A expensas del trámite de que las propuestas de la dirección sean ratificadas por las bases, EH Bildu ha propuesto ya como candidata a la Alcaldía de Bilbao a María del Río Pereda, integrante del partido Alternatiba. Alternatiba es una escisión de IU y está liderada por Oskar Matute. Del Río releva a la histórica dirigente de la izquierda abertzale y abogada Jone Goirizelaia, que fue candidata en 2019. También en Bizkaia habrá un cambio, ya que el aspirante será Iker Casanova, hasta ahora parlamentario vasco. EH Bildu ya comunicó también sus candidaturas para Vitoria y Álava y esperará hasta después del verano para pronunciarse sobre Gipuzkoa.

Este jueves se ha conocido que la mesa política de EH Bildu de Bilbao propondrá a su afiliación que María del Río, doctora en Derecho y profesora en la Universidad del País Vasco (UPV/EHU), encabece la lista de la coalición soberanista en las próximas elecciones municipales. El proceso interno para proponer candidaturas seguirá abierto hasta el 5 de junio y deberán ser votadas por las bases de la coalición en las próximas semanas, informa Europa Press.

Según la formación soberanista, la bilbaína María del Río “conoce de primera mano el trabajo institucional”, ya que ha sido directora general en el Departamento de Política Social de la Diputación Foral de Gipuzkoa y asesora de EH Bildu en las Juntas Generales de Bizkaia. “Sabemos que va a poner todo su empeño en tejer alianzas y construir mayorías para implementar políticas de izquierda, participativas y feministas de la mano de los barrios”, ha defendido. El órgano político de EH Bildu en Bilbao ha expresado su “plena confianza en esta persona para encabezar la lista”, porque “ella es el perfil que Bilbao necesita para construir en común espacios donde desarrollar vidas dignas”.

La pasada semana ya trascendió que Bea Ilardia tampoco iba a repetir como candidata a las Juntas Generales y se confirmó la opción de Iker Casanova, parlamentario desde 2014 y habitual portavoz en materia económica e industrial. “Acepto, honrado y con enorme ilusión, la propuesta de la mesa política de EH Bildu de Bizkaia para ser cabeza de lista en las próximas elecciones forales. Ahora la decisión está en manos de la comunidad de EH Bildu en Bizkaia”, escribió Casanova en Twitter.

El 5 de abril de 2012, hace ahora diez años, era Jueves Santo. Al filo de la medianoche, un joven seguidor del Athletic de Bilbao, Íñigo Cabacas, a quien todos llamaban 'Pitu' y que había nacido en Basauri 28 años antes, recibió en la cabeza el impacto de una pelota de goma. Estaba en una pequeña plazoleta con callejón en la zona de María Díaz de Haro en las celebraciones posteriores a un partido europeo en el viejo San Mamés. Murió el 9 de abril en el hospital de Basurto por las graves lesiones padecidas. El agente de la Ertzaintza que fue el autor material del disparo no ha sido identificado ni lo será nunca. Judicialmente, solamente hay un mando intermedio condenado y no entrará en la cárcel por lo reducido de la pena. Internamente, no ha habido ninguna sanción disciplinaria. La familia sí ha solicitado una indemnización económica a la Administración vasca y la investigación también desnudó una cadena de negligencias que tuvo como máximo exponente que nadie controló cuántas escopetas se dispararon aquella noche. El entonces comisario en Bilbao, Jorge Aldekoa, fue promocionado meses después a jefe de la Ertzaintza pero dimitió tras la sentencia del caso. Se ha jubilado hace unos días. Ahora, cuatro fuentes confirman que la cadena policial trató de arrojar en aquellos primeros días un manto de oscuridad a lo ocurrido ante las preguntas de la dirección política (el consejero era Rodolfo Ares y el lehendakari Patxi López) hasta el punto de que, según dos de ellas, negaron incluso el haber utilizado pelotas de goma, un proyectil incontrolable y que alcanza hasta los 360 kilómetros por hora. La que mató a Cabacas fue la última que disparó la Ertzaintza, aunque no las tenga prohibidas.

¿Cómo se produjeron los hechos?

En 2018, cuando se celebró el juicio, elDiario.es/Euskadi ya publicó una reconstrucción de lo ocurrido con base en el sumario judicial:

Fue a las 23.25 horas de ese 5 de abril de 2012 cuando la base de operaciones, situada en la comisaría del barrio de Deusto, en la plaza de Ugarteko, recibe un primer aviso de la existencia de incidentes. Las llamadas al 112 refieren una “pelea”, una “batalla campal” e incluso de un grupo de “15 ó 20 cabezas rapadas encapuchados”, de los que luego no hubo más reseñas. El jefe de operaciones de Deusto, apodado 'ugarteko', decide enviar alguna furgoneta, llamadas en las conversaciones de radio como “francias”. Las lecheras 1 y 6 fueron las primeras en llegar. Dirigidas por el jefe de patrullas -que acude en el coche 32- practican una detención pero no en la plaza, sino en su acceso derecho. El arrestado había arrojado objetos a la Policía y les había increpado.

