Vivir desahogado con deudas es también una cuestión de clase. La burguesía sabe que nosotros estamos ahí para servirles, ya sea como en la época feudal, o parasitando las arcas públicas sin complejos. Cada año nos enteramos de que mantenemos a una recua de sanguijuelas que, ellas o sus empresas, deben más de un millón de euros a Hacienda, como mínimo, y acaban cocinando en Masterchef, con programas en televisiones públicas o creando nuevas empresas con las que seguir cobrando dinero de todos mientras las antiguas se cierran con deudas millonarias y sin que genere ningún coste a la persona que gestionó la empresa ruinosa. La clase trabajadora es distinta, manejar deudas le genera vergüenza social, las clases populares antes se quedan sin comer que deber un euro, no pueden vivir en paz sabiendo que deben algo por nimio que sea. Sin embargo, los morosos de la burguesía viven con ese modus operandi en el que un préstamo tapa una deuda para seguir encadenando pufos. Deber es un patrimonio existencial de las clases burguesas parasitarias y los emprendedores sin vergüenza.

Benito Pérez Galdós en Misericordia explicó de manera detallada cómo funciona la moral de los morosos de Hacienda. Doña Paca, la protagonista, no era diferente a los que salen en la lista: una deudora estable, sistemática y crónica de la burguesía que no ve los préstamos y las deudas como un debe, sino como un modo de vivir. Para ella pedir dinero es una manera de tirar hacia adelante porque no tiene intención alguna de pagarlo sino de tapar el antiguo con el nuevo. La culpa no existe porque considera que alguien de su clase no debe, vive así porque lo merece. La mentalidad de Doña Paca es la de los morosos fiscales que aparecen en la lista de Hacienda. Consideran que es una afrenta a su reputación porque tienen la firma convicción de que no deben, que es suyo, que el dinero de todos está para servirles y mantener su nivel de vida. El nuevo títere de la reacción, que antes defendía los impuestos como el tenue socialdemócrata que era, y que responde al nombre de Soto Ivars lo decía estos días: “La lista de morosos es el panteón de los héroes”. Lo dice porque ahora la clase a la que sirve le obliga, pero ver a las mascotas expresarse es una manera de saber lo que piensan los que les pagan y que no suelen abrir la boca.

Como consejo fiscal, si quieres deber a Hacienda es mucho mejor que pases del millón de euros y no te quedes en la sanción por no haber domiciliado la cuota de autónomos o por no haber pagado una multa que no te ha sido notificada. Es muy posible que acabes antes embargado, sin poder contratar con la Administración, siendo un pobre hombre sin suerte que un moroso millonario. Porque todos estos que salen en la lista y deben más de un millón de euros siguen creando empresas, otras nuevas, limpias de polvo y paja, cerrando la otra para que tenga como único patrimonio la deuda y seguir funcionando viviendo con todos los lujos que alguien que paga cada céntimo jamás soñaría. Es frustrante asistir a los ejercicios de desvergüenza que debiendo por encima del millón de euros viven en casas que saldarían la deuda si fueran embargadas.

Se ha puesto de moda entre morosos y participantes de empresas con deudas millonarias con Hacienda compartir por redes sociales un justificante de estar al corriente de la Agencia Tributaria como si eso les exonerara de estar incluidos en la lista. Se puede deber esa pasta y conseguir uno de esos papelitos, o bien por querer confundir la persona física con la persona jurídica o bien por el hecho de que cuando llegas a un acuerdo con Hacienda para un plan de pagos fragmentando el pago de la deuda de manera inmediata se puede conseguir ese certificado sin que eso suponga que la deuda está pagada. Son diferentes maneras de engañar a los incautos que les siguen, pero no engañan a gente formada y con un mínimo intelecto y sobre todo que tiene una moral mucho más aseada.

Sonsoles Ónega llamó a la lista de morosos de hacienda en su programa: “La lista de la vergüenza”, con mucha ira y rabia, con demasiada inquina personal, entiendo y asumo que porque conoce a alguien cercano que está en esa lista y que considera que lo está de manera injusta, porque nadie que debe más de un millón de euros merece vergüenza. Son patriotas. Un autónomo que no puede afrontar el pago de una multa por pago con retraso sí, ese es un ladrón, pero quien debe un millón de euros es un pobre emprendedor tratado de manera injusta por el Estado insaciable. No soy capaz de entender qué tienes que hacer para acumular una deuda por encima de un millón de euros porque alguien con mi concepción de clase, en el momento en el que viera que una actividad de la que participo genera deuda acabaría finiquitada en los estadios iniciales antes de llegar a acumular un salario mínimo de deuda. No hay nadie que tenga su trabajo como patrimonio que pueda acumular esa cantidad de deuda sin ser un canalla, un delincuente, un desahogado o un burgués que cree que la deuda está para servir a sus caprichos.

La Agencia Tributaria publicó el pasado martes su célebre lista de morosos, en la que 5.843 personas acumulan una deuda de 15.432 millones de euros a cierre de 2025. Aunque las empresas isleñas han descendido ligeramente su deuda con Hacienda respecto al año 2025, 134 morosos canarios acumulan impagos de hasta 317,4 millones de euros. De ese total, la provincia de Las Palmas recoge casi 179 millones de euros que deben 79 personas, mientras que Santa Cruz de Tenerife agrupa a 54 deudores con 148,6 millones de euros.

Inversiones Las Teresitas (ITL) encabeza el listado de deudores de la provincia de Santa Cruz de Tenerife. Canarias Ahora publicó este miércoles en exclusiva que, además de los 64,3 millones en deuda con Hacienda, la sociedad formada por los empresarios Ignacio González, ya fallecido, y Antonio Plasencia, que protagonizó uno de los mayores casos de corrupción en las islas, tiene un patrimonio negativo neto de 109,4 millones de euros. En esta misma provincia, Playa de Las Teresitas repite como año consecutivo con 6,2 millones de euros, al igual que la ya cesada empresa Islas Airways S.A, que se mantiene en la lista debido a una deuda acumulada que asciende exactamente a 788.312,26 euros. Además, este año se incorpora Habitats El Duque, con 11 millones de euros.

Las empresas de Las Palmas que siguen en la lista

En la provincia de Las Palmas, Nueva Energía 3000 vuelve a encabezar la lista de morosos con una deuda de 19,7 millones de euros, 300.000 euros menos que el año anterior. Le sigue la empresa Sands Beach, con una deuda que asciende a los 12,6 millones de euros. Hermanos Santan Cazorla, avalan su presencia en el listado con un impago de 10,6 millones de euros. Se mantiene Seguridad Integral Canaria (SIC), el grupo en liquidación históricamente vinculado al empresario Miguel Ángel Ramírez (presidente de UD Las Palmas) acumula una deuda de 6,2 millones de euros. El presidente del club de fútbol fue exonerado por la Justicia el 9 de diciembre de 2025 al no apreciar pruebas de que fuera el administrador real de la empresa. Beleyma, Pescenescal y Gonsua Inversiones, continúan como mayores deudores al superar los cuatro millones de euros. Beleyma, clave en el desarrollo inmobiliario de la capital grancanaria, debe cinco millones actualmente, mientras que Pescenescal debe 4,9 millones y Gonsua Inversiones 4,2 millones de euros.

Julitex entra por primera vez en la lista de morosos

Julitex entra como nueva figura en deuda con el Fisco por un impago de 9,3 millones de euros. Esta sociedad logró anular una ley del Gobierno de Canarias que protegia el barrio Los Hoteles, en Tenerife, al demostrar que la Administración incumplió los plazos legales, consiguiendo una sentencia del Tribunal Constitucional que impide a la Administración exceder los plazos administrativos en perjuicio de los ciudadanos.

Para qué sirve publicar la lista de morosos de Hacienda

La lista de morosos de la Agencia Tributaria no srive únicamente para señalar nombres conocidos ni para alimentar un escaparate de famosos o empresarios con deudas fiscales. Tiene como objetivo hacer públicos grandes incumplimientos tributarios y ejercer una presión reputacional sobre quienes mantienen deudas elevadas con Hacienda. Amparada en el artículo 95 bis de la Ley General Tributaria, incluye a personas físicas y jurídicas con más de 600.000 euros pendientes, siempre que esas deudas o sanciones sean firmes y no estén aplazadas ni suspendidas. No supone una condena por fraude fiscal, sino un mecanismo de transparencia que excepciona el carácter reservado de los datos tributarios cuando concurren los requisitos legales.

Sin embargo, aparecer en la lista no significa que Hacienda vaya a recuperar de forma inmediata esas cantidades. Una parte importante de la deuda corresponde a empresas en concurso de acreedores o a contribuyentes en situación de insolvencia, lo que dificulta el cobro. Por ello, la publicación tiene un efecto limitado si no existen bienes o patrimonio sobre los que actuar, ya que la recuperación del dinero sigue dependiendo de los procedimientos habituales de recaudación, como embargos, derivaciones de responsabilidad o procesos concursales.

Campo de Criptana se encuentra en pleno corazón de la Mancha. Destaca por sus famosos molinos de viento, alzados sobre una colina que puede vislumbrarse desde varios kilómetros de distancia. También por sus casas encaladas en blanco con franjas azules en los bajos, los colores típicos manchegos de la comarca.

Pero, además de su atractivo turístico por su patrimonio y su gastronomía,  este municipio de casi 13.000 habitantes es también una localidad en expansión. En los últimos 20 años ha experimentado un desarrollo urbanístico enfocado en la creación de vivienda, en el turismo sostenible y en la industria, con dos polígonos empresariales.

Ese es el contexto en que los hermanos Ramón y Agustín Olivares Garrigos comenzaron con su actividad empresarial hace más de tres décadas. Y ahora se han convertido en los dos empresarios más morosos de España, según la decimotercera lista de Hacienda, que incluye un total de 5.853 deudores de más de 600.000 euros a cierre de 2025.

En el pueblo son “muy conocidos”, comentan desde una de las inmobiliarias de la localidad, que pide no mencionar su nombre. “Desde que abrieron sus empresas, las de construcción, hemos sabido de ellos, de sus actividades, pero no sabíamos que tenían una deuda tan enorme. No es algo que se vaya pregonando”, destacan.

Lo confirma otro de estos establecimientos de Campo de Criptana. “Son dos hermanos que han hecho dinero con la construcción. Compraban y vendían, pero se dedicaron mucho tiempo a cosas también en otros pueblos de la zona, en otras partes de España y fuera de España”.

El rastro de los hermanos así lo refleja. La deuda que acumulan con la Agencia Tributaria sube a un total de 36,83 millones de euros. Ramón ya aparecía en esta lista en 2022 y 2025, mientras que Agustín solo aparecía en el año 2022. En todos los casos, por el mismo importe adeudado.

Estos hermanos llegaron a tener hasta 13 empresas que estaban vinculadas con la construcción, el mercado inmobiliario, la caza y las fincas rústicas. No obstante, la mayoría de ellas ya no están activas.

Grupo Oligarry, la empresa que se estrelló

Su empresa estrella fue Grupo Oligarry Construcción, fundada en 1992, compañía con la que construyeron numerosas viviendas y rehabilitaron edificios ilustres como el Palacio Infante Don Juan Manuel en Belmonte (Cuenca). Con la crisis inmobiliaria de 2008, la empresa comenzó a perder músculo económico y diez años después, en 2018, entró en concurso de acreedores.

Pero, ¿cuál es exactamente el rastro de estos empresarios? Un dato curioso es que Ramón Olivares aparece como administrador único del mencionado Grupo Oligarry desde el 21 de julio de 2009 hasta el cuatro de enero de 2018, incluso después del concurso de acreedores. Esta empresa figura en la Clasificación Nacional de Actividades Económicas (CNAE) como constructora de edificios residenciales.

