El comisario jubilado José Manuel Villarejo gana por agotamiento. Este martes, el policía más famoso de España ha colmado la paciencia del tribunal de la Audiencia Nacional que juzga el caso Pujol con sus divagaciones y chascarrillos cuando la defensa de la familia le preguntaba por si había participado en la obtención ilegal de los datos bancarios de la familia o se había reunido con la actual senadora del PP, Alicia Sánchez Camacho o la examante del primogénito, Victoria Álvarez.

Primero Villarejo ha alegado su condición de investigado en Andorra por la causa que investiga la Operación Catalunya para no responder. El tribunal se lo ha impedido al tratarse de una causa en otro país. Después ha tirado de comentarios impropios ante un tribunal de Justicia, como cuando ha dicho que desconocía si se reunió con Álvarez (uno de sus socios la animó a denunciar a Jordi Pujol Ferrusola) alegando que en su vida se había divorciado dos veces y que había tenido “muchas novias”.

“Sus comentarios están fuera de lugar”, ha cortado, rápido ante cualquier intento de Villarejo de implosionar su declaración, el presidente del tribunal, el magistrado José Ricardo de Prada, que ha reprochado en varias ocasiones a Villarejo su actitud y le ha recordado reiteradamente su obligación de decir la verdad, a lo que el comisario jubilado ha replicado con más espectáculo: “Me siento coaccionado por el tribunal”.

La sesión se esperaba con ganas, pero ha servido de poco. Cada parte ha visto confirmada su tesis pese a los pocos detalles que han dado los mandos, en su mayoría imputados en varias causas de corrupción y que serán juzgados este año por el caso Kitchen, el intento de la brigada política del PP de hacer desaparecer pruebas del caso Gürtel.

Cada testigo ha parecido interpretar un papel de una mala película de policías, aunque nada de lo que las defensas de los Pujol han preguntado daba pie a los chascarrillos y evasivas con las que todos ellos han respondido. Se trataba de aportar luz a si hubo coacciones policiales a los banqueros de la BPA para que aportaran los datos bancarios de la familia y si, una vez obtenidos, la brigada política del PP los filtró al diario 'El Mundo'.

La cuestión resulta relevante porque la defensa alega que esa maniobra policial envenena el origen del caso y debe llevar a su nulidad, ya que sin esa portada, el expresident no hubiera confesado. En cambio, las acusaciones desvinculan ambos hechos, y mantienen que la carta en la que Pujol admitió haber mantenido una fortuna familiar sin regularizar durante décadas fue una palanca perfectamente legal para empezar a investigar a la familia.

En la sesión de este martes han testificado Eugenio Pino, exdirector adjunto de la Policía Nacional en la etapa de gobierno de Mariano Rajoy que fue condenado por adulterar el caso con un 'pendrive' con datos robados de un dispositivo de los Pujol; el comisario jubilado José Manuel Villarejo, que sigue inmerso en varios juicios por corrupción; y el exjefe de Asuntos Internos Marcelino Martín Blas.

Pino ha sido el policía desmemoriado, aunque ha dicho que los dos mandos se arrogaban el “mérito” de haber obtenido los datos bancarios de los Pujol; Villarejo ha jugado un papel retador y charlatán, hasta el punto que el presidente del tribunal, el magistrado José Ricardo de Prada, ha subido el tono como hasta ahora no había hecho en el juicio; Martín-Blas se ha presentado como un poli bueno con un papel secundario.

De la misión en Andorra de la Operación Catalunya ya se saben varios extremos. No gracias a ninguna investigación en España, sino por la que comanda una magistrada del principado. En ese procedimiento, Villarejo ha llegado a atribuir al expresidente Mariano Rajoy el origen de las maniobras. En cambio, ante la Audiencia Nacional, ha evitado mencionar a cualquier político (salvo recordar que también trabajo para gobiernos socialistas).

Ninguno ha reconocido (como sí hizo Villarejo en Andorra) el influjo político a la Operación. Más bien todos se han desentendido de la Operación. Villarejo, cuando ha sido preguntado por la boda en la que los mandos policiales contactaron con los banqueros anndorranos, ha afeado al letrado Cristóbal Martell (quien también ha tenido que tirar de paciencia) que le preguntara por cuestiones “de un programa del corazón”. Le ha valido al comisario otra reprimenda del tribunal.

Todos los interrogatorios han sido tensos y plagados de evasivas, aunque todos los testigos han negado que participaran en una operación coordinada contra los Pujol y, en cualquier caso, han desvinculado al Gobierno de Mariano Rajoy de sus indagaciones, de las que afirman que no les informaron. Sirva de ejemplo esta pregunta a Pino:

Abogado Martell: La obtención de un dato bancario por un cauce no judicial no le mereció a usted prevención y decir, ¿Marcelino dónde vas con eso?

Eugenio Pino: No, Marcelino me lo transmitió y no tenía por qué darme cuenta. No soy operativo.

“Estoy flipando”. El periodista Siscu Baiges atiende a elDiario.es tras enterarse de que un libro suyo escrito hace 40 años ha aparecido en el juicio a Jordi Pujol y a su familia de un modo que nunca hubiera podido imaginar: como prueba de la defensa de los hijos del expresident para fundamentar la tesis de que su fortuna oculta en Andorra procede de un legado del abuelo Florenci.

Habitualmente tedioso, el trámite de cuestiones previas del juicio a la familia Pujol ha deparado sorpresas e interesantes tesis defensivas. Si este lunes la Operación Catalunya irrumpió como argumento de que las pruebas bancarias de los Pujol debían ser anuladas, este martes ha sido un libro publicado hace cuatro décadas, cuando el pujolismo era arrollador en Catalunya, y que en Internet solo se puede comprar de segunda mano (con la advertencia de que puede contener escritos y tachones).

El libro se llama Banca Catalana: Más que un banco, más que una crisis y fue escrito por los periodistas Siscu Baiges, Enric González y Jaume Reixach. La obra supuso una grieta en el victimista relato pujolista, que dominaba los medios de comunicación de la época, de que la querella por la quiebra de Banca Catalana (en la que llegó a estar incluido Pujol, aunque el caso se archivó) era una operación del Estado contra el expresident.

El libró destripó la mala gestión de Pujol al frente del banco e intentó responder al misterio de qué había hecho el fundador de Convergència con sus acciones antes de la quiebra de Banca Catalana. También contó las actividades empresariales de Florenci Pujol, el padre del expresident, que durante el franquismo se dedicó al contrabando de divisas, y su papel en la fundación de Banca Catalana. “Jaume y yo íbamos más a saco, Enric era el que ponía seny”, rememora Baiges sobre la elaboración de la obra.

Aunque han pasado 40 años, Baiges recuerda las dificultades a las que se enfrentaron desde que empezaron a investigar el agujero de Banca Catalana. Incluso notaron que alguien les seguía. Cuando terminaron la obra y tocó empezar la promoción del libro, también constataron las alargadas manos de un pujolismo que controlaba el poder en Catalunya. “Nos quisieron censurar y ahora nos usan para defenderse, es bastante alucinante”, sentencia Baiges.

“No nos entrevistaron en ningún medio para promocionar el libro, se decía que la propia editorial compró varios ejemplares para que no hubiera en las librerías, y los afines al pujolismo nos insultaron y nos dijeron de todo”, rememora el periodista.

Cuarenta años después, el abogado Pau Ferrer, que defiende a Pere, Mireia, Marta y Oleguer Pujol, ha entregado el libro crítico con la gestión de su padre en Banca Catalana al tribunal debe decidir si absuelve o condena a toda la familia por asociación ilícita y blanqueo de capitales (el primogénito, Jordi Pujol Ferrusola, suma delitos fiscales, falsedad documental y alzamiento de bienes).

Este lunes, las cuestiones previas de los abogados de la familia se centraron en la prescripción de los delitos por el largo tiempo transcurrido, atacar la “inconcreción” de las acusaciones de corrupción y en plantear la nulidad de la causa por sus orígenes vinculados a la Operación Catalunya. Este martes la defensa de cuatro de los hijos de Pujol ha tratado de apuntalar la tesis de que los fondos andorranos provienen de una “deixa” (legado) que Florenci Pujol dejó a su familia, tal y como el expresident manifestó en su carta de 2014.

Con el libro sobre Banca Catalana, ha explicado Ferrer, la defensa pretende trazar el “perfil económico y empresarial de Florenci Pujol”, también fundador de Banca Catalana, para acreditar la tesis de que los fondos que nutrieron las cuentas andorranas de la familia procedían de una herencia del abuelo.

Pero la aportación no está exenta de riesgos: una de las teorías (que no se ha llegado a trasladar a la causa judicial) sobre la fortuna de los Pujol es que proviene de antiguos fondos de Banca Catalana.

El mismo objetivo de remarcar que la fortuna provenía del abuelo tiene la segunda prueba presentada por Ferrer: una publicación del Boletín Oficial del Estado (BOE) de 1985 que recoge una lista de contribuyentes sancionados o investigados por tenencia de activos en Suiza, entre quienes se encuentra Florenci Pujol.

La sesión de este martes se ha completado con las cuestiones previas del resto de abogados, que han insistido en la indeterminación de la acusación de la Fiscalía por vulnerar el derecho de defensa, y en la prescripción de los delitos para intentar anular la causa antes de que empiecen las declaraciones de los testigos del juicio.

“Este letrado se ha perdido con la acusación de la Fiscalía”, ha confesado el abogado José María Fuster-Fabra, que ha criticado que Anticorrupción usa el delito de blanqueo de capitales como “comodín del público”. “Indeterminado, vago, contradictorio, incoherente, laberíntico, críptico, oscuro…”, había manifestado antes el letrado Carles Monguilod sobre la acusación fiscal.