Pero la Ertzaintza no dio por resuelta la incidencia. Según sus informaciones, había un herido sangrando dentro del callejón y había que despejar la zona para que accediera la ambulancia. Evidentemente no se trataba de Cabacas. Un sanitario confirmaría después que ellos también tuvieron la misma alerta “a las 23.30 horas”. Al llegar, reseña, “se amontaba una gran cantidad de gente que lanzaba objetos” a los policías desplegados y no se pudo estacionar la ambulancia. Aparecieron entonces las furgonetas 12, 13 y 14, todas ellas de la unidad de Seguridad Ciudadana, no especializada en actuaciones antidisturbios.

El responsable de la furgoneta 14 (suboficial 5351) informó por radio al 'ugarteko' de que era imprescindible “limpiar” la zona. Desde comisaría, le responden así a las 23.37 horas: “Bien, hágalo usted [...]. Salgan de las furgonetas y despliéguense en la herriko”. [En la plaza había un local de la izquierda abertzale]. A partir de ahí, el suboficial transmitió la orden a los tres escopeteros de su unidad de seis agentes, que eran los únicos que visten de rojo en el lugar, un elemento de gran relevancia. [Los antidisturbios trabajan en binomios, uno porta la escopeta y el otro le cubre con un escudo. Primero disparan una salva –ruidosa pero inofensiva– y luego emplean pelotas de goma].

Aquella carga duró “tres minutos”, según 5351. Sus tres escopeteros fueron los imputados, El primero asume que disparó “unos cuatro disparos de disuasión con pelota”. El segundo realizó otros cuatro “a 35 metros”. El tercero, en cambio, dijo no haber disparado en ese momento, sino en la carga posterior que se registró. Las distancias mínimas de seguridad en aquella época eran las siguientes: 25 metros en posición suave, 35 a intensidad media y 50 en modo fuerte. Nunca se sabrá a qué potencia se intervino porque no hay datos.

Los testigos situaron a esos agentes de rojo detrás de los coches aparcados. Desde donde cayó abatido Cabacas al final de la acera hay 22,8 metros, más los tres metros aproximados del 'parking' en batería arrojarían una distancia cercana a los 25 metros, la misma que fijó la Policía Nacional como probable en el informe pericial que hizo a instancias de la juez Ana Torres. La magistrada optó por encomendar parte de la investigación a otro cuerpo distinto a la Ertzaintza para evitar posibles interferencias. 

Una joven malagueña con conocimientos de primeros auxilios se encontraba cerca de Cabacas y pudo taponar las hemorragias que sufría. En su testimonio manifiesta que “un hombre de rojo” disparó “todo el rato” en línea recta hacia donde se encontraba la víctima, que estaba en el lado izquierdo del callejón. “Me sentí como si nos estuvieran fusilando”, enfatiza. Sus “¡No disparéis, no disparéis!” no sirvieron de nada. Otras personas hicieron lo mismo. Los agentes lo oyeron, pero no hicieron caso. “Unas jóvenes subidas en unas jardineras levantaban las manos y gritaban que parasen los disparos”, admitió una agente no imputada, que vestía de azul.

Los agentes desplegados ya sabían de viva voz en ese momento que había un herido tendido en el suelo. Alguien, además, avisó al 112 exactamente a las 23.40.31. De hecho, el suboficial 1283 había ordenado: “¡Que no dispare nadie más y todo el mundo detrás de las furgonetas!”. Se estaba disparando en ese momento desde “varias furgonetas” y sólo una llevaba encima del buzo azul una chaqueta roja. “Había otros cinco o seis ertzainas vistiendo buzo azul”, contó 15248.

Varios ertzainas de rojo y un mando de azul se acercaron hasta el lugar en el que había sido abatido Cabacas. La testigo asegura que le agarraron del brazo con el que apretaba la herida del herido. Se dirigió también a un agente y le pidió “el número de placa”. Entonces el código profesional no era visible, ahora sí lo es. “Con la mano en la porra me dijo que si no quería más problemas que me fuera”, relata. No niega que insultó por instinto a los funcionarios. En el callejón se escucharon muchos más improperios dirigidos a ellos. Por la radio, desde comisaría descartaron la tesis de que hubiera sido herido: “Se habrá desmayado”.

Se tenía que haber entrado de otra manera. No a pelotazos

El subjefe de la comisaría, presente de paisano en el lugar, ordenó replegar la fuerza y formar un cordón en la entrada del callejón. Pero, como continuaban lanzando objetos a los agentes desde el fondo de la plazoleta, el 'ugarteko' dio la polémica orden de “entrar con todo” a las 23.40.26, ya con Cabacas malherido. Ahí empezó una segunda carga muy intensa. Muchos presentes indicaron a la juez que en aquel momento el callejón estaba mucho más oscuro que al principio, aunque no se conoce la explicación de la falta repentina de iluminación.

Los agentes dispararon detrás de donde estaba tendido Cabacas y quienes le auxiliaban recuerdan el sonido de las detonaciones. Los de rojo dispararon de nuevo, pero también un miembro de la furgoneta 22 –cinco veces– y otro de la Brigada de Refuerzo, que habían llegado de apoyo. La unidad antidisturbios (Brigada Móvil) no intervino en ningún momento, ya que estaba en San Mamés controlando la salida del estadio. La Ertzaintza persiguió a los alborotadores hasta Licenciado Poza y allí continuaron los incidentes. Está registrada la quema de contenedores. Entretanto, a las 23.58, aproximadamente, una ambulancia trasladó al joven gravemente herido al hospital de Basurto, donde moriría cuatro días después.

