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Los ediles que rompieron con Más Madrid están dispuestos a negociar el apoyo al nuevo Madrid Central de Almeida

El alcalde de Madrid con el concejal José Manuel Calvo después de que este le regalara un libro.

La Ordenanza de Movilidad Sostenible, una de las más importantes del mandato y esencial para evitar que decaiga Madrid Central tras la anulación en los tribunales, puede reunir a extraños compañeros en el camino. Ante la cerrazón de Vox a limitar la circulación de los vehículos privados por la almendra central, los cuatro concejales que rompieron con Más Madrid –reunidos en torno a la plataforma Recupera Madrid– están dispuestos a negociar con la corporación su apoyo a la norma para "evitar que el modelo de ciudad dependa" de la extrema derecha.

La Comunidad de Madrid advierte un retroceso en el Madrid Central de Almeida y le pide medir su impacto

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Vox avanza que no respaldará "un Madrid Central con otro nombre" y en el PP asumen que votar en contra "sale gratis" a su socio prioritario. El grupo liderado por Javier Ortega Smith ya ha remitido al área de Movilidad un documento con sus "sugerencias". Entre ellas la sustitución de las prohibiciones por la "movilidad responsable".

Por eso, los conservadores ya se plantean tantear a los partidos de izquierda para lograr sacar adelante la norma ante las escasas posibilidades de convencer a Vox. El área de Movilidad y Medio Ambiente, gestionada por el PP, advierte de que no reducirá las prohibiciones actuales para obtener su apoyo tras el intento fallido de permitir la entrada de más vehículos. Aquella idea fue rechazada por Ciudadanos, lo que obligó al PP a dar marcha atrás. Decaía así la principal promesa con la que José Luis Martínez-Almeida se presentó a la alcaldía de Madrid.

Después de avanzar su postura a ABC, los ediles de Recupera Madrid concretan que no pedirán "imposibles" pero exigirán que la zona de bajas emisiones "quede blindada" por norma para el futuro y un compromiso de que se ampliará en el próximo mandato.

Otra cuestión son los 15.000 nuevos permisos a comerciantes incluidos en la norma. A este respecto, estudiarán cuál es el impacto para decidir .

Para Más Madrid y PSOE, sin embargo, este recorte es inaceptable y votarán en contra, según han confirmado ambas formaciones a elDiario.es.

El voto por separado, condicionado

La situación administrativa de los cuatro ediles escindidos de su grupo, sin embargo, puede complicar que sumen en el caso de un acuerdo. A efectos legales, siguen formando parte de Más Madrid y su voto está delegado a la portavoz, Rita Maestre. Su posición solo puede diferir del grupo si la mayoría absoluta del Pleno concede la votación a mano alzada. Los concejales liderados por Marta Higueras ya lo intentaron en la votación de las medallas a Manuela Carmena y Ana Botella pero todos los grupos excepto el PSOE votaron en contra. Actualmente, los ediles no participan ni en las comisiones ni tienen la palabra en los plenos. El presidente del Pleno avaló en abril que formaran un grupo mixto –con los recursos económicos que eso conlleva– pero dos semanas después aceptó un recurso de Más Madrid y suspendió su creación.

El entendimiento entre los exediles de Más Madrid con PP y Ciudadanos se reduce de momento a una declaración de intenciones que marca el inicio de un mes intenso de negociaciones –la corporación pretende someter la norma al Pleno de julio–. De consumarse, liberaría al Gobierno de Almeida del yugo de Vox en este asunto. No obstante, ninguna de las partes se ha puesto aún en contacto con la otra.

No lograr los apoyos para sacar adelante la Ordenanza de Movilidad Sostenible tendría un elevado coste para el Gobierno de Almeida, pese a que el PP impulsó el recurso que ha dado como resultado esta sentencia. Supondría el fin de la zona de bajas emisiones y la vuelta de la barra de libre de coches por el centro. La situación no solo crearía atascos –la reducción de carriles de Gran Vía, por ejemplo, está dimensionada para las limitaciones de Madrid Central– sino que pondría a la Unión Europea en máxima alerta con España. Como estado está a la espera del veredicto del Tribunal de Justicia de la UE pero además la nueva ley de Cambio Climático obliga a todas las ciudades de más de 50.000 habitantes a tener una zona de bajas emisiones.

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