La vivienda

El desahucio de Maricarmen nos ha conmovido a todos/as. Se ha convertido en uno de los paradigmas del derecho a una vivienda digna, Hay muchas Maricarmen en nuestro país. En nuestra tierra, otro ejemplo, Ana y Pepe, jóvenes con magros salarios, no pueden alquilar una vivienda decente ni mucho menos meterse en una hipoteca para comprar un piso.

Parece obvio recordar el artículo 47 de nuestra Constitución: “Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho”.

El reciente Decreto-ley 3/2026, de Vivienda Asequible de la Región de Murcia, en su preámbulo, también señala que “los poderes públicos son conscientes de que actualmente nos encontramos en un escenario de emergencia en materia de vivienda…la falta de oferta de viviendas con el consiguiente efecto que ello produce en el precio de las mismas, siendo este último factor el que más afecta al acceso a la vivienda”.

A pesar de todas estas declaraciones de intenciones, la vivienda sigue sin ser un derecho para la ciudadanía y cada vez es más difícil el acceso a ella. En la Región de Murcia, el precio medio general del alquiler está en torno los 997 euros mensuales, variando según los metros cuadrados y la zona, y las habitaciones en piso compartido oscilan en torno unos 306 euros al mes.

La Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea), en su estudio 'El coste de la vivienda y la pobreza oculta en España', describe que el 6,1% de los ciudadanos de la región que no son pobres por nivel de renta pasarían a serlo tras restar lo que pagan en hipoteca o alquiler. Es decir, 70.000 murcianos y murcianas caerían en la denominada 'pobreza oculta' después de pagar los gastos de vivienda. El pago del alquiler o la hipoteca son elementos de empobrecimiento en capas vulnerables de la sociedad murciana.

El Partido Popular está en el Gobierno regional 31 años y su política de vivienda protegida ha sido ínfima o inexistente. Sus gobernantes no pueden aducir una preocupación significativa sobre el tema, porque no lo es.  En el año 2023, nuestro presidente regional, López Miras, se vino arriba y prometió la construcción de 3.100 viviendas de protección oficial, lo que hoy se llama vivienda asequible. Sin embargo, seguimos esperando su materialización en acciones concretas.

Los datos del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana señalan que, en el primer trimestre de 2026, no se ha construido ni una sola vivienda protegida (ni iniciadas ni terminadas) en nuestra tierra. Tenemos el dudoso honor de encabezar el ranking, junto a Asturias y Canarias de comunidades sin actividad en VPO o Vivienda Asequible. Mientras tanto, el resto alcanzaba los máximos en los últimos años.

En septiembre, el presidente regional anunció una convocatoria de 16 millones de euros para ayudar a 2.300 jóvenes, entre 18 y 35 años, a pagar el alquiler. Cubrirán gastos correspondientes a dos años completos de alquiler, 2026 y 2027, y permitirán a los beneficiarios recibir hasta 300 euros mensuales cuando tengan alquilada una vivienda y hasta 200 euros al mes en el caso de una habitación. López Miras señalaba que la convocatoria «histórica» se pondrá en marcha antes de final de año.

En la Región de Murcia hay 343.380 personas entre los 18 y los 35 años, según los datos del Centro Regional de Estadística de Murcia (CREM). Si se cubrieran todas las ayudas, esta convocatoria afectaría al 0’6% de la población joven. Efectivamente, es «histórica». Aunque también se podría decir que por algo se empieza; pero, ¿no se podía haber comenzado hace diez años o más?

Los ayuntamiento debieran, además de licitar suelo, construir viviendas. El consistorio debiera ser una agente en la construcción de viviendas sociales, en régimen de alquiler o compra, con una Agencia Local de Vivienda Asequible como se ha hecho en otras ciudades de la Unión Europea (UE). Necesitamos un Plan Regional de Vivienda Pública, para construir un parque de viviendas sociales, que proteja y facilite el acceso a inmuebles asequibles a través de precios limitados de venta o alquiler y ayudas públicas del Plan Estatal de vivienda 2026-2030. Es necesario topar, mientras tanto, los precios del alquiler y una moratoria urgente a los desahucios.

La vivienda no puede ser un negocio, sino un servicio público de calidad, equivalente a la salud o la educación. La vivienda, como un derecho social básico, es un eje fundamental frente a la crisis ecosocial y la especulación urbanística.