“La eutanasia también es suicidio”. Son palabras de Daniel Morcillo, concejal de Vox en el Ayuntamiento de Toledo y responsable de la Concejalía de Educación en el gobierno municipal mixto junto al PP. Este viernes se debatía una moción de IU-Podemos que proponía crear una Mesa de la Salud Mental y el edil de la formación ultra se ha descolgado con esta afirmación.

Lo hacía durante el turno de réplica después de que el portavoz de IU-Podemos, Txema Fernández, expusiera los motivos de su propuesta, que tenía como objetivo impulsar acciones encaminadas a la prevención y promoción del bienestar y la salud emocional, social y mental.

Las palabras de Morcillo llegaban casi al final de su intervención, que cuenta con un tiempo máximo de cinco minutos, y generaban las críticas (fuera de micrófono) de la bancada en la que se sitúa la oposición (PSOE e IU-Podemos). El alcalde, Carlos Velázquez, ha intervenido para pedir que dejaran finalizar su discurso al edil de Vox, con el que argumentaba su voto contrario a la moción.

La propuesta de IU-Podemos no ha salido adelante tras ser rechazada por PP y Vox aunque sí ha contado con el apoyo del PSOE. La concejala socialista Ana Abellán ha sido la primera en replicar las palabras del concejal de Vox afirmando que “la eutanasia es un derecho adquirido por ley, en el que una persona quiere morir dignamente y dejar de ver sufrir a los que le rodean”.

“No compare suicidio con eutanasia. Antes de decir esas barbaridades estudien un poquito”, ha aseverado Abellán, que ha recordado que hablar de salud mental es hacerlo del “bienestar integral de personas” que “siguen padeciendo algún tipo de estigma”, lo que supone “uno de los mayores obstáculos para su recuperación”.

Posteriormente, el portavoz de IU-Podemos, Txema Fernández, que había agotado su tiempo exponiendo los motivos de su propuesta, ha replicado también en el debate de otra moción las palabras de Morcillo. “Es un absoluto despropósito mezclar eutanasia y suicidio”, ha señalado para añadir que en esta legislatura no va a votar propuestas “a favor de partidos que dicen que si lo pones en árabe se cobra antes o que criminalizan a jóvenes”.

El juego de la confusión de Vox

El concejal del partido de extrema derecha mezclaba así dos conceptos que poco tienen que ver, jugando a la confusión y aprovechando la figura del suicidio asistido. Según explica la Asociación Derecho a Morir Dignamente, “la diferencia entre la eutanasia y el suicidio asistido es, básicamente, quién administra el fármaco”. En el caso de la eutanasia lo hace el personal sanitario. En cuanto al suicidio asistido es la persona la que se autoadministra el medicamento. En ambos casos bajo supervisión médica.

España cuenta con una ley que regula la eutanasia desde el año 2021, en la que se detalla que es “una práctica legalmente aceptable, siempre que sean observados concretos requisitos y garantías”.

La norma permitió incluir en el ordenamiento jurídico español un nuevo derecho individual. Es un proceso que conlleva una petición informada, expresa y reiterada en el tiempo por la persona  y que, dice la ley, “se lleva a cabo en un contexto de sufrimiento debido a una enfermedad o padecimiento incurable que la persona experimenta como inaceptable y que no ha podido ser mitigado por otros medios”.

Esta ley deja en manos del paciente decidir si se hace con una administración directa de los fármacos por parte del sanitario, o si se lo administrará a sí mismo. Las comunidades autónomas deciden en cada caso qué fármacos administrar, aunque la guía del Ministerio de Sanidad al respecto incorporó recomendaciones sobre los medicamentos “para que la prestación se realice de forma homogénea en todo el Sistema Nacional de Salud”.

Vox ya intentó tumbar la ley vía Tribunal Constitucional. No lo consiguió. Rechazó su recurso de y avaló la ley por mayoría del pleno del tribunal de garantías porque, según explicó: “Garantiza el derecho a la autodeterminación de la persona sin dejar desprotegida la vida”.

La policía suiza ha arrestado a varias personas supuestamente involucradas en la primera utilización de la “cápsula para el suicidio”, en la que una persona ha muerto de asfixia por nitrógeno. Ha ocurrido en una zona forestal del cantón de Schaffhausen. La Policía Cantonal confirmó que el fiscal de la jurisdicción ha abierto un proceso penal contra los detenidos por incitación y asistencia al suicidio, mientras que la cápsula ha sido incautada.

Según el diario Blick, la primera usuaria de la cápsula ha sido una ciudadana estadounidense de 64 años que durante varios años había sufrido de problemas de salud agudos relacionados con una inmunodeficiencia grave.

Para utilizar la cápsula –denominada Sarco (abreviación de sarcófago)– la persona que desea morir pulsa un botón que libera una gran cantidad de nitrógeno que sustituye al oxígeno, lo que provoca una pérdida rápida del conocimiento y la muerte en aproximadamente cinco minutos.

El dispositivo fue inventado hace siete años por el activista australiano proeutanasia Philip Nitschke y es un receptáculo de líneas aerodinámicas y cubierta transparente en el que la persona que desea morir se encierra. Según su inventor, la muerte sobreviene sin dolor.

Condiciones para el suicidio

Para promocionar este aparato se constituyó hace algunos meses la organización The Last Resort, financiada con donaciones privadas y que ha defendido que su objetivo es humano y no ganar dinero con la cápsula. Nitschke ha señalado que solo cobraría 20 euros por el uso de la cápsula, lo que cuesta el nitrógeno líquido que se utiliza.

Ahora esta entidad privada se enfrenta a consecuencias legales pues algunos cantones -–ncluido el de Schaffhausen– habían advertido que abrirían diligencias penales en caso de que la cápsula fuese usada en su territorio.

En una sesión parlamentaria, la ministra suiza de Salud, Elisabeth Baume-Schneider, dijo este lunes que la cápsula no cumplía los criterios de seguridad de productos y no podía ser comercializada, y que el uso del nitrógeno en una cápsula no era compatible con la ley sobre productos químicos.

Suiza permite el suicidio asistido, el cual diferencia de la eutanasia. Éste consiste en facilitar al paciente una sustancia que ingerirá o se administrará por sus propios medios, sin intervención exterior, para poner fin a su vida. Para que proceda hay condiciones, como que la persona muestre capacidad de discernimiento, que su idea haya sido muy reflexionada y no producto de un impulso, que nadie ejerza una influencia indebida sobre ella y que sea evaluada por especialistas para confirmar que está aquejada de un grave sufrimiento.

Un jurado popular ha considerado a la acusada de matar a su marido en Monfero (A Coruña), en julio de 2021, no culpable de asesinato, así como de cooperación al suicidio.

A la salida de la lectura del veredicto, en la sección segunda de la Audiencia Provincial, el abogado de la defensa mostró “satisfacción” ante un veredicto “exquisitamente motivado” aunque no fue por unanimidad sino por mayoría de votos, según recoge Europa Press.

“El resultado hace justicia”, ha afirmado y ha recalcado que el Tribunal del Jurado “consideró probado que ambos -- la acusada y su marido -- tomaron la decisión de suicidarse”. La procesada, ante esta decisión, salió de la sala emocionada enjugándose las lágrimas.

En el juicio la mujer alegó que hubo un pacto de suicidio, con fármacos, pero fallido en el caso de ella. “Fuimos los dos los que quisimos irnos, nos adorábamos en todos los sentidos, era un hombre bueno y trabajador, por qué tenía que matarlo, esto es imposible”, sentenció.

Esta fue la línea mantenida por su defensa, que pidió la libre absolución frente a la Fiscalía que ratificó su petición de condena de 26 años de prisión al rechazar que la víctima, que tenía entonces 75 años, participase de “forma activa” para suicidarse, tomando él mismo los medicamentos, como sostuvo el letrado de la procesada, que no consideró acreditado que la mujer, de 68, se los diese.

Esta parte argumentó también que el hombre era consciente de lo que hacía, rechazando que el deterioro cognitivo que presentaba hubiese afectado a su capacidad de decidir, en contraposición a los argumentos del Ministerio Público.

Mientras Fiscalía que, como alternativa, planteó la cooperación de la mujer en el suicido del hombre, sostuvo que la acusada “mata a su esposo”. “Decidió darle muerte de manera unilateral sin voluntad ninguna por parte del marido”. “Su versión de los hechos está encaminada a encajar su conducta”, expuso en la última sesión del juicio, en la Audiencia coruñesa.

José se levanta cada día a las nueve de la mañana. Desayuna, sale a pasear con su hijo y vuelve a casa para comer. Por la tarde, sus más de 90 años no le impiden dar otro paseo de una hora. Después, vuelve a casa, donde se queda solo hasta que vuelve su hijo, sobre las diez de la noche. Desde que murió su esposa, hace casi dos años, solo cuenta con la compañía de su hijo, que vive con él, y con la de su hija, que le visita cada día. A pesar de ello, se siente solo. “Las mañanas están bien, pero las tardes las paso en casa, viendo la tele, y la echo mucho de menos. Ahora ella estaría aquí, sentada conmigo, pero desde que no está, todos los días estoy solo. No sé si es mejor no vivir, que vivir así”, confiesa.

En una consulta médica, un paciente (cuyo nombre no se facilita para salvaguardar su privacidad) acude a una revisión para valorar un tratamiento y exploración neurológica. En este caso, prefiere expresar por escrito cómo se encuentra: “Doctor, estoy sufriendo física y mentalmente. No me funciona bien nada. Caminando me canso rápido, se me engancha el riñón derecho. Las cervicales mal, si muevo el cuello pierdo el andar recto. No tengo ninguna ilusión de vida. No tengo mujer ni hijos, ni dinero para ir a una residencia. Solo pienso en morir sin sufrir para descansar y no dar trabajo ni asco”, escribe el paciente, cuyo médico decidió compartirlo en sus redes sociales para hacer visible una realidad cada vez más alarmante.

Según los últimos datos aportados por el Observatorio del Suicidio, de los 3.941 suicidios ocurridos en 2020, más de 1.000 se produjeron en personas mayores de 70 años y, en comparación con los datos del 2019, las personas mayores de 79 años que se quitaron la vida aumentaron un 20%. Según cálculos de la Organización Mundial de la Salud, existirían unos 20 intentos por cada suicidio. “Uno de cada cuatro intentos es producido por personas mayores, que además utilizan métodos más letales, reflejan menos señales de aviso y estos actos son más premeditados en ellos. Además, las personas mayores pueden adoptar la forma de suicidios pasivos, que se basan, por ejemplo, en no ingerir alimentos o medicación para dejarse morir”, advierte el médico de atención primaria y miembro de la asociación Biziraun para personas que han sufrido un suicidio en su entorno, Agustín Salazar.

Salazar, que ha participado junto a otros expertos en el Curso de Verano de la Universidad del País Vasco (UPV/EHU) titulado 'Lo que sí tiene nombre: el suicidio', ha explicado cuáles pueden ser las señales de alerta de las personas mayores que sufren y qué hacer cuando estas ocurren. Entre las situaciones en la que la salud mental de las personas mayores puede estar en riesgo se encuentra el hecho de tener una enfermedad crónica, recibir el diagnóstico de una enfermedad terminal, los cambios repentinos, como entrar en una residencia que cambie por completo su rutina, sufrir abuso o maltrato ya sea psicológico, económico o físico, sufrir una viudedad reciente o tener dificultades para adaptarse a la jubilación.

Es importante que los profesionales sanitarios sean conscientes del impacto de ciertos acontecimientos vitales en las personas mayores, como por ejemplo, la jubilación, la pérdida del carnet de conducir o el deterioro de sus funciones corporales

Agustín Salazar — Médico de atención primaria jubilado

¿Qué hacer ante las señales de alerta de las personas mayores?