Según el Boletín Oficial del Registo Mercantil (BORM), la Agencia Estatal de la Administración Tributaria registró su baja en el índice de entidades porque los débitos tributarios de la entidad con la Hacienda pública se declararon “fallidos” o no se presentó la declaración del impuesto de sociedades correspondiente a tres períodos impositivos consecutivos.

El rastro de Ramón se extiende por otras empresas. Destaca por ejemplo Oleiquip S.A., donde figura como administrador solidario hasta julio de 2009, momento en el que pasa a ser administrador único. En este último cargo no hay fecha de finalización. La empresa se dedica a la instalación de carpintería.

Con domicilio en Campo de Criptana, su facturación anual, según el BORM, está entre un millón y millón y medio de euros anuales. Se extinguió en diciembre de 2017.

Ramificaciones hasta Panamá

Sí aparece su marcha del cargo como administrador único en Vivienda y Bienestar S.A., en enero de 2009. Esta empresa se dedicaba a programar, arrendar, subarrendar, comprar o vender, fincas rústicas o urbanas dentro y fuera de España. Tuvo negocios en Ciudad Real, Cuenca, Guadalajara, pero también fuera de Castilla-La Mancha (Gijón o Getafe) o incluso en Panamá.

Un mes después de que Ramón Olivares dejara su puesto en esta última entidad, en febrero, abandonaba también ese mismo cargo en otra compañía denominada Olimodel S.L., dedicada igualmente a programar, arrendar, subarrendar, comprar y vender fiscas rústicas y urbanas, dentro y fuera de España.

Finalmente, también ese mismo año, en octubre, deja su cargo como apoderado en Grupo Casoli S.L., con sede en Madrid, entidad dedicada en este caso a la compraventa, distribución y comercialización de uvas, vinos, mostos y todos sus derivados.

Ramón es también propietario de la finca La Hildalga, en Campo de Criptana, una extensa propiedad rústica, situada cerca de la Reserva Natural de la Laguna de Salicor. Con extensiones que pueden superar las 100 hectáreas, la finca combina usos agrícolas (olivares y almendros) y un gran potencial como coto de caza o entorno de turismo rural.

En este vídeo sobre caza de conejos, el empresario habla de la finca a partir del minuto cinco:

El rastro de su hermano Agustín Olivares es similar, pero algo más amplio. En el mencionado Grupo Casoli aparece como administrador único, hasta septiembre de 2009, en que finaliza su actividad, un mes antes de que su hermano dejara su puesto como apoderado en la misma empresa, después extinta.

En el Grupo Oligarry, un “emporio todopoderoso a nivel local”, según fuentes de las inmobiliarias consultadas, Agustín fue apoderado hasta enero de 2018, el mismo día en que consta la baja de su hermano como administrador único en esa misma empresa, con motivo del concurso de acreedores.

Además, figura en dos empresas donde su hermano no aparece, al menos en los registros oficiales. La primera de ellas es Proligarry S.A., heredera de la extinta Oligarry, dedicada a la promoción inmobiliaria, y actualmente en fase de liquidación.

Según el portal Empresia, su nombre figura como administrador único desde junio de 2007, pero no hay ninguna fecha de baja, al igual que sucede en el caso de Ramón con Oleiquip, la empresa de carpintería. De hecho, en esta última empresa, Agustín fue también apoderado desde julio de 2009 (igualmente sin fecha de cese) y anteriormente aparece como administrador solidario.

Su actividad más reciente es como administrador desde diciembre de 2010 hasta diciembre de 2020 en Gamo Garrigos S.A. Ese es el último apunte oficial registrado. Esta empresa figura en el CNAE dentro del sector de la promoción inmobiliaria, dedicada a la administración de mancomunidades.

Sus últimas cuentas depositadas fueron en 2018, con un capital social de 76.000 euros, y figura como extinguida en octubre de 2020, poco después de que Agustín registrara su cese.

Este periódico ha intentado ponerse en contacto telefónico con Proligarry, en el polígono industrial de Pozo Hondo de Campo de Criptana. Es la empresa donde figura el nombre de los hermanos Olivares Garrigos que no aparece como extinguida en el Registro Mercantil, aunque está en fase de liquidación. Ninguno de los dos teléfonos asociados a la empresa está activo. En la finca La Hidalga tampoco han querido comentar nada al respecto.

Las inmobiliarias consultadas han sido muy reticentes a la hora de valorar el trabajo de estos dos hermanos y además han coincidido en lamentar que el municipio sea conocido en los medios de comunicación por esta “mancha”. “Aquí somos mucho más que dos morosos”, indicaba a este periódico, muy enfadada, una trabajadora.

Tampoco el Ayuntamiento de Campo de Criptana, gobernado por el PSOE, ha querido hacer ninguna valoración al respecto.

L'empresari Matthias Kühn continua a la llista de deutors d'Hisenda: ho fa a través de la societat unipersonal Matthias Kuhn Inversions, amb un deute que augmenta d'1,1 a 1,3 milions d'euros. El magnat és conegut a l'arxipèlag balear, principalment, pels negocis que va dur a terme en el seu moment lligats a la inversió immobiliària i al turisme. Durant anys, el grup empresarial del magnat va explotar econòmicament l'illot protegit -i privat- de Tagomago, de 600.000 metres quadrats i ubicat al nord-est d'Eivissa, cobrant entre 100.000 i 160.000 euros per llogar durant una setmana la luxosa vila construïda a l'illa.

L'empresari alemany és sent paral·lelament investigat per presumptament ocultar 24,7 milions d'euros al fisc. Segons la seva versió, Hisenda actua contra ell de forma “esbiaixada”, pretén “pervertir el procés penal” i instrumentalitza el procediment judicial “amb finalitats purament recaptatòries”. En concret, sobre l'empresari pesen delictes d'alçament de béns, estafa processal i insolvència punible.

Tant Hisenda com la Fiscalia Anticorrupció sostenen que, al llarg de diversos anys, es van anar traspassant actius entre les diferents societats de l'entramat empresarial de Kühn amb la intenció d'ocultar-los mentre aquestes es declaraven en concurs. Els investigadors assenyalen així una xarxa d'empreses que haurien estat constituïdes amb l'únic fi de camuflar els beneficis procedents de les operacions immobiliàries del magnat i poder així eludir les seves obligacions tributàries. 

Quan va anar a declarar, el magnat va justificar el seu silenci davant del jutge en el fet d'haver aportat, a través del seu lletrat, Jaime Campaner, multitud d'escrits processals amb documentació que, defensava, evidencien el caràcter “esbiaixat, per unidireccional i parcial” de la investigació auspiciada per l'Agència Tributària, en la mesura que tals escrits i documents no han estat valorats. Des del seu punt de vista, no hi hauria res més que pogués afegir perquè totes les qüestions estan explicades i documentades.

L'empresari va insistir que el suposat frau fiscal comès a través de societats pantalla es refereix al deute deixat per les societats del grup que es troben en concurs de creditors des del 2016 i 2019 i de les quals, va assegurar, va cessar com a administrador. Kühn va insistir que ni ell ni ningú del seu entorn o del seu grup empresarial han intentat mai ocultar la indemnització de 96 milions d'euros que l'entitat Birdie Son Vida SL tenia pendent de rebre del Govern arran de la requalificació com a sòl rústic protegit d'una de les seves propietats, coneguda com Muleta.

El empresario Matthias Kühn sigue en la lista de deudores de Hacienda: lo hace a través de la sociedad unipersonal Matthias Kuhn Inversiones, con una deuda que aumenta de los 1,1 a los 1,3 millones de euros. El magnate es conocido en el archipiélago balear, principalmente, por los negocios que llevó a cabo en su momento ligados a la inversión inmobiliaria y al turismo. Durante años, el grupo empresarial del magnate explotó económicamente el islote protegido -y privado- de Tagomago, de 600.000 metros cuadrados y ubicado en el noreste de Ibiza, cobrando entre 100.000 y 160.000 euros por alquilar durante una semana la lujosa villa construida en la isla.

El empresario alemán está siendo paralelamente investigado por presuntamente ocultar 24,7 millones de euros al fisco. Según su versión, Hacienda actúa contra él de forma “sesgada”, pretende “pervertir el proceso penal” y e instrumentaliza el procedimiento judicial “con fines puramente recaudatorios”. En concreto, sobre el empresario pesan delitos de alzamiento de bienes, estafa procesal e insolvencia punible.

Tanto Hacienda como la Fiscalía Anticorrupción sostienen que, a lo largo de varios años, se estuvieron traspasando activos entre las distintas sociedades del entramado empresarial de Kühn con la intención de ocultarlos mientras estas se iban declarando en concurso. Los investigadores señalan así a una red de empresas que habrían sido constituidas con el único fin de camuflar los beneficios procedentes de las operaciones inmobiliarias del magnate y poder así eludir sus obligaciones tributarias. 

Cuando fue a declarar, el magnate ha justificó su silencio ante el juez en el hecho de haber aportado, a través de su letrado, Jaime Campaner, multitud de escritos procesales con documentación que, defendía, evidencian el carácter “sesgado, por unidireccional y parcial”, de la investigación auspiciada por la Agencia Tributaria, en la medida en que tales escritos y documentos no han sido valorados. Bajo su punto de vista, no habría nada más que pudiera añadir porque todas las cuestiones están explicadas y documentadas.

El empresario insistió en que el supuesto fraude fiscal cometido a través de sociedades pantalla se refiere a la deuda dejada por las sociedades del grupo que se encuentran en concurso de acreedores desde 2016 y 2019 y de las que, aseguró, cesó como administrador. Kühn insistió en que ni él ni nadie de su entorno o de su grupo empresarial han intentado nunca ocultar la indemnización de 96 millones de euros que la entidad Birdie Son Vida SL tenía pendiente de recibir del Govern a raíz de la recalificación como suelo rústico protegido de una de sus propiedades, conocida como Muleta.

La lista anual de morosos con deudas superiores a los 600.000 euros ya está disponible. La ha publicado este viernes la Agencia Tributaria (AEAT) con los datos actualizados hasta el 31 de diciembre de 2025 que indican que hay 5.853 contribuyentes morosos con una deuda que asciende a 15.432 millones de euros.

En la lista se mantienen algunos nombres recurrentes de años anteriores, como el de Isabel Pantoja, Bertín Osborne o Arda Turán (exfutbolista del Atlético de Madrid y del FC Barcelona).

En el siguiente buscador puedes consultar todos los nombres de la lista de morosos a la Agencia Tributaria en 2025. Si pinchas en los distintos nombres podrás ver además la evolución de su deuda y la cantidad de años que lleva apareciendo en la lista.

¿Y quiénes han sido los mayores morosos de este año? Entre las empresas el top 3 lo ocupan Reyal Urbis (que fue el segundo mayor grupo inmobiliario de España), Bio-Zenite Energy y Metaway Combustibles. Si miramos a personas concretas, los mayores deudas del año son los hermanos y empresarios inmobiliarios Olivares Garrido.

Además de los habituales, este año se incorporan 735 nuevos deudores a la lista de morosos, puedes consultar sus nombres y junto al importe total de su deuda con Hacienda en el siguiente gráfico. Destaca, por ejemplo, Diana Grapin, vinculada a dos inmobiliarias catalanas y con una deuda de 30,5 millones. O Kampaoh, la firma andaluza de campings de lujo, que debe 1,3 millones de euros.