Del 5 al 9 de abril

El consejero, Rodolfo Ares, el viceconsejero, Miguel Buen, el jefe de la Ertzaintza, Toño Varela, y el mando de Seguridad Ciudadana, Gorka Azarloza, entre otros, estaban de vacaciones de Semana Santa. Estaban repartidos entre Andalucía y Catalunya. El comisario Aldekoa estaba viendo el partido en San Mamés con su mano derecha, que sí se desplazó después a María Díaz de Haro. “Estábamos de vacaciones pero, lógicamente, atentos a lo que iba ocurriendo. Volví inmediatamente. Pero no había antecedentes de algo así. No encontramos en el pasado ningún caso de fallecimiento por una pelota de goma, aunque sí lesiones oculares. No nos lo podíamos creer”, explica una fuente.

La dirección política comisionó a Aldekoa para abordar una investigación interna. Se produjo una primera reunión con los responsables policiales de Bilbao en el centro policial de Deusto. Allí ya se apreció falta de “colaboración” y de detalles de lo ocurrido. Jugaba a su favor el absoluto “descontrol” en el armamento. Era imposible saber cuántas escopetas habían sido empleadas, cuántas pelotas se habían usado y a qué potencia se había intervenido. Las bocachas de los lanzapelotas tenían cuatro modos. Uno era disparar una salva, en vacío. Otros tres eran con carga: 'S' de suave, 'M' de medio y 'F' de fuerte. “Tuvimos que poner un punto de soldadura para bloquearlas en la 'S' porque muchos ertzainas se creían que 'F' era de 'flojo' y te lo decían abiertamente”, cuenta una fuente que participó en aquellos gabinetes de crisis. Se revisaron también los almacenes y aparecieron materiales en mal estado. Durante unas horas, mientras se hacía este análisis, las armas llegaron a estar prohibidas totalmente.

No había antecedentes de algo así. No encontramos en el pasado ningún caso de fallecimiento por una pelota de goma, aunque sí lesiones oculares. No nos lo podíamos creer

En María Díaz de Haro intervinieron agentes de Seguridad Ciudadana y no antidisturbios. Un mando de la Brigada Móvil, muy enfadado, mostró su malestar en aquellas fechas por el hecho de que tenía tres furgonetas operativas que nunca fueron movilizadas. El resto de su equipo estaba en el estadio de fútbol, controlando la salida. “Mandaron allí a gente de atestados y de línea [de administración], que no habían disparado nunca. Se pedía gente voluntaria para estos operativos especiales. Se apuntaban para horas extras, para sacar pasta. Pero es gente sin formación haciendo orden público. Había tres furgonetas dispuestas para intervenir allí. La Brigada Móvil las tenía preparadas y nunca avisaron. Se tenía que haber entrado de otra manera. No a pelotazos”, reconstruyen las fuentes consultadas.

Los informadores internos insistían en que no se habían usado pelotas de goma. Se difundió la teoría de una porra extensible y de que las lesiones podían ser compatibles. Los políticos también recibieron de sus subordinados el convencimiento de que la salud de Cabacas iba a mejorar sí o sí. Un equipo de la Ertzaintza se personó en Basurto para analizar la situación. El viceconsejero Buen y el jefe policial, Varela, llegaron a presentar su dimisión ante el consejero Ares por lo insostenible de la situación. El socialista la rechazó. Habría supuesto una crisis política mayúscula. Él mismo buscó información a otros niveles en primera persona.

Dos semanas después acudió al Parlamento para acelerar algunas medidas de control en operativos de este tipo. Varela le acompañó de uniforme. Desde entonces, las actuaciones de orden público nunca han sido iguales. A finales de año, el PNV ya accedió al Gobierno y profundizó en un nuevo modelo. Seguridad Ciudadana ya no interviene y se espera a la Brigada Móvil. Se prima el cuerpo a cuerpo y, en todo caso, un nuevo lanzador de balas de 'foam'. Las actuaciones se graban y los agentes lucen un número en un lugar visible para que sean identificados en caso de excesos. Pero muchos de esos cambios se han hecho con Aldekoa como jefe de la Policía vasca. La consejera Estefanía Beltrán de Heredia lo ascendió por dos veces tras un primer intento fallido. La sentencia judicial que, aunque no señalaba responsabilidades individuales, cuestionó abiertamente la actuación de la Ertzaintza forzó su dimisión. Acaba de cumplir 65 años y está jubilado. Este lunes, el acto del cuadragésimo aniversario de la Ertzaintza, acudió de traje cuando el resto de sus compañeros iban con uniforme. Varela es uno de los pocos agentes de la primera promoción -alrededor de una decena que accedieron en 1982- que continúa en el cuerpo, con responsabilidades intermedias, aunque ese mismo 2012 fue fichado para dirigir la unidad de Policía autonómica de Andalucía, entonces presidida por la socialista Susana Díaz. Buen y Ares ya están retirados de la política desde hace años.

Cuando Goirizelaia pidió a la Policía Nacional

“La familia siempre dice que nadie les ha pedido perdón nunca. Lo echan mucho en falta”, explica a este periódico la abogada Goirizelaia, también portavoz de EH Bildu en el Ayuntamiento de Bilbao. Esta semana se ha conmemorado el cuadragésimo aniversario de la Ertzaintza y su coalición ha acudido. Tras ello, en Oñati, apareció la siguiente pintada: “Le habéis dado la mano a quienes mataron a Íñigo Cabacas. Bildu=Zipaio”. Goirizelaia, sobre el caso, denuncia también el corporativismo en la Ertzaintza: “Es evidente que en el juicio hubo reuniones previas a las declaraciones en las que se les dijo lo que tenían que decir”.

Defiende igualmente haber pedido la colaboración de la Policía Nacional 'a posteriori' porque “encargar la investigación al mismo cuerpo investigado vulnera derechos”. Furgonetas de este cuerpo se desplegaron en el mismo callejón en que se produjeron los hechos para hacer una reconstrucción en la que participó la propia Goirizelaia. “De haberse hecho la investigación interna con la minuciosidad debida, otras personas podrían haber sido acusadas”, añade la letrada. ¿Y qué opinan de la actuación de Aldekoa? “Me quedo más con esa segunda parte que con la primera. Valoramos que presentara la dimisión. Reconoció de la alguna manera que era una realidad [lo que decía la sentencia sobre las negligencias policiales]. Es el único mando de la Ertzaintza que en 40 años ha dimitido”.

Se sentaron en el banquillo el oficial con número profesional 3389, el agente con más galones en aquella intervención en la zona de María Díaz de Haro y ahora condenado, y los suboficiales 5351 y 1283, al mando de dos de las furgonetas (cada una de ellas de seis agentes) que fueron movilizadas. Los otros tres son agentes que empuñaron escopeta aquella noche y que, en la investigación interna llevada a cabo por la Ertzaintza, admitieron haber usado pelotas de goma: 15248, 11066 y 10216. Tienen en común que vestían de rojo, cuando el resto de actuantes iban de azul. Hay testigos -policiales y civiles- que vieron disparar a uniformados con ese color. En primera instancia y en el Supremo la conclusión fue la misma: cinco absueltos y condena mínima para el oficial 3389 porque “habría bastado para evitar el fallecimiento de Cabacas [...] que el recurrente hubiera ordenado no cargar ante la improcedencia de hacerlo”. Al carecer de antecedentes penales, como es usual, las condenas no superiores a dos años no son efectivas.

Es evidente que en el juicio hubo reuniones previas a las declaraciones en las que se les dijo lo que tenían que decir"

Jone Goirizelaia

El actual máximo responsable político de la Ertzaintza, Josu Erkoreka, que tiene rango de vicelehendakari, explicó en el Parlamento en diciembre, adonde acudieron como invitados los padres de Íñigo, Manuel y Fina, que los expedientes disciplinarios iniciados en 2012 no tendrán ninguna consecuencia. Quedaron paralizados hasta la sentencia judicial firme, que llegó en 2021. En estos años, todos los agentes investigados han ido dejando el cuerpo “y no por edad” en algunos casos, sin que estén claros los motivos. Técnicamente, solamente podría tener un castigo disciplinario el único que mantiene la condición de funcionario pero Erkoreka adelantó que no iba a tenerlo porque, en su caso, se limitó a cumplir una orden cuando disparó pelotas de goma y que precisamente lo sancionable habría sido no acatarla.

Que la investigación no llegó hasta el final lo prueba una anécdota. Ni la Audiencia de Bizkaia ni el Tribunal Supremo han sido capaces de corregir que se dé como “hecho probado” que el Athletic ganara aquella noche en la que fue herido Cabacas el partido contra el Schalke 04 alemán, tras el cual se produjo la carga policial. El partido quedó 2-2, como consta en la página oficial de la UEFA.

La Audiencia Provincial de Bizkaia ha decidido suspender la pena de prisión de dos años al único agente de la Ertzaintza condenado por la carga policial en la Semana Santa de 2012 en Bilbao en la que recibió el impacto de una pelota de goma en la cabeza el joven Íñigo Cabacas, que falleció en el hospital de Basurto unos pocos días después. Es algo habitual en el caso de que el condenado no tenga antecedentes y la sentencia no supere precisamente los dos años de cárcel. La familia de la víctima, en cambio, había querido condicionar esa suspensión a una “petición expresa de perdón” y de “reconocimiento del daño causado”.

El juicio sobre el 'caso Cabacas' concluyó con uno solo de los seis agentes imputados condenado por la comisión de un homicidio imprudente, ya que la carga policial fue desproporcionada y porque tuvo consecuencias muy graves para la vida de una persona. “Habría bastado para evitar el fallecimiento de Cabacas [...] que hubiera ordenado no cargar ante la improcedencia de hacerlo”, se dice sobre él en el fallo. Era el oficial de máxima graduación entre los procesados. Recientemente, a principios de año, el Tribunal Supremo ratificó esta sentencia, aunque la vía judicial se salda sin la concreción de quién fue el autor material y quiénes los responsables de que, como recoge la sentencia, la Policía vasca realizara una “deficiente” planificación previa y, sobre todo, una igualmente “deficiente” investigación interna posterior.