¿Cuáles son las señales de alerta? Según Salazar, muchas veces existe una comunicación suicida directa. “Decir que tiene ideas de matarse, que no quiere seguir viviendo, que tiene deseos de morir, que los demás se sentirán mejor sin él, que estaría mejor muerto o que no quiere seguir siendo una carga para los demás, son indicadores de máxima gravedad”, sostiene. Y, ¿qué se debe hacer cuando una persona mayor hace estos comentarios? En primer lugar, escuchar y no restarles importancia. “Se debe escuchar sin juzgar, validar lo que la persona está sintiendo, acompañar, orientar y buscar ayuda profesional y una vez que una persona mayor haya pedido ayuda, es importante seguir acompañándola. No es suficiente con llamarle una vez al mes y ya, hay que estar ahí ya sea de forma presencial o telefónica. En ningún caso se le deberá insinuar que es algo que pasará con el tiempo, o que sentirse así es una condición normal de la vejez. Tampoco se debe suponer que porque está acompañado, no puede sentirse solo”, señala.

Por ello, la atención sociosanitaria es fundamental para evitar este tipo de sucesos. “Es importante que los profesionales sanitarios sean conscientes del impacto de ciertos acontecimientos vitales en las personas mayores, como por ejemplo, la jubilación, la pérdida del carnet de conducir o el deterioro de sus funciones corporales. Es necesario disponer de herramientas de cribado sistemáticas para el personal en entornos médicos y no médicos, y formar al persona en la evaluación del riesgo de suicidio en la tercera edad”, sostiene Salazar.

A pesar de que este tipo de situaciones son críticas, existen factores de protección, como el hecho de vivir con sus hijos, tener amigos o familiares que le visiten con frecuencia, tener alguna afición o pertenecer a alguna asociación, tener un proyecto vital e incluso tener prácticas religiosas o espirituales. “El suicidio no es una enfermedad, ni siempre la consecuencia de una enfermedad, pero sí es un grave problema de salud pública, cuyo abordaje ha estado muy condicionado por aspectos culturales y morales, prejuicios y estigma”, indica el director de Atención Sociosanitaria del Departamento de Salud del Gobierno vasco, José Antonio de la Rica, también presente en el curso.

El suicidio no es una enfermedad, ni siempre la consecuencia de una enfermedad, pero sí es un grave problema de salud pública

José Antonio de la Rica — Director de Atención Sociosanitaria del Departamento de Salud del Gobierno vasco

Programa de prevención del suicidio en residencias

Con el objetivo de evitar los suicidios de personas mayores en residencias, la psicóloga Laura Almudévar, adaptó un programa de prevención a 200 usuarios y más de 100 empleados de una residencia de mayores. Su plan trataba de disminuir la incidencia de la conducta suicida y acabar con el sufrimiento previo y post suicidio de los usuarios. Para ello, lo primero que realizó tras el análisis de las personas que vivían en la residencia y las conductas que habían tenido y tenían los ancianos, fue limitar el acceso a medios letales. “Sin acceso a medios letales, como productos tóxicos o medicamentos, los suicidios disminuyen en un 90% en el caso de las personas mayores que viven en residencias. Es algo fácil de hacer y muy efectivo”, explica Almudévar.

Después de esa primera acción, el resto se basó en sensibilizar e informar a los trabajadores sobre la conducta suicida y su prevención, diseñar un sistema de vigilancia, ofrecer servicios de atención sanitaria y social integrados y mejorar el apoyo de las personas en situación de riesgo. “Es importante que las residencias cuenten con una persona usuaria que se encargue de atender a las personas que van llegando, porque el mayor riesgo está en las que acaban de entrar en la residencia. Cambia toda su rutina, se sienten fuera de lugar y viven bajo unos horarios con los que antes no contaban”, detalla la psicóloga especialista en Suicidología.

“Me di cuenta, cuando llegué a la residencia, de que cuando ocurría un suicidio, las personas que vivían allí no hablaban de lo ocurrido. Había absoluto silencio sobre ese tema. Ahora, hemos protocolizado la postvención de manera que, cuando ocurren sucesos así, se realiza un encuentro para hablar del duelo y se promueve el asociacionismo de los supervivientes. Se les atiende ya sea con servicios de psicoterapia individual o grupal”, indica Almudévar.

El suicidio lleva consigo estigma, vergüenza y silencio. Tanto en las personas que atentan con realizarlo como en las supervivientes

Laura Almudévar — Psicóloga

Preguntada por si la eutanasia es considerada un suicidio, la psicóloga ha explicado que a diferencia del suicidio, la eutanasia tiene una parte de socialización con los seres queridos. “No es lo mismo, aunque es cierto que hay una mayor dignidad a la hora de morir a través de la eutanasia que a través del suicidio. El suicidio lleva consigo estigma, vergüenza y silencio. Tanto en las personas que atentan con realizarlo como en las supervivientes”, señala.

Desde 2019 existe en Euskadi la Estrategia de Prevención del Suicidio que incluye un análisis de la situación tanto en Euskadi como en el resto del mundo y estrategias de prevención. En el apartado sobre colectivos vulnerables, se incluye una medida que sugiere “mejorar la detección y abordaje de la conducta suicida en población anciana y personas con enfermedades crónicas, terminales, discapacidad, dependencia o soledad” en la que se incluye “valorar y abordar el riesgo suicida en personas mayores con enfermedades crónicas, terminales, con discapacidad y que están solos o solas o que carecen de vínculos sociales, prestando especial atención al entorno rural”. Sin embargo, la Estrategia de Salud Mental del Sistema Nacional de Salud (2022-2026) aprobada recientemente por el Gobierno de España no contempla ningún apartado específico para abordar el suicidio de personas mayores, a diferencia del caso de niños y adolescentes, para los que se incluye una línea estratégica específica con la que evitar suicidios.

*Datos de interés:

Teléfono de la esperanza: 717 003 717

En Bizkaia

Página web: www.aidatu.org Dirección: C/ Araba nº 6, bajo (entrada por, Burgos Kalea), 48014 Bilbao Correo electrónico: info@aidatu.org

En Álava

Página web: www.asafes.org Dirección: C/ Amadís, 2 (entrada por Blas de Otero) 01010 Vitoria-Gasteiz Tel: 945 288 648 Correo electrónico asafes@asafes.org

En Gipuzkoa

Página web: www.biziraun.org Correo electrónico: info@biziraun.org

Un hombre de 43 años con tetraplejia, tras una década inmovilizado en la cama, se ha convertido en el primer enfermo en recibir la autorización para ser sometido al suicidio médicamente asistido en Italia. Una sentencia del Tribunal Constitucional reconoció ese derecho en 2019.

“El Comité de Ética (del servicio sanitario público) constató que el hombre se encuentra dentro de las condiciones establecidas por el Consejo para acceder al suicidio asistido, por primera vez en Italia”, ha anunciado este martes la Asociación Luca Coscioni, que lleva años luchando por la introducción de una ley que regule la eutanasia en Italia.

“Mario” —un nombre ficticio para mantener oculta la identidad del enfermo— había solicitado al hospital de la región de Las Marcas, donde le realizan el seguimiento, desde hace más de un año “que verificase sus condiciones de salud para acceder, legalmente en Italia, a una droga letal para poner fin a su sufrimiento”. Los tiempos coinciden con el plazo previsto por la sentencia del Constitucional.

Tras la primera negativa del servicio regional de Las Marcas (ASUR), un laudo de mediación y la decisión final del Tribunal de Ancona, además de dos advertencias legales a la ASUR, Mario finalmente obtuvo la opinión favorable del Comité de Ética, después de que un grupo de médicos especialistas confirmara que tiene derecho al acceso legal al suicidio asistido. “Me siento más ligero, me he liberado de toda la tensión acumulada en los últimos años”, afirmó Mario al conocer la decisión, según ha recogido en un comunicado la asociación Coscioni, que le ha acompañado durante todo el recorrido legal necesario hasta lograr su deseo. 

Filomena Gallo, codefensora de Mario y secretaria de la organización, se mostró feliz por la decisión, aunque considera “muy grave que haya tardado tanto”. Ahora “proporcionaremos, en colaboración con un experto, los detalles de los métodos de autoadministración del fármaco adecuados para Mario, en función de sus condiciones. La sentencia del Tribunal Constitucional establece que a la estructura pública del Servicio Nacional de Salud solo le corresponde la verificación de las modalidades ante el comité de ética territorial competente”, ha explicado.

La Sanidad pública “se esconde tras la ausencia de una ley que defina los procedimientos” fruto de la “parálisis de Parlamento, que tres años después de la petición del Tribunal Constitucional, sigue sin poder aprobarla”, ha indicado por su parte Mario Cappato, tesorero de la Asociación. “El resultado de esta irresponsabilidad institucional es que personas como Mario se ven obligadas a soportar incluso un calvario judicial, además del sufrimiento físico y psicológico causado por su condición”, ha añadido. 

Aunque “es posible que la decisión del Comité de Ética permita pronto a Mario conseguir lo que ha estado pidiendo durante 14 meses, para tener normas claras que vayan más allá de la cuestión de la ayuda al suicidio y regulen la eutanasia en sentido más amplio, será necesaria la intervención del pueblo italiano, con el referéndum que despenaliza parcialmente el delito de asesinato consentido”. 

El mes pasado, Gallo y Cappato entregaron al Tribunal Supremo una petición firmada por 1,2 millones de personas para pedir un referéndum sobre la eutanasia.

Antes de los últimos cinco años dedicados a la política, mi vida profesional como médico especialista ha transcurrido, durante más de tres décadas, en una Unidad de Cuidados Intensivos. Es este un lugar en el que, diariamente, se toman decisiones sobre la vida y la muerte de las personas; y en el que he comprobado la ambivalencia que todos los seres humanos vivimos ante el hecho de morir. Que sentimos incluso en esas situaciones en las que podemos llegar a ver la muerte de alguien como su liberación de una vida repleta de cargas y penosidades.

Es más fácil hablar de la muerte desde la asepsia y la distancia de un despacho, un púlpito, una cátedra o el salón de nuestra casa, que junto a una persona enferma. Porque las grandes dudas, los auténticos problemas, surgen cuando hay que tomar decisiones al final de la vida (o, precisamente, para el final de la misma). Es entonces cuando nos damos cuenta de que son decisiones muy duras, difíciles y complejas; a nivel personal, familiar, social, profesional; y que evocan respuestas profundamente emocionales, porque siempre están rodeadas de incertidumbre.

En casi ninguna decisión podemos tener la seguridad al 100% de que la opción tomada sea la acertada; ni siquiera de que sea la más adecuada, o la menos mala. Pero es que, en este caso, además, se trata de vivir o de morir.

Por eso, me llama la atención la redacción del texto de la ley que regula “la eutanasia”, y que acaba de llegar al Senado para su tramitación. Una ley que, según sus defensores, plasma la opinión de la mayoría ciudadana respecto del morir, pero que se fundamenta en una equiparación del término eutanasia con el de “buena muerte”: algo, en mi opinión, muy discutible.

Es más fácil hablar de la muerte desde la asepsia y la distancia de un despacho, un púlpito, una cátedra o el salón de nuestra casa, que junto a una persona enferma

Significado de “buena muerte”

Algunas definiciones nunca son moralmente neutras, y configuran nuestra percepción de la realidad; seleccionan, recalcan e incorporan sesgos. Lo subrayo porque conceptos como “buena muerte” o “muerte digna” son utilizados de formas tan contrapuestas que sus significados ­–si alguna vez fueron claros– se han vuelto desesperadamente nebulosos. Y cuando los significados de las palabras no son evidentes, es necesario consensuarlos: para que todos sepamos de qué se está hablando realmente, y podamos utilizarlos de forma unívoca.

El significado de “buena muerte” ha cambiado a lo largo de la Historia, con el transcurrir de culturas y sociedades. En la Antigua Grecia, la palabra euthanasia y sus derivados se utilizaban para indicar un final feliz que coronaba una buena vida. Para los filósofos de la Antigüedad, morir de una buena muerte era más que tener un final sin dolor: quería también decir morir en la perfección moral, morir noblemente. El término, pues, no describía lo que hoy se entiende por eutanasia.

De la misma manera, el concepto de “eutanasia” no solo ha cambiado desde el momento en que se forjó la palabra que lo verbaliza; es que la propia idea de la “buena muerte” es relativa y depende –en gran medida– de los valores sociales, culturales e ideológicos de cada persona.