Inversiones las Teresitas (la sociedad central del mayor caso de corrupción juzgado en Canarias) tiene la deuda más alta entre los nuevos morososos, pero también ha habido quienes han saldado su deuda este año. Además de nombres clásicos que desaparecen como Spanair, Viajes Iberia u Orizonia, la empresa que más ha pagado para abandona la lista ha sido Palemad Reciclaje, 128 millones de euros.

El impago de las cuotas o de las derramas es una de las mayores causas de conflicto en las comunidades de propietarios. ¿Qué hacer cuando un vecino deja de cumplir con sus obligaciones económicas? Existen protocolos legales claros y herramientas que el resto de los propietarios pueden utilizar para recuperar ese dinero.

“Lo primero es intentar hablar con el propietario y comprobar si el impago es por un descuido”, recomienda Teresa Suárez Agrasar, administradora de fincas colegiada y presidenta del Colegio Oficial de Administradores de Fincas de Galicia, que asegura que en estos casos no suele haber problema y se soluciona con rapidez.

El conflicto real, según Suárez, aparece con el “moroso habitual” o aquel que decide no pagar por no estar de acuerdo con lo aprobado por mayoría. En estos casos, la comunidad debe formalizar la reclamación: “La comunidad tiene que aprobar en junta la liquidación de las cuotas pendientes y reflejarlo en acta, facultando al presidente o administrador, para reclamar por las vías que contempla el derecho”. 

Una vez aprobada la liquidación, la herramienta legal más eficaz es el procedimiento monitorio, que, apunta la administradora de fincas, “permite reclamar cuotas impagadas de forma relativamente rápida”, o dependiendo de la cuantía, también puede derivar en un juicio verbal.

Además de las cuotas o derramas pendientes, la comunidad también puede exigir el pago de intereses y gastos derivados del propio proceso judicial. “Si el propietario sigue sin pagar, el juzgado puede llegar a embargar bienes”, advierte Suárez sobre la firmeza de la ley en este aspecto. 

Es conveniente recordar que el impago no solo puede llegar a ser un problema judicial, sino que también tiene repercusión en la convivencia y conlleva restricciones en la vida comunitaria. “La primera consecuencia es la pérdida del derecho a voto en las juntas mientras se tengan deudas pendientes con la comunidad”, recuerda la administradora. “Tampoco podrá vender su vivienda si no acredita previamente el pago de su deuda”, señala la experta, que aclara que la comunidad, por su parte, “no puede privar del uso de los servicios comunitarios a nadie”.

“Un error muy habitual en estos casos es esperar demasiado antes de actuar. A veces, por evitar conflictos, se deja pasar el tiempo y la deuda se hace mucho más difícil de recuperar”, detecta Suárez, que añade que cuando la gestión no es profesional también es frecuente que se comentan errores en las notificaciones o pasos legales que pueden invalidar la reclamación posterior. 

Para evitar también que estos procesos se lleven al terreno personal, provoquen conflictos mayores y se resuelvan con rapidez, la administradora aconseja externalizar la gestión. “Contar con un administrador de fincas colegiado es fundamental para manejar estas situaciones con objetividad y evitar enfrentamientos innecesarios entre propietarios”, defiende Suárez.

El presidente de la Junta, Juan Manuel Moreno, anunció este fin de semana los nombres de las personas galardonadas con el título de Hijos Predilectos de Andalucía 2026, máxima distinción que concede el Gobierno autonómico: se trata del cantante onubense Manuel Carrasco y la actriz sevillana Paz Vega, que recogerán su galardón el próximo sábado, 28 de febrero (28F), durante la ceremonia institucional celebrada en el Teatro de la Maestranza.

El nombramiento de Paz Vega como Hija Predilecta de Andalucía ha desatado cierta polémica, después de que algunos dirigentes de la izquierda -desde Por Andalucía, Adelante Andalucía y Podemos- hayan afeado a Moreno que premie a una actriz, modelo y presentadora “que figura en la lista de grandes morosos de la Hacienda pública española”.

Desde 2015, el Ministerio de Hacienda hace pública cada año la lista de “morosos” con el fisco (empresas y personas físicas), que son aquellos que adeudan más de 600.000 euros. Si saldan su deuda, salen de la lista y de la exposición pública. El año pasado, entre los “defraudadores” o “morosos” señalados por el Gobierno estaba la cantante Isabel Pantoja (que también tiene la Medalla de Andalucía), el presentador Bertín Osborne, el exbanquero Mario Conde y la actriz Paz Vega, que adeuda a la Hacienda pública unos 2,4 millones de euros.

El PP andaluz ha salido en defensa de los Hijos Predilectos de este año, pero la polémica sobre la actriz sevillana ha desempolvado un debate parlamentario que tuvo lugar hace sólo cinco meses, en la comisión de la Radio Televisión Pública de Andalucía (RTVA), donde el diputado de Por Andalucía, José Manuel Gómez Jurado cuestionó el programa de Bertín Osborne en Canal Sur Televisión. Gómez Jurado recordó que el cantante es un “defraudador” de Hacienda y aparece, cada año, en la lista de morosos con el fisco.

En defensa de Osborne salió la diputada del PP por Sevilla Virginia Pérez, que fue presidenta del partido en esta provincia, y que reprochó al parlamentario de izquierdas que centrase sus críticas contra el cantante, por su programa en Canal Sur, y no contra la actriz Paz Vega, que también es está en la lista como “defraudadora” y “morosa”.

El magnat alemany Matthias Kühn, investigat per presumptament ocultar 24,7 milions d'euros al fisc, s'ha negat a declarar aquest dilluns davant de la jutgessa, però ha presentat un escrit en què acusa l'Agència Tributària d'actuar contra ell de forma “esbiaixada”, de pretendre “pervertir el procés penal” i d'instrumentalitzar el procediment judicial “amb finalitats purament recaptatòries”. En concret, sobre l'empresari pesen delictes d'alçament de béns, estafa processal i insolvència punible.

Kühn, lligat al sector turístic i immobiliari de luxe de Mallorca i parella de la vedet Norma Duval, ha acudit als jutjats de Via Alemanya, a Palma, a les 9.10 hores -estava citat a les 09.30- i ha abandonat les dependències judicials minuts abans de les 10.00. L'encausat s'ha acollit al seu dret de no declarar, igual que han fet els seus fills, també imputats.

Mentre tant, aquest dimarts estan citats altres investigats, entre ells el lletrat Jorge Sainz de Baranda, mà dreta de l'empresari i exalt càrrec de Jaume Matas, qui, segons les indagacions, hauria exercit un paper clau a l'hora d'ajudar Kühn en l'ocultació del seu patrimoni amb l'objectiu d'eludir els seus pagaments a Hisenda. També hauran de comparèixer assessors i presumptes testaferros que van registrar al seu nom algunes de les mercantils del conglomerat empresarial de Kühn amb el presumible objectiu d'ocultar que, en realitat, estaven controlades pel magnat.

Es dóna la circumstància que Kühn figura, a través de la societat unipersonal Matthias Kuhn Inversiones, a la dotzena llista de morosos de l'Agència Tributària, que inclou 5.997 deutors amb l'Agència Tributària que devien més de 600.000 euros al tancament de 2024.

Tant Hisenda com la Fiscalia Anticorrupció sostenen que, al llarg de diversos anys, es van estar traspassant actius entre les diferents societats de l'entramat empresarial de Kühn amb la intenció d'ocultar-los mentre aquestes es declaraven en concurs. Els investigadors assenyalen així una xarxa d'empreses que haurien estat constituïdes amb l'únic fi de camuflar els beneficis procedents de les operacions immobiliàries del magnat i poder així eludir les seves obligacions tributàries.

Aquest dilluns, el magnat ha justificat el seu silenci en el fet que ha aportat, a través del seu lletrat, Jaime Campaner, multitud d'escrits processals amb documentació que, defensa, evidencien el caràcter “esbiaixat, per unidireccional i parcial”, de la investigació auspiciada per l'Agència Tributària, en la mesura que aquests escrits i documents no han estat valorats. Des del seu punt de vista, no hi hauria res més que pogués afegir perquè totes les qüestions estan explicades i documentades.

L'empresari insisteix que el suposat frau fiscal comès a través de societats pantalla es refereix al deute deixat per les societats del grup que es troben en concurs de creditors des del 2016 i 2019 i de les quals, assegura, va cessar com a administrador.

Kühn insisteix que ni ell ni ningú del seu entorn o del seu grup empresarial han intentat mai ocultar la indemnització de 96 milions d'euros que l'entitat Birdie Son Vida SL tenia pendent de rebre del Govern balear arran de la requalificació com a sòl rústic protegit d'una de les seves propietats, coneguda com a Muleta. Assegura que tampoc ha tingut intenció d'impedir que l'Agència Tributària pogués cobrar els seus deutes amb càrrec a aquesta indemnització. Al contrari, assenyala que, el 2018, els advocats i assessors del Grup Kühn van oferir per escrit a l'AEAT aquesta indemnització com a garantia de tots els deutes del grup i l'Agència Tributària “la va rebutjar”.

En relació a la venda de les participacions de Birdie Son Vida, la societat creditora de la indemnització de Muleta, assevera que va ser autoritzada judicialment i Hisenda va optar per no recórrer tal autorització, deixant que guanyés fermesa. Malgrat això, lamenta Kühn que es pretengui sostenir ara que aquesta operació és constitutiva de delicte.

Kühn també és conegut a l'arxipèlag balear, principalment, pels negocis que va dur a terme en el seu moment lligats a la inversió immobiliària i al turisme. Durant anys, el grup empresarial del magnat va explotar econòmicament l'illot protegit -i privat- de Tagomago, de 600.000 metres quadrats i ubicat al nord-est d'Eivissa, cobrant entre 100.000 i 160.000 euros per llogar durant una setmana la luxosa vila construïda a la illa.

El magnate alemán Matthias Kühn, investigado por presuntamente ocultar 24,7 millones de euros al fisco, se ha negado a declarar este lunes ante la jueza, pero ha presentado un escrito en el que acusa a la Agencia Tributaria de actuar contra él de forma “sesgada”, de pretender “pervertir el proceso penal” y de instrumentalizar el procedimiento judicial “con fines puramente recaudatorios”. En concreto, sobre el empresario pesan delitos de alzamiento de bienes, estafa procesal e insolvencia punible.

Kühn, ligado al sector turístico e inmobiliario de lujo de Mallorca y pareja de la vedette Norma Duval, ha acudido a los juzgados de Vía Alemania, en Palma, a las 9.10 horas -estaba citado a las 09.30- y ha abandonado las dependencias judiciales minutos antes de las 10.00. El encausado se ha acogido a su derecho de no declarar, al igual que han hecho sus hijos, también imputados.

Mientras tanto, este martes están citados otros investigados, entre ellos el letrado Jorge Sainz de Baranda, mano derecha del empresario y ex alto cargo de Jaume Matas, quien, según las pesquisas, habría ejercido un papel clave a la hora de ayudar a Kühn en la ocultación de su patrimonio con el objetivo de eludir sus pagos a Hacienda. También deberán comparecer asesores y presuntos testaferros que registraron a su nombre algunas de las mercantiles del conglomerado empresarial de Kühn con el presumible objetivo de ocultar que, en realidad, estaban controladas por el magnate.

Se da la circunstancia de que Kühn figura,  a través de la sociedad unipersonal Matthias Kuhn Inversiones, en la decimosegunda lista de morosos de la Agencia Tributaria, que incluye 5.997 deudores con la Agencia Tributaria que debían más de 600.000 euros al cierre de 2024.