Ahora, la Audiencia Provincial de Bizkaia estima que “lo relevante es el pronóstico de comisión de nuevos delitos y la reinserción” y se considera que ese riesgo es “inexistente”. Se destaca también que el delito fue por omisión y no por acción, que acaba de fallecer su esposa y tiene un solo hijo e incluso su “trayectoria” en la Policía sin que consten “situaciones similares”. La Fiscalía apoya esta medida y la defensa, en respuesta a las peticiones de la abogada de la familia Cabacas, Jone Goirizelaia, remarca que “antes de la vista” el agente se “acercó” a los padres de la víctima.

La coalición EH Bildu continúa renovando su grupo de cara al inicio del nuevo curso político en el Parlamento Vasco, que tendrá lugar este viernes con el tradicional pleno de política general. Tras la salida del ya exlíder de EA, Pello Urizar, relevado la pasada semana por Ander Rodríguez, este lunes se ha confirmado la marcha de las parlamentarias Jone Goirizelaia y Miren Larrion, que se centrarán en las portavocías de Bilbao y Vitoria, respectivamente. La exparlamentaria procedente de Alternatiba Diana Carolina Urrea y el coordinador de EH Bildu en Álava, Ibon San Saturnino, serán sus sustitutos, según se ha confirmado en un comunicado.

Goirizelaia (Bilbao, 1956) fue parlamentaria de Herri Batasuna y sus diferentes marcas desde 1990 hasta 2005 y después con la coalición EH Bildu a partir de 2015 y hasta ahora. En las elecciones municipales de mayo, fue la candidata abertzale en Bilbao y ya adelantó esta decisión en una entrevista con este periódico durante la campaña. “Yo, cuando me dedico a alguna cosa, me dedico al 100%. Aunque el Parlamento y el Ayuntamiento son compatibles, a mí me parece totalmente incompatible. No puedo pensar que alguien esté a la vez en Gasteiz y en Bilbao. Los ciudadanos y las ciudadanas de Bilbao y la ciudad de Bilbao, mi ciudad, son los que tienen prioridad. Es una cosa que tengo muy clara. Una vez que empiece a funcionar el Ayuntamiento y cojamos las actas y demás, dejaré mi escaño a otra persona”, explicaba la que también es abogada y que ha llevado en los últimos años casos relevantes como la muerte de Íñigo Cabacas en una carga policial de la Ertzaintza.

En cuanto a Larrion (Legazpia, 1969), fue una de las candidatas de referencia en las autonómicas de 2016 después de la inhabilitación de Arnaldo Otegi. Según su partido, ahora hay una “apuesta por el municipalismo” porque “la escala local tiene un valor estratégico”. Sin embargo, Larrion ya era portavoz de EH Bildu en Vitoria en la pasada legislatura y simultaneó durante tres años ambas responsabilidades.

En cuanto a los relevos, regresa al Parlamento Diana Carolina Urrea, nacida en Colombia y de 32 años, que fue la aforada más joven de la pasada legislatura. Es afiliada de la formación Alternatiba, quien también vio cómo otro de sus cuadros, Ander Rodríguez, relevaba a Urizar la pasada semana. En total, este partido tendrá tres escaños en el grupo de EH Bildu, tantos como EA. Es así porque hace años ya que EH Bildu no funciona con un sistema de cuotas entre sus partidos fundadores. Por Larrion accede a la Cámara vasca Ibon San Saturnino, vitoriano de 1975, coordinador de la coalición en Álava.

Hay dos entrevistas en esta conversación con Jone Goirizelaia Ordorika (Bilbao, 1956). En la primera, la candidata de EH Bildu a la Alcaldía de Bilbao -también es abogada y parlamentaria vasca, como lo fue hace años- desglosa con detalle su proyecto político para una ciudad en la que cualquier aspirante que no sea el del PNV lo tiene complicado. En la segunda, Goirizelaia se niega a contestar las preguntas que se le plantean sobre otros asuntos de actualidad, a diferencia del resto de entrevistados de todos los partidos políticos: “No les voy a dar opción de que me saquen cualquier titular sobre cualquier cosa que no tenga que ver con el Ayuntamiento. [...] Ustedes tienen tendencia a eso”.

¿Qué le lleva a Jone Goirizelaia, tras una carrera política larga y una dilatada trayectoria como abogada, a dar este salto a la política municipal?

En primer lugar, que las bases de EH Bildu me propusieron presentarme como candidata al Ayuntamiento, depositaron su confianza en mí. La segunda cuestión es que yo nunca había estado en una institución como un Ayuntamiento. Y la verdad es que poder estar en el Ayuntamiento de Bilbao para trabajar en defensa de los derechos de las personas de Bilbao y para combatir todas las injusticias y todas las desigualdades que todavía hoy hay en Bilbao es un reto grandísimo. Entonces, la suma de estas dos cosas es lo que me hizo decidirme para decir que sí.

Dijo que abandonaría el Parlamento y que tendría una dedicación exclusiva a la concejalía o, en su caso, a la Alcaldía.

Sí, evidentemente. Yo, cuando me dedico a alguna cosa, me dedico al 100%. Aunque el Parlamento y el Ayuntamiento son compatibles, a mí me parece totalmente incompatible. No puedo pensar que alguien esté a la vez en Gasteiz y en Bilbao. Los ciudadanos y las ciudadanas de Bilbao y la ciudad de Bilbao, mi ciudad, son los que tienen prioridad. Es una cosa que tengo muy clara. Una vez que empiece a funcionar el Ayuntamiento y cojamos las actas y demás, dejaré mi escaño a otra persona.

¿Qué le diría a su compañera Miren Larrion, que ha estado tres años compatibilizando portavocía en el Ayuntamiento de Vitoria y escaño parlamentario?

A Miren Larrion no le tengo que decir absolutamente nada. No tengo ninguna crítica de ninguna clase para Miren Larrion, sobre todo porque lo que está bastante claro es que ha sido compatible para ella. Además no solamente ha sido compatible, está en una posición magnífica en estos momentos, disputando la Alcaldía al que ha sido alcalde ahora. Cada una toma sus decisiones. Yo tomo las mías. Las de todo el mundo son respetables y la mía es dedicación completa al Ayuntamiento de Bilbao.

Teniendo en cuenta la fortaleza del PNV en Bilbao y en Bizkaia, ¿con qué objetivos realistas concurre a estas elecciones?

Nosotras tenemos muy clara una cosa: nada es imposible en política. Todas las cosas son posibles y se pueden hacer realidad. Lo que conviene a la ciudadanía de Bilbao es que EH Bildu sea fuerte, que tenga mucha mayor presencia en el Ayuntamiento y que esa mayor presencia le dé capacidad para estar en el Gobierno municipal. Eso va a hacer que las vidas de la gente de Bilbao cambien. EH Bildu hace política contando con ellos para todo, que es algo que el PNV no está haciendo, según lo que constatamos nosotras cuando vamos a los barrios.

¿Puede haber mayoría absoluta de Juan María Aburto?

Las encuestas son encuestas. Muchas veces se hacen para movilizar o para desmovilizar. Sigo insistiendo en lo mismo: hay que votar EH Bildu porque una EH Bildu fuerte en el Ayuntamiento permite hacer políticas diferentes. El mantenimiento de la situación que hay ahora, bien el PNV o bien una unión del PNV con el PSE-EE, no conviene a Bilbao. Han hecho un Bilbao muy bonito por fuera pero los barrios nos plantean desigualdades, nos plantean grandes deficiencias estructurales, nos plantean un montón de problemas. Los barrios de Bilbao, que es donde vive la gente de Bilbao, se sienten de segunda. Y esa política la ha hecho el PNV con el PSE-EE. Conviene una fuerza como EH Bildu fuerte en el Ayuntamiento para cambiar esas políticas que ellos han hecho.

Presentaron el plan “Gure Bostekoa Bilbori”, que son cinco grandes propuestas. ¿en qué consisten?

Sí, en castellano le pusimos “De acuerdo con Bilbao”. El nombre tiene una razón de ser muy importante. Tendemos la mano, le damos la mano a Bilbao, a sus ciudadanos, porque queremos hacer un gran acuerdo con Bilbao. Y en Euskal Herria la forma de hacer acuerdos es dándose la mano. Lo que planteamos son cinco grandes líneas de actuación muy claras. Una de ellas tiene que ver con los barrios, que en todos los barrios de Bilbao se pueda hacer vida en todos los ámbitos. Tiene que ver con el comercio pasando por la educación, los ambulatorios, la movilidad, … Hemos constatado que hay muchísimas deficiencias en todos estos campos. La siguiente cuestión que planteamos tiene que ver con la participación. Es decir, el Ayuntamiento tiene que estar al servicio de los ciudadanos y las ciudadanas y se tiene que abrir. Hay que democratizar el Ayuntamiento y hay que hacer vías de participación en los consejos de distrito, en los presupuestos y en todo lo que tiene que ver con el Ayuntamiento. El siguiente gran acuerdo que queremos hacer con Bilbao tiene que ver con nuestra identidad. Bilbao es una ciudad que tiene identidad propia. Además, somos conocidos en todo el mundo por eso del ‘Soy de Bilbao’. Eso es así. Creemos que se está perdiendo nuestra identidad, que se está difuminando en los grandes macroproyectos. Otra cuestión tiene que ver con las infraestructuras y todo lo que rodea a Bilbao. Hay una serie de.planteamientos concretos en relación con la movilidad: los cambios en Zorrotzaurre, el soterramiento o no, … Y la última propuesta tiene que ver con la convivencia y la integración, con que todo el mundo pueda vivir en Bilbao bien, pueda sentirse seguro y pueda tener una vida digna. Ésos son los cinco grandes puntos y luego hay una línea transversal que abarca todos ellos: que todo esto se tiene que hacer desde la mirada de las mujeres. En nuestra lista somos bastantes mujeres y creemos que las mujeres tenemos una mirada que nos permite cambiar el mundo. Esa mirada feminista la queremos también las políticas públicas.

¿Cuál sería la primera medida que implantaría de ser alcaldesa?

Creo que las que tienen que ver con la movilidad y con la accesibilidad. Me estoy encontrando con que la gente tiene muchísimos problemas, sobre todo la gente mayor para moverse y para salir de sus casas. Me sorprende que todavía hoy haya personas que no puedan bajar de su casa porque no tienen ascensor. Me sorprende que todavía hoy haya gente que me diga que tiene no sé cuántas escaleras para subir desde donde hace la compra hasta su casa. Me sorprende que todavía hoy en esta ciudad tan de servicios y tan puesta para la gente que viene de fuera el de Miribilla tarde una hora y pico en dar la vuelta para ir a Santutxu o para ir al hospital. Me parece que esto es algo fundamental. Y luego hay otra cuestión: todavía hay una sensación en Bilbao de que la gente que no se siente segura. Y, si no se siente segura, a la gente hay que darle seguridad. Seguridad en su trabajo, en su calle, en su casa, … Otra cuestión que también me parece importante es lo que tiene que ver con los niños y sus estudios y sus escuelas. Que la gente de Otxarkoaga no tenga nada más que modelo A y que para el quiera otro tenga que bajar al Tívoli, me parece que hay que modificarlo. O que en la escuela de Rekalde me digan que se está cayendo y que hay goteras.

Da la sensación por sus comentarios de que parece que el turismo y los grandes eventos están haciendo que se pierda la esencia de Bilbao.

No lo digo yo. Es algo que está saliendo mucho en todos los debates. EH Bildu no está en contra de los grandes eventos. EH Bildu lo que plantea es que esos grandes eventos se hacen en Bilbao, en Bizkaia y en Euskal Herria y que hay que tener en cuenta nuestra singularidad. Esos grandes eventos no nos pueden hacer dejar de lado lo que nosotros tenemos aquí, nuestra cultura, nuestra lengua, la Aste Nagusia, … Tenemos muchas cosas que son importantes y que a veces nos olvidamos de ellas porque viene la Copa de no sé qué. Planteamos que lo nuestro, nuestra identidad, tenga un hueco importante en todos esos sitios. El que viene de fuera quiere saber cómo somos, quiere conocernos, quiere vernos. Y si viene a una ciudad en la que le ofrecemos lo mismo que en Londres. pues igual no le interesa tanto.

Comentaba que no estás en contra de los grandes eventos. ¿Qué le parece que la selección española pueda jugar -si se clasifica- varios partidos de la Eurocopa del año que viene aquí, en San Mamés?

A mí me parecería magnífico siempre y cuando juegue contra la selección de Euskal Herria. Tenemos que conseguir que la selección de Euskal Herria tenga un hueco y sea oficial y juegue contra España o contra quien sea.

En la presentación de su candidatura le apoyó la exconsejera socialista Gemma Zabaleta. En cambio, su grupo en el Parlamento Vasco lleva años peleando intensamente para revertir los recortes en la RGI que introdujo la propia Zabaleta. ¿No es un poco contradictorio?

Contradictorio absolutamente nada. Gemma Zabaleta apoya a la persona. Entiendo que si la apoya será porque le parece que lo podemos hacer mejor que los demás. En absoluto es contradictorio con el planteamiento que nosotros tengamos respecto a la RGI. El que lo vea contradictorio creo que entiende muy poco de política.

En esa misma presentación estaba también José María Gorordo. ¿Es él su referente como alcalde de Bilbao y no Iñaki Azkuna o Juan María Aburto?

José María Gorordo fue un alcalde del pueblo para el pueblo. Tuvo siempre en cuenta lo que los ciudadanos y las ciudadanas le decían y dio un vuelco a la ciudad de Bilbao precisamente por su cercanía con la gente. Esas características que tenía Gorordo Azkuna no las tenía y, de momento, tampoco se las he visto a Aburto. Su forma de hacer las cosas encaja mucho más con el planteamiento que tiene EH Bildu.

Citaba tangencialmente en alguna respuesta el asunto de la inseguridad en Bilbao. Hablan de ello también otros partidos políticos. Además de política es abogada y conocerá de cerca la realidad. ¿Qué diagnóstico hace?

Hago una diferencia importante en cuestiones de seguridad: una cosa es que haya seguridad y otra cosa muy diferente es sentirte seguro. Quiero decir que el sentimiento de inseguridad o de seguridad es muy muy personal. Pongo como ejemplo a las mujeres en Bilbao. En muchos puntos de Bilbao no nos sentimos seguras. Todavía hoy tenemos miedo a ir a ciertos sitios y hay una serie de puntos negros que tendrían que desaparecer. No es que vivamos en una ciudad insegura pero si lo es para mí como mujer, ya tengo esa inquietud. Una de las cosas que tenemos que hacer es trabajar por esa cuestión. Que todas las mujeres nos sintamos seguras y podamos andar por todos los puntos del ‘botxo’ sin ningún tipo de problema. No tenemos que ser valientes, como nos piden algunas veces, sino tenemos que poder ser libres y disfrutar en todos los aspectos de nuestra vida y teniendo eso claro, que el sentimiento de seguridad es muy importante.

¿Cómo interpreta las estadísticas?

Tengo acceso a los datos de delincuencia que hay en Bilbao y es verdad que hay delitos y es verdad que pasan cosas. Lo que pasa es que nos fijamos siempre en las cosas más gordas. Pero es cierto que basta con que alguna persona no se sienta segura para que sea importante darle la vuelta. Nosotros hacemos un planteamiento general. La mejor política de seguridad es la prevención y las medidas contra la exclusión. Apostamos por una Policía de barrio a la que hay que darle una formación específica en derechos y en cómo se tiene que relacionar con la gente y qué tipo de asistencia se le tiene que dar. Y todas las cuestiones de seguridad de los barrios se tienen que tratar con los vecinos y las vecinas. Tiene que haber una relación directa con ellos. Con nosotras en la lista hay un policía municipal que lleva muchos años trabajando en estas cuestiones.

¿Qué se debería hacer para acabar con la estigmatización de ciertos barrios como San Francisco?

San Francisco es uno de los barrios más antiguos de Bilbao y ahora hay una zona donde se asienta la mayoría de la gente que viene de fuera. Hay una cuestión importante que tiene que ver con la regeneración urbanística. Es decir, es un barrio de casas muy antiguas y hay que hacer un proyecto de cambio de todas esas viviendas. Está el tema de la accesibilidad para todas esas personas mayores que no pueden salir de sus casas y que tienen miles de millones de escaleras. Está también el problema de la educación porque la única escuela que hay se está convirtiendo en una especie de gueto y eso va en contra de la integración. Y luego está el tema de la integración. Hay que integrar a estas personas en Bilbao. Respetando su identidad pero se tienen que integrar en lo que es Bilbao en la forma de ser. De la seguridad ya hablaba antes y es aplicable perfectamente a esta zona de Bilbao.

¿Por qué es necesario para Bilbao tener una Casa de la Mujer?

Por muy diferentes razones. En Bilbao, las mujeres tenemos mucha fuerza. Somos muchas y nos estamos moviendo todos los días en todos los ámbitos de nuestra nuestra vida. Las movilizaciones del 8 de marzo estuvieron en las portadas de muchísimos medios de comunicación porque han sido mayoritarias y porque hemos sido muchas las que hemos salido para reivindicar nuestros derechos. Ahora estamos un poco desperdigadas en diferentes sitios y, cuando las mujeres estamos juntas y trabajamos juntas y tenemos nuestros propios referentes en el mismo lugar, nos empoderamos y podemos hacer más cosas y mejor. Éste sería el objetivo de la Casa de las Mujeres, que estemos juntas. Pongamos nuestros problemas encima de la mesa, busquemos soluciones, empoderémonos y trabajemos juntas para cambiar las cosas. Y eso necesita de un sitio donde podamos estar. Nos lo piden las mujeres, nos lo pide el movimiento feminista de Bilbao. EH Bildu lo ha hecho en otras capitales y el resultado ha sido buenísimo. No entendemos por qué el PNV y el PSE-EE no lo quieren.

¿Es partidaria de la llegada de la alta velocidad a Bilbao? ¿Y del soterramiento?

Yo tengo muchas dudas. Soy bastante crítica con el modelo del tren de alta velocidad. Pero no solamente para Bilbao, sino en general. Desde Europa nos están diciendo que todas las bondades que hay sobre este tren no son reales y que incluso en algunos sitios se están repensando las cosas. No sabemos cuándo llegará a Bilbao porque, cada vez que dicen algo, se retrasa. Llegue o no, tenemos una propuesta para el soterramiento de la estación de Abando. Nos lo piden los barrios de la zona y creemos que es una necesidad y que eso hay que hacerlo. Una vez se haga ese soterramiento ahí va a quedar una explanada enorme de grande que va a unir la zona de Bailén, San Francisco y demás con el centro de Bilbao. Y ahí tenemos un plan específico. Diré dos cosas: Bodegas Bilbainas es un edificio antiguo que está ahí, habría que preservarlo y debería de ser para el barrio, para que puedan utilizarlo los jóvenes y las personas que quieren hacer cultura o incluso los mayores, que siempre necesitan un lugar donde estar. Luego, en esa parte de arriba, las viviendas que se construyan, en más del 40% tienen que ser de protección oficial o alquileres sociales pensados para jóvenes.

Si fuera elegida alcaldesa, ¿rompería el convenio con el Ministerio de Fomento para que no llegara el AVE a Bilbao?

No sé si rompería el convenio. En cualquier caso, lo que sí haría sería estudiar ver si eso es necesario. Lo que sí haría -que es lo más importante antes de tomar ninguna decisión- sería preguntar a los ciudadanos y las ciudadanas de Bilbao si quieren ese tren. Eso es lo más importante.

¿Le parece inapropiada la detención de Josu Urrutikoetxea, como dijo Arnaldo Otegi?

Euskal Herria ha demostrado en estos últimos años lo que quiere, que es soluciones. Quiere mirar hacia el futuro y quiere seguir adelante. Quiere un escenario donde la convivencia y la paz sea lo que reine. Y ésa es mi percepción sobre cualquier cosa que pase en relación con estas cuestiones.

Como jurista y teniendo en cuenta algunas opiniones de víctimas de ETA, ¿qué le parece el hecho de que haya posibilidad de esclarecer un atentado con 11 fallecidos, seis de ellos menores de edad? ¿Sólo por eso no merece la pena iniciar esta investigación?

Si abren una investigación daré mi opinión cuando abran la investigación. No voy a hacer ningún comentario de ninguna clase sobre lo que dicