de desafíos. El primero de ellos: su financiación. La presidenta Cristina Gómez Palmo recordó que los cambios políticos ofrecen “incertidumbres” al Tercer Sector, al depender prácticamente en su totalidad de las subvenciones públicas. “Tenemos un reto bastante importante, que es salvar la sostenibilidad de las entidades para que los servicios públicos que prestamos se ofrezcan en las mejores condiciones y en las mejores situaciones”, resaltó.

Pero muchas veces, las subvenciones no llegan a cubrir todo lo que se necesita. “Somos un enfermo crónico”, ejemplificó Gómez, en relación a un sistema de financiación que no llega a todo lo que debería y que debe suplirse con carreras benéficas o directamente con una hucha en la calle. Por eso, han vuelto a poner encima de la mesa un cambio radical en la manera en la que llegan las subvenciones a las entidades sociales, exigiendo pasar de una vez a un sistema que garantice la viabilidad de este tipo de entidades a largo plazo, como otras veces se ha planteado, pero nunca se ha culminado.

Derechos de las personas con discapacidad en el Estatuto

No es el único desafío al que se enfrenta el CERMI. El comité está pendiente de la reforma del Estatuto de Autonomía en el que se trabaja desde las Cortes castellanomanchegas, para que se tengan en cuenta los derechos de las más de 160.000 personas que tienen reconocido un grado de discapacidad en la región. Hasta ahora, no hay siquiera mención el colectivo en la Carta Magna regional, además de que todavía no se reforma el artículo 49 de la Constitución Española que incluye la palabra 'disminuidos'. “Más allá de los acuerdos sobre número de diputados, las personas con discapacidad debemos aparecer como tal y con la referencia al blindaje de los derechos y el reconocimiento a las singularidades del Tercer Sector”, zanjó Gómez.

“Es algo básico y así lo exigimos y trasladaremos mediante cauces oportunos, para que el Estatuto sea el que abandere la inclusión de los derechos sociales de la discapacidad en el ámbito nacional”, resaltó.

Por su parte, el presidente de la Mesa del Tercer Sector, José Antonio Romero, resaltó que se están “respetando los tiempos, las formas y el ritmo” de la política, pero que insistirán en un Estatuto “inclusivo”. “Que no adaptemos solo el lenguaje, sino el fondo, las formas. Queremos blindar realmente los derechos sociales”, destacó.

Atrasos en el reconocimiento del grado de discapacidad

El Comité también ha lamentado que existe una “muy mala media” de tiempos de reconocimiento del grado de discapacidad en Castilla-La Mancha, con “retrasos importantes” que pueden llegar a los 20 meses en provincias como Toledo y Albacete, que son las que más retraso sufren en este sentido. “Es intolerable”, señaló Gómez, puesto que el reconocimiento de la discapacidad es la “puerta de entrada” para que una persona pueda disfrutar de derechos y prestaciones necesarias para su vida. “Pedimos apoyo para dotar de recursos humanos necesarios la dirección general de Discapacidad para que la media de espera no supere el mínimo establecido legalmente”, resaltó la presidenta del comité regional.

Donde más hace falta los fondos es en los centros base, “sin duda”. “Hemos ofrecido colaboración a la administración, para que haya convenios y agilizar los tiempos de espera. Las entidades somos expertos cada uno en nuestro tipo de discapacidad, y ya existen experiencias en otras comunidades autónomas para echar una mano al certificarnos como entidades colaboradoras. Sería un mero registro o validación de la administración si la persona ya viene valorada por una de nuestras entidades”, explicó Cristina Gómez.

En cuanto al sector de la dependencia, el CERMI ha señalado que es necesaria una “actualización urgente” que se adapte a los cambios normativos estatales, que incluyen impulsar la figura del asistente personal. “Creemos que esto nos puede llevar a que las personas con discapacidad tengan una inclusión social real e ir hacia más al proceso de desinstitucionalización. Estaremos ganando económicamente y con una asistencia personal, la persona puede seguir viviendo en su entorno. Pero, sobre todo, necesitamos actualizar el catálogo de prestaciones y dotar de mayor seguridad jurídica”, remató.