Otro paso atrás en el Mar Menor

Los intentos de desprotección de nuestra laguna salada han sido una constante en la práctica de nuestra administración regional auxiliada por la ultraderecha en los últimos años. Otra vuelta de tuerca en la desprotección y desregulación del Mar Menor es la reforma de la Ley 3/2020, de 27 de julio, de recuperación y protección del Mar Menor; propuesta por el PP a las órdenes de Vox y registrada en la Asamblea Regional en diciembre pasado. Los diferentes colectivos sociales, políticos, conservacionistas y ecologistas que batallan por un Mar Menor vivo han expresado su rechazo absoluto a la pretendida reforma denunciando el hecho de que es una expresión exclusiva de pactos políticos e intereses empresariales.

Las implicaciones de la modificación legislativa son muy graves para el futuro del ecosistema, que se encuentra en un frágil equilibrio. La propuesta de reforma parte de un compromiso político del Partido Popular con la ultraderecha de Vox a cambio de que este último apoye los presupuestos regionales y garantizar su aprobación. No está elaborada para reforzar las protección ambiental del Mar Menor sino para el beneficio del sector agroindustrial, que es el principal responsable de la entrada masiva de nutrientes en la laguna y su eutrofización.

La laguna sigue en un equilibrio inestable, a pesar de la imagen de aparente estabilidad del Mar Menor en los últimos meses. Continúa en una situación crítica. La eutrofización derivada del exceso de nutrientes de origen agrícola y ganadero sigue siendo el principal problema estructural.

A esta contaminación estructural y crónica del acuífero se suman las entradas masivas de nutrientes por escorrentías durante estos últimos episodios de intensas precipitaciones, como se ha evidenciado. Este verano, la zona sur de la laguna sufrió un episodio de hipoxia y anoxia que, aunque no alcanzó la gravedad de otros anteriores, volvió a poner de manifiesto la fragilidad del ecosistema. Sin embargo, los mecanismos legales que incluye esta normativa no se han desarrollado en sus apartados más urgentes: medidas contra la contaminación por nitratos, la ordenación del territorio y la reducción de las escorrentías.

La modificación de la ley se ha querido presentar como una simple corrección técnica pero no lo es. El PP, junto con la ultraderecha, impulsó una comisión parlamentaria con comparecencias. Sin embargo, tras las intervenciones de los representantes del sector agroindustrial y técnicos próximos a sus intereses, en una maniobra filibustera, el calendario de comparecencias fue cancelado. Fue un proceso incompleto y sesgado, oyendo solamente a una parte, e impidiendo la participación de voces científicas, ambientales o sociales críticas.

La tramitación de esta reforma se hace con escasa transparencia, nula participación social y sin rigor técnico en su elaboración. No se ha consultado de una manera preceptiva al Consejo Económico y Social, al Consejo Asesor Regional de Medio Ambiente ni a la Tutoría del Mar Menor, encargada de velar por los derechos del ecosistema, establecida en Ley 19/2022, de 30 de septiembre, para el reconocimiento de personalidad jurídica al Mar Menor. Tampoco se ha consultado al Comité de Asesoramiento Científico, creado por la propia Ley 3/2020.

Esta propuesta de reforma legislativa supone una drástica disminución de las sanciones por incumplimiento, eliminando el carácter disuasorio de ellas y estableciendo un agravio comparativo frente a las empresas que cumplen la legislación. En definitiva, esta reforma otorgaría, aun más si cabe, una situación de impunidad a los mayores responsables de la contaminación del Mar Menor. Este cambio es manifiestamente incompatible con la protección de la laguna, responde más bien a la alianza política de la derecha y la extrema derecha junto a los intereses empresariales del agronegocio.

Se necesita un giro radical del Gobierno regional que haga desprenderse de la mochila de Vox y se dirija a la aplicación efectiva y plena de la la ley vigente, con el desarrollo de mecanismos y prácticas que eviten la entrada de nutrientes y sedimentos en la laguna, la eliminación de la contaminación por nitratos, una ordenación sostenible del territorio, un control exhaustivo de escorrentías que fluyen hasta la laguna.

Pero esto no lo va hacer, sería un cambio radical la sustitución de los intereses por la razón en su dinámica política. Es la movilización ciudadana y la crítica de la sociedad civil, en todos sus aspectos, la que puede conseguir un cambio o la eliminación de esta reforma. Es una tarea ambiental y de justicia social que nos concierne a toda la ciudadanía.