Tanto Hacienda como la Fiscalía Anticorrupción sostienen que, a lo largo de varios años, se estuvieron traspasando activos entre las distintas sociedades del entramado empresarial de Kühn con la intención de ocultarlos mientras estas se iban declarando en concurso. Los investigadores señalan así a una red de empresas que habrían sido constituidas con el único fin de camuflar los beneficios procedentes de las operaciones inmobiliarias del magnate y poder así eludir sus obligaciones tributarias. 

Este lunes, el magnate ha justificado su silencio en el hecho de haber aportado, a través de su letrado, Jaime Campaner, multitud de escritos procesales con documentación que, defiende, evidencian el carácter “sesgado, por unidireccional y parcial”, de la investigación auspiciada por la Agencia Tributaria, en la medida en que tales escritos y documentos no han sido valorados. Bajo su punto de vista, no habría nada más que pudiera añadir porque todas las cuestiones están explicadas y documentadas.

El empresario insiste en que el supuesto fraude fiscal cometido a través de sociedades pantalla se refiere a la deuda dejada por las sociedades del grupo que se encuentran en concurso de acreedores desde 2016 y 2019 y de las que, asegura, cesó como administrador.

Kühn insiste en que ni él ni nadie de su entorno o de su grupo empresarial han intentado nunca ocultar la indemnización de 96 millones de euros que la entidad Birdie Son Vida SL tenía pendiente de recibir del Govern balear a raíz de la recalificación como suelo rústico protegido de una de sus propiedades, conocida como Muleta. Asegura que tampoco ha tenido intención de impedir que la Agencia Tributaria pudiera cobrar sus deudas con cargo a esa indemnización. Al contrario, señala que, en 2018, los abogados y asesores del Grupo Kühn ofrecieron por escrito a la AEAT esa indemnización como garantía de todas las deudas del grupo y la Agencia Tributaria “lo rechazó”.

En relación a la venta de las participaciones de Birdie Son Vida, la sociedad acreedora de la indemnización de Muleta, asevera que fue autorizada judicialmente y Hacienda optó por no recurrir tal autorización, dejando que ganara firmeza. Pese a ello, lamenta Kühn que se pretenda sostener ahora que esa operación es constitutiva de delito.

Kühn también es conocido en el archipiélago balear, principalmente, por los negocios que llevó a cabo en su momento ligados a la inversión inmobiliaria y al turismo. Durante años, el grupo empresarial del magnate explotó económicamente el islote protegido -y privado- de Tagomago, de 600.000 metros cuadrados y ubicado en el noreste de Ibiza, cobrando entre 100.000 y 160.000 euros por alquilar durante una semana la lujosa villa construida en la isla.

El magnate inmobiliario Matthias Kuhn, investigado por presuntamente ocultar 24,7 millones de euros a Hacienda, figura en la decimosegunda lista de morosos de la Agencia Tributaria, que incluye 5.997 deudores con la Agencia Tributaria que debían más de 600.000 euros al cierre de 2024. Junto a Kühn aparecen, también desde Balears, el empresario inmobiliario y expresidente del RCD Mallorca Vicente Grande y Manuel March Cencillo, nieto de Juan March Ordinas, a su vez fundador de la Banca March. Se trata, su abuelo, del banquero que financió el golpe de Estado contra la Segunda República que desencadenó la Guerra Civil española.

Según los datos facilitados este viernes por la Agencia Tributaria, el importe global de deudas recogido en el nuevo listado alcanza los 16.138 millones de euros, un 5,9% más, aunque restando duplicidades –ya que existen importes que corresponden a deudores principales y sus responsables solidarios–, el importe sería de 13.697 millones de euros, en este caso un 8,5% superior.

En concreto, Kühn, quien está citado a declarar como investigado el próximo 8 de julio en el Juzgado de Instrucción junto a dos de sus hijos y su abogado y ex alto cargo de Jaume Matas, Jorge Sainz de Baranda, figura en el listado de morosos a través de la sociedad unipersonal Matthias Kuhn Inversiones, con una deuda que roza los 1,1 millones de euros. El procedimiento judicial en el que en la actualidad se encuentra imputado indaga la supuesta comisión de delitos de alzamiento de bienes, estafa procesal e insolvencia punible.

Por su parte, mantiene su presencia en el listado Diego Torres, el ex socio de Iñaki Urdangarin e implicado en el conocido como caso Noos, con 940.066 euros.

Sin embargo, es Vicente Grande, quien cosechó una de las mayores fortunas de Balears gracias a los negocios inmobiliarios y fue condenado a dos años de cárcel por defraudar a Hacienda más de 500.000 euros, el que lidera la lista de morosos en Balears: mantiene una deuda tributaria de 31,5 millones de euros a través de la sociedad Drac Plus. Cabe recordar que Grande, con su inmobiliaria Drac, ascendió de forma fulgurante al abrigo del boom del ladrillo y, años después, se declaró insolvente en el mayor concurso de acreedores de las islas.

El empresario también estuvo bajo el foco de la Justicia en el llamado caso Plan Territorial de Mallorca (PTM), en el que se investigaban presuntos pelotazos urbanísticos que podrían haber supuesto plusvalías de hasta 300 millones de euros mediante la inclusión en el PTM -aprobado la legislatura anterior con los votos de PP y Unió Mallorquina- de tres zonas como Áreas de Reconversión Territorial (ART), de forma que éstas acabaron revalorizándose al transformarse en urbanizables. Grande fue citado a declarar por la adquisición de una finca por 14 millones de euros que dos años después vendió por 27 millones más. La causa fue finalmente archivada por falta de pruebas.

Asimismo, March Cencillo, cuyos bienes fueron recientemente embargados por la Justicia por vender dos veces su mansión “dinástica” de Mallorca, debe a Hacienda 3,04 millones de euros. El Juzgado de Primera Instancia número 10 de Madrid decretó a principios de junio el embargo de todos sus bienes tras haber incumplido la ejecución provisional de una sentencia de 2024 relacionada con la venta de su mansión y que le obliga a pagar 3,5 millones de euros. El nieto de Juan March vendió primero el palacio por ocho millones de euros y después, por 12. Sin embargo, se quedó con 2,4 millones tras la primera venta sin ejecutar la escritura pública final.

A nivel estatal, en el listado de morosos destacan dos nombres nuevos: la cantante Isabel Pantoja y el presentador y cantante Bertín Osborne, con una deuda de 1 millón y 865.000 euros, respectivamente. La tonadillera ha vuelto a los escenarios en los últimos años después de un importante parón debido a sus problemas con la justicia, que la llevaron a la cárcel en 2014 condenada por blanqueo de capitales en relación con la trama corrupta del 'caso Malaya', en el que estaba involucrado su entonces pareja, el exalcalde de Marbella, Julián Muñoz. Por su parte, Bertín Osborne es uno de los rostros televisivos con más antigüedad, con gran tirón entre la derecha y ahora concursante de 'Tu cara me suena'.

Las condiciones para ser considerado moroso

Para ser seleccionadas, las deudas que figuran en el listado deben cumplir las condiciones de encontrarse por encima de los 600.000 euros, no haber sido pagadas transcurrido el plazo original de ingreso en período voluntario, que estén pendientes de pago a 31 de diciembre de 2024 y que no estén aplazadas o suspendidas por cualquier motivo legalmente previsto. Se habilita, no obstante, la posibilidad de ser excluido de la publicación si previamente se efectúa el pago íntegro de las deudas y sanciones tributarias que hubieran determinado la inclusión en el listado.

La jurisprudencia del Tribunal Supremo en sentencias de enero y febrero de 2023 establece la obligación de que las deudas y sanciones tributarias hayan de ser firmes (y, en el caso de las liquidaciones vinculadas a delito, que exista sentencia condenatoria firme) para su inclusión en el listado que se publica.

Del total de 5.997 deudores que figuran en el último listado, 1.077 son personas físicas por importe de 1.579 millones de euros (en la lista anterior eran 1.052 por importe de 1.500 millones de euros) y 4.920 son personas jurídicas por importe de 14.558 millones (frente a los 5.032 del año anterior y 13.737 millones).

Por su parte, del importe total, 4.508 millones de euros (el 28%) se corresponde con deuda de deudores en proceso concursal (1.224 deudores, el 20% del total) y, por tanto, es deuda afectada por un proceso en el que las posibilidades de cobro efectivo de las deudas se encuentran limitadas mientras dure el propio concurso. En el listado anterior figuraban en esta situación algo más de 4.724 millones de euros (el 31%); 1.340 deudores, el 22% del total.

La Agencia Tributaria ha publicado este viernes una nueva lista de morosos que incluye 5.997 deudores con Hacienda que deben más de 600.000 euros a cierre de 2024, lo que supone un 1,4% menos respecto al volumen recogido en el listado publicado en junio del año pasado. En Castilla y León, destacan empresas vinculadas a la construcción, inmobiliarias o mineras con los montantes económicos más elevados.

En la lista se sitúan empresas de la construcción e inmobiliarias, como las sociedades del Grupo Arranz Acinas. Construcciones Arranz Acinas debe 33.058.625 euros, y la Inmobiliaria Arranz Acinas adeuda 30.463.168 euros, Edificaciones Sociales de Burgos S.A. debe 30.183.905 euros y Promociones Pal SA tiene una deuda de 30.425.033 euros. Grupo Pantersa SL, vinculado a la construcción, adeuda 40.534.498 euros.

Destacan otras empresas como Promociones Inmobiliarias del Pisuerga SA, del Grupo Martínez Núñez, que debe 26.570.281 euros o la sociedad Invergar Participaciones Inmobiliarias SL vinculada a la familia Ovalle adeuda 13.456.609 euros. La constructora Urbanizadora de Valladolid SA aparece con una deuda de 10.033.476 euros y la empresa Tecnología de la Construcción SA adeuda 11.889.208 euros. También aparece en el listado Construcciones Aragón Izquierdo SL, con una cantidad de 11.637.303 euros.

Las empresas de la minería tienen un lugar destacado, con la Hullera Vasco Leonesa SA, con 24.874.840 euros o la Unión Minera del Norte, de Vitorino Alonso, que debe 8.720.042 euros. Otras empresas del sector que vienen reflejadas son Compañía de Explotaciones y Minas SA, con una deuda de 7.710.428 euros y Areniscas de los Pinares Burgos Soria SL, con 2.156.716 euros de deuda.

Alberto Esgueva, uno de los principales acusados por la Trama Eólica - el Supremo le eximió de pagar 20 millones en impuestos al por un error burocrático - y que fue absuelto del caso de Perla Negra después de que Fiscalía y PSOE retiraran la acusación durante el juicio oral por no poder acreditarse los hechos que se le imputaban, aparece con su empresa Intercatia Corporación SL y una deuda de 6.340.582 euros. Otro nombre relevante es el de la extinta Unión Deportiva Salamanca SAD, con 13.400.072 euros de deuda.

Puedes consultar la lista completa de deudores a Hacienda en el Buscador de elDiario.es.

La decimosegunda lista de morosos de la Agencia Tributaria, publicada este viernes, incluye 5.997 deudores con Hacienda que deben más de 600.000 euros a cierre de 2024, lo que supone un 1,4% menos respecto al listado publicado en junio del año pasado. No obstante, según los datos facilitados por la Agencia Tributaria, el importe global de deudas recogido en el nuevo listado alcanza los 16.138 millones de euros, un 5,9% más.

En la lista se mantienen algunos nombres recurrentes de años anteriores, como el de la actriz Paz Vega (cuyo nombre es María Paz Campos Trigo) o Mario Conde; pero este año entran también Bertín Osborne (cuyo nombre es Norberto Ortiz Osborne), Isabel Pantoja y el futbolista Arda Turan, además de los implicados en la trama de los hidrocarburos.

Aquí puedes consultar todos los nombres de la lista de morosos a la Agencia Tributaria en 2024:

Recopilamos también quiénes son las personas que deben más a Hacienda:

Quiénes son los nuevos morosos:

Y quiénes son los mayores morosos con Hacienda en 2024:

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La decimosegunda lista de morosos de la Agencia Tributaria, publicada este viernes, incluye 5.997 deudores con Hacienda que deben más de 600.000 euros a cierre de 2024, lo que supone un 1,4% menos respecto al volumen recogido en el listado publicado en junio del año pasado. Según los datos facilitados este viernes por la Agencia Tributaria, el importe global de deudas recogido en el nuevo listado alcanza los 16.138 millones de euros, un 5,9% más, aunque restando duplicidades –ya que existen importes que corresponden a deudores principales y sus responsables solidarios–, el importe sería de 13.697 millones de euros, en este caso un 8,5% superior.

Dos nombres nuevos destacan en el listado que ha hecho público este viernes la Agencia Tributaria. La cantante Isabel Pantoja y el presentador y cantante Bertín Osborne, con una deuda de 1 millón y 865.000 euros, respectivamente. La tonadillera ha vuelto a los escenarios en los últimos años después de un importante parón debido a sus problemas con la justicia, que la llevaron a la cárcel en 2014 condenada por blanqueo de capitales en relación con la trama corrupta del 'caso Malaya', en el que estaba involucrado su entonces pareja, el exalcalde de Marbella, Julián Muñoz. Por su parte, Bertín Osborne es uno de los rostros televisivos con más antigüedad, con gran tirón entre la derecha, ahora concursante de 'Tu cara me suena'. Otro de los nuevos rostros de este listado es el exfutbolista del Atlético de Madrid y del FC Barcelona Arda Turán, con 1,27 millones

Quedan lejos, eso sí, del mayor deudor —contando únicamente personas físicas— y que también vuelve a la lista. Se trata del empresario inmobiliario Ramón Olivares Garrigos, con 36,8 millones, que no estaba en la última edición aunque había liderado los primeros puestos en listados anteriores.

Entre las novedades con mayor deuda con el Fisco hay varias empresas dedicadas a la energía, entre ellas Villafuel, la principal sociedad acusada en el caso del multimillonario fraude en el IVA de hidrocarburos que investiga la Audiencia Nacional. Villafuel, vinculada al empresario Víctor de Aldama, implicado a su vez en el caso de corrupción de Koldo García y el exministro José Luis Ábalos, figura en la nueva lista con una deuda de poco más de 2 millones, aunque destacan los 195,7 millones de Metaway Combustibles SL, también vinculada a ese fraude y que fue inhabilitada el año pasado, Vertix Petroleum (194,7 millones), Bio-Zenite Energy (153,4 millones), Biomar Oil (119 millones) y otro operador al por mayor de operadores petrolíferos, I-Manchamadrid SL (92,7 millones). Otros nombres vinculados a este fraude son los de Mercapetrol SL (58,4 millones), también inhabilitada recientemente,

También hay alguna empresa inhabilitada por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) por otro presunto fraude relacionado con los biocombustibles, como Medoil Energy 2050 (58 millones de deuda) y Stimilon Energy (48 millones).

Otra nueva incorporación de esta lista es la de Luis Iglesias Rodríguez-Viña, yerno del exministro de Trabajo Eduardo Zaplana y que ha llegado a estar imputado en varios sumarios, como un presunto blanqueo junto al que fuera su socio, Oleguer Pujol, hijo menor del expresidente catalán Jordi Pujol. Iglesias figura con una deuda de 1,26 millones.

Además vuelve a entrar, después de tres años fuera, la empresa Desguaces la Torre, de Luis Miguel Rodríguez, conocido popularmente como 'el chatarrero', con 3,7 millones. Entre las salidas más destacadas con respecto a la edición del año pasado destaca la empresa de licores de origen italiano Vittone, que ha llegado a ser la tercera empresa que más debe al Fisco y para la que la Audiencia Nacional confirmó una reclamación de Hacienda de 111 millones hace unos meses.

Nombres habituales

En la lista se mantienen algunos nombres recurrentes de años anteriores. Es el caso de la actriz Paz Vega (cuyo nombre es María Paz Campos Trigo) que acrecienta bastante su deuda con el fisco: en la pasada edición mantenía un saldo negativo de 1,7 millones de euros, que ha aumentado hasta los casi 2,3 millones.

Otro de los habituales, uno de los fundadores de esRadio, César Vidal, permanece en el listado aunque sigue disminuyendo ligeramente lo que tiene pendiente con las arcas públicas de 2,8 a 2,1 millones de euros. Y repite una de las sociedades del productor de televisión y espectáculos José Luis Moreno, Kulteperalia SL, que debe algo menos en esta edición: de 951.000 euros a 887.000 euros.

También se mantiene en el listado, José María Enríquez Negreira, el excolegiado al que persigue la sombra de favores arbitrales al FC. Barcelona, aunque su deuda se reduce muy ligeramente, de 1,11 a 1,096 millones de euros. También figura el expresidente del club blaugrana y primer directivo del grupo hotelero HUSA, Juan [Joan] Gaspart Solves, con algo menos de un millón de euros. Otro que repite en la lista es el exbanquero Mario Conde, aunque ha reducido en varios millones la deuda que mantenía con el fisco, pasando de 6,4 millones de euros a 3,4.

Hay más repetidores en la lista, como Luis Medina Abascal, el hermano del duque de Feria, que repite con más de 640.000 euros. Su madre es Naty Abascal, antigua modelo y exponente de la 'jet set' española desde tiempos del franquismo. Medina Abascal ganó protagonismo fuera de las páginas de la prensa del corazón tras ser imputado, y posteriormente absuelto, por una supuesta estafa al Ayuntamiento de Madrid tras obtener 6 millones de euros en comisiones con la venta de productos de protección sanitaria y cuyo valor real era de hasta un 80% menos. En su declaración ante la Justicia se presentó como “un facilitador”.

Hasta cuatro filiales del grupo de comunicación Intereconomía repiten en la lista, y suman alrededor de 19 millones de euros de deuda con las arcas públicas, la misma cifra que el año pasado. Tampoco ha reducido su deuda con Hacienda Prensa Universal, que debe casi 1,1 millones de euros. Se trata de la editora del desaparecido Diario de Alcalá, que dirigió el ahora tertuliano Antonio R. Naranjo.

Entre las personas físicas que más dinero adeudan al fisco, se mantiene con algo más de 15 millones de euros de deuda el empresario ya jubilado Agapito García, que hace años llegó a ser la persona física con más deuda en este listado.

Se mantiene una de las incorporaciones más relevantes de la lista del año pasado la constructora Eurofinsa, que protagonizó. La deuda sube a 91,3 millones, frente a los 71 millones del año pasado. El presidente de esta multinacional es Mauricio Toledano, imputado en el caso Villarejo, ex patrono de la FAES de José María Aznar y accionista de Libertad Digital, entre otros cargos.

Un club habitual en este listado es el que componen los equipos de fútbol. Repite el Club de Fútbol Intercity, el único equipo que cotiza en bolsa, con un masivo de más de 1,6 millones de euros. Y siguen el Club Deportivo Atlético Alcantarilla (1,8); el Club de Fútbol Reus Esportiu (1,3); y equipos extranjeros, como el argentino Atlético Huracán con más de 1,7 millones o el paraguayo Cerro Porteño que supera los 1,4 millones. También sigue el Real Jaén, que reduce su deuda de 1,6 a 1,25 millones.

Un clásico de otras ediciones es el empresario Javier Merino, ex marido de Mar Flores y ahora empeñado en buscar tierras raras en Ciudad Real, y que vuelve a figurar con su empresa Multipetroleos SL (1,19 millones). Repite también en el listado, Matthias Kuhn, el magnate inmobiliario acusado de ocultar 21 millones de euros a Hacienda. Aparece en el listado a través de la sociedad unipersonal Matthias Kuhn Inversiones, con una deuda que roza los 1,1 millones de euros. Al igual que en los casos anteriores, mantiene su presencia Diego Torres, el ex socio de Iñaki Urdangarin e implicado en el conocido como caso Noos, con algo más de 940.000 euros.

Se incorpora este año también una antigua concesionaria de autopista quebrada, la Autopista Madrid Sur Concesionaria Española SA, que gestionó la R-4 Madrid-Ocaña, rescatada por el Estado. Hay otras grandes estructuras de país, como el aeropuerto de Ciudad Real, en su caso repetidor, con una deuda de 5,9 millones de euros.

Las condiciones para ser considerado moroso

Para ser seleccionadas, las deudas que figuran en el listado deben cumplir las condiciones de encontrarse por encima de los 600.000 euros, no haber sido pagadas transcurrido el plazo original de ingreso en período voluntario, que estén pendientes de pago a 31 de diciembre de 2024 y que no estén aplazadas o suspendidas por cualquier motivo legalmente previsto. Se habilita, no obstante, la posibilidad de ser excluido de la publicación si previamente se efectúa el pago íntegro de las deudas y sanciones tributarias que hubieran determinado la inclusión en el listado.

La jurisprudencia del Tribunal Supremo en sentencias de enero y febrero de 2023 establece la obligación de que las deudas y sanciones tributarias hayan de ser firmes (y, en el caso de las liquidaciones vinculadas a delito, que exista sentencia condenatoria firme) para su inclusión en el listado que se publica.

Del total de 5.997 deudores que figuran en el último listado, 1.077 son personas físicas por importe de 1.579 millones de euros (en la lista anterior eran 1.052 por importe de 1.500 millones de euros) y 4.920 son personas jurídicas por importe de 14.558 millones (frente a los 5.032 del año anterior y 13.737 millones).

Por su parte, del importe total, 4.508 millones de euros (el 28%) se corresponde con deuda de deudores en proceso concursal (1.224 deudores, el 20% del total) y, por tanto, es deuda afectada por un proceso en el que las posibilidades de cobro efectivo de las deudas se encuentran limitadas mientras dure el propio concurso. En el listado anterior figuraban en esta situación algo más de 4.724 millones de euros (el 31%); 1.340 deudores, el 22% del total.

Un total de 805 deudores no figuran ya en el listado de morosos tras haber aparecido en el listado publicado en junio de 2024, por lo que abandonan la lista por un importe de 1.361 millones de euros. Por contra, un total de 718 deudores figuran en el listado de deudores a publicar este viernes y no aparecían en el listado publicado el año pasado, por lo que entran en la lista por un importe de deuda de 2.272 millones de euros.

En los meses transcurridos desde la publicación en junio de 2024 del anterior listado, un total de 1.748 deudores, que tenían deudas pendientes a 31 diciembre de 2023 y por las que fueron publicados en el listado el 30 de junio del año pasado, han realizado ingresos de esas deudas por importe de 221 millones.

Por otra parte, se han realizado ingresos por importe de 97,95 millones de euros correspondientes a deudores que han evitado aparecer en este listado de 2025. Estos eran deudores que iban a ser seleccionados para su publicación, pero en las semanas previas a la fecha de referencia del listado (31 de diciembre de 2024) ingresaron cantidades suficientes para no aparecer en el listado (41,23 millones).

También pueden ser deudores, efectivamente seleccionados, que se acogieron a la posibilidad ofrecida por la Ley General Tributaria para evitar salir publicados, efectuando el ingreso íntegro, completo, de las deudas por las que se publicarían (56,72 millones). Por su parte, si se analizan los ingresos realizados por deudores efectivamente seleccionados en diciembre para el nuevo listado, entre el 1 de enero de 2025 y hasta este 21 de junio pasado estos deudores han ingresado 191,5 millones.

Información realizada por Antonio M. Vélez, Laura Olías, Cristina G. Bolinches y Carlos del Castillo. Gráficos de Raúl Sánchez, Victòria Oliveres y Yuly Jara.

¡Buenos días! 

¿Cómo llevas la semana? Nosotros seguimos inmersos en el caos que supone seguir las decisiones erráticas de Donald Trump. Cada día en la redacción de elDiario.es vivimos los cambios de dirección constante del presidente de Estados Unidos con su política arancelaria.

Este miércoles, alrededor de las ocho de la tarde, Trump ha anunciado una nueva marcha atrás con una pausa de 90 días en su guerra comercial con la mayoría de países. Esta tregua, que no ha terminado de explicar claramente, no afecta a China, a la que ha incrementado hasta el 125% los aranceles como respuesta al movimiento chino de imponer tasas del 84% a los productos de Estados Unidos. 

¿Dónde nos lleva este continuo clima de confusión? Nadie lo sabe, menos aún en los Estados Unidos, pero ya hay anuncios serios de que esta incertidumbre y el golpe al comercio internacional puede llevar a la economía del planeta al desastre. Ni siquiera los millonarios que respaldaron a Trump tienen claro que la política económica del líder conservador sirva de algo a sus intereses. La élite empresarial estadounidense, con múltiples inversiones en los mercados de su país, se revuelve contra Trump. En esta fiesta del desconcierto hasta Elon Musk, uno de los principales valedores de Trump, se ha enfrentado a Peter Navarro, el ideólogo de los aranceles que se inventó a un economista para respaldar sus incongruentes tesis económicas.

Seguramente Trump ha sucumbido a las presiones internas de millonarios y empresarios que veían cómo el valor de sus acciones se iba despeñando día a día. Probablemente esta política de aranceles solo haga que Estados Unidos quede excluida del comercio internacional. ¿Qué van a hacer si la Unión Europea, China y el resto de los países amplían sus relaciones comerciales y dejan fuera a EEUU? De momento, amenazan a países como España solo por tratar de abrir mercados con China. 

Nadie se cree los argumentos de los asesores económicos de Trump para justificar los aranceles: una amalgama de teorías donde confluye el victimismo con el argumento idílico que la potencia norteamericana provee “bienes públicos globales” al resto del mundo, como la seguridad y la paz o como activos refugios como el dólar y los bonos de su deuda por lo que sus trabajadores no deberían pagar tantos impuestos para reducir el déficit. Realmente estamos ante el burdo postulado neoliberal de buscar pésimas fórmulas económicas que permitan rebajar impuestos a los de siempre.

El discurso trumpista, como no podía ser de otra manera, solo cala en Europa en las mentes necias de la ultraderecha. En España, el Gobierno ha defendido que los aranceles de Trump “ni son recíprocos, ni están justificados económicamente”. La Unión Europea ya ha respondido con la aprobación del primer paquete de 1.600 productos de EEUU que tendrán una tasa del 25% por un valor de 21.000 millones de euros en contestación al golpe de Trump al sector del acero y el aluminio. Aquí tienes el listado de productos made in usa afectados por los aranceles europeos.

Trump asegura que los países le están “besando el culo” para negociar los aranceles. No es creíble, su pausa arancelaria explica más bien lo contrario. La UE está adoptando una postura prudente en busca de un acuerdo que no perjudique a ninguna de las partes, antes de entrar en una guerra comercial que puede llevar al mundo a una recesión económica, pero es necesario seguir apretando. Más aún.

No se le puede dar ni un respiro a Trump. Nos jugamos mucho. Una crisis económica está en ciernes. Incluso en nuestro país, que ahora es la locomotora de Europa, el Banco de España ya ha avisado de que recortará la previsión de crecimiento por los aranceles. Ya hay compañías españolas, en sectores tan importantes como el vino, el aceite o el calzado, que están avisando de que “se han paralizado pedidos y proyectos” y ven en peligro contratos por los aranceles. Por eso es necesario el plan del Gobierno para ayudar a las empresas y los trabajadores de nuestro país.

Hay que seguir golpeando a Trump donde más le duele: ampliando y abriendo nuevos mercados, que ya hemos visto que molesta, y aumentando la lista de productos norteamericanos a los que se les aplican aranceles. Trump no entiende otro lenguaje, solo se puede responder con mano dura. No se puede ceder con los tiranos. 

El gráfico

Otro fin de semana con miles de personas en toda España que se lanzan a la calle para protestar por los precios de la vivienda. El pasado sábado se vivieron más de 40 manifestaciones en ciudades de nuestro país para exigir que bajen los alquileres y que la vivienda deje de ser un negocio. Nada parece parar el problema de los precios de los pisos, las Administraciones públicas no terminan de encontrar la solución. Hay ya un millón y medio de hogares ahogados por el alquiler. No es una cuestión generacional, afecta a un amplio espectro de la sociedad: familias con hijos, personas solteras, jóvenes y mayores, aunque este problema se ceba con los más débiles y los más desprotegidos. Aquí tienes un vídeo sobre tres generaciones afectadas por la crisis de la vivienda: una joven que no puede independizarse, un trabajador de mediana edad que ha tenido que volver a casa de sus padres y una mujer de 87 años bajo amenaza de desahucio.  

El dato

35%

de los accidentes mortales de trabajo durante el año pasado en el que las empresas no habían cumplido con su obligación de evaluar los riesgos laborales a los que se enfrentaba la persona en ese puesto, según ha explicado el sindicato CCOO a partir de datos del Ministerio de Trabajo. Están siendo unas semanas complicadas por los numerosos accidentes mortales en el tajo, con cinco muertos y cuatro heridos graves en la explosión de una mina en Asturias. El año pasado aumentaron las muertes laborales, con 796 personas fallecidas en accidentes de trabajo, 75 más que el año anterior. Una lacra que hay que frenar ya. En este enlace te explicamos que las empresas no habían evaluado los riesgos laborales en más de un tercio de las muertes laborales de 2024.

Otro aspecto de los accidentes laborales es cómo sigue la vida el día después. Cuando a las personas se les para el tiempo porque ellos o sus familiares tuvieron un accidente en el tajo que les dejó sin vida o con secuelas para siempre. Todavía es una historia invisible pero común para muchas familias en España. Hay que tener en cuenta que en nuestro país cada día mueren dos personas en el trabajo. Para ayudar, recuperarse y colaborar para salir adelante, un grupo de víctimas se ha unido en un taller de duelo, organizado por la asociación AVAELA, donde están empezando a sanar el trauma. Aquí te contamos cómo las víctimas y sus familiares afrontan el duelo en grupo tras un accidente laboral.  

Letras que son un Tesoro

 “El siglo XX fue el siglo de la socialdemocracia. El siglo XXI será el siglo del socialismo ecológico, democrático y participativo”. Así empieza el último libro publicado en España por el economista francés Thomas Piketty, con el título de Hacia un socialismo ecológico (Editorial Deusto), un compendio de sus artículos publicados en Le Monde entre 2020 y 2024. Nos gustaría que la propuesta de Piketty se convirtiera en realidad, pero desde luego este siglo no está siguiendo el mejor camino para cualquier demócrata. Piketty propone seguir con la desmercantilización de sectores que se puso en marcha en el pasado siglo, ampliar el proceso de progresividad fiscal sobre en un nuevo ciclo de socialización de la riqueza y la redefinición de estrategias sociales y coaliciones políticas para seguir en el siglo XXI con la revolución socialdemócrata. Merece la pena leer este libro desde la esperanza.  

Entrepreneur

Sentencias judiciales que sacan a la luz actuaciones oscuras del pasado. Fueron todas buenas palabras sobre la gestión del ya fallecido Víctor Grifols i Lucas como cofundador y expresidente de la multinacional de los hemoderivados. Una derrota judicial de la familia Grifols frente a la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) en la Audiencia Nacional ha revelado que Grifols i Lucas mantuvo una participación en la compañía mediante la fórmula de evasión fiscal conocida como ‘sándwich holandés’: instrumentales de Países Bajos controladas desde territorios de baja tributación que permiten destinar dividendos allí sin pagar apenas impuestos. Aquí tienes más información sobre cómo el fundador de Grifols utilizó el ‘sandwich holandés’ con acciones en la farmacéutica mediante una empresa en las Antillas para pagar menos impuestos.

Siguiendo con decisiones judiciales alrededor de los defraudadores fiscales, la Audiencia Nacional ha confirmado una reclamación de Hacienda de más de 111 millones de euros a la empresa de fabricación de bebidas alcohólicas de origen italiano Vittone 1482 SL, una habitual en las primeras posiciones de varios listados anuales de morosos de la AEAT.  La sentencia subraya los “innumerables incumplimientos” y el “elevadísimo riesgo fiscal” del almacén en Girona de la compañía. Aquí te explicamos que los tribunales confirman una reclamación de 111 millones en impuestos a uno de los mayores morosos de Hacienda. 

Bien Público

Pasos decisivos y justos para avanzar en la transición ecológica. Las zonas afectadas por los cierres de las antiguas centrales eléctricas de carbón suman compromisos de inversión de 6.185 millones de euros. El objetivo es mantener el empleo y dinamizar la economía e industria de las zonas afectadas por el cierre de 15 centrales en las comunidades autónomas de Aragón, Andalucía, Baleares, Castilla y León, Galicia y Principado de Asturias. Con este plan de inversiones se prevé la creación de 2.276 puestos de trabajo, frente a los 1.557 empleos que se vieron afectados por el cierre de las centrales. Esta es la vía para que las políticas de transición ecológica triunfen, sin que los trabajadores tengan que ser los que paguen por el proceso de tener una economía más limpia y sostenible. En esta información de Antonio M. Vélez tienes más datos sobre el compromiso de inversión de 6.185 millones en  las zonas afectadas por el cierre de las centrales de carbón.  

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En esta sección te traemos una serie de artículos de otros medios que nos han parecido interesantes:

Se acabó este boletín. Nos vamos de vacaciones de Semana Santa. Espero que tú también y disfrutes del merecido descanso. Nos volveremos a ver en dos semanas. Si te apetece nos puedes escribir a contraoferta@eldiario.es con tus propuestas o ideas.

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La Audiencia Nacional ha confirmado una reclamación de Hacienda de más de 111 millones de euros a la empresa de fabricación de bebidas alcohólicas de origen italiano Vittone 1482 SL, una habitual en las primeras posiciones de varios listados anuales de morosos de la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT).

Sendas sentencias dictadas en enero por la Sala de lo Contencioso de la Audiencia han desestimado los recursos de la empresa contra una resolución del Tribunal Económico-Administrativo Central (TEAC) de 22 de julio de 2020 que cifró la cuota final pendiente de ingresar al Fisco por Vittone 1482 en 111.167.382,36 euros, por el Impuesto sobre bebidas alcohólicas del ejercicio 2016.

Como consecuencia de los sucesivos recursos que ha interpuesto ante la justicia española, esta empresa ha tenido una relación guadianesca con la lista de morosos, en la que irrumpió con fuerza en la edición de 2017, al situarse en cuarta posición con una deuda que entonces la AEAT cifraba en 134,47 millones. En la del ejercicio 2019 llegó a ocupar el tercer puesto, solo por detrás de dos símbolos del estallido de la burbuja inmobiliaria, Reyal Urbis y Grupo Isolux Corsan. La última vez que apareció fue en la publicada en 2022. Era cuarta con una deuda de 111 millones, que es la cifra pendiente de ingresar a Hacienda que ha confirmado una sentencia del pasado 23 de enero por la Sala de lo Contencioso.

Esa reclamación multimillonaria surgió de la obligación de regularizar de golpe con el Fisco las existencias de alcohol que almacenaba la empresa en sus instalaciones en un polígono industrial en Vilamalla (Girona), cerca de Figueres, cuando en 2016 el Estado le retiró la autorización para operar como fábrica de bebidas alcohólicas tras detectar una sucesión de graves irregularidades en el control de esa mercancía. 

Con la retirada de esa licencia, que según la Audiencia estuvo justificada, más de 11 millones de litros de alcohol puro fueron precintados y obligados a tributar de un día para otro a un gravamen de 9,58 euros por litro. Las resoluciones recogen el descontrol que durante años reinó en los depósitos de alcohol de Vittone, que a finales de 2010 había obtenido permiso para comprar alcohol etílico de alta graduación a granel bajo el régimen suspensivo, es decir, sin pagar impuestos por ello, para rebajarlo con agua y venderlo posteriormente como producto acabado final. 

Primer aviso

El primer aviso llega en 2013, cuando la Intervención de Aduanas recuerda a Vittone que debe llevar una contabilidad rigurosa con las existencias de los productos que tiene envejeciendo en barricas de madera, la obligación de que estas estén numeradas y “perfectamente” identificadas, y la necesidad de contar con “los pertinentes elementos de medición, debiendo llevar una ficha indicando el contenido de producto en proceso de elaboración por cada barrica”. 

Nada de eso se cumplía. En abril de 2014, Vittone aporta un libro auxiliar con “numerosas incongruencias y deficiencias: no se indicaba la capacidad de cada bota o depósito, ni su unidad de medida, ni su ubicación, ni el producto que contenían”. “Había apuntes de entradas y salidas sin contrapartida; en un mismo depósito se contabilizaban salidas de productos con claves fiscales diferentes; había depósitos de acero inoxidable que estaban vacíos físicamente y, sin embargo, sus correspondientes cuentas en el libro de depósito tenían saldo”, se lee en una de las sentencias.

En mayo de 2014 la empresa es incapaz de dar explicaciones sobre una entrada de 4.033,17 litros de materia prima en sus almacenes cuya ubicación dice desconocer. Aparecen tres depósitos de acero inoxidable cuya puesta en funcionamiento no se comunica; tanques “sin numerar, otros numerados con un simple folio numerado y adherido al depósito, otros con marcas de pintura, otros con doble numeración”. Otro aparece pese a que, según la empresa, lo habían tirado. El caos impide a la intervención comprobar el tamaño de las barricas o efectuar un recuento de materias primas y productos en curso.

En julio de 2014 vuelven a detectarse “múltiples irregularidades e incongruencias” y un desfase de más de medio millón de litros de alcohol en los registros internos de la empresa. La inspección constata que “las existencias declaradas en los libros, en su conjunto, son las del alcohol guardado en los depósitos de acero, la materia prima principal, y no las del alcohol rebajado y metido en barricas. El resultado es que no se sabe a ciencia cierta a cuánto asciende el resto del alcohol, el rebajado que aún no ha salido de fábrica: es decir, el alcohol en fase de envejecimiento que hay en las más de 20.000 barricas que hoy tiene Vittone”.

“Innumerables incumplimientos”

Como señala la Audiencia, “de las Diligencias extendidas por la Inspección es obligado concluir en los graves e innumerables incumplimientos de Vittone 1842 SL”, que hacían imposible fiscalizar su actividad, “con un elevadísimo riesgo fiscal, teniendo en cuenta el volumen de alcohol que circulaba y se depositaba en su establecimiento. En el complejo proceso llevado a cabo para regular las existencias se comprobó que existían 122.540,88 hectolitros de alcohol puro lo que generó una liquidación de 111.914.134,89 euros de cuota”. Esto, sin contar “una conducta de posible vaciamiento patrimonial de la entidad”.

“Si los graves incumplimientos advertidos impiden o dificultan gravemente la posibilidad de la Administración de ejercer los controles inherentes a este tipo de establecimiento, llevando a cabo las actuaciones de control, con un indiscutible riesgo fiscal a tenor de las cantidades de alcohol depositado, la reacción correspondiente de la Administración, tras haber realizado varios requerimientos al respecto, debe ser considerada adecuada y por tanto acorde con el principio de proporcionalidad”.

“No haría falta decir que el desarrollo de la actividad productiva de esta clase de establecimientos que operan en régimen suspensivo tiene como presupuesto que la Administración pueda ejercer los controles correspondientes de las materias primas, de la producción y de los productos finales”. Y si no se pueden llevar estos controles “la consecuencia es la revocación de la autorización”.

La Abogacía del Estado argumentó que cuando le quitaron el permiso, Vittone podría haber expedido la mercancía en régimen suspensivo a otro operador autorizado, “por lo que no se habría producido el devengo del impuesto”. Vittone alegaba en su recurso que no le avisaron de ello. La Audiencia subraya que “no es necesario que la Administración tributaria le informase de la posibilidad, que no derecho”, ya que “esta operativa es común en supuestos como el que aquí acontece liberando al sujeto pasivo de la carga financiera que supone el pago del impuesto por todas las existencias y en un solo momento y debe ser conocida por una entidad como la recurrente que es una gran empresa del sector”.

Vittone, con la que elDiario.es contactó sin obtener respuesta, está vinculada al productor italiano de licores Polini, fundado en 1967, con sede en Brescia y que en su web se presenta como uno de los más importantes del sector en su país “y entre los mayores de Europa”, con exportaciones a 38 países y marcas como MySpritz o Limoncello Liberty. Polini tampoco ha atendido a elDiario.es

Vittone 1842 llegó a tener una veintena de trabajadores. Cerró 2023 con ventas de apenas 37.200 euros y dos empleados. En mayo de 2020, en lo peor de la pandemia y con la Administración buscando desesperadamente geles desinfectantes contra el COVID, sus responsables se mostraban dispuestos en La Vanguardia a donar 20.000 de los 900.000 litros de alcohol que, según explicaron entonces, dormían en ese polígono de Vilamalla, para fabricar gel hidroalcohólico, tan necesario en aquellos momentos. Aseguraban que no podían hacerlo por la maraña judicial en torno al caso. Casi una década después del precinto de sus instalaciones, la Audiencia Nacional se ha pronunciado.

El Tribunal Superior de Madrid ha confirmado la condena de dos años de cárcel impuesta a un agente de la Guardia Civil que, mientras estuvo destinado en las dependencias del Ministerio de Educación, usó los datos personales de uno de sus compañeros para falsificar documentos y obtener créditos económicos a pesar de figurar en el registro de morosos. Los jueces entienden que incurrió en delitos de estafa, falsedad documental y revelación de secretos para conseguir 36.000 euros haciéndose pasar por otro agente.

Los dos guardias civiles coincidieron a lo largo de 2017 cuando ambos formaron parte del equipo de seguridad del Ministerio en la calle Alcalá. El acusado, para entonces, ya acumulaba varias deudas económicas y estaba registrado en el fichero de morosos de la Asociación Nacional de Establecimientos Financieros de Crédito (ASNEF). Un directorio que, en la práctica, cierra la puerta a que un moroso pueda obtener un crédito de una entidad o contratar servicios como una línea telefónica.

El guardia civil condenado, de alguna manera que no ha sido probada por la Justicia, accedió al portátil de su compañero y consiguió su documentación: nóminas y el Documento Nacional de Identidad. A continuación los modificó para poner su propio nombre, cambiar algunas fechas y meses después usó las versiones modificadas para contratar líneas telefónicas y, después, varios créditos con Cofidis y Cetelem. Todo a nombre de su compañero, libre de deudas y sin los problemas que él hubiera tenido.

Los investigadores explicaron a lo largo del juicio cómo la unidad de Asuntos Internos se dio cuenta de que todos esos créditos y líneas de teléfono se habían contratado de forma ilegal usando datos de otro guardia civil. Los móviles que usaba, por ejemplo, fueron localizados en Madrid y Málaga cuando el agente afectado llevaba meses destinado en Balears y no había abandonado las islas. El dinero que había conseguido, además, había ido a parar a una cuenta bancaria a nombre de un familiar del condenado, donde él mismo ingresaba su nómina.

El Tribunal Superior de Justicia, en una sentencia a la que ha tenido acceso elDiario.es, ha confirmado la condena que impuso en primera instancia la Audiencia Provincial y ahora el agente solo puede llevar su caso hasta el Tribunal Supremo. Dos años de prisión que también le inhabilitan para ejercer en la Guardia Civil mientras dure su condena, además de una multa de 1.980 euros y la obligación de devolver el dinero e indemnizar a su antiguo compañero con un total de 12.000 euros por daños morales.

El recurso del agente condenado que rechazan los jueces se basaba, sobre todo, en alegar que tuvo un ataque de ansiedad en la mañana del juicio y que compareció ante el tribunal sin estar en condiciones de hacerlo: “No se explayó como se podía explayar”, alegaba. Los magistrados del TSJ, tras analizar el informe del médico que le atendió esa mañana, concluyen que estaba “en perfectas condiciones para declarar”.

Investigación de Asuntos Internos

Las sentencias del caso revelan cómo se descubrió la estafa. La víctima, después de servir en el Ministerio en 2017, se fue a vivir a Palma y no sospechó nada hasta que intentó contratar él mismo un crédito para reformar la cocina del domicilio que acababa de comprar en la nueva ciudad donde estaba destinado. La entidad le informó de que no podía obtener más dinero porque ya tenía varios préstamos impagados y estaba dado de alta como moroso en el Asnef. El agente, que nunca había pedido un crédito, denunció los hechos y la investigación llevó rápidamente a su antiguo compañero de vigilancia en el Ministerio de Educación.

En la primera sentencia del caso, la Audiencia Provincial explicó que el caso adquiría mayor gravedad teniendo en cuenta que el acusado es, precisamente, un agente de la ley: “Debemos atender a la reprochabilidad moral de los hechos, cometidos abusando de la confianza que debe presidir entre compañeros, miembros de la Guardia Civil, que entre su cometido está el de velar por el cumplimiento de las Leyes, lo que debió conllevar un impacto importante en la víctima”.

La estafa tuvo consecuencias económicas relevantes para el otro guardia civil. Según relató, su pareja tuvo que vender un piso rápidamente y por debajo del valor de mercado para hacer frente a las deudas que su compañero había generado. “Le ha ocasionado dificultades y perjuicios económicos, no ha podido obtener ni préstamos ni siquiera financiación ni compras a plazos para la adquisición de bienes, financiación muy necesaria como consecuencia de su nuevo destino en Mallorca”, explican los jueces.

¡Buenos días!

¿Cómo llevas la semana? Al preguntarle a un alto directivo de uno de los principales bancos de España cómo veía la situación económica del país nos dijo que la economía marchaba muy bien y como único pero en 2025 colocaba la vuelta de las reglas fiscales europeas, que iban a suponer un freno en el gasto público y su consecuente impacto en el crecimiento. 

Ya es una decisión en firme en Bruselas, que es donde finalmente se toman las decisiones. Los ministros de Economía de la zona euro en una reunión del Eurogrupo establecieron las directrices para volver a encauzar las finanzas de los países de manera que volvamos a reducir el déficit y la deuda por debajo del 3% y el 60% del PIB, respectivamente. Se acabaron los años de gasto expansivo por la pandemia o la guerra de Ucrania. 