En nuestra cultura, nadie desea morir en malas condiciones, con dolor y otros síntomas evitables, desatendido, abandonado y solo. Pero eso no quiere decir que deseemos la eutanasia; lo que deseamos es una buena muerte, algo muy distinto. Hay múltiples formas de bien morir, que ocurren cotidianamente en nuestros hospitales; y todas ellas –excepto las provocadas en la eutanasia y el suicidio asistido–, además de ser legales, están universalmente aceptadas como prácticas éticas.

De eutanasia y suicido asistido

En nuestra sociedad, hay maneras distintas de analizar la eutanasia y el suicidio asistido. La primera es rechazarlos siempre por la férrea convicción en el principio del respeto a la sacralidad de la vida. La segunda forma, enfrentada totalmente a la primera, es aceptar siempre ambos procesos clínicos como resultado de la libre elección de las personas, que no quieren vivir a través del sufrimiento y del declive aun cuando el dolor y otros síntomas puedan ser aliviados. Otras posturas intermedias, considerando el respeto a la vida como de suma importancia, justifican la eutanasia y el suicidio asistido cuando las medidas paliativas fracasan o son rechazadas por el paciente, pero también exigen ciertos requisitos y salvaguardas para que nadie pueda ser sometido a prácticas o tratamientos que no desea. Y esta última visión –con la que me siento totalmente identificado– es la que pretende reflejar la ley en cuestión.

Sin embargo, en el texto que llega ahora al Senado encuentro dos cuestiones que me preocupan sobremanera. La más importante es el enmascaramiento del suicidio asistido dentro del ambiguo concepto de eutanasia, y la equiparación de ésta con “buena muerte”. Con la utilización de dicho concepto, se pretende englobar esos dos procesos clínicos distintos de ayuda para morir; e igualarlos mediante un reduccionismo conceptual que dificulta y complica su puesta en práctica, al regularlos como si fueran lo mismo y obviando aspectos específicos de cada uno de ellos.

Respeto a las decisiones personales

La otra cuestión preocupante es una contradicción intrínseca a la ley. El texto nace del reconocimiento –que comparto– de la capacidad de las personas para tomar decisiones, también de cara al final de la vida. Y, dada la gravedad de las decisiones, introduce ciertas salvaguardas que considero lógicas: la petición de ayuda para morir se debe realizar al menos dos veces a lo largo del tiempo al médico responsable, quien debe analizarla y deliberarla con el paciente; y la posterior consulta con otro médico que, a su vez, tiene la obligación de examinar la solicitud. Sin embargo, considero totalmente burocrática, excesiva y contradictoria con el espíritu de la ley la ulterior obligación de consultar a una Comisión (ahora denominada de Garantía y Evaluación, pero que a su llegada al Congreso se llamaba de Control y Evaluación), que tendrá la última palabra sobre la aceptabilidad e idoneidad de dicha ayuda para morir. Da la impresión de que el legislador no termina de confiar en el criterio del paciente, ni en el del médico responsable ni en el del médico consultor, ni, en definitiva, en la suma de los tres. ¿Creemos en la capacidad de las personas para tomar decisiones… o lo hacemos solo muy parcialmente?

Ambas cuestiones, para mí, reflejan una misma equivocación: tratar a la ciudadanía como si de menores de edad se tratara.

Recuerdo que, cuando en 2019 estábamos intentando acordar un programa de gobierno en Navarra, llegamos al punto en el que se hablaba de “Promover iniciativas legislativas ante las Cortes Generales para la despenalización de la eutanasia”. Cuando propuse añadir las palabras “y del suicidio asistido”, el PSN consultó en Madrid y la respuesta fue que no, que el concepto “suicidio” era controvertido y generaba problemas. Como si los ciudadanos fueran a huir despavoridos al ver que la ley no va de una abstracta “buena muerte”, sino de procesos clínicos concretos que se realizan de maneras específicas. Procesos que se pueden y deben explicar honesta y claramente: eutanasia y suicidio asistido. No nombrar a cada cosa por su nombre es falsear la realidad, edulcorar el texto, tranquilizar las conciencias de los legisladores y, en último término, confundir a la población.

En nuestra cultura, nadie desea morir en malas condiciones, con dolor y otros síntomas evitables, desatendido, abandonado y solo. Pero eso no quiere decir que deseemos la eutanasia

La necesidad de la deliberación

Sí: existen posicionamientos diferentes respecto de la ayuda para morir. Pero no abordar tales diferencias por ser “conflictos morales” es autodestructivo para la sociedad: porque las divisiones, el extremismo y la falta de consenso persistirán mientras se empobrece la posibilidad de búsqueda de acuerdos de cooperación social entre quienes discrepamos. Cuando los ciudadanos valoramos de forma moralmente distinta las políticas públicas, lo que debemos hacer es deliberar, buscar el acuerdo cuando es posible, y mantener el respeto mutuo cuando no lo conseguimos.

La deliberación es esencial para el fortalecimiento de la convivencia; posibilita la realización y la profundización de la democracia; nos capacita para definir nuestras diferencias y separar las que nos resultan tolerables de las que consideramos que no lo son; nos permite localizar puntos de acuerdo y de compromiso, y también aquellos en los que éstos son imposibles. La deliberación es esencial para el mantenimiento de comunidades políticas efectivas e incluso, tal y como pensaron los antiguos, para el de la propia civilización; ésta no puede sobrevivir si los seres humanos no somos capaces de hablar y de vivir juntos.

Deliberar es razonar juntos sobre la base del respeto mutuo. Y eso es, precisamente, lo que deseo del trámite de esta Ley en el Senado: que, a diferencia de lo ocurrido con los Presupuestos Generales del Estado y la Ley de Educación, deliberemos, defendamos nuestras enmiendas y aprobemos las adecuadas. Esto es, que mejoremos su redacción actual, en la que encuentro, personalmente, contradicción, superficialidad y confusión. 

Abogados Cristianos ha retomado su campaña contra la eutanasia con el caso de María Teresa, una mujer de 54 años con una enfermedad neurodegenerativa. La familia, defendida por la organización ultraconservadora, pidió medidas cautelares para exigir que, si entra en parada, se la reanime con técnicas avanzadas. Los médicos que la atienden en el Hospital Príncipe de Asturias de Alcalá de Henares consideran que eso supondría “encarnizamiento terapéutico” ya que padece una enfermedad a la que no puede sobrevivir. El juzgado, con un informe forense, ha estimado las medidas solicitadas por la familia y ha ordenado que sí se la reanime, según las medidas cautelares, hasta que se tome una decisión judicial firme.

Según Abogados Cristianos, si “la ley por el derecho a matar”, como ellos la llaman, estuviese aprobada, “se hubiera acabado con la vida de María Teresa en contra de su voluntad y la de su familia”. Pero no sería así, ya que las leyes sobre eutanasia hasta ahora planteadas contemplan precisamente la “voluntad expresa” de la propia persona a morir para que no prime la de la familia o el equipo médico. María Teresa, según su familia, no lo ha comunicado: ella, actualmente, no habla y ellos entienden “por sus gestos” que quiere vivir. Abogados Cristianos piden que lo que se refuerce sean los “cuidados paliativos”, que ya están protegidos por distintas normas estatales y autonómicas que garantizan que la atención a un paciente terminal “prevenga y alivie el dolor”.

El proceso se da a la vez que el del francés Vincent Lambert. Tras 11 años en estado vegetativo y una batalla legal entre sus padres y esposa, finalmente se le desconectó y este jueves murió. Pero lo de María Teresa, defienden desde el Hospital, “no tiene nada que ver con la eutanasia”, ya que no se está provocando su muerte sino que se le sigue “atendiendo en las mejores condiciones posibles”. Lo que se trata, insisten, es de no aplicarle técnicas que le van a provocar ese “encarnizamiento terapéutico”. El término médico para el “encarnizamiento” es distanasia, y lo describe la doctora en Bioética María Cuneo como la “insistencia” en la aplicación de recursos médicos que “no solo no mejoran” la condición clínica del enfermo sino que “empeoran la calidad de vida” o prolongan “una existencia penosa sin esperanzas de curación”.

Al presidente del Colegio de Médicos de Madrid, Miguel Ángel Sánchez Chillón, le parece “una barbaridad” que la Asociación esté acusando a los médicos de “homicidio”. Lo que se ha hecho “sigue todos los códigos deontológicos. El comportamiento es correcto. No lo es hablar de eutanasia, porque esto es no prolongar una situación de gravedad con medidas de encarnizamiento terapéutico. Se ha mediatizado, pero no es nada que no ocurra diariamente en la sanidad madrileña, española y mundial”. 

Un debate abierto desde hace años

Abogados Cristianos ha lanzado el órdago hacia ese tema porque el debate sigue abierto: este viernes, la plataforma Change.org ha llevado al Congreso un millón de firmas que piden la despenalización de la eutanasia. Están acompañados por la Asociación Derecho a Morir Dignamente y por Ángel Hernández, detenido en abril por asistir el suicidio de su esposa, María José Carrasco. A día de hoy la eutanasia y el suicidio asistido son delitos en el Código Penal, con penas de entre dos y diez años, con rebaja si hay “petición expresa” y “la víctima” sufre “una enfermedad que conduciría necesariamente a su muerte”, pese que el 77% de los españoles estarían a favor de una ley de muerte digna, según el CIS de 2011, el último que preguntó por esto. La pasada legislatura fue la primera en la que una Ley de Eutanasia se planteó con visos de prosperar en el Congreso después de que se rechazara la de Podemos.

La que más lejos se llevó fue la de los socialistas. El PP le presentó una enmienda a la totalidad sin ningún apoyo. Ciudadanos estaba a favor, pero condicionaron su 'sí' a que saliese antes la suya sobre cuidados paliativos. Ambos partidos (PP y Ciudadanos) la paralizaron en la Mesa hasta el 5 de marzo, día que se disolvieron las Cortes, justo un mes antes de que falleciera Carrasco. Las últimas semanas ha saltado otro caso, el de Antonio Monguilod, enfermo de párkinson que quiere evitar implicar a sus familiares en su muerte. “En España hay miles de personas”, calcula Fernando Marín, presidente de la Asociación Derecho a Morir Dignamente, “pero no puedes exigir a quien se encuentra en el peor momento de su vida que se exponga en los medios; mucho menos que se arriesguen a un delito, como Ángel”.

Con la nueva legislatura ya echada a andar pero sin Gobierno, los trámites parlamentarios vuelven a cero. El documento que el PSOE presentó a Unidas Podemos para la posible investidura de Pedro Sánchez incluía “el impulso definitivo de la Ley ”de derechos y garantías de la dignidad de la persona ante el proceso final de su vida“ y la de ”Regulación de la Eutanasia“. Unidas Podemos siempre ha mostrado iniciativa por esa regulación y así lo reflejaba su programa para el 28A, de hecho presentaron una ley de eutanasia que no prosperó por la abstención de PSOE y Ciudadanos en 2017. El de Ciudadanos también recogía ”el derecho a la eutanasia con control y garantías“. El del PP no la mencionaba, solo los cuidados paliativos y el testamento vital. Vox abogaba por la ”defensa de la vida desde la concepción hasta la muerte natural“.

Solo 90 diputados en contra

Marín observa que “estos meses, la presión social ha crecido. Probablemente haya pocos derechos civiles sobre los que haya tanto acuerdo. Por lógica democrática, ha de haber una regulación. Solo hay 90 diputados en contra explícitamente, los que suman Vox y PP. De Ciudadanos, a pesar de ese camino errático que llevan, esperamos que mantengan su reciente compromiso. Más del 75% del hemiciclo en principio está a favor, por primera vez una composición que se parece a la sociedad”. En 2017, Metroscopia concluía que hasta el 84% de los españoles estaban de acuerdo con que los médicos suministrasen alguna sustancia que “conduzca al fin de la vida” a “enfermos incurables” que lo pidan.

A los responsables de la Asociación por el Derecho a Morir Dignamente el PSOE les ha transmitido las intenciones de reactivar la norma si hay un Ejecutivo. Como consta en su documento de investidura, pretenden que sea el mismo texto de la Ley que ya tuvo recorrido parlamentario hasta marzo. “Hubiésemos querido que se cambiase alguna cosa: no nos gusta el mecanismo de control sobre cada caso mediante comisiones autonómicas, ¿y si hay miembros a propuesta de Vox? Eso es un trámite que podrá alargar el sufrimiento de quien está tomando la decisión de morir y que, además, creará diferencias entre ciudadanos según la comunidad”.

“Creemos que debe de haber un control pero ha de ser técnico y de mutuo acuerdo con el médico, con una segunda opinión de otro profesional”, explican sobre el procedimiento. Le ponen más 'peros', como que el requerimiento de “discapacidad” que consta puede acabar encallando procesos. En resumen, opinan, la Ley que quiere reemprender el PSOE es garantista aunque mejorable, y “tendrá que verse cómo se aplica, con 17 comunidades habrá 17 maneras de abordarla”. Por ahora “es lamentable que estemos paralizados”, aunque son optimistas y lo que sí expresan que esperan es que, esta vez sí, la ley llegue a tiempo para que se absuelva a Ángel Hernández con carácter retroactivo.

El fiscal José Luis Garia-Juanes ha presentado este viernes el recurso para que la muerte de María José Carrasco, en fase terminal de esclerosis múltiple, asistida por su marido Ángel Hernández, no se instruya en un juzgado de violencia contra la mujer. Es “contradictorio” y mandaría “un mensaje distorsionado a la sociedad”, ha escrito.“La existencia de un delito de violencia contra la mujer exige como primer requisito que exista tal violencia”, remata.

El juez que investigaba la muerte bajo el prisma de un suicidio asistido, tipificado en el Código Penal, se inhibió aduciendo que el Tribunal Supremo ha decretado que todo tipo de agresión hacia una mujer debe ser tratado como violencia de género. La causa en el Juzgado número 25 se instruye por la comisión de un delito previsto y penado en el artículo 143 del Código Penal por ayudar Ángel Hernández a su esposa María José a ingerir una sustancia para terminar con su vida, “a petición expresa de ésta dada la enfermedad que padecía”.

Poco antes, la minitra de Justicia, Dolores Delgado había expresado tras el Consejo de Ministros que “no estamos ante un agresión sino ante un acto solicitado por la propia persona que falleció”. 

El recurso dice que está “clara ya la exclusión de que la muerte de Mª José Carrasco constituya un supuesto de violencia de género”. Y que llevarlo a este tipo de órgano “va a provocar una evitable e injustificable dilación en la tramitación de la causa y  efectos perjudiciales en el investigado que no olvidemos era el esposo de la fallecida, para, finalmente, volver la causa al juzgado instructor donde se encuentra en estos momentos”.

Por tanto, el fiscal insiste en que “queda claro, de este modo, que no toda acción de violencia física en el seno de la pareja del que resulte lesión leve para la mujer, debe considerarse necesaria y automáticamente como la violencia de género que castiga el nuevo artículo 153 Código Penal, sino solo y exclusivamente cuando el hecho sea manifestación de la discriminación, de la situación de desigualdad y de las relaciones de poder del hombre sobre la mujer”.

La Fiscalía va a recurrir la decisión del juzgado de Madrid que investigaba el caso de la muerte de María José Carrasco con ayuda de su marido Ángel Hernández de inhibirse en favor de un juzgado de violencia de género. La responsable de la Fiscalía de Violencia sobre la Mujer, Pilar Martín-Nájera, ha asegurado en rueda de prensa que “desde el primer momento concurren circunstancias y elementos que excluyen la violencia de género” y se opone frontalmente a la decisión de que Ángel sea investigado por violencia contra su mujer, que le había pedido ayuda para morir.

El Ministerio Público apunta a que está valorando acudir directamente a la Audiencia Provincial de Madrid, que será también la encargada de decidir la cuestión de competencia en el caso de que el juzgado de violencia de género al que llegará el caso lo rechace. La decisión del Juzgado de Instrucción nº 25 de Madrid supuso un nuevo giro en el caso de la muerte de María José, enferma de esclerosis múltiple desde 1989 y que la semana pasada se suicidó con ayuda de Ángel, detenido en ese mismo momento.

“La muerte de María José no es un caso de violencia de género”, ha expresado tajantemente Martín-Nájera, que apunta a que “ella había pedido reiteradamente de forma libre y pública terminar con el sufrimiento, había adquirido las herramientas para llevarlo a cabo [el suicidio] y había pensado el momento”.

La jueza que se ha inhibido en favor de un juzgado de violencia sobre la mujer se ha amparado para hacerlo en la Ley de Violencia de Género de 2004 y en la doctrina del Tribunal Supremo, que en una reciente sentencia dictó que no es necesario probar “una específica intención machista” para considerar que una agresión es violencia de género. Sin embargo, la Fiscalía considera que la jueza instructora “ha hecho una interpretación sesgada” de este fallo.

Así, diferencia entre el móvil de la agresión y el contexto en el que se produce: “Lo que viene a decir la sentencia es que no es necesario un móvil, pero eso no significa que baste con la relación entre las partes”, es decir, con que sea hombre el agresor y mujer la víctima. “Ello no supone que la cuestión sea automática, sino que es necesario que se dé un contexto y un sustrato de discriminación y humillación” que la Fiscalía constata que no existe en el caso de Ángel y María José.

Ángel también recurrirá

También el hombre ha anunciado que recurrirá la decisión por considerar “injusta” esta inhibición, según explica el despacho Aba Abogadas, que lleva el caso. “Entendemos que no es conforme a Derecho que todos los casos entre un hombre y una mujer deban tramitarse por violencia de género cuando las causas y la intención están claras, como ocurre en este caso”, explica la letrada Olatz Alberdi, abogada de Ángel.

Aunque no supone una variación sustancial de las condiciones judiciales, la decisión también ha tenido consecuencias para él mismo, que se muestra “afectado por las implicaciones que tiene, a nivel social y de conciencia”, sobre todo teniendo en cuenta que “en todo momento ha quedado patente el respeto y el amor que profesaba por su mujer”.

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, también se ha pronunciado sobre el caso y ha afirmado que la conducta por la que Ángel está imputado, ayudar a morir a su mujer, “en términos reales no es violencia de género”. “Yo diría que es otra cosa y todos sabemos lo que es. Ahí hay mucho amor y otras cosas de 31 años de sufrimiento y desatención por quienes teníamos que haberle atendido”, ha explicado a preguntas de los periodistas.

Ángel Hernández, que reconoció los hechos, pasó a disposición judicial el mismo 4 de abril, el día de la muerte de su mujer, después de que agentes de la Policía Nacional se personaran en su casa de la capital. A última hora, quedó puesto en libertad con cargos y sin medidas cautelares. Se le imputa un delito de auxilio o cooperación al suicidio, tipificado en el artículo 143 del Código Penal y que contempla penas que van desde los dos a los diez años de cárcel. No obstante, la norma prevé rebajas en las condenas para aquellos que actúen por petición “expresa, seria e inequívoca” de la persona, sufriera una grave enfermedad que le conduce a la muerte o padecimientos difíciles de soportar.

El Congreso de los Diputados debatirá sobre la despenalización de la eutanasia. La cámara ha aprobado este jueves la toma en consideración de la proposición de ley presentada por el Parlament de Catalunya para modificar el Código Penal. Con 173 votos a favor, 135 en contra y 32 abstenciones, comienza el trámite parlamentario de la iniciativa, que pretende que en España se deje de castigar tanto la eutanasia como el suicidio asistido. La propuesta ha sido apoyada por el PSOE y Unidos Podemos- En Comú Podem- En Marea; el PP y UPN han votado en contra y Ciudadanos se ha abstenido.

El pleno debatió la proposición el pasado martes en medio del eterno retorno de la eutanasia al Congreso. Esta fue la tercera vez que el tema se coló en el Congreso en menos de tres años. Por su parte, el PSOE presentó hace una semana su propia iniciativa para regularla como un derecho incluido en la cartera de servicios comunes de la Sanidad. Se trata de un compromiso al que llegó Pedro Sánchez con Alberto Garzón después de que los socialistas se opusieran dos veces a las iniciativas para regularla que llevo a la cámara Unidos Podemos: una fue una enmienda a la ley de muerta digna que presentó Ciudadanos y otra fue su propia norma.

En España, algunas prácticas enfocadas a la ayuda médica en el final de la vida cuentan con respaldo legal, pero otras siguen acarreando penas de cárcel. La reforma del Código Penal de 1995 atenuó las penas referidas al suicidio asistido y a la eutanasia, pero mantuvo los tipos delictivos.

De esta manera, la ley castiga al que “causare o cooperare activamente con actos necesarios y directos a la muerte de otro” con penas que pueden ir de los seis meses a dos años y del año y medio a los seis años. Estas son las penas rebajando en uno o dos grados –porque la ley especifica que se hará así en el marco de una enfermedad– las que contempla el mismo artículo para los que cooperen con el suicidio de una persona y en el caso de que se llegue a “ejecutar la muerte”.

Esta es la diferencia clave entre el suicidio asistido y la eutanasia, dos conceptos que suelen sembrar confusión. El primer caso se refiere a la persona que se da muerte a sí misma con la asistencia de un médico, que le proporciona los medios necesarios y le atiende en el proceso. El segundo caso es la acción realizada por un médico para causar la muerte directamente de una manera eficaz e indolora. Ambas situaciones en el marco de una enfermedad grave que le conduce necesariamente a su muerte o le proporciona sufrimientos físicos o psíquicos que considera intolerables.

Pedir morir públicamente

Cada cierto tiempo el debate sobre la despenalización de la eutanasia y el suicidio asistido se reaviva. En muchas ocasiones tiene que ver con los casos de personas que hacen pública su situación y piden morir. José Antonio Arrabal, enfermo de ELA, grabó el año pasado su propio suicidio para reivindicar la despenalización de ambas prácticas. “¿Por qué no podemos acabar con nuestra vida de manera digna si ésta se convierte en un infierno?”, se preguntaba.

Luis de Marcos, enfermo de esclerosis múltiple, también inició una campaña para pedir ayuda para morir dignamente. La enfermedad que le diagnosticaron hacía siete años le había postrado en una cama y ya respiraba y hablaba con dificultad: “Pido morir porque para mí acabar con esta situación es una liberación. Desde hace bastantes meses esto no es vida, cada vez tengo más dolores insoportables que antes resistía con fuerza y entereza, pero ahora he entrado en una fase en la que soy consciente de que no me merece la pena estar aquí”.

El debate social sobre la eutanasia y el suicidio asistido se arrastra desde los años 90, cuando antes incluso de consumarse la reforma del Código Penal, Ramón Sampedro, convertido en el primer español en acudir a los tribunales para reclamar su derecho a morir dignamente. Cansado de esperar una respuesta y de que la justicia le diera la espalda, pudo morir en enero de 1998 gracias a una “mano amiga” que le facilitó los fármacos que le permitieron cumplir lo que él quería.

Desde entonces se han puesto en marcha algunas regulaciones autonómicas que pretenden garantizar los derechos del final de la vida, entre los que se encuentran los cuidados paliativos, el derecho a la información o la sedación. Sin embargo, “no se puede hablar de muerte digna sin hablar de suicidio asistido o eutanasia”, decía el anestesista Luis Montes, que falleció el pasado mes de abril. El doctor y presidente de Derecho a Morir Dignamente (DMD) fue acusado de realizar sedaciones terminales irregulares en el hospital público Severo Ochoa de Leganés, pero la justicia sobreseyó el caso en 2007.

Según una encuesta de Metroscopia de finales de febrero de 2017, el 84% de los españoles cree que un enfermo incurable debe tener derecho a que los médicos le proporcionen algún producto para morir.

En el paraguas del concepto muerte digna se incluyen diversas acciones para tratar de rebajar el sufrimiento físico en los momentos finales de la vida. Pero algunas prácticas, como suministrar cuidados paliativos, están ya amparadas legalmente y otras todavía pueden conllevar penas de cárcel como la eutanasia y el suicidio asistido. La distinción, a priori clara, ha dado casos entremezclados –con sentencias incluidas–.

El Congreso ha debatido este martes una proposición para que el Código Penal no castigue estas dos últimas asistencias antes de la muerte. Fue presentada por el Parlament de Catalunya. Otra iniciativa del PSOE en ese sentido aguarda el trámite parlamentario.