La “falta de concreción” del escrito fiscal supone una vulneración del derecho del fundamental tutela judicial efectiva y del derecho a la defensa, ha insistido la abogada Sandra Rodríguez Vernis. El letrado José Antonio Choclán ha lanzado un dardo al fiscal Fernando Bermejo: “Espero que me diga qué hecho de blanqueo de capitales ha hecho mi cliente, porque pagar no es un blanqueo”. El fiscal responderá a las cuestiones previas de las defensas este miércoles. Tiene trabajo por delante.

“Más intervención estatal, aunque se canalice vía portada de periódico, nos parece imposible”. Pasaban pocos minutos de las 13.00h. y el abogado Jaime Campaner ha enseñado al tribunal de la Audiencia Nacional que juzga a los Pujol la portada del 7 de julio de 2014 del periódico El Mundo, la que contenía el famoso 'pantallazo' con las cuentas de la familia en Andorra.

Además de sacudir el tedio jurídico que hasta entonces presidía el trámite de las cuestiones previas, la defensa de Josep Pujol Ferrusola ha empezado así a extender la sombra de la Operación Catalunya sobre el juicio al expresident y a sus siete hijos. La sesión habíaa empezado con la decisión del tribunal de mantener a Pujol como acusado, en contra del criterio de los médicos. Un micro abierto ha registrado la sorpresa entre las defensas: se ha escuchado un asombrado “¡la leche!”.

Todo en el juicio a los Pujol ocurrió hace tiempo. Para empezar, el dinero de Pujol y su familia cuyo origen se juzga (la herencia de 1980 del abuelo para la familia; la corrupción política del pujolismo para la Fiscalía). Las maniobras policiales (incluida una incursión en Andorra, un país extranjero, de funcionarios de la Policía Nacional para obtener la información bancaria de la familia) sucedieron entre 2012 y 2014.

Primero con los independentistas, después con Podemos, las maniobras de la brigada política del PP contra rivales políticos tenían siempre un modus operandi similar: información reservada o basada en informes policiales de origen incierto aparecía en grandes titulares en medios de comunicación. En base a esas noticias, asociaciones o particulares llevaban el caso al juzgado. Terminara en archivo o con más recorrido judicial, durante meses los casos permanecían en primera línea mediática.

A nivel político, la principal (y no menor) diferencia entre los Pujol y otros casos era que la información obtenida por la brigada política era verdad: las cuentas del principado de Andorra escondían una fortuna familiar que el fundador de Convergènia y sus hijos mantuvieron oculta durante años, incluidos los de su presidencia.

Esa verdad política puede ser combatida judicialmente por las defensas en el juicio, ya que entienden que toda la obtención de esas pruebas se hizo sin arreglo a la ley. De acceder a su petición, la anulación de las pruebas clave de la causa dejaría en vía muerta la acusación contra la familia del expresident. Por ello las defensas buscan todas las grietas para argumentar que, aunque formalmente la información remitida por Andorra a la Audiencia Nacional de las cuentas de los Pujol respondiera a una petición del juez, en realidad es una prueba obtenida irregularmente al ser fruto de la presión desplegda por la Operación Catalunya.

Así lo ha defendido el abogado Jaime Campaner durante media hora en la que ha desgranado las maniobras policiales alrededor del caso Pujol. “La intervención estatal directa, o indirecta a través de un particular, en este caso es una constante, igual que la participación de funcionarios públicos y políticos”, ha aseverado el letrado.

El abogado ha desplegado ante el tribunal de la Audiencia Nacional un preciso cronograma de la Operación Catalunya que tiene un primer acto en la estación de Atocha de Madrid el 13 de diciembre de 2012. María Victoria Álvarez, examante de Jordi Pujol Ferrusola, se baja del AVE tras haberse cruzado varios mensajes con el entonces jefe de gabinete de Mariano Rajoy, Jorge Moragas, en los que animaba a denunciar a hijo del expresident para “salvar España”.

En la estación la recoge el abogado Rafael Redondo, cuyo nombre saltaría a la prensa cinco años después cuando fue detenido junto al comisario José Manuel Villarejo como uno de sus socios. La llevó hasta la sede de la UDEF, donde durante su declaración él permaneció en silencio, según contó la examante al juez Ruz. Esta denuncia de 2012 contra Pujol Ferrusola fue la que abrió el caso Pujol en la Audiencia Nacional.

Pero pasaban los meses y la causa solo constaba con la declaración de Álvarez y otro empresario de los tiempos del pujolismo con más sombras que luces, Javier de la Rosa. Las pesquisas permanecieron más de un año “en estado catatónico”, en palabras del letrado Campaner, y la causa se dirigía “a un callejón sin salida procesal”.

Y entonces apareció la vía andorrana. La primera llamada de una agente de la policía es de mayo de 2014, según contó a la jueza andorrana Higini Cierco, por entonces máximo accionista de la BPA, el banco en el que los Pujol tenían sus cuentas. Al otro lado del teléfono, según su versión, está el inspector jefe de la Policía Celestino Barroso. El policía le pide una reunión de urgencia. Cierco asegura que Barroso le expone la necesidad de “ver a unas personas en Madrid o de lo contrario el banco morirá”, en referencia tanto a la BPA como a Banco Madrid, la filial española de la entidad andorrana.

La reacción de Cierco es instar a Barroso a que hable con el primer ejecutivo del banco, Joan Pau Miquel. Para ello lo envía en un coche del banco a la sede central de la entidad. Sus “interlocutores en Madrid”, lanza Barroso sin identificarlos, le han indicado que informe a los responsables de la BPA que el Banco de España está haciendo una inspección a Banco Madrid y que “se lo van a cargar”. Que se consume “el hachazo”, en palabras de Barroso, solo depende de los banqueros andorranos: “Todo se puede paralizar siempre y cuando ustedes accedan, está en su mano pararlo”.

Unas semanas después, Miquel acude a Madrid y se reúne en tres ocasiones con el por entonces comisario de Asuntos Internos de la Policía, Marcelino Martín Blas, otro de los integrantes de la brigada política del PP. Según contó Martín Blas a la jueza andorrana, la actitud del banquero cambió tras compartir mesa y mantel Martín Blas, el exjefe policial Eugenio Pino y Cierco en una boda en junio de 2014, invitados por un amigo común, el abogado José María Fuster Fabra.

Dos días después del evento, relató el policía a la Justicia andorrana, Miquel lo llamó, volvieron a quedar en el hotel Villamagna y le dio medio folio de papel escrito “como a máquina antigua”. La cuartilla contenía los nombres de Jordi Pujol, Marta Ferrusola y sus hijas, además de unos saldos bancarios. Según su versión, era “un papel sin membrete, sin sello, sin nada”. “Me lo dio y se lo tenía que dar a Eugenio [Pino]”, agregó.

Menos de dos semanas después, la información bancaria de los Pujol aparecería en la portada de El Mundo. Según la tesis de Campaner, esa portada empujó al expresident a realizar el comunicado de confesión el 25 de julio de 2014. Esa nota que sacudió la política española, a la que Pujol, en su primer párrafo, ya mencionaba las “informaciones aparecidas en prensa”, es, para Campaner, una muestra de que la obtención de los datos bancarios es ilícita.

Incluso con la causa ya avanzada y con la información de Andorra obtenida por las vías legales por la Audiencia Nacional, la brigada política del PP también quiso adulterar el caso Pujol. En abril de 2016, en el juzgado de la Audiencia de Nacional tuvo entrada un informe basado en un 'pen-drive' cuyo origen malicioso hizo saltar las alarmas al juez, que rápidamente lo expulsó del caso para evitar que lo contaminara. El exjefe policial Eugenio Pino terminó condenado en firme, en lo que a día de hoy sigue siendo la única condena por la Operación Catalunya.

Para corroborar su hipótesis, la defensa ha mencionado los “informes” del comisario Villarejo en los que “se vincula sin ambages a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado con la obtención de los datos publicados por El Mundo”. “Todo se resume en esta imagen”, ha mantenido Campaner, portada en mano. Tanto el empuje a Victoria Álvarez para que denunciara como las maniobras en Andorra no se han investigado nunca en España.

El juicio a la fortuna familiar de los Pujol se celebrará con Jordi Pujol. Así lo ha acordado este lunes la Audiencia Nacional, que no ha acogido el criterio de los médicos forenses y ha mantenido como acusado al expresident de la Generalitat pese que los médicos consideraron que su deteriorado estado de salud le impide poder defenderse con garantías.

Era la decisión más trascendente de las que afrontaba el tribunal en los compases iniciales de una vista que se alargará hasta mediados de 2026. Los jueces han resuelto tras una videconferencia de unos 40 minutos, a puerta cerrada, con Pujol, que se recupera en su casa de una neumonía, y los forenses desde Barcelona.

El expresident, de 95 años, ha dicho al tribunal que estaba a su disposición, aunque no se encontraba bien. “Haré lo que pueda”, ha agregado a preguntas de si podría seguir el juicio. Con su mantenimiento en la vista, el expresident sigue enfrentándose a los cargos de asociación ilícita y blanqueo de capitales por los que la Fiscalía le solicitaba nueve años de cárcel.

El presidente del tribunal, el magistrado José Ricardo de Prada, ha sido el encargado de comunicar la decisión. El magistrado ha indicado que se irá evaluando a lo largo del juicio su estado de salud, en especial “en el momento en que tuviera que tener participación activa” en la vista, eso es, su declaración como acusado.

Pujol, cuyo interés en los últimos años ha sido cómo pasará a la historia, se enfrenta con 95 años y un deteriorado estado cognitivo y problemas de sordera a un juicio que seguirá por videoconferencia desde su casa de Barcelona.

El expresident será el protagonista a distancia de la vista, que se celebra en la sede de la Audiencia Nacional de San Fernando de Henares (Madrid). Este lunes Pujol ha estado acompañado en su domicilio de Barcelona de Albert Carrillo, uno de sus abogados.

La Fiscalía nunca creyó la versión de que la fortuna provenía de la herencia oculta de su padre. Todo lo contrario: Anticorrupción le daba una relevancia máxima en la supuesta asociación ilícita para repartirse con los empresarios afines a Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) los beneficios obtenidos con los concursos amañados durante el final de sus 23 años al frente de la Generalitat.

Una dirección que Pujol, siempre según la tesis de la Fiscalía y negada por la familia (que mantiene que el expresident se desentendió de los fondos, pues el abuelo Florenci estipuló que fueran a su mujer y a sus hijos) compartiría con su esposa Marta Ferrusola, fallecida en julio del año pasado tras haber sido exculpada en mayo de 2021 por la demencia que padecía. 

Junto al padre, el principal acusado es el primógenito, Jordi Pujol Ferrusola, quien en 1990 asumió la gestión de los fondos de Andorra y una década después repartió 126 millones de pesetas a cada miembro de su familia, salvo al padre. Según los investigadores los hijos, desde 2011, estuvieron sacando dinero en metálico para acabar regularizando el patrimonio en 2014 con la amnistía fiscal de Montoro.

Acusaciones y defensas no discuten la existencia de ese capital, que las comisiones rogatorias han acreditado que los Pujol tuvieron en Banca Reig, después en Andbank y finalmente en la Banca Privada de Andorra (BPA). La disputa está en su origen: legado oculto del abuelo Florenci para la familia (que no sustenta su tesis en ningún documento, sino tan solo en su palabra); riqueza ligada al apellido y fruto de la corrupción según la Fiscalía.

Tras una instrucción de más de trece años, el juicio arrancará este lunes con las cuestiones previas. Los que no se libran del juicio son sus siete hijos, a los que la Fiscalía les pide penas de entre 8 y 29 años de cárcel, y una decena de empresarios, acusados de beneficiarse de su influencia sobre la familia para obtener contratos de obras públicas.

Los siete hijos del expresident de la Generalitat Jordi Pujol han llegado, por separado, a la sede de la Audiencia Nacional de San Fernando de Henares (Madrid). El primero en llegar ha sido Josep Pujol Ferrusola, que ha bajado de un coche conducido por una mujer. Después ha hecho acto de presencia Oriol Pujol Ferrusola, acompañado de su abogado, Francesc Sànchez. 

El tercero en llegar ha sido el primogénito, Jordi Pujol Ferrusola, a quien uno de los policías que custodia la sede judicial le ha recordado que tenía que caminar por la acera y no por la calzada. Finalmente han llegado Mireia, Marta y Oleguer.

“He recibido a Jordi Pujol. Fue una forma de diferenciar su etapa como president de las cuestiones que puedan rodear a su familia y eventualmente a él mismo. El señor Jordi Pujol, durante 23 años, tuvo el apoyo mayoritario de la ciudadanía de Catalunya y el país avanzó. Y lo digo yo, que formo parte del partido que lo combatió”.

Así se pronunció hace un mes el president de la Generalitat, Salvador Illa, en RTVE. Más allá de la importancia que Illa da a la institucionalidad, sus palabras suponían un nuevo paso relevante en la rehabilitación política que, partidarios y rivales, han procurado al fundador de Convergència. Y lo hacía a las puertas del juicio en la Audiencia Nacional contra la familia por el origen de su fortuna que arranca este lunes.

¿Es posible diferenciar al Pujol president del Pujol defraudador (confeso y prescrito) cuando en su etapa al frente la Generalitat mantuvo dinero oculto a Hacienda?

La pregunta sobrevuela la política catalana de los últimos años y, a día de hoy, se está resolviendo más de forma afirmativa que negativa, como muestran las palabras de Illa. Tras el ostracismo que siguió a la confesión en 2014, Pujol ha vuelto a recibir aplausos en público y a ser un poco protagonista. También lo será del gran acto judicial en la Audiencia Nacional, pero estará ausente.

Salvo giro de última hora, este mismo lunes el tribunal confirmará el criterio de los médicos forenses y dejará a Pujol, de 95 años, fuera del juicio al presentar un deterioro cognitivo que le impide defenderse de forma adecuada. Antes de archivar el caso contra él, el tribunal quiere examinar al expresident, que comparecerá por videoconferencia desde Barcelona tras ser dado de alta de una neumonía.

Será un juicio a los Pujol sin Pujol. La razón se encuentra en la tardanza de la Audiencia Nacional en señalar fecha para celebrar el juicio. La causa estaba casi lista para la vista en octubre de 2021, cuando las defensas replicaron los escritos de acusación en los que la Fiscalía llega a pedir 29 años de cárcel para el primogénito, Jordi Pujol Ferrusola.

Desde entonces, un expurgo de datos personales que se ha alargado más de lo normal provocó que la causa no se elevara a la sala de enjuiciamiento hasta octubre de 2023. Expurgada la causa, han transcurrido más de dos años para poder celebrar el juicio, que se alargará hasta el próximo mes de mayo. El paso del tiempo no solo tiene efectos jurídicos. En esta larga espera Pujol ha sufrido un ictus y ha visto deteriorada su salud hasta el punto de ser inviable su presencia en el juicio.

La exculpación de Pujol por su avanzada edad conllevará que quede liberado de toda responsabilidad penal por el caso. Pero no evitará que la vista sea algo parecido a una revisión de la trastienda del pujolismo: durante meses, la Audiencia Nacional escuchará a dos centenares de testigos para conocer qué recuerdan (si es que recuerdan algo) sobre la gestión de los fondos en Andorra, y las obras públicas concedidas por la Generalitat a empresas tras la intermediación, comisión mediante, de Jordi Pujol Ferrusola.

La hipótesis acusatoria de la Fiscalía (los Pujol se sirvieron de su poder en la Generalitat para tejer una red de influencia) es difícil de probar por el largo tiempo transcurrido. Las defensas, además de negar que haya consecuencias penales en los negocios investigados, jugarán además la carta de la prescripción de los delitos. Y también alegarán las maniobras de la brigada política del PP contra la banca andorrana para obtener los datos bancarios de la familia que precedieron a la confesión de Pujol.

De la confesión a la rehabilitación

Pujol concibió su carta de 2014 como una forma de perdón o expiación ante la sociedad, pero no funcionó. Todo el mundo, incluso otros patas negras de Convergència, renegó de él. Artur Mas, su sucesor, anunció que le retiraba los honores. Del cráter Pujol emanaba un humo oscuro del que Convergència se quería desvincular. Por si no fuera suficiente, el caso Palau convirtió en hechos probados judicialmente el mayor secreto a voces de Catalunya, desveló que no era el 3 sino el 4% y fue la puntilla al partido fundado por una generación de jóvenes catalanistas y antifranquistas como el expresident.

Las turbulencias en forma de registros y la información sobre las cuentas de los Pujol que remitió a Andorra contribuyeron a mantener al expresident en un segundo plano, alejado de la vida pública. Durante los años de ostracismo, Pujol seguía recibiendo a gente en su despacho del centro de Barcelona. Pero siempre de forma discreta.

El procesamiento en 2020, sumado a los años en los que la causa ha estado paralizada, comportó un cambio de estrategia. Pujol dio un paso al frente y en 2021 publicó su testamento político en forma de libro. En la obra reconoció su preocupación por las repercusiones de su “fallo” en su legado político y que “los valores y las actitudes para la generación de un proyecto colectivo” queden “heridas”. El expresident estaba inquieto por cómo pasaría a la historia.

En el contexto político de superación del colapso generado por el procés, empezaron a surgir las voces que reivindicaban el pujolismo y su habilidad para combinar el punto justo de confrontación retórica con el Estado y alcanzar grandes acuerdos con el Gobierno, y ser influyente en la vida política española, como lo fue el expresident.

A la mejora de imagen de la familia también ayudaron los indicios más que evidentes de que hubo presiones de la brigada política que anidó en el Ministerio del Interior durante el Gobierno de Mariano Rajoy a la banca andorrana para obtener sus datos bancarios. La Justicia nunca ha querido investigar esas maniobras ni tampoco colaborar con la magistrada andorrana que sí quería indagar en ellas.

Su edad avanzada, la inactividad de la causa judicial y el fracaso del proceso soberanista resultaron una mezcla de elementos propicia para el retorno de Pujol. Lo hizo en actos de significación política con aroma convergente, un partido que ya no existía. En 2023 avaló con su presencia la candidatura de Xavier Trias, alcaldable de Junts en Barcelona que había sido conseller de varios de sus gobiernos y uno de sus representantes en el Congreso.

Después vino el acto del 90º aniversario del Parlament, y le siguieron otros eventos, como homenajes a catalanistas destacados con motivo de su fallecimiento, como el exdiputado de CiU Joan Descals o el expresidente del Parlament Joan Rigol.

También tuvo espacio para lanzar arengas propias del tiempo en que lo era todo, como ocurrió en 2024 en la conmemoración del 50 aniversario de la fundación de Convergència Democràtica de Catalunya (CDC), el 17 de noviembre de 1974 en Montserrat (Barcelona). En un auditorio lleno de antiguas figuras de la política catalana, como Artur Mas o Núria de Gispert, que reivindicaron a Pujol como “padre de la nación catalana moderna”, el expresident recordó a los suyos que Catalunya “no será independiente”.

Aunque en público quisiera mostrarse como el Pujol que fue, a medida que pasaban los años le costaba cada vez más seguir una conversación. Ganas no le faltaban de ir a la Audiencia Nacional, según explicó su hijo Oriol, pero su deterioro cognitivo lo ha hecho inviable. El juicio al pujolismo se celebrará sin Jordi Pujol.

La imagen del expresident de la Generalitat Jordi Pujol sentado en el banquillo de los acusados es casi un imposible. Los médicos forenses que evaluaron al expresident la Generalitat Jordi Pujol, de 95 años de edad, han concluido que sufre un “deterioro cognitivo moderado irreversible” que le impide someterse adecuadamente a un juicio. Con el dictamen sobre la mesa, el tribunal de la Audiencia Nacional ha ordenado “examinar” por videoconferencia al expresident antes del inicio del juicio el próximo lunes.

Según ha informado la Audiencia Nacional, el tribunal ha acordado que el próximo lunes, antes del inicio de la vista, comparezcan por videoconferencia el expresident y los médicos forenses que han emitido el informe sobre su estado de salud “con el fin de examinar el estado de salud de Jordi Pujol Soley”.

Las conclusiones médicas que ahora quiere evaluar el tribunal son rotundas: Pujol, asegura el dictamen, no está “en condiciones físicas ni cognitivas para comparecer en un juicio” ni dispone de “capacidad procesal” para defenderse.

El trastorno neurocognitivo “mayor” que sufre el expresident, indican los forenses, es “irreversible, progresivo, evolutivo y sin tratamiento eficaz”. Aplicado al juicio, los forenses entienden que Pujol “no está en condiciones físicas ni cognitivas” para comparecer en la vista oral “ni dispone de la capacidad procesal necesaria para poder defenderse de manera autosuficiente”.

El informe médico se emitió la semana pasada tras una visita del forense de la Ciudad de la Justicia de Barcelona al domicilio de Pujol. Esto es, antes de que el expresident fuera hospitalizado por una neumonía. Pujol permanece ingresado este lunes y se espera que le den el alta el jueves.

La Audiencia Nacional, a partir del próximo lunes juzgará, a los hijos del expresident y a varios empresarios. Salvo giro de guion que contravenga la opinión de los médicos, el tribuna, una vez evaluado al expresident, tendrá que dejar fuera de la vista a Pujol, quien evoluciona favorablemente de la neumonía por la que fue hospitalizado en la Clínica Sagrada Familia de Barcelona.

En declaraciones este lunes a los periodistas a las puertas de la clínica, Oriol Pujol, hijo del expresidente catalán, de 95 años, ha informado de la situación de su padre, que se encuentra “estable”, prácticamente sin fiebre, aunque sufre un problema de insuficiencia respiratoria aguda derivada de una infección pulmonar.

Según Oriol Pujol, su padre permanecerá probablemente ingresado hasta el próximo jueves, ya que tiene que “recuperarse completamente y que no quede rastro” de la neumonía “repentina” que lo llevó al hospital, informa EFE.

“Es un cuerpo de 95 años, castigado, frágil y con un poco de fiebre”, ha resumido, tras advertir de que esa situación está “cargada de riesgo” para su padre, quien se encuentra “destrozado anímicamente” aunque es consciente de lo que sucede y del juicio que debe afrontar a partir de la próxima semana.

El expresident será juzgado a partir del próximo lunes en la Audiencia Nacional, junto a sus siete hijos, acusados de cobrar presuntas comisiones de empresarios hasta amasar la fortuna que mantuvieron oculta en Andorra durante décadas, por lo que la Fiscalía le pide una pena de nueve años de cárcel.

Su defensa, ejercida por el penalista Cristóbal Martell, ha pedido a la Audiencia Nacional que valore su estado de salud para decidir si está en condiciones de ser juzgado y de seguir presencialmente las sesiones del proceso, que se prolongará durante meses, dado el deterioro que sufre tanto físico como cognitivo.

El expresident fue examinado la semana pasada por médicos forenses, que ya han remitido su informe a la Audiencia Nacional, aunque el tribunal no se ha pronunciado todavía sobre la petición de la defensa.

Por el momento, la defensa no se plantea pedir a la Audiencia Nacional la suspensión o aplazamiento del juicio, a no ser que la salud del expresident empeore, y permanece a la espera de que el tribunal resuelva si exime a Jordi Pujol de acudir a la vista oral.

De hecho, Oriol Pujol ha insistido en que su padre “quiere ir a juicio” y declarar, no porque tenga que “decir muchas cosas nuevas”, sino porque quiere que la acusación exponga las pruebas que “se han vertido sobre él durante prácticamente 13 años”.

No obstante, el expresident quiere seguir el juicio desde Barcelona y evitarse así “ir y volver los 45 días que dure el juicio hasta finales de mayo”, ha añadido su hijo.

Oriol Pujol ha defendido que su padre, Jordi Pujol, no quiere eludir el juicio que arranca este mes en la Audiencia Nacional contra él y su familia, pero ha alegado que a su edad su cuerpo no lo aguanta y que debería poder participar desde Barcelona. “El cuerpo no le aguanta, puede ser bastante mortal, dicho esto como expresión pero también un poco literal”, ha manifestado en una entrevista en Catalunya Ràdio. 

El que fuera destacado dirigente de CiU, que pasó por prisión condenado por el caso ITV, ha asegurado que concedía una entrevista casi diez años después de dejar la política para aclarar la petición de su padre a la Audiencia Nacional de que valore si su estado de salud le permite ir a juicio. A sus 95 años, y habiendo sufrido un ictus en 2022, el expresident solicitó también a través de su defensa no tener que acudir presencialmente a la Audiencia Nacional. 

Oriol Pujol ha insistido en los problemas cognitivos y sobre todo físicos del expresident, pero ha dejado claro: “En ningún caso mi padre pide no ir a juicio. Él quiere ir, lo más duro ya lo hemos pasado”. 

Sobre sus achaques, propios de la edad, Oriol Pujol ha confirmado que tiene marcadores de Alzheimer, pero que esto no le inhabilita ni le hace “inservible”. Ha asegurado que conserva lucidez, a pesar de algunas carencias, y ha recalcado que sus problemas son sobre todo físicos. “El cuerpo está castigado, débil, frágil, arrastra dolores, incomodidad, escoliosis…”, ha enumerado, para dar a entender que no puede acudir a Madrid a un juicio que se alargará meses con numerosas sesiones. 

La Audiencia Nacional juzga a Pujol y a sus siete hijos a partir del 24 de noviembre de 2025 y el mes de mayo del año que viene por la fortuna presuntamente ilícita que acumularon y mantuvieron oculta durante décadas, diez años después de que se abriera esta causa.

La Fiscalía pide una condena de 9 años de cárcel para el expresidente catalán, mientras que para sus siete hijos solicita penas que oscilan entre los 8 y los 29 años de cárcel que reclama a su primogénito, Jordi Pujol Ferrusola, así como multas millonarias. Por el contrario, la Abogacía del Estado no acusa al expresident, mientras que para el primogénito pide 25 años de cárcel y una fianza de 7,7 millones de euros.

Pujol ha admitido este jueves que fue en 1992 cuando tuvo conocimiento por primera vez de las cuentas que Pujol y la familia manejaban en Andorra, origen de la confesión del expresident en 2014. “No es algo bonito, no tengo problemas en asumirlo abiertamente, es una vergüenza”, ha afirmado sobre el dinero acumulado en cuentas andorranas.

En este sentido, ha detallado que el se desentendió de ese dinero en 2009, cuando le pidió a su hermano que cerrara su cuenta.

El expresident de la Generalitat Jordi Pujol ha aportado tres informes médicos y ha solicitado a la Audiencia Nacional que avalúe su estado de salud para determinar si puede someterse al juicio sobre el origen de su fortuna que tiene previsto su inicio el próximo 24 de noviembre en la sede del tribunal especial en San Fernando de Henares (Madrid).

Tal y como ha avanzado El País y ha confirmado elDiario.es, la defensa del expresident, que ejerce el penalista Cristóbal Martell, ha aportado los informes médicos para que el tribunal decida si ve apto a Pujol para afrontar el proceso. No se trata de pedir directamente que quede exento del juicio por su edad o condición cognitiva, sino que sea el tribunal el que valore su capacidad para ser juzgado y defenderse con todas las garantías.

Lo que sí ha solicitado la defensa es que el expresident no tenga que acudir presencialmente al juicio en la sede de la Audiencia Nacional en San Fernando de Henares (Madrid), sino que pueda seguirlo de forma telemática desde Barcelona.

En declaraciones a SER Catalunya, el doctor del expresident, Jaume Padrós, ha considerado “más que razonable” la petición de la defensa, sin añadir más comentarios dado el secreto profesional que le impide revelar el estado de salud de un paciente.

El expresident, de 95 años, sufrió un ictus en 2022. En los últimos actos públicos a los que asistido, como la conmemoración de la Diada de Catalunya el pasado 11 de septiembre, lo ha hecho ayudado de un caminador para andar. No esconde el deterioro que, como es habitual en las personas de avanzada edad, sufre su salud.

La Audiencia Nacional juzgará a Pujol y a sus siete hijos del 24 de noviembre de 2025 y el mes de mayo del año que viene por la fortuna presuntamente ilícita que acumularon y mantuvieron oculta durante décadas, diez años después de que se abriera esta causa.

La Fiscalía pide una condena de 9 años de cárcel para el expresidente catalán, mientras que para sus siete hijos solicita penas que oscilan entre los 8 y los 29 años de cárcel que reclama a su primogénito, Jordi Pujol Ferrusola, así como multas millonarias. Por el contrario, la Abogacía del Estado no acusa al expresident, mientras que para el primogénito pide 25 años de cárcel y una fianza de 7,7 millones de euros.

La tarde del 25 de julio de 2014, muchos españoles leyeron una noticia que les dejó en shock. Jordi Pujol, expresident de la Generalitat de Catalunya y fundador de Convergència i Unió (CiU), hegemónico en el Govern durante 23 años, emitió un comunicado con una confesión inaudita: el reconocimiento de que durante décadas su familia había ocultado dinero en el extranjero.

La confesión de Pujol llegó después de que, durante días, informaciones publicadas por El Mundo apuntaran a un cuantioso patrimonio de la familia en paraísos fiscales. La versión de Pujol es que el dinero oculto procedía de una herencia del abuelo Florenci, en ningún caso de la corrupción política.

Nadie creyó su comunicado –especialmente la idea de que el grueso del capital evadido lo constituyera una deixa del abuelo–, y su reputación se desmoronó. Caía así un padre de la patria: la catalana, pero también la española, pues el partido de Pujol había sido decisivo para estabilizar la democracia en los primeros 80 y, además, había puesto con sus votos tanto a Felipe González (1993) como a José María Aznar (1996). Así lo narra también la cinta Parenostre, con guion del productor televisivo Toni Soler –que ya había guionizado hace más de una década la revuelta de 1934 en Barcelona– y bajo la dirección de Manuel Huerga, que se estrena en cines este lunes 14 de abril.

La película aborda los hechos de la tarde previa, el 24 de julio, en la que los Pujol, reunidos en casa del patriarca, reciben por parte de los periodistas de El Mundo la noticia de que al día siguiente se publicará un reportaje sobre su patrimonio oculto. Es a partir de este punto que Parenostre desarrolla su trama, con Josep Maria Pou en el papel de Jordi Pujol y Carme Sansa en el de Marta Ferrusola.

El filme se centra en la reacción de los integrantes de la familia ante el anuncio, que cae como una bomba: en menos de 24 horas toda España sabrá quién era en realidad el líder catalán y un velo caerá de los ojos de todos aquellos catalanes –muchos– que hasta entonces habían visto en Pujol una figura paternalista y protectora, totalmente confiable.

Algunos flashbacks nos retrotraen al pasado de Pujol padre, militante antifranquista, pero también creador de la Banca Catalana, un proyecto de oscura trayectoria que terminó en quiebra y con grandes cantidades de dinero en paradero desconocido. ¿Acaso en Andorra?

Esa sospecha sobrevuela Parenostre, como tantas otras que señalan a los hijos y sus negocios, las comisiones que cobraban de los empresarios, supuestamente en nombre del expresident, o la madre, Marta Ferrusola, que según documentos del sumario del caso era conocida en los medios financieros andorranos como “la madre superiora”.

No obstante, la cinta de Huerga y Soler no concreta hechos, sino más bien pretende crear un fresco de aquella tarde, tensa y dramática, fabulando con las personalidades de Pujol, Ferrusola y sus tres hijos Oleguer, Oriol y Jordi, que se culpan entre sí de los errores y excesos cometidos en lo que un día Pasqual Maragall definiera respecto a sus actividades como “un lucro incesante”.

La caída de un mito

En esta tormenta emocional en la que se mezclan el miedo, la culpa y la sensación de haberse pasado de la raya, es el expresident quien pone el seny y asume que no podrá negar la información del mundo, al menos en su totalidad. Es por ello que Pujol, no sin antes hablar con el rey emérito Juan Carlos I para amenazarle con revelar trapos sucios que le atañen, y viendo que el exmonarca no responde a las presiones, decide escribir su comunicado.

A partir de la publicación del mismo, Parenostre, nos muestra la reacción en cadena que se produjo en los medios tanto catalanes como españoles ante la confesión: no hay piedad para Jordi Pujol y los suyos. Los mitos como él caen desde todo lo alto y el ruido que se produce cuando impactan con el suelo se oye en todos los confines.

Un momento destacado de la cinta, que explica el juicio mediático, reproduce a un Pujol reflexionando con qué calle de Barcelona le hubieran otorgado a su muerte de no haber acontecido lo que se conoció popularmente como el “caso Pujol”. Comenta el expresident que Tarradellas tiene una avenida –y ahora un aeropuerto–; Francesc Macià una plaza y Companys un paseo. Por contra, se lamenta, el Ayuntamiento de Premià de Dalt, su población de veraneo, quiere retirar a estatua que le dedicó en el pasado. “Como si fuera Sadam Husein”, suelta con amargura el Pujol que interpreta Josep Maria Pou.

Los autores de Parenostre apuntan a lo largo de todo su metraje que detrás de la causa mediática y judicial contra la familia Pujol no hay una mano inocente, sino una guerra sucia del Estado, que se revuelve ante el avance del Procés que culminaría en 2017 con el referéndum del primero de octubre. Aparece, así, en una escena el inefable comisario Villarejo, que mantiene una tensa conversación con Oriol Pujol en la que le deja claro que esta vez van a por ellos en serio y no van a poder evitar la caída. Como finalmente ocurrió.

Aval judicial a la decisión de la Generalitat de permitir a Oriol Pujol salir a diario de la cárcel para ir a trabajar. La titular del juzgado de vigilancia penitenciaria 2 de Barcelona ha aprobado que los servicios penitenciarios catalanes otorgaran a Pujol un beneficio penitenciario “excepcional” que le permite salir a diario de prisión y regresar al centro penitenciario solo para dormir sin tener el tercer grado.

Solo una semana después de que la jueza revocara el tercer grado, los servicios penitenciarios catalanes aplicaron sobre Oriol Pujol el artículo 100.2 del reglamento, lo que permitió al hijo del expresident salir a diario de la cárcel para trabajar y realizar tareas de voluntariado social. Para la Fiscalía, esta decisión no era sino un tercer grado “encubierto” y un privilegio que la Generalitat otorgó a Pujol “por ser hijo de un expresident”.

Por contra, en un auto, la jueza de vigilancia penitenciara ampara la flexibilización del régimen penitenciario a Pujol “a la vista de la consecución de los objetivos personales y laborales obtenidos por el interno en su programa individual de tratamiento”. Asimismo, destaca que la salida a diario del centro penitenciario para ir a trabajar resulta “un mecanismo para favorecer el proceso de inserción social y laboral” de Pujol, que pactó con la Fiscalía una condena de dos años y medio de cárcel y admitió haber cobrado comisiones en el caso de las ITV.

“No puede obviarse que concurren en el penado –indica la jueza– circunstancias positivas, tales como su primariedad delictiva, asunción de los hechos y el reconocimiento público de los mismos, el bajo riesgo de reincidencia, la adaptación de su conducta a la normativa, así como el diagnóstico social positivo y su integración socio familiar, ostentado en la actualidad un empleo como agente comercial en diferentes empresas”.

De esta forma, Oriol Pujol podrá seguir saliendo de la cárcel de lunes a viernes de 8:00h. a 21:00h. para ir a trabajar de comercial y acudir a las labores de voluntariado que realiza en un comedor social, y solo pasará en prisión los fines de semana y las noches.

La jueza explica su cambio de criterio –revocó la concesión del tercer grado, que Pujol recibió menos de dos meses después de entrar en prisión– porque, pasado más de medio año de su ingreso voluntario en la cárcel, Oriol Pujol ya ha abordado las “deficiencias” en su tratamiento y reinserción que tenía cuando la Generalitat le concedió el tercer grado.

Así, la jueza indica que Pujol ya ha acabado “de forma plenamente satisfactoria el programa de reinserción Moral y Valores para abordar la condena de dos años y medio por cohecho, tráfico de influencias y falsedad documental que aceptó en su condena por las ITV.

La magistrada destaca que el hijo del expresident, que como el resto de la familia tiene una causa abierta en la Audiencia Nacional por el origen de la fortuna oculta en Andorra, “muestra un alto grado de arrepentimiento y reprobación” ante los delitos que cometió en el caso ITV y “se responsabiliza” de los mismos, por lo que no ve “obstáculo” para sus salidas diarias de prisión. La Fiscalía puede recurrir ante la Audiencia de Barcelona.

Respuesta contundente de la Fiscalía al beneficio penitenciario que la Generalitat otorgó a Oriol Pujol una semana que la jueza le revocara el tercer grado. El fiscal ha pedido revocar la aplicación del artículo 100.2 del reglamento que decidieron los servicios penitenciarios de la Generalitat, lo que permite a Pujol salir a diario de la cárcel para trabajar y realizar tareas de voluntariado social.

En un duro escrito, el fiscal afirma que el “trato privilegiado” que la Generalitat ha dado a Oriol Pujol al aplicarle un beneficio penitenciario “excepcional” seis días después de la revocación del tercer grado solo se explica por razones familiares. “Lo único excepcional en este caso es que el interno es hijo de un expresident de la Generalitat, miembro destacado durante muchos años del partido fundado por su padre”, lanza el fiscal, que apostilla, sin mencionar explícitamente a Convergència Democràtica, que Junts per Catalunya tiene como “antecedente directo” al partido fundado por Pujol.

“A ningún ciudadano de este país se le escapa -abunda el fiscal- que la concesión del tercer grado inicial al interno y ante su revocación, esta forma poco respetuosa con las resoluciones judiciales, se debe a la decidida voluntad de la administración de que el interno permanezca el mínimo tiempo en prisión”.

El Departamento de Justicia de la Generalitat flexibilizó el pasado mes de mayo el régimen carcelario de Pujol, que solo ha pasado 65 días completos entre rejas. El exdirgente de CDC pasaba todo el día en prisión después de que la jueza revocara el tercer grado, pero la Generalitat decidió solo siete días después aplicarle el artículo 100.2 del reglamento, lo que le permite pasar todo el día fuera de la cárcel para trabajar de comercial y realizar voluntariado en un comedor social. Vuelve a prisión a dormir a las 22:00h., frente a las 20:00h. del tercer grado. El fiscal califica la decisión de los servicios penitenciarios de tercer grado “encubierto”.

El Ministerio Público defiende además que Pujol debe permanecer en prisión -fue condenado a dos años y medio de cárcel por cohecho, falsedad documental y tráfico de influencias en el caso ITV- ya que es el método más eficaz “de intimidación al delincuente” de cara a prevenir posibles futuros crímenes.

En este sentido, el fiscal recuerda que Pujol cometió los delitos “por pura codicia, por mera avaricia, así como por su situación familiar privilegiada y por el poder que conllevaban los cargos políticos que desempeñaba”, en referencia a que en el momento de los hechos el hijo del expresident era secretario general de CDC y portavoz del partido en el Parlament.

Dejar salir de la cárcel a diario a Pujol, abunda el fiscal, impide la “reeducación” del hijo del expresident y no permite alcanzar los objetivos de la pena impuesta, ya que se transmite “sensación de impunidad”. “Los hechos delictivos exigen un mínimo tratamiento en el que se constate la realidad de la asunción y comprensión de los hechos”, agrega el fiscal. 

Asimismo, el fiscal recuerda en casos de corrupción política es necesario “extremar la cautela”, para que se cumplan todos los objetivos de la pena, como son la prevención del delito, la intimidación al delincuente y “evitar la sensación de que la pena pueda ser burlada”, tal y como, a su juicio, ha permitido la Generalitat a Oriol Pujol.

El exdirigente de Convergència Oriol Pujol Ferrusola, condenado a dos años y medio de cárcel por corrupción, vuelve a pasar día y noche en prisión. El hijo del expresident de la Generalitat no ha salido este viernes de la cárcel de Brians I para ir a trabajar, tal y como hacía cada día desde que los servicios penitenciarios catalanes le concedieran en marzo el tercer grado revocado por la jueza este jueves.

Según han informado fuentes penitenciarias, Oriol Pujol ha quedado ingresado en Brians 1 en cumplimiento de la resolución de la jueza de vigilancia penitenciaria que revocó el tercer grado. Tras dos meses en prisión, los servicios penitenciarios catalanes otorgaron a Pujol el tercer grado, lo que implicaba que el hijo del expresident solo iba a dormir a prisión entre semana.

Los servicios penitenciarios catalanes se mostraron a favor de la medida pese a que el expolítico tiene pendiente una causa en la Audiencia Nacional por el origen de la fortuna oculta en Andorra. Analizaron el riesgo de reincidencia o de quebrantamiento de condena de Pujol, sus características personales y sociales, así como su apoyo familiar, un estudio que la jueza consideró incompleto.

En su auto de este jueves, la jueza, en línea con la Fiscalía, considera necesario que Pujol pase más tiempo en prisión para que quede acreditada “una evolución suficientemente favorable que permita inferir una capacidad para llevar una vida alejada del delito” antes de concederle el tercer grado. La magistrada argumenta que la administración autonómica concedió de forma “prematura” el tercer grado a Pujol, cuando solo había pasado dos meses en prisión, lo que impedía obtener “un adecuado conocimiento” de sus circunstancias.

Fuentes oficiales de los servicios penitenciarios catalanes han replicado la crítica de la jueza por otorgar de forma “prematura” el tercer grado a Pujol. Indican las citadas fuentes que el reglamento penitenciario establece que el periodo para que la junta de tratamiento de la cárcel clasifique a un interno es de un máximo de 60 días, y que en el caso de Pujol se hizo en 56 días.

Oriol Pujol ingresó el pasado 17 de enero de forma voluntaria en prisión para cumplir condena por el caso de las ITV, en el aceptó una condena por los delitos de cohecho, tráfico de influencias y falsedad documental. Pujol Ferrusola reconoció haber cobrado comisiones ilegales a cambio de favorecer a los empresarios investigados en varias operaciones mercantiles, entre ellas la adjudicación de los nuevos lotes de la Inspección Técnica de Vehículos (ITV) en Catalunya. A cambio, la esposa de Pujol, Anna Vidal, facturó 381.450,4 euros.

La jueza ha revocado el tercer grado que la Generalitat concedió a Oriol Pujol Ferrusola, condenado en firme a dos años y medio de cárcel en el caso ITV, y ha ordenado que vuelva a ingresar en prisión. El hijo del expresident puede recurrir la decisión ante la Audiencia de Barcelona, si bien la jueza indica que la anulación del tercer grado “es ejecutable”. Fuentes fiscales han indicado que el reingreso en la cárcel de Pujol se producirá “de forma inmediata”.

En un auto, la jueza de vigilancia penitenciaria estima el recurso de la Fiscalía contra el beneficio penitenciario que la Generalitat otorgó a Pujol. La magistrada destaca que el hijo del expresident, condenado por tráfico de influencias, cohecho y falsedad documental, todavía presenta “déficits relevantes que deben ser trabajados” y que la llevan a revocar el tercer grado.

A criterio de la magistrada, el hijo del expresident todavía no está concienciado sobre los “elementos de riesgo” asociados a su conducta delictiva ni sobre los “límites en las relaciones interpersonales” que sobrepasó para llevar a cabo los delitos por los que fue condenado. “Existe una desproporción entre la entidad de los hechos enjuiciados y la clasificación en tercer grado”, concluye la jueza, que destaca la “especial naturaleza” del caso de Pujol al tratarse de un caso de corrupción política que causó “un gran descrédito” a las instituciones catalanes.

La magistrada deja tocados a los servicios penitenciarios de la Generalitat. Sostiene que la administración autonómica concedió de forma “prematura” el tercer grado a Pujol, cuando solo había pasado dos meses en prisión, lo que impide obtener “un adecuado conocimiento” de sus circunstancias. En este sentido, la jueza destaca que no se conocen los resultados del programa de moral y valores que Pujol siguió tan solo durante un mes para reinsertarse.

“No consta –subraya la magistrada– la valoración, consolidación y seguimiento del programa ni si ha tenido algún efecto reeducador en relación en su conducta delictiva centrada, según los informes penitenciarios, en la codicia y la posible repercusión en su estatus social y sus relaciones de poder”. En línea con la Fiscalía, la jueza considera necesario que Pujol pase más tiempo en prisión para que quede acreditada “una evolución suficientemente favorable que permita inferir una capacidad para llevar una vida alejada del delito” antes de concederle el tercer grado.

La Generalitat concedió el tercer grado penitenciario a Oriol Pujol tras 65 días en prisión, y a partir del 28 de marzo el hijo del expresident solo iba a dormir a prisión entre semana. Los servicios penitenciarios catalanes se mostraron a favor de la medida tras analizar el riesgo de reincidencia o de quebrantamiento de condena de Pujol, sus características personales y sociales, así como su apoyo familiar. Cabe recordar que, junto al resto de la familia, Oriol Pujol tiene pendiente una causa en la Audiencia Nacional por el origen de la fortuna oculta en Andorra.

La Fiscalía se opuso al tercer grado y, en un duro escrito, criticó a la Generalitat por “transmitir una sensación de impunidad” y de “vaciado de la pena” de dos años y medio de cárcel a la que fue condenado Pujol. Argumentó el fiscal que el “trato privilegiado” que la Generalitat brindó a Pujol provocaba su vuelta a un “entorno social privilegiado” que fue precisamente donde cometió los delitos a los que fue condenado.

“Difícilmente se concedería el tercer grado a un condenado por robo, delito propio de ambientes sociales desfavorecidos, que estuviese siendo investigado junto al resto de su familia por la comisión de otros delitos de robo”, abundó la Fiscalía para señalar el privilegio que supuso el tercer grado.

Oriol Pujol ingresó el pasado 17 de enero de forma voluntaria en prisión para cumplir condena por el caso de las ITV. Pujol Ferrusola reconoció haber cobrado comisiones ilegales a cambio de favorecer a los empresarios investigados en varias operaciones mercantiles, entre ellas la adjudicación de los nuevos lotes de la Inspección Técnica de Vehículos (ITV) en Catalunya. A cambio, la esposa de Pujol, Anna Vidal, facturó 381.450,4 euros.

La Fiscalía ha recurrido el tercer grado que la Generalitat concedió a Oriol Pujol Ferrusola y ha pedido al juez de vigilancia penitenciaria que el hijo del expresident vuelva a prisión en régimen de segundo grado, esto es, que pase todo el día entre rejas y no acuda solo a dormir entre semana al centro.

En el escrito presentado al juez de vigilancia penitenciaria de Barcelona, el fiscal censura con dureza la concesión del tercer grado y cree que no se cumplen ninguno de los requisitos por los que lo acordaron primero la junta de tratamiento de la cárcel de Brians II y después la secretaría de medidas penales de la conselleria de Justicia de la Generalitat.

Es más, el fiscal cree que con el tercer grado a Oriol Pujol “se transmite una sensación de impunidad” y un “vaciado de la pena” de dos años y medios de cárcel a la que el hijo del expresident fue condenado tras reconocer que cobró comisiones de empresario a cambio de usar su influencia política en la adjudicación de estaciones de las ITV. “Nos encontramos ante la minimización de actos delictivos muy graves cometidos por un político que, además, ostentaba el cargo de diputado del Parlament”, agrega el fiscal.

Oriol Pujol, recuerda el ministerio público, es un “privilegiado social y económicamente”, algo que aprovechó para cometer los delitos de cohecho, falsedad documental y tráfico de influencias. “Darle ahora un trato privilegiado como es el tercer grado solo refuerza su sensación de que su estatus le permite aprovechar sus prebendas para la comisión delictiva y que si finalmente es descubierto, se le dará un trato preferente, alejando así totalmente el efecto intimidatorio de la pena”, afea el fiscal a la Generalitat.

Las críticas del fiscal a los servicios penitenciarios catalanes también alcanzan la valoración de la familia del hijo del expresident. Asegura el fiscal que la junta de tratamiento de la cárcel consideró a los Pujol “una familia estructurada y funcional” pese a que la misma –incluido Oriol Pujol Ferrusola– permanece imputada en la Audiencia Nacional por la fortuna oculta en Andorra. “El regreso a ese entorno sumamente privilegiado no puede ser considerado como un elemento contenedor sino más bien como un factor de riesgo”, apostilla el fiscal.

“Difícilmente se concedería el tercer grado a un condenado por robo, delito propio de ambientes sociales desfavorecidos, que estuviese siendo investigado junto al resto de su familia por la comisión de otros delitos de robo”, abunda la Fiscalía para señalar el privilegio que, a su juicio, ha supuesto el tercer grado. Más aún teniendo en cuenta el “importante riesgo de reincidencia” de Oriol Pujol por haber delinquido “por puro ánimo de lucro y codicia al tener medios de vida más que suficientes”, zanja el fiscal.

El exdiputado de CiU en el Parlament Oriol Pujol, condenado a dos años y medio de cárcel por el caso ITV y en prisión desde el 17 de enero, ha salido este viernes a las 8.17 horas de la cárcel de Brians 2, en Sant Esteve Sesrovires (Barcelona), al haberle concedido el tercer grado penitenciario, según ha informado la Secretaría de Medidas Penales, Reinserción y Atención a la Víctima de la Generalitat.

Pujol, condenado por delitos de tráfico de influencias, delito continuado de cohecho y falsedad en documento mercantil, será trasladado a un centro de régimen abierto, donde deberá ir a dormir entre semana, y durante la jornada saldrá para ir a trabajar, y podrá pasar los fines de semana en su casa.

El exdiputado convergente lleva desde el 17 de enero en la cárcel de Brians 2, en concreto en el módulo 7, y previsiblemente será trasladado, al ser de Barcelona, al módulo de régimen abierto de Brians 1 o a los centros abiertos de Barcelona: Trinitat y sección abierta de Wad Ras.

Pujol podrá regresar este viernes a su casa, pasar el fin de semana allí, y a partir del lunes deberá acudir al centro que se le asigne a dormir, donde deberá pasar un mínimo de ocho horas al día entre semana.

La Secretaría de Medidas Penales de la Conselleria de Justicia, que dirige Ester Capella, aprobó el 21 de marzo la clasificación inicial de tercer grado de Oriol Pujol, una propuesta que había sido elevada por decisión unánime de la Junta de Tratamiento de la cárcel.

El tercer grado tiene efecto desde este jueves 28 de marzo, cuando por la mañana tuvo lugar la reunión ordinaria de la Junta de Tratamiento, y prevé que el preso salga durante el día para trabajar, formarse o seguir tratamiento de reinserción.

Para aprobar un tercer grado inicial, se tiene en cuenta la duración de la pena, el riesgo de reincidencia o quebrantamiento de condena, las características sociales y personales de la persona, si es su primer ingreso penitenciario, el apoyo familiar, si tiene un trabajo y su participación en el programa individual de tratamiento.

El Tribunal del Jurado de la Audiencia de Barcelona condenó a Pujol a una pena de dos años y medio de cárcel por cobrar comisiones y usar su influencia política para favorecer a empresarios en el caso del amaño del concurso para obtener estaciones de ITV.

Pujol, que pasó solo diez minutos en el banquillo de los acusados y evitó un juicio con jurado popular con un pacto con la Fiscalía, concretamente fue condenado a cinco meses de cárcel por tráfico de influencias, una multa 55.000 euros e inhabilitación para ejercer de cargo público en la administración local, provincial, autonómica y estatal por dos años.

Asimismo, la Audiencia condenó al hijo del expresidente catalán Jordi Pujol a ocho meses de prisión por un delito continuado de cohecho y suspensión de empleo y cargo público por un año, y por un delito continuado de falsedad en documento mercantil la pena de un año y cinco meses de cárcel y 21.000 euros de multa.

A raíz de esta condena firme, la Fiscalía pidió el ingreso en prisión del exsecretario general de CiU mientras que su abogado, Xavier Melero, pidió suspender la pena y sustituirla por trabajos en beneficio de la comunidad, lo que la Audiencia descartó al considerar que había cometido hechos “muy graves”.

Los 'comuns' han pedido la comparecencia en el Parlament de la consellera de Justicia, Ester Capella, por el tercer grado que los servicios penitenciarios de la Generalitat han concedido a Oriol Pujol Ferrusola. Así lo ha explicado el candidato de Catalunya en Comú Podem a las elecciones del 28-A, Jaume Asens, en declaraciones a los periodistas antes de la reunión del consejo nacional de la formación este sábado.

“Catalunya ha sufrido demasiado con la corrupción para que nuestras instituciones queden manchadas por cualquier sombra de duda de cualquier trato de favor a aquellos que las expoliaron”, ha aseverado Asens. La conselleria de Justicia niega trato de favor alguno a Pujol y añade que el otorgamiento del tercer grado ha seguido el mismo procedimiento que con el resto de presos.

La secretaría de medidas penales, reinserción y atención a la víctima, dependiente de la conselleria de Justicia de la Generalitat, validó este viernes la propuesta de la junta de tratamiento de la cárcel de Brians II y concedió a Oriol Pujol Ferrusola el tercer grado penitenciario. A partir del próximo jueves Pujol tendrá que acudir a prisión únicamente a dormir entre semana.

De esta forma, el hijo del expresident de la Generalitat habrá estado encerrado en la cárcel 70 días desde que ingresara voluntariamente en el centro de Brians II el pasado 17 de enero para cumplir la condena en firme de dos años y medio que él mismo pactó con la Fiscalía en el caso de corrupción de las ITV. Pujol fue condenado por cohecho, tráfico de influencias y falsedad en documento mercantil y reconoció haber cobrado comisiones a cambio de favorecer a empresarios en la adjudicación de las Inspecciones Técnicas de Vehículos (ITV).

“Noticias como el tercer grado de Pujol nos devuelven a la pesadilla que ha vivido este país con la corrupción”, ha asegurado Asens. El también teniente de alcaldía de Barcelona ha considerado “innegable” que el tercer grado de Pujol “es controvertido no solo por el poco tiempo en prisión sino porque tiene una causa pendiente en la Audiencia Nacional”, la que mantiene a toda la familia imputada por el origen de la fortuna oculta en Andorra.

Los servicios penitenciarios de la Generalitat han concedido a Oriol Pujol Ferrusola el tercer grado tras 65 días en prisión. De esta forma, el hijo del expresident, condenado en firme a dos años y medio de cárcel por cobrar comisiones ilegales el caso de las ITV, solo tendrá que ir a dormir a la cárcel entre semana a partir del próximo jueves, cuando se aprobará formalmente el tercer grado por parte de la junta de tratamiento del centro penitenciario de Brians II.

La clasificación en tercer grado propuesta por la junta de tratamiento de la cárcel de Brians II y validada por la secretaría de medidas penales, reinserción y atención a la víctima, dependiente de la conselleria de Justicia de la Generalitat, supondrá el traslado de Pujol desde el módulo 7 de la cárcel a un centro penitenciario con régimen abierto, donde permanecerá ocho horas al día. Los internos que, como Pujol Ferrusola, viven en Barcelona, normalmente tienen como destino los centros de Brians I, Trinitat o Wad Ras.

La Fiscalía puede recurrir la decisión de los servicios penitenciarios catalanes ante el juez de vigilancia. En este supuesto, antes de resolver y decidir si mantiene o revoca el tercer grado el juez tendrá que pedir los informes al centro penitenciario. La última palabra en cualquier caso la tendría la Audiencia Provincial de Barcelona.

Oriol Pujol ingresó el pasado 17 de enero de forma voluntaria en prisión para cumplir condena por el caso de las ITV. Pujol Ferrusola reconoció haber cobrado comisiones ilegales a cambio de favorecer a los empresarios investigados en varias operaciones mercantiles, entre ellas la adjudicación de los nuevos lotes de la Inspección Técnica de Vehículos (ITV) en Catalunya. A cambio, la esposa de Pujol, Anna Vidal, facturó 381.450,4 euros.

Fuentes de la conselleria de Justicia han recordado que en Catalunya un 26% de los internos que cumplen penas de cárcel lo hacen en régimen de tercer grado –1.640 de 8.484 presos. En 2018, una de cada tres clasificaciones iniciales que resolvieron los servicios penitenciarios fue un régimen abierto.

Los requisitos para otorgar el tercer grado se basan, entre otros factores, en la duración de la pena –en el caso de Pujol, dos años y medio de cárcel tras un pacto con la Fiscalía–, el riesgo de reincidencia o de quebrantamiento de condena, las características personales y sociales del penado, el número de ingresos penitenciarios anteriores o el apoyo familiar y el empleo. Cabe recordar que Pujol Ferrusola tiene una causa pendiente con la Justicia, la que lo mantiene imputado en la Audiencia Nacional por la fortuna familiar oculta en Andorra.

La Junta de Tratamiento del centro penitenciario de Brians 2, en Sant Esteve Sesrovires (Barcelona), ha aprobado por unanimidad una propuesta de clasificación en tercer grado para el exdiputado de CiU en el Parlament Oriol Pujol, lo que le permitiría salir de día para trabajar o hacer actividades de reinserción y dormir en la cárcel entre semana. Esta decisión se produce cuando el recluso ni siquiera ha cumplido dos meses de prisión, ya que ingresó en la misma el pasado 17 de enero.

Tras recibir la propuesta, el Servicio de Clasificación de la Secretaría de Medidas Penales, Reinserción y Atención a la Víctima, que depende de Amand Calderó, deberá estudiar la propuesta y decidir si la valida, lo que puede producirse en los próximos días, ha informado la Conselleria de Justicia este viernes.

Concretan que la decisión la toma este órgano garantizando la unidad de criterio en todos los centros penitenciarios catalanes, en un proceso “única y exclusivamente técnico”, en base a la propuesta de la Junta de Tratamiento, un órgano colegiado que tiene en cuenta los informes de profesionales.

Dos años y medio por amaños en las ITV

Pujol ingresó en este centro el 17 de enero de este año para cumplir la condena de dos años y medio impuesta por la Audiencia de Barcelona por el caso de amaños de concesiones de ITV.

Justicia ha explicado que, al tratarse de la primera valoración del caso desde el ingreso en el sistema penitenciario, este procedimiento es la clasificación inicial, que se fija con un plazo máximo de dos meses de observación tras empezar el periodo de reclusión.

Mientras la Secretaría decide, Pujol seguirá en el módulo 7 de Brians 2, donde coincide con presos conocidos, como Diego Torres –condenado por el caso Nóos– y, hasta hace poco, con el expresidente del FC Barcelona Sandro Rosell, que estuvo en prisión preventiva hasta que empezó el juicio en la Audiencia Nacional.

¿Qué supone el tercer grado?

La clasificación en tercer grado supone que el interno puede salir durante el día a trabajar o realizar actividades formativas o de tratamiento para su reinserción, y debe regresar por la noche a la cárcel, donde tiene que estar un mínimo de 8 horas, si bien puede estar en su casa el fin de semana.

El personal penitenciario hace seguimiento del caso, con entrevistas y controles, y este grado supone que el preso pasa de un centro penitenciario de régimen ordinario a otro de régimen abierto, que tiene unas medidas de seguridad atenuadas y un “mayor contacto con el medio comunitario para facilitar la incorporación progresiva a la vida en libertad”.

Para hacer una propuesta de clasificación inicial de tercer grado, la Junta de Tratamiento valora el tiempo de condena, el riesgo de reincidencia, las características personales y sociales, si es un primer ingreso, el apoyo familiar, si tiene trabajo, su conducta en el centro y su compromiso con el programa individual de tratamiento.

Según cifras del Departamento, el año pasado las juntas de tratamiento hicieron 873 propuestas de clasificación inicial en tercer grado, y actualmente, en Catalunya, de las 8.484 personas que cumplen pena de prisión, 1.640 lo hacen en tercer grado, un 26% del total.

Tráfico de influencias, cohecho y falsedad documental

La magistrada encargada de resolver la ejecución de la condena impuesta a Pujol por los delitos de tráfico de influencias, delito continuado de cohecho y de falsedad en documento mercantil acordó en un auto del 8 de enero denegar la petición de suspensión de la pena de prisión que solicitó la defensa.

Pujol defendió, en una vista convocada el 10 de diciembre en la Audiencia, sustituir su pena de dos años y medio de cárcel por una pena de trabajos en beneficio de la comunidad, y reiteró su arrepentimiento por los hechos –“Me he visto con ojos de este procedimiento y no me he gustado a mí mismo”–.

Hechos “muy graves”

La Audiencia rechazó la petición argumentando que cometió hechos “muy graves” alegando que, en vez de prestar el servicio social inherente a sus cargos políticos –fue presidente del grupo parlamentario de CiU, secretario general adjunto y secretario general de CDC–, se aprovechó en beneficio propio.

“No actuó en interés del pueblo al que representaba [era diputado] sino en el suyo propio”, y no fue de forma aislada sino que actuó desde su privilegiada posición política y actividad pública hasta el 2010 a 2012, percibiendo comisiones dinerarias a través de empresas regentadas por su esposa, afirma la Audiencia.

El tribunal aseveró que su actuación “ha supuesto un ataque muy importante” al Estado de derecho, pues a su entender afecta a su propia esencia y provoca desconfianza en la ciudadanía hacia sus representantes.

Por primera vez un miembro de la familia Pujol Ferrusola entrará en la cárcel para cumplir una condena por corrupción. La Audiencia de Barcelona, tal y como pedía la Fiscalía, ha ordenado el ingreso en prisión de Oriol Pujol Ferrusola para que cumpla la condena de dos años y medio de cárcel que él mismo aceptó. El  hijo del expresident puede interponer un recurso contra esta resolución en los próximos tres días, aunque fuentes judiciales apuntan a que es muy difícil que prospere vista la contundencia del auto de este miércoles.

La entrada en prisión del quinto hijo del expresident por haber cobrado comisiones ilegales –tal y como el propio Pujol Ferrusola admitió en su pacto con Anticorrupción– es un nuevo capítulo del ocaso imparable de la familia que controló la Generalitat durante 23 años. Jordi Pujol padre, Marta Ferrusola y sus siete hijos siguen imputados en la Audiencia Nacional por la fortuna oculta en Andorra, en un caso que sigue en instrucción tras más de cuatro años y por el que Jordi Pujol junior estuvo siete meses en prisión provisional, que abandonó después de abonar una fianza de medio millón de euros.

En el caso de Oriol Pujol, su estrategia de buscar un acuerdo con la Fiscalía que le ahorrara el juicio de las ITV no ha evitado su ingreso en prisión. Tras el pacto con Anticorrupción, el único hijo del expresident que se dedicó a la política aceptó la sentencia que lo condenó a dos años y medio de cárcel por los delitos de falsedad documental, cohecho y tráfico de influencias, así como una multa de 76.000 euros, que ya ha pagado.

Lo que Pujol Ferrusola quería evitar a toda costa y sí ha conseguido era evitar el ingreso en prisión de su mujer, Anna Vidal, también condenada a penas menores por enmascarar como trabajos de asesoría pagos de 381.450,4 euros que no eran otra cosa que comisiones de empresarios afines por, concluyó la sentencia, la “inestimable colaboración prestada por Oriol Pujol Ferrusola” para favorecer sus negocios en las Inspecciones Técnicas de Vehículos (ITV) catalanas y las deslocalizaciones de empresas como Sharp o Yamaha.

“Los hechos son muy graves –sostiene el auto de la magistrada–presidenta del jurado, Carmen Zabalegui, que ordena el ingreso en prisión de Pujol Ferrusola– porque el penado, en vez de prestar el servicio a la sociedad inherente a sus cargos políticos, se aprovechó de los mismos en su propio beneficio”. “No se trató de una acción aislada”, añade la magistrada, “sino que era una manera de actuar desde su privilegiada posición política y actividad pública que se prolongó entre 2010 y 2012 y solo terminó cuando la estratagema fue descubierta”.

La magistrada define los sobornos y corruptelas de Pujol Ferrusola como “un ataque muy importante a nuestro Estado de Derecho”, y, tras ponderar las circunstancias personales esgrimidas por la defensa del hijo del expresident, concluye que prima la gravedad de los delitos a los que ha sido condenado. “No existe ningún elemento extraordinario que aconseje la suspensión de la pena”, zanja.

La defensa del hijo del expresident había pedido al tribunal suspender la entrada en la cárcel de Pujol Ferrusola porque el ingreso en prisión perjudicaría “gravemente” a su entorno familiar, así como a su arraigo social y laboral “en plena reconstrucción”. Pujol Ferrusola, que ahora trabaja como autónomo, paga los estudios y la mutua privada de sus hijos y su mujer, indicó la defensa, que añadió que el expolítico de CDC también realiza un voluntariado.

La Fiscalía rechazó todos los argumentos de Pujol Ferrusola y expuso que su situación “no es distinta a la de muchos otros ciudadanos, sin que concurra ninguna circunstancia excepcional a tener en cuenta”, para  evitar su ingreso en prisión. La fiscal Teresa Duerto le recordó además que en España hay sanidad pública y que Vidal cuenta con estudios superiores suficientes para encontrar un trabajo que sustente a la familia mientras su marido esté en prisión.

“Es de dominio público que la Pujol Ferrusola no se trata de una familia con escasos recursos económicos”, concluyó la fiscal, que desveló que Oriol Pujol ha adquirido una segunda residencia en la Cerdanya para negar que el ingreso en prisión del hijo del expresident deje desamparados a su mujer y a sus hijos. La defensa también pedía que Pujol Ferrusola no pisara la cárcel en base a la última reforma del Código Penal que el PP aprobó gracias a su mayoría absoluta en 2015.

Se acerca la hora de la verdad para Oriol Pujol Ferrusola. La Audiencia de Barcelona decidirá en los próximas días si el hijo del expresident de la Generalitat entra en la cárcel para cumplir con la condena de dos años y medio de prisión en el caso de las ITV. En una breve vistilla celebrada este lunes, el exdirigente de Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) ha pedido sustituir el ingreso en prisión que reclama la Fiscalía por trabajos para la comunidad en entidades sin ánimo de lucro.

Oriol Pujol acordó en verano con la Fiscalía una condena de dos años y medio de prisión por el cobro de comisiones a cambio de usar su influencia política en beneficio de un grupo de empresarios en la trama de las ITV y de las deslocalizaciones de las fábricas de Sharp y Yamaha. La Audiencia de Barcelona lo condenó por los delitos de falsedad documental, cohecho y tráfico de influencias.

La Fiscalía pide el ingreso inmediato de Oriol Pujol en prisión y rechaza los argumentos de índole personal esgrimidos por Pujol Ferrusola para evitar su ingreso en prisión. Alegó el hijo del expresident que su entrada en la cárcel truncaría los ingresos económicos de su mujer y sus hijos, a lo que Anticorrupción respondió: “Es de dominio público que la Pujol Ferrusola no se trata de una familia con escasos recursos económicos”.

Según fuentes judiciales, la vistilla de este lunes ha estado centrada en la petición de Pujol Ferrusola para realizar trabajos comunitarios en vez de ingresar en prisión. El exdirigente de CDC, que vio truncada su carrera política por el caso de las ITV, se ha mostrado arrepentido por haber sido un corrupto y ha recordado que, sin que se le haya impuesto por vía judicial, ya realiza trabajos sociales en las fundaciones Gregal y la del Pare Manel.

En este sentido, su defensa ha argumentado que, de cara a la sociedad, en casos de corrupción política como las ITV es más ejemplarizante que el condenado lleve a cabo trabajos sociales que pisar la prisión. Por contra, la fiscal Teresa Duerto considera que solo con el ingreso en la cárcel de Pujol Ferrusola se cumplirá la “función reeducadora” de la pena y dada la “naturaleza y gravedad” de la “corrupción política” por la que fue condenado. La decisión de la Audiencia de Barcelona, según las mismas fuentes, no se espera hasta después de las fiestas de Navidad.

“Me he visto con ojos de este procedimiento y no me he gustado a mí mismo”, ha dicho Pujol Ferrusola al tribunal, según fuentes presentes en la declaración. A la salida de la vistilla, el letrado de Pujol Ferrusola, Xavier Melero, ha sostenido que el exdirigente de CDC “pide la oportunidad de no desestructurar aún más su vida”.

En este sentido, el letrado ha recordado que tras la condena por este caso el “proyecto existencial de 25 años de dedicación a la política se ha acabado” para Pujol Ferrusola, así como sus relaciones sociales y amistades, y su notoriedad. De hecho, Melero ha remarcado que actualmente “nadie le quiere dar trabajo y tiene un trabajo modesto que le cuesta mantener”, de agente comercial, por lo que su planteamiento a la magistrada a la hora de cumplir con la sentencia se basa en no desestructurarse más y continuar su vocación pública con un trabajo solidario.