Si en marzo los ministros abogaban por “una política fiscal global ligeramente contractiva en la zona del euro en 2025”, ahora eliminan el adverbio y se comprometen a que “la implementación del marco revisado de gobernanza lleve a una política fiscal contractiva en la zona euro durante todo el año 2025”. Ya está claro, los nubarrones de la austeridad están más cerca. Aquí te contamos cómo los ministros de Economía de la zona euro se comprometen a ajustarse el cinturón en 2025.

Las consecuencias para España ya son tangibles. Y no es porque la economía vaya mal ni mucho menos. De hecho, el Fondo Monetario Internacional (FMI) confirmó que España liderará el crecimiento de las economías avanzadas en este 2024 y en el próximo ejercicio. El organismo internacional ha elevado medio punto la proyección de avance del PIB (Producto Interior Bruto) al 2,4% para este año, como ya había adelantado el Gobierno, y la deja en el 2,1% en 2025. Además, es importante que sea un cambio de modelo lo que está impulsando a la economía española: un crecimiento por encima del 2%, con déficit y paro en mínimos y sin 'burbujas'.

Sin embargo, el Gobierno se ha tomado muy en serio conseguir llegar a un déficit del 2,5% en el próximo año y se está ajustando el gasto. Tras años de manga ancha, el Ministerio de Hacienda ha propuesto para los Presupuestos Generales del Estado de 2025 un techo de gasto no financiero (incluyendo fondos europeos) de 199.171 millones, en línea con el techo de 2024. Se mantiene prácticamente igual que el año anterior para cumplir con las reglas fiscales de la UE en un escenario donde llegarán menos transferencias del Plan de Recuperación y más préstamos 'baratos'. Aquí te explicamos los números iniciales para diseñar los Presupuestos de 2025.

Con la debilidad parlamentaria del actual Ejecutivo de Pedro Sánchez, con unos posibles socios con los que se complican las negociaciones porque habrá menos dinero que repartir, con la búsqueda de un nuevo modelo de financiación autonómica en la que la propia ministra de Hacienda admite en público que son imposibles modelos “singulares” para determinadas comunidades autónomas, con tensiones continuas por ajustar el gasto... El horizonte político se enturbia.

Aunque sea complicado es necesario abordar una reforma fiscal para conseguir unos ingresos que permitan llevar a cabo políticas de izquierdas que mejoren los servicios públicos, faciliten la marcha de la economía como hasta ahora y vayan diluyendo la desigualdad que afecta a nuestro país.

El Gráfico

La restrictiva política monetaria del Banco Central Europeo (BCE) no solo perjudica a las familias con préstamos hipotecarios. Una investigación del Banco de España revela que la austeridad monetaria ejecutada por el BCE desde 2022 ha golpeado a las pymes españolas más que a la media de las pequeñas empresas europeas. Las compañías españolas han seguido aumentado sus beneficios y márgenes, pero “las decisiones de inversión de las empresas dependen, entre otros factores, de la disponibilidad de recursos financieros. [Por eso], las dificultades para obtener financiación externa pueden afectar negativamente a la inversión”, explica el estudio. Aquí te explicamos cómo el impacto de la austeridad monetaria del BCE perjudica más a las capacidad inversora de las pymes españolas que a las del resto de la UE.

El Dato

60% del salario medio

será el salario mínimo interprofesional (SMI) si la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, consigue sacar adelante una norma que así lo refleje. El salario mínimo subió en 2024 un 5%, tras un acuerdo entre el Gobierno y los sindicatos, del que se descolgó la patronal. Las personas que menos cobran reciben 1.134 euros mensuales en 14 pagas. No ha habido un descalabro del mercado laboral ni el desastre pregonado en el empleo por las derechas. Para tener una idea, según el INE, en 2022 el salario medio anual fue de 26.948,87 euros por trabajador, es decir, 1924,9 euros al mes en 14 pagas. El 60% de esta cantidad son 1154,95 euros mensuales. El objetivo de esta iniciativa es que “quede incorporado a la norma y que no dependa de lo que decida un gobierno”. Aquí te damos más detalles sobre la iniciativa de Yolanda Díaz para que el salario mínimo sea por ley el 60% del sueldo medio.

Verde que te quiero verde

La crisis climática es una amenaza real cada vez más patente. Por eso, incorporamos una nueva sección en este boletín bajo el nombre de 'Verde que te quiero verde', un anhelo para que las empresas sean menos contaminantes y una llamada de atención para esas compañías que no dejan de contaminar. Estrenamos la sección con dos grandes tecnológicas que, aunque parezca mentira, cada vez contaminan más. El consumo eléctrico y la huella de carbono de los centros de datos que requiere una tecnología como la inteligencia artificial (IA) multiplica un 66% las emisiones de Google desde 2020 y un 30% las de Microsoft. Aquí te explicamos cómo la carrera por la dominación de la IA entre Google y Microsoft está teniendo un grave coste medioambiental para el planeta.

Entrepreneur

Los Ruiz Lafita son una de esas grandes fortunas familiares sin rostro del universo empresarial español. En la última clasificación que hizo el periódico El Mundo les atribuía un patrimonio de 255 millones de euros y les situaba en el puesto 254 de los más ricos del país. Huidizos con la prensa, en elDiario.es hemos recopilado algunos de sus últimos movimientos: Huyeron a tiempo de Eurofinsa, quebrado gigante de la ingeniería que fundaron y que ha entrado fuerte en la última lista de morosos de Hacienda. Compraron el 29% de fabricante navarro de máquinas automáticas Azkoyen, además de otras inversiones en el sector inmobiliario, el hotelero o de la automoción. Recientemente han logrado tumbar la declaración como Bien de Interés Cultural (BIC) de El Gasco, monumental presa fantasma en Madrid considerada una joya de la ingeniería española. Aquí tienes mucha más información sobre los negocios de la familia Ruiz Lafita. 

Cada vez que habla sube el pan

Se dijeron muchas cosas absurdas, del estilo de ‘miren a la primera ministra, va a privatizar hasta la lluvia que cae del cielo’

Margaret Thatcher — Ex primera ministra del Reino Unido 

Hubo un tiempo en que privatizar se convirtió en un dogma que muy pocos se atrevían a discutir. Una de las principales responsables fue Margaret Thatcher, primera ministra del Reino Unido durante los años 80 y una de las líderes de la revolución neoconservadora que asoló el final del siglo XX. De aquellos polvos estos lodos, nunca mejor dicho, porque una de sus principales medidas fue la privatización de las empresas de agua británicas. Años después, esa privatización ha llevado al desastre a un servicio esencial que nunca tendría que haber dejado de ser público. ¿Cuál fue una de las principales consecuencias de la privatización? Los directivos y propietarios de las compañías se enriquecieron a la misma velocidad que se depauperaba el servicio. Un desastre que más de 25 años después sigue teniendo consecuencias. Aquí te puedes enterar de las consecuencias de la privatización del sector del agua: ventas baratas, más deuda, capitales extranjeros y pésimo servicio.

Bien Público

¿Hay otras visiones diferentes a la economía tradicional neoliberal que se intenta imponer? Sí, y Carmen Castro, economista vinculada a la cátedra de Economía feminista de la Universidad de València, es una de sus máximas exponentes. Castro plantea una reorganización por completo de la organización de la economía para colocar en el centro la vida en lugar de la lógica de la maximización del beneficio privado, además de hacer un replanteamiento a fondo de las dinámicas de poder. El objetivo es alcanzar un nuevo contrato social con una nueva base de valores, derechos y deberes. Son necesarios una reforma fiscal con perspectiva feminista y la implicación pública para que la economía incluya los cuidados y deje de invisibilizar estos trabajos esenciales para la reproducción de la vida que suelen asumir gratis las mujeres. Aquí tienes esta interesante entrevista que le hace Pere Rusiñol a la economista feminista Carmen Castro. 

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Ahora os ofrecemos una serie de informaciones de otros medios que nos han parecido interesantes: 

Se acabó por esta semana, nos vemos otra vez el jueves que viene. Si quieres, nos puedes mandar un comentario o una propuesta al correo contraoferta@eldiario.es.

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Dos empresas de la familia Cotino arrastran una deuda con la Agencia Tributaria de 13,9 millones de euros, según la lista oficial de morosos del ejercicio 2023 publicada por Hacienda. Se trata de Asedes Capital SL, con una deuda de ocho millones, y de Asedes Infraestructura SA (5,8 millones). Ambas sociedades ya figuraban en la lista anterior y están en liquidación. La primera ha reducido su deuda en 700.000 euros y la segunda en 2,6 millones, según se desprende de las listas de los ejercicios anteriores.

Asedes Capital SL está inmersa en un procedimiento de concurso voluntario ante el Juzgado de lo Mercantil número 1 de València. Actualmente está participada por Inicia Energy SL, propiedad a su vez del empresario Vicente Cotino. Por su parte, Asedes Infraestructura SA también se encuentra en concurso voluntario ante el mismo juzgado. Una tasación de 2019 cifró el importe de sus bienes en 6,4 millones de euros. 

El empresario, junto con su hermano José y el exministro del PP Eduardo Zaplana, entre otros, fue juzgado recientemente en el marco del 'caso Erial'. Los empresarios alcanzaron un pacto de conformidad con la Fiscalía Anticorrupción, confesaron los hechos y se comprometieron a pagar multas de 4,6 millones de euros. Vicente Cotino ya fue condenado en el 'caso Gürtel' por haber financiado ilegalmente al PP.

Entre otros rostros conocidos del empresariado valenciano, Ángel de Cabo (liquidador de Marsans) es la octava persona física que encabeza la lista de morosos con Hacienda, con una deuda de 10,76 millones de euros. Juan Bautista Soler, expresidente del Valencia CF, acumula una deuda de 15,5 millones de euros. Roig Grupo Corporativo SL, del también expresidente del club Paco Roig, se incorpora este año a la lista de morosos con una deuda de 9,4 millones. La empresa Sociedad Agraria de Transformación (SAT) Labor de Caballero NN 3944, también de Roig, mantiene su deuda de 18,7 millones.

Por otro lado, la inmobiliaria alicantina Coll de Rates SA, propiedad del constructor Andrés Ballester Ríos, rebaja su deuda hasta los 12,3 millones de euros. Otra firma del constructor, la promotora Altea Futura SA, también reduce su deuda hasta los 12,3 millones.

La inmobiliaria Residencial Mira Llevant continúa con una deuda de 41,8 millones (uno de sus accionistas, Ramón Salvador Águeda, también figura como moroso, con 2,3 millones). Otras empresas que ya figuraban en listas anteriores de la Agencia Tributaria son PyQ Vent del Maresme (33,33 millones), Colmar Group Spain (18 millones) o Luxender (12,8 millones).

Burriana Desarrollos Constructivos sigue en la lista con una deuda de 6,2 millones, mientras que la castellonense Colmar Group Spain SA arrastra una deuda de 18 millones. A la lista de este 2023 se incorpora la empresa Comunidades Valencianas Covalco SL, con una deuda de 1,1 millones de euros.

En España hay 6.084 contribuyentes morosos con una deuda que supera los 15.237 millones de euros. Entre los nombres de la lista están algunos viejos conocidos como el exbanquero Mario Conde o el exárbitro José María Enríquez Negreira, pero también apariciones por primera vez como el expresidente del Barcelona y primer directivo del grupo hotelero HUSA, Joan Gaspart Solves, con más de un millón de euros.

Aquí puedes consultar todos los nombres de la lista de morosos de Hacienda con deudas superiores a los 600.000 euros: