El Gobierno de José Luis Martínez-Almeida dio el viernes el penúltimo paso para aprobar la nueva ordenanza de movilidad del Ayuntamiento de Madrid. La norma incluye en su articulado el nuevo Madrid Central que han diseñado PP y Ciudadanos para sustituir al que puso en marcha el Ejecutivo de Manuela Carmena, y que ha sido tumbado por la justicia por defectos de forma. La reglamentación de la amplia zona de bajas emisiones, que pasará a denominarse Distrito Centro, relajará la limitación del uso del vehículo privado. Más coches, furgonetas y camiones, más contaminantes y durante más tiempo, podrán entrar a los espacios limitados. 

Pero Almeida no tiene garantizada la aprobación de la norma en el Pleno que quiere convocar, sí o sí, para el 10 de septiembre, justo antes de que se ejecute la sentencia que tumba Madrid Central y que interpuso el PP en la oposición. Sus aliados de Vox, que le dieron la alcaldía pese a no ganar las elecciones y que han sostenido hasta ahora toda su política, ya han anunciado que no apoyarán la ordenanza. La extrema derecha considera que el alcalde ha traicionado la promesa que lanzó en la campaña electoral de 2019 de acabar con la limitación del tráfico. El dirigente del PP esgrime en su defensa que la Ley de Cambio Climático obliga a las ciudades a establecer zonas de bajas emisiones, pero dicha norma fue aprobada por las Cortes el pasado mes de mayo, dos años después de su investidura.

Así, PP y Ciudadanos tendrán que mirar a su izquierda para buscar los apoyos necesarios. A quienes atacaron en el pasado por poner en marcha Madrid Central y a quienes acusaron de cercenar la “libertad” de circular por donde quisieran. Ni PSOE ni Más Madrid están por la labor de facilitar la aprobación de la normativa. Pero la escisión en el grupo liderado por Rita Maestre protagonizada por cuatro concejales carmenistas ha abierto una inesperada oportunidad para el Gobierno municipal, que necesita solo de tres votos para sacar la ordenanza.

El que fuera delegado de Desarrollo Urbano Sostenible con Carmena, José Manuel Calvo, explicaba en una entrevista con elDiario.es la posición de los integrantes de la plataforma Recupera Madrid: “¿Es nuestra ordenanza? No. ¿Nos parece que es la ordenanza que necesita Madrid? No, querríamos una ordenanza mucho más ambiciosa. Pero no somos el Gobierno, no tenemos la capacidad de diseñar esa ordenanza. Y lo que estamos es ante la disyuntiva de consolidar Madrid Central o ver que desaparece por sentencia judicial a mediados de septiembre”. 

Los cuatro concejales de Recupera Madrid creen que la ordenanza aprobada por Almeida supone una rectificación en toda regla del también portavoz nacional del PP. En un artículo publicado este mismo viernes en El País Calvo, junto a Marta Higueras, Luis Cueto y Felipe Llamas, defienden que Distrito Centro es, básicamente, Madrid Central con la única diferencia de que se permitirá el acceso a los comerciantes, algo que, dicen, ya estaba ocurriendo “de facto”.

La visión desde Más Madrid es opuesta a la de sus excompañeros. Su portavoz, Rita Maestre, aseguró este viernes que la ordenanza “suprime” Madrid Central ya que se permitirá acceder cada día a 50.000 vehículos más que hasta ahora, según sus cálculos. “Sería muy incongruente por nuestra parte avalar ahora una eliminación de facto de Madrid Central”, dijo en una entrevista en Telemadrid.

Los 15 concejales de Más Madrid votarán así contra la ordenanza en el Pleno, aunque registrarán enmiendas parciales al articulado. El grupo no está solo en su rechazo. Greenpeace también considera la norma un “recorte” sobre lo que existía que tendrá, además, “un coste adicional de 185.000 euros para borrar el nombre de Madrid Central”. Incluso Unidas Podemos, que no tiene representación municipal, ha mostrado su rechazo. El diputado autonómico Agustín Moreno lo dejó claro este viernes en un mensaje en redes sociales: “Y Almeida sigue empeñado en acabar con Madrid Central con una nueva ordenanza que amplía el número de vehículos que circulen por Madrid Central”.

También el PSOE votará no, según explicó el portavoz de Medio Ambiente del grupo municipal, Ignacio Benito. A su juicio, la nueva regulación “sigue priorizando los coches frente a las personas”, además de “ignorar que la contaminación se cobra cada año la vida de 2.000 madrileños y madrileñas”. “Empeora a Madrid Central y se queda muy corta” en lo referido a Plaza Elíptica, zanjó el concejal. El PSOE presentará enmiendas parciales, pero rechazará el conjunto de la norma.

Con todo, ambos grupos dan por hecho el apoyo de Recupera Madrid a la ordenanza, pese a que las circunstancias permitirían que la izquierda pudiera presionar al PP y a Ciudadanos en el breve trámite de enmiendas que ahora se abre. Así lo pidió la propia Manuela Carmena el pasado jueves durante una de sus intervenciones en la Cadena Ser. La exalcaldesa, que se ha desligado de la transformación de Más Madrid en un partido y ha reconocido que no fue una buena idea la ruptura con Podemos de 2019, dijo que “el proyecto del nuevo Madrid Central es una pena”. 

“Se le han afeitado y recortado elementos de limitación de tráfico rodado, hay que hacer lo posible para que Madrid Central vuelva a ser todo lo que era, la ciudad lo necesita”, añadió. Y zanjó: “Espero que la izquierda se ponga de acuerdo y convenzan al alcalde de que no pueden llevar a cabo estos recortes”.

No parece que el deseo de la exalcaldesa vaya a cumplirse. Sus palabras han azuzado la división entre Más Madrid y Recupera Madrid, cuyas posiciones son cada vez más distantes, tanto en lo político como en lo personal. Desde el grupo municipal que lidera Maestre se ha acusado a los concejales escindidos de ser “tránsfugas”. El concejal Jorge García Castaño ha dicho en Twitter: “Espero que Almeida no esté valorando, ni como opción, crear un grupo mixto ilegal a cambio del apoyo a la ordenanza de movilidad”.

En la entrevista con elDiario.es Calvo negó que hayan negociado su apoyo a la ordenanza municipal a cambio de un apoyo del PP y Ciudadanos a sus intentos de no pasar al grupo de no adscritos, donde su labor política se vería reducida casi a cero, tras romper con Más Madrid. Un asunto que ahora mismo está en los tribunales y que debería dirimirse también a la vuelta del verano.

Consciente de esta desunión, Almeida lanzó el viernes un mensaje conciliador con la izquierda y se declaró “dispuesto a negociar con todos”. Salvo un cambio en la estrategia que vaya en la línea de lo señalado por Manuela Carmena, la desunión de los tres grupos progresistas hará imposible un frente común que podría obligar al actual alcalde a introducir cambios. Almeida ha pasado de criticar Madrid Central y la limitación del uso del coche a defender que la UE obliga a poner en marcha este tipo de restricciones.

La ciudad afronta un proceso judicial en Europa por exceso de polución, algo que el propio delegado de Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante, achacó este viernes en buena medida a los humos de los vehículos de combustión. Además, Madrid ha retrocedido por la contaminación del puesto 8 al 16 en el ranking de ciudades con mejor calidad de vida que publica la revista Monocle. Es el puesto en el que estaba en 2015, cuando Ahora Madrid se hizo con la Alcaldía.

Carmena tiene en Recupera Madrid a los que fueron sus más fieles aliados durante su mandato, empezando por Higueras, que fue su mano derecha incluso antes de dar el salto a la política; Felipe Llamas, su jefe de gabinete en el Palacio de Cibeles; o Luis Cueto, sobrino político de la exjueza y coordinador general de la Alcaldía durante su mandato.

Desde Más Madrid se interpretan las palabras de Manuela Carmena de esta semana como una desautorización a los suyos. Pero la posición de los cuatro concejales escindidos no parece haberse movido, a tenor de sus declaraciones. El reloj para una hipotética estrategia común corre y tiene un plazo: hasta el 10 de septiembre.

El futuro de Madrid Central está en el aire. En septiembre será efectiva la sentencia que liquida la ordenanza que puso en marcha la mayor zona de tráfico restringido de España. El Gobierno municipal de José Luis Martínez-Almeida (PP) prepara un nuevo texto, pero no tiene garantizado el apoyo del Pleno. PP y Ciudadanos, los socios de gobierno, necesitan apoyos externos. Vox, su muleta hasta ahora, se niega a dárselos. Tampoco Más Madrid ni el PSOE. Pero la política encuentra a veces caminos insospechados y los cuatro concejales carmenistas escindidos del grupo que lidera Rita Maestre negocian con el propio alcalde su voto favorable, lo que permitiría sacar adelante la ordenanza. Una situación paradójica a la que da respuesta el edil José Manuel Calvo (Madrid, 1984) en una entrevista telefónica con elDiario.es.

“No vamos a consentir que los madrileños perdamos nuestra área de bajas emisiones”, resume el que fuera responsable de Desarrollo Urbano Sostenible en el Gobierno de Manuela Carmena. “La disyuntiva es consolidar Madrid Central o retroceder 20 años en política de restricción del tráfico”, añade. Calvo explica que pondrán condiciones para profundizar en movilidad sostenible, lo que choca con las propuestas que llevaron a Almeida a la Alcaldía y que luego ha tratado de matizar.

Calvo sostiene que el principal beneficiado político si decae Madrid Central será Vox. Y arremete contra sus excompañeros: “Más Madrid hace el caldo gordo a Vox, que quiere que desaparezca cualquier tipo de restricción al tráfico”. El concejal de Recupera Madrid cree que los vecinos que viven ahora dentro de Madrid Central no entenderían que, de un día para otro, desapareciera. Y desliga la negociación de la situación en la que están los cuatro concejales carmenistas tras la escisión de Más Madrid, a quienes acusa de llevar “dos años de vacaciones”. “Rita Maestre no ha hecho oposición a Martínez-Almeida”, concluye.

¿Los cuatro concejales de Recupera Madrid van a apoyar el nuevo Madrid Central de Almeida?

Hemos puesto dos condiciones para votar a favor de esta ordenanza. La primera, que se mantenga Madrid Central tal y como lo diseñamos en el Gobierno de Carmena. Esa es la condición línea roja, la condición sine qua non. Y la segunda es que el Gobierno se abra a negociar, e incluso incorporar en el propio texto de la ordenanza, medidas que fomenten modos de transporte sostenible en la ciudad de Madrid, como son la bicicleta, el transporte público y el desplazamiento peatonal, que es el más sostenible de todos; y, en paralelo, medidas que restrinjan y calmen el tráfico. Si se cumplen estas dos premisas votaremos a favor de la ordenanza.

¿Es nuestra ordenanza? No. ¿Nos parece que es la ordenanza que necesita Madrid? No, querríamos una ordenanza mucho más ambiciosa. Pero no somos el Gobierno, no tenemos la capacidad de diseñar esa ordenanza. Y lo que estamos es ante la disyuntiva de consolidar Madrid Central en esta nueva ordenanza, o a ver que Madrid Central desaparece por sentencia judicial a mediados de septiembre. Y Madrid retrocedería 20 años en política de restricción del tráfico.

Cuando dice que plantean que se mantenga Madrid Central tal y como lo diseñó el Gobierno de Manuela Carmena, ¿se refiere a su perímetro o a todas las medidas que incluía?

Nosotros planteamos que se mantenga la medida íntegra, tanto el perímetro como las condiciones de restricción de vehículos. Fundamentalmente porque ha funcionado bien y ahí están los estudios que lo avalan, y porque entendemos que Madrid no se puede permitir el lujo de prescindir de esas áreas de bajas emisiones. Al contrario, tendría que pensar en cómo ampliarla. 

Tenemos que ver qué texto se aprueba, pero por lo que sabemos el único cambio que se plantea respecto de Madrid Central es la posibilidad de autorizar a los comerciantes del centro. Eso es una medida que en ningún caso modifica la naturaleza de Madrid Central, que es un área de bajas emisiones que trata fundamentalmente de impedir que el centro se utilice para cruzar la ciudad en coche y restringir el acceso de aquellos que no viven ni trabajan en el centro. Estos elementos no se tocan en la nueva ordenanza y por tanto nos parece que Madrid Central se mantiene en las condiciones en las que lo planteamos

Y la cuestión de los comerciantes es un tema menor que consolida en la norma una situación que ya se está produciendo de facto. Los comerciantes del centro tienen la posibilidad de acceder con su vehículo tienen autorizaciones porque la mayoría de ellos se han empadronado allí.

Cuando se puso en marcha Madrid Central el asunto de los comerciantes fue una de las principales broncas políticas y mediáticas. ¿No tiene la sensación de haber dado entonces la batalla para ahora renunciar a ella?

Fue una de las cuestiones que más costó explicar porque se establece una situación poco homogénea. ¿Y cómo se resolvió? Creando excepciones. Y como te decía, la mayor parte de los comerciantes cuentan con esas autorizaciones. Desde nuestro punto de vista, y creo que cualquier persona que lo analiza con una mínima objetividad, esa medida no altera en absoluto la naturaleza de Madrid Central

En estos dos años de Gobierno de Almeida la política medioambiental y de movilidad ha sido uno de los flancos más débiles de su gestión. Sin los cuatro votos de Recupera Madrid no saldría adelante. ¿No temen apuntalar al alcalde en su flanco más débil?

Pues podría ser. Pero voy a más. En este momento nosotros no estamos pensando en el cálculo político electoral. ¿Esto puede desgastar a Almeida? Podría desgastar a Almeida. ¿Nosotros estamos aquí para desgastar a Almeida? En este asunto concreto, no, porque está en juego la salud de los madrileños. Porque está en juego que el día 15 de septiembre, cuando se tenga que cumplir la sentencia judicial, desaparezca Madrid Central. Y con él, esto es lo más grave, todas las APR [Áreas de Prioridad Residencial] de la etapa de Gallardón y Botella, que quedaron subsumidas en Madrid Central

Lo que está en juego si no se aprueba esta ordenanza, que no es la nuestra porque nosotros si hubiéramos mantenido el Gobierno estaríamos hablando de ampliarlo a todo el perímetro de la M-30, es que Madrid ciudad se quede sin área de bajas emisiones. Es decir, que el millón de vehículos que entran y salen todos los días de la ciudad o se mueven por ella, muchos de ellos sin etiqueta o altamente contaminantes, podrían volver a circular por la calle Huertas. De eso es de lo que estamos hablando. Y en ese contexto, hacemos un ejercicio de responsabilidad, y de coherencia, y decimos que no vamos a consentir que los madrileños perdamos nuestra área de bajas emisiones. 

Cuando se produjo su ruptura con Más Madrid uno de uno de los motivos que se esgrimió fue que la oposición contra Almeida no era muy contundente. ¿No es un poco contradictorio con decir ahora que no hay que hacer cálculos políticos?

No, no. El diagnóstico creo que es correcto. Más Madrid ha estado dos años de vacaciones. Rita Maestre no ha hecho oposición a Martínez-Almeida. Le han regalado los Pactos de Cibeles y no se ha establecido ningún mecanismo de control o rendición de cuentas, como nosotros exigimos. Se le he regalado la medalla a Botella. Hay que recordar que Más Madrid votó con Almeida premiar a Ana Botella, no se sabe muy bien por qué méritos, si fue por vender viviendas municipales a los fondos buitre.

Almeida ha campado a sus anchas. Si ahora hiciéramos una encuesta entre la ciudadanía de Madrid a cualquier vecino le costaría reconocer a algún líder de la oposición. Por tanto, Más Madrid no ha hecho oposición y me temo que tampoco la va a hacer de aquí en adelante.

Pero en este caso se oponen a la ordenanza del Gobierno de Almeida.

Yo creo que por esa crítica que planteamos nosotros han elegido el tema más inoportuno para oponerse. Estamos ante el riesgo de que el Madrid pierda su área de bajas emisiones. No se puede actuar con frivolidad. Y eso no impide que se haga una oposición contundente. Todo lo contrario.

Yo el día que salga a la tribuna del Ayuntamiento a explicar mi posición de voto, denunciaré de principio a fin la nefasta política medioambiental del gobierno de Almeida en estos dos años. Y trataré de hacer una oposición que sea firme, pero sobre todo que plantee dos cuestiones. Una, que establezca una alternativa de Gobierno clara al desastre de Almeida. Y dos, un proyecto político que tenga opciones de plantarle cara desde el punto de vista electoral, es decir, una plataforma amplia que sume fuerzas que aúne sectores progresistas diversos. Creo que todo ese trabajo no se ha hecho y nosotros estamos por la labor y vamos a tratar de hacerlo en estos dos años que quedan.

Si nosotros no damos este paso quien se sale con la suya es Vox, que quiere que desaparezca cualquier tipo de restricción al tráfico. Más Madrid, con esta posición frívola, hace el caldo gordo a Vox, que sería quien aplaudiría.

¿Han comentado su posición con la concejala que fuera responsable de poner en marcha Madrid Central, la hoy diputada de Más País Inés Sabanés?

No. No, no, no, no. Nosotros no tenemos digamos esa confianza y esa relación con los diputados de Más País. No pertenecemos a ese proyecto político.

Pero sí compartieron Gobierno durante cuatro años.

En este caso no hemos hablado con Inés. Podríamos haberlo hecho, pero no nos ha parecido relevante la opinión que pueda tener, aunque entiendo que lo que más le interesará es que Madrid Central se mantenga, no que Madrid pierda su área de bajas emisiones por esa sentencia judicial que lo anuló.

¿Y con la exalcaldesa, con Manuela Carmena? 

Con Manuela hablamos periódicamente y yo creo que comparte que Madrid no puede perder su área de bajas emisiones. Estamos en periodo estival, pero seguro que tenemos oportunidad de tratar este tema de aquí a que se produzca. 

Decía al principio que su voto favorable está supeditado a una mejora en una movilidad más sostenible. ¿Han planteado alguna medida concreta en este sentido? Porque, por ejemplo, BiciMAD acumula denuncias de los usuarios por que cada vez hay menos posibilidad de utilizar ese servicio. ¿Han negociado alguna medida concreta que debería ir en la ordenanza para que lo apoyen?

Nosotros tenemos una batería de medidas, pero tenemos que ver el texto definitivo para poder plantear las enmiendas correspondientes. Estamos a la espera de que se apruebe en la Junta de Gobierno y luego se abre un periodo de enmiendas. Habrá enmiendas que tengan cabida en el texto de la ordenanza, que es un articulado técnico. Pero habrá también otras medidas de carácter estratégico y de planificación a medio plazo, que a lo mejor no van en el texto de la ordenanza, pero que deben ser compromisos del Gobierno. Y para eso estableceremos, a diferencia de lo que ocurrió en los Pactos de Cibeles, los correspondientes mecanismos de control y seguimiento de que se cumplan esos compromisos y, en caso de que no se haga, poder denunciarlos ante la opinión pública para que todos los madrileños se enteren.

Y más allá de Madrid Central y de la movilidad, ¿han planteado algún otro tipo de negociación o de compromiso en las conversaciones con el alcalde y con el equipo de gobierno? Sobre otras políticas, otras medidas o incluso sobre el futuro de Recupera Madrid dentro del Pleno del Ayuntamiento, que está en el aire. 

La negociación se ciñe al ámbito de la movilidad y fundamentalmente al ámbito de esta ordenanza. Lo otro está judicializado. Estamos a la espera de que se pronuncie la jueza sobre unas cautelares que hemos solicitado para que el Ayuntamiento de Madrid deje de tenernos amordazados, como hemos estado hasta la fecha. Llevamos cinco meses, casi seis, sin poder ejercer nuestra labor. Y hay una sentencia judicial que debe producirse en breve, a la vuelta del verano, sobre si debe constituirse o no un Grupo Mixto. Eso está en los tribunales y no forma parte de ninguna negociación.

José Manuel Calvo es uno de los concejales de Más Madrid en el Ayuntamiento de la capital que ha decidido no participar en la construcción del partido político. Calvo fue el edil de Urbanismo en el anterior Gobierno de Ahora Madrid y uno de los que Podemos expulsó cuando decidió unirse a la candidatura de Manuela Carmena sin someterse a las primarias internas de la formación que lidera Pablo Iglesias. Ahora, el también arquitecto de profesión, ha decidido que su camino está junto a los concejales más próximos a la exalcaldesa que han apostado por no participar en la creación del partido que lidera Íñigo Errejón.

Calvo entró a la corporación en 2015 por los pelos dentro de la candidatura que aupó a Manuela Carmena a la Alcaldía. Era el último de la lista que consiguió representación, pero eso no impidió que ocupara una de las carteras más importantes en un gobierno municipal. El edil ha publicado recientemente un libro titulado 'Manual de Gobierno progresista' (Catarata) en el que aborda su paso por el Ayuntamiento y la gestión en la que 19 concejales de Ahora Madrid se embarcaron cuando una candidatura municipalista logró, con el apoyo del PSOE, desbancar del poder tras más de dos décadas al Partido Popular. En el prólogo escrito por Carmena, la exalcaldesa dice de Calvo que es “un político ejemplar” y destaca su habilidad para llegar a acuerdos. El edil defiende en este ensayo la capacidad del Gobierno de Carmena para abordar la gestión desde el interés general y hace un repaso por todos los desarrollos urbanísticos a los que se enfrentó como concejal del ramo.

Preguntado por cuál debe ser el rumbo de Más Madrid en 2023, Calvo aboga por que todas las fuerzas progresistas de la ciudad, y eso incluye a Podemos y PSOE, se sienten a diseñar una candidatura “amplia y progresista”. La única forma, defiende, para desalojar de la alcaldía a José Luis Martínez Almeida.

Ha publicado un libro en el que aborda el paso del Gobierno de Ahora Madrid por el Ayuntamiento de la capital. Un año después y habiendo podido analizar la situación, ¿por qué cree que no fueron capaces de revalidar mandato?

A estas alturas parece claro que fue un error no ir con una candidatura conjunta con Podemos a las elecciones, de la misma manera que Podemos se equivocó apoyando a última hora a un candidato que no tenía opciones de entrar en el Ayuntamiento. Otro factor fue la coyuntura, la desmovilización que se produjo por el hecho de que un mes antes hubo unas elecciones donde la izquierda se movilizó para evitar que la ultraderecha pudiera gobernar con el Partido Popular. Al mes siguiente ese miedo ya no existía y eso produjo la desmovilización, una caída de varios puntos de participación que perjudicó a la izquierda.

¿La desmovilización no pudo tener que ver con que dejaron de lado los intereses de las personas más vulnerables?

Eso es una explicación simplista que ofrecen quienes no han sido capaces de capitalizar ningún resultado electoral. Manuela ganó en 16 de los 21 distritos de Madrid, no nos olvidemos. Una candidatura de izquierdas ganó las elecciones en Madrid 32 años después. Fue una candidatura apoyada por el electorado de izquierdas, buscando también apoyos en otros electorados porque, como siempre dijimos, nosotros no veníamos a hacer una gestión sectaria. Veníamos a gestionar para el conjunto de la ciudadanía y ahí, evidentemente, nunca nos cerramos ni criminalizamos a los empresarios, son actores fundamentales en la construcción de la ciudad. Aunque tampoco les pusimos nunca la alfombra roja. Y el Ayuntamiento de Madrid nunca ha tenido mayor atención hacia los colectivos vulnerables que en la etapa de Manuela: aumentando la inversión, las prestaciones y la atención a los distritos de la periferia en los que el Partido Popular no invertía desde hacía 20 años.

Pero no pudieron acabar o reducir esa desigualdad que dijeron que cambiarían.

Cuando llegas a una administración como el Ayuntamiento de Madrid te encuentras como a los mandos de un trasatlántico. Nadie se puede plantear que vas a virar el rumbo de ese trasatlántico de un día para otro y vas a cambiar la ruta. Empiezas a trabajar, a cambiar determinadas inercias, y eso requiere tiempo. Cuatro años son claramente insuficientes para superar un modelo de 25 años del Partido Popular, de políticas neoliberales en la ciudad y en la Comunidad de Madrid, políticas que han hecho que cada año aumente la desigualdad. Para corregir esa inercia requieres mucho más de cuatro años, pero nosotros sentamos las bases de un nuevo modelo. Hoy la ciudad se está beneficiando de ello. Hay vivienda pública en marcha, hay un compromiso de todos los grupos del Ayuntamiento de que no se venda vivienda a los fondos buitre. Aumentamos el gasto social aún manteniendo unas cuentas absolutamente saneadas. Con una manera de gestión diferente, con participación, con diálogo con todos los actores. De todo eso está viviendo hoy el actual gobierno, de toda esa herencia.

Dice que no le hicieron ascos a los empresarios. Hace poco fue muy criticada una entrevista a su compañero Luis Cueto en la que decía que de lo que más orgulloso se sentía era de llevarse bien con empresarios como Florentino Pérez.

El titular estaba pensado para vender la entrevista, porque su contenido no tenía mucho que ver con el resto. Pero a mí no me sorprende, por otra parte, que dijera que se sentía orgulloso, que se sentía satisfecho de llevarse bien con los empresarios. Lo que tendría que preocupar sería que alguien dijera que se siente orgulloso de llevarse mal. Hoy el Gobierno de España y Yolanda Díaz como ministra de Trabajo están demostrando que es posible el diálogo, trabajar con el sector empresarial, sin renunciar a tus planteamientos y estableciendo claramente los ámbitos de cada una de las partes. Nosotros lo que no hicimos fue ponerle la alfombra roja a nadie ni subordinar los intereses de la ciudad a los de un empresario.

Estoy pensando en el caso del Edificio España, cuando la empresa Wanda quería derribar el edificio y nosotros, con mucha claridad y con mucha amabilidad y llevándonos bien con ellos, les dijimos que no se podía derribar, que el interés de la ciudad estaba por delante del de aquella multinacional china. Ese y otros tantos ejemplos son una prueba de cómo el Gobierno de Manuela Carmena ha gestionado esta ciudad durante esos cuatro años.

Dice en el libro que el Gobierno de Carmena y el actual podrán compararse dentro de cuatro años y se identificarán las diferencias, pero lo cierto es que en materia de Urbanismo lo que está haciendo el Ejecutivo de PP y Ciudadanos en la ciudad de Madrid es sacar adelante lo que ustedes dejaron hecho. ¿No significa eso que no hay tantas diferencias?

Es una visión simplista decir que en urbanismo no ha habido diferencias. Lo que ha ocurrido es que el Partido Popular y Ciudadanos han entendido que les iba a suponer mayor coste político echar atrás planes que estaban muy avanzados de esta etapa, antes que continuarlos a regañadientes.

En el asunto más polémico, el más discutible, la Operación Chamartín, ¿qué hubiera pasado si nosotros no hubiéramos planteado nuestro proyecto y no hubiéramos llegado casi hasta la aprobación definitiva? Con toda probabilidad, PP y Ciudadanos hubieran sacado del cajón el plan de Ana Botella que nos parecía aberrante. Madrid Nuevo Norte fue pactado, discutido y hablado con todos los actores. El Partido Popular y Ciudadanos lo único que han hecho ha sido tener la suficiente inteligencia como para no reabrir de nuevo ese proyecto.

Pone la Operación Chamartín como ejemplo de las diferencias en el urbanismo, pero el Gobierno de Almeida podría haber acabado con su proyecto al igual que hizo Carmena cuando terminó con el de Botella.

Sí, pero cada día que pasa las tramitaciones urbanísticas son más complejas. En Chamartín no solamente tumbamos el plan parcial de Ana Botella, sino que iniciamos una modificación del Plan General, que estuvo en tramitación aproximadamente dos años y donde además hablamos con todas las administraciones. Para PP y Ciudadanos hubiera tenido más coste asumir que no se iba a hacer nada en ese ámbito que continuar con el proyecto de Manuela Carmena.

Veo que sigue defendiendo la Operación Chamartín pese a la contestación de una parte del electorado progresista. 

Contestación social tiene cualquier plan urbanístico que hoy se saque adelante. Diría que Madrid Norte lo que tiene es un enorme apoyo social en la ciudad de Madrid y me remito a esa necesidad que tiene de actualizar el modelo urbano en base a una serie de criterios que están recogidos todos en Madrid Nuevo Norte. Hablo de un sistema viario orientado al peatón, a la bici y al transporte público. Hay que recordar el cambio estratégico que planteamos cuando trasladamos el grueso de oficinas de la M-30 al entorno de la estación de Chamartín. O la reducción de edificabilidad, no porque estuviéramos en contra de la alta edificabilidad, sino porque hacían una trampa que era computar las vías para la edificabilidad. Eso son criterios del urbanismo del siglo XXI que hoy se están reclamando para la generación de nuevo tejido urbano y están todos ellos recogidos en el proyecto.

¿Y qué opina de que el promotor privado haya vendido una parte una vez se ha aprobado el proyecto?

Cuando intervienes en la ciudad te encuentras con actores privados, con grupos empresariales que tienen sus propios intereses. Nuestro objetivo desde la Administración siempre fue diseñar un buen modelo. Cambiamos el modelo de gestión que era de iniciativa privada a un modelo de iniciativa pública modificando el plan general. Que el promotor privado pueda defender sus intereses o pueda intentar maximizarlos vendiendo una parte de una actuación urbanística nos lo podemos encontrar en otros muchos proyectos como Canalejas, Edificio España, el Paseo de la dirección Calderón... Hay relaciones empresariales que se nos escapan. Lo que la Administración tiene que garantizar es que sea quien sea el propietario de esos derechos edificatorios cumpla estrictamente lo pactado en los planes y con lo que dicta la legislación.

Algunos compañeros y excompañeros dicen de usted que es de derechas y que podría militar en Ciudadanos.

Hay una izquierda infantilizada que considera que es de derechas cualquiera que no comparta el 100% de sus planteamientos o que incluso compartiéndolos, haga algo que le parezca inapropiado. Lo vimos con un tuit de Alberto Garzón [ministro de Consumo] en el que felicitaba a Nadia Calviño [vicepresidenta económica]. Para esa izquierda, que se pasa la vida defendiendo las esencias, Garzón ha pasado a ser de derechas, si no lo era ya. Pues ese mismo rasero nos lo aplicaron a nosotros, y particularmente a mí, que me ocupaba de una materia tan poco conflictiva como el urbanismo, y encima en Madrid.

Cuando escasean los argumentos lo fácil es poner etiquetas y cuando no se quieren asumir las contradicciones que exige la acción de gobierno, lo fácil es decir que quienes toman decisiones que no contentan a tu parroquia son de derechas, en lugar de plantear un debate serio donde se pongan encima de la mesa los elementos (antecedentes, derechos adquiridos, marco normativo...) que condicionan la gestión. Yo podré criticar ideas o decisiones con las que no esté de acuerdo pero no caeré en la simpleza de calificar a alguien utilizando etiquetas.

La crisis de la Covid-19 está poniendo en el espejo a las ciudades que apuestan por la bicicleta y a las que no. Madrid es una de las menos desarrolladas en ese sentido y en parte fue así por la gestión del Gobierno de Carmena y por su gestión como concejal de Urbanismo.

La realidad es que nosotros hicimos una importante inversión en infraestructura ciclista como en Vinateros, en la Chopera, en Melancólicos, en Santa Engracia... En tantos y tantos sitios donde desarrollamos infraestructuras ciclistas segregadas por calzada segura, como lo están haciendo todas las ciudades del mundo.

Pero fue insuficiente.

Indudablemente que es insuficiente. Necesitamos más tiempo para continuar ampliando la red ciclista. Tuvimos además el problema de que durante un año estuvimos parados por un enfrentamiento absurdo de un empeño de nuestro concejal de Hacienda [Carlos Sánchez Mato] con el Ministerio de Hacienda. Un enfrentamiento que nos costó un año de no poder llevar a cabo inversiones financieramente sostenibles y determinadas inversiones que estaban en presupuesto ordinario y que fueron paralizadas también en los juzgados y obstaculizadas por la intervención que el Ministerio de Hacienda hizo del Ayuntamiento de Madrid.

Parece que responsabiliza a Sánchez Mato de ese enfrentamiento. ¿No cree que el Partido Popular usó su poder como Ejecutivo central para hacer oposición al Gobierno de Carmena?

Indudablemente, lo cuento en el libro: Montoro y Rajoy situaron al Gobierno de Manuela Carmena como su enemigo a abatir porque era la plasmación de un proyecto alternativo al del Partido Popular. Dicho esto, creo que fue poco hábil por parte de nuestro concejal de Hacienda asumir el enfrentamiento de esa manera tan directa. Por supuesto, había que reclamar en los tribunales y ante las instancias que fueran necesarias poder utilizar el superávit para mejorar la vida de los ciudadanos, pero no entrar en una confrontación directa con una administración que tiene todos los mecanismos para intervenirte e impedirte que puedas desarrollar tu labor, como ocurrió durante unos meses. Se lo pusimos muy fácil.

¿Por qué no se ha unido al proceso de configuración de Más Madrid como partido político?

En este momento la solución no pasa por crear un partido, una plataforma o como queramos llamarlo. Pasa por desarrollar un trabajo serio en la oposición y presentar una alternativa clara al actual gobierno de Almeida con la extrema derecha. Tenemos los mimbres para hacerlo porque gobernamos esta ciudad hasta hace un año y fuimos los que pusimos en marcha un proyecto de progreso para la ciudad de Madrid. A partir de ahí, me parece que hay distintas maneras de organizarse, pero tenemos una red de locales vecinos que hay que potenciar, estructuras asamblearias que hay que cuidar... La solución en este momento no es crear un partido político más para la ciudad, sino ir por esta otra vía. Debemos centrarnos en tender puentes con otras fuerzas políticas cercanas y buscar una gran alianza progresista para la ciudad de Madrid. Me parece que ese es el único camino para llegar a 2023 con opciones de plantarle cara a Almeida.

Habla de los partidos políticos como algo obsoleto pero usted a diferencia de Marta Higueras y Luis Cueto sí que estuvo en un partido político. ¿Qué ha cambiado?

En este momento de mi vida no estoy interesado en formar parte de una estructura de partido o de plataforma. Vengo de una experiencia traumática en Podemos, donde se nos pre-expulsó a una serie de concejales por el único hecho de decidir continuar en el proyecto municipal que habían apoyado. Cada experiencia te marca y te condiciona en las siguientes decisiones. Los partidos políticos son un actor necesario, pero no el único para hacer política. Comparto la definición que dio Manuela hace unos días, de que son estructuras cada vez más insuficientes para poder atender la complejidad de la sociedad contemporánea.

Los partidos políticos son instrumentos que se dedican a consolidar espacios electorales y eso deja fuera otros muchos elementos, otras muchas voces, personas que no tienen interés en formar parte de esa estructura. Precisamente cuando nos presentamos hace un año y medio, lo que defendíamos era que teníamos que ser capaces de abrirnos y de absorber toda esa capacidad que está fuera de los partidos políticos, que está en la sociedad civil, que también tiene ganas de hacer política, pero en otros formatos.

Habla de que su salida de Podemos fue traumática porque fueron expulsados. Muchos denunciaron falta de democracia interna. ¿Ha vivido lo mismo con Más Madrid?

Hemos vivido una situación muy particular en Más Madrid porque prácticamente hemos aterrizado en la institución y en ese tipo de procesos siempre hay carencias en cuanto a cómo se toman las decisiones, pero fundamentalmente por la naturaleza del propio proceso. Si me preguntas de manera más genérica, creo que efectivamente los partidos políticos adolecen en general de mecanismos de democracia interna.

Le pregunto particularmente por Más Madrid, no en general.

Como grupo municipal nos reunimos y tomamos decisiones como grupo. En lo que respecta a Más Madrid no se ha constituido como estructura política, habrá que ver cuando se constituya.

¿Por qué no cree que es posible crear un partido político y luego buscar esa candidatura amplia de la que habla?

No me parece que sea la solución. Entiendo que haya compañeros que estén en eso y que piensen que esa es la solución, que eso nos va a servir para mejorar la posición de Más Madrid, yo no lo veo así. Pero tampoco voy a obstaculizar a quienes quieran emprender ese camino y por eso he planteado al igual que otros compañeros quedarnos al margen de la estructura orgánica que se cree.

Pero qué es lo que reivindican diferente a sus compañeros.

A nivel ideológico no hay diferencias o las diferencias son mínimas, nos sentimos a gusto trabajando en ese plano sin ningún problema. Pero el hecho de tener esa prisa en configurarse como partido político al final va a redundar en que va a primar la lógica de partido frente a esa idea que nosotros defendemos y reivindicamos de abrirse al conjunto de la sociedad y, sobre todo, abrirse al resto de fuerzas políticas para poder construir esa alianza progresista. No hacerlo supone asumir que Almeida va a estar gobernando esta ciudad hasta que él quiera.

Si no hay estructuras, ¿quién toma decisiones?

Es que nadie plantea que no haya estructura, lo que decimos es que en este momento las estructuras de partido pueden ser más un problema que una solución. Nosotros ya tenemos una estructura, tenemos un grupo municipal, tenemos un equipo técnico de asesores, tenemos 210 vocales vecinos en cada uno de los distritos, tenemos asambleas de barrio que también se reúnen y se organizan. Lo que nosotros decimos es no sigamos con esas estructuras, todo lo contrario, dejemos que se desarrollen de una manera más informal y que permitan incluir a toda persona que quiera participar en este proyecto, se quiera adscribir o no un partido político.

Algunos compañeros de Más Madrid dicen que ustedes no quieren asumir la carta financiera. 

Nosotros llegamos a un acuerdo de carta financiera en el seno del grupo municipal y ese acuerdo, que yo sepa, no hay nadie que no lo respete o que se haya opuesto. Requirió un debate intenso en el que cada cual marcó sus posiciones, llegamos a un acuerdo bilateral, yo diría que es muy equilibrada, tanto la aportación como en el destino de los fondos y que yo sepa, ningún concejal de mi grupo municipal se ha apartado de ese acuerdo. A partir de ahí, evidentemente, si el partido cuando se constituya establece cargas financieras para sus militantes entiendo que a alguien que no milita en un partido no se le puede exigir que asuma una carta de un partido político.

¿Tiene sentido que Marta Higueras siga siendo la portavoz?

Siempre hemos reivindicado la autonomía del grupo municipal. El grupo municipal debe ser autónomo para tomar sus decisiones. No es una reivindicación propia es un derecho incluso legal, reconocido en la ley. Es el grupo municipal el que en cada momento tiene que decidir quién asume las responsabilidades dentro del grupo municipal. Evidentemente, sobre la Portavocía del partido u otro tipo de funciones que dependan del partido, no tengo nada que decir y será el partido el que decida quién asume esa responsabilidad. Pero en el seno del grupo municipal tiene que ser el propio grupo quien tome esa decisión.

¿Higueras tiene suficientes apoyos?

Creo que tenemos que seguir manteniendo una relación entre compañeros y compañeras y debemos buscar además amplios consensos y acuerdos porque lo que tenemos que hacer es un trabajo conjunto durante tres años. Fundamentalmente diseñar y presentar un proyecto de oposición al Gobierno de Almeida y a la extrema derecha.

Por lo que dice, tiene intención de continuar en 2023...

No lo planteo desde un punto de vista personal, sino de persona que en este momento está trabajando en un grupo municipal en el Ayuntamiento de Madrid para mejorar esta ciudad. En la política no se viene para quedarse, hay que asumir que esto es una actividad, y en eso también comparto con Manuela que la política no puede ser una profesión. No sé si será dentro de tres años o dentro de dos o dentro de cinco, pero yo aparte de ser arquitecto, di clases desde que terminé la carrera, uno de mis objetivos es volver a la universidad cuando corresponda, cuando llegue el momento.

¿Por qué cree que el proyecto de Mas Madrid no puede generar ese proyecto alternativo al Gobierno de Almeida?

Ni Más Madrid ni el Partido Socialista ni Podemos, ni ninguna otra fuerza del ámbito progresista que trabaje en Madrid va a poder construir ese proyecto en solitario. Vamos a tener que sentarnos a hablar, discutir... y seguramente a renunciar a parte de nuestros elementos como primarios. Tenemos que sentarnos con esa generosidad de construir entre todos colectivamente un proyecto alternativo al de Almeida con la extrema derecha, porque es lo que nos espera en Madrid si los progresistas no nos tomamos en serio la amenaza. Me parece que estamos excesivamente ensimismados cada uno mirando a su partido o a su espacio político.

Eso que plantea hoy va en contra de lo que defendía hace un año de que uno más uno no suman dos.

En política lo que no funciona es pensar que la coalición del partido A con el partido B va a sumar A+B. Esa coalición puede dar un resultado superior a la suma de las individualidades o inferior. Lo que digo es que las fuerzas progresistas en esta ciudad tienen que sentarse a pensar conjuntamente un proyecto alternativo y a partir de ahí habrá que ver con qué configuración política, instrumental o electoral tiene para darle forma. Pero es importante que se empiece a hablar.

¿Qué opina de Rita Maestre como líder de Más Madrid ciudad?

Creo que Rita es una estupenda portavoz y eso ya lo ha demostrado. Es una persona, además, que tiene un cierto carisma y que tiene un peso importante en la opinión pública

¿Sería una buena candidata para la candidatura amplia que plantea para 2023?

Más que una candidatura amplia, de lo que hablo es de reconstruir primero relaciones y luego buscar una gran alianza que tendremos que ver en qué se traduce. En todo ese proceso habrá que valorar qué relaciones se establecen y cuáles son los liderazgos para encabezar esos proyectos. De momento me parece que estamos muy lejos.

Habla de reconstruir con Podemos, ¿es eso posible?

Sí, hablo de todas las fuerzas progresistas y hablo de Podemos. Pero también del Partido Socialista e incluso de otros partidos u organizaciones que compartan un objetivo fundamental con nosotros que es que el Gobierno de Ayuso en la Comunidad de Madrid y el Gobierno de Almeida en el Ayuntamiento Madrid se tienen que acabar en 2023.

Dice en el libro que “de los enormes retos que tienen que afrontar las ciudades en el siglo XXI, el problema de la vivienda es, sin duda alguna, el más complejo”. Usted es un claro defensor de la regulación de los precios del alquiler y de hecho tiene diseñado un modelo. 

Tenemos que ir a una regulación tasada de los precios del alquiler. Eso no supone eliminar la rentabilidad, sin rentabilidad la vivienda no se pone en el mercado. Pero hay que acotar y limitar la rentabilidad, como se hace en tres estados de Estados Unidos –lo explico en el libro– o como se hace en tres países de la Unión Europea, como Francia, Portugal y también, por supuesto, Alemania. Lo terminaremos viendo y será como las medidas de movilidad: dentro de siete o diez años todo el mundo las asumirá como inevitables y necesarias, pero es verdad que en este momento existe una oposición clara de la derecha y la extrema derecha de llevar a cabo medidas como esta en la ciudad de Madrid.

¿De qué se siente más orgulloso de su paso como delegado de Urbanismo?

De haber cambiado la manera de hacer ciudad, de que por fin esta ciudad no se ha hecho a golpe de reunión en los reservados de los restaurantes, en los palcos de fútbol o en los toros. Se hizo ciudad hablando con todo el mundo. Por ejemplo, el proyecto de Plaza de España que se hizo con una participación brutal de la ciudadanía madrileña, fue la ciudadanía de Madrid la que decidió como tenía que ser.

Pero se tomaron decisiones al margen de una parte de su gobierno que estaba en contra de esas medidas.

Que se establezcan cauces de diálogo no quiere decir que se busque la unanimidad o que se entienda que cualquier decisión tiene que tomarse por unanimidad. Lo que digo es que fuimos capaces de establecer esos mecanismos y de ponerlos en práctica. Por supuesto que gente que participó en esos procesos pudo no compartir el resultado final e incluso pudo oponerse. Eso es gobernar, gestionar: asumir que no todo el mundo va a estar contigo. Asumir que tienes que, como decía Pablo Iglesias en su día, cabalgar contradicciones. Gobernar es complejo y requiere a veces asumir este tipo de dificultades. Pero lo que sí que digo es que en ningún momento rehuimos ese debate.

“Como si fuera una maldición —o una premonición—, la especulación acompañó a la nueva capital desde el primer momento”. La casualidad ha querido que la aprobación de la Operación Chamartín, ahora conocida como Madrid Nuevo Norte, me pille leyendo Barcelona – Madrid. Decadencia y auge (ED Libros, 2019), de Josep Maria Martí Font. El libro, que es como una extensión de otro del mismo autor, La España de las ciudades (ED Libros, 2017), pero con una mirada más en detalle a las dos grandes urbes nacionales, relata los porqués de la caída de Barcelona y el auge de Madrid. Como cuenta Martí Font, Madrid creció en época de Franco engullendo pueblos y convirtiéndolos en barrios con la intención de ponerla como ciudad hegemónica de la Península. Con la Transición y, sobre todo, con el primer gobierno socialista, la pugna entre ambas localidades se igualó. Con Aznar, volvió el desequilibrio.

“Aznar diseñó el Madrid actual con la idea de que fuera la Miami europea; una capital de cómo mínimo diez millones de habitantes”. Para ello, explica el autor, se crearon las infraestructuras convenientes —como la red radial de alta velocidad, que no sólo conecta lugares lejanos sino que absorbe poblaciones cercanas (Toledo, Segovia, Guadalajara, Cuenca, Ciudad Real) para extender la mancha urbana, y la ampliación de Barajas y su pretensión de ser hub internacional, sobre todo para conexiones americanas—, se culminó la privatización de grandes empresas públicas como Telefónica, Repsol y Endesa y se hizo del ladrillo el eje de la productividad española. Todo ello alimentaba unos capitales instalados en el centro, bien cerca del poder que tan bien les complacía, y perfectamente conectados para recibir inversiones de todo el mundo y redistribuirlas, si eso y comisiones aparte, por el resto de un país cada vez más dependiente de su capital. Pero el desequilibrio territorial consecuente no sólo lo padecía el estado, la propia ciudad veía cómo ese crecimiento se quedaba cada vez en menos manos y la desigualdad crecía. Madrid es hoy la segunda gran ciudad con más desigualdad social de Europa y la capital más segregada del continente, una urbe rota en dos por una diagonal de suroeste a noreste que deja la riqueza para la parte de arriba.

El Madrid Nuevo Norte ahora aprobado por unanimidad por todos los grupos del Ayuntamiento y aplaudido por la mayoría de los medios de comunicación es un ciclo de esteroides para esta situación. Por mucho que se repita que la operación responde a la necesidad de “cerrar una herida urbana” —la abierta por las vías de la estación—, el plan es, desde el principio, un negocio inmobiliario. La cosa nace en 1993 con González de presidente y Borrell como ministro de Fomento y responsable por eso de Renfe, que adjudica a Argentaria (ahora BBVA) suelo público, previamente expropiado, para un desarrollo urbanístico. La operación va engordando pero también va siendo frenada por diversas circunstancias hasta que, justo cuando llega al poder de la ciudad la confluencia municipalista que prometió preocuparse por vigilar el desequilibrio territorial y los movimientos especulativos, se acelera.

Aunque se haya aprobado en uno de los primeros plenos presididos por Martínez-Almeida y su gobierno uno y trino, la medalla hay que ponérsela a la exalcaldesa Manuela Carmena, a su coordinador general, Luis Cueto, y al exconcejal de Urbanismo, José Manuel Calvo. De hecho, se la ponen ellos mismos en textos como éste publicado esta semana en El País, en el que avisan de que van a dar razones de su defensa de la operación pero no terminan de razonar gran cosa. Que su proyecto tenga menos edificabilidad, un poco más de vivienda pública y algo más de atención al transporte público que el de Ana Botella no parece responder a las grandes preguntas que plantea el también conocido como “mayor desarrollo urbanístico de España”. ¿Tiene sentido usar suelo público para desarrollos privados y no aprovecharlo totalmente para vivienda social cuando por aquí no pasamos del 1% de la misma? ¿Por qué sumar poderío al norte de una ciudad segregada territorialmente en la que el sur es siempre el que pierde? En un país en estado de burbuja inmobiliaria permanente y en un mundo asolado ya por el cambio climático, ¿qué inversión de futuro es apostar por el ladrillazo de siempre?

Madrid quiere ser Londres

En realidad, la idea de Aznar de convertir Madrid en Miami ha ido mucho más allá y ahora la capital parece que quiere ser Londres. Madrid está haciendo todo lo posible por lucirse como una de esas ciudades globales hechas por y para los inversores y no por y para sus habitantes. Lo de la participación público-privada, otro hito del que se presume sonoramente en esta operación, no tiene por qué ser una mala idea siempre que lo privado esté supeditado al servicio de los intereses comunes. Lo de construir vivienda tampoco suena mal siempre que no se haga según el modelo especulativo que imponen los mercados internacionales y que nos está hundiendo en esta emergencia habitacional en la que vivimos.

Madrid Nuevo Norte recuerda a esos desarrollos londinenses que, a partir de la privatización del suelo público, se convierten en un jugoso negocio para los que manejan el tablero de juego económico del mundo y ponen a toda la región en el foco de nuevas y rentables inversiones, como explica Javier Gil aquí. Según cuenta El Confidencial, BBVA ya tiene preparada la venta del negocio a un fondo, parece que de Oriente Medio —aunque seguramente la subasta sólo acaba de empezar con la aprobación del Ayuntamiento—. Da igual que esto ocurra justo cuando el banco y la división con la que opera en este proyecto estén manchados por imputaciones judiciales; quizá tampoco importe la denuncia de Podemos e IU a 28 de los responsables de este asunto. Probablemente el tema no vaya mucho más allá. Los grandes medios de comunicación tienen como accionistas a esta y otras entidades bancarias y a un buen montón de fondos buitre. Las conexiones de los poderes privados financieros e inmobiliarios con los poderes públicos son tantas que, más que conexiones, son el mismo poder.

Tiene razón Martí Font, la especulación que hizo de Madrid la capital del reino era una premonición. Entonces fue el Duque de Lerma, que convenció a Felipe III, de quien era valido, para mover primero la capital a Valladolid y luego a Madrid después de haber comprado fincas en ambos lugares y lograr así dos pelotazos en uno. Hoy, los ganadores son los bancos y los fondos internacionales pero el asunto es el mismo. El nuevo norte de Madrid es el de siempre: más especulación, más desigualdad.

(Es justo decir que, en Barcelona - Madrid. Decadencia y auge, Josep Maria Martí Font tiene una visión de la Operación Chamartín distinta de la mía. Dedica dos o tres párrafos a elogiar el proyecto corregido por el equipo de Carmena que, sostiene, posiciona a la ciudad para continuar un crecimiento que, para él, es acertado. Aunque también menciona la alarmante desigualdad de Madrid, no termina de relacionarla con este modelo de crecimiento. En general, defiende la evolución de la capital, sobre todo frente a la decadencia que, en su opinión, está sumida Barcelona. Quizá sea por la decepción que esto último le supone o quizá por lo bien que se ve todo con un poco de distancia, aunque de cerca las cosas sean de otra manera).

Poco más de dos años después de que Esperanza Aguirre presentara su dimisión como concejala del Ayuntamiento de Madrid tras la detención y entrada en prisión del que fuera su mano derecha en el gobierno regional, Ignacio González, el Partido Popular recupera la alcaldía. Transcurrido apenas un año desde que Cristina Cifuentes tuviera que dimitir al conocerse el “caso Máster” y hacerse público un video en el que era interceptada por un guardia de seguridad mientras intentaba, presuntamente, llevarse un par de botes de crema sin pasar por caja. Cuando no han pasado ni seis meses desde que el tribunal del Tribunal de Cuentas condenara a Ana Botella y a todo su ejecutivo a devolver 23 millones de euros a las arcas públicas por malvender 1860 viviendas municipales a un fondo buitre, tenemos de nuevo al PP a los mandos del ayuntamiento. Pese a no haber ganado las elecciones y haber obtenido el peor resultado de su historia en la capital. Por eso esta vez no viene solo. Lo hace acompañado de un partido que se decía «regenerador» como Ciudadanos y de otro como Vox, una fuerza de extrema derecha que afirma que no existe la violencia machista y que considera al colectivo LGTB un lobby deprivilegiados a los que quiere mandar a la Casa de Campo.

Sin estos apoyos, el PP no habría alcanzado el gobierno de la ciudad. Pero sabíamos que se pondrían de acuerdo. Lo sabíamos desde que los resultados de la noche electoral del 26M otorgaran mayoría absoluta a la suma de estos tres partidos. Todo lo que hemos visto y oído desde entonces no ha sido más que un patético vodevil cuyo final estaba escrito de antemano. Los tres han formado gobierno. De momento, con políticas y medidas pactadas (y enmendadas) y en poco tiempo con cargos y responsabilidades compartidas (el PP y Vox se han dado 20 días para cerrar el acuerdo). Por mucho que Ciudadanos se esfuerce en repetir que su pacto es solo con los populares, los decretos de competencias y los nombramientos tanto en las presidencias de los distritos como en los niveles intermedios de las áreas gubernamentales, que se irán sucediendo en las próximas semanas, revelarán que no nos lo habían contado todo.

La ultraderecha forma ya parte del gobierno de Madrid y sus votos serán decisivos para sacar adelante los presupuestos o aprobar aquellos expedientes que requieran mayoría absoluta. Porque sin los cuatro concejales de Vox, los escaños de Más Madrid y PSOE (27) superan a la suma de PP y Ciudadanos (26). La aritmética no engaña.

Al finalizar la sesión de investidura, mientras abandonábamos el salón de plenos, se escuchó decir «vuelven las corbatas». La expresión resultaba muy clarificadora de lo que supone la vuelta del PP al frente del consistorio. No se trataba de una crítica a la prenda en sí, que también era utilizada habitualmente por algunos miembros de nuestro equipo, sino a lo que esta representa. Los ayuntamientos del Partido Popular se caracterizaron por un modelo de gestión basado en el «ordeno y mando»que no se limitaba al Palacio de Cibeles sino que se trasladaba al conjunto de la ciudad y de sus barrios. Una manera de gobernar que no compartimos y que nos hemos esforzado en corregir durante estos cuatro años.

Pero con los gestores del pasado volverán las formas y las políticas del pasado. Volverán las corbatas. Azules, naranjas o verde neón. Aunque el color pueda variar, las tres van con el mismo traje y huelen a naftalina. Las tres se anudarán para tratar de poner freno los avances que hemos iniciado. En materia de sostenibilidad, mejora de la calidad del aire, participación y transparencia, rehabilitación, cohesión social y un largo etcétera. Aun así, nada está perdido. Más Madrid es la primera fuerza de la ciudad y lo vamos a demostrar protegiendo el Madrid que queremos. Ese Madrid solidario, creativo, abierto e inclusivo. El Madrid de Manuela.

No me digan que no es desesperante: mientras a diario salen fotos y vídeos de bicis, patinetes y patines en Valencia o Barcelona, de Madrid, a falta de ciclistas, solo nos llega una campaña naíf que pide no atropellar a las pocas bicicletas que hay. Es lo que tiene promocionar este vehículo limpio y seguro tan solo de cara al escaparate, y por eso el equipo de Gobierno ha dejado la nueva Gran Vía sin un carril segregado: Ahora Madrid no ha apostado por la bici. Cuatro años después, la capital sigue siendo una ciudad hostil para la bicicleta.

En breve concluirán las obras del carril bici de Chopera-Yeserías, paralelo a Madrid Río. Como el de Santa Engracia, es una infraestructura magnífica, segura y atractiva. Ahora bien, ¿cómo se come que una alcaldesa que se preciaba de moverse en bici deje la capital con menos de 10 kilómetros de carriles bici frente a más de 60 Valencia y más de 100 Barcelona? ¿O acaso encajonar un carril bici entre autobuses, taxis, motos y coches como en los bulevares es una actuación aceptable?

La respuesta la encontró Pedalibre en la última reunión previa a la inauguración de la Gran Vía, en otoño pasado: el delegado de Urbanismo, José Manuel Calvo, soltó a los allí congregados que pedían una salida para el velocípedo en tan importante arteria que su opinión le “resbala”. Calvo va el número cinco en las listas de Manuela Carmena y se ve que está más a gusto en otros encuentros con constructores que con una asociación que lleva más de 40 años luchando por un Madrid más limpio y saludable.

Nosotros ya nos hemos cansado de esperar. Hartos de que alguna asociación marginal marque la pauta del ayuntamiento, no nos basta con que los carriles bici sean de las propuestas más votadas en los Presupuestos Participativos, que no sabemos para qué valen porque han tumbado todas las infraestructuras ciclistas masivamente votadas con excusas torticeras (de Urbanismo, siempre); no nos bastan las 50.000 firmas en Change.org para un Carril Bici en el eje de la Castellana. No nos basta que una abrumadora y aplastante mayoría de estudios digan que para que haya bicis en una ciudad tiene que haber carriles bici; no nos basta Madrid Central: Londres implantó hace 20 años un peaje similar y solo empezó a calmar su centro histórico a partir de la creación de 'superhighways' en 2016: hoy se ven atascos de bicis y muchos menos coches.

No nos basta que el prestigioso urbanista danés Mikael Colville-Andersen califique a nuestra ciudad como el “agujero negro” ciclista. No nos basta que, al poco de nacer la Plataforma por un Carril Bici en la Castellana y probablemente asustado por nuestra fuerza, Calvo prometiera en prensa (siempre en la prensa) reformar el Paseo de la Castellana y que después se olvidara como quien no quiere la cosa. No nos basta que nos apoyen Alberto Contador, Christina Rosenvinge, Belén Moneo u Óscar Freire o un sinfín de asociaciones como la Red de Ciudades por la Bicicleta, la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos, Ecologistas en acción o la propia ECF (European Cyclist Federation). No nos basta nada de eso.

Porque este domingo vamos a salir a la calle a pedir una reforma peatonal y ciclista de la Castellana, como ya hiciéramos exitosamente el año pasado. Porque si se hace un carril bici en la arteria más importante de Madrid, lo demás va a ser imparable. Porque es lamentable ver a los turistas hacinados en las aceras del Paseo del Prado.

Para eso vamos a salir desde la Plaza de Cibeles a las once de la mañana del próximo domingo 7 de abril. Hemos invitado a todos los partidos y actores, porque los carriles bici han sido históricamente ejecutados por las izquierdas y derechas. En 2011 en Sevilla había manifestaciones contra la red de carriles bici: hoy hay solo protestas para pedir que la red de amplíe y se mejore.

No puede ser que Madrid esté en la cola de Europa de movilidad. No puede ser que incumplamos por noveno año consecutivo los límites de contaminación marcados por la Comisión Europea. No puede ser que el vehículo principal en Holanda sea residual en Madrid. No puede ser que no florezca una industria ciclista y, por qué no, de bicicletas eléctricas para quienes precisen o consideren necesario, una asistencia extra.

Esperemos que la experiencia de estos últimos años sirva, al menos, para enmendar el rumbo y que, gobierne quien gobierne, apueste decididamente por un medio que demuestra todos los días, en muchas ciudades, ser una verdadera alternativa de transporte.

Basta ya de ser el agujero negro de Europa. Súmate a nosotros.

José Manuel Calvo (Madrid, 1984) es el concejal de Ahora Madrid que ha impulsado el proyecto de la Operación Chamartín hoy convertido en obstáculo para una candidatura de unidad entre Más Madrid, la plataforma que impulsan Manuela Carmena e Íñigo Errejón, e Izquierda Unida.

Calvo sigue defendiendo el proyecto y, avanza en esta entrevista, que se aprobará en el Pleno municipal de marzo. Para el delegado de Desarrollo Urbano Sostenible, este desarrollo del norte de la capital se ha convertido en la “excusa” de Izquierda Unida para no confluir con Más Madrid en una lista conjunta a las elecciones de mayo de 2019.

Calvo es también uno de los concejales del Ayuntamiento suspendidos de militancia por Podemos tras borrarse de las primarias internas del partido y sumarse a la plataforma Más Madrid. El edil defiende que el escenario de dos candidaturas no tiene por qué representar ningún “drama”, siempre y cuando se presenten proyectos que logren conseguir el umbral del 5% de los votos necesario para obtener representación tanto en el Ayuntamiento como en la Comunidad de Madrid. El escenario de 2015, cuando IU no llegó a ese porcentaje en la Asamblea y por un diputado el PP revalidó el Gobierno, sobrevuela y es lo que hace que todavía no se rompan todos los puentes.

Manuela Carmena ha dicho que la Oprración Chamartín no se va a parar. ¿Las negociaciones están rotas con IU para una candidatura de unidad?

Cuando se plantean condiciones absurdas, no hay negociación posible. Nosotros no hemos roto ninguna negociación y desde luego por parte de la candidatura de Más Madrid sigue estando la voluntad de que se incorporen a este proyecto todos aquellos que entiendan que quieren aportar y que quieren apostar por esta fórmula para revalidar el Ayuntamiento. Pero cuando se plantean condiciones que tienen que ver con políticas estratégicas, con proyectos estratégicos de Gobierno, eso nunca puede estar en una negociación para conformar una lista de futuro.

Entonces, ¿es la Operación Chamartín lo que rompe el acuerdo?

No. Las supuestas líneas rojas de Izquierda Unida respecto a la revisión de este proyecto están todas perfectamente incorporadas en la modificación del plan general que hemos tramitado para dar forma a ese proyecto. Utilizar ese significante vacío de la Operación Chamartín ha sido más una excusa que una razón de peso. Ha faltado voluntad de llegar a un acuerdo por parte de los que han puesto esa condición y que si no era esa, se les habría sido cualquier otra excusa. Porque, como digo, no hay razones objetivas para justificar una ruptura en base a un proyecto en el que compartimos lo que había que hacer.

En la Operación Chamartín lo que se cuestiona es la cesión de terrenos públicos a empresas privadas, no la existencia de empresas como argumentó Manuela Carmena en una entrevista en la agencia Efe. ¿No podía hacerse de otro modo?

Entiendo que eso se pueda cuestionar. Pero cuando ha llegado este Gobierno existía un contrato, unos compromisos entre otras administraciones, entre privados, que no son el Ayuntamiento. Y el Ayuntamiento no puede cambiar esos compromisos.

Asumiendo como Gobierno responsable que hay que cambiar la ciudad, que hay que hacer políticas y actuar, no podemos quedarnos parados y no hacer nada y dejar que los temas se pudran. Lo que hicimos fue pensar una solución que superara todo el pasado, esa es la clave. Nos sentamos a negociar con las condiciones dadas. Y a partir de ahí nos puede parecer bien que existan esos convenios o nos puede parecer peor. Al igual que nos puede parecer bien o peor que exista la propiedad privada del suelo. Pero existe, y en base a esas condiciones el Ayuntamiento tiene que operar.

¿Pero está de acuerdo con la alcaldesa de reducir esta cuestión a un tema “un mundo con o sin empresas?

Hay una visión infantilista de una parte de la izquierda que no asume que la sociedad es compleja, y que gestionar y gobernar la ciudad exige negociar con todos los actores, incluidas las empresas, incluidas las grandes empresas. No es tanto que se cuestione si debemos estar en un mundo con o sin empresas, sino que creo que estamos en un mundo con una visión infantilista que es incapaz de asumir que para gobernar hay que negociar con todos los actores. También con esas empresas que operan en la ciudad.

Hemos negociado con estas empresas en otros proyectos: en Canalejas, en Mahou Calderón, en el sureste, en el Bernabéu, en el Paseo de la dirección... Donde seguramente estas empresas obtienen un rendimiento, si no, no aceptarían al acuerdo, pero donde el Ayuntamiento reconduce esos proyectos a una idea de ciudad mucho más basada en el interés general de lo que habíamos heredado.

¿Entonces cuál es el problema con Chamartín a su juicio?

Ha sido una excusa. La Operación Chamartín tenía todos los ingredientes para convertirla en un casus belli. El tamaño, tres millones de metros cuadrados; el suelo, en parte público, y por detrás un operador que tiene concesionados esos suelos desde 1993, que es el banco BBVA o su filial, Distrito Castellana Norte (DCN). Todos estos ingredientes hacen que una parte de la izquierda con menos voluntad de gobernar y de asumir las contradicciones y las complicaciones que tiene el Gobierno, lo haya convertido en un casus belli. Lo que me sorprende es que esa parte que creo que es minoritaria, incluso dentro de Izquierda Unida, haya sido la que finalmente se haya llevado el gato al agua y haya impedido un acuerdo en el que seguramente todos nos habríamos sentido perfectamente representados.

Está hablando de las condiciones de los contratos entre Adif y Distrito Castellana Norte (DCN). ¿Qué opina como concejal que heredó el expediente de Chamartín de cómo ha sido la evolución de esos convenios en los últimos 25 años desvelada por eldiario.es?

No conozco en profundidad las condiciones del concurso de adjudicación de los suelos pero tengo entendido que ya preveía la revisión del contrato si cambiaba el marco urbanístico de referencia. Seguramente se podría cuestionar si se debió volver a sacar a concurso esos suelos. Es cierto que no ocurrió y el contrato se fue renovando sucesivamente hasta el año 2016, que fue la última renovación previa a nuestra actuación. En 2018 se ha vuelto a renovar el contrato ajustándolo al nuevo marco urbanístico de referencia que es el marco que ha impuesto el Ayuntamiento. A partir de ahí, sobre las condiciones de los contratos en su contenido este Gobierno es ajeno, porque no participa de esos contratos, y lo que puedo decir es que siempre hemos actuado con la confianza en las actuaciones de las administraciones públicas. Adif nos trasladó que en todas las renovaciones de contratos contaron con los informes de la Intervención General del Estado y con los informes de la Abogacía del Estado. A partir de ahí el Ayuntamiento no tiene nada que decir. Si esos contratos se tienen que modificar, renovar, es una decisión que corresponde a la empresa que firma esos contratos.

¿Conocía el ayuntamiento el contenido de estos contratos?

No, el contenido pormenorizado no. Dicho esto, conocíamos perfectamente que el ámbito se amplió en el año 97, faltaría más. Conocíamos el volumen de metros cuadrados que se comprometió porque lo recogía el plan general. Igual que conocemos perfectamente las modificaciones de planeamiento que hemos llevado a cabo buscando ese acuerdo con esos operadores.

Pero el Ministerio de Fomento, concretamente el ministro José Luis Ábalos, dijo que esos contratos los conocía el Ayuntamiento y que en la última renovación de 2018 contaba con el aval del Ayuntamiento que gobierna Ahora Madrid.

El Ayuntamiento de Madrid no puede avalar un contrato que no firma y en el que no participa. Además, lo repito, el Ayuntamiento de Madrid no ha sido partícipe de los contenidos de esos contratos. Entendemos que por salud democrática esos contratos deberían haberse hecho públicos. Pero no se hicieron públicos, y tampoco para el resto de administraciones.

Dicho esto, lo que ha hecho este Ayuntamiento, y lo defenderá siempre, es garantizar un modelo de ciudad razonable, y garantizar un modelo de ciudad equilibrado. Como impulsar un plan que beneficia Adif. Porque Adif mantiene su canon y sin embargo vende cuando lo haga mucho menos suelo. Por tanto, mejora claramente su rentabilidad. Nos alegra que nuestra actuación haya servido para favorecer los intereses de una empresa pública [se refiere a la última de las modificaciones introducidas en el planeamiento por el Gobierno de Ahora Madrid].

¿Y no se ha podido hacer un plan en el que estuviera cómodo todo el Gobierno? Porque en la Junta de Gobierno en la que se aprobó el concejal de Izquierda Unida Mauricio Valiente votó en contra, y su partido siempre lo ha rechazado.

Nuestro Gobierno no está formado por partidos políticos ni recoge propuestas o exigencias de partidos políticos. Está formado por personas que forman parte de partidos políticos. Y cuando se toma una decisión de Gobierno, esa decisión debe ser colegiada. Iniciamos una negociación, la inicié yo como responsable del área.

Esa negociación llegó a un punto, donde entendí que el acuerdo era razonable, lo presenté en una Junta de Gobierno y esa Junta de Gobierno el que valoró fue si el acuerdo era razonable o no. Se decidió, con buen criterio, que ese acuerdo es razonable porque nos permite superar una situación de 25 años. Siempre habíamos dicho que desde el punto de vista del planeamiento el que heredamos era claramente lesivo y perjudicial para los intereses de la ciudad de Madrid por el modelo urbano que se estaba planteando, por el modelo de movilidad, por la carencia de devoluciones en término de suelo y vivienda pública para el Ayuntamiento. Nuestra negociación nos ha permitido superar todo eso y poner en marcha un plan que cambia el tablero de juego.

¿No hay nada que se pueda cambiar en el proyecto, ahora que se están estudiando las alegaciones, que pueda servir de aliciente para los que se muestran contrarios y que ayude a la unidad?

Repito. Izquierda Unida ha trasladado una serie de puntos, que han planteado como líneas rojas, que están incorporados en la modificación en su totalidad. Por cierto, llevamos un año y medio debatiendo este asunto y se podría haber planteado cualquier cuestión. Como digo, cuando no existen razones reales, siempre se apela a razones simbólicas y en este aspecto esas razones son más bien que hay un operador privado en un suelo de que es de Adif... Bueno, bien. Como en Campamento [otro desarrollo urbanístico en el sur de Madrid] que hay un suelo del Ministerio de Defensa y al que el Ayuntamiento quiere darle una salida.

Pero sí que ha habido declaraciones en contra de Izquierda Unida y otros actores del Ayuntamiento que estaban en contra.

Están en contra del plan en abstracto. Cuando hablamos de movilidad resulta que estamos de acuerdo. Cuando hablamos de recuperar la iniciativa pública estamos de acuerdo. Cuando hablamos de rebajar la edificabilidad estamos de acuerdo. Cuando hablamos de situar la estación en el centro de la Operación como se hizo en su día, estamos de acuerdo. Cuando hablamos de que el Ayuntamiento incremente el porcentaje de vivienda pública y el porcentaje de vivienda que recibe está en el plan. Entonces las críticas que recibe siempre son en abstracto. Y un Ayuntamiento solvente no puede actuar en base a críticas en abstracto. Ni en base a prejuicios.

¿Continúan con el plan de aprobar la Operación Chamartín, ahora Madrid Nuevo Norte, antes de las elecciones?

Por supuesto. Sabiendo que hay que incorporar alegaciones, sabiendo que hay que incorporar los informes sectoriales, el calendario se mantiene. De hecho estamos agilizando todo lo posible la tramitación para presentarlo lo antes posible.

¿Pero hay fecha?

Pretendíamos llegar al mes de febrero y va a ser difícil. Esperamos que para el mes de marzo pueda estar la aprobación provisional para que la Comunidad de Madrid la ratifique.

¿Se sigue sintiendo parte de Podemos pese a estar suspendido de militancia?

En particular me siento parte del proyecto de Podemos. Lo que no quiere decir que comparta determinadas actuaciones del partido. Pero por supuesto que formo parte de Podemos. Sobre todo teniendo en cuenta el espíritu con el que surgió: un proyecto de superación de lo que había sido la izquierda clásica. Un proyecto con voluntad de mayorías y que no tenía complejos a la hora de decir que quería ganar y que quería gobernar.

Pero quiere seguir en Podemos después de los últimos acontecimientos.

A mí me gustaría que hiciéramos una reflexión conjunta dentro de Podemos y que tratáramos de recuperar el espíritu de lo que fue la idea original. Lo que entiendo es que en cualquier caso, debemos hacer política desde aquellos lugares donde se apueste por los elementos que definieron la aparición de Podemos. Desde luego, por aclararlo, me siento plenamente identificado con el proyecto de Podemos más allá de compartir o no determinadas actuaciones del equipo dirigente.

Entonces quiere seguir en Podemos.

Sin lugar a dudas.

Y, ¿qué es Más Madrid para usted?

Más Madrid es una plataforma, una candidatura abierta, no es un partido político. Digamos que lo que tiene es un co-relato de lo que fue Ahora Madrid. Más Madrid es la segunda parte del proyecto de Ahora Madrid, donde se han concretado algunos aspectos y se han modificado otros. Pero la fórmula, la solución, la propuesta es la misma. Una candidatura amplia, que trasciende a los partidos políticos, que incorpora perfiles y además perfiles solventes y sin complejo a gobernar. Porque ya lo hemos hecho y porque pensamos que podemos seguir haciéndolo y creemos además que es lo mejor para esta ciudad. Y su extensión para la Comunidad de Madrid.

Cuando veo que en Andalucía se ha presentado una candidatura como Adelante Andalucía, que también tiene esa vocación de plataforma de superar las etiquetas clásicas de los partidos, y Podemos lo ha asumido como su candidatura, no entiendo que en Madrid no haya sucedido lo mismo.

Si dice que Ahora Madrid es una segunda parte de Más Madrid, ¿por qué no se ha seguido con este partido instrumental y se ha creado uno nuevo?

Del proyecto inicial de Ahora Madrid formaron parte determinados actores que entendemos, y así lo ha trasladado la alcaldesa, que no están en la misma sintonía en cuanto a los objetivos. Es decir, actores que se sienten incómodos en el Gobierno, porque lo han dicho así; que se sienten incómodos en la institución; que se sienten incómodos tomando decisiones... Pues evidentemente no pueden formar parte de un proyecto que lo que pretende es todo lo contrario: formar parte de la institución y de un gobierno que cambie la vida de la gente y que mejoren la ciudad.

¿Más Madrid puede acabar convirtiéndose en un partido político que aglutine a los que salen de Podemos?

Más Madrid es una candidatura, es una plataforma abierta, que tomará la fórmula jurídica de partido instrumental, lógicamente, porque hay que presentarse a las elecciones con esta forma jurídica. Pero es una candidatura que cuyo ámbito se ciñe en estos momentos a la Comunidad y a la ciudad de Madrid. Y que pretende con esta fórmula trascender las etiquetas de los partidos políticos y a las sopas de siglas que sabemos que son insuficientes para ganar y gobernar.

Los diferentes actores que forman Ahora Madrid ya plantean las dos candidaturas como un escenario plausible y del cual no debe hacerse ningún drama, ¿usted qué piensa en este sentido?

Coincido en que no hay que hacer ningún drama. El otro día cuando vimos en Telemadrid una encuesta que hace dos semanas decía que la candidatura de Unidos Podemos obtenía un 18%, y dos semanas después la fragmentación superaba en 1,8 puntos ese porcentaje, creo que es una buena noticia.

Estamos en un momento en el que la gente más que buscar grandes partidos que aglutinan a una buena parte de la sociedad, lo que buscan es una especialización de su voto. Una propuesta con la que se identifique realmente. Entonces, creo que en ese escenario la propuesta de fragmentación no es negativo, no lo ha sido para la derecha en Andalucía, tampoco entiendo que va a ser negativo para la derecha en Madrid, y no tiene por qué serlo para la izquierda, porque los votantes de izquierda y derecha no son diferentes.

¿Por qué se busca esa unidad entonces?

Porque hay un mantra que se repite, que es sobre todo emocional. Yo no vengo de esas tradiciones y por eso no me siento muy identificado. Creo que es una aspiración legítima de los militantes y también de muchos votantes, que quieren que se lo pongamos fácil. Pero la unidad no siempre es sinónimo de victoria.

¿Pero cree que es un tema de los votantes? Antes ha dicho que los votantes buscan otras cosa.

De los votantes y de una parte de la izquierda, sí. Pero fijémonos en Podemos. Cuando nació y se presentó a las europeas, obtuvo un resultado espectacular sin ir con Izquierda Unida. Y eso no quitó que IU consiguiera otro resultado espectacular. En 2015, en el 20D, Podemos e IU fueron por separado y obtuvieron un volumen de voto mucho mayor del que obtuvieron después el 26J.

Entonces, tenemos confianza en que esa unidad nos va a dar la victoria y a veces precisamente ocurre todo lo contrario. Estamos en una sociedad muy plural, estamos en un momento en el que las grandes mayorías se han roto, en el que los partidos hegemónicos no existen, el bipartidismo está en clara decadencia, y la estrategia más eficaz para gobernar es articular proyectos unitarios, que tengan una visión compartida y que después sean los votantes los que elijan, y una vez se produzca el resultado electoral tratar de buscar acuerdos.

Entonces está con los que defienden que puede ser una buena idea que haya dos candidaturas.

Si es una buena idea o no lo veremos en las elecciones, pero creo que no tiene por qué ser negativo, sino todo lo contrario. La clave es que deben ser candidaturas que superen el umbral de entrada del 5%. Si existiera una fragmentación de un montón de candidaturas que no fueran capaces de superar ese 5%, ahí si que habría un problema. Pero intuyo que una candidatura en la que esté Podemos e IU va a superar ese 5%. Y por tanto, nos tocará ponernos de acuerdo después.

¿Pueden Más Madrid y Podemos hacer campaña cada uno por su cuenta y pactar después de las autonómicas como si nada?

Creo que lo que compartimos todos, más allá del ruido que pueda surgir y la discrepancia, es que no queremos ni en la ciudad de Madrid, ni en la Comunidad, un gobierno del tripartito de la derecha, que sería un gobierno amparado por Vox, un partido de extrema derecha.

¿Pero si Podemos no se presenta en la ciudad de Madrid se pueden perder votos?

Si en la ciudad la candidatura alternativa a Más Madrid no llega al 5%, ahí sí que tendrá que asumir cada uno su responsabilidad. Quienes no han querido llegar a acuerdos, que por supuesto no ha sido Más Madrid. Más Madrid sigue abierto pero sin líneas rojas.

¿Entonces cree que lo conveniente es que Podemos e Izquierda Unida presenten una candidatura conjunta también en la ciudad?

No tengo un criterio claro, ni soy quien para decir si es mejor o peor. Lo que digo es que el escenario de fragmentación no me parece problemático siempre que las candidaturas que se presenten tengan opciones de superar el 5%. Si no tuvieran opciones, ahí sí me parecería problemático y sería una irresponsabilidad de todos aquellos que no quieran alcanzar el acuerdo.

¿Si no son capaces de entenderse dentro de un partido o de una plataforma ciudadana, cómo van a hacerlo en un Gobierno?

Muchas veces es más fácil entenderse a posteriori. Con el PSOE, por ejemplo, sería un error intentar unirse antes de las elecciones, las resistencias además serían de todo tipo. Pero una vez se den las elecciones, si suman los números, estoy convencido que no vamos a tener ninguna dificultad para formar gobierno con el Partido Socialista y evitar que gobiernen los del 'Paqui Pallá' [una de las sociedades que el PP usó para financiarse irregularmente según un informe de la Guardia Civil].

Y Errejón, ¿cree que acertó en la forma de plantear su nuevo partido?

Fue un gran golpe de efecto. Un golpe que despertó a un electorado que estaba adormilado y estaba decaído, que veíamos y contrastábamos con la gente de los círculos. Por cierto, que a raíz de ese anuncio se dejó de hablar de manera hegemónica de Vox, en todas las tertulias políticas. Empezamos a marcar discurso y a marcar mensaje. A partir de ahí, cada uno se puede sentir más o menos a gusto con la fórmula, pero la manera de presentarlo, de contarlo, fue un éxito de cara a lo que nos interesa: la gente que nos está viendo. Quizás no de cara a la interna de los partidos. Pero es que hay que hablar menos de eso y hablarle más a la sociedad.

José Manuel Calvo del Olmo, concejal de Desarrollo Urbano Sostenible del Ayuntamiento de Madrid, y uno de los seis ediles suspendidos de forma cautelar por Podemos después de borrarse de las primarias de Podemos, ha declarado en una entrevista enEl País que la lista de Julio Rodríguez es “un pulso a Manuela” y “un obstáculo a la candidatura de unidad popular” en la que están trabajando.

Calvo ha explicado que se han retirando de las primarias de Podemos por considerar el proceso de primarias “precipitado” y “ajeno al planteamiento que hizo Carmena cuando anunció que se presentaría a la reelección”.

El concejal ha reconocido que la inscripción en un primer momento en el proceso de primarias fue “un error” provocado por “el miedo lógico a que cualquier discrepancia interna se magnifique en los medios”.

“Quisimos evitar ese ruido”, ha asegurado, ya que considera que “el ruido siempre es malo para ser un partido confiable”. Pero, Calvo ha reconocido que finalmente tomaron la decisión de “ser coherentes” con su “criterio”.

Al ser preguntado sobre por qué estallan las negociaciones el domingo, el edil ha respondido que les llegó la información de que se habían “movido algunas posiciones respecto de lo último que se nos había comunicado”, aunque insiste en que el problema principal es que no compartían “la oportunidad de lanzar este proceso interno ahora”.

Sobre la suspensión

Respecto a la decisión de la dirección regional de Podemos de suspender de forma cautelar de la militancia a los seis ediles, entre los que se encuentra también Rita Maestre, aclara que se trata de una “suspensión previa a la comisión de una falta”: “Esto incumple las mínimas garantías democráticas y a mí me preocuparía formar parte de una dirección que ha tomado esa decisión”. Aunque, añade que “a nadie se le han aplicado unas medidas de estas características”.

El País le ha cuestionado la relevancia de las primarias en los partidos si son independientes de la candidatura final, como él mismo afirmó. El concejal se ha reafirmado y ha insistido en que lo que ven “difícil” es “la compatibilidad de ese proceso con una lista ya bloqueada”. También ha resaltado que ellos no han “incumplido nada”, pues piensan presentarse a las “primarias abiertas a la ciudadanía” propuestas por Carmena.

Relación con Carmena

El concejal de Desarrollo Urbano Sostenible ha sido crítico con Julio Rodríguez por no seguir “su promesa de ponérselo fácil a Carmena”.

Calvo ha dicho en la entrevista que hablaron con la alcaldesa madrileña para explicarle la situación y que les ha dicho que entiende que su decisión “es coherente”. Manuela Carmena también apoyó públicamente a los ediles suspendidos asegurando que “forman parte del proyecto”. 

Sobre la escalada de tensión entre Podemos y el Ayuntamiento de Madrid, Calvo ha reconocido que el pulso se les ha ido de las manos y defiende que él sigue “apelando a la reflexión y al diálogo”. “Tenemos el riesgo de dejar el Ayuntamiento en manos de la derecha y la ultraderecha, con PP, Ciudadanos y Vox. Jugar con eso es peligroso”, ha zanjado el concejal.

El 14 de enero de 1978, en cuclillas sobre el escenario del Winterland de San Francisco y después de recitar como una letanía el No Fun de los Stooges, Johnny Rotten acababa el concierto, la gira americana y la existencia de los Sex Pistols (hasta su reunión del 96) con una pregunta dirigida más a sí mismo que al público: “¿Nunca habéis tenido la sensación de haber sido engañados?”. Me he acordado de ese momento al ver las declaraciones a Telemadrid de José Manuel Calvo, delegado de Desarrollo Urbano Sostenible del Ayuntamiento de Madrid, en las que decía que una vez esté abierto el itinerario ciclista del puente de los Franceses a la plaza de Legazpi, se iba a prohibir la circulación de bicis por Madrid Río. Me he acordado también después, con el previsible desmentido que aclaraba que las bicis podrán ir a 10 km/h, o sea, como ahora. En realidad, me acuerdo de esas palabras de Johnny Rotten cuando pienso en las políticas del fomento de la bicicleta en Madrid de cualquiera de sus alcaldes y alcaldesas desde que Álvarez del Manzano dijo eso de “Madrid no es ciudad para bicis”.

En esto, como en tantas otras cosas, Manzano se equivocaba. Madrid, por supuesto, sí es ciudad para bicicletas. Las personas que eligen ese medio de transporte tienen todo el derecho a dar pedales por la calzada y por el centro de su carril, igual que con cualquier otro vehículo. El problema es que el número de personas que elige este medio de moverse no termina de aumentar, más allá del éxito de los datos del Bicimad municipalizado y del trajín de repartidores de comida a domicilio. La gente no se atreve a meterse en las calles invadidas por coches, furgonetas, buses y motos a toda velocidad y por eso exige y espera infraestructura ciclista adecuada. Y se suponía que esta legislatura era la buena.

Donde Manzano, Gallardón y Botella se dieron mus, se esperaba que Ahora Madrid hiciese por fin algo. El asunto venía a tope en su programa electoral, en el que se plantea desarrollar “una red de carriles bicis integrada y coherente, no solo recreativa” y la palabra bicicleta es mencionada decenas de veces. Ahora que estamos acabando la legislatura, la realidad es bastante triste. Un carril bici decente en Santa Engracia, varios muy deficientes y sin conexión entre sí y un montón de bicis pintadas en el suelo para señalar ciclocarriles y ciclocalles, el método de fomento de la bicicleta elegido por Ana Botella y heredado, por lo que se ve, por Manuela Carmena y su equipo. Lo terrible es que este ayuntamiento no sólo ha incumplido su propio programa electoral, tampoco ha hecho caso a las centenares de propuestas, muchas de ellas aprobadas, que la gente ha hecho en Decide Madrid solicitando infraestructura ciclista por toda la ciudad.

La oposición y Joaquín Reyes

Ahora se anuncia el inicio de las obras del itinerario ciclista alternativo a Madrid Río y es el pregón de otro fracaso. En primer lugar, porque de los ocho kilómetros planificados, sólo menos de dos serán de vías ciclistas segregadas, lo demás es pintura en el suelo, o sea, ciclocarriles. Pero es que, además, pretender reubicar el tráfico ciclista de Madrid Río por ese trayecto alternativo en medio de la circulación habitual es un fallo de bulto. La gente que va en bici por Madrid Río lo hace de paseo o por deporte y no se va a meter en el tráfico. El conflicto creado en la planificación original de este parque lineal no se va a solucionar así. Pensar lo contrario es no ser capaz de observar las dinámicas urbanas o, simplemente, hacer propaganda. Y en este tema también la batalla está perdida.

Mientras la oposición habla de una ciudad llena de carriles bici que sólo se ven desde sus asientos en el pleno y Joaquín Reyes imita a Carmena llenando el mapa de vías ciclistas, los que quieren ir en bici por Madrid pero no están dispuestos a hacerlo en medio del tráfico ya dan estos cuatro años por perdidos: otra legislatura menos.

La verdad es que la política de fomento de la bicicleta de Ahora Madrid ha sido decepcionante. Podríamos haberlo soportado si no nos hubieran vendido la burra, si nos hubieran explicado las dificultades por el techo de gasto, las trabas por el reparto de competencias o, directamente, que cambiaron de planes sobre la marcha. Pero no, este gobierno presume de que va a acabar su mandato con 100 kilómetros de carriles bici y yo, además de acordarme de Johnny Rotten, pienso en eso que cantaba Jorge Martínez con Los Ilegales: “No me acaricies el pelo, que tengo poco… y ninguno, de tonto”.

José Manuel Calvo (1984) es el delegado de Desarrollo Urbano Sostenible del Ayuntamiento de Madrid y uno de los dirigentes de Podemos en la capital. En este año preelectoral, su área será la responsable de las obras de la Gran Vía así como la encargada de llevar a Pleno la Operación Chamartín, ahora denominada Madrid Nuevo Norte. Calvo ha liderado las negociaciones con el Ministerio de Fomento y el socio privado y el acuerdo ya ha sido ratificado en Junta de Gobierno, pese a la existencia de oposición interna al mismo.

Calvo se ha ganado la simpatía de la alcaldesa de Madrid, entre otras cosas, por este trabajo, una simpatía que es recíproca. Después de que Manuela Carmena haya despejado las dudas sobre su futuro -optará a la reelección-, Calvo es uno de los claros aspirantes a estar en la lista “con los mejores” que quiere formar la exjueza.

Este martes durante el debate del Estado de la Ciudad, la primera edil ha anunciado varias medidas que liderará el área que dirige Calvo, entre ellas, un nuevo desarrollo urbanístico esta vez en el suroeste de la ciudad, la conocida como Operación Campamento.

La alcaldesa ha anunciado que van a solicitar una moratoria al Ministerio de Fomento para que no se pueda incrementar el precio de los alquileres más allá del IPC durante un año, una medida que también llevarán este miércoles al Pleno municipal. ¿Han iniciado ya conversaciones en este sentido con Fomento? ¿Saben si es proclive a una medida así?

Hemos hablado con Fomento del problema de la vivienda. Es un problema que tanto al Ministerio como a nosotros nos preocupa. Es bueno tener esa sintonía que hasta ahora no había ocurrido con el anterior Gobierno del Partido Popular. Lo que le proponemos al Gobierno es que habilite los trabajos para conformar un marco legal que permita a las administraciones regionales o municipales regular precios, sobre todo en un momento de subidas como el de ahora. Le pedimos un marco legal que nos permita regular precios del alquiler.

Pero eso va más allá de esa moratoria que ha anunciado la alcaldesa.

Una medida contundente sería esa que explicaba, aprobar una nueva ley que recogiera este tipo de competencias. Pero mientras tanto, entendemos que la situación no debe seguir disparándose. Entonces, lo que le pedimos al Gobierno es que establezca una disposición transitoria con cualquiera de los mecanismos que tiene el Estado para que no se pueda volver a producir ninguna subida de precios durante un año, a menos que sea el ajuste razonable al IPC. Mientras tanto, vamos a estudiar esa marco legislativo estructural. Pero necesitamos una solución paliativa inmediata.

Y eso no se puede hacer sin el Gobierno.

Sería a través de algún decreto porque nosotros no tenemos competencia para hacer. Lo que decimos es que nos mojamos, nos implicamos y si se nos habilita ese marco legal nosotros vamos a dar respuesta y vamos a regular precios, como ya estamos haciendo con las viviendas turísticas paralizando la concesión de licencias.

Habla de vivienda turística y la moratoria que se puso en marcha para no conceder licencias, ¿tienen datos sobre si está teniendo resultados positivos?

Los datos que tenemos nos los están haciendo llegar la gente, que nos informa de que alquileres que antes eran turísticos ahora se están volviendo a destinar al alquiler estable. Pero queremos darlo ordenado y analizarlo nosotros con nuestros mecanismos de inspección. Los datos son positivos y estoy seguro de que van a ser esperanzadores, pero prefiero no decir más hasta que tengamos todos los datos.

Este miércoles llevan una propuesta al Pleno para poner en marcha una Modificación del Plan General de Ordenación Urbana con el objetivo de delimitar áreas de reserva de terrenos construidos o no, de posible adquisición para la ampliación del patrimonio público del suelo aplicando los derechos de tanteo y retracto. ¿Significa eso que podrán expropiar viviendas a fondos buitre que apliquen medidas abusivas?

Lo que planteamos con esta proposición es definir en Madrid zonas calientes, por llamarlo de algún modo, donde el atractivo inmobiliario es enorme. Está ocurriendo que hay edificios donde aparece un fondo o un gran propietario, que mediante incluso tácticas de mobbing expulsa a los residentes. Luego suben el precio de las viviendas y entran otros de otras partes. Lo que decimos es que el Ayuntamiento de Madrid tiene que tener igualdad de condiciones a la hora de acceder a ese tipo de bienes. Que si un particular o un fondo quiere vender un edificio a un tercero, el Ayuntamiento tiene que tener las mismas condiciones. En definitiva, que el Ayuntamiento de Madrid pueda ejercer el derecho de tanteo y retracto, que evidentemente siempre acaba en la expropiación.

Eso no quiere decir que solo se pueda aplicar la expropiación en este caso. En toda la ciudad de Madrid, por interés general, el Ayuntamiento puede expropiar lo que sea, un edificio o un terreno. Pero en este caso, lo que queremos también es dar un mensaje a los fondos buitre o a los grandes tenedores de vivienda de que el centro de Madrid va a estar protegido por su Ayuntamiento y que, como mínimo, se reserva el derecho a hacer el tanteo y retracto en este tipo de compras.

Precisamente uno de los ejemplos de los que usted habla es el edificio situado en la calle Argumosa, 11. Este viernes está programado un desalojo, ¿con esta medida se pueden librar los vecinos del desahucio?

No. La moción se aprueba mañana, pero una modificación del plan general tiene un recorrido mayor de uno o dos años y se aprobará ya en la próxima legislatura. Es más bien un mensaje, con todas las dificultades que eso conlleva, pero siendo conscientes de que el Ayuntamiento no puede permanecer de brazos cruzados ante este tipo de situaciones.

Entonces, este viernes es probable que el desahucio de Argumosa se produzca.

Es un proceso que no nos toca decidir a nosotros. Es un proceso entre un particular y estas personas, aunque somos conscientes que siendo un asunto ajeno administrativamente al Ayuntamiento, nada de lo que ocurre en la ciudad lo es. Por lo tanto, el Ayuntamiento ha tomado buena nota de lo que ha ocurrido en Argumosa 11 y en base a eso y para evitar que vuelva a suceder, vamos a tomar las medidas que consideremos oportunas.

La alcaldesa ha anunciado que relanzará la Operación Campamento con 11.000 viviendas, el 60% de ellas con algún tipo de protección oficial, ¿es un plan en el que ya estaban trabajando o que acaban de rescatar una vez encaminada la Operación Chamartín?

Cuando llegamos al Ayuntamiento de Madrid analizamos todas las grandes operaciones urbanísticas que estaban en marcha. Algunas estaban paralizadas, otras judicializadas... En el caso de Campamento también estudiamos la situación y dijimos: Campamento tiene unas condiciones óptimas para desarrollar una operación 100% pública porque el suelo es del Ministerio de Defensa y, por tanto, no está sometido a ningún tipo de interés particular. En su día, Manuela Carmena se reunió con el exministro Pedro Morenés, planteamos que Defensa podía acordar con el Ayuntamiento un tipo de desarrollo de este tipo, pero el Ministerio en ese momento se cerró en banda porque nos dijo que ellos tenían pensada la venta del suelo. Esa venta, afortunadamente, no se ha producido y lo que queremos plantearle al Gobierno socialista, sabiendo que es un diálogo que tenemos que empezar ahora, es que nos sentemos para acordar una actuación de suelo público que repercuta en el beneficio de los madrileños.

¿En qué sentido?

Para que nos sirva para ampliar el parque de vivienda pública y para relanzar el suroeste de Madrid con una gran operación, que no solo tiene que ser de vivienda, aunque mayoritariamente lo sea porque es una zona claramente residencial y porque hay mucha demanda de vivienda protegida. Pero además puede incorporar algún tipo de actividad que dinamice la zona y tiene que tener en cuenta determinadas actuaciones de protección ambiental. Pero ahora nos tenemos que sentar a negociar.

Pero el último plan que se aprobó en 2010, que sigue vigente, para la Operación Campamento ya hablaba de construir 11.000 viviendas. ¿Hay alguna diferencia con el que plantean ahora?

Hay una diferencia porque lo que estamos diciendo en este momento, y me quedo en este anuncio, es que apelamos al Ministerio de Defensa a que iniciemos una mesa de negociación para revitalizar toda esa zona. Ese proyecto implicará la modificación del plan parcial que se hizo en 2010 impulsado por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Es posible que ese nuevo plan obtenga un número de viviendas similar porque es la capacidad que tiene el territorio, está bien dimensionado y no tenemos que decir nada respecto a eso. Pero que no será exactamente coincidente con ese número de viviendas porque se puede incorporar algo más de actividad económica y porque hay que proteger elementos que medioambientalmente tienen un valor que el plan parcial no contemplaba. Lo que tenemos que hacer ahora es sentarnos a diseñar un nuevo modelo, que recogerá parte de lo que se hizo en 2010, que no tenía nada que ver con lo que hizo Ana Botella con la Operación Chamartín, pero que será más moderno y vinculado a la ciudad de Madrid que estamos trabajando.

¿Cuando se dice que será un proyecto 100% promoción pública, significa que no habrá un promotor privado como sí lo hay en Operación Chamartín?

Es que en Chamartín no teníamos opción. Había unos derechos de suelo adjudicados a BBVA, o a su filial Distrito Castellana Norte, desde el año 1993. En este caso, afortunadamente, no tenemos ese tercer factor. Nos tenemos que sentar exclusivamente el Ministerio de Defensa, que es el titular de los suelos, y el Ayuntamiento de Madrid, que es el titular de las competencias de la ordenación de un territorio y la definición del modelo de ciudad.

De las 11.000 viviendas previstas en torno al 10% irán destinadas al alquiler social. Las demás viviendas que sean municipales deben ir destinadas, a nuestro juicio, a otros programas, que tienen que ver con vivienda joven, primera vivienda, vivienda de acompañamiento, viviendas de mezcla jóvenes-mayores, que están funcionando bien en Vallecas, por ejemplo; viviendas de carácter innovador con edificios de energía positiva... Es decir, que lo que tenemos que hacer es un programa rico en modalidades de vivienda porque queremos un barrio que en ningún caso se convierta en gueto. No queremos reproducir un modelo donde la gran parte de los realojos no tenían mezcla de población, eran personas de las mismas características, del mismo nivel de renta situadas en una única zona. No queremos reproducir ese modelo porque sabemos los problemas que genera. El conflicto social se reduce, se minimiza y se elimina.

¿Las viviendas se destinarían a venta o a alquiler?

Nosotros no destinamos a venta ninguna de las viviendas que construimos con independencia de su calificación. Quiero aclararlo: lo que dijimos es que no vendemos ni suelo residencial ni vivienda. El Gobierno municipal entendemos que debe recibir una parte de las viviendas que se construyan y lo que recibamos no se va a vender, con independencia de la calificación. Luego entendemos que el Ministerio de Defensa quiera definir

La semana pasada la Junta de Gobierno municipal aprobó el plan para la Operación Chamartín, ahora Madrid Nuevo Norte. Hubo un concejal, Mauricio Valiente, que manifestó en redes su voto contra este acuerdo.

Él manifestó en redes su opinión en el debate que se produjo en la Junta de Gobierno. No su votación, porque en la Junta no se vota.

¿Y se encuentra cómodo sacando adelante una operación que no contará con todo el apoyo de todo su grupo?

Me encuentro cómodo en tanto que hemos resuelto una operación que lleva 25 años bloqueada y paralizada. Y que además lo hemos hecho con consenso de todas las administraciones. Y que además lo hemos hecho con consenso de diferentes grupos políticos que han ocupado las administraciones. No es solo un motivo para sentirse cómodo sino de sacar pecho, de que este Gobierno sea capaz de sacar pecho. Lo otro siempre lo hemos dicho. Respetamos todas las opiniones, todas las críticas pero pensamos que hay que dimensionarlas y que son críticas que representan a un porcentaje de la sociedad mínimo.

Pero, ¿qué piensa de que vaya a haber concejales que vayan a votar en contra del plan?

Ya ha ocurrido otras veces y siempre lo hemos dicho: cada uno tiene que votar lo que considere. Aunque también creo que es una posición poco honesta. Si no estás a favor de una política estructural como puede ser una gran actuación, como puede ser el Plan Económico Financiero (PEF), como puede ser el presupuesto, lo honesto es no presentar un voto en contra, sino dar un paso atrás porque el proyecto de Gobierno no te representa.

Varias asociaciones vecinales y Ecologistas en Acción decidieron dar plantón al Yyuntamiento en la mesa de información a las partes porque dicen que no se les ha tenido en cuenta.

No es cierto. La mesa se convocó en noviembre de 2015, se convocó con un formato que ha sido el que se ha utilizado para otras actuaciones. Un formato de audiencia crítica en la que el Ayuntamiento recoge críticas, sugerencias y las incorpora, pero el Ayuntamiento no se sienta a pactar un documento con todos los actores que están en esa mesa. Sería inviable. Dentro de la elaboración de este proyecto se abrieron unas mesas técnicas entre Fomento y Adif, la empresa DCN, como propietaria de los desechos del suelo, y el conjunto de propietarios de Fuencarral. En esta mesa técnica se desarrolló el trabajo del que se ha ido dado cuenta a la mesa de audiencia pública. Si en la última mesa deciden levantarse, lo respetamos pero es perfectamente contrastable que el argumento que están dando de que no se les ha hecho partícipes es incierto. Ha sido un proyecto telegrafiado.

Otra cosa que critican es que se vaya a construir una zona verde encima de la losa que tapará las vías.

Es una cosa que está perfectamente recogida en la ley y que se ha hecho así en Madrid Río o en Mahou Calderón, donde nadie ha criticado las actuaciones porque esto ocurra. Nuestra crítica al Chamartín de Ana Botella es que sobre la losa no colocaban una zona verde, colocaban parte de los equipamientos y parte de la vivienda protegida.

Estos colectivos también llevan reclamando meses el expediente del acuerdo entre Adif y DCN, pero se han encontrado con trabas y opacidad. ¿Ustedes lo han visto?

No. Es un contrato entre dos entidades, una pública, otra privada DCN y las condiciones de hacerlo público depende de ellos.

¿Y no creen que debería ser público?

Todo lo que tenga que ver con la transparencia es bueno, pero digamos que es poco relevante para nuestros objetivos. Nuestro objetivo era hacer un buen plan y lo hemos hecho.

Ahora comienza el periodo de alegaciones, ¿cuánto tiempo van a dar?

45 días, que está por encima del mínimo que establece la ley y encima coincide con el trámite de información ambiental. Vamos a hacer que coincidan los dos procesos.

Entonces, ¿cuándo llegará al Pleno municipal?

Calculo que hasta el Pleno de enero no podremos tener ese expediente terminado.

Usted contestó en una rueda de prensa que despejaría las dudas sobre su futuro en el Ayuntamiento de Madrid cuando la alcaldesa anunciara el suyo. Se lo vuelvo a preguntar, ¿quiere repetir como concejal en 2019?

Si cuento con la confianza de Manuela Carmena, sí.

Pertenece a Podemos, uno de los partidos que lideró la creación de Ahora Madrid, ¿qué le parece que vaya a desaparecer? ¿no fue una fórmula de éxito?

Ahora Madrid era un proyecto líquido de muchos actores que decidimos incluir en una misma candidatura. Creo que ese espíritu se mantiene y va a permanecer se llame como se llame. Es menos relevante el nombre y más lo que sea. Es muy importante que seamos capaces de corregir los errores de Ahora Madrid, como el de forzar confluencias con colectivos que no comparten un proyecto común de Gobierno. Quien no comparte esa visión común debe buscar otro proyecto.

¿Debe estar Izquierda Unida en la plataforma?

Creo que debe estar el que quiera estar y esté comprometido en ese equipo de Gobierno.

¿En qué consistirán las primarias o “participarias” que ha anunciado Manuela Carmena?

El procedimiento no puede originar un resultado que nos impida gobernar y construir el mejor equipo de gobierno posible. Pero ahora estamos gobernando, ya llegará el momento de hablar de eso ahora estamos gobernando.

El Ayuntamiento gobernado por Ahora Madrid, el Ministerio de Fomento y Distrito Castellana norte (BBVA y la constructora San José) han sellado el acuerdo definitivo para el desarrollo del norte de la ciudad, la conocida como operación Chamartín, que el Partido Popular no pudo poner en marcha en 25 años de gobiernos de la derecha. El encargado de liderar las negociaciones después de tres años de tira y afloja ha sido José Manuel Calvo, el concejal de Desarrollo Urbano Sostenible del Consistorio de la capital.

Pero la satisfacción personal de Calvo por este acuerdo es agridulce, ya que concejales del propio Ahora Madrid ya se han posicionado en contra, al igual que asociaciones vecinales y colectivos ecologistas, críticas que el edil prefiere minimizar.

¿Cuáles han sido los puntos más controvertidos de la negociación con Fomento y el promotor privado, Distrito Castellana Norte?

La rebaja en la edificabilidad ha sido uno de los puntos de la negociación donde se ha centrado la discusión. Siempre dijimos que el acuerdo de julio (2017) era un techo y que había que ajustar ese techo a la capacidad real del territorio. En ese ajuste desde el preacuerdo de julio, ha habido una rebaja de 200.000 m2 de uso terciario al sur, que es verdad que luego se amplía ligeramente en 30.000 más en la estación. Pero al final creo que el promotor privado, Distrito Castellana Norte (DCN), ha entendido que cuanto mejor es el plan, cuanto mayor sea la calidad, mejor va a ser el producto resultante.

¿Ha notado un cambio desde la llegada del nuevo ministro de Fomento?

Ha habido un cambio de actitud desde que el titular del Ministerio de Fomento es Iñigo De la Serna, hay que reconocerlo y no tengo ningún problema en hacerlo. El cambio de actitud ha sido total desde que De la Serna está al frente y también desde que Juan Bravo está al frente de la empresa pública Adif. Hemos podido trabajar, con discrepancias y peleándonos mucho, pero desde la lealtad y con la voluntad de colaborar, cosa que hasta la llegada de De la Serna no había ocurrido.

Ha hablado de la edificabilidad como uno de los puntos controvertidos en la negociación, ¿responde la edificabilidad a una necesidad de la zona?

Sin duda. Hay una demanda real de nueva vivienda, que evidentemente hay que dimensionar, que acotar y que controlar. Pero es una demanda que existe. Además, también hay una demanda de terreno terciario nuevo (oficinas) de calidad. Muchas empresas nos dicen (al Ayuntamiento) que no se pueden transladar a Madrid porque no hay oficinas de grandes dimensiones diáfanas. Es una oferta que ahora no tenemos. Existen alternativas como las grandes ciudades de negocios como son la del BBVA, Telefónica y el Popular, o irse a Las Rozas o Alcobendas. Pero lo que decimos es que tiene que haber esta oferta en Madrid, que esté vinculada a un gran nodo de transporte público para garantizar el acceso en la red de transporte público y no a través del vehículo privado como está ocurriendo en estos grandes centros de oficinas.

¿Por qué se ha distanciado tanto el proyecto de 2016 (Madrid Puerta Norte) planteado por Ahora Madrid de este acuerdo?

No se ha distanciado prácticamente en nada. En Madrid Puerta Norte defendíamos que había que concentrar las oficinas en torno a la estación y así ocurre en este acuerdo. Decíamos que en el norte tenía que estar la mayor densidad de carácter residencial, y así ocurre en este plan. Decíamos también que había que plantear un incremento de la vivienda pública para que los aprovechamientos urbanísticos reviertan en la ciudad, así ocurría en Puerta Norte, y así ocurre con este acuerdo. Lo que hemos hecho es ajustar los números a la realidad concreta. Siempre dijimos que Puerta Norte era un ejercicio teórico y que, cuando se concretase, habría que ajustarlo a las necesidades reales. Y es lo que se ha hecho.

¿Y por qué en el “teórico” había 4.000 viviendas y en el práctico, por llamarlo de alguna manera, hay 10.500, que es más del doble?

Lo que hemos hecho ahora es plantear cuánto cabe con unas edificabilidades razonables al norte y cuánto cabe al sur y con eso hemos redimensionado la operación. Pero el problema aquí nunca ha sido de números. Es decir, ¿Madrid necesita 10.500 viviendas? Sí, sin ninguna duda. ¿El problema de un plan es pasar de 5.000 a 10.000 viviendas? En ningún caso. El problema es un problema de modelo, de sostenibilidad, de movilidad, de reacionalidad de los usos, de utilización del territorio, de cesiones, de aprovechamiento, de cómo se organizan las zonas verdes... Todo eso se planteaba en Madrid Puerta Norte y se recoge perfectamente en este nuevo plan.

¿Pero quién plantea Madrid Puerta Norte?

El Ayuntamiento.

Y el Ayuntamiento ahora lo cambia.

No, e invito a que la gente lo vea. Quiero recordar que era un acuerdo de bases y de estrategias, no era un plan definido y concretado. Y yo invito a que se comparen las bases de ese plan y lo que se está planteando en este momento. Es prácticamente idéntico. Lo único que ha cambiado es la edificabilidad porque se ha ajustado a la capacidad real del territorio. Y, por cierto, queda muy por debajo de la que en este momento asigna el plan general (el planteado por el Gobierno de Ana Botella). En concreto, se reduce en más de 700.000 m2.

En la información que han facilitado hablan de un 20% de vivienda púbica, que supone unas 2.200 viviendas. En julio se hablaba de 4.000, ¿cómo ha quedado eso?

Exactamente igual. Por un lado, está la Ley del Suelo de la Comunidad de Madrid que exige un 10% para vivienda pública y nosotros lo hemos ampliado al 20%. Todas esas viviendas, en torno a 2.200, pasarán automáticamente a titularidad del Ayuntamiento. Pero además, hemos dicho que como tiene que haber más cesiones, nosotros priorizamos que esas cesiones se hagan de suelo residencial en un porcentaje, que será en torno al 17%. Eso se traduce en que un 37%, unas 4.000 viviendas, pasarán a titularidad del Ayuntamiento de Madrid para desarrollar sus políticas públicas de vivienda.

Habla de desarrollar las políticas públicas de vivienda, ¿qué modelo tienen pensado en el Ayuntamiento de Madrid para esas viviendas: el de venta o el de alquiler?

El que ya estamos aplicando en la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo (EMVS) desde que gobernamos. No se vende patrimonio público y todo el parque está a disposición de las familias más vulnerables. Ese es el modelo.

Es decir, las 4.000 viviendas se destinarán al alquiler social.

Sí. Y siempre serán titularidad del Ayuntamiento. Nosotros (Ahora Madrid) no vamos a vender patrimonio público. Aunque no podemos garantizar qué hagan futuros gobiernos. Pero Ahora Madrid apuesta por no venderlas.

¿Cómo va a repercutir esta operación en el encarecimiento del precio de la vivienda, que ya está subiendo, en la zona y en toda la capital?

Esto va a tener unos efectos en el mercado muy limitados, lo digo como arquitecto. El mercado funciona con otras lógicas fundamentalmente por una generación de expectativas en las que los tenedores de viviendas y los promotores piensan que tienen un bien que se va a revalorizar a medio o largo plazo. La operación no afecta.

Pero esa zona ya es una de las más caras de Madrid y ahora se revalorizará aún más por este desarrollo.

Evidentemente las viviendas se encarecerán. Las de promoción privada tendrán un precio elevado, pero las 4.000 del Ayuntamiento las pondremos a precio de alquiler social a disposición de las familias más vulnerables.

Entonces los que trabajen allí seguramente no podrán asumir esos precios.

Pero ya casi no es asumible un precio en Madrid ni en mi barrio, que es Aluche. Estamos viviendo una burbuja de precios fundamentalmente de alquiler, pero también de compra, en la que una familia trabajadora tiene difícil hasta alquilar en Vallecas, en Orcasitas o en Aluche. Evidentemente, parece que el conjunto de la ciudad se está revalorizando. En ese escenario, el antídoto es garantizar un parque público de viviendas suficiente y, además, que durante todo ese proceso el Estado o las comunidades autónomas habiliten mecanismos que permitan a los ayuntamientos acotar precios y evitar que se disparen.

¿Cree que este acuerdo y el futuro desarrollo de esta zona fomentan el reequilibrio territorial?

Sí. Hay dos maneras de garantizar el equilibrio territorial: uno sería trasladar a todos los habitantes del norte al sur, permíteme la simplificación o la broma, y otro es garantizar el acceso de diferentes infraestructuras y servicios del norte a través del transporte público, es decir, en igualdad para todos los ciudadanos de Madrid y para todos los municipios de la región. Por eso decimos que la estación se debe convertir en el nuevo centro del proyecto porque es la que garantiza la conectividad a través del transporte público con todos los municipios: en cercanías, en metro y en autobús.

Pero están teniendo críticas porque no se está apostando por el desarrollo del sur de la ciudad más desfavorecido que el norte, ¿no cree que este acuerdo ahondará estos reproches sobre el desequilibrio territorial?

Resolver una brecha urbana en el norte que lleva paralizada 25 años no ahonda en el desequilibrio con el sur. Hay un ámbito de la ciudad que se tiene que desarrollar de alguna manera. Y planteamos un desarrollo racional. Por supuesto, Madrid tiene un desequilibrio estructural norte-sur fundamentalmente por las políticas de los últimos 25 años del Partido Popular. Para resolver ese desequilibrio nosotros hemos puesto en marcha el plan MA-DRE, que define áreas vulnerables y concentra la inversión pública en eficiencia o en mejora del espacio público para resolver la desigualdad. Resolver una operación como la de Chamartín, o en su momento cuando acordemos la de Campamento, no tiene nada que ver con el desequilibrio territorial.

Han dejado claro qué número de viviendas habrá, pero ¿sabemos el número de oficinas?

Las oficinas son mucho más difíciles de cuantificar porque se venden o se alquilan por metros. Lo que sí hemos acotado es la cifra, en torno al millón de metros cuadrados en el sur, que se complementan con los 180.000 en el entorno de la estación, y al norte también hay algo de terciario vinculado a los grandes medios de transporte.

Pero no es lo mismo un edificio de oficinas con una altura de 10 pisos que de 50.

Ah, si hablamos de edificios, lo que toca ahora con la tramitación es concretar cómo se organizan las edificabilidades asignadas en términos de volumetría. Las parcelas están en estos momentos definidas, y habrá que ver si salen 15 edificios o al final son 13. Eso habrá que concretarlo en el actual proceso que se abre.

Supongo que manejan cierto volumen total para el planeamiento de la futura movilidad y la presión en la zona.

Vamos a plantear un modelo de volumen razonable de calidad del espacio público. Es la parte que se determinará ahora.

¿Y cómo se ha planteado el futuro de la movilidad sin tener definido del todo el volumen de personas que soportará la zona?

Lo conocemos perfectamente. Hemos definido la edificabilidad y hemos definido los límites de aparcamiento. El mayor atractor para el vehículo privado es la capacidad de aparcamiento. Si reduces el aparcamiento, reduces los viajes en coche y por eso hemos reducido las plazas a un tercio. De las 1,5 plazas por cada 100 metros edificables que establece el plan general de 2015, pasamos a 0,5. Con esto ya podemos hacer nuestros simuladores de movilidad y garantizar que el modelo sea razonable. De todas formas, como este plan requiere un informe de movilidad, si hay que hacer ajustes se harán siempre a la baja de aparcamientos, para reducir el número de viajes y fomentar el acceso y los viajes en transportes público.

¿Qué desplazamientos se prevén cuando esté acabado?

¿Al día? Se prevén unos 80.000 puestos de trabajo aproximadamente y nuestra idea es que el reparto modal sea un 80/20. Que el 80% de las 80.000 personas que irán todos los días al trabajo lo haga en transporte público porque van a tener una estación de tren mejor, más amplia; porque van a tener una nueva línea de metro; una nueva línea de autobús... El otro 20% llegará en vehículo privado, y creo que es un volumen asumible.

¿Cómo se resolverán los desplazamientos norte-sur en un entorno enormemente masificado actualmente?

Reduciendo tráfico. Estas infraestructuras ya tienen mucha carga y porque metas más, la carga no va a cambiar. Lo que harán los usuarios es buscar modos alternativos. Lo que hay que hacer es ofrecérselos. Por eso es imprescindible mejorar el Cercanías, abrir la nueva línea de metro y la de autobús.

Insisto en el volumen y la presión en la zona. ¿Está la operación en la línea planteada en el Plan A de Calidad del Aire?

Sin ninguna duda. Porque por lo que apuesta el Plan A es por la multimodalidad y por la reducción de tráfico, que es lo mismo que aquí se plantea.

Pero en este sentido, hay críticas que vienen de Ecologistas en Acción que hablan de un impacto negativo en la calidad del aire.

Respetando sus valoraciones, esas afirmaciones no se sostienen con datos. La apuesta de movilidad pivota en torno al transporte público y por eso decimos que la estación de Chamartín será un gran nodo. La solución no puede estar en paralizar más tiempo una brecha urbana en el norte bloqueada durante 25 años. Nadie mínimamente serio puede defender esa postura.

También hay críticas por parte de un sector de los vecinos. Por ejemplo, ha habido un comunicado de la FRAMV que dice que no ha habido ningún cambio con respecto al plan de julio de 2017.

No es cierto. Ha habido una reducción de 200.000 m2 al sur y se han concretado más cuestiones. Eso es un dato contrastable.

Pasando a las discrepancias internas dentro de su Gobierno. ¿Se ha debatido este plan con el grupo municipal de Ahora Madrid?

Se ha debatido muchísimo. Este plan es el desarrollo del acuerdo de julio, con unas rebajas sustanciales, insisto, en términos de edificabilidad, en 200.000 m2. Esta era una de las demandas de las voces más críticas con el acuerdo de julio. A partir de ahí, se explicará y se debatirá lo que haga falta para garantizar todo el apoyo al plan.

Todos los grupos municipales presumiblemente van a apoyarlo, pero el grupo que gobierna que es Ahora Madrid lo más probable es que salga dividido con varios concejales votando en contra.

Nosotros siempre hemos gestionado razonablemente las discrepancias. Planteamos discrepancias en cuestiones políticas que hay que respetar y yo respeto al máximo. También digo que las voces críticas son marginales, muy minoritarias. Lo que hay es un apoyo amplio en Ahora Madrid y en el resto de grupos a este plan. Es algo por lo que debemos felicitarnos.

Si ya se ha debatido este acuerdo dentro de Ahora Madrid, sabe más o menos cuántos concejales se van a posicionar en contra.

No hemos entrado en esa cuestión. El plan tiene todavía un desarrollo, hay que llegar a una aprobación inicial en Junta de Gobierno y ese será el momento de pronunciarse.

Entonces no se ha debatido antes en Ahora Madrid el acuerdo con el Ministerio y DCN.

Insisto, lo debatimos cuando se presentó en julio. Ha sido híper debatido en el grupo municipal, en asambleas, en Junta de Gobierno... Incluso públicamente a través de artículos en prensa. Además, estoy seguro de que se apoyará por unanimidad.

¿Por unanimidad de Ahora Madrid?

De la Junta de Gobierno.

En la Junta de Gobierno hay un concejal de Izquierda Unida, Mauricio Valiente, y este partido que está integrado en Ahora Madrid se ha posicionado en contra del acuerdo. ¿Cree que Valiente lo apoyará?

Hay que recordar que Ahora Madrid no es una coalición de partidos sino una candidatura municipalista formada por independientes que podemos militar o no en formaciones políticas. A partir de ahí, espero que podamos trabajar como grupo porque creo que es un hito haber conseguido algo así.

Pongámonos en el escenario del Pleno en el que se votará el plan. Casi con seguridad tendrán el apoyo del PSOE, del PP y de Ciudadanos, y en Ahora Madrid volverá a escenificarse un grupo dividido con entre seis y nueve concejales que votarán en contra. ¿Qué imagen da del grupo a unos meses de las elecciones?

Creo que hay que restar importancia a este tipo de cuestiones. Cuando en el Parlamento británico vemos que los diputados de un mismo grupo votan en función de su adscripción o de su criterio, todos nos felicitamos por ello y nos decimos que qué pena que en España solo domina la posición de los partidos. Precisamente Manuela [Carmena] ha defendido todo lo contrario, que cada uno se pronuncie y que haga lo que considere. Hay que quitarle trascendencia a este tipo de cuestiones, más allá de que, evidentemente, a todos nos gusta que las cosas salgan con unidad. Y creo que habrá unidad y acuerdo porque este plan es objetivamente bueno para Madrid.

Pero, dado que ahora la división es un hecho, ¿era necesario sacarlo en esta legislatura teniendo en cuenta que el PP no lo consiguió en 25 años gobernando?

No podíamos permitirnos no resolver este problema en este mandato. Hay varias razones. La primera, por una cuestión de oportunidad. Nunca se ha dado la ocasión tan favorable para alcanzar este acuerdo en la representación de las distintas administraciones y la empresa privada. La segunda, es que aunque nosotros aspiramos a ganar las siguientes elecciones, también puede ocurrir que vuelva a gobernar el PP y el plan de Ana Botella está ahí. La amenaza está ahí. Hay un ordenamiento vigente de 2002 que permitiría desarrollar ese plan sin ningún tipo de obstáculo. Entonces volverían las casi 19.000 viviendas y los más de tres millones de metros cuadrados de edificabilidad.

Por eso, lo que hemos hecho es reconsiderar esta operación, reconducirla, recuperar la tutela pública y rebajar la edificabilidad hasta una cifra razonable, que tiene que ver con poner los beneficios a disposición de la ciudad y no de la cuenta de resultados de un banco. Es una oportunidad lo suficientemente buena como para no desaprovecharla por una obcecación política.

¿Cómo se paga Madrid Nuevo Norte?

Como ocurre en cualquiera de este tipo operaciones, la financiación es casi siempre mixta. Hay infraestructuras que asumen las administraciones, hay infraestructuras que asumen los privados, hay costes de urbanización que asumen las juntas de compensación.

¿Cuánto asume el Ayuntamiento?

Siempre lo hemos dicho, entendemos el Ayuntamiento debe hacerse cargo de las infraestructuras de ciudad que le corresponden, que son el nudo norte y el nudo de Fuencarral.

¿Qué cantidades manejan?

El nudo norte serán unos 100 millones y el de Fuencarral, si no recuerdo mal, está presupuestado en unos 80 millones.

¿Han hecho un cálculo de las plusvalías que generará la operación?

Dependerá de los diferentes ciclos económicos. Se puede hacer, no lo hemos hecho, pero si se lo encargas a una gestora, seguro que te hace un cálculo y seguro que ese cálculo se parece muy poco a la realidad. Porque no estamos hablando de una promoción de viviendas.

En este caso, una operación de 20 o 25 años de desarrollo, cualquier cálculo es una entelequia. Lo que quiero dejar claro es que si con esta reducción de edificabilidad en más de 700.000 m2 han accedido al acuerdo, es que sigue siendo rentable. La pregunta es, qué plusvalía estaban dispuestos a entregarle al banco el PP y Ciudadanos cuando nos instaban permanentemente a aprobar la operación de Ana Botella.

La operación no estará finalizada al completo hasta dentro de 20 o 25 años pero, ¿cuándo empezarán a verse las obras?

Desde este momento hasta que se empiece a ver una grúa o un andamio pueden transcurrir unos tres o cuatro años, como ocurre en cualquier desarrollo urbanístico.

José Manuel Calvo (1984) es el delegado de Desarrollo Urbano Sostenible del Ayuntamiento de Madrid y uno de los dirigentes de Podemos en la capital. En este año que queda de legislatura, su área será la responsable de las obras de la Gran Vía así como la encargada de cerrar un acuerdo para el desarrollo norte de la ciudad, después de que Ahora Madrid enterrara la conocida como Operación Chamartín. Calvo ha liderado las negociaciones con el Ministerio de Fomento y el primer acuerdo alcanzado, Madrid Nuevo Norte, podría llegar a ser la solución para esa zona de la ciudad, un acuerdo que descontenta a parte del Gobierno municipal.

Calvo se ha ganado la simpatía de la alcaldesa, entre otras cosas, por este trabajo, una simpatía que es recíproca. Para el concejal, “nadie está en condiciones de acercarse al resultado electoral que podría dar Manuela Carmena en 2019”, por eso, la animará para que se vuelva a presentar. Sobre el edil de Urbanismo también recae uno de los problemas más graves que atraviesa la ciudad: el incremento exponencial del alquiler en toda la capital por la proliferación de los pisos turísticos. 

En estos momentos, el Ayuntamiento de Madrid no tiene aprobados los presupuestos de 2018, debido al desencuentro con el ministro de Hacienda a cuenta de la regla de gasto, que intervino las cuentas municipales y obligó, para levantar ese control, a que se realizasen recortes por más de 500 millones en los presupuestos de este año. Las diferencias internas por estos recortes, han provocado que a día de hoy no estén aprobadas las cuentas, ya que se necesitan todos los votos de los concejales de Ahora Madrid y el PSOE para sacar adelante los presupuestos. Calvo cree que habrá acuerdo porque no se entendería que sus compañeros “hicieran la pinza con la derecha y la extrema derecha para bloquear los nuevos presupuestos”. 

Acaba de ser padre. Anunció que se acogería a su derecho a 28 días de baja paternal. ¿Tuvo alguna duda?

Por extraño que te parezca todavía no he disfrutado de la baja. La niña nació prematura y está en el hospital, y como los padres tenemos nada más 28 días, más los 116 días de la madre y, en mi caso, días extras por ingreso hospitalario, lo que yo voy a hacer, porque me parece lo mejor, es coger la baja a partir de que le den el alta. Sí que es cierto que como está en el hospital he intentado rebajar agenda, porque las ganas de un padre es estar con su hija y en este caso que ha sido prematura más para estar tranquilo de que todo vaya bien.

¿Deben implicarse más los hombres en los cuidados?

Sin ninguna duda. Nos queda mucho por avanzar. Estamos muy lejos de una sociedad donde exista una igualdad real y desde luego los hombres tenemos que hacer mucho más esfuerzo del que hacemos.

Siguiendo con este tema. Me apetece hacerle una pregunta que tienen que escuchar muchas mujeres y muchas políticas cuando se quedan embarazadas.  ¿Cómo va a compaginar ahora la paternidad con su faceta profesional como cargo público y activo de un partido?

Pues... Como dijo este domingo la alcaldesa [Manuela Carmena, en el debate de mujeres de La Sexta] hay que incorporar la vida cotidiana a la política. Las reuniones tienen que tener hora de finalización, tienes que marcharte a la hora que corresponda porque tienes que llegar a darle la cena o bañar al niño o la niña. Tenemos que ir adaptándonos a esta nueva manera de entender la vida y la política. Lo que no puede ser es que por el hecho de desempeñar un cargo público o una actividad en un partido, tengas que renunciar a una vida familiar. Eso es un error. 

Este jueves, es la huelga feminista y sus compañeras en el Ayuntamiento han anunciado que harán se suman. ¿Cuál será el papel de los hombres del Gobierno municipal?

Ese día nos toca apoyar y suplir a nuestras compañeras. Tanto desde el punto de vista laboral, como en el personal. En el caso de mi compañera con todo lo que tenga que ver con atención y cuidados para que pueda ejercer su derecho a huelga. 

Siguiendo con el feminismo y ya centrándonos en su trabajo en el área en la que usted es concejal, han hecho público este martes un libro sobre urbanismo con perspectiva de género... ¿Qué planes tiene en ese sentido desde su área?

Hemos hecho una reflexión sobre lo que es el urbanismo feminista. Además, queríamos que quedara cristalizado en un texto porque hay muy poca bibliografía sobre este asunto que es tan importante. El urbanismo feminista tiene que ver con una ciudad que facilite la incorporación de la mujer a todos los ámbitos de la vida pública, que garantice unas condiciones de seguridad y en ese sentido lo que hemos hecho desde el principio es que todos los proyectos vayan acompañados de un estudio de género. Informes hechos de manera rigurosa y para que haya una apuesta verdadera por mejorar la ciudad para garantizar de que haya un uso igualitario del espacio público. 

¿Tiene una radiografía de cómo está Madrid en estos momentos?

Una geografía general la tenemos. Y es evidente que tenemos una ciudad que tiene todavía barreras físicas que afectan a personas con algún tipo de discapacidad y también afecta a las mujeres porque recae en ellas el mayor peso de los cuidados. Por eso, lo que nosotros vamos a garantizar es la accesibilidad universal en cualquier nuevo proyecto.

También la iluminación, que tiene que ver con la seguridad. Cuando hablamos de la Plaza de España, hubo mucho debate de si hacía falta o no rehabilitarla. La parte que da a Bailén es un espacio bastante inseguro en el que muchas mujeres nos manifestaron que no pasaban por ahí de noche. Entonces, de lo que se trata es de garantizar unas condiciones de iluminación, de seguridad, de visibilidad entre los diferentes usuarios el espacio público que permita a una mujer pasar por la plaza de España sin correr ningún tipo de riesgo o tener la sensación de inseguridad. Por eso, también hemos hecho mucha inversión en mejorar la iluminación en plazas, parques y calles secundarias. 

Una zona que puede ser controvertida en el sentido del urbanismo es la A-5, que parte por la mitad una barrio entero. Desde el Ayuntamiento anunciaron que se quería actuar en la zona. ¿Qué se va a hacer? ¿Da tiempo en esta legislatura?

Actuaciones muy concretas. Hicimos un estudio bastante complejo porque es una situación urbana muy muy problemática, sobre las distintas alternativas para convertir la A-5 en una vía urbana con criterios técnicos y no solo sustentado en criterios políticos. El estudio demostró que había factores desde el punto de vista técnico, y lo que estamos haciendo ahora es implantar el radar de tramo para garantizar que se cumplen los límites de velocidad a 70km/h. Ahora hay un radar, pero lo que ocurre es que cuando se pasa se vuelve a incrementar la velocidad.

Cuando este radar de tramo esté implantado, se harán actuaciones pilotos para ir reduciendo la velocidad a 50km/h. En paralelo estamos redactando un proyecto, junto con la operación asfalto, para incorporar un carril bus y dos o tres semáforos para dejarlo todo preparado para transformar la A-5 en una vía urbana. En la siguiente legislatura, nuestro objetivo es completar este proyecto con ampliación de aceras y mejora de todo el pavimento. De manera que se pueda garantizar que los vecinos de Batán tienen unas condiciones de vida similares a personas que viven cerca de una calle ancha con tráfico pero no, desde luego, encerrados por una autopista. 

Están todavía sin presupuestos. ¿Va a haber presupuestos nuevos este año?

Si contamos con el apoyo del PSOE yo creo que sí. 

Pero, además de los votos de los socialistas necesitan todos los del grupo de Ahora Madrid para sacarlos adelante y eso tampoco está garantizado ya que algunos concejales han manifestado su desacuerdo a apoyar unas cuentas ligadas al plan económico pactado con el ministro Cristóbal Montoro.

Creo que el escenario ha cambiado. Cuando el ministro Montoro se comprometió con el presidente de la FEMP, Abel Caballero, a permitir que los ayuntamientos puedan gastar su superávit a partir del 15 de marzo, y eso es dentro de nada, el escenario cambia. En ese escenario, vamos a hacer un gran presupuesto para Madrid. 

Pero las Inversiones Fnancieramente Sostenibles tienen sus limitaciones. 

Tienen sus limitaciones pero lo que nosotros estamos haciendo es recolocar partidas que antes estaban en el presupuesto ordinario, en IFS. Por ejemplo, hay un gran paquete de obras de mi área que pueden financiarse por esa vía y ese dinero se puede destinar a otras inversiones que no encajen en el formato de IFS. Pero además, como anunció el ministro, Abel Caballero y también nuestra alcaldesa, se van a abrir las opciones para el formato de las IFS. 

Si garantizamos un presupuesto expansivo, si tenemos el apoyo del grupo socialista, nadie entendería que algunos concejales de Ahora Madrid hicieran la pinza con la derecha y la extrema derecha de la ciudad para bloquear unos presupuestos nuevos, que atiendan a los barrios más vulnerables. 

¿Qué consecuencias habría para esos concejales?

Ni siquiera me las planteo porque no está en la cabeza de nadie que eso pueda ocurrir. 

Aparte de ser el concejal de Urbanismo, usted está en la dirección de Podemos en la ciudad de Madrid, ¿estas discrepancias en el presupuesto ponen en peligro la confluencia?

La confluencia que se formó en 2015 debe mantenerse. Ahora Madrid es un sujeto político y creo que lo estamos haciendo bien, dentro de las dificultades que implica gobernar una ciudad como Madrid, con la herencia recibida. A partir de ahí, deben incorporarse al proyecto un equipo que esté de acuerdo con unos criterios políticos. Luego puede haber discrepancias, pero tienen que estar claros unos compromisos previos para garantizar la gobernabilidad de Ahora Madrid y para garantizar la consolidación de este proyecto. 

¿También con IU, Ganemos y Anticapitalistas?

Con todos los que se sumen a esta propuesta.

Usted es uno de esos concejales con los que Manuela Carmena se siente cómoda y a los que valora el trabajo que ha realizado. ¿Le ha trasladado algo acerca de si repetirá para la candidatura de 2019?

Eso en todo caso, más allá de lo que yo supiera o pueda saber, no me corresponde a mí desvelarlo. Lo que puedo decir es que por mi parte no va a quedar el intento de animar a Manuela a que continúe porque es imprescindible su figura y su papel para consolidar este proyecto de cambio.

Si no repite la alcaldesa, ¿es el exJemad Julio Rodríguez su candidato?

No me planteo ninguna alternativa a la alcaldesa. En este momento, desafortunadamente, nadie está en condiciones de ni aproximarse al resultado electoral que nos podría dar Manuela, que es la garantía de que este proyecto continúe. Entonces creo que hablar de alternativas, mientras ella no se pronuncie, no tiene sentido. 

Este viernes comienzan las obras de Gran Vía. ¿Qué plazos manejan?

Los plazos que manejamos es completar la actuación antes de las próximas navidades. Es muy importante que las próximas navidades los madrileños puedan disfrutar de la nueva Gran Vía y la fase de obras es la siguiente: vamos a empezar por los dos extremos de la calle, Plaza de España y Plaza de Cibeles, desarrollando la ejecución en tres tramos. De Alcalá a red de San Luís, de red de Sn Luis a la Plaza de Callao y de Plaza de Callao a Plaza de España.

¿Se mantiene la plataforma única?

No. Tuvimos mucho debate en torno a este tema con los colectivos de discapacidad, sobre todo, en las personas ciegas, y en una calle que va a haber un volumen de tráfico, entendemos que se debe primar la seguridad a la operatividad que te da la plataforma única. Por eso, vamos a diferenciarlo. 

MÁS RESPUESTAS Y DETALLES SOBRE LA GRAN VÍA

Hay otras obras iban a iniciarse ahora en el entorno de la Gran Vía, en este caso de la Comunidad de Madrid, las de Metro para hacer un túnel subterráneo que una la estación con Sol. Se había anunciado que comenzarían a finales de febrero, pero no han empezado. Tengo entendido que necesitan un permiso del Ayuntamiento. ¿Ha habido algún problema?

Estamos trabajando con la comunidad de Madrid y con Metro. Es cierto que echamos de menos que este proyecto no se nos haya comentado, antes de sacar el proyecto, antes de tramitar la licitación para poder haberlo planificado mejor. Superada esa etapa, estamos trabajando con ellos para darles esos permisos.

Entonces no es un tema de incompatibilidad.

Son compatibles siempre que las planificamos bien. Si no existe esa planificación puede haber problemas añadidos de tráfico. Teniendo en cuenta que la Gran vía va a tener una mayor capacidad por la obra hay que planificar.

¿Qué pasa con Plaza de España, cuándo comenzarán las obras?

Nuestra idea es empezar a septiembre u octubre. Una parte se terminará antes de elecciones, pero no de forma completa dado que es una obra muy compleja.

¿Habrá Operación Chamartín esta legislatura?

Creo que sí. Tendremos un buen proyecto para el desarrollo norte de la ciudad. Tutelado por el Ayuntamiento de Madrid, dirigido por el Ayuntamiento de Madrid y planificado por el Ayuntamiento de Madrid. Que garantice unas adecuadas condiciones a ese desarrollo: que resuelva los problemas de dotaciones que tienen los barrios del entorno de Chamartín, que garantice la apuesta clara por el transporte público, que garantice la renovación de la estación y que, por supuesto, resuelva todos los problemas de conexión y de accesos que en estos momentos tiene la zona.

¿Puede poner una fecha?

Estamos trabajando en la concreción del proyecto. Entiendo las urgencias de los medios, pero estamos hablando de un plan que no se ha resuelto en 25 años y que afecta a 3,2 millones de metros cuadrados, que está en entrevías, que afecta a otros barrios consolidados... Resolver ese proyecto técnicamente no es fácil. Además, si tenemos que conjugar intereses de varios actores -Ayuntamiento, ciudadanos, Adif, el socio privado de Adif, los vecinos...- no es sencillo.

Este es otro de los temas que generan discrepancias dentro de Ahora Madrid. ¿Habrá división?

Espero que no se produzca, pero, en caso de que nosotros [la Junta de Gobierno donde no están todos los concejales de Ahora Madrid] seamos capaces de concretar un proyecto, que consideremos bueno para la ciudad, lo elevaremos a Pleno, y estoy seguro que encontraremos el mayor consenso. Estamos en disposición de contar con el voto a favor de todos los grupos y en nuestro caso, en Ahora Madrid, entiendo que también debe ser así.

Pero es consciente de que la división se puede producir.

Insisto, en caso de producirse, lo elevaremos al Pleno igualmente porque estamos seguros de que saldrá adelante.

Otra de sus competencias y que preocupa a los ciudadanos es el tema de los pisos  turísticos que están repercutiendo en que el precio de los alquileres está subiendo en toda la ciudad. Aprobaron una moratoria y se han manifestado en contra del borrador que ha planteado la Comunidad de Madrid. 

Fíjate, yo creo que la propia Comunidad de Madrid está en contra de su propio borrador. A raíz de lo que dijo el consejero de turismo en un acto público que tuvimos la semana pasada en el Colegio de Arquitectos de Madrid (COAM), decía que lo iba a cambiar todo. Decía que iba a introducir las demandas del Ayuntamiento de Madrid, de los vecinos, de la Comisión Europea y que eso suponía darle la vuelta al decreto prácticamente al completo. Eso nos parece bien, que la Comunidad de Madrid haya hecho una reflexión sobre ese decreto que a nuestro juicio era muy malo porque lo que hace básicamente es eludir toda responsabilidad y dejar en manos de la comunidades de propietarios o de los ayuntamientos la regulación de algo que la competencia la tienen ellos.

Nosotros como hemos visto que la Comunidad de Madrid no tiene demasiado interés en atajar este problema, o por lo menos en poner medidas para reducirlo, pues hemos hecho algo que nos compete, pero que para lo que en principio no teníamos competencias, que es darle una categoría urbanística a la vivienda turística, transformarlo en actividad terciaria cuando se ejerza de forma profesionalizada, más de tres meses, y en paralelo tramitar un plan de control de usos en la línea de lo que ha hecho Barcelona, San Sebastián o Mallorca, para limitar aforos. De manera que no tengamos barrios especializadas, sino que en los barrios conviva la actividad comercial, la turística y con la residencia. Un definitiva, que tengamos una ciudad, rica, compleja y de usos mixtos.

Pero son conscientes de que hay sectores que les acusan de que no están actuando.

Para contestar a esas críticas con datos, entendiendo siempre la urgencia de los vecinos de centro que sufren cada día los efectos de la turistificación, los datos sobre las sanciones que se están implantando son relevantes. De hecho, la Comunidad de Madrid en vez de atender a sus competencias en materia turística, nos está trasladando las denuncias a la agencia de actividades para que seamos nosotros quienes abramos diligencias. Las vamos a hacer, pero de nuevo la Comunidad de Madrid elude su responsabilidad.

La subida de los precios del alquiler vemos que se está produciendo no solo en el centro de la ciudad, sino que se está desplazando a otras zonas de la ciudad. ¿Se plantea en algún momento implementar alguna medida para controlar que los alquileres no se disparen?

Desde los ayuntamientos lo tenemos más complicado. Cuando Ada Colau intentó en Barcelona definir una vivienda vacía se lo tumbaron los tribunales. A nosotros nos gustaría tener un Estado que se preocupara por este tema. Estamos mirando con otros ayuntamientos instar al Gobierno a que garantice una ley de arrendamientos urbanos o por lo menos volver a los cinco años de duración mínima de contrato y por lo menos darle unas mayores condiciones de estabilidad y más derechos a los arrendatarios. También estamos diciendo que nos gustaría que hubiera una ley de regulación de precios, es decir, que se establezca una regulación en base a criterios objetivos: ubicación de la vivienda, tamaño, condiciones, servicios, acceso en transporte público... de manera que los propietarios y las empresas que se dediquen al alquiler tendrán que ganar pero desde luego tendrán que ajustar los márgenes de ganancia a las condiciones objetivas de la vivienda.

También le hemos dicho al Gobierno, que los ayuntamientos puedan comprar vivienda y puedan ejecutar más vivienda, y eso tampoco se produce. No hay una política pública de vivienda por parte del Estado. Entonces, dentro de nuestras limitadas competencias, podemos hacer cosas, pero lo que podemos también es un diagnóstico claro de la situación y exigirle al Gobierno de la nación que legisle para darnos herramientas a nosotros con las que poder regular. Si existiera una regulación en torno a los precios o a las viviendas vacías, podríamos sancionar o gravar a los propietarios, entonces mientras no tengamos ese marco y no podremos hacerlo.

¿Cómo valora la oposición del PP centrada en los tribunales, esta última con la denuncia de la compra de Bicimad?

El otro día pensaba que qué duro es ser José Luis Martínez Almeida. Qué duro es no ser nadie en la oposición a pesar de que todas las semanas intentas sacar la cabeza haciendo una barbaridad mayor. Creo que es una estrategia de desgaste propio, pero de desgaste del propio Partido Popular, que al final intentan atacar al Gobierno de Ahora Madrid, de Manuela Carmena, con acciones que nadie entiende y que desde luego los usuarios de Bicimad, estoy seguro, no van a entender. No es una oposición seria la que tenemos en el Ayuntamiento con el PP y Ciudadanos. Mientras tenemos una oposición leal por parte del PSOE, la oposición de PP y Ciudadanos no es seria porque los problemas reales de los madrileños no está en su agenda.

No ha sido un error táctico no llevar otras comisiones de investiga

No lo sé. Nosotros hemos actuado con lealtad y transparencia. Pero el PP quiere comparar Bicimad con la comisión de por ejemplo Calle 30 donde un Tribunal (de Cuentas) ha declarado ilegal su gestión y sobredimensionamiesto, a lo que es el rescate de una concesión que no funcionaba para que funcione bien.

Qué balance hace de la legislatura.

Han sido tres años, no llega, muy productivos en cuanto a que hemos sido capaces de coger las riendas de una administración con una herencia perversa, con 25 años de gobiernos del PP y más de 5.000 millones de deuda. Con una plantilla desmotivada, con unas tasas de reposición que habían caído a mínimos, por tanto con unos servicios municipales que habían sido reducidos también al mínimo, y hemos sido capaces a pesar de ello de poner en marcha muchos proyectos de mejora para la ciudad de Madrid. Hemos sido capaces de poner encima de la mesa los temas centrales del cambio de modelo urbano: temas que tienen que ver con la calidad del aire, el medio ambiente, la participación, la transparencia, la movilidad...

Eso acompañado de una buena gestión ya que hemos reducido deuda a la vez que hemos subido el gasto público. Como autocrítica quizás, creo que cuatro años no son suficientes. Cuando llegas a una administración tan compleja como esta necesitas un tiempo para conocer su funcionamiento y hay temas que van a quedar pendientes. Pero ojalá, podamos contar con el apoyo mayoritario de los madrileños para poder llevarlos a cabo en la próxima legislatura.

José Manuel Calvo es el responsable del área de Desarrollo Urbano Sostenible del Ayuntamiento de Madrid. A diferencia de otros momentos políticos e históricos en los que los concejales de Urbanismos dedicaban cada semana a cortar cintas, colocar primeras piedras y anunciar grandes infraestrcuturas, Calvo define tres ejes para su mandato, del que ya se ha consumido año y medio: “Rehabilitar edificios, reducir el vehículo privado para mejorar la movilidad y reconducir grandes operaciones heredadas”.

Uno de los problemas que se detecta en los centros históricos de las capitales en la gentrificación. ¿Qué está haciendo el Ayuntamiento para atajarlo?

Tenemos una mayor capacidad para abordar ese problema sin que pase como Barcelona, con una moratoria o medidas extremas para frenar un proceso que es prácticamente irreversible.

¿En qué zonas quieren intervenir?

Tenemos estudios que dicen que Centro tiene una situación que, a corto o medio plazo, puede situarse en una situación problemática. Sobre todo Sol y Cortes, que son barrios particulares porque la incidencia de la vivienda allí desde hace mucho es irrelevante.

¿Cómo piensa actuar?

Hay que actuar con rigor, poniendo encima de la mesa el problema y las soluciones posibles, Tenemos que situarnos en el marco de la ley y las normas. Hay dos vías de actuación: tratar de controlar, y no es fácil, los procesos de desarrollo de la vivienda turística, distinguiendo bien entre el que alquila una habitación para ganarse un dinero el fin de semana que se va de casa o para completar el salario porque es bajo, y esas situaciones son comprensibles, pero hay gente que está haciendo negocio con la vivienda turística por fuera del sistema oficial. Eso, por un lado. Para combatir ese asunto necesitamos que la Comunidad se implique, necesitamos leyes que ahora mismo no existen.

Por otro lado, tenemos una capacidad relativa, tenemos competencias, pero no todas ni somos el gran actor para controlar esta situación, pero a través del Ayuntamiento y de la interpretación de las normas urbanísticas y del plan general podemos establecer determinados filtros para evitar que sigan proliferando los instrumentos de planeamiento que están dando pie a estas actuaciones, como son los planes especiales. 

En esa línea, estamos analizando fórmulas para poder interpretar de una manera más restrictiva el plan sobre todo en este tipo de ámbitos para evitar la proliferación de estos planes especiales. Como administración, si un plan especial cumple la normativa, puede gustarte más o menos, pero estás obligado a tramitarlo. Lo otro, todos sabemos como se llama. Estamos trabajando para desarrollar los instrumentos limitados que tenemos.

Barcelona ha llegado a multar a Airbnb.

Están empezando a regular la vivienda y tienen las leyes de la Generalitat, que no tenemos nosotros, la Comunidad de Madrid aún no se ha mojado.

¿Les interesaría?

Es un tema muy delicado. Hay que distinguir muy bien entre quien está haciendo negocio por fuera del sistema y el que está alquilando su habitación y su casa para completar su salario o para poder pagar la hipoteca. Hay que distinguir esas situaciones, pero no es sencillo. Es como el BlaBlaCar: el que hace un viaje a Valencia y quiere pagarse la gasolina llevando a dos personas, nos parece legítimo. El que tiene 4-5 coches y en lugar de abrir una empresa y pagar sus impuestos está actuando como una empresa de transporte por fuera del sistema sin pagar impuestos, evidentemente las administraciones tienen que trabajar por que eso no ocurra.

¿Tienen calculado el volumen de este negocio?

No, no tenemos esa cifra. El distrito Centro ha encargado un estudio para tratar de hacer una estimación, porque es complicado, no tienes instrumentos de medición. El distrito es muy representativo, porque es donde la vivienda turística genera más problemas: lo que sí se está viendo es que la vivienda turística está proliferando en tanto que se han incrementado de una manera muy relevante los precios del alquiler y de venta de vivienda. Tiene que ver con que hay alguien que está comprando para sacar un aprovechamiento, un lucro, más que para vivir en ellas.

Otra queja es el de los comercios tradicionales, de barrio, que a veces desaparecen en favor de franquicias. ¿Preocupa?

Sin duda. Lo que nos preocupa, y pensamos que es lo que debe hacer la administración responsable, es proteger a los vecinos y vecinas de la ciudad y la calidad de vida de los barrios. Para ello, no solamente se trata de aplicar medidas de mejora de la movilidad, de adecuación del espacio público, de ajardinamiento, mejora de los edificios, sino también garantizar una ciudad compleja, que tenga mezcla de usos y una ciudad en la que no aparezcan lugares o sectores que sean casi parques temáticos. Eso es lo peor que le puede ocurrir a una ciudad. En esa línea estamos comprometidos en tratar de paliar estas situaciones, pero con rigor y diciendo que no es sencillo porque en los últimos 20 años se ha producido un proceso de desregulación donde cada vez es más complicado proteger usos, establecimientos históricos, determinadas actuaciones y en esa línea lo que no vamos a hacer es actuar en contra de la ley, pero sí que hay que tratar de encontrar resquicios legales y normativos para evitar o paliar este tipo de situaciones.

¿Y la operación Canalejas no es eso?

Sí, nosotros no la habríamos aprobado, pero el problema es que cuando nosotros llegamos estaba un edificio a medio construir, ocho edificios desmantelados y un agujero en el centro de la ciudad. Ahí tienes dos opciones, una es mirar para otro lado y otra es tratar de aplicar soluciones paliativas que mejoren el proyecto en la línea de reducir el impacto que pueda generar, mejorar la movilidad que era una aberración lo que tenían planteado como esa estación subterránea de autobuses, pero la operación Canalejas te la encuentras y tienes que darle una solución, como si nos hubiéramos encontrado el plan de la operación chamartín aprobado, pues estaríamos en otro escenario muy distinto.

Afortunadamente no llegaron a aprobarlo, pudimos anularlo y ahora estamos en disposición de plantear un nuevo plan: tu llegas a los procesos cuando llegas y tienes que abordarlos con seriedad y con rigor.

¿No les ha pasado precisamente eso, que gestionan más la herencia que una iniciativa propia?

Yo creo que ese planteamiento que, como eslogan está bien, es poco serio y minoritario. Nosotros hemos planteado tres estrategias muy claras para cambiar el modelo urbano.

En primer lugar, una estrategia de regeneración global y centrada fundamentalmente en los barrios de la periferia, de aquellos barrios que han adolecido de inversiones, de mejoras en los edificios, de subvenciones para rehabilitar, etc, Ese plan está en marcha, el Plan MAD-RE, más de 1.000 solicitudes en menos de ocho meses y casi 17.000 familias que se van a beneficiar de estas ayudas, y nuestro objetivo es que siga creciendo.

En segundo lugar, hemos dicho que hay que cambiar el sistema de movilidad y creo que hemos sido claros y se han tomado una serie de medidas seguramente a alguien les pueda parecer modestas. Pero venimos de donde venimos, y tenemos el Pleno que tenemos, con una serie de grupos que, si restringes la utilización del coche poco menos que te llaman bolivariano. Estamos decididos a cambiar el sistema de movilidad, apostar por el transporte público. 

Y la tercera pata, fundamental, es la reconducción de las grandes operaciones urbanísticas.

En la operación Canalejas, nos encontramos con un agujero en medio de la ciudad y hay que darle una solución. ¿Qué vas a hacer? Otra solución habría sido utilizar la dinamita, pero yo creo que igual eso a los madrileños no les habría interesado demasiado y a los que en su momento pagaron 400 millones de euros por el edificio, pues igual también nos habrían pedido algún tipo de indemnización. Y no sé, alguna vez me lo han dicho, como anécdota, ¿por qué no lo expropiasteis? Pues a ver si alguien entiende que el Ayuntamiento de Madrid se gaste 400 millones de euros en comprar una manzana en Sol, 400 millones es toda la inversión que hemos hecho en las áreas de urbanismo y medio ambiente, el 8% del presupuesto municipal. Nadie entendería que el Ayuntamiento de Madrid dilapidara el dinero en hacer ese tipo de operaciones, que nos situaría en un marco de marginalidad, de casi hacer el ridículo ante la gente si un gobierno planteara eso. Nosotros no lo vamos a hacer.

En relación con el plan Chamartín, Puerta Norte, como lo llaman ahora. El BBVA ha renovado los derechos aunque anunciaron que desistirían si no había acuerdo al 31 de diciembre. ¿Creen que habrá acuerdo para un nuevo plan o que están esperando a otro gobierno municipal para recuperar el plan original?

No creo que estén esperando.

Pero ¿necesitan al BBVA y San José, componentes del antiguo consorcio Distrito Castellana Norte, para llevar a cabo el proyecto?

El Ayuntamiento de Madrid, no. Pero hay otros actores que también juegan. El Ministerio de Fomento ha decidido de manera unilateral renovar el convenio con el banco. Nosotros jugamos en ese escenario. Hay cuatro actores fundamentales en esta operación: el Ayuntamiento como competente en la definición del modelo de ciudad; Adif, como propietario de los terrenos –hay que recordar que el 82% de esos suelos son suelos públicos, por eso es tan importante que la iniciativa pública no se pierda–; está DCN, como adjudicatario de esos derechos sobre todo los suelos del propietario mayoritario –Adif–; y luego está otro actor fundamental, que es la junta de compensación de Fuencarral-Malmea, que son propietarios del polígono industrial que desde hace 24 años están a la espera de la operación Chamartín, que nunca llegaba.

En ese marco, y si tenemos en cuenta que el Ministerio y el banco han renovado durante dos años, parece que si renuevas por dos años teniendo en cuenta que el mandato termina en dos años y medio, lo razonable es que se haya hecho con el objetivo de llegar a un acuerdo con este gobierno, porque no creo que nadie esté pensando en un escenario alternativo en los dos próximos años. A partir de ahí, nosotros, por lo que estamos trabajando en esas mesas técnicas que se han convocado, da la sensación de que el proyecto va por buen camino, sin lanzar las campanas al vuelo, aún tenemos posiciones diferenciadas en determinadas cuestiones que son fundamentales, pero pensamos que el proyecto va por buen camino, y estoy convencido de que vamos a llegar a un acuerdo por tres razones: porque al ministerio le interesa; al inversor privado le interesa más que esperar sine die o meterse en un proceso judicial que no sabe cuándo va a terminar ni en qué va a terminar; y porque a nosotros también nos interesa solucionar una brecha en la ciudad de Madrid que está rodeada de edificación, que genera un problema de movilidad y de conectividad entre los barrios que están alrededor y hay que resolver ese problema: no podemos esperar más. Como los tres estamos interesados en resolverlo y hay buen entendimiento yo espero que lo consigamos.

¿En qué fechas?

Nosotros hemos dicho que en el plazo de seis meses como máximo para tener un acuerdo. Y, después, un año o un año y medio para tramitar una modificación puntual del Plan General. Si hay acuerdo entre Ministerio, el Ayuntamiento de Madrid, el propio banco, la junta de compensación y la Comunidad de Madrid ha dicho que si hay un acuerdo se sumará, y si estamos de acuerdo las tres administraciones que van a tener que informar, eso agilizará la tramitación del Plan General. Podemos hablar de una modificación puntual que puede llevarnos a un año y medio o a nueve meses. La modificación del Mahou-Calderón la hicieron en nueve meses, que fue histórico. Estamos en disposición de poder hacer algo así.

La Gran Vía. ¿Qué opina de la propuesta de Aguirre de hacer un túnel?

Esa idea ya fue de Manzano, es curioso que Aguirre está reviviendo aquel proyecto. Nosotros entendemos que es un auténtico despropósito. El túnel de Esperanza Aguirre es un despropósito. Lo descartamos de partida. Lo era entonces y no digamos ahora. Entonces había menos conciencia del problema que genera el tráfico, ahora  casi el 80% de la sociedad tiene conciencia de los problemas de contaminación que produce la circulación de coches, sobre todo en el centro de la ciudad. Hacer un túnel sería ir en contra de todos nuestros planteamientos políticos, ideológicos y de nuestros principios más básicos: anteponer la salud de los ciudadanos a cualquier otro tipo de intereses.

Su propuesta es la de la plataforma única con uno o dos carriles por sentido en función de las horas, ¿a partir de cuándo?

Ahora mismo está el proyecto en redacción, hemos convocado una consulta con algunos aspectos que nos permitan mejorar el proyecto. El proyecto es relativamente sencillo, sólo hay que diseñar ese pavimento, cómo va a ser ese carril continuo y las intersecciones, y los elementos de señalización, lumínicos o bolardos, parece que lo más intuitivo es un elemento luminoso. Y poco más. El proyecto no es muy complejo, pero queremos enriquecerlo con la opinión de los ciudadanos y a final de año estaremos en disposición de iniciar esas obras.

¿Es una obra larga?

No, no. Es una obra relativamente sencilla.

¿Cuánto puede durar?

Los técnicos municipales afinarán, pero es una obra de entre cuatro y seis meses.

La Gran Vía se ha convertido en un eje que cruza la ciudad.

Aquí hay una decisión política clara: reducir tráfico del centro de la ciudad. La Gran Vía ahorra desplazamientos por la M-30. Eso es lo que hay que eliminar. Por supuesto, los residentes seguirán pasando por la Gran Vía, la carga y descarga, el transporte público...

La alcaldesa habló de una lanzadera de Plaza de España a Cibeles.

Lo que ha dicho es que se están buscando opciones de mejora del transporte público, y una opción era una lanzadera, o que pasen dos líneas en lugar de todas las que pasan ahora. Pero al final lo definirán los técnicos de movilidad y de la EMT.

Habla de reducir tráfico en el centro, pero, ¿cuáles son las alternativas?

Nosotros apostamos por la disuasión en origen. Los aparcamientos disuasorios que están proyectados y algunos serán muy útiles, en todo caso absorberían 15.000 coches y hay un millón de desplazamientos diarios.

¿Y cómo van a dejar el coche?

Con las medidas de Gran Vía en Navidades se ha detectado un efecto: la evaporación del tráfico. Se analizaron las principales calles alternativas a Gran Vía –los bulevares– y se pensaba que el flujo de Gran Vía se desviaría por esas calles. Pero no ocurrió: la gente entendió que había otra forma de entender la movilidad y que había otros medios para ir al centro. Esto ha pasado en Copenhague, Estocolmo, Berlín... Ahora lo tienen asumido, como ahora parecería ridículo que el Ayuntamiento reabriera Preciados al tráfico. Las situaciones generan mucho ruido y mucha polémica cuando se plantean pero luego se vuelven irreversibles en la percepción de la gente.

¿Dónde más se va a producir la reducción del coche?

Estamos con un proyecto piloto en Chamberí, las calles 30, con la rebaja de la velocidad a 30 kilómetros por hora. El modelo de la super isla de Barcelona y disuade circular por ahí en algunas manzanas. Además, tenemos el objetivo de ampliar las Áreas de Prioridad Residencial (APR) al ensanche de la ciudad. Ahora hay cuatro –Ópera, Embajadores, Centro y Letras– y falta Universidad y Justicia. En lugar de seguir haciendo APR, dijimos que apostaríamos por el modelo en todo el distrito centro, que todo el distrito Centro fuera una APR única, un área de bajas emisiones.

Ganemos Madrid, plataforma municipalista integrante de Ahora Madrid, el partido de la alcaldesa, ha exigido la paralización de la demolición del Taller de Precisión de Artillería aprobada por el Consistorio

Ganemos considera que "no existen razones para conceder la licencia que permite derribar el histórico edificio del TPA"

El pleno ya aprobó en noviembre de 2015 la promoción de 355 pisos exclusivos a 500 metros de la Castellana, con los votos a favor del PP y Ciudadanos, y de 14 de los 20 concejales de Ahora Madrid –seis votaron en contra–

El Ayuntamiento de Madrid de Manuela Carmena ha autorizado ya el derribo del taller de artillería de Chamberí para que se construya una urbanización de lujo en esa parcela.

Ganemos Madrid, plataforma municipalista integrada en Ahora Madrid, ha difundido un comunicado este miércoles, en respuesta a la noticia del derribo, adelantada por El Mundo, en el que afirma: “De producirse esta demolición, el Ayuntamiento de Madrid estaría continuando la política urbanística neoliberal mantenida por anteriores gobiernos, al priorizar el lucro residencial sobre la protección patrimonial de un edificio histórico y sobre los beneficios que el aprovechamiento público y dotacional tendría para quienes habitan Madrid”.

Así, Ganemos entiende que “no existen razones para conceder la licencia que permite derribar el histórico edificio del TPA, puesto que no está aprobado el Convenio de Gestión necesario para poder edificar las nuevas construcciones, y también por prudencia, ya que existen abiertos varios frentes judiciales en la Fiscalía y en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid que podrían anular la operación urbanística”.

De acuerdo a la información de El Mundo, los propietarios del terreno tendrán que ceder 1.000 metros cuadrados en la planta baja del nuevo inmueble, con un anejo de otros 250 metros cuadrados, para la construcción de una escuela infantil. Según fuentes de Desarrollo Urbano Sostenible citadas, “la ejecución de este acuerdo permitirá la mejora de las dotaciones en el distrito en aras al interés general y satisfaciendo las necesidades y demandas vecinales, poniendo así a disposición de todos los residentes una zona verde con una extensión de 3.360 metros cuadrados”.

En noviembre de 2015, Ahora Madrid partió en la aprobación de la operación inmobiliaria de lujo en Chamberí. Se aprobó, pero con el voto a favor de 14 concejales del equipo de Gobierno y seis votos en contra. El proyecto recibió el visto bueno gracias al apoyo del Partido Popular y Ciudadanos.

Del grupo municipal de Ahora Madrid se desmarcaron del proyecto defendido por el concejal de Desarrollo Urbano, José Manuel Calvo, el tercer teniente de alcalde, Mauricio Valiente; el concejal de Economía y Hacienda, Carlos Sánchez Mato; y los ediles Yolanda Rodríguez, Pablo Carmona, Rommy Arce y Montserrat Galcerán 

Estos seis concejales pertenecen a dos de las corrientes de Ahora Madrid: Valiente, Mato y Rodríguez son de Izquierda Unida (concurrieron a las primarias de Ahora Madrid en la lista A por ellos); y Carmona, Arce y Galcerán, vinculados a Ganemos Madrid y el Observatorio Metropolitano, disputaron las primarias de Ahora Madrid en la lista no oficial de Podemos, Madrid en Movimiento.

El PSOE votó entonces en contra.

¿Que se va a demoler?

El TPA Raimundo Fernández Villaverde es una parcela que ocupa el Taller de Precisión y Centro Electrónico de Artillería, un edificio del siglo XIX, en el distrito de Chamberí. La parecela “alberga una arboleda también centenaria”, explica Ecologistas en Acción, que está en contra del proyecto, junto con otras asociaciones vecinales, de defensa del patrimonio y ecologistas. ¿Por qué? “Esta nueva operación especulativa reduce las escasas dotaciones del distrito y destruye patrimonio histórico y forestal”.

El taller se levantó en 1898 y, hasta la subasta de 2014, era propiedad del Ministerio de Defensa. La parcela tiene una superficie de 14.569 metros cuadrados y una superficie construida actual de 16.560 metros cuadrados. Según Ecologistas, el plan general de ordenación urbana de Madrid (PGOUM) “permite un aumento notable de esa superficie construida, alcanzando los 54.225 metros cuadrados con destino residencial”.

A raíz de los cambios legislativos del Gobierno regional en 2013, se sustituyeron las cesiones de suelo obligatorias para zonas verdes y equipamientos por dinero. Es decir, que ahora no hace falta compensar las viviendas construidas con parques, sino con dinero.

Una vez conseguida esta modificación, explica Ecologistas, se produjo la subasta de Defensa y la adjudicación en noviembre de 2014 a Domo Gestora –que creó la cooperativa Residencial Maravillas– por 111 millones.

Así contaba Telemadrid la operación en noviembre de 2014:

Y, a continuación, llegó el siguiente paso: la aprobación inicial del proyecto por parte del Gobierno municipal de Ana Botella, el 29 de abril de 2015, a menos de un mes de las elecciones municipales.

Siete meses después, el proyecto volvió al pleno en noviembre de 2015, con la intención de su “aprobación definitiva”.

¿Y qué supone? Según describe Domo Gestora, “es una de las oportunidades más interesantes que ha ofrecido el mercado inmobiliario madrileño en mucho tiempo. La cooperativa ha resultado definitivamente adjudicataria de la más valorada y mejor ubicada parcela de las puestas en venta por las Administraciones públicas (Mº de Defensa) situada en la calle Raimundo Fernández Villaverde, 50, en el distrito de Chamberí. Con una superficie de más de 14.000 metros cuadrados y un uso residencial de vivienda libre, permite la construcción de  355 viviendas y locales comerciales. Viviendas de 1, 2, 3, 4 y 5 dormitorios, en urbanización cerrada con piscina y zonas comunes dotadas de todas las comodidades que favorezcan la calidad de vida de sus futuros propietarios. Todo ello en una zona privilegiada de Madrid, verdadero pulmón económico, comercial y empresarial de la capital. Situación inmejorable, accesibilidad absoluta desde cualquier punto de la ciudad, todo tipo de servicios –comerciales, asistenciales, educativos, deportivos- a mano. En resumen, una oportunidad única”.

Estilo neomudéjar

Por el camino, recuerda Ecologistas, “hay que demoler el edificio del siglo XIX y su arboleda centenaria. La nueva operación incrementa el número de viviendas sin aportar nuevas dotaciones, en una zona con un importante déficit de zonas verdes y equipamientos, lo que agravará la situación. Las instalaciones militares del TPA se concibieron como varios pabellones de estilo neomudéjar aislados en medio de un frondoso jardín. Debería considerase su inclusión en el Catálogo Municipal de Elementos Protegidos”.

En consecuencia, los colectivos reclaman “que se estudien alternativas que no condenen al distrito a la masificación, a la pérdida de patrimonio cultural y natural y al empeoramiento de su calidad de vida”.

Una carta de la alcaldesa de Madrid al nuevo ministro de Fomento. Una llamada de vuelta como respuesta. Así ha sido el primer contacto entre el Consistorio de la capital y la nueva dirección del departamento ministerial que ha recaído en Íñigo De la Serna.

De la Serna asumió la cartera de Fomento hace apenas una semana, y uno de los asuntos que tiene pendiente es la polémica Operación Chamartín: un conflicto que enfrenta en los tribunales al Ayuntamiento de Madrid contra el gobierno autonómico que preside Cristina Cifuentes, el Ministerio de Fomento y el consorcio de empresas –BBVA y la constructora San José– que pretenden urbanizar una gran área del norte de Madrid.

Manuela Carmena felicitó este lunes a Íñigo De la Serna por su ascenso. Lo hizo a través de una carta en la que solicitó una reunión de urgencia para abordar el proyecto Madrid Puerta Norte y buscar “la máxima colaboración entre administraciones”. El nuevo ministro llamó por teléfono tres días después a la edil para trasladarle su deseo de que la entrevista fuera en la mayor brevedad posible.

La urbanización del norte de Madrid, la conocida como Operación Chamartín, es un asunto que arrancó hace ya 23 años. El plan consistía en soterrar las vías de tren de de la zona norte de Madrid –los que salen de la estación de Chamartín– y urbanizar esos terrenos con zonas de viviendas, oficinas y una nueva zona financiera con un rascacielos de 70 plantas, que sería el más grande de Europa. Con las plusvalías generadas con los terrenos, estaba previsto pagar gran parte de los gastos de la ampliación del metro, el soterramiento del tren y dos nuevos nudos de tráfico.

El Ayuntamiento de Manuela Carmena decidió bloquear el proyecto y presentar una alternativa: Madrid puerta Norte. Pero tanto las empresas afectadas como la Comunidad de Madrid y el Ministerio de Fomento han llevado esta decisión a los tribunales. Fomento reclama al Ayuntamiento 700 millones de euros por la paralización, por “obras ya ejecutadas o en vías de ejecución”, como el tunel que conecta la estación de Chamartín con la de Atocha el tren de cercanías hacia el aeropuerto.

El que también ha felicitado por carta al nuevo ministro ha sido el concejal de Desarrollo Urbano Sostenible de Ahora Madrid, José Manuel Calvo. Calvo confía en que el cambio de dirección en el ministerio “favorezca el desarrollo del proyecto” que propone el Ayuntamiento. La antecesora en el cargo, la actual presidenta del Congreso de los Diputados, Ana Pastor, ha mantenido una posición contraria a Madrid Puerta Norte.

El concejal de Ahora Madrid ha mostrado su optimismo ante el nuevo ministro. Calvo, en una conversación en eldiario.es, ha destacado la faceta de Íñigo de la Serna como alcalde de Santander y más anteriormente como concejal en el área de Turismo. “Como exalcalde conoce la política municipal y municipalista y  puede entender que Madrid tiene que velar por los intereses de su ciudad”, argumenta.

El responsable del área municipal de Urbanismo critica que la anterior dirección ministerial se opusiera tan tajantemente a su propuesta y que incluso “presionara al consistorio” para volver al anterior proyecto de la Operación Chamartín. “El PP tuvo mayoría en las tres administraciones –Gobierno central, autonómico y municipal– y aún así nunca aprobó por mayoría el proyecto anterior”. En su opinión, la Operación Chamartín se retrasó porque “no estaban dispuestos a asumir las cargas económicas del proyecto”.  

A pesar del optimismo, el consistorio achaca la posición de la anterior ministra de Fomento a una cuestión ideológica, una postura que, reconocen, podría heredar el nuevo ministro. La oposición de la Comunidad de Madrid tampoco ayuda, reconoce Calvo. El Ejecutivo de Cristina Cifuentes ha interpuesto un recurso ante lo contencioso-administrativo contra la anulación del antiguo proyecto. La presidenta regional argumentó que el Ayuntamiento había “prescindido del procedimiento legalmente establecido”, y su decisión de rechazar el convenio de la Operación Chamartín “conculca los principios de buena fe y de confianza legítima entre administraciones públicas”.

Esta posición del Gobierno regional sigue estando vigente y para el consistorio es incomprensible puesto que la Comunidad de Madrid “era una administración afectada por el anterior plan”. Asumir la Operación Chamartín supondría para la Comunidad de Madrid “trasladar las instalaciones del Canal Isabel II” y construir una serie de infraestructuras de metro “que no puede asumir, según nos han dicho”, indica Calvo. “En su presupuesto no lo tenían contemplado y tampoco tienen capacidad económica para hacerlo”, ha defendido el concejal. 

Por eso, Calvo considera que “se trata de una guerra que quiere abrir la Comunidad de Madrid contra la Administración municipal”.

Madrid Puerta Norte contra la Operación Chamartín

La Operación Chamartín, que ha estado en el aire más de 20 años, supone el crecimiento de la ciudad hacia el norte con la prolongación del Paseo de la Castellana varios kilómetros. El plan inicial implicaba la remodelación de la estación de Chamartín, el soterramiento de las vías y la construcción de 16.000 viviendas.

El Ayuntamiento de Carmena quiere sustituir el proyecto inicial por otro de menos alcance, llamado Madrid, Puerta Norte, que reduce el suelo urbanizable a la mitad. en vez de 16.000 viviendas, el Ayuntamiento propone construir 4.600, de las que 1.000 serían protegidas.

José Manuel Calvo acaba de presentar el plan alternativo del Ayuntamiento para el norte de Madrid, que supone desechar la operación Chamartín liderada por el consorcio Castellana Norte –76% BBVA y 24% Constructora San José–. El delegado del área de Desarrollo Urbano Sostenible defiende su plan, que reduce a la mitad el suelo afectado: “Es más sostenible y responde al modelo de ciudad que defendemos”.

¿Qué ha a pasado con la operación Chamartín?

Ya dijimos que había muerto tal y como estaba concebida. Nosotros hemos estado trabajando en una propuesta alternativa, un proyecto propio, un proyecto del Ayuntamiento de Madrid para dar viabilidad al desarrollo norte de la ciudad, que hasta ahora no lo ha tenido por razones obvias, por los 22 años que lleva la operación enquistada.

¿Y qué se hace con el otro proyecto?

Hasta ahora ha habido varios proyectos, el último no llegó a aprobarse por los gobiernos anteriores y nosotros entendemos que el que presentamos ahora representa el modelo de ciudad que queremos desarrollar. Lo que queremos hacer y vamos a hacer es convocar a todos los agentes implicados, Comunidad, Ministerio de Fomento, Adif y a DCN, como titular de los derechos de gestión, para armar una nueva propuesta que basada en la del Ayuntamiento.

¿Y qué ocurre con el plan de DCN?

Siempre dijimos que no lo compartíamos y no nos sentíamos comprometidos con ese plan. Es cierto que cuando lleguemos a un acuerdo sobre una nueva propuesta tendremos que articular las medidas de planeamiento que correspondan, un nuevo plan parcial o una modificación de plan general, pero eso hay que definirlo en el marco de una mesa técnica con todos los agentes implicados.

¿Temen algún tipo de demanda por parte de DCN?

DCN está en su derecho de reclamar lo que considere. Todas las actuaciones que hacemos están absolutamente justificadas jurídicamente, no damos un paso sin consultar con nuestros servicios jurídicos y con nuestros servicios técnicos y entiendo que es legal y viable y habitual lo que se hace. En este caso, si DCN considera que se está conculcando algún derecho, tiene la posibilidad de reclamar.

¿No tendrían por qué pedir indemnización por la inversión y los gastos realizados?

Yo creo que en todo caso, y quizá me estoy metiendo en un tema que se me escapa, deberían pedirla a aquellos con los que han firmado ese contrato. El Ayuntamiento de Madrid tiene la competencia para llevar a cabo iniciativas de planeamiento y si hay cambio en la corporación puede modificar un proyecto urbanístico asumiendo las contrapartidas que tenga en cada caso.

En este caso, hay un proyecto que no llegó a aprobarse, y el Ayuntamiento de Madrid tiene la posibilidad de poner en marcha un nuevo proyecto. No es lo mismo que si hubiera estado aprobado, porque en este caso no llegó a aprobarse definitivamente.

En el nuevo proyecto que pone en marcha el Ayuntamiento, los terrenos municipales son minoritarios. Necesitan la colaboración de Fomento y de DCN... ¿Por qué van a colaborar si ya tienen ellos otro proyecto y los terrenos son suyos?

DCN no es propietaria de los terrenos. Tiene los derechos de gestión de los terrenos de los suelos de Adif. El Ayuntamiento de Madrid entre los suelos propios y de la EMT tiene un porcentaje importante, en torno al 15% que es, después de Adif, el segundo propietario mayoritario de los suelos. Y la iniciativa de planeamiento la tiene el Ayuntamiento, la competencia para la gestión y la tramitación la tiene el Ayuntamiento. Por lo tanto, parece razonable que el resto de agentes que quieran desarrollar un proyecto se pongan de acuerdo con el Ayuntamiento. Nosotros hacemos una propuesta abierta para acordar, debatir y ceder si es necesario. Pero no se nos puede pedir como gobierno responsable que nos retiremos de una actuación sobre tres millones de metros cuadrados que afecta al conjunto de la ciudad de Madrid.

Además, hay otra razón objetiva: este proyecto ha estado enquistado 22 años, si queremos ponerlo en marcha y desbloquearlo, el Ayuntamiento es un actor fundamental para que eso sea así.

¿Y cuál es la diferencia del nuevo proyecto con el anterior?

Una diferencia muy clara son los beneficios inmediatos que tiene el proyecto del Ayuntamiento. Nosotros planteamos un proyecto viable, sostenible, y que sitúe como prioridad la mejora de la estación de Chamartín, la mejora de los nudos norte y de Fuencarral, y el desarrollo de las conexiones transversales que son necesarias para articular la conexión entre los barrios del entorno.

En ese marco, estamos hablando que frente al proyecto anterior, que postergaba todas las actuaciones de mejora del nudo norte, de la estación, hasta los años 10, 14 o 18 de iniciar la operación, nosotros planteamos un proyecto que, con los aprovechamientos urbanísticos que se generan, podrían financiarse y comenzar las obras del nudo norte en 2017, y podrían financiarse y comenzar las obras de la estación a principios de 2018. Eso es una mejora sustancial para los ciudadanos.

¿Es un proyecto entonces que tiene más que ver con las infraestructuras que con la edificación?

Es un proyecto urbanístico. Hemos analizado las posibilidades edificatorias, atendiendo a la capacidad del territorio, no tanto al número gordo para financiar una serie de infraestructuras, sino atendiendo a la capacidad y a las posibilidades reales del territorio, a la integración en ese entorno, etc. Queremos hacer un buen proyecto urbano y financiar con los aprovechamientos esas infraestructuras que hemos dicho. Y, además, nos parece que es lo lógico. Es una actuación que se desarrolla fundamentalmente sobre suelo público, el 82% de los suelos son públicos, y es razonable que las plusvalías que se generan por actuar en esos suelos reviertan en la ciudad y los ciudadanos. Es decir, que nadie se lucre de esto sino que esas plusvalías se puedan revertir en la mejora de las infraestructuras que necesitamos todos.

¿Y DCN está interesado en esto?

Estoy convencido que DCN va a estar interesado, porque hemos hecho una reevaluación de edificabilidades globales en el ámbito y una reevaluación de las cargas impuestas. Frente al proyecto anterior que planteaba el traslado de las instalaciones del Canal, el traslado de las instalaciones de la EMT, la construcción de una megalosa de 900 millones de euros. Frente a todo esto, que eran cargas impuestas al operador privado, nosotros planteamos un proyecto sostenible y mucho más razonable, en tanto que apuesta más por conservar, por mantener, por mejorar aquellas instalaciones existentes cuyo traslado no sea imprescindiible, y desde luego apuesta por reducir la superficie de losa porque nos parece innecesario soterrar esa cantidad de metros cuadrados de vías, hacer un parque artificial encime y esperar a que todo eso se desarrolle dentro de 20 años de iniciada la operación. Nos parece que este modelo no tiene ningún sentido.

Hay una reformulación de las edificabilidades globales y de las cargas, y yo creo que el operador privado podría estar interesado, sería lo comido por lo servido.

Pero no se construirían ni tantas ni tantas oficinas, donde esperaban una plusvalía.

En su propuesta no llegaron a definir cuántas viviendas y cuántas oficinas se iban a desarrollar exactamente. Nosotros planteamos un número concreto de viviendas y oficinas ajustado a la demanda real de la ciudad. No parecía muy razonable que se planteara 1,5 millones de metros cuadrados de oficinas, teniendo en cuenta que según los datos del propio DCN hay dos millones de metros cuadrados de oficinas vacíos en Madrid. Según los datos del Ayuntamiento hay tres.

Es muy interesante ampliar el centro de negocios con un espacio de oficinas vinculado a la estación, eso es muy interesante; también lo es potenciar el desarrollo de actividades de oficinas y económicas en el entorno de la estación de cercanías de Fuencarral, pero vamos a establecer una cifra que sea razonable y que esté ajustada a la demanda existente y probable de la ciudad en el futuro.

Pero hay que reformular las edificabilidades, sobre todo, la superficie destinada a cada uno de los usos. En nuestra propuesta hemos computado los suelos en los que realmente se puede edificar. La anterior tenía la trampa de que computaba todos los suelos. Estableció la edificabilidad de 1,05, relativamente baja, pero computaba superficie de vías, de M-30, M-40, y eso incrementaba la edificabilidad en las zonas donde se puede construir, porque donde no se puede construir es una cifra en el aire. Nosotros hemos evaluado sobre qué suelos se puede construir y sobre esos suelos se aplica la cifra de edificabilidad. Sólo sobre esos suelos, por eso se reduce la edificabilidad global, sin reducir el 1,05 metros cuadrado por metro cuadrado de suelo, porque además es una manera de garantizarnos las seguridad jurídica, no podemos cambiar esa cifra que corresponde al Plan General.

Frente a los 3,5 millones de metros cuadrados de suelo, ahora entran 1.750.000 metros cuadrados de suelo, porque hay que descontar las vías de tren y las carreteras.

¿Cómo se traducen esas cifras?

Nuestra propuesta plantea unas 4.600 viviendas, unos 460.000 metros cuadrados residenciales; y unos 720.000 metros cuadros de terciario entre oficinas, comercio, etc. Nos parece que son unas cifras que hacen absolutamente rentable la operación en términos de operadores privados, y están mucho más ajustadas a las posibilidades y a las necesidades actuales y futuras de la ciudad.

¿Qué plazos?

Planteamos dos actuaciones diferenciadas; al sur de la M-30, una actuación que queremos que comience casi de manera inmediata. Una identificación de los aprovechamientos en los entornos de la estación para con esos aprovechamientos poder financiar nudo norte y mejora de la estación de Chamartín. Y luego otra operación al norte de la M-30, que lógicamente por el tamaño que tiene y por su desarrollo tendrá que ir con un calendario más extendido a lo largo del tiempo. Pero también queremos que se ponga en marcha cuanto antes toda la infraestructura de movilidad, las mejoras necesarias no sólo de la estación de Chamartín, sino también de la de Fuencarral, y la mejora del nudo de la M-40. Una operación de este tipo no se puede desarrollar en menos de 10-15 años, pero situando las prioridades inmediatas en el nudo norte, el nudo de la M-40 y en la mejora de la estación como elementos que son muy necesarios abordar desde ya. Cosa que no hacía la operación anterior. Postergaba el inicio de todas estas obras a 10 años, a 15 años, a 18 años de aprobado el plan.

¿No temen que se pueda quedar en nada el plan, dado que requiere el concurso de otras entidades que ya tienen el suyo propio?

Es absolutamente compatible, es mucho más compatible con las manifestaciones que han hecho cada uno de los agentes. A la Comunidad de Madrid le interesa resolver el asunto del Canal y de la movilidad, pero permanecería; el Ministerio de Fomento ha dicho que le interesa la estación, pues en lugar de tener que esperar 15 años a poner en marcha la reforma de la estación, puede empezarla en 2018 si quiere. Yo creo que sería muy irresponsable por su parte no poner en marcha esto. ¿Y al Ayuntamiento? Le interesa fundamentalmente la mejora de los nudos de Fuencarral y norte, y en lugar de esperar 10-12 años para tener los fondos para poner en marcha estas obras, lo que hacemos es que lo ponemos en marcha en 2017. Me parece que todos ganamos. El operador privado se les reducen los índices brutos de edificabilidad pero se le reduce significativamente las cargas que tiene que asumir. En esta reformulación de la operación nadie pierde, los que ganan son los ciudadanos, que verían cómo el nudo norte, la estación y el nudo de Fuencarral se ponen en marcha prácticamente de manera inmediata.

¿Y cómo lo han recibido en DCN?

Nosotros hemos venido hablando con su presidente, Antonio Béjar, y los equipos técnicos de DCN durante todo este tiempo, conocen nuestra posición, las críticas que le hemos hecho al proyecto anterior y estamos a la espera de trasladarles un documento técnico a la Comunidad de Madrid, al Ministerio de Fomento-Adif y a DCN, para sentarnos en una mesa técnica una vez lo hayan analizado y poder valorar conjuntamente ese documento. Hasta entonces, no tienen todavía información suficiente para poder analizar este proyecto adecuadamente.

¿Qué porcentaje de inversión privada se necesita?

Del nudo norte hacia el sur, se trataría de una operación consorciada entre administraciones en la línea de lo que se hizo en el pasillo verde ferroviario. Y hacia el norte, los suelos son mayoritariamente privados y son esos operadores privados los que deben desarrollarlos: el polígono Fuencarral Malmea, los suelos de Adif y de otros propietarios. Ahí la inversión será la inversión propia de la urbanización y la ejecución de viviendas u oficinas, con el retorno que tiene la posibilidad de que cuando ese ámbito se desarrolle, son unos suelos que se van a revalorizar y van a tener un valor importante. En ese marco, es una operación rentable para todos los agentes.

¿Supone menos costes?

Es mucho más sostenible del impacto medioambiental y del punto de vista económico. Los costes son infinitamente menores. En números globales es difícil decirlo, pero, por ejemplo, la losa prevista era de casi medio millón de metros cuadrados con un coste de casi 900 millones. La superficie cubierta de vías que proponemos nosotros ronda los 60.000 metros cuadrados, lo imprescindible para garantizar unas condiciones urbanas adecuadas y unas conexiones adecuadas para ambos lados de las vías, pero con una reducción del 90% de costes solo en hormigón. Además, la losa comprometía el desarrollo de buena parte de dotaciones, vivienda y edificios de equipamientos.

Nosotros planteamos ahora un proyecto que para desarrollar dotaciones, viviendas y equipamientos no tengamos que esperar a construir una losa 20 años.

¿Las obras durarán menos?

Muchísimo menos, y las obras de infraestructuras se abordan en los cinco primeros años, no pueden esperar. Queremos dejar esa inversión cerrar y luego la ciudad se seguirá desarrollando en función de la demanda, las necesidades, las crisis, y otro tipo de situaciones.

¿Y si el BBVA devuelve los terrenos?

Esa posibilidad existe. No nos gustaría, porque queremos contar con todos los actores. Entonces, nos tendríamos que poner de acuerdo entre todas las administraciones independientemente de eso.

¿Negociarán, transaccionarán?

El Ayuntamiento apuesta por este plan como propuesta abierta, no quiere decir que nos cerremos en banda a negociar determinadas cuestiones. Nos parece que la propuesta está bien orientada, y a partir de ahí se pueden reconsiderar algunos aspectos. Pero la propuesta estratégica es esta por la que apuesta el Ayuntamiento porque coincide con nuestro modelo de ciudad, y en ese marco queremos trabajar con todos.

Creemos que es muy importante que el Ayuntamiento tome la iniciativa en el planeamiento. En los últimos 25 años, el Ayuntamiento recogía proyectos, los ajustaba técnicamente o los descartaba, siempre recogía proyectos que le venían dados. Es el momento en el que el Ayuntamiento, para la operación Chamartín, Campamento, para el desarrollo del sureste, tenga iniciativa propia y diseñe un planeamiento propio. Lo que hacemos ciudad y luego pagamos las consecuencias de la ciudad mal diseñada somos nosotros. Es lógico que el Ayuntamiento recupere esa competencia que hace tiempo renunció a ella.

“La operación Chamartín, en los términos en los que está planteada, ha muerto”. Así se pronunció el concejal de Desarrollo Urbano y Sostenible, José Manuel Calvo, en una entrevista con eldiario.es en noviembre pasado. Y este martes, la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, y el propio Calvo presentarán su propio proyecto lo que supone descartar el propuesto por Distrito Castellana Norte (BBVA, al 76%; y San José, al 24%).

El plan de BBVA y la constructora San José se trataba de tres millones de metros cuadrados, unas 16.000 viviendas y modificar el nudo norte de la M-30, además de los terrenos aledaños a la estación de Chamartín. Es decir, intervenir desde la estación hasta los límites de la M-40. En total, la operación eran unos 6.000 millones de euros.

La operación capitaneada por el BBVA esperaba sacar réditos económicos –que no ha cuantificado públicamente– del suelo y las promociones de vivendas, oficinas y espacios comerciales incluidos en el plan.

Argentaria compró en una subasta hace dos décadas unos terrenos municipales junto a la estación. El pago de esos terrenos estaba condicionado a poner en marcha la operación Chamartín. El proyecto se paralizó hasta que, en los últimos meses de los gobiernos de Ana Botella e Ignacio González en el Ayuntamiento y Comunidad, se resucitó. Esta vez, no obstante, tenía fecha de caducidad: el proyecto tenía que estar en marcha antes del 31 de diciembre de 2016, según firmaron las partes en el contrato. De no ser así, el BBVA, que dice haber gastado 100 millones en la realización del último proyecto, se retiraría.

Así, el Ayuntamiento se enfrentaba a un dilema: o daba el visto bueno definitivo al proyecto del BBVA antes del verano para que a 31 de diciembre de 2016 estuviera en marcha; o empezaba de nuevo. Y el Ayuntamiento ha decidido empezar de nuevo.

El programa con el que Ahora Madrid y la alcaldesa se presentaron a las elecciones decía lo siguiente en la página 21: “Revisión integral del planeamiento urbanístico. Impulsar la paralización de la ‘Operación Chamartín’: Auditar los diferentes acuerdos que se hayan firmado con entidades públicas y/o privadas. Promover un proceso participativo abierto a distintas organizaciones representativas de la ciudad y profesionales del urbanismo, ecología y transportes, para generar propuestas en torno a los problemas y posibles soluciones sobre el desarrollo de la zona norte del Paseo de la Castellana y todas las zonas aledañas afectadas por el proyecto”.

Fruto de ese compromiso electoral, nace el plan alternativo del Ayuntamiento, que se presenta este martes, y que reduce la edificabilidad, tanto de viviendas como de oficinas.

“La propuesta”, informa el Consistorio en un comunicado, “ha sido elaborada por los servicios técnicos municipales, y se trata de un documento abierto que invita a la concertación de las instituciones y que propone un conjunto de estrategias de ordenación y gestión del ámbito, para garantizar la culminación de un proyecto clave para la ciudad de Madrid”. El Consistorio, de esta manera, quiere asumir “el liderazgo de la planificación urbana”, en este caso para el desarrollo norte de Madrid.

Ahora, el documento sobre el que se ha de trabajar es el del Ayuntamiento, y no el de BBVA y San José; lo cual precisará de negociación con las partes implicadas, toda vez que el municipio tiene en torno al 15% del suelo de la operación. Es decir, para sacar adelante su proyecto, Carmena deberá encontrar un punto de encuentro, fundamentalmente, con BBVA, San José, la Comunidad de Madrid y Fomento –dueño de la estación de Chamartín y de la M-40–.

En el caso de que los impulsores de Distrito Castellana Norte no se muestren interesados en el nuevo proyecto, se abren diferentes posibilidades: el BBVA podría reclamar por considerar que ya no le interesan las condiciones por las que adquirió los terrenos hace dos décadas y podría renunciar a ellos, lo cual abriría un nuevo proceso sobre qué hacer con esos terrenos: o los administra Fomento o los vuelve a traspasar a una entidad privada.

La plaza de España será remodelada. Así se ha decidido a través de un proceso de participación abierto a la ciudadanía durante 40 días y en el que han participado 28.249 personas.

La mayoría ha optado por un proyecto “principalmente verde, de acceso abierto, diáfano, con zonas de sombra y de permanencia y ocio. El 75,45% quiere que se reduzca al máximo el impacto ambiental  de las obras y un 69,78% de las personas participantes optan por mantener el conjunto monumental de Cervantes en su ubicación actual”, según ha informado el Ayuntamiento de Madrid.

El consistorio también ha explicado que “la ciudadanía opta por reducir el aparcamiento en superficie y ampliar el parking subterráneo, favoreciendo su uso mixto. Quieren que la Plaza de España sea parte de una red verde.  La ciudadanía será la que decida qué proyecto se lleva finalmente a cabo, votando entre las propuestas finalistas del concurso internacional”.

En la presentación de los resultados, el concejal de Participación Ciudadana, Transparencia y Gobierno Abierto, Pablo Soto, ha informado de que se recibieron un total de 28.249 cuestionarios entre el 28 de enero y el 8 de marzo, de los cuales 26.961 resultaron válidos. De todas esas personas, 19.124 lo hicieron a través de la web, 7.605 por medio de las llamadas de Línea Madrid y 232 por escrito.

“Todos los cuestionarios fueron sistematizados y unificados para el análisis de las respuestas”, ha explicado el Ayuntamiento: “En todo el proceso de recuento y análisis ha participado un equipo técnico que ha garantizado la transparencia y la confidencialidad en el uso de los datos”.

“El Ayuntamiento de Madrid lanzará ahora las bases de concurso internacional de ideas que se convocará en colaboración con el Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid”, tal y como explicó el concejal de Desarrollo Urbano Sostenible, José Manuel Calvo: “Esas bases atenderán a las respuestas mayoritarias, de manera que los aspirantes al concurso deberán diseñar sus propuestas atendiendo a las condiciones ciudadanas”.

Una vez eliminadas por el jurado aquellas propuestas no viables o que incumplan las bases, se pasará a una primera votación ciudadana, cuyos resultados tendrán el valor de un voto dentro del jurado. A partir de este momento ese jurado seleccionará las cinco propuestas que desarrollarán un proyecto más definido de su idea inicial. Posteriormente el jurado decidirá a los finalistas, cuyos proyectos serán de nuevo presentados a la ciudadanía para la votación definitiva, con el compromiso de llevar a cabo la propuesta seleccionada.

“La ciudadanía será llamada a participar a partir de agosto para decidir qué propuesta finalista debe hacerse finalmente realidad. La elección del proyecto ganador se producirá previsiblemente en el mes de septiembre. Culminará así el primer proceso urbanístico participativo vinculante llevado a cabo por el Ayuntamiento de Madrid”, explica el Consistorio.

Por las manos de José Manuel Calvo pasan algunos de los asuntos más sensibles del Ayuntamiento de Madrid. El delegado del área de Desarrollo Urbano Sostenible decide qué proyectos inmobiliarios y urbanísticos avanzan o no, y de qué manera. Y lo hace tras más de dos décadas de gestión popular en el Ayuntamiento de Madrid, que dejó varios proyectos polémicos encauzados, y tras sufrir las consecuencias del estallido de la burbuja urbanística.

Ahora Madrid lleva cinco meses y medio en el Ayuntamiento, y se ha encontrado operaciones urbanísticas heredadas del Gobierno municipal anterior. Una de ellas es la operación Chamartín. ¿Qué posición tiene el Ayuntamiento?

La operación Chamartín, en los términos en los que está planteada, ha muerto. Nosotros cuando llegamos al Ayuntamiento nos encontramos con una situación que nos parece que no es razonable en los términos en los que está planteada. Lo que hablamos en todo momento fue redimensionarla y reconsiderar algunos aspectos de lo que tiene que ser el desarrollo norte de la ciudad. A partir de ahí hemos abierto un espacio de debate muy rico, muy interesante con todos los colectivos, asociaciones y esperamos que de las conclusiones podamos tener más datos y más argumentos para hacer del desarrollo de la zona norte lo que esperan los madrileños y las madrileñas y lo que necesita la ciudad.

¿Quiere decir que el plan impulsado por el BBVA y el Grupo San José desaparece y el Ayuntamiento va a poner en marcha otro?

La propuesta de plan parcial en los términos en los que está planteada no es razonable. La edificabilidad total que tiene concedida el ámbito son 3,5 millones de metros cuadrados, que se traduce en casi 50 torres como las que tenemos en la antigua ciudad deportiva del Real Madrid. Nos parece ese modelo de desarrollo urbano no es razonable. No es razonable meter 50 torres a lo largo de las vías del tren y habrá que repensar esa cifra. Hay otra cifra también que nos preocupa, que es la cantidad de metros cuadrados de oficinas: casi 1,5 millones de metros cuadrados. Teniendo en cuenta que en Madrid tenemos 3 millones de metros cuadrados de oficinas vacíos, libres, que no se ocupan, no parece que tampoco sea lo que más necesita la ciudad, meter otro 1,5 millones de metros cuadrados más. Teniendo viviendas vacías en nuestra ciudad, seguir construyendo viviendas tampoco creemos que sea en este momento lo que más necesitamos. Todos estos aspectos hay que repensarlos y reconsiderarlos.

¿El Ayuntamiento realizará su propio plan o buscará modificar el existente?

El Ayuntamiento quiere dar una solución global, razonable y sostenible social y económicamente a la zona norte. Y para ello hemos abierto una mesa de debate con todos los agentes implicados para de ese trabajo plantear soluciones que resuelvan las necesidades de ese ámbito y sean sostenibles.

Entonces, ¿esas propuestas se intentarán incluir en el plan existente?

El plan existente ha muerto, no tiene razón de ser en tanto que recoge una serie de parámetros que no nos parecen que sean razonables. Este ámbito tenía establecida una edificabilidad de 0,6 metros cuadrados por cada metro cuadrado de suelo. Cuando se plantea la operación como hay que cargar una serie de costes de mejoras infraestructurales, la losa que cubre las vías del tren, el nudo norte, el nudo de la M-40, se carga a la edificabilidad del ámbito. Como hay que pagar infraestructuras, se sube la edificabilidad del ámbito de un 0,6% a un 1,05% metros cuadrados por cada metro cuadrado edificable. Esto hace que pasemos de 1,8 millones de metros cuadrados a 3,5 millones. Nos encontramos con un modelo de desarrollo urbano que no es sostenible en esos términos. Lo que le hemos dicho a la empresa [BBVA y San José] y a Fomento es que vamos redimensionar este ámbito para que tenga unos parámetros de diseño urbano razonables. Y meter 50 torres en ese ámbito no es razonable.

Para cambiar la ratio, habrá que cambiar el plan general.ratio,

Evidentemente. Seguramente habrá que ir a una modificación específica del plan general en función de la necesidad real de edificabilidad de ese ámbito, y no en función de establecer una cifra de edificabilidad que nos sirva para, en teoría, pagar el conjunto de intervenciones, de mejoras de infraestructuras, la cobertura de las vías, etcétera. Se lo planteábamos a Fomento y a la empresa: ¿por qué aparece la losa? La losa no aparece como una necesidad de cubrir las vías, sino como una necesidad de generar suelo para que se puedan cubrir las cesiones exigidas por esa cifra de edificabilidad. Vamos a ver si se reduce la cifra de edificabilidad podemos reducir la losa y, por tanto, los costes. Vamos a ver de qué manera nos replanteamos la movilidad en el conjunto de la ciudad para ver si son necesarias esas infraestructuras o si se pueden también redimensionar económicamente. Creemos que tenemos que repensar el modelo exige tiempo, debate y por eso hemos puesto en marcha esos espacios para debatir y analizar la operación. Lo que no se puede pedir es que asumamos una operación que no es nuestra, hagamos dos retoques y la aprobemos tal cual está planteada. Porque nos parece en los términos en los que está estructurada no es sostenible para la ciudad y los madrileños.

Para cambiar el plan general se necesita a la comunidad de Madrid y tiempo. ¿Hay tiempo y disposición política de la comunidad de Madrid para cambiar el plan general de Madrid?

Tiempo hay, por supuesto, porque no es una cuestión de tiempo, sino de voluntad política para cambiar lo que sea necesario para tener una ciudad sostenible, razonable, para que no nos encontremos con otra ciudad de la Justicia. Prometían inversión, puestos de trabajo, la mayor ciudad de la Justicia, en palabras de Esperanza Aguirre, del mundo, y lo que nos encontramos hoy es un ámbito desierto con un edificio construido cerrado y lo único que se ha conseguido es genera un agujero de 105 millones de euros. Cuando las operaciones están mal concebidas en origen pueden llegar muy fácilmente al resultado de la ciudad de la Justicia. Lo que tenemos que evitar es que en el norte de la ciudad tengamos una situación de ese tipo.

La última vez que se cambió el plan general se tardaron años.

No estamos hablando de cambiar el plan general en su conjunto, estamos hablando de tramitar una modificación concreta que,  en el caso de que hubiera que hacerlo es un trámite que hace habitualmente. Actualmente hay modificaciones específicas del plan general, se han tramitado antes y se seguirán tramitando después, por lo tanto no estamos hablando de una tramitación de 4-5 años que supone cambiar un plan, estamos hablando de una modificación concreta que tiene que contar, con independencia de los trámites administrativos que están fijados, con la voluntad política de las dos administraciones. Y yo creo que tanto la Comunidad como el Ayuntamiento deben estar por la labor y deben ir de la mano a la hora de construir una ciudad sostenible, económicamente razonable que no nos lleve a situaciones como la que nos hemos encontrado en la ciudad de la justicia.

¿Para cuándo tendrán listo el proyecto del desarrollo norte, entonces?

Creo que hay que dejar espacio a la participación, se ha convocado una mesa que sólo ha tenido una sesión, pensamos que tiene un desarrollo mayor y hay que dejar que se hable de movilidad, edificación, infraestructuras. Nosotros nos hemos fijado un plazo orientativo de febrero o marzo para tener unas conclusiones y sobre esa base poner en marcha el proyecto de ciudad que queremos para el desarrollo norte de Madrid.

¿Ya se han dirigido a la Comunidad para pedir el cambio de edificabilidad en ese punto concreto?

No, porque ese cambio tiene que ver con los resultados del debate y no es una cifra que tenga que dar el Ayuntamiento de manera autónoma. Si generamos un espacio de debate, queremos que haya participación. Hemos hablado con Fomento porque es fundamental contar con su colaboración para plantearle aquellos aspectos que no nos parecían razonables. Uno de ellos era el de la edificabilidad, y le decíamos: vamos a ver si redimensionamos esa cifra en función de vuestras necesidades de infraestructuras. Fomento estará evaluando esa propuesta y, aunque somos conscientes de que hay un proceso electoral a las puertas y que tendrá que ser el nuevo ministro o ministra quien pilote estos cambios, sí nos parecía importante empezar a trabajar con ellos y les hemos trasladado nuestras demandas. Pero el Ayuntamiento no puede arrogarse como actor único sin haberse completado el proceso de debate.

¿Se han dirigido a los actuales promotores para desestimar el proyecto?

Por supuesto nos hemos dirigido a DCN para comentarles aquellos aspectos que no nos parecían adecuados. Todos compartimos en los términos en los que está dimensionada la operación no es razonable ni sostenible. Y eso se lo hemos trasladado a DCN, que ha recogido esa inquietud. A partir de ahí, en esa mesa de debate está la empresa, donde ha podido dar su visión de la operación y nosotros siempre hemos defendido que no podemos poner en peligro el desarrollo norte de la ciudad por cerrar ahora una operación mal planteada en sus términos. La empresa, Fomento y la ciudadanía entiende la posición del Ayuntamiento: actuar con responsabilidad institucional.

A ustedes qué les interesaría más: ¿Que el proyecto actual se amoldara a lo que está diciendo o empezar de cero?

El proyecto en última instancia lo tendría que desarrollar el promotor. Lo que estamos hablando es de redimensionar aquellos elementos que van a condicionar la definición de ese proyecto. En ese redimensionamiento si planteáramos en el hipotético caso recuperar la edificabilidad que tenía asignado el ámbito según el plan de 1997, que no nos la estamos inventando sino que se consideró que era la adecuada, pues evidente que esa cifra va a replantear todo el proyecto. Pero esa labor le correspondería al promotor. Nosotros queremos fijar unas bases para generar un modelo de ciudad razonable, sostenible y cuyo desarrollo sea viable a lo largo del tiempo.

El promotor afirma haber firmado hasta el 31 de diciembre de 2016. ¿Habrá tiempo de alcanzar un acuerdo?

Lo que sabemos es que hay una cláusula del contrato entre Fomento y el promotor según la cual si no se dispone de un plan parcial el 31 de diciembre de 2016 se puede resolver ese contrato, lo cual sería una decisión de las partes. Pueden hacerlo y pueden no hacerlo. Conviene aclarar que el promotor ya dispuso de un plan parcial aprobado en 2011. En aquel momento no les interesó seguir adelante y le pidieron al ministerio repensar una serie de condiciones económicas a cambio de cambiar el plan. También ha sido responsabilidad de la empresa haber llegado a este momento sin un plan parcial que tuvieron aprobado en su momento. Lo que no podemos es asumir mochilas que no nos corresponden; tenemos que velar por el interés general de los ciudadanos y los madrileños y por garantizar que el desarrollo norte de la ciudad sea sostenible y viable tanto ahora como a lo largo del tiempo.

Hablando de mochilas. El viernes pasado el pleno del Ayuntamiento aprobó el proyecto inmobiliario de Chamberí con el voto en contra de seis concejales de Ahora Madrid y el voto a favor del PP. ¿No le genera inquietud sacar adelante una moción con el voto en contra de parte de su grupo y con el apoyo del PP de Esperanza Aguirre?

También votó a favor Ciudadanos, pero la cuestión me parece que entra en lo que es un grupo que comparte un proyecto de ciudad común y puede plantear alguna discrepancia respecto de algún tema. Nosotros cerramos el trámite de aprobación definitiva de un plan parcial que ya venía de la corporación anterior, y nosotros como Gobierno responsable también tenemos que asumir una serie de elementos que vienen tramitados. Nosotros no nos encontramos con una hoja en blanco, el Ayuntamiento de Madrid no es un erial que se reinicie cuando llega un nuevo Gobierno, hay procesos en marcha y expedientes en tramitación. Y lo que nosotros consideramos en este momento evaluando todas las opciones fue cerrar esa tramitación de un plan parcial que cuando salió a información pública fue un plan al que se plantearon dos alegaciones y una se admitió. Es un tema que al Ayuntamiento casi no le compete, porque es un asunto del ministerio de Defensa en el que, en su momento, utilizando la tramitación del plan general de 1997 se planteó un cambio de uso de una manzana que tenía uso dotacional a uso residencial lucrativo y el ministerio vende esos suelos y es responsabilidad de Defensa la venta de ese patrimonio público.

Nosotros como administración responsable, lo que hemos hecho en este caso, teniendo en cuenta que había una cooperativa con cooperativistas que habían desembolsado una cantidad y que tenían también sus expectativas creadas, valorando todas las opciones, decidimos cerrar la tramitación de ese expediente. Y entendiendo la normalidad que tiene, y es bastante habitual en las democracias anglosajonas, que puedan surgir discrepancias en un grupo. La alcaldesa y todos defendimos en campaña que esto no era una iglesia y la libertad de voto y lo que hemos hecho es ejercer ese compromiso. Nadie debe sorprenderse, es una señal de salud democrática que en un grupo político puedan surgir diferencias de criterios respecto de varios temas.

¿Usted sabía antes de la votación que votarían en contra?

Bueno, se apeló a la libertad de voto... Nosotros no tenemos reuniones para establecer el sentido de nuestro voto. Nosotros entendemos que forma parte de la libertad de los concejales el sentido de su voto y en ese marco nos movemos, no hay reuniones para determinar qué se vota y qué no se vota. Tenemos esa garantía democrática y nos parece bien que se ejerza compartiendo un proyecto común, ya ha ocurrido en alguna otra ocasión y seguramente pueda ocurrir en el futuro. Es un síntoma de salud democrática.

¿Entonces no sabía que votarían en contra?

Nosotros no tenemos reuniones para establecer un criterio común de voto, por lo tanto los concejales ejercemos nuestro derecho al voto de manera libre.

¿No avisaron?

Como digo, no tenemos reuniones para avisarnos qué vamos a votar y qué no vamos a votar, y por lo tanto ejercemos libremente nuestro derecho al voto.

¿No se podía haber hecho de otra manera la operación?

Cuando nos encontramos con este asunto, la cooperativa podía tener un problema financiero importante habiendo desembolsado el 50% del precio del suelo [55 millones]. Este asunto pesa ante la decisión. Seguramente esta operación está mal concebida. A nosotros no nos parece bien que se recalifique suelo público para cambiarlo a lucrativo residencial y poder hacer caja vendiendo suelo público. No nos parece bien esa manera de entender el diseño urbano. Pero no estamos en el punto de cambiar ese proceso, que viene de 1997, sino con las legítimas reivindicaciones de los vecinos, con las legítimas reivindicaciones de los colectivos que plantean el valor patrimonial de ese edificio, pero nunca ha estado catalogado, cuando el expediente salió a información pública ninguna de las alegaciones planteó su catalogación o su valor arquitectónico, y nos encontramos con un expediente del Gobierno anterior, que está en tramitación y que tenemos que dar una respuesta casi inmediata porque hay una fecha tope para la cooperativa haga frente al segundo pago de ese suelo [26 de noviembre, según la promotora]. A pesar de ello, conseguimos dos cuestiones importantes: por un lado, la reducción del número de plaza de garaje –de 1.450 plazas a 990– porque entendemos que el centro de la ciudad están colapsadas de vehículos y nuestro criterio es eximir de la dotación los vehículos o tratar de reducirla al máximo. Y, luego, también, que se tramitará ahora, en el convenio de gestión, la cesión en suelo de ese 10% de cesiones obligatorias que tiene que hacer el promotor. Esa cesión en parcela dentro del ámbito nos va a permitir un suelo municipal donde el Ayuntamiento puede cambiar a uso dotacional y plantear equipamientos del distrito. Son dos cuestiones de las que estoy satisfecho y nosotros como Gobierno responsable tenemos que dar respuesta administrativa a los administrados, que son todos, casando, muchas veces de manera no sencilla, las reivindicaciones legítimas de los vecinos, con los derechos adquiridos de otros administrados. Y en ese marco hemos trabajado.

Si lo tenían tan claro, ¿por qué aplazaron 48 horas la aprobación y convocaron una mesa informativa?

Porque nos parece que gobernar es escuchar y dar explicaciones. Cuando este expediente ha seguido las diferentes etapas de tramitación, no nos hemos encontrado con una protesta ni malestar generalizado. Pero cuando se alcanza la última semana cuando se informa de que se va a elevar a pleno, surge una inquietud de colectivos y vecinos. Y entendemos que no podemos ser inmunes a esas peticiones. Y nos parece que un Gobierno responsable debe escuchar y dar explicaciones, por lo que retiramos el punto del orden del día, convocamos una mesa, explicamos las razones de nuestras decisiones y dejamos muy claro que no tenemos mochilas ni compromisos más que con la ciudadanía que nos ha votado. Es un hecho innovador en la política madrileña y un claro síntoma de salud democrática del Ayuntamiento de esta ciudad.

Por lo que dijeron las asociaciones allí presentes y la división del voto de Ahora Madrid... ¿No tienen miedo despegarse de la gente que les ha votado?

Al contrario, yo creo que nosotros nos estamos caracterizando por dar la palabra a la gente, por escuchar a la gente... Yo mismo voy a asamblea, actos públicos...

Pero en este caso han hecho lo contrario de lo que dicen aquellos a los que dicen escuchar...

Nadie ha hecho lo contrario de lo que dicen aquellos a los que escuchamos, porque en este caso hay que escuchar las reivindicaciones legítimas de los vecinos, pero también hay un dato importante: cuando el expediente salió a información pública tuvo dos alegaciones y también hay que escuchar las reivindicaciones también legítimas de otros administrados que son los cooperativistas y tenemos que tratar de tomar una decisión que sea lo más justa y lo más coherente posible con nuestra política y con el margen de maniobra que podemos tener en cada caso. Y creo que se tomó la decisión menos mala, teniendo en cuenta el marco en el que nos movíamos.

¿Cuál era el perjuicio económico de la promoción, si se trabaja con avales y los cooperativistas podían ver reembolsado su dinero por la promotora?

El perjuicio es someter al Ayuntamiento a una demanda patrimonial por parte de quien sea, de quien haya puesto los recursos y teniendo en cuenta las expectativas creadas, de derecho... Valorando esas opciones y teniendo en cuenta que los ciudadanos no quieren que sometamos a su administración a una posible demanda por este importe, tenemos que tomar una decisión que nos parece la más razonable teniendo el cuenta el marco en el que nos movemos. No es la operación Castellana Norte, porque no hay derechos adquiridos. Sino que estamos hablando de un expediente que estaba en tramitación y al que hemos dado una solución lo más coherente a nuestro manera de entender la ciudad y con el objetivo de generar el menor problema posible a los ciudadanos.

¿Quienes sí van a recurrir van a ser Ecologistas en Acción?

Están en todo su derecho, igual que con cualquier otro plan parcial que se tramita cualquier colectivo está en su derecho de recurrirlo. En este caso trabajamos con la seguridad jurídica que nos dan nuestros servicios técnicos.

Se han reunido con Florentino Pérez para hablar de la reforma del Bernabéu. ¿Qué opinión tienen?

Cumplir estrictamente la legalidad. Así se lo hemos trasladado al señor Pérez. Evidentemente tuvimos una reunión con él, en la que nos planteó su visión de lo que quiere realizar en el estadio como reforma. Se puso encima de la mesa que el planteamiento ha sido anulado por los tribunales y tendrá que replantearlo en caso de quiera hacer una reforma de ese tipo. Nosotros nos comprometemos a estudiar las propuestas, pero siempre dentro de la estricta legalidad. Si hay un procedimiento anulado por los tribunales, parece razonable cambiar de planteamiento.

¿Les ha dicho cuándo presentará un nuevo proyecto?

Lo que nos trasladó fueron los objetivos que tenía. Fue una reunión casi de primer contacto, en la que no entramos en detalles técnicos. 

Ecologistas en Acción recurrirá la urbanización de lujo aprobada por el Ayuntamiento de Manuela Carmena con el voto en contra de seis de sus ediles y el voto a favor de los concejales del Partido Popular. Han votado en contra, además de PSOE y Ciudadanos, seis ediles del equipo de Gobierno: Carlos Sánchez Mato, Mauricio Valiente, Yolanda Rodríguez, Pablo Carmona, Rommy Arce y Montserrat Galcerán.

Se trata de una promoción de 355 pisos exclusivos a 500 metros de la Castellana, en la calle Raimundo Fernández Villaverde, en la parcela que ocupa el Taller de Precisión y Centro Electrónico de Artillería (TPyCEA o TPA). El edificio se levantó en 1898, tiene estilo neomudéjar y árboles centenarios. El proyecto aprobado traerá consigo su demolición.

De acuerdo con Ecologistas en Acción, que recurrirá “en cuanto se publique el acuerdo del pleno en el boletín oficial”, se “incumple la Ley del Suelo al permitir un gran incremento de edificabilidad en un distrito que no cumple con los estándares mínimos de dotaciones. Por autorizar la demolición de un edificio histórico cuya protección ha sido solicitada por la asociación Madrid Ciudadanía y Patrimonio”.

El colectivo entiende que “a pesar de que el edificio no se incluye en el Catálogo de Bienes Protegidos de Madrid, alberga suficientes valores arquitectónicos e históricos para ser protegido”. Y, además, “recientemente se ha solicitado su protección; al menos podía haber esperado el Ayuntamiento a que se resolviera esa solicitud”.

“Entendemos que hay un problema con los cooperativistas que han adelantado el dinero a la promotora [Domo Gestora-Residencial Maravillas], pero ese no ha de ser un problema fundamentalmente del Ayuntamiento. Lo único que hemos pedido, frente a la actitud del área de Urbanismo, de José Manuel Calvo, es más tiempo para estudiar mejor el proyecto y otras posibilidades, porque lo que se va a construir ahí va a ser una mole”, explica un portavoz de Ecologistas.

La asocación también lamenta “la farsa de la mesa informativa convocada por Calvo el jueves por la tarde: no nos dejaban entrar, nos tenían limitado a tres minutos los turnos de palabra, y su director de Gabinete, Pablo Carralero, actuaba más como un policía con gorra que como un cargo público, y todo ante la mirada de Nacho Murgui. Calvo ha mentido hoy [por el viernes], no es verdad que fuera una mesa abierta, fue una mesa cerrada”.

Además, como han puesto de manifiesto, durante el pleno, los portavoces de los tres grupos de la oposición (Partido Popular, Partido Socialista y Ciudadanos) se han cometido graves irregularidades durante la tramitación del expediente administrativo. Paradójicamente, a pesar de reconocer estas irregularidades, sólo han votado en contra el Grupo Municipal Socialista y seis concejales del Grupo Municipal Ahora Madrid que han apoyado, de esta forma, a los colectivos sociales que se oponen a esta operación.

Ecologistas en Acción lamenta la actitud del Área de Gobierno de Desarrollo Urbano Sostenible que de forma reiterada viene incumpliendo el Pacto contra la Especulación firmado por Ahora Madrid antes de las elecciones municipales.

Una vez que se publique el acuerdo del pleno en el boletín oficial, Ecologistas presentará un escrito para interponer el recurso. Después, hay que esperar que se admita a trámite. Luego vendrá el proceso de recopilar información, que comience el procedimiento y la demanda con su argumentación. “Pueden pasar meses”, explican en Ecologistas, “y quizá para entonces ya se haya demolido el edificio porque, al estar catalogado, puede que no se ordene una paralización cautelar de las obras”.