Cuidados paliativos, eutanasia, suicidio asistido… son cosas diferentes. Así, los paliativos se enfocan hacia “mejorar la vida de los pacientes y familiares cuando se enfrentan a enfermedades que amenazan la vida”, explican desde la asociación Derecho a Morir Dignamente. Abarcan desde la mejora del confort “mediante el tratamiento del dolor” hasta considerar la muerte “un proceso natural que no debe ser retrasado”, añaden. Que el final llegue con el menor sufrimiento. Es una práctica con amparo legal.

La eutanasia, que ahora se debate en el Congreso, es otra aproximación a ese concepto de muerte digna: poner fin a la vida cuando ese bien “está desprovisto de dignidad” y “el titular la rechaza”, según lo expone la plataforma de juristas por la eutanasia.

En las ocasiones en las que los sujetos todavía están en condiciones para realizar las acciones que acerquen su tramo final, la ayuda técnica para que eso se produzca sin sufrimientos físicos es lo que se entiende por suicidio asistido. Un ejemplo que se esgrime habitualmente es el de Ramón Sampedro, quien tuvo asistencia para su suicidio, pero no estuvo exento de agonía. 11 personas tuvieron que estar involucradas para eludir las posibles consecuencias penales.

Entremezclados

¿Está ya clara la diferencia para evitar problemas legales a los que estén dispuestos ayudar?

“Siempre hay una amenaza detrás”, contaba a eldiario.es el catedrático de Derecho Penal Juan Carlos Carbonell tras la muerte del doctor Luis Montes, quien soportó un proceso judicial por supuestas sedaciones letales en el hospital Severo Ochoa de Leganés de las que fue absuelto. Se llevó a juicio al anestesista y sus colaboradores bajo la acusación de que los tratamientos paliativos que administraba eran eutanasias.

El propio Montes explicaba que el caso del bulo de las sedaciones de Leganés abrió el debate sobre los cuidados paliativos. Muchas comunidades autónomas han adoptado normativas propias en la línea de la ley de autonomía del paciente de 2002. Pero también hizo que profesionales tuvieran temor para afrontar algunas prácticas no ya de eutanasia, sino de paliativos. ¿La consecuencia?: “En España te mueres según el médico que te toca”, decía. Y eso que la regulación de cuidados paliativos está extendida e incluso admitida por la Organización Médica Colegial (OMC).

La amenaza penal en ocasiones está difusa. Hace ahora dos años, dos médicos fueron procesados por un caso que juntaba un suicidio y un intento de sedación paliativa. Los dos admitieron diversos delitos para recibir una pena que les garantizara la no entrada en prisión.

El asunto aunó el suicidio de una mujer con un jarabe anestésico que había importado (ilegalmente) uno de los doctores y que llegó a ella en circunstancias “turbias” cómo él mismo comentaba. Pero en el proceso de investigación, se llegó a otro sanitario en Cádiz que pidió consejo para sedar a su hermano. “Sedación profunda pero paliativa, no para provocar la muerte”, explica Fernando M, uno de los acusados y miembro de DMD. “El miedo a la cárcel”, les hizo aceptar un veredicto de culpabilidad, comentaba una vez firmado el acuerdo.

Al final, este caso ejemplifica cómo pueden solaparse los conceptos en la muerte digna: unos cuidados paliativos que se juzgaron como tentativa de homicidio y un suicidio considerado asistido (y por tanto punible) por la justicia.

El artículo 143.4

La plataforma de juristas ha pedido explícitamente que se despenalicen “las conductas contempladas en el artículo 143.4 del Código Penal”. Las que hacen referencia al fin de la vida asistido. La proposición de ley que se ha tratado este martes en el Congreso contenía un único punto: que ese apartado cuarto contemple que no hay “responsabilidad penal” para quien “cause con actos necesarios la muerte segura, pacífica y sin dolor de esta persona o coopere a ello” una vez reciba la petición del interesado.

La propuesta de los socialistas, que habían rechazado con anterioridad mociones similares, es de un tenor similar: eliminar el carácter punible de la “conducta del médico o médica que con actos necesarios y directos causara o cooperare a la muerte de una persona, cuando esta sufra una enfermedad grave e incurable o discapacidad grave crónica”.

En ambos casos se incide en dar seguridad jurídica a los que, en definitiva, van a estar en la primera línea de ese fin de la vida: normalmente sanitarios. Una cuestión que, de momento, no ha apoyado la Asociación Médica Mundial (en la que participa la OMC española) que ha reiterado su oposición a la eutanasia y el suicidio con asistencia médica: “La eutanasia, es decir, el acto deliberado de poner fin a la vida de un paciente, aunque sea por voluntad propia o a petición de sus familiares, es contraria a la ética”.

Una cuestión que parece bastante aceptada y superada por la sociedad española: una encuesta de Metroscopia de marzo de 2017 mostró que hasta el 84% de los españoles estaban de acuerdo con que los médicos suministrasen alguna sustancia que “conduzca al fin de la vida” en casos de “enfermos incurables” que lo pidan. Es decir: la eutanasia.

La semana pasada, el Vaticano sorprendía a propios y extraños al anunciar que organizará en noviembre el primer congreso sobre “suicidio asistido” en la historia de la Santa Sede. Una palabra tabú en las últimas décadas, especialmente en los pontificados de Juan Pablo II y Benedicto XVI, que demolieron buena parte de la apertura que supuso el Concilio Vaticano II en materia de los derechos de los más débiles. También de los que desean morir con dignidad.

“El posicionamiento de la Iglesia en torno al encarnizamiento terapéutico, o a la sedación paliativa, es desconocido: se piensa que el magisterio de la Iglesia dice que no cuando, en realidad, en muchas de las respuestas a la mayor parte de las cuestiones hay consenso”, analiza José Carlos Bermejo, director del Centro de Humanización de la Salud, que los religiosos camilos gestionan en Tres Cantos, Madrid. Se trata de uno de los centros especializados en cuidados paliativas más importantes de España.

Frente a lo que la mayoría piensa, algunas instituciones católicas han sido líderes en la gestión e investigación en todo lo referente a los últimos momentos de la vida. Un debate, el del encarnizamiento terapéutico, la eutanasia o el suicidio asistido que parece comenzar a abrirse, también en la Iglesia.

La Pontificia Academia por la Vida acogerá, durante dos días, un simposio al que se espera asistan los principales expertos en el ámbito de la muerte digna. “Serán dos días de reflexiones sobre suicidio asistido en diálogo con una asociación laica”, indicó el presidente del organismo pontificio, monseñor Vincenzo Paglia.

Para Paglia, se tratará de un encuentro “con un método de diálogo sobre un tema delicado”, que no buscará una palabra definitiva sino “escuchar” las distintas voces desde el ámbito científico, médico y asistencial.

El anuncio de la Santa Sede supone una novedad histórica, pues si bien desde siempre distintas instituciones de la Iglesia católica (en España fundamentalmente los religiosos camilos o los hermanos de San Juan de Dios) han trabajado en el campo de la bioética y los cuidados paliativos, la postura oficial del Vaticano siempre ha sido la cerrazón ante cualquier tipo de modificación en este ámbito.

¿Qué es eutanasia y qué no?

Casos como los de Eluana Englaro, Ramón Sampedro o Inmaculada Echevarría fueron contestados de manera rotunda por la Santa Sede, que también ha respondido con dureza a los religiosos belgas que decidieron seguir practicando la eutanasia en sus centros pese a la prohibición de Roma (en Bélgica la eutanasia es legal desde 2002).

Para distintos eclesiásticos consultados, “hace falta una cierta alfabetización ética al final de la vida”, porque “hay mucha confusión con los términos, incluso cuando sucede algún caso que salta a los medios. Necesitamos aclararnos con los conceptos, y darnos cuenta que el concepto de eutanasia es muy reducido”.

¿Cuándo se puede hablar de eutanasia? Según los autores del Diccionario de Pastoral de la Salud y Bioética, “cuando una persona con una enfermedad terminal o irreversible, con unos sufrimientos insufribles, libremente, reiteradamente, en contexto sanitario, solicita ayuda a los profesionales sanitarios para que le ayuden, no para que le procuren la muerte, sino para que le ayuden, sólo entonces nos referimos a eutanasia”.

El famoso caso de Ramón Sampedro, para estos expertos, “fue suicidio asistido. Alguien le ayudó y él se suicidó”. En cambio, en los casos de la italiana Eluana Englaro o la española Inmaculada Echevarría, se trató de una “petición consciente y libre de la limitación del esfuerzo terapéutico”. Se trataba de un “acto de humanidad”.

Sin embargo, los hermanos de San Juan de Dios, que en 2007 gestionaban el hospital granadino donde se alojaban, tuvieron prohibido cumplir los deseos de esta mujer, que tuvo que recorrer unos larguísimos 150 metros para dirigirse a otra planta del centro, gestionado por la Administración pública, donde se le retiraron los medios que la mantenían con vida de manera artificial.

Pese a las prohibiciones por parte de la jerarquía eclesiástica, los casos de Echevarría y Englaro eran “éticamente correctos”, según los expertos consultados, que abogan por romper el “silencio” en torno a la muerte en nuestra sociedad.

Éste fue uno de los ejes del I Congreso Mundial de Bioética, que la Orden de San Juan de Dios celebró hace unas semanas en El Escorial. Como subrayaba José María Bermejo, religioso de esta congregación y responsable del evento, “demasiadas veces reducimos las cuestiones sobre la vida a su inicio y su fin, pero no se puede reducir la bioética al aborto y a la eutanasia”. Más bien, añade, la bioética “trata de asegurar siempre la dignidad de la persona” en todas las etapas de su vida.

Rechazo del encarnizamiento

Pese a las reiteradas prohibiciones de los sectores más tradicionalistas, lo cierto es que el Catecismo de la Iglesia católica, si bien condena la eutanasia como “moralmente inaceptable, ya sea por acción u omisión”, pues supone “atentar contra la vida enferma, disminuida, debilitada o moribunda, que merece un respeto especial”, su canon 2278 pide “rechazar el encarnizamiento terapéutico” y sostiene que “se pueden interrumpir tratamientos onerosos, peligrosos, extraordinarios o desproporcionados”, pues “no se provoca la muerte, se acepta no poder impedirla”.

“La decisión la toma el paciente, si puede, o por los que tienen los derechos legales, respetando la voluntad e intereses del paciente”, subraya el Catecismo, que añade que “el uso de analgésicos, aunque puede abreviar la vida, puede ser moralmente aceptable y digno humanamente, si la muerte no es pretendida, ni como fin ni como medio, aunque pueda ser prevista y tolerada como inevitable”, y apuntala que “los cuidados paliativos son una forma privilegiada de amor desinteresado, que debe ser alentado, para aliviar el sufrimiento y acompañar al que lo padece”. Una puerta abierta que, esta vez, parece que la Iglesia católica puede atreverse a cruzar.

Luis de Marcos, el enfermo de esclerosis múltiple que inició una campaña hace unos meses en la que pedía morir con dignidad, ha muerto en Madrid. La enfermedad que padecía desde hacía diez años le provocaba “dolores insoportables” y le mantenía postrado en una cama con el cuerpo paralizado. Deseaba “abandonar este mundo ya, antes del tiempo que la Naturaleza y, por desgracia, la legislación española me han asignado”. Y pedía hacerlo con dignidad.

Por ello pedía la despenalización de la eutanasia y la regulación del suicidio asistido porque las leyes actuales le obligaban a atravesar lo que él llamaba “un calvario”. “Pido morir porque para mí acabar con esta situación es una liberación. Desde hace bastantes meses esto no es vida, cada vez tengo más dolores insoportables que antes resistía con fuerza y entereza, pero ahora he entrado en una fase en la que soy consciente de que no me merece la pena estar aquí”, aseguraba en una entrevista concedida a eldiario.es.

Sus últimas horas han sido muy duras, según asegura la Cadena Ser, que ha hablado con su mujer, Asun, que ha hecho pública una carta que Luis le encargó para cuando llegara el momento: 

“Cuando lean esta carta yo me habré ido. He pedido a Asun que cuando emprendiera el viaje a Nanguilima o como se llame el lugar al que vamos cuando dejamos este mundo, la publique.

Simplemente quiero decir que creo que venimos al mundo con alguna misión, para desempeñar algún papel y a mí me ha tocado sufrir una enfermedad que me ha llevado a luchar por uno de los derechos más básicos. Ahora tengo plena conciencia de que el mínimo exigible a una sociedad desarrollada, civilizada y moderna es el derecho al suicidio asistido. Ojalá podáis tener esa salida si llegáis a necesitarla.

Muchas gracias a todos los que de alguna manera habéis apoyado esta causa, que no solo es mía sino de cualquier ser humano“.

El pasado mes de marzo el Congreso rechazaba la propuesta de Unidos Podemos para regular la eutanasia con la abstención del PSOE y Ciudadanos y el voto en contra del PP. Actualmente el Código Penal castiga al que “causare o cooperare activamente con actos necesarios y directos a la muerte de otro” con penas que pueden ir de los seis meses a dos años y del año y medio a los seis años. Una situación que lleva a muchas personas que quieren morir a tener que hacerlo en la clandestinidad. 

Luis de Marcos habla de la vida a trompicones. Los que la respiración entrecortada y la voz casi inaudible le conceden en medio del desierto que es para él la existencia reducida a los bordes de una cama. Se refiere a la vida que hay tras la ventana que reposa a unos metros de distancia y a la que se empeñan en obligarle a mantener. Luis quiere morir, porque la esclerosis múltiple primaria progresiva que le diagnosticaron hace siete años le está matando lentamente.

“Pido morir porque para mí acabar con esta situación es una liberación. Desde hace bastantes meses esto no es vida, cada vez tengo más dolores insoportables que antes resistía con fuerza y entereza, pero ahora he entrado en una fase en la que soy consciente de que no me merece la pena estar aquí”, asegura entre sorbo y sorbo del agua que le ofrece cada poco la persona que permanece sentada a su lado en la octava planta de una vivienda situada en Madrid.

Los síntomas empezaron con 25 años, pero no le puso nombre hasta 2010, cuando nada más entrar a la consulta, la cara del neurólogo le hizo confirmar lo que ya sospechaba. Desde entonces, el proceso degenerativo no ha dejado de avanzar hasta paralizarle todo el cuerpo, excepto la cabeza, y se ha agravado en los últimos meses hasta el punto de dificultar su habla y su respiración. Un “infierno” al que Luis, a sus 50 años, quiere poner fin aunque “la muerte vaya a llegar en no demasiado tiempo”.

Por ello inició hace unas semanas una campaña con la que está recogiendo firmas con el objetivo de que España despenalice la eutanasia y el suicidio asistido porque “es algo completamente medieval, inhumano y cruel que no tengamos la posibilidad de decidir en una situación límite como la mía y con la cabeza totalmente lúcida hasta dónde queremos llegar, hasta dónde queremos aguantar el sufrimiento y hasta dónde nos merece la pena”, explica.

Luis alza su voz en medio de un debate público sobre la regulación –“Es increíble que los políticos miren para otro lado ante este dolor”, apunta–, que debería empezar por la exclusión de la eutanasia y el suicidio asistido del Código Penal, que reserva penas que van desde los seis meses a los seis años de prisión para el que “causare o cooperare activamente con actos necesarios y directos a la muerte de otro”. 

“Yo amo la vida”

Habla de su muerte con entereza y calma porque “cada vez el desapego es mayor”, explica. Al principio del proceso, la mayor parte del tiempo ocupaba su mente y las horas del día pensando en ella, en lo que ocurrirá después, en sus proyectos, en lo que podría hacer si no tuviera esclerosis. “Porque en realidad yo me quiero morir porque no aguanto más, pero yo amo la vida. Y cuanto peor estás más te das cuenta de lo bonita que es y cómo la desperdiciamos”, esgrime. Ahora, prosigue, “entre que la morfina me mantiene alejado de la realidad y paso muchas horas dormido, en lo que más pienso es en la campaña”.

A través de ella quiere fomentar la conciencia social y política frente a una realidad “de la que la mayor parte de la gente no es consciente a pesar de que es lo más duro que le va a pasar en la vida. Es cuando de repente te ves en algo así cuando piensas '¿cómo es posible que ocurra esto?'. Pero estoy seguro de que si cualquiera de las personas que nos leen pudieran estar en mi cuerpo tan solo 15 minutos el grito se oiría en todas partes”.

Luis pide morir con dignidad y lo pide también por el resto y con la memoria puesta en los que le han precedido, como José Antonio Arrabal, que hizo público el vídeo de su muerte clandestina y en soledad hace unos meses. Una situación contra la que Luis se rebela porque “morir con dignidad significa poder elegir el momento en el que quieres abandonar, en el sitio que deseas, rodeado de la gente que quieres. Una muerte segura, legal y que no tenga que ser clandestina”, resume.

La vida entre cuatro paredes

Asegura que ha llegado un punto en el que los dolores físicos son insoportables, pero “no hay nada comparable al dolor emocional”. Con ello se refiere a la situación que le ha llevado a perder casi por completo la capacidad de comunicarse y a la enfermedad que le ha inmovilizado y hace que la vida sea para él “un infierno”. “Me parece increíble que yo pueda dormir a mi mascota cuando en un acto de amor decido que está sufriendo demasiado y no tiene remedio y no lo pueda hacer con mi propio cuerpo”, argumenta.

Su cotidianidad transcurre entre las cuatro paredes de una habitación acompañado por su hermano, que vive con él, y otros miembros de la familia que se encargan de cuidarle y que le han prestado su apoyo también en su decisión. Además, una vez a la semana acude un médico a su casa para suministrarle cuidados paliativos para intentar reducir el dolor y la angustia al mínimo posible. Consiguen que Luis sufra menos, pero “de cualquier modo sufro mucho a nivel físico, a nivel vivencial y a la hora de relacionarme con el mundo”.

Dice que se ha planteado todas las vías posibles para morir, pero también confiesa que le causa problemas pensar en que la gente de su entorno pueda verse implicada en algo así. Por otro lado, también seguir es una forma de rebelarse contra un sistema que “parece que me está obligando a morir asfixiado”.

“Tengo una máquina que me ayuda a respirar por las noches y puedo negarme a utilizarla. Quizás me levantaría muy mal durante las primeras mañanas, pero llegaría un momento en que supongo que me asfixiaría. Sin embargo, yo no quiero morir así. Yo voy a hacer todo lo posible por una muerte dulce y a luchar hasta que aguante”, sentencia.

“Yo soy Luis De Marcos y reivindico el derecho a poder morir dignamente. Hoy soy yo, pero mañana podrías ser tú”. Así pide este madrileño de 50 años, enfermo de esclerosis múltiple desde hace diez años, que le dejen morir. Su situación, que le provoca “dolores insoportables” y le mantienen postrado en una cama con el cuerpo paralizado, se ha agravado en los últimos meses, según relata en la campaña de Facebook que acaba de iniciar, tal y como ha adelantado Cadena Ser.

En la página de la red social, encabezada por una foto en la que aparece rodeado de seres queridos, Luis ha escrito dos publicaciones en las que asegura que desea “abandonar este mundo ya, antes del tiempo que la Naturaleza y, por desgracia, la legislación española me han asignado”.

Afirma que las leyes actuales le obligan a atravesar un calvario que no quiere ni puede aguantar “ya que no permiten acceder a la sedación extrema” que es la única, dice, “que me puede sacar de la tortura que estoy viviendo”. Luis tiene dificultades para hablar y respirar y solo puede mover el cuello y la cabeza. Cada tres o cuatro horas se administra dosis de morfina para intentar calmar los dolores que le provoca la enfermedad.

El hombre denuncia que “el actual protocolo no tiene en cuenta mi criterio, a pesar de estar en pleno uso de razón” y critica que se opte “por parámetros ajenos a mí que deciden someterme a un ensañamiento terapéutico cruel”. “Todos los que pasamos por esta situación sabemos que dependemos del grado de sensibilización del médico que nos toque”.

Según informa Cadena Ser, Luis estuvo ingresado en en el hospital de la Fundación Vianorte Laguna, un centro privado religioso concertado con la Comunidad de Madrid, donde solicitó la sedación terminal. Sin embargo, los médicos se la negaron. 

Luis define como “crueles” las leyes vigentes en España, que no consiguieron “mover un ápice” ni Ramón Sampedro, ni José Luis Sagüés, ni José Antonio Arrabal. Este último se suicidó a principios de abril en su casa de Madrid después de que en verano de 2015 le diagnosticaran esclerosis lateral amiotrófica (ELA). José Antonio pedía en un vídeo grabado poco antes de morir la despenalización de la eutanasia y el suicidio asistido: “¿Por qué no podemos acabar con nuestra vida de manera digna si ésta se convierte en un infierno?”, afirmaba en una entrevista que concedió a eldiario.es unos meses antes.

“¿Cuántos más?”

Luis también se dirige a las formaciones políticas, que “con sus peleas infantiles, sus hipócritos intereses, su desidia contagiosa y sus privilegios insoportables” han conseguido que en los últimos años “miles de enfermos desahuciados hayan tenido que pasar por la tesitura de sufrir hasta la extenuación y cometer o hacer cometer delitos, arriesgándose a sufrir envenenamientos y cárceles para sus colaboradores”. 

La eutanasia, dice, es “la salida compasiva a un drama indeseado. La sedación extrema decidida por un enfermo es lo mínimo exigible a una sociedad civilizada. ¿Cuántos más, como yo, tendrán que morir de esta manera hasta que las leyes protejan a los enfermos desahuciados”, concluye.

El debate sobre la regulación de la eutanasia ha vuelto a aterrizar en el Congreso de los Diputados después de que Unidos Podemos haya presentado una enmienda a la totalidad a la propuesta de Ciudadanos sobre muerte digna que se debate en la Cámara. Lo hace después de que el pleno rechazara su propuesta sobre despenalización y aceptara la iniciativa de la formación naranja, con el apoyo del PSOE, que quiere establecer un marco de derechos al final de la vida y aplaza el debate sobre la eutanasia.

En la enmienda presentada por Unidos Podemos, el grupo hace algunas renuncias respecto a su proyecto inicial. Excluye como motivo para acceder a la eutanasia o el suicidio asistido “el sufrimiento psicológico insoportable”, que sí incorporaba en un principio, e incorpora otro punto para garantizar los 360 días del año los cuidados paliativos en la asistencia a domicilio.

Con voz cansada pero tono firme, José Antonio Arrabal habla de libertad. Para él, ser libre es morir. Su mano izquierda reposa sobre la pierna y la derecha agarra el sofá. Dos minutos y 46 segundos después cogerá con ella, la única en la que mantiene la movilidad, los frascos de medicamentos que primero le dejarán dormido y después le provocarán una parada cardiorrespiratoria.

Hace casi cinco meses que José Antonio ya tenía claro que quería hacer público el vídeo de su muerte, que ha publicado El País este jueves. Así lo aseguraba en una entrevista con eldiario.es en noviembre en la que se preguntaba: “¿Por qué no podemos acabar con nuestra vida de manera digna si ésta se convierte en un infierno?”. El infierno se llamaba Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA), una enfermedad que le diagnosticaron en el verano de 2015 y que ya no le dejaba apenas moverse ni ser autónomo.

José Antonio mira a cámara y explica que está indignado. Esgrime las mismas razones que le han llevado a morir solo “y en la clandestinidad”: “Voy a hacer un suicidio asistido. Si fuera médicamente habría un doctor que me habría recetado la medicación y yo me lo tomaría y moriría dulcemente. Me parece indignante que en este país no esté legalizado el suicidio asistido y la eutanasia. Me parece indignante que tu familia se tenga que marchar de casa para no verse comprometida y acabar en la cárcel”.

En España la reforma del Código Penal de 1995 atenuó las penas referidas al suicidio asistido y a la eutanasia, pero mantuvo los tipos delictivos. Añadió, además, un precepto –el artículo 143.4– para aquellos casos en los que se actúa por petición expresa, seria e inequívoca de una persona que “sufriera una enfermedad grave que conduciría necesariamente a su muerte, o que produjera graves padecimientos permanentes y difíciles de soportar”.

De esta manera, el Código Penal castiga al que “causare o cooperare activamente con actos necesarios y directos a la muerte de otro” con penas que pueden ir de los seis meses a dos años y del año y medio a los seis años. Estas son las penas rebajando en uno o dos grados –porque la ley especifica que se hará así en el marco de una enfermedad– las que contempla el mismo artículo para los que cooperen con el suicidio de una persona y en el caso de que se llegue a “ejecutar la muerte”.

Esta es la diferencia clave entre el suicidio asistido y la eutanasia, dos conceptos que suelen sembrar confusión. El primer caso se refiere a la persona que se da muerte a sí misma con la asistencia de un médico, que le proporciona los medios necesarios y le atiende en el proceso. El segundo caso es la acción realizada por un médico para causar la muerte directamente de una manera eficaz e indolora. Ambas situaciones en el marco de una enfermedad grave que le conduce necesariamente a su muerte o le proporciona sufrimientos físicos o psíquicos que considera intolerables.

El Congreso aplaza el debate

Justo eso pedía José Antonio: “Quiero que el final llegue cuando yo considere que el sufrimiento es inaceptable”. Su enfermedad ya no le dejaba vestirse ni desnudarse, tampoco comer solo ni limpiarse. “No puedo ni darme la vuelta”, dice en el vídeo grabado el pasado domingo en su casa de Alcobendas (Madrid). 

La grabación de José Antonio, que tenía 58 años, dos hijos y estaba casado, llega dos semanas después de que el Congreso rechazara la propuesta de Unidos Podemos para despenalizar la eutanasia y el suicidio asistido. La votación de la iniciativa se zanjó con el voto en contra del Partido Popular y la abstención del PSOE y Ciudadanos, que prefieren aplazar el debate.

El conato de debate que se inició en la Cámara fue el mismo que abrió en los años 90, antes incluso de consumarse la reforma del Código Penal, Ramón Sampedro, convertido en el primer español en acudir a los tribunales para reclamar su derecho a morir dignamente. Cansado de esperar una respuesta y de que la justicia le diera la espalda, pudo morir en enero de 1998 gracias a una “mano amiga” que le facilitó los fármacos que le permitieron cumplir lo que él quería.

Desde entonces se han puesto en marcha algunas regulaciones autonómicas que pretenden garantizar los derechos del final de la vida, entre los que se encuentran los cuidados paliativos, el derecho a la información o la sedación. Un marco estatal de estas características es lo que sí va a tramitar el Congreso después de aprobar la toma en consideración de una propuesta de Ciudadanos y con la que sí están de acuerdo los socialistas.

Sin embargo, “no se puede hablar de muerte digna sin hablar de suicidio asistido o eutanasia”, asegura el presidente de Derecho a Morir Dignamente (DMD) y excoordinador de Urgencias del Hospital Severo Ochoa, Luis Montes. En su opinión, el tipo de regulación que proponen Ciudadanos y el PSOE “ya está recogida en otras leyes, pero lo que falta es ponerlas en práctica”. 

Montes asegura que es urgente iniciar un debate “tranquilo y sosegado”, pero para eso “hay que discutir las propuestas que pretenden cambiar el ordenamiento jurídico”. Según una encuesta de Metroscopia a finales de febrero de este año, el 84% de los españoles cree que un enfermo incurable debe tener derecho a que los médicos le proporcionen algún producto para morir.

“¿De quién es la vida?”, se pregunta el doctor Montes. “La vida es de cada uno de nosotros y por eso no puede haber una buena muerte y una muerte digna si no tomamos la decisión de finalizar la vida sin que lo decidan terceros. Eso no significa que no estemos por la vida, significa que queremos libertad”. La misma que protagonizó el último acto de José Antonio: “Si estás viendo este vídeo, es que he conseguido ser libre”.

“Si estás viendo este vídeo, es que he conseguido ser libre”. Son las palabras con las que José Antonio Arrabal comienza la grabación, a la que ha tenido acceso El País, en la que explica por qué va a suicidarse. Lo hace frente a la cámara y frente a una mesa en la que ha dispuesto los frascos de medicamentos que le dejarán dormido primero y después le provocarán una parada cardiorespiratoria.

A José Antonio, que puso fin a su vida el pasado 2 de abril en su piso de Alcobendas (Madrid), le habían diagnosticado esclerosis lateral amiotrófica (ELA) en el verano de 2015: “No puedo ni darme la vuelta. No puedo vestirme, desnudarme. No puedo comer ya solo”, relata. 

Ha dejado todo preparado y en la mesa, junto a los frascos, reposan documentos como el DNI, su historia clínica, su testamento, una carta al juez, un papel en el que hace donación de su cerebro y una hoja en la que dice: “No reanimación”. Está casado y tiene dos hijos, afirma a cámara, que no están en casa: “Me parece indignante que tu familia se tenga que marchar de casa para no verse comprometida en el tema y acabar en la cárcel”.

José Antonio, que tenía 58 años, luchaba contra la ELA y también por el derecho a morir con dignidad. “Voy a hacer un suicidio asistido, si fuera médicamente habría un doctor que me habría recetado la medicación, yo me la tomaría y moriría dulcemente”, continúa. “De esta forma, lo tengo que hacer por mi cuenta”.

El artículo 143 del Código Penal prevé penas de prisión para aquellos que causen o cooperen en la muerte de otra persona que lo haya pedido en el caso de que sufriera “una enfermedad grave” que conduzca “a su muerte o que produjera graves padecimientos permanentes y difíciles de soportar”. El artículo que, decía José Antonio, le impedía decidir sobre su propia vida: “¿Por qué no podemos acabar con nuestra vida de manera digna si ésta se convierte en un infierno?”, preguntaba en un entrevista con eldiario.es el pasado mes de noviembre.

“Me parece indignante que en este país no esté legalizado el suicidio asistido y la eutanasia”, “me parece indignante que una persona tenga que morir sola y en la clandestinidad”, prosigue José Antonio en el vídeo. Poco después agarra con su mano derecha, la que todavía podía utilizar, uno de los frascos e ingiere una combinación letal de medicamentos comprados en internet. Al final suena Libre, de Nino Bravo, tal y como él había deseado expresamente.

En los dos últimos meses los principales partidos de la oposición han dado forma a sus proposiciones de ley sobre muerte digna. Con la iniciativa registrada este martes por el PSOE, la mesa del Congreso ya tiene en su poder tres diferentes. Socialistas, Ciudadanos y Unidos Podemos quieren abordar las condiciones del final de la vida. Las alternativas deben pasar la calificación del Gobierno, que podría bloquearlas antes de que lleguen a debatirse.

No es la primera vez que el debate sobre muerte digna entra en el Congreso. En las dos ocasiones que se ha intentado con el PP en el Gobierno, los textos –de IU y PSOE– han decaído por el rodillo parlamentario que permitía la ya extinta mayoría absoluta de los populares en la Cámara Baja.

Los textos de PSOE y Ciudadanos están inspirados por un espíritu similar: crear un marco normativo que recoja específicamente los derechos al final de la vida. Aunque actualmente no hay una ley de rango estatal en España que los regule, algunos de los artículos que incluyen los socialistas y la formación naranja ya tienen cabida en la ley de autonomía del paciente de 2002 y están específicamente regulados en algunas normas autonómicas como Andalucía, Aragón o Galicia.

Los dos grupos quieren evitar hablar de eutanasia y suicidio asistido. Ciudadanos, cuya propuesta se enmarca en el pacto de investidura que le une al PP, ni siquiera alude a ello en el texto y los socialistas justifican que su norma no es para regular estas prácticas, sino una “ley básica” sobre la que “ya hay un consenso asegurado esta legislatura”. Unidos Podemos es el único partido que se desmarca al basar su ley en eliminar las penas por eutanasia y suicidio asistido con el argumento de que la sociedad lo apoya ampliamente.

¿Eutanasia, sí o no?

Solo Unidos Podemos opta por garantizar que todas las personas pueden solicitar y recibir ayuda médica para poner fin a su vida. Es decir, propone despenalizar la eutanasia y el suicidio asistido reformulando el artículo 143 del Código Penal, que hoy contempla penas de prisión para aquellos que cooperen “activamente con actos necesarios y directos en la muerte de otro, por la petición expresa, seria e inequívoca de este en el caso de que la víctima sufriera una enfermedad grave que conduciría necesariamente a su muerte”.

Propone incluir estas prestaciones en la cartera básica de servicios del Sistema Nacional de Salud y esgrime requisitos como ser mayor de 18 años, formular una petición de manera voluntaria repitiéndose en al menos dos ocasiones con una separación de 15 días y no siendo el resultado de una presión externa, encontrarse en la fase terminal de una enfermedad o padecer sufrimientos físicos o psíquicos que considere intolerables y haber recibido información de todas las alternativas de tratamiento existentes.

Unidos Podemos parte de la percepción que tiene la sociedad sobre la eutanasia y justifica su proyecto asegurando que “hay un apoyo creciente, hoy francamente mayoritario” a la regulación. Algo que, asegura la formación, “no se ha visto reflejado en nuestro ordenamiento”.

Para el PSOE la sociedad “parece dispuesta a abrir el debate” y deja claro desde el principio que su propuesta “no es una ley llamada a regular la eutanasia”. Eso sin perjuicio de una regulación futura por la que apuestan los socialistas tras un debate “sereno y sosegado”. Y Ciudadanos no se pronuncia en ningún momento las prácticas penadas y menciona de refilón el derecho a la sedación paliativa.

Cuidados paliativos integrales

Varios estudios elaborados por la Asociación Española Contra el Cáncer o la Sociedad Española de Cuidados Paliativos (Secpal) corroboran que la mitad de las personas susceptibles de ser atendidos con cuidados paliativos no los están recibiendo. Las organizaciones achacan la situación a la escasa información sobre estos servicios y a la falta de recursos.

Tanto el PSOE como Ciudadanos apuestan por garantizar “cuidados paliativos integrales de calidad y asistencia domiciliaria”. De acuerdo con esto, estas personas tendrán derecho a recibir “una atención específica que prevenga y alivie el dolor” y a recibir “sedación paliativa, aunque ello implique un acortamiento de la vida”.

La sedación no está recogida en ninguna legislación como tal, aunque sí es algo que se aplica en la práctica. Sin embargo, colectivos como Derecho a Morir Dignamente llevan tiempo denunciando que “depende del médico que te toque”.

Unidos Podemos argumenta que los cuidados paliativos ya están reconocidos por la ley de autonomía del paciente de 2002, que “aborda con suficiente especificidad los derechos relativos a la información, a la elección entre opciones clínicas, al rechazo de tratamiento y al alivio del sufrimiento, garantizando el acceso a los cuidados paliativos”.

Ciudadanos incide en el derecho a la intimidad de los pacientes en esta situación y pide garantizar en los centros hospitalarios una habitación individual para la persona y su entorno. También menciona, y es el único grupo que lo hace, los cuidados paliativos infantiles, que en España solo llegan con atención especializada al 10% de los niños y niñas que los necesitan.

Objeción de conciencia de los sanitarios

Ni el PSOE ni Ciudadanos se refieren a lo largo de sus respectivos textos a la objeción de conciencia en ninguno de los supuestos aunque actualmente generen algunos conflictos –sobre todo la sedación paliativa–. El partido de Albert Rivera solo concreta a este respecto que “las instituciones sanitarias deberán arbitrar los medios para que los derechos no se vean mermados, inlcuida la negativa del profesional”.

Unidos Podemos sí admite este supuesto para la eutanasia y el suicidio asistido, pero obliga al sanitario objetor a “ofrecer al solicitante de eutanasia otro médico” que no lo sea. En ningún caso, el derecho a la objeción –recoge el texto– puede impedir “el ejercicio del derecho a la eutanasia”. 

El porqué de la ley

Cada formación esgrime las razones que han motivado la redacción de los diferentes proyectos, aunque todos comparten un objetivo común: garantizar una muerte digna. Según una clasificación elaborada por The Economist Intelligent Unit sobre la calidad de la muerte, España ocupa el 14º puesto de 27 países europeos y mirando exclusivamente a los miembros de la Unión Europea se sitúa en la parte baja de la tabla.

Para unos, esta garantía se enmarca en los cuidados paliativos y otros derechos derivados de la atención sanitaria en el proceso final de la vida para paliar en la medida de lo posible el sufrimiento, puntualiza el PSOE, que se da en muchos casos en un contexto de aumento de las enfermedades de evolución progresiva, el avance de la medicina y el incremento de la esperanza de vida.

Para ello proponen un marco normativo que homogeneice las situaciones en las diferentes comunidades autónomas, donde la regulación varía de una región a otra. Los puntos comunes debería así ser: derecho a recibir toda la información disponible, derecho a la intimidad personal y familiar, al acompañamiento, a que se respeten las decisiones que tome el paciente y a recibir medidas terapéuticas proporcionales a su estado.

Ciudadanos coincide en el enfoque y busca con su ley “dar una respuesta legal a los dilemas a los que se enfrentan las Adminstraciones y el personal sanitario” en estos casos. Es decir, es una ley centrada en “regular el ejercicoo de los derechos” de las personas y “los deberes del personal sanitario que las atiende”.

Para Unidos Podemos la muerte digna está directamente relacionada con evitar la imposición del “deber de vivir en condiciones penosas e irreversibles en contra de los deseos y convicciones más intimas de uno mismo”. El grupo apuesta por “la defensa de una vida digna hasta el final”, lo que implica “el fin de la confusión entre el derecho a vivir y el deber de vivir”.

El grupo parlamentario Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea ha presentado este miércoles una proposición de ley que tiene por objetivo sacar del Código Penal la eutanasia y el suicidio asistido. El fin es evitar la imposición del “deber de vivir en condiciones penosas e irreversibles en contra de los deseos y convicciones más intimas de uno mismo”.

“Toda persona podrá solicitar y recibir ayuda médica para poner fin a su vida”. Este es uno de los principios de la ley, que en la exposición de motivos argumenta que expandir los derechos relacionados con la llamada buena muerte “es necesario”, ya que “resulta acorde con la defensa de una vida digna hasta el final”. Esto implica, afirma, “el fin de la confusión entre el derecho a vivir y el deber de vivir”.

Unidos Podemos justifica sus postulados, entre otras consideraciones, en base a la percepción que tiene la población de la eutanasia el suicidio asistido. “La sociedad española ha manifestado en diversos estudios cuantitativos y cualitativos su apoyo creciente, hoy ya francamente mayoritario, a la regulación de la eutanasia”, señala. “Esta situación favorable a la eutanasia, sin embargo, no se ha visto reflejada en nuestro ordenamiento jurídico estatal”, prosigue.

La eutanasia está penalizada en el artículo 143 del Código Penal con penas de prisión. El grupo propone que quede redactado de la siguiente manera: “No será punible la conducta de aquel que con actos necesarios y directos coopere en o cause la muerte a otro cuando este lo haya solicitado de manera expresa, inequívoca y reiterada con arreglo a lo que establezca la legislación específica. La persona solicitante habrá de ser una persona con una enfermedad grave que conduzca necesariamente a su muerte o que padezca sufrimientos físicos o psíquicos que ella considere insoportables”.

Cuáles son los requisitos

Los requisitos que contempla la ley, que propone incluir estas prestaciones en la cartera básica de servicios del Sistema Nacional de Salud, son ser mayor de 18 años, formular una petición de manera voluntaria repitiéndose en al menos dos ocasiones con una separación de 15 días y no siendo el resultado de una presión externa, encontrarse en la fase terminal de una enfermedad o padecer sufrimientos físicos o psíquicos que considere intolerables y haber recibido información de todas las alternativas de tratamiento existentes.

La proposición de ley, que debe ser aprobada en el pleno del Congreso para empezar a debatirse y pasar al periodo de enmiendas, garantiza la “objeción de conciencia” como decisión individual de los profesionales de la salud siempre, pero les obliga a “ofrecer al solicitante de eutanasia otro médico” no objetor “compartiendo con éste la información necesaria para el correcto manejo del caso”.

Una Comisión de Evaluación en cada comunidad

En ningún caso, el derecho a la objeción -recoge el texto- puede impedir “el ejercicio del derecho a la eutanasia”. Si así sucediera, tendrán que actuar las comisiones de evaluación, grupos creados en cada comunidad autónoma y formados por siete especialistas seleccionados por cada Parlamento Autonómico “atendiendo a criterios de paridad de género”. La iniciativa también prevé la creación de una Comisión Estatal de Seguimiento, dependiente del Ministerio de Sanidad.

Dependerá de los servicios autonómicos de salud la elaboración de un plan que “especifique la manera de prestar y garantizar” los derechos que recoge la iniciativa del grupo. Tendrán tres meses para hacerlo desde la aprobación de la ley, dice la hoja de ruta trazada por Unidos Podemos.

El Congreso ha tumbado con el rodillo parlamentario del PP en la última legislatura dos iniciativas sobre los derechos de las personas a elegir sobre el final de su vida. La primera la presentó Izquierda Unida en 2012; la segunda, el PSOE en 2015. Ambas decayeron por la mayoría absoluta de los 'populares', un escenario muy diferente al actual de fragmentación.

“¿Por qué no podemos acabar con nuestra vida de manera digna si ésta se convierte en un infierno?”, se pregunta José Antonio Arrabal. El verano del año pasado le diagnosticaron Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA). Esta enfermedad le ha ido incapacitando progresivamente y ahora su gran temor es quedarse sin la movilidad que conserva en la mano derecha. La izquierda ya está “perdida”, inmovilizada con una férula que lleva día y noche para evitar que se le agarroten los dedos. Además, cojea al andar porque la pierna derecha también está afectada y, de vez en cuando, se traba al hablar.

A sus 57 años, Arrabal tiene claro que no quiere cumplir ninguno más. Lo explica sin quebrarse, de una forma fría y sin perder la ironía. No busca compasión, busca que se le “reconozca un derecho”. “¿No deberíamos ser dueños de nuestra vida?”, cuestiona. “Sé cómo terminan los pacientes de ELA, con una dependencia total de su familia y sin movilidad. Yo no quiero acabar así. Aunque parezca que no duele, sí que duele. No quiero que me obliguen a pasar dos años en esas condiciones, eso no es calidad de vida. Quiero que me dejen morir cuando yo considere que el sufrimiento es inaceptable”.

Sancionado por el Código Penal

En septiembre tomó la decisión de “morir con dignidad” y marcando él los tiempos. Comenzó a buscar información en internet y se encontró con su primer obstáculo: en España el artículo 143 del Código Penal recoge penas de prisión de dos a cinco años para aquellos que “cooperen con actos necesarios al suicidio de una persona” y castigo de seis a diez años “si la cooperación llega hasta el punto de ejecutar la muerte”.

“Yo no quiero implicar a nadie”. Asegura que le gustaría someterse a un suicidio asistido, morir sin dolor, tras ingerir un medicamento que le prescriba un médico. “Si lo haces de otra forma nunca sabes a ciencia cierta lo que va a pasar ni cómo vas a terminar”, continúa. Como en nuestro país no está legalizada esta opción, ha comenzado a buscar información en el extranjero. En países como Holanda, Bélgica, Luxemburgo y Suiza sí que está regulada la eutanasia.

“¿Por qué me tengo que ir a Suiza a morir y no puedo hacerlo en España? Aquí he estado pagando mis impuestos. Es de cajón. No lo entiendo”, afirma. A finales de octubre, dedicó todos sus débiles esfuerzos a intentar prender la mecha para que se reabra el debate de la muerte digna en la sociedad. Creó una petición en Change.org en la que solicita al Gobierno y a los partidos de la oposición que se modifique el artículo 143 y se despenalice el suicidio asistido. 

Podemos recogía su petición

En los programas electorales de los últimos comicios, solo Unidos Podemos recogía la derogación del apartado 4 de ese artículo. Por su parte, tanto PSOE como Ciudadanos proponían “promulgar una ley de muerte digna”. Los socialistas añadían que abrirían el debate sobre la eutanasia “si en la próxima legislatura hay un consenso al respecto”. En el caso del partido de Albert Rivera, la asociación Derecho a Morir Dignamente criticó que su propuesta recogía procedimientos que existen desde hace décadas.

Arrabal desconoce si la energía invertida en la difusión de esta petición le puede perjudicar en la evolución de su dolencia. “Si no haces nada en todo el día, empeoras; pero si haces algo, también. En cierta ocasión una enfermera me dijo que apartase la enfermedad de mis pensamientos. ¿Cómo lo voy a hacer? Si muevo la mano, me acuerdo; si intento mover la otra, me acuerdo; si hablo, también me acuerdo”, rememora.

En España, se estima que cada año se diagnostican casi unos 900 nuevos casos de esta enfermedad “neuromuscular en la que las motoneuronas, un tipo de células nerviosas, que controlan el movimiento de la musculatura voluntaria, gradualmente disminuyen su funcionamiento y mueren, provocando debilidad y atrofia muscular”, según explica la Fundación Española para el Fomento de la Investigación de la Esclerosis Lateral Amiotrófica (FUNDELA). Se desconoce el origen de esta dolencia y hasta el momento no tiene cura.

El tiempo corre en contra de estos enfermos, Arrabal lo sabe y quiere morir antes de ser dependiente, aunque su gran temor es no conseguirlo. “No creo que pueda esperar más de tres meses. Todo depende de mi mano derecha. En el momento en el que pierda la movilidad, se acabó”, relata. Entre las posibilidades que maneja, se encuentra la de acudir a una asociación en Suiza que ayuda a pacientes extranjeros a tener acceso a un suicidio asistido.

“Ya he estado mirando información. Para poder abrir expediente tienes que hacer un primer pago de 300 euros y otro de 80 euros en concepto de cuota de socio. A partir de ahí, ellos te van organizando. Pero necesito conservar algo de movilidad porque soy yo el que se tiene que llevar el vaso con la medicación a mi boca”, relata.

Se estresa y se muestra impotente al hablar de su futuro y de la evolución de la ELA: “Viendo cómo me ha afectado últimamente, en pocos meses no podré salir a la calle y me tendría que pasar todo el día en casa. ¿A qué me dedico? ¿qué hago? ¿en qué me puedo interesar? En nada, las consecuencias de esta enfermedad son insalvables”.

Hace un par de días se agobió mientras cenaba al ver que un plato de sopa podía con él. “Me cansé muchísimo. Tuve que hacer dos paradas para poder terminármelo”, relata. En ese momento volvió a advertir a sus hijos (20 y 26 años) y a su esposa de que no quería llegar al punto de no poder comer solo. Desconoce cómo reaccionó su familia en ese momento: “En esos momentos no les miro porque debe ser complicado. Mi situación es dura pero la de ellos tampoco es sencilla”.

“Entiendo que a mi familia le fastidie”

Su familia se mantiene apartada de estos planes, por petición del afectado. Arrabal se negó a hacer la entrevista con eldiario.es en su domicilio porque no se sentía cómodo relatando esta intención cerca de su seres queridos. “Entiendo que les pueda fastidiar este tema pero es que no es una cuestión de ellos, es mía. Si no lo entienden, me da igual porque es una opción personal”, asevera.

Si la enfermedad se lo permite y si finalmente se marcha a Suiza, le gustaría acudir solo, sin seres queridos. Y mantiene dos intenciones: donar su cerebro para la investigación de la enfermedad y autorizar que se publique el vídeo de su muerte. “Quiero que la gente vea que no es un tratamiento agresivo, consiste en ingerir una medicación y en 10 minutos ya has fallecido”, continúa.

De esta forma cree que podría incidir en el debate social sobre el derecho a la muerte digna. Es consciente de que, si sigue adelante con su idea de morir mediante un suicidio asistido en unos meses, no será testigo de un hipotético resultado favorable de su petición. “Lo sé, pero es necesario que alguien presione. Si se hubiese legalizado la eutanasia durante el caso de Ramón Sampedro, ahora para mi sería más sencillo. No tenemos que morirnos así todos. Pero hay mucha diferencia entre morir mal y morir bien”, finaliza.