El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha puesto en marcha de nuevo la maquinaria disciplinaria contra el juez Juan Carlos Peinado tras recibir otra queja por su actuación al frente del juzgado. En este caso, el Promotor de la Autoridad Disciplinaria ha abierto diligencias informativas tras una queja por una filtración a OkDiario de información de la causa que sigue desde hace casi dos años contra Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, informan a elDiario.es fuentes del órgano. 

Hace varios meses, la autoridad disciplinaria abrió otras diligencias contra Peinado por su polémico interrogatorio al ministro Félix Bolaños en esa misma causa y por dictar con dos meses de retraso una prórroga en un caso de presunta malversación que afecta a un alto cargo del Ayuntamiento de Madrid. Fuentes del órgano explican que la apertura de diligencias es solo un primer paso, que puede derivar o no en la apertura de un expediente disciplinario y en una hipotética sanción.

Esta nueva queja parte de la defensa de otra de las investigadas en la causa contra Begoña Gómez. Se trata de la trabajadora de la Moncloa Cristina Álvarez, asistente de la mujer del presidente. Su letrado, José María de Pablo, puso en conocimiento del CGPJ un escrito en el que acredita, con varios pantallazos, que el digital que dirige Eduardo Inda publicó el contenido de una providencia dictada por el juez 15 horas antes de que ese documento fuera trasladado a las partes a través de LexNET, la plataforma del Ministerio de Justicia que sirve para comunicarse electrónicamente con los juzgados y tribunales. La filtración, por tanto, solo podía provenir del juzgado, según el escrito.  

OkDiario publicó a las 05:46 de la madrugada del martes 13 de enero de 2026 una información titulada “Begoña y su asesora desafían a Peinado: se niegan a entregar sus pasaportes y el juez pide ayuda a la Policía”. El texto apuntaba textualmente que la decisión de pedir auxilio a la Policía se había tomado en una “providencia dictada este lunes 12 de enero”, según los pantallazos aportados. 

Sin embargo, el juzgado no envió la providencia que recogía esa información a través del sistema LexNet hasta las 20:02 de la tarde de ese mismo día 13 de enero, 15 horas después de la noticia de OkDiario. En un escrito que consta en el sumario, el abogado afirma que considera “metafísicamente imposible que la filtración al medio OkDiario del dictado y contenido de la Providencia haya sido cometida por alguien ajeno al Juzgado”.  

Entre tanto, a las 13:15 horas del 13 de enero, el digital había editado la noticia y cambiado el tiempo verbal. En la nueva versión, la frase en pasado “el Juez Juan Carlos Peinado ha pedido a la Unidad Adscrita” se cambió por la construcción en futuro “el Juez Juan Carlos Peinado pedirá a la Unidad Adscrita”. También se borró la mención a la providencia, algo que, según el abogado, se hizo para “ocultar la autoría de la filtración”. Sin embargo, en el medio olvidaron modificar el titular, que alude claramente al contenido de la providencia —“el juez pide ayuda a la Policía”—, que es lo que acuerda esa resolución.  

El artículo 417.12 de la ley del Poder Judicial considera una falta muy grave “la revelación por el juez o magistrado de hechos o datos conocidos en el ejercicio de su función o con ocasión de éste, cuando se cause algún perjuicio a la tramitación de un proceso o a cualquier persona”. Las faltas muy graves se sancionan con suspensiones de empleo y sueldo, traslados forzosos o separación del servicio. 

Un primer paso

Fuentes del órgano explican que la apertura de diligencias se produce cada vez que se recibe una queja, que son más de medio millar al año. A esa apertura de diligencias sigue un primer trámite destinado a comprobar la veracidad de los hechos denunciados. Después, el promotor tendrá que decidir si propone la apertura de un expediente y da traslado a la Comisión Disciplinaria o si, por el contrario, archiva las diligencias, lo que requiere el examen de la Comisión Permanente.

En los asuntos de interés mediático o de especial relevancia lo “primero” que se hace es contactar con el propio juez o magistrado y se le adelanta por email o por el medio más efectivo que se encuentre el contenido del acuerdo por el que se le abren las diligencias.

En 2024, el último año del que hay datos, se abrieron 617 diligencias informativas, según recoge la memoria de la unidad de actuaciones disciplinarias. Además, se iniciaron 24 expedientes disciplinarios, de los que 11 acabaron en multa económica o separación del servicio, principalmente por retrasos en la tramitación y resolución de procedimientos. Los 13 restantes fueron archivados, en su mayor parte porque no se acreditó que los hechos fueran susceptibles de reproche disciplinario o porque se trataba de jueces sustitutos que ya no formaban parte de la bolsa cuando se analizaron los hechos. 

En 2024, el tiempo medio de tramitación de una diligencia informativa, desde la apertura hasta que se propone la apertura del expediente o el archivo, fue de 97 días. Además, en caso de apertura de expediente, su ejecución se prolonga durante meses. La jubilación de Peinado está prevista para septiembre de 2026, por lo que algunas fuentes dudan de que el procedimiento, en caso de apertura de expediente, pueda llegar a concluirse.

Escrito en el juzgado

En todo caso, la apertura de las diligencias obligará al CGPJ a analizar si el magistrado se apartó de los límites que marca la regulación disciplinaria en este caso concreto. Según la documentación que obra en el sumario, el abogado de la asesora reclamó también que se abriera una pieza separada para investigar la autoría de la filtración, aunque el magistrado lo ha rechazado, de acuerdo a las fuentes jurídicas consultadas.

En concreto, reclamó que el letrado de la Administración de Justicia —antiguo secretario judicial— certificara la fecha de la firma electrónica de la providencia y que se identificara a las personas que, dentro del juzgado, conocían que Peinado iba a dictar esa resolución antes de la publicación de OkDiario. Después, solicitaba que esa información fuera derivada a un juzgado distinto para ser analizada. 

En ese escrito, el letrado afirma que el ex fiscal general Álvaro García Ortiz fue condenado por un delito de revelación de datos reservados “con indicios muy similares sobre la procedencia de la filtración” a los denunciados en este caso. 

El Tribunal Supremo ha condenado al periodista Eduardo Inda y su medio OkDiario a indemnizar con 18.000 euros a Pablo Iglesias por publicar en 2016 el bulo de que tenía una cuenta oculta en el paraíso fiscal de Granadinas. Los jueces de la Sala de lo Civil consideran que fue el propio Inda el que modificó las informaciones de un redactor para dar por buena la existencia de esa cuenta con cientos de miles de euros pero, en realidad, “la información no fue veraz” porque “no se basaba en datos contrastados procedentes de fuentes objetivas y fiables”. Tanto Inda como su periódico deben publicar su condena en sus redes sociales.

El bulo sobre el dinero que el exlíder de Podemos atesoraba en una cuenta en Granadinas fue uno de los que se lanzaron contra Iglesias y su entorno un mes antes de las elecciones generales de 2016, cuando las encuestas acercaban al partido a los resultados del PSOE. Bajo el titular “El gobierno de Maduro pagó 272.000 dólares a Pablo Iglesias en el paraíso fiscal de Granadinas en 2014”, el digital de Inda exponía un supuesto documento bancario y afirmaba que el dinero llegó desde Venezuela a la cuenta de Iglesias en Granadinas dos meses después de la fundación del partido.

El digital, un día después, reforzó su información con otra pieza que aseguraba: “Las autoridades españolas acreditan que los documentos del pago a Pablo Iglesias son auténticos”. La realidad es que esa cuenta bancaria no existía y ese documento, con un supuesto origen policial, nunca fue verificado y ni siquiera fue judicializado por la propia Policía.

El pleito ha tardado casi una década en quedar resuelto en firme por el Supremo con una condena económica de 18.000 euros para Eduardo Inda y su digital, quedando exonerado el redactor de la noticia. Su tramitación se solapó con las causas penales impulsadas por Pablo Iglesias contra el periodista y esta causa civil quedó paralizada hasta que las deliberaciones volvieron a arrancar hace pocas semanas.

El Supremo concluye que hay una prueba principal para condenar a Inda y OkDiario: la declaración de Francisco Mercado, el periodista que firmó esa información y cuyo testimonio ha sido clave para llegar a una sentencia condenatoria. Él relató a los tribunales cómo su información original se limitaba a firmar que la Policía investigaba si esa cuenta en Granadinas existía, y que fue Inda el que manipuló el texto para acabar afirmando que la cuenta era real y que la Policía confirmaba la veracidad de las pruebas.

La realidad, además de que la cuenta no existía, es que la Policía no tenía ni la más mínima prueba de la veracidad de esos documentos, tal y como reconoció el propio Eugenio Pino, ex Director Adjunto Operativo (DAO) de la Policía Nacional y ya condenado por maniobrar ilegalmente desde el cuerpo en la causa contra los Pujol, además de a la espera de juicio en el caso Kitchen e imputado en la causa por la guerra sucia policial contra Podemos.

“La información no fue veraz porque, tal como fue publicada definitivamente, no se basó en datos contrastados procedentes de fuentes objetivas y fiables”, dice el Supremo a pocos meses de cumplirse la publicación del bulo. Eduardo Inda, declara probado el tribunal, fue quien manipuló esa información y tanto él como el periódico deben responder económicamente por el bulo: una indemnización de 18.000 euros para Iglesias además de la obligación de borrar la información falsa y de difundir su condena tanto en el medio como en sus redes sociales.

“Sabíamos que era mentira”

El Supremo constata que el bulo llegó en un momento político delicado para Podemos y la candidatura que entonces encabezaba Iglesias a la Moncloa, con las encuestas dándole su mejor resultado histórico: “Se publicaron apenas unas semanas antes de las elecciones generales en las que el demandante encabezaba la candidatura de su partido político. Los hechos que se le imputaban afectaban considerablemente a su reputación y se realizaron en un medio de comunicación con importante presencia en Internet, no solo mediante la web del diario sino también por las redes sociales”.

La creación de este falso documento bancario y su difusión en OkDiario es considerada por Iglesias y Podemos como una de las primeras operaciones coordinadas de la cloaca policial para perjudicar el ascenso del partido en sus primeros años de vida. “Sabíamos que era mentira”, dijo por ejemplo Francisco Martínez, número dos de Interior con Mariano Rajoy, en una conversación con el empresario Javier Pérez Dolset. Un recorrido por la cronología del bulo detalla cómo el bulo nació en el seno de la Policía y llegó a las portadas a menos de dos meses de las elecciones generales.

elDiario.es fue el primer medio en desmentir la existencia de esta falsa cuenta en Granadinas: antes de salir en OkDiario había sido difundido, con ligeros cambios, por una periodista venezolana desde Miami. La exclusiva, por tanto, había sido copiada de YouTube. En una conversación grabada por el comisario José Manuel Villarejo, el policía llegó a confesar al periodista Antonio García Ferreras que el documento era una “bacalada”.

La creación del bulo sobre la cuenta en Granadinas es uno de los objetos de la investigación que lleva desde hace meses el juez Santiago Pedraz en torno a la guerra sucia policial contra Podemos. Una investigación en la que, tal y como ha revelado elDiario.es, el magistrado ha obtenido la prueba de que la brigada política del PP orquestó el bulo a través de una nota informativa. Lo que, semanas después, terminó publicando OkDiario a un mes de las elecciones en las que Podemos buscaba el 'sorpasso' al PSOE.

La derecha parece preocupada por el aspecto físico de Pedro Sánchez. Entiéndase, no es que esté realmente preocupada, sino que lo considera un símbolo de su agonía o de que está poseído por el maligno. Sobre esto último, hay pocas dudas políticas. La reacción de Alberto Núñez Feijóo a las críticas del presidente en la entrevista en TVE a los jueces que investigan a su esposa y su hermano volvió a pisar el acelerador de la hipérbole: “Esto no es anomalía democrática. Es YA un peligro para España”.

Las mayúsculas aparecen en el tuit de Feijóo. El PP necesita mayúsculas más grandes para reflejar lo que pasa por su cabeza en relación a Sánchez. Los conceptos utilizados antes, como ese de anomalía, utilizado con frecuencia, o el de decir que amenaza la democracia, no son suficientes. Se quedan cortos cuando ven que el tipo no se va de Moncloa. Es un peligro para España. Dentro de poco lo será para Europa, Occidente o el universo. En la Vía Láctea, ya deberían estar alarmados.

Sánchez llevaba bastante más de un año sin dar una entrevista a un medio de comunicación. Eso suele ser síntoma de que las cosas no le han ido bien ni a su Gobierno ni a él personalmente. Los políticos pierden el apetito por las entrevistas extensas cuando están rodeados por las malas noticias. Sánchez sí dio una rueda de prensa a finales de julio justo antes de irse de vacaciones.

Sólo un ignorante restaría importancia a los efectos del estrés en la salud y el aspecto de una persona. Sánchez, que tiene 53 años, está mucho más delgado que hace un año, más allá de que no tiene mayor relevancia comparar una foto suya con otra de 2018. Siete años dejan huella en cualquiera.

Algunos lo ven casi muerto y les enfurece que no haya aceptado meterse en un ataúd. “El verdadero mensaje era la cara. Tensa, macilenta, desmejorada, áspera”, escribió Ignacio Camacho en ABC. Es revelador de los tiempos que corren el hecho de que los comentarios de las redes sociales, y eso incluye los chistes buenos o malos, terminen filtrándose en las columnas de los periódicos y las tertulias televisivas. No es suficiente con decir que está más delgado. Seguro que pretende dar pena y por eso Camacho explica que no movió un músculo –cuando Pepa Bueno le preguntó por lo que él decía cuando Rajoy prorrogó los presupuestos–, porque “quizá el abuso del retoque facial le impida hacerlo”. Como alguien que se ha estirado tanto la cara que se ha quedado sin expresión.

Lo mismo sugirió Teodoro León Gross en el mismo periódico: “Y esto no hay maquillaje que lo pueda disimular. Ahí no hay bótox que valga, pero tampoco votos”. Así que Sánchez presenta un aspecto “desmejorado”, pero al mismo tiempo resulta que se pone bótox. No es necesario buscar una lógica coherente en estos análisis estéticos. Se trata de denunciar el mal en todas las formas, que en España parece haber pasado a ser una forma más de fortalecer la democracia liberal.

Todo sea con tal de denunciar una supuesta autocracia en la que el Gobierno ni siquiera consigue que el legislativo le apruebe un proyecto de presupuestos. Y eso que se supone que la autocracia es “la forma de gobierno en la cual la voluntad de una sola persona es la suprema ley”.

“Hay jueces haciendo política y hacen un inmenso daño a la Justicia”, dijo Sánchez en la entrevista. No tiene más remedio que afirmar eso a menos que se le exija que reconozca la culpabilidad de Begoña Gómez y David Sánchez. Para el PP y algunos medios, es un ataque intolerable a toda la justicia.

El juez Juan Carlos Peinado decidió el miércoles rubricar el ataque de Sánchez con un auto en el que reclama a Moncloa todos los correos electrónicos enviados o recibidos por Gómez desde 2018. Más de un año de instrucción y un racimo de imputaciones no le han servido a Peinado para concluir la instrucción y encontrar algo por donde pillar a la esposa del presidente. Ahora vuelve a lanzar la caña a ver si pesca algo, azuzado por las organizaciones de extrema derecha que ocupan las acusaciones populares. La última vez que disparó por todo lo alto, apuntando al ministro Félix Bolaños, se llevó un buen revolcón en el Tribunal Supremo.

Sánchez dijo esas palabras el mismo día en que la jueza de la dana, Nuria Ruiz Tobarra, denunció la estrategia de las defensas de los imputados –entre ellos la exconsejera del PP Salomé Pradas– de apartarla “de forma burda” de la instrucción. Hay medios que han colaborado en esa operación llegando a publicar sospechas no avaladas con pruebas de que el marido de la magistrada, que también es juez, es quien ha escrito algunos de sus autos.

Ni el PP ni los medios escandalizados por los ataques a algunos jueces han creído oportuno alzar la voz contra el intento de eliminar a una jueza con la esperanza de que el sustituto sea más benévolo con los acusados y con la gestión de la dana por el Gobierno de Mazón. De momento, tampoco hay noticias del Consejo General del Poder Judicial a pesar de que esta historia se inició antes del verano.

Uno de esos medios que ha publicado fotos de la jueza y de su marido ha sido OK Diario, obtenidas en la sala de vistas donde se realizan las declaraciones de testigos presumiblemente por uno de los abogados defensores. Como premio por esa actuación y otras que han caracterizado siempre al periodismo sensacionalista, Felipe VI concedió este miércoles una audiencia a los directivos de ese medio, coincidiendo con su décimo aniversario, encabezados por su director, Eduardo Inda.

En otras citas relacionadas con medios de comunicación, el rey ha alertado del peligro de la desinformación y de una tendencia global de “erosión” de la credibilidad informativa. En la accidentada visita a Paiporta tras la dana, fue hasta vehemente al explicar que no eran ciertas algunas de las cosas que escuchaba a las personas que le rodeaban: “No hagáis caso a todo lo que se publica porque hay mucha desinformación”. Igual hay que verlo de esta manera: no dijo nada sobre no recibir en su casa a los que quieren cargarse a la jueza de Valencia.

El juez Juan Carlos Peinado ha archivado la causa contra el gerente de la Empresa Municipal de Transportes (EMT) de Madrid, Alfonso Sánchez Vicente, y el medio Okdiario, a los que investigaba por un presunto delito de malversación relacionado con la adjudicación a la web de Eduardo Inda de un evento por un precio mucho mayor de otro acto similar y contratado con anterioridad por el Ayuntamiento de la capital.

Un error del juez al dictar la prórroga del caso provocó que la Audiencia de Madrid anulara las diligencias de investigación pendientes. En su auto de archivo, Peinado ignora su error y la enmienda de la instancia superior y asegura que “han sido practicadas todas las diligencias de investigación que han sido considerado necesarias, pertinentes y útiles a los efectos de la correcta instrucción”.

El caso parte de una denuncia de Podemos por malversación relacionada con el encargo de un evento sobre movilidad por parte de la EMT al digital Okdiario. La adjudicación ascendía a 72.600 euros, cuatro veces más de lo que había pagado poco antes la empresa pública a otra empresa por un acto similar.

En su auto de archivo, Peinado asegura que la difusión que ofreció al acto el hecho de que fuera retransmitido por Okdiario diluye la posibilidad de que se tratara de una malversación de fondos públicos.

Como recogía la denuncia de Podemos, el evento contratado por la EMT que se toma como referencia, de Madrid Open City, costó 15.000 euros más IVA, frente a los 60.000 euros más IVA del que supuso el organizado por Okdiario.

Sus investigaciones, asegura, han determinado que el “sobreprecio” no fue cuatro veces superior al de un evento anterior que tuvo “patrocinadores” que aportaron unas cantidades que reducen la diferencia. El desvío ascendería, añade el juez, a 16.740 euros y no a los 45.000 denunciados. Esa diferencia está justficada porque el evento fue seguido “por una gran cantidad de personas”, según declaró una testigo de la propia EMT en una valoración que hace suya el juez en el auto de archivo.

En el auto de archivo, al que ha tenido acceso elDiario.es, Peinado concluye: “Descartada pues la notable diferencia económica denunciada por los querellantes, que ha quedado reducida a un tercio a lo largo de la instrucción, y sin que pueda descartarse que esa cuantía pudiera justificarse en la mayor capacidad de difusión de un evento respecto del otro, que queda dentro de la lógica, al intervenir uno de ellos un medio de difusión (sic), procede, en consecuncia, descartar los indicios de los hechos delictivos denunciados”.

Una vez conoció la resolución de la Audiencia de Madrid respecto al error que cometió Peinado al dictar la prórroga del caso, Podemos se apresuró a intentar salvar la acusación solicitando que se dictara auto de pase a procedimiento abreviado, el equivalente al procesamiento para los delitos de menor pena, contra los dos investigados, el gerente de la EMT y Okdiario.

Al conocer el auto de archivo de Peinado, la formación política ha anunciado que recurrirá la decisión del magistrado. Podemos considera que este caso debe llegar a juicio en lugar de acabar archivado por un “supuesto error judicial que tiene como principal consecuencia proteger a Almeida”, aseguran fuentes de la formación.

Más Madrid, que se incorporó a la acusación popular, ha presentado una queja ante el Consejo General del Poder Judicial para que se inhabilite a Peinado por el error.

La Audiencia Provincial de Madrid ha denegado las diligencias de investigación pendientes en un caso de malversación contra el gerente de la Empresa Municipal de Transportes (EMT) de Madrid porque el instructor de las diligencias, el juez Juan Carlos Peinado, dictó una prórroga fuera de plazo. El error de Peinado compromete seriamente la investigación a Alfonso Sánchez Vicente, alto cargo de la Administración que dirige José Luis Martínez-Almeida.

Los jueces de la Audiencia Provincial explican en su auto, adelantado por El País, que Peinado acordó la prórroga dos meses después de que expirara y ordenó diligencias fuera de plazo. “Dicha decisión se adoptó una vez vencido el plazo de instrucción en fecha 27 de enero de 2025 e incluso antes de que se acordara una nueva prórroga de instrucción (auto de abril de 2025)”, recoge la resolución, a la que ha tenido acceso elDiario.es.

El caso parte de una denuncia de Podemos por malversación relacionada con el encargo de un evento sobre movilidad por parte de la EMT al digital Okdiario. La adjudicación ascendía a 72.600 euros, cuatro veces más de lo que había pagado poco antes la empresa pública a otra empresa por un acto similar.

Ahora, dicen los jueces de la instancia superior, “no son válidas las diligencias acordadas en fecha posterior al 23 de enero de 2025, en que finalizó el plazo máximo de instrucción”. Los magistrados advierten de que la estimación del recurso de la acusación particular es parcial y que las diligencias acordadas antes del 27 de enero podrían practicarse aún fuera de plazo.

Los jueces de la Audiencia de Madrid resuelven un recurso de los abogados del Ayuntamiento de Madrid y de Okdiario, que adviertieron el error.

Podemos Madrid ha reaccionado a la noticia asegurando: “No creemos en las casualidades cuando se trata de proteger a Almeida en una causa que podría incluso terminar imputándole”. Las mismas fuentes de la formación añaden: “la historia del bipartidismo en nuestro país” está plagada de “jueces corruptos que protegen a políticos corruptos que, a su vez, financian -incluso ilegalmente- a medios corruptos”.

Por su parte, Más Madrid, que también es acusación en la causa, ha presentado una queja ante el Consejo General del Poder Judicial solicitando que se le abra expediente a Peinado y que se le suspenda cautelarmente durante seis meses de sus funciones en el juzgado.

No ocurre muchas veces en la vida de un político que sea un periodista como Eduardo Inda el que le diga que está contando algo que es falso. Que el director de OK Diario le haga un 'fact checking' en mitad de una entrevista. Y lo más alucinante, que este tenga razón. Es lo que le sucedió a Alberto Núñez Feijóo en abril. Cuando está hablando de la supuesta fiesta de José Luis Ábalos con prostitutas en un parador, el líder del PP comenta que “nos hemos enterado por la UCO, por la Guardia Civil, de lo que pasaba en los paradores”. Primer patinazo. Inda le responde que no es así: “Lo de los paradores se ha enterado por OK Diario, porque la UCO mucho no había dicho al respecto”.

Feijóo intenta reponerse del golpe con escaso éxito. “Bueno, ahora está en el sumario, ¿no?”. Inda pone cara de pensar cuánto siento tener que decirle esto: “Lo de los paradores, que yo sepa, no”. En estos casos, lo más recomendable es una retirada discreta. Pero nunca hay que subestimar la capacidad de Feijóo de seguir cavando en el agujero, porque él insiste en el dato falso: “Yo juraría que sí”.

No debería sorprender que se mostrara contumaz en el error, porque el PP ha invertido tiempo y ganas en apostar por una noticia de la que no existe ninguna prueba, ningún documento que demuestre su existencia o denuncia en una comisaría o juzgado de guardia. De tanto hablar de ella, el PP se ha convencido de que es cierta y la ha empleado en las sesiones de control del Congreso y en la comisión de investigación en el Senado sobre el caso Koldo. Por esa razón, la ministra de Educación, Pilar Alegría, tuvo que comparecer el jueves en la comisión por haber sido delegada del Gobierno en Aragón.

La historia comenzó con un artículo de The Objective en 2021 que contaba que Ábalos había destruido una habitación de un parador en una noche loca con mujeres. Su autora dijo ante el juez que tuvo lugar en el parador de Gredos, Ávila, en el primer semestre de 2021. Todo se basaba en fuentes anónimas. Ábalos lo negó todo: “Lo publicado sobre mí en The Objective es rotundamente falso, como se desprende de la imprecisión de su contenido”.

La última exclusiva de ese medio ha consistido en contar que Óscar Puente estaba jugando al golf cerca de Marbella en el puente del 1 de mayo que tuvo varias incidencias en el AVE. El ministro respondió que lleva seis años sin pisar Marbella y que ese fin de semana lo pasó en Madrid.

En fechas más recientes, OK Diario volvió a hablar de esa orgía, pero cambiando el lugar. Ahora había ocurrido en el parador de Teruel en otra fecha, el 15 de septiembre de 2020, y repitiendo que la habitación quedó destrozada. Decía basarse en comentarios de “trabajadores del parador”.

El hecho de que todo esté basado en fuentes anónimas y que no haya un papel que lo respalde haría que en muchos medios no se publicara algo así. También es mucho más fácil de desmentir por parte de los señalados. Todo eso es irrelevante para el PP. Las prostitutas que nadie ha reconocido en público haber visto existieron, según el partido. Las denuncias que no han aparecido en el parador ni en una comisaría existieron.

Y así un diputado como Jaime de los Santos puede utilizar todo esto en la sesión de control para acusar a Alegría como mínimo de encubridora: “Una feminista que debe de dormir con tapones, porque no se entiende cómo, compartiendo edificio en Teruel con el señor Ábalos, no se enterara usted de la orgía que se estaba montando a pocos metros de su suite”. Con tal nivel de ingenio, cómo no le van a hacer sitio en la sesión de control.

Como delegada del Gobierno, Alegría estuvo ese 15 de septiembre en el parador acompañando al entonces ministro Ábalos en una visita oficial a Teruel del día siguiente en la que le acompañó Koldo García desde Madrid. Sólo eso ya la convierte en sospechosa. El jueves en el Senado, negó conocer nada relacionado con la historia: “Jamás tuve conocimiento de la existencia de esa fiesta, jamás escuché absolutamente nada, jamás vi absolutamente nada y entiendo que no escuchase ni viese nada porque es que no se produjo nada”. No hubo ningún atestado policial, porque no hubo ninguna denuncia, explicó.

Puestos a dar un desmentido con más gracia, Alegría se superó después: “Si se hubiera movido un autobús de neones lleno de pilinguis desde Alicante a Teruel, ¿creen que nadie lo habría advertido, que no lo sabría la Policía local?”.

Primero, se daba por hecho que la orgía había existido. Al saberse que Alegría estaba en el parador, el segundo paso del acoso fue afirmar que ella misma tuvo que participar. Estos fueron algunos de los insultos que recibió en redes sociales y que leyó en la comisión: “Alegría y otras putas del montón”. “Golfa sin escrúpulos, blanqueadora de proxenetas, puteros y cocainómanos”. “Eres la muñeca hinchable del PSOE. Menuda hija de puta. Tú lo sabías”. “Tú que eres la más prostituta de todas. Ya sabemos cómo llegaste a ser ministra. De rodillas con Ábalos”.

Para apreciar el nivel de las preguntas de la portavoz del PP en la comisión, basta esta intervención cuando intentaba restar credibilidad al desmentido de Alegría: “Yo no soy capaz de distinguir a una mujer que ejerce la prostitución. Usted supongo que tampoco. ¿O usted sí?”, planteó Rocío Dívar. Habían exigido la comparecencia de la ministra en el Senado, pero, cuando esta negó que hubiera ocurrido nada fuera de lo normal, la alternativa era sugerir que lo mismo había ocurrido de todo, pero que ella no se había enterado.

Varios de esos insultos citados por Alegría comparten una idea muy presente en los frecuentes ataques a las mujeres políticas en redes sociales. Si han llegado a un cargo importante, es porque han vendido el cuerpo a cambio. No habrá sido por sus méritos, seguro. Es la clase de ataque de alguien que odia o desprecia a las mujeres y que se esconde detrás de un seudónimo.

No siempre, porque esa misma acusación contra la ministra la hizo en abril una diputada del PP que pertenece a la dirección nacional del partido. “Es el colmo que quiera victimizarse”, dijo Ana Alós en una rueda de prensa. Fue más lejos y alegó que Alegría había llegado a ministra gracias a encubrir las actividades de Ábalos: “Parece que a ella lo de callar, lo de guardar silencio en aquel momento, como al ministro Óscar Puente (sic), le salió muy bien, porque a los pocos meses ella era ministra de Educación y portavoz del Gobierno. Sería que había demostrado dotes para ocultar las verdades y manipular”.

Más allá de que se refería a Óscar López, que fue presidente de Paradores, y que Alegría no fue nombrada portavoz del Gobierno hasta 2023, lo que llama la atención sobre Alós es que ocupa el cargo de vicesecretaria de Igualdad en el PP. Por encima de todo, está el partido y el mensaje de que las mujeres en otras formaciones pueden alcanzar puestos relevantes por el trabajo sucio que han llevado a cabo, nunca por sus méritos.

Con la noticia original de la orgía, la culpa recaía sólo en Ábalos, al que asignaban el papel de organizador de la fiesta. Qué más daba que la fiesta fuera en Gredos o en Teruel. En 2020 o 2021. Ahora al implicar de una manera u otra a Alegría, la celebración en el PP es completa. Otra forma de implicar al Gobierno y de burlarse de las feministas de la izquierda. Sólo ya con eso es suficiente para que el PP empiece a excitarse.

La inversión publicitaria que la Junta de Extremadura, del PP, ha hecho en medios de comunicación nacionales “condenados por difamar, calumniar y desinformar” ha llegado este jueves al pleno de la Asamblea a través de una pregunta de la diputada de Unidas por Extremadura, Irene de Miguel, a la presidenta, María Guardiola, sobre la política de comunicación institucional del Gobierno.

De Miguel ha planteado que la inversión en publicidad debe incluir criterios éticos que excluyan a medios condenados por desinformación y falta de rigor periodístico, y que “contribuyen directamente al odio y a la crispación”.

Por ello, la portavoz de la coalición de izquierdas ha criticado el gasto de 100.000 euros de la Junta de Extremadura en lo que va de año en medios “que no paran difamar y calumniar”. En concreto, De Miguel ha denunciado que se “infle” a Okdiario, “propiedad del multicondenado Eduardo Inda y vocero de las cloacas del Estado, que según un Juzgado de Madrid no cumple con el mínimo requisito de veracidad cuando destapó la mayor trama de corrupción de su partido” con 34.200 euros.

La diputada también ha asegurado que Libertad Digital, “un medio financiado con la Caja B del Partido Popular, que gestionaba el extesorero del PP, que está en la cárcel, el señor Bárcenas”, haya recibido 50.000 euros. Además, una entrevista de en directo al consejero de Economía, Guillermo Santamaría, costó 18.000 euros, “900 euros por minuto”, ha añadido.

Guardiola ha respondido que su gobierno cree en el “pluralismo” y que la política de comunicación institucional de la Junta se ejerce “con transparencia, objetividad y sin ningún tipo de temor porque el periodismo es democracia”.

“Su partido se siente más cómodo con el periodismo de Granma, Pravda o de ese canal que dirige Pablo Iglesias”, le ha manifestado a la portavoz de Unidas por Extremaduray ha añadido: “Ustedes están demasiados familiarizados con la censura”. Frente a ello ha apostado por “una visión abierta de la realidad y sin ninguna trinchera ni miedo a la verdad”.

La presidenta de la Junta ha respondido a De Miguel que no puede intentar que su gusto personal, “construido en prejuicios y propaganda”, sea compartido por una sociedad plural como la extremeña, y ha le ha acusado de pretender “que lo que pase y suceda en la extrema izquierda se quede en la extrema izquierda”, como el caso Errejón.

“Puede intentar darnos lecciones de dignidad y veracidad, pero lo que no puede esconder es que si usted pudiera haría desaparecer a los medios de comunicación que no le bailan el agua y no le ríen las gracias”, ha añadido. 

El Tribunal Supremo ha rechazado de forma definitiva la demanda que Pablo Iglesias y Podemos interpusieron contra Eduardo Inda y el digital OkDiario por afirmar que se habían financiado con dinero de Venezuela e Irán, así como que es un “partido antidemocrático”. Las afirmaciones del periodista tenían, según los jueces de lo civil, “una base fáctica suficiente” como para entender que está amparado por la libertad de expresión.

Tanto el partido como el propio político demandaron a Inda y a OkDiario por sus palabras en el Programa de Ana Rosa en abril de 2021, en plena campaña electoral de las elecciones madrileñas en las que Pablo Iglesias dejó la vicepresidencia del Gobierno para ser candidato a la Comunidad de Madrid. Esa mañana, Inda se refirió a Iglesias como “gentuza, chusma”, aseguró que Podemos había sido financiado “por dos dictaduras” en referencia a Venezuela e Irán y calificó sus actos de “felonías” y “atrocidades antidemocráticas”.

Parte de estas informaciones, que tienen que ver con la financiación del partido, se han realizado a lo largo de la última década en base a documentos falsos o apócrifos, como el informe policial PISA que fue despreciado por el Tribunal Supremo.

En un primer momento, Iglesias y Podemos obtuvieron el apoyo de la Fiscalía pero tanto un juzgado de Madrid como la Audiencia Provincial de la capital rechazaron su demanda por la vía civil. Los tribunales destacaron el “contexto” de las afirmaciones de Inda, una campaña electoral a la que Iglesias concurría como candidato a presidir la Comunidad de Madrid, destacando también que, según su criterio, Inda ejercía su “respuesta” a uno de los vídeos de campaña del partido donde él salía. En ese sentido, la Audiencia de Madrid entendió que Eduardo Inda hizo sus declaraciones “en un programa de televisión, exponiendo su opinión personal en el ejercicio de su condición de comentarista y en el uso de su libertad de expresión”.

El Supremo ahora sentencia en firme el asunto al entender que Eduardo Inda estaba amparado por la libertad de expresión y que no vulneró el honor ni de Iglesias ni del partido que entonces dirigía. Los jueces explican que para esto es suficiente con que las afirmaciones del periodista tuvieran “base fáctica suficiente”, sin que sea necesario llegar a la “exactitud”. Cobrar de esos dos países, siguen los jueces, “no se tachaba de ilegal”.

Para el Supremo, todo lo que dijo el periodista Eduardo Inda tuvo “base fáctica suficiente”. La fundación “precursora” de Podemos, dicen, recibió “fondos procedentes de Venezuela”, así como “algunas personas muy relevantes dentro de dicho partido”. Añaden que el propio Iglesias “reconoció” una “financiación por parte de Irán” al haber asegurado en una conferencia que “era necesario cabalgar esas contradicciones”. En cuanto a Irán, Iglesias se refería a un programa de televisión en el que había trabajado con anterioridad, no al proyecto político de Podemos.

Alberto Núñez Feijóo, líder del Partido Popular, no cree que Isabel Díaz Ayuso deba dar más explicaciones o asumir responsabilidades por la denuncia de doble fraude fiscal presentada por la Fiscalía contra su pareja, Alberto González Amador. En una entrevista concedida a OkDiario, el político responsabiliza a Pedro Sánchez y su Gobierno de las filtraciones de datos sobre el caso, entiende que la presidenta madrileña es víctima de una “trama mediática” y también del “machismo”: “No es un problema del PP o de la señora Ayuso, esto es un problema de un ciudadano que parece ser es pareja de la señora Ayuso”, asegura.

Núñez Feijóo entiende que el ejecutivo central busca “empatar” con este caso las acusaciones que investiga la Audiencia Nacional sobre la trama corrupta supuestamente liderada por Koldo García, exasesor del entonces ministro José Luis Ábalos. “Buscan empatar, pero no van a empatar porque la verdad le acaba ganando a la mentira”. En la entrevista, el líder del PP reduce la denuncia por doble fraude fiscal y falsedad documental a “conversaciones para regularizar” el Impuesto de Sociedades.

Acto seguido, ha apuntando a una motivación machista en la exigencia de explicaciones a la presidenta regional sobre el fraude fiscal reconocido por su pareja: “Es curioso el sentido del feminismo que tiene este Gobierno, hace responsable a una mujer de lo que hace su pareja e incluso de lo que hace su pareja antes de ser su pareja”, ha afirmado. La supuesta falsedad y el fraude fiscal, según la Fiscalía y la Agencia Tributaria, se cometió en las declaraciones fiscales de las empresas de Alberto González relativas a 2020 y 2021, presentadas por tanto cuando ya eran pareja.

Preguntado sobre si hacer responsable a una mujer de lo que hace su pareja es algo que “pasaba en el franquismo”, el líder del PP ha contestado afirmativamente. “Sí, lamentablemente lo que pasaba en el franquismo ya lo hemos superado hace 40 años. El problema es que esto pasa aquí y ahora”, ha contestado textualmente. Es algo, dice, “absolutamente machista”. “¿Qué tiene que ver la señora Ayuso con esto?”, se ha preguntado tras defender que las empresas de la pareja de la presidenta regional no tenían contratos con la administración que dirige. “No tiene ninguna responsabilidad, ni directa ni indirecta”.

Siguiendo la estrategia de partido de los últimos días, Núñez Feijóo ha puesto el foco en la publicación y filtración de los datos que afectan a la denuncia presentada por la Fiscalía en los juzgados de Madrid. “Me parece que el caso Ayuso se puede convertir en el caso Montero”, ha dicho, apuntando a la ministra de Hacienda por sus afirmaciones sobre el caso. “Está dando información fiscal y tributaria de un ciudadano cuando la Ley es contundente”.

A este respecto, no ha dudado en vincular el origen de las informaciones en la Fiscalía: “La pregunta que yo intentaba hacerle de forma retórica es quién de la Fiscalía y quién de la Agencia Tributaria, es evidente que...” ha dicho después de que el entrevistador, Eduardo Inda, afirmara que es un “hecho incontrovertido” que la filtración proviene de la Agencia Tributaria “por órdenes de arriba”.

Preguntado por si Pedro Sánchez es “la mano que mece la cuna” detrás de la denuncia por doble fraude fiscal a la pareja de Ayuso, Feijóo afirma: “Tengo claro que el señor Sánchez lo sabía, lo consiente y aceptó que se montase este paripé contra la señora Ayuso, no tengo la menor duda, el señor Sánchez es consentidor y prueba de ello es que me pide la dimisión”.

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Raúl García y Alfonso Lázaro son los protagonistas de uno de los procesos judiciales más polémicos de la última década. Encarcelados y acusados de enaltecer el terrorismo delante de un grupo de niños en una obra de títeres en el distrito madrileño de Tetuán, la Justicia nunca pudo probar las acusaciones que les llevaron a pasar varias noches en Soto del Real y, siete años después, ha reconocido su derecho a ser indemnizados por los periodistas que les insultaron. El Tribunal Supremo ha condenado al digital Okdiario y a su director, Eduardo Inda, a pagar 4.000 euros a cada uno por llamarles “proetarras” cuando la causa contra ellos ya se había archivado, una reparación similar a la que tuvo que pagarles Alfonso Rojo con su medio, Periodista Digital.

Los dos miembros de la compañía de títeres fueron detenidos por la Policía Municipal el 5 de febrero de 2016 mientras representaban una obra de marionetas titulada 'La bruja y Don Cristóbal' con su compañía, 'Títeres desde Abajo', en la que aparecía una pequeña pancarta con el mensaje “Gora Alka-ETA” en el marco de una denuncia contra la violencia policial y sexual. El juez Ismael Moreno, de la Audiencia Nacional, no tuvo dudas y les envió directamente a prisión provisional sin fianza porque según afirmó entonces “obviamente” esa pancarta podía suponer una justificación combinada de los terrorismos etarra y yihadista.

Semejante obviedad se diluyó muy poco tiempo después. La Fiscalía rectificó y pidió su puesta en libertad, el juez accedió y los dos abandonaron la cárcel de Soto del Real tras cinco días entre rejas, sin hacer declaraciones y entre una nube de cámaras. La obviedad desapareció del todo cuando cada una de las causas contra ellos quedaron archivadas: en las que estaban acusados de enaltecer el terrorismo y en las que se planteó la existencia de un delito de odio, también inexistente.

Todo el periplo penal duró menos de un año hasta llegar al archivo definitivo. Pero, para entonces, los dos titiriteros de Tetuán eran ya uno de los principales puntos de conflicto de la política local madrileña. Se convirtieron en arma arrojadiza contra el Ayuntamiento de Madrid, pero también en objeto de disputa interna en el ejecutivo de Manuela Carmena. Fue una polémica que recuperó otra anterior, pues sólo unos meses antes el concejal de Cultura, Guillermo Zapata, había tenido que dejar el puesto por unos tuits de humor negro publicados cuando ni siquiera era cargo público.

Mientras la oposición del PP acusaba al Consistorio de permitir que unos titiriteros ensalzaran a ETA delante de los niños, la propia alcaldesa Manuela Carmena llegó a denunciar a la compañía y cuestionó la actuación de su edil de Cultura, Celia Mayer. El PP presentó una denuncia por enaltecimiento del terrorismo, Ciudadanos habló de “apología del terrorismo con menores” y la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) inició su propia querella.

Antes y después del archivo de todas las causas, los dos titiriteros fueron fijos durante días en las portadas de la prensa conservadora. A veces para informar sobre el caso y a veces para cargar contra el Ayuntamiento de Madrid. Dos medios de comunicación digitales se refirieron a ellos como “proetarras”, “facinerosos” o “titirietarras”. Ahora, el Tribunal Supremo ha condenado a uno de ellos, Okdiario, y a su director a pagar 4.000 euros a cada titiritero por referirse así a ellos cuando ya no estaban acusados de terrorismo. Una sentencia similar a la que condenó hace un año a Alfonso Rojo y Periodista Digital a pagar 3.000 euros a cada uno por usar esas expresiones.

Los dos titiriteros demandaron por la vía civil al periódico de Eduardo Inda por más de una veintena de informaciones en las que se referían a ellos con esos términos, llegando incluso a relacionarlos sin pruebas con una asociación cercana a los presos de ETA. En primera instancia un juzgado desestimó la petición, pero la Audiencia Provincial de Madrid reconoció sendas indemnizaciones de 15.000 euros por vulneración del honor.

Como ya sucedió en el caso de Rojo y Periodista Digital, la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo ha rebajado las indemnizaciones que Okdiario y su director deben pagar a los dos titiriteros: 4.000 euros por cabeza. La sentencia, a la que ha tenido acceso elDiario.es, diferencia entre los titulares que les llamaron “proetarras” cuando todavía estaban imputados por terrorismo y los que insistieron en hacerlo cuando la causa ya había sido archivada.

En el primer caso, los jueces entienden que el periódico digital no emitió informaciones inveraces porque, en ese momento, sí estaban imputados por enaltecimiento del terrorismo. Pero en informaciones posteriores, cuando ya estaban exonerados, “no cabe apreciar la concurrencia del requisito de la diligencia profesional”, dicen los jueces. Usaron un término “sin duda en sí mismo oprobioso y acreedor de reproche social” que atentó contra el honor de los titiriteros.

El “sensacionalismo” de una noticia de Okdiario que se refería a ellos con ese término, dice el Supremo, es “determinante” para considerar que deben ser indemnizados. También reprochan los jueces que en otra noticia del digital se afirmase falsamente que durante la obra infantil de títeres se lanzaron “vivas a ETA”, lo que definen como “afirmaciones inciertas o inveraces”. También reprocha al propio Inda que no dijese la verdad en La Sexta Noche cuando afirmó que uno de ellos pertenecía a una asociación cercana a los presos de ETA.

Esta sentencia es la segunda resolución firme en la que el Tribunal Supremo reconoce una indemnización para los titiriteros de Tetuán, no por los cinco días que pasaron entre rejas sino por todas las veces en las que fueron llamados “proetarras” cuando ya nadie les acusaba de enaltecer el terrorismo. En total, 7.000 euros para cada uno entre Okdiario y Periodista Digital con sus respectivos directores pagando de forma solidaria, además de la obligación de publicar su condena en sus medios “con su misma relevancia por término de una semana”.

“Es para hacer una reflexión como sociedad”

Han pasado casi ocho años desde ese auto de la Audiencia Nacional que les envió durante cinco días a prisión provisional sin fianza, acusándolos no solo de enaltecer a ETA y a Al-Qaeda sino de tener una libreta anarquista ligada a la fallida operación Piñata y de ahorcar un muñeco de un juez en la obra. Jaime Montero, su abogado desde el primer minuto leyó en directo en la radio el auto que les ponía en libertad. “Es para hacer una reflexión como sociedad, y los periodistas”, explica ahora en declaraciones a elDiario.es.

El letrado lamenta que las indemnizaciones del Supremo no alcancen a esas informaciones que también se referían a ellos como “proetarras” cuando estaban imputados pero ni siquiera habían sido juzgados. “Lo que hace el Supremo es ventilarse la presunción de inocencia”, reflexiona, extendiendo ese efecto a los medios de comunicación “a la hora de tratar las noticias”.

Para Montero, el de los titiriteros de Tetuán fue “el primero de los casos de lawfare contra Podemos”, en un contexto en que el caso fue usado como arma contra uno de los entonces denominados “ayuntamientos del cambio”, amparados, entre otros, por el partido que entonces dirigía Pablo Iglesias. “Esos cinco días en prisión no son entendibles si no se vinculan con esa circunstancia, con ese gobierno, y es importante resaltarlo ahora que los jueces se hacen cruces con este tema”, explica.

Para el abogado, tanto la orden de prisión como toda la investigación del caso fue “un auténtico esperpento sin base jurídica real”. Todo por una obra que, recuerda, “criticaba precisamente el empleo espurio de los tribunales contra los movimientos anarquistas, una obra con autoprofecía”.

Ellos se vieron envueltos “en una guerra política y mediática” y los medios condenados a indemnizarles “fueron parte”, denuncia el abogado. “Es impresionante ver los telediarios, las noticias de Antena 3 o Telecinco... No se emplearon términos tan gruesos pero es impresionante ver cómo se abrieron los telediarios, dándole un tratamiento de haber detenido a dos etarras después de cometer un atentado, una hipérbole que solo se explica por su posible utilización política”, sentencia.

La presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, ha cargado este jueves con especial dureza contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y lo que ha denominado el “pacto de la poltrona” para conseguir el apoyo de sus socios a su investidura –para la que aún no hay fecha– y poder mantenerse “como sea” en el poder.

En un acto organizado por OK Diario, la dirigente el PP de Madrid se ha cebado con el aspirante a la Moncloa, al que ha acusado de llevar a España a “la estrategia de la carcoma” y de “ir minando las instituciones”, por lo que ha vaticinado que “algún día Sánchez tendrá que rendir cuentas por lo peor que se puede juzgar a un gobernante: por traicionar a su nación”.

“Desde Madrid seguiremos diciendo que este pacto de la poltrona de Sánchez será la mayor inmoralidad y deslealtad de la democracia”, ha afirmado Ayuso, que ha añadido que “a España no se la puede sentar en el banquillo”, por lo que ha adelantado que el país cuenta con su partido, el PP, y “con Madrid”, que “ha estado y estará para toda España, vengan los desafíos que vengan, ofreciendo prosperidad, estabilidad, trabajo, lealtad, buenas ideas y soluciones”.

“España, a diferencia de otros países, no solo tiene que afrontar las dificultades de la inestabilidad mundial. Nosotros, a los enemigos de nuestra prosperidad, de nuestro prestigio en el mundo, y del empleo los tenemos dentro y son Pedro Sánchez y sus socios en este siniestro pacto de la poltrona”, ha insistido

La presidenta regional ha recordado que ella misma avisó hace un año “de la estrategia de la carcoma de Sánchez y sus socios”, que no es otra que la de “la de ir minando las instituciones y las garantías constitucionales” hasta que “no quedase nada”, ya que “todas estarían destruidas, deslegitimadas o colonizadas por afines al poder”. “No me equivoqué. Estamos en una situación límite”, ha sentenciado.

Ayuso ha desgranado la situación económica por la que atraviesa nuestro país, cuyo panorama ha pintado muy negro, y ha criticado las medidas que han pactado el PSOE con Sumar de cara a la investidura del presidente del Gobierno en funciones.“Sánchez es ya un lastre para la economía española, pero en combinación con Sumar, resultan letales. Es la fórmula mortal para argentinizar nuestra economía y arruinar a empresas y ciudadanos”, ha opinado. “ Y ahora quiere que la factura de todo este asalto la paguen las empresas, los trabajadores, los autónomos y las familias. Y aún le deberíamos siete millones de euros a sus cómplices, para sus fianzas”, ha lamentado.

La llegada masiva de inmigrantes y el “temor por la seguridad nacional”

Ayuso también se ha referido a la crisis migratoria que vive nuestro país, en especial Canarias, con la entrada ilegal de miles de personas, y en este terreno ha desgranado un discurso muy similar al de Santiago Abascal y la extrema derecha, quejándose de que no han recibido explicaciones por parte del Gobierno y alertando de sus consecuencias.

“Cuando uno está dedicado a dinamitar la nación española es incapaz de gestionar nada, empezando por la llegada masiva de inmigrantes que sin más diálogo ni más previsión, se disponen a repartir a miles de ellos entre las comunidades autónomas en un momento de máximo temor por la seguridad nacional”, ha dicho. Según ha afirmado luego en el coloquio posterior, la Comunidad de Madrid se enteró por la prensa de la llegada de inmigrantes a la región: “Esto pasa cuando uno está a su supervivencia, se ocupa de sí mismo y no de los problemas reales de España”.

“¿Qué puede salir mal cuando quien ostenta la Presidencia de turno de la Unión Europea, en lugar de estar protegiendo las fronteras de la Unión y de tu país está a todo lo contrario? No sé lo que nos encontramos y lamento no tener mucha más información de cuántos inmigrantes han entrado”, ha dicho Ayuso, para recordar después que también el presidente de Canarias “llevaba mucho tiempo avisando en las conferencias de presidentes y en otras muchas reuniones acerca de la situación que se estaba viviendo en las islas”.

“Pero Sánchez no hizo nada y cuando el problema ya se ha desbordado y ya le superan las imágenes, que es lo único de lo que viven, es cuando ha tomado una medida como ésta, con nocturnidad para quitárselos de encima, pero no para ayudarles, ofrecerles soluciones o proteger las fronteras”, ha insistido.

También se ha referido al ministro Escrivá que la tildó de “xenófoba” por decir que el Gobierno trataba “como fardos a los inmigrantes”. “Quizás sean ellos los que lo son tratando así a las personas, que colocan y de los que se desentienden completamente. Van a dejar que sean las ONG supuestamente las que estén con ellos”, ha contraatacado.

“Las instrucciones del matón Otegi nos hielan la sangre”

En su intervención de este jueves, Ayuso ha continuado cargando contra las acuerdos de investidura: “El delirio se remata [ha proseguido] con la promesa de reforma de la financiación autonómica, suponemos que a medida de los que gritaban 'España nos roba', con más impuestos a la banca, a las energéticas, a las multinacionales, o con encarecer el despido”.

La presidenta, no obstante, ha regresado pronto a dirigir sus dardos contra Bildu y Otegi: “Estos días hemos conocido nuevos capítulos del historial sangriento de Arnaldo Otegi, que nunca termina de escribirse: ahí están los nueve secuestros y el asesinato que le atribuyen otros miembros de ETA, los suyos. Sus instrucciones de matón al resto de la banda nos ha vuelto a helar la sangre”. “Y me cuesta creer que ni siquiera nos hayamos planteado preguntar al Tribunal Supremo si ese partido político debe ser ilegalizado. Me cuesta creer que quienes cometieron los delitos más graves contra la vida y la libertad, que quienes impusieron un régimen corrupto de extorsión, miedo y asesinatos en el País Vasco, que quienes expulsaron a decenas de miles de vascos de su tierra, vayan a decidir ahora el futuro de España”, ha rematado.

La presidenta regional también ha tenido tiempo para adelantar algunas de las líneas maestras de sus nuevos presupuestos, que sacará adelante sin problemas esta vez gracias a su mayoría absoluta. Van a ser, ha dicho, los “más potentes de la Comunidad de Madrid en toda su historia”, superando los 27.500 millones, con un aumento de casi un 20% respecto a los anteriores.

“Estos Presupuestos se han hecho pensando en las personas, porque casi el 90% es gasto social, muy diferente del socialista que nos proponen”, ha remachado. Además, “habrá una inversión histórica en Sanidad, que recibirá más de 10.000 millones, y en Educación, con más de 6.400 millones” y se destinará otros 100 millones de euros a combatir el desempleo entre los jóvenes.

Es una pelea con tintes navajeros de políticos y comunicadores a través de las televisiones y radios más afines a la extrema derecha. Los medios ultras protagonizan durante las últimas semanas una encarnizada batalla con insultos y graves descalificaciones que algunos de ellos se venían cruzando desde hace años, pero que ha llegado mucho más lejos y ahora salpica a sus partidos de referencia: PP y Vox.

Federico Jiménez Losantos utiliza su programa de esRadio para llamar “meapilas”, “escoria” o “basura” a los responsables de 7NN, una nueva televisión vinculada a la fundación Francisco Franco y a Hazte Oír. OK Diario, el periódico de Eduardo Inda, tilda a Javier Negre de “mentiroso”, “manipulador” u “homófobo”. Y, para cerrar el círculo de la violencia verbal y las descalificaciones, Negre trata de vincular a Losantos con la izquierda y le reprocha haber iniciado la escalada de acusaciones en busca de subvenciones del PP. Losantos, entretanto, ataca estas semanas a Vox mientras recuerda que es votante suyo y que fue su medio en solitario el que defendió el proyecto de Santiago Abascal nada más nacer. En medio de un ingente lodazal que entremezcla acusaciones políticas y hasta personales, Negre y 7NN cargan, además, contra la supuesta tibieza del PP de Feijóo con el Gobierno.

Este escenario de choque total entre comunicadores y agitadores sociales que hasta hace nada se retroalimentaban se ha recrudecido justo cuando PP y Vox afrontan un ciclo electoral clave, que comienza a finales de mayo con las municipales y autonómicas y que derivará a final de año en las generales. Serán doce meses de dura pugna por electorado de la derecha más radical. Los partidos de Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal que, pese a la disputa, siguen gobernando en coalición o con acuerdos en ayuntamientos y comunidades –y se preparan también para gobernar juntos el país si la suma se lo permite tras las generales de diciembre– pelean por millones de votos que hasta 2018 lograban aglutinar los populares, pero que cuando surgió el partido de extrema derecha se marcharon a Vox.

Esos votantes que se debaten entre apoyar al PP o a la ultraderecha escuchan las arengas de Jiménez Losantos en esRadio, leen OkDiario y desde hace meses tiene a su disposición nuevos canales con un tono todavía más grave: EDA TV, de Javier Negre, El Toro TV –lo que antes era Intereconomía– y la recientemente creada 7NN, vinculada a la Fundación Francisco Franco y a la ultracatólica Hazte Oír. Igual que los partidos pugnan por las urnas, todos estos medios mantienen su propia batalla para intentar atraer a los ciudadanos de derechas más radicalizados, pero también por hacerse con las generosas partidas de subvenciones y publicidad institucional de las administraciones controladas por las formaciones conservadoras.

En esa tarta quien manda es Isabel Díaz Ayuso, que maneja un presupuesto anual de 20.000 millones de euros al frente la Comunidad de Madrid –este ejercicio serían 2.000 más si Vox le hubiera apoyado las cuentas en la Asamblea–, de los que manan muchas campañas y ayudas a los medios más afines.

Aunque los exabruptos entre todos esos comentaristas y empresarios –y entre estos y PP y Vox– son una constante prácticamente desde hace cuatro años, el enfrentamiento se agudizó hace apenas dos semanas y coincidió con la batalla interna que vivieron PP y Vox en el gobierno de Castilla y León que gestionan en coalición. La crisis se produjo a partir del pasado día 12 por el anuncio de un protocolo antiabortista por parte del vicepresidente regional, Juan García-Gallardo, de la extrema derecha, que según él iba a obligar a los médicos de la sanidad pública a ofrecer a las mujeres que quisieran interrumpir sus embarazos a que escucharan el latido de los fetos y a realizarles ecografías en 4D con el único fin de persuadirles para que no abortaran.

García-Gallardo, un “mendrugo” y un “majaderín”

Pese a que García-Gallardo anunció ese protocolo en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno de la Junta y junto al portavoz del Ejecutivo, del PP, que no le contradijo, el presidente autonómico, el también popular Alfonso Fernández Mañueco, tras numerosas contradicciones, terminó asegurando que ese protocolo no existía. Y aunque su vicepresidente lo anunció en la rueda de prensa oficial de su propio gobierno, Mañueco llegó a afirmar que el protocolo se lo había “inventado” la izquierda para dañar a su equipo.

El 17 de enero, cinco días después del anuncio de Vox en Castilla y León, esta fue la reflexión que dedicó Federico Jiménez Losantos a la mencionada polémica sobre el aborto y, en concreto, a García-Gallardo, que había sido entrevistado el día anterior en El Programa de AR, en Telecinco: “Ayer tuve la paciencia de ver la entrevista, mejor dicho, la agresión de este mendrugo que puso Vox en Castilla y León porque era lo que tenía (..). Parecían los primeros momentos de Vox, cuando creían que podían mandar sobre los medios y nos montaban unos pollos morrocotudos a los que antes de que naciera esta gentuza ya estábamos jugándonos el puesto de trabajo y más cosas metiéndonos con la ETA, con el PSOE, con los comunistas, etc. Y viene ahora un joven majaderín, que en su puñetera vida ha hecho nada, más que ser pasante de algún bufete de provincias y se pone chulo como dándote clases”.

“O piensas como nosotros sobre el aborto o eres un asesino”, añadió Losantos, aludiendo a Vox. “Bueno, asesina será tu madre”, remachó. “Es que no lo entienden. Vivimos en una sociedad plural. Los protocolos de los que tanto presume [anunciados por García-Gallardo supuestamente para impedir abortos] están en la Comunidad de Madrid hace años para las mujeres que quieren tener niños. La que no quiere tener niños no los va a tener porque le des ni el latido ni tal (...) ¿Este qué se ha creído, que es ministro de Franco? Si tú no sabes [añadió, dirigiéndose al vicepresidente castellano y leonés]. Ni eres mujer, ni tienes hijos, ni tienes una familia. No tienes nada, más que vanidad y presunción. Y te crees la mamá de Tarzán porque sales en la tele. Sales en la tele perjudicando a tu partido, a la derecha y favoreciendo a Sánchez. Métete esto en el escaso lugar que tengas en el cerebro. Bueno, cerebro no que eso está deshabitado”. Solo unos días más tarde, Losantos añadió, sobre García-Gallardo: “Es tonto pero de ventanas a la calle. El feto tendrá latido, pero que haya vida activa en el cerebro del vicepresidente de Castilla y León admite dudas”.

La discusión con Monasterio

El 18 de enero Losantos entrevistó en su programa a la portavoz de Vox en la Asamblea de Madrid, Rocío Monasterio, lo que se convirtió en una durísima discusión con acusaciones cruzadas. El presentador, que una y otra vez reprochó a la dirigente de Vox que no apoyara los Presupuestos de Isabel Díaz Ayuso en la Comunidad de Madrid y, por tanto, de votar “con los comunistas”, también le preguntó qué hace la extrema derecha “presumiendo de protocolos que ya están en la Comunidad de Madrid desde hace años”. Ella le contestó que Vox solo ha defendido “que se tiene que ofrecer información a la mujer”. “No necesitamos la protección de los politicuchos, de El País, ni de la Ser ni de todos los tertulianos que nos tratan como a tontas”, insistió Monasterio, que ve en los medios del grupo Prisa y su influencia en el PP la causa de toda esta polémica.

“Somos capaces de decir sí o no. ¿Qué problema hay en ofrecer a todas las mujeres embarazadas una ecografía 4D? ¿Por qué tenemos miedo a informar a las mujeres?”, se preguntó ella. Una de las ocasiones en las que Monasterio reiteraba este mensaje, Losantos le respondía: “Pero si ya lo has oído [el latido del feto]. Te lo puedes poner de politono en el móvil, si te hace ilusión”. En otro momento, Losantos se preguntó por qué en Vox creen que son “los únicos” que saben “lo que es la vida”: “¿Por qué creéis algunos que sois los únicos que sabéis lo que es la vida, los únicos que la defendéis, y que los demás tenemos que acatar sumisamente, con afecto, simpatía y devoción la idea que vosotros tenéis de la vida? ¿Por qué?”

“¿Dónde está el protocolo? ¿Dónde está el protocolo? ¿Dónde está el protocolo?”, interrumpió Losantos a Monasterio varias veces seguidas, con impaciencia. “No puede ser que medios de izquierdas y medios de no izquierdas se sumen a las tesis de la Ser y ataquen a Vox”, le respondió ella, acusando así a la propia esRadio en la que hablaba de hacer continuismo de la izquierda y provocando un enfado monumental en Losantos.

La entrevista agudizó la lucha entre el grupo empresarial del locutor, que engloba también a Libertad Digital, y otras empresas de la comunicación que apoyan a la extrema derecha, así como entre Losantos y Vox. Precisamente un trabajador de EDA TV, la televisión por internet de Javier Negre, enfrentada con Losantos, preguntó el pasado día 20 al portavoz de la extrema derecha en el Congreso, Iván Espinosa de los Monteros, acerca de la entrevista a Monasterio y por las palabras que dedicó el locutor a García-Gallardo. “Yo creo que hay muchos medios que tienen miedo de que su financiación esté en entredicho, hay un sprint para atacar a Vox”, apuntó él.

A lo que Espinosa de los Monteros quiso referirse es que el grupo de Jiménez Losantos ha sido desde su nacimiento uno de los grandes beneficiados de la publicidad institucional por parte de gobiernos del PP, tal y como publicó en su día elDiario.es. La insistencia del locutor por el hecho de que Vox tumbara los Presupuestos de Ayuso ha sido interpretado por la extrema derecha denunciando que el propio Losantos tenía intereses en que salieran adelante esas cuentas por lo que su empresa recibe en subvenciones por parte de la Comunidad de Madrid. La idea fue azuzada por Espinosa de los Monteros, pero también por Javier Negre o 7NN.

El Ejecutivo de Mariano Rajoy ya había mimado a la empresa que engloba a esRadio y Libertad Digital: fue la segunda que más publicidad recibió de la Moncloa aunque el locutor dedicase durísimas diatribas al expresidente del PP, al que llegó a llamar “maricomplejines”. Pese a esas reprimendas radiofónicas, la relación de Losantos y el PP siempre ha sido estrecha. Por ejemplo, tras el lanzamiento de una ampliación de capital en 2004 para intentar conseguir 5,34 millones de euros, el locutor se reunió con Ángel Acebes, entonces secretario general del PP, y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre. Ambos políticos le dieron su apoyo, pero la exlideresa popular argumentó que sería más eficaz si la petición de respaldo salía del PP en Génova, y no del Gobierno de Madrid. Acebes se ocupó de la tarea y gracias a la ayuda del partido solventaron esa operación. Entre los accionistas del grupo de Losantos está, además, la diputada del PP Cayetana Álvarez de Toledo.

Esta vinculación y el ansia por lograr nuevas campañas de la Comunidad de Madrid explican, según han aireado los portavoces de Vox, los duros reproches que lanzó Losantos contra Monasterio y que, según esta tesis, no iban tanto por su plan contra el aborto en Castilla y León sino por no apoyar unos presupuestos de Ayuso que iban a incrementar el gasto en pleno año electoral por más de 2.000 millones. Las insinuaciones al respecto lanzadas por Espinosa de los Monteros hicieron estallar al presentador de esRadio. “Aquí no hay ninguna financiación en entredicho. Nosotros nos financiamos de modo transparente y todos los años presentamos las cuentas ante nuestros socios. O hay una rectificación inmediata o Espinosa de los Monteros tendrá que sentarse en el banquillo”, advirtió.

Para Losantos, “la existencia” de Vox “se debe en buena parte” a esRadio, la emisora que dirige. “Hemos dado más oportunidades a Vox que ninguna empresa mediática en España”, añadió, en un editorial de hace una semana. “Financiación en entredicho la tuya, Espinosa de los Monteros, que estás condenado”, le dijo, haciendo alusión a la decisión de un juzgado de embargar el sueldo de diputado del dirigente de Vox por no pagar a las empresas que se encargaron de reformar una de sus viviendas, tal y como adelantó elDiario.es. “Porque yo tengo una empresa, tú serás el primogénito de un marqués, pero yo soy hijo de zapatero y me considero muy superior a ti. Es más, lo soy, porque yo no he tenido nada para empezar y he llegado más lejos que tú. Yo me he jugado la vida cuando tú no sabías ni lo que era la vida, cuando eras un mamoncete con la cuchara de plata”, le espetó.

Negre, el Yunque y Putin

En otro de sus editoriales, Losantos vinculó a Vox con el Yunque, una secta ultracatólica con ramificaciones en España y Latinoamérica y con presencia en distintos medios de comunicación de ultraderecha. “¿Dónde está la polémica del aborto?”, se preguntó el locutor en uno de sus programas. “Pregunto porque veo mucho meapilas y mucha escoria. Un sector siniestro de Vox los tiene literalmente a sueldo. Son los del Yunque, que están en la cadena esa de los siete enanitos, 7NN. El Yunque, sociedad secreta delictiva y delictuosa condenada por la Iglesia”, dijo.

“Toda esta pandilla basura del Yunque, todos esos malhechores, son una sociedad secreta que recibe dinero de Putin y del extranjero. Siendo unos mindundis que no han pintado nunca nada en los medios, anuncian, en plena crisis, 40 emisoras de TDT en toda España. ¿De dónde sale el dinero, Luis Losada [que fue directivo de Intereconomía y que ahora está en 7NN], de dónde? Porque vosotros no facturáis nada, no sois una empresa como es debido. Tú eres del Yunque. El otro día sacaron a una nenita haciéndose la tonta: 'Ay, Federico, no digas que somos del Yunque que qué va a pensar mi madre'. Pues tu mamá va a pensar que eres tonta por trabajar para el Yunque, salvo que seas del Yunque”, añadió.

Losantos también cargó contra EDA Tv y su responsable, Javier Negre, al que consideró “un siervo” de Espinosa de los Monteros. “¿Pero tú crees que un partido de cuatro millones de votantes puede actuar como una secta con el Negre y el Toro? ¿Es eso una política de comunicación? Las nuestras son empresas saneadas, no como esos chiringuitos ultraevangélicos donde os refugiáis, que ni pagan ni indemnizan. Son cubiles de meapilas que empiezan por engañar a los cristianos y acaban por no pagar a los trabajadores. Esos van cerrando y cambiando de nombre para mantener la misma estafa. Pero, claro, algunos se creen que al nacer ya tienen derecho a servidumbre. Pues dale una moneda al siervo del Negre y un trozo de pan”, le espetó el locutor al portavoz de Vox.

Negre le respondió con la misma tesis que Espinosa de los Monteros: “Cuando Federico Jiménez Losantos atiza a un líder del PP o Vox, siempre hay cuestiones económicas detrás, como cuando se mete con empresas privadas porque no se quieren anunciar en su radio (...) Federico va contra nosotros, no se entiende, solo se explica desde el nerviosismo de ver cómo estamos creciendo”.

La guerra en la extrema derecha prosigue y, vista la actitud de sus protagonistas, amenaza con recrudecerse en los próximos meses coincidiendo con las elecciones, donde se van a mezclar el dinero que puedan recibir estos medios de las administraciones públicas y los celos de los responsables de estas radios, diarios y teles por el trato preferente tanto de PP y Vox. Javier Lorente, profesor de Ciencias Políticas de la Universidad Rey Juan Carlos, tiene claras las razones: “Es periodo preelectoral y hay un toque de corneta por parte de los financiadores hacia sus medios afines”.

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La Audiencia Provincial de Madrid ha decidido confirmar la absolución del reportero de OkDiario acusado de acosar a los dos hijos de Irene Montero y Pablo Iglesias en las inmediaciones de su casa de Galapagar, así como a la mujer que en ese momento cuidaba de ellos. Los jueces afirman, entre otras cosas, que el temor que sintieron los dos políticos no era por el posible acoso sino porque el reportero del digital de Eduardo Inda “pueda descubrir y posteriormente facilitar información sobre el lugar y forma en el que los menores son cuidados” y que eso pusiera en riesgo la seguridad de los niños.

Tanto los dos políticos como la Fiscalía llevaron al banquillo de los juzgados de lo penal a Alejandro Entrambasaguas, reportero del digital OkDiario, acusándole de haber acosado en varias ocasiones a sus dos hijos pequeños y a la mujer que cuidaba de ellos con el pretexto de buscar información. Lo habría hecho tanto en el parque donde salían a pasear como en su propio domicilio, llamando al telefonillo, y pidiendo información a los vecinos de la zona.

El juzgado de lo penal decidió absolverle basándose en varios argumentos. El primero, que la cuidadora de los niños no había denunciado y por tanto no podía ser condenado por ese acoso. El segundo, que los dos niños eran tan pequeños que no pudieron percibir ningún acoso. El tercero, que el reportero buscaba información sobre una supuesta irregularidad en el cuidado de los niños que nunca fue encontrada ni, por tanto, publicada.

La Audiencia Provincial de Madrid acaba de avalar esos argumentos y ha confirmado la absolución de Entrambasaguas, en una sentencia que todavía puede ser recurrida ante el Tribunal Supremo. En primer lugar, los jueces analizan que el reportero “no realiza materialmente ninguna de las conductas contenidas en los escritos de acusación”. Dice que, con respecto a Pablo Iglesias, sólo se cruzaron en una ocasión “intentando pasar desapercibido” y que no tuvo “ningún tipo de contacto” con Montero.

Sobre sus hijos, unos bebés en esos momentos, explican los jueces que tampoco tuvo ningún tipo de contacto y la cuidadora de los niños nunca se personó en el proceso. Queda claro para los jueces que el reportero “no quiere realizar acción alguna que pudiera entenderse de hostigamiento ni contra los recurrentes, respecto de los cuales intenta pasar desapercibido, lo que sabe que es difícil puesto que el personal de seguridad le ha identificado en la zona, ni mucho menos contra los menores”. No se identificó como periodista, pero dicen los jueces que tampoco tuvo oportunidad de explicarse ya que nadie quiso hablar con él.

El temor que tanto Iglesias como Montero sintieron y relataron en el juicio y les llevó a denunciar los hechos, según los jueces, no viene por la posibilidad de que Entrambasaguas causara algún mal a sus hijos. Viene, según dice la sentencia, porque el periodista “pueda descubrir y posteriormente facilitar información sobre el lugar y forma en el que los menores son cuidados”. Dicen esto los jueces basándose en la declaración de un policía que afirmó que “lo que les preocupaba es que el acusado pudiera difundir imágenes o direcciones, o que su presencia tuviera un efecto llamada con el riesgo de que terceras personas pudieran acercarse a los menores”.

Es decir, que según la Audiencia Provincial el problema no era una afectación a la libertad de los menores que no se produjo, sino que era que Iglesias y Montero pensaban “que si publicaba información al respecto la divulgación de la misma podía suponer un peligro para la seguridad de los niños o de los querellantes por la posible acción de terceros, sin que resulte acreditado que finalmente se facilitara información alguna”.

El juzgado de lo penal 30 de Madrid ha decidido absolver a Alejandro Entrambasaguas, periodista del digital OkDiario, acusado de acosar a la mujer que cuidaba de los dos hijos pequeños de Irene Montero y Pablo Iglesias. Para el juez su actuación “no constituyó un delito, pues ni los actos por sí mismos, ni por la forma en que fueron ejecutados, ni por su número, ni por el lapso temporal, permiten considerar la existencia de hostigamiento aunque generasen una inquietud muy relevante tanto a la cuidadora como a los padres de los menores”, dice.

El reportero Alejandro Entrambasaguas se sentó en el banquillo de los juzgados de Julián Camarillo, en Madrid, el pasado 9 de febrero con la Fiscalía pidiendo un año de cárcel para él y la acusación, ejercida por los padres de los niños, duplicaban esa petición.

Según relató tanto la mujer que cuidaba de los niños como Iglesias y Montero, en 2019 el redactor del digital que dirige Eduardo Inda acudió al domicilio de la pareja en Galapagar e intentó contactar con ella varias veces a través del telefonillo. También lo intentó a través del teléfono móvil de la mujer y, finalmente, llegó a grabar a la mujer con una cámara. Lo intentó varias veces entre noviembre y diciembre de ese año.

El juez empieza por descartar que la pareja o sus hijos, muy pequeños en ese momento, fueran víctimas de algún tipo de acoso. “Ni vieron ni escucharon nunca nada de lo que pudo hacer el acusado”, dice sobre Iglesias y Montero. Y sobre los niños, explica que eran tan pequeños que no se enteraron: “Con poco más un año en la fecha de los hechos, con toda seguridad eran ajenos a lo que ocurría a su alrededor y concretamente a las llamadas a la puerta o por teléfono que pudiera hacer el acusado”, dice, al tiempo que rechaza que los bebés fueran “sujetos pasivos del delito”.

La denuncia de sus padres, además, no es válida al ser interpuesta por terceras personas y el Código Penal exige que la denuncia sea de los directamente afectados: “Exige como condición de procedibilidad la denuncia de la persona agraviada o de su representante legal que en este caso no concurre”, dice en un caso en el que se denuncia acoso a dos niños menores de dos años de edad. En su cuenta de Twitter, Iglesias ha anunciado que recurrirán.

El juez avala la versión de Entrambasaguas y explica en los hechos probados que su objetivo no era hostigar a la familia de la ministra y el entonces vicepresidente sino obtener información sobre quién y cómo cuidaba a sus hijos. “Dada la repercusión pública de los progenitores por tener cargos políticos de notoria relevancia, el acusado en su condición de periodista pretende iniciar una investigación sobre las condiciones en las que desarrolla la actividad profesional la cuidadora”, dice la sentencia.

En primer lugar la sentencia destaca que el periodista, en realidad, no llegó a contactar con la mujer que cuidaba a los niños aunque sí llamó varias veces por teléfono y hablar por el telefonillo de la casa. “No solamente no conoce a la persona que supuestamente pretende acosar, sino que ni la ve ni intercambia una sola palabra con ella. Y esto es así porque no le dio opción a hablar y se negó desde el primer momento no ya a abrirle la puerta de su casa sino también a contestar a las llamadas del acusado, bien fuesen al telefonillo de su portal o a su teléfono móvil”, dice el juez. 

Para el juez, la actuación de “hermetismo” de la mujer fue “realmente un impedimento para considerar un momento inequívoco inicial de una posible situación de acoso”.

La sentencia reconoce que “se puede entender perfectamente en este sentido que estos se sintieran alarmados por la presencia del periodista porque éste podía desvelar datos, como es la localización de la guardería de sus hijos, que podía afectar a la tranquilidad y a la seguridad de los menores” pero rechaza que hubiera delito. “Esta alarma, que provocó ciertamente alteración en su estado de ánimo y que les indujo a reforzar la protección a nivel policial para prevenir la seguridad de los menores, no tuvo su origen tanto en lo que hizo el periodista- acusado, actos de muy poca entidad y que no excedieron en su ejecución de la labor de un periodista como se ha descrito con anterioridad , sino en su consideración de intruso que había accedido a un lugar que se quería mantener en secreto rompiendo con ello la confidencialidad en los datos de localización de los hijos de los querellantes que se quería preservar a toda costa”, finaliza la sentencia que todavía es recurrible.

No se fusila a seres humanos. Se fusila a alimañas, a ratas, a cucarachas, a cerdos, a piojos, a gusanos, a serpientes. Se fusila a garrapatas. El proceso de deshumanización tiene la intención de despojar de las cualidades humanas a un individuo o a un colectivo para que sea aceptable actuar de manera violenta contra él y justificar erradicarlo sin ningún tipo de empatía. Convertir al adversario en una rata inmunda hace más plausible creer que para sanar la patria es preciso acabar con él. Fusilar a 26 millones de personas para mantener sano el país. Purgar para crecer.

El vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias, tuiteó una imagen del Pirata Garrapata, el famoso personaje de los libros de Barco de Vapor. Fue su manera de lidiar con la última campaña de acoso y derribo que cada vez va más destinada a la deshumanización de su figura. El medio de comunicación de Eduardo Inda, Okdiario, realizó un montaje con la cara de Pablo Iglesias sobre la figura de una garrapata en una de las noticias que hablaba de la querella que Pablo Iglesias e Irene Montero han interpuesto contra uno de los instigadores del acoso a su vivienda en Galapagar. El montaje de la imagen que el libelo incluía en su portada se puede aún consultar en su Facebook. Al igual que la Radio las Mil Colinas o el periódico Kangura llamaban inyenzi (cucarachas) a los tutsis para que los hutus dejaran de sentir a sus vecinos como personas, en España hay medios que utilizan esa estrategia conocida de deshumanización haciendo montajes con la cara de Pablo Iglesias sobre una garrapata azuzando a los filofascistas para que inicien una campaña de acoso y conviertan en tendencia la animalización del vicepresidente.

La deshumanización de un grupo étnico o social se produce de diversas formas a través de la demonización, biologización, cosificación y la animalización. Esta última es la que de forma más habitual se ve en la figura de Pablo Iglesias por parte de la extrema derecha y los medios afines y en la que se enmarca la caricatura de la garrapata de Okdiario. Los procesos en los que se forma la construcción del odio hacia el adversario son similares en diversas épocas de la historia contemporánea sin importar la concreción final de la siembra de ese odio y siempre con posicionamientos ideológicos de desprecio al adversario que comparten mimbres. En Alemania en la Biblioteca del Museo Alemán de Berlín se exhibió desde noviembre de 1937 a enero de 1938 la exposición 'El judío eterno', una muestra que trataba de mostrar la degeneración de los judíos y su intento por llevar a cabo la bolchevización de Alemania. Una de las protagonistas de la exhibición fueron las caricaturas antisemitas que operaban con la misma lógica de deshumanización y que buscaba asimilar a los judíos a bestias, animales y plagas. Es lo que se denomina proceso de animalización.

El propio Joseph Goebbels explicaba esa asimilación animal con el adversario: “Las ratas, que son los parásitos y portadores de bacilos entre los animales, al igual que los judíos ocupan la misma posición entre la humanidad”. Los piojos y las garrapatas con rasgos antropomorfos también fueron utilizados por la propaganda nacional socialista. Es conocido un cartel difundido en Polonia en 1941 en el que un piojo se transfiguraba en la cara de lo que querían representar como una persona judía, el texto decía: “Los judíos son piojos, causan tifus”. El elemento más significativo de la propaganda nazi de deshumanización del adversario mediante la comparación con animales o plagas fue el director del periódico Der Stürmer, Julius Streicher, que a través de su libelo nazi difundió durante años multitud de caricaturas y montajes fotográficos en los que representaba a los judíos como ratas, piojos, garrapatas, serpientes o cualquier alimaña que pudiera servirle para vincular a los judíos con un comportamiento dañino.

La animalización no se circunscribió a la representación simbólica, sino que el trato dado a los judíos buscaba esa asimilación. Marcarles como animales en los campos de concentración al igual que a los bovinos y llevarlos en trenes de ganado haciendo que su comportamiento en el interior pudiera también animalizarse y así facilitar el trabajo a los encargados de llevar a cabo el genocidio. La animalización es un elemento central en la construcción propagandística del adversario en los discursos de odio, sin importar cuál sea la motivación del que utiliza esos elementos y sin establecer analogías con las consecuencias finales que ese discurso tuvo en los momentos más dramáticos y terribles de nuestra historia. Ese proceso de deshumanización tiene unas consecuencias concretas que facilitan la llegada de actitudes violentas hacia el individuo sobre el que se dirige y eso tendría que bastar para que existiera una condena unánime ante estos comportamientos. Para comprender lo peligroso que es que esa animalización esté presente en el discurso público en un momento de polarización no es preceptivo mirar a cómo esa propaganda influyó de manera determinante en los genocidios del siglo XX para desechar su peligrosidad en el presente, sino cómo operan esos elementos de deshumanización del adversario en los estadios iniciales.

La deshumanización de Pablo Iglesias es un proceso que convierte en inhumano a todo aquel que profese unas ideas similares y así por elevación sentir la justificación moral que permite defender la eliminación de 26 millones de españoles como un acto de higiene democrática. Es la asimilación política de quien contrata a un desratizador para eliminar una plaga que asola su hogar. Animalizar a Pablo Iglesias como discurso de odio que justifique cualquier actuación contra su persona, su gobierno o su ideología. El problema no es un chat, es un discurso enraizado en la derecha mediática y política. El enemigo es una garrapata, pueden aplastarlo.

El Tribunal Supremo ha decidido suspender de forma cautelar el acuerdo de la Mesa del Congreso de los Diputados del pasado 3 de julio por el que se retiraba al redactor de Ok Diario Segundo Sanz la acreditación de prensa durante un año por entrar sin permiso a grabar en el despacho de Irene Montero, portavoz de Unidas Podemos en la Cámara, ha informado el tribunal mediante un comunicado.

La Mesa del Congreso decidió retirar la acreditación de Sanz por incumplir la instrucción de la Presidencia del Congreso sobre información gráfica en la Cámara. La Sala acepta la medida cautelarísima solicitada por el periodista que en su recurso alegaba que el acto impugnado vulneraba el derecho fundamental a comunicar información veraz por cualquier medio de difusión o libertad de información, reconocido en el artículo 20.1 de la Constitución.

En su auto, el tribunal entiende que, sin perjuicio de las decisiones que pueda adoptar en fases o momentos procesales posteriores, debe ser otorgada la medida cautelar urgente que se solicita teniendo en cuenta para ello que “el acto impugnado otorga al Sr. Sanz Gálvez pie de recurso ante esta Sala, el alcance del derecho fundamental invocado y su posición en el ordenamiento jurídico, la situación de urgencia descrita que entendemos concurrente por las razones que se exponen por la parte y que se concretan en la relevancia informativa que presenta el trámite parlamentario de investidura del candidato a Presidente del Gobierno que, por notorio y público, está fijado para los días 22 y siguientes del presente mes de julio de 2019, y la escasa incidencia que la medida puede representar para el interés público presente”.

Cita el 29 de julio

El tribunal deja sin efecto el acto administrativo y cita al periodista, a OKDiario, al fiscal y al Congreso de los Diputados para una vista pública que se celebrará el próximo día 29 de julio a las 11 horas.

En esa comparecencia, las partes, además de efectuar alegaciones sobre el levantamiento, mantenimiento o modificación de la medida adoptada, tendrán que manifestar su opinión sobre si el Tribunal Supremo tiene jurisdicción para resolver el recurso.

El Congreso investiga si un redactor de Ok Diario, el medio dirigido por Eduardo Inda, entró sin permiso en varios despachos del grupo de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común. Las imágenes de las dependencias de Pablo Iglesias e Irene Montero aparecieron en el medio de Inda. Las del secretario primero de la Cámara Baja, Gerardo Pisarello, también en Antena 3. La Secretaría General ha abierto un expediente por los hechos ocurridos en el despacho de Montero, mientras lo ocurrido en los otros dos está en un juzgado de instrucción de Madrid.

Los hechos ocurrieron el pasado 20 de junio, en plenas negociaciones entre el grupo confederal y el PSOE para la formación de un Gobierno. Las cámaras de seguridad del Congreso registraron al periodista de Ok Diario Segundo Sanz entrando en el área de despachos del grupo de Unidas Podemos a primera hora de la mañana.

En los vídeos de seguridad aparece que salió a hablar por teléfono y volvió a entrar y cómo luego se dirige a la zona de prensa de la Cámara. En las imágenes publicadas por el medio de Eduardo Inda un día después, se muestra el interior del despacho de Montero y se ve además un carro de la limpieza, lo que explicaría cómo logró supuestamente acceder a los despachos: aprovechando que el personal abrió las puertas para hacer su trabajo.

Estas imágenes fueron visionadas por la Policía Nacional del Congreso una vez que Montero hizo una denuncia en la comisaría de la Cámara Baja. La portavoz de Unidas Podemos denuncia además la publicación de imágenes del interior del despacho de Iglesias y de Pisarello.

“La forma en que se elaboró esta información podría constituir una contravención de las disposiciones contenidas en la Instrucción de la Presidencia del Congreso de los Diputados sobre información gráfica en la Cámara, de 28 de diciembre de 2011”, señala el informe de la Secretaría General del Congreso, al que ha tenido acceso eldiario.es. ¿El motivo? “Que no se habría respetado el ámbito espacial al que debe restringirse el ejercicio de la información gráfica (apartado 4 de la Instrucción), al haberse accedido a zonas y dependencias no autorizadas, ni el límite de respetar los derechos fundamentales de los Diputados (apartado 5), en concreto los derechos reconocidos en el artículo 18 de la Constitución”.

“De dichos hechos presuntamente puede resultar responsable el redactor D. Segundo Sanz, acreditado en el Congreso de los Diputados por” Ok Diario, zanja el informe, que recuerda que podría suponer la retirada de la acreditación de prensa por un periodo de un año.

El titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, ha solicitado a la Unidad de Asuntos Internos que investiga el 'caso Villarejo' un informe sobre todos los medios de comunicación que publicaron noticias cuyo origen pudiera ser contenido del móvil sustraído en 2016 a Dina Bousselham, entonces asesora del líder de Podemos Pablo Iglesias.

En un auto al que ha tenido acceso Europa Press, el juez responde así a una de las peticiones elevadas por la acusación que Iglesias y Bousselham ejercen en esta pieza separada del caso Tándem que investiga las actividades ilícitas del comisario jubilado y en prisión provisional José Manuel Villarejo, en cuyo poder se encontró un volcado del citado terminal.

En concreto, García Castellón, considera que “ha lugar” a la solicitud y libra oficio a la unidad investigadora para que “elabore informe de aquellos medios de comunicación que hayan publicado directamente y por fuente propia noticias que puedan derivarse del móvil sustraído” a la asesora.

El instructor amplía así el foco de la investigación por revelación de secretos que hasta ahora se centraba, por un lado, en Interviú, pues tanto el propio Villarejo como el presidente del grupo, el director editorial de la revista y su director han reconocido en la Audiencia Nacional que el volcado del móvil pasó por sus manos, si bien no vio la luz porque carecía de interés.

“Podría producir el efecto contrario”

Por otro lado, consta en las actuaciones que el digital Okdiario publicó en julio de 2016 una serie de pantallazos de una conversación entre dirigentes de Podemos que según las pesquisas, podría haber salido del móvil de Bousselham. Se trata de un chat privado en el que Iglesias realizaba comentarios sobre una presentadora de televisión.

De hecho, el juez envió a la policía a la redacción de este medio con un auto dictado el pasado 5 de abril para requerir “el material que tuviese a su disposición” de aquel terminal y trasladar a la dirección la orden de que “se abstuviera de difundir cualesquiera imágenes e informaciones obtenidas directamente o indirectamente de la extracción de datos del teléfono móvil de Dina Bousselham”.

En su última resolución, García Castellón rechaza no obstante obligarle a retirar los enlaces de las noticias antiguas, como también pedía Iglesias, en aras de “la proporcionalidad y el buen fin de la medida” que, en este caso, va dirigida a “la protección de la víctima” con el objetivo de “evitar el replique a través de otras páginas web y una mayor difusión de la noticia”.

“Lo cierto es que tras el requerimiento efectuado de prohibición de nuevas publicaciones no se ha constatado la alusión mediante enlaces de las noticias publicadas en el año 2016 y requerir ahora al medio digital la eliminación de los enlaces podría provocar el efecto contrario, esto es, una mayor difusión de dichas imágenes y noticias como consecuencia de la eliminación acordada”, señala el juez.

Elimina de la causa el resto del móvil

Incide además en que “no se constata que la restricción de la difusión de imágenes o información que fue ordenada el 5 de abril haya sido vulnerada” por Okdiario, ya que las noticias que Podemos señalaba como razón para ordenar la eliminación de los enlaces antiguos “son anteriores a aquella resolución” y en el juzgado no constan “nuevas desviaciones que permitan articular la pretensión solicitada”, de acuerdo al auto recogido por Europa Press.

Por otra parte, y con vistas a un futuro levantamiento del secreto sobre esta pieza, el juez acuerda en línea con lo solicitado por la acusación el “expurgo de la información y fotografías” del móvil de Bousselham que no sean “de interés alguno para la causa”, donde sí se mantendrá el pantallazo publicado por OKDiario ya que García Castellón considera este un contenido “relevante”. El objetivo, de nuevo, es evitar la difusión de contenidos que “podrían poner en riesgo la privacidad y seguridad de los perjudicados”.

Ya tenemos comúnmente aceptada la expresión cloacas de Interior o cloacas policiales. Entendemos por esas cloacas el sistema de conseguir información reservada con un interés espurio. Eso no sería tan grave si esa información fuera verdadera y de interés público, el problema es si es falsa y se fundamenta en cuestiones íntimas o personales. En este caso, lo difundido será puro producto de cloaca, o sea, mierda.

El ejemplo de actualidad es lo sucedido con Podemos. Las cloacas policiales de Interior difundieron información falsa, o personal e íntima, con el objeto de atacar a este partido, precisamente en el momento en que algunos veían con preocupación una posible llegada al gobierno. Lo que parece olvidarse es que para que tengan fundamento y eficacia las cloacas necesitan de medios de comunicación y periodistas (es un modo de llamarles para entendernos) con los que salpicar su información a la opinión pública.

En el caso de Podemos los diferentes infundios procedentes de las cloacas, y que se han demostrado falsos, iban apareciendo en numerosos medios, desde El Confidencial a El País, pasando por ABC, El Mundo y, por supuesto, OkDiario de Eduardo Inda. Toda una coral de chapoteo en el estercolero y una bola de mierda sigue creciendo.

Si decimos que el sistema policial está corrupto porque hubo esa media docena de cargos policiales implicados en la trama, la mayoría de ellos imputados por los jueces (y también premiados por el gobierno por Rajoy), ¿qué deberíamos decir del sistema mediático donde casi todos los medios se dedicaron a contar la financiación ilegal de Podemos con dinero venezolano o iraní, la cuenta bancaria de Granadinas o cualquier otro paraíso fiscal, las miserables grabaciones privadas (desde la minga de Echenique a los azotes de Iglesias)? Horas de tertulianos, informativos y páginas de periódicos para algo que sabían que era mentira o, en el mejor de los casos, no tenían ninguna prueba ni fundamento. Ni buscaban fuentes ni contrastaban nada, leña al mono.

La UDEF investiga a Podemos por financiarse con cinco millones de euros de Irán (El Confidencial, El Español), El 'Informe PISA' (Pablo Iglesias S.A.) de la UDEF sobre Podemos (Ser), (…) el dinero sale de Teherán hacia empresas instrumentales que tienen su sede en Beirut (Líbano), Kuala Lumpur (Malasia), Khorug (Tayikistán) o Belice, aunque las transferencias las reciben en cuentas abiertas generalmente en Hong Kong, Moscú, Londres y, principalmente, Dubái (ABC), El régimen de los ayatolás pretende desestabilizar una democracia occidental en el corazón de Europa (El País), la DEA de EEUU revela que Venezuela e Irán pactaron financiar a Podemos con HispanTV (El Confidencial). Vale la pena leer el trabajo de J. Garín en ElSalto “La influencia de la información de las cloacas en las elecciones generales del 26J”. 

Mientras tanto, la presidenta de la Asociación de la Prensa de Madrid (APM), Victoria Prego, reacciona acusando a Pablo Iglesias de “montar toda una operación de propaganda en su propio beneficio electoral”. Quizás sea bueno recordar que el comisario Villarejo montó el instituto de práctica jurídica Schola Iuris, en el que estuvo impartiendo clases y conferencias Adolfo Prego, exmagistrado y hermano de la presidenta de la presidenta de la APM. Y que la APM, anunciaba en octubre de 2017 el curso de Periodismo y Marketing de Gemma Alcalá, mira por donde, la esposa del comisario Villarejo. Ay, la famiglia. 

Y hay muchos más papelones de periodistas en este culebrón. Tenemos al que fuera director de Interviu, Alberto Pozas, dando, según investiga el juez, al comisario Villarejo, el pendrive con el supuesto contenido del teléfono móvil sustraído al equipo de Podemos.

Ahora, cuando se sabe el sistema corrupto con el que se elaboraba toda esa información, implicando a estructuras fundamentales de un sistema democrático, ningún medio rectifica o reconoce que participó en el aquelarre de las cloacas. Y cuando Pablo Iglesias se lo echa en cara, algunas, como Ana Rosa Quintana, le argumenta que Inda “es compañero” y debe entenderlo. El pasado martes también pudimos comprobar la reyerta dialéctica en directo entre Iglesias y Ferreras donde, de nuevo, el líder de Podemos denunciaba la protección y altavoz que disfruta Eduardo Inda en LaSexta. No olvidemos que, durante estos días, en LaSexta, el analista que nos explica el escándalo del espionaje de policías de Interior a Podemos es el mismo periodista al que le pasaban los montajes informativos (y no era el único) para que los contara en su periódico, y de paso en la cadena de televisión. 

El asunto me recuerda al de las armas de destrucción masiva en Iraq. Los tres gobernantes de las Azores quedaron sentenciados como mentirosos por la opinión pública, pero los medios que dieron por válida su versión, que no investigaron, que no contrastaron y que no recogieron la versión de movimientos sociales o gobiernos que calificaron de mentira la existencia de esas armas, no han resultado penalizados como parte de la trama que nos engañó y su papel fue fundamental. 

La historia reciente está repleta de montajes falsos que, cuando se descubren, terminan poniendo en la picota a políticos o cargos públicos pero de los que siempre se van de rositas los medios que forman parte de la trama. Estos medios, cuando sale a la luz la verdad del escándalo en el que participaron, se limitan a reaccionar al estilo del corrupto jefe de la policía de la película Casablanca: “¡Qué escándalo! ¡He descubierto que aquí dentro se juega!”.

Denuncias cruzadas entre los implicados con versiones contradictorias, un enfoque sesgado en las primeras informaciones y una campaña de acoso de la extrema derecha en redes sociales. Así es cómo una pelea de bar denunciada por un agente de la Guardia Civil fuera de servicio y el propietario de una taberna almeriense se ha convertido en una “brutal agresión” contra un hombre “por llevar un polo con la bandera de España”, una versión que nadie corrobora.

La historia de la reyerta en la Taberna Postigo arrancó el pasado viernes al hilo de una serie de tuits en las que se denunciaba la paliza que había recibido un día antes un guardia civil fuera de servicio por vestir un polo con la enseña nacional. Estos tuits, en los que ya se llamaba al boicot al negocio, sirvieron para una primera publicación en OkDiario en la que se hablaba de una “brutal agresión” a un agente por llevar la mencionada prenda “y ser agente de la Benemérita”.

Según la información publicada, basada en la denuncia presentada por el supuesto agredido, sobre las diez de la noche del jueves una mujer increpó al agente por invadir “su espacio sideral con pintas de fascista”. Tras ser expulsado del local por los empleados, el hombre dice haber sido agredido por varios de ellos que le golpearon durante “unos cuarenta segundos” mientras permanecía tirado en el suelo.

Esa versión es en la que se han basado el presidente de Vox, Santiago Abascal (que tuvo que borrar su tuit horas más tarde), el presidente de la organización de extrema derecha Actúa Baleares, Jorge Campos Asensi, y cientos de tuiteros para llamar al boicot contra el Postigo y para amenazar a sus propietarios. Algunos usuarios reconocen que si ellos fueran el guardia civil, habrían tenido “serios problemas de autocontrol para no utilizar el arma reglamentaria”.

Sin embargo, la versión de los testigos recogida por el diario Ideal de Almería apunta en otra dirección. Según este periódico, el propietario expulsó al individuo porque intentó cruzar la barra del bar “en un evidente estado de embriaguez”. “Ambos se vieron implicados en una pelea que acabó con el dueño del bar herido en la cara y la otra persona, en la pierna”.

Tras ser expulsado de la Taberna Postigo, según el relato de los testigos recogido por el diario almeriense, el hombre permaneció “durante casi media hora' profiriendo insultos al personal del establecimiento, llamándolos 'podemitas' y asegurando que le habían echado por llevar la bandera de España” en un polo, prenda que llevaba cubierta antes de la pelea. Esa es una de las escenas de la reyerta que puede verse en una serie de vídeos difundidos en Twitter y que algunos testigos presenciales han confirmado.

“No parece que fuera una agresión por identificarse como español”, aseguran a eldiario.es desde uno de los sindicatos mayoritario de la Guardia Civil. Según el sindicato, nada parece apuntar hacia un delito de odio y la versión que parece más probable es la de la reyerta con una agente fuera de servicio que había bebido más de la cuenta: “La percepción que tenemos es que no fue por un delito de odio. Parece que se trata más de una reyerta con una persona que estaba en estado de embriaguez”.

La Policía Nacional ha confirmado a eldiario.es que existen denuncias cruzadas entre ambas partes, aunque han descartado hacer más comentarios sobre el caso hasta que se lleve a cabo la investigación. Desde la Guardia Civil remiten a las explicaciones que pueda dar la Policía Nacional y aseguran que el agente no está destinado en Almería.

La campaña de acoso contra el Postigo ha llevado a TripAdvisor a bloquear los comentarios en la página que el establecimiento tiene en el portal. “Debido a un incidente reciente que ha captado la atención de los medios de comunicación y ha provocado que se reciba un gran volumen de opiniones que no incluyen una experiencia real en el establecimiento, hemos suspendido temporalmente el envío de nuevas opiniones a este perfil”, puede leerse en la página.

Además de las amenazas que están recibiendo por Twitter, en la página de Facebook del Postigo han aparecido comentarios en los que se insulta a los propietarios por la supuesta agresión al guardia civil el pasado jueves. “Todos y cada uno de los 'valientes' que agredisteis a este salvador de ESPAÑA (sic) pagaréis caro”, puede leerse en uno de ellos.

La valoración de la taberna también se ha visto afectada por los comentarios negativos en Facebook. Desde el pasado viernes, ha pasado de una valoración que rozaba las cinco estrellas con apenas 21 valoraciones a una puntuación de 1,6 con más de 150 valoraciones. Además, el teléfono de contacto que aparece en la página del restaurante no da señal.

A pesar de las críticas y de los insultos en todas las redes sociales, algunos usuarios han publicado mensajes de apoyo al establecimiento. “En esa taberna a los legionarios siempre nos han tratado muy bien. Nunca han tenido ninguna falta ni ningún mal gesto ni con nosotros ni con nada que tenga que ver con el país que defendemos”, asegura alguien que dice ser legionario en uno de ellos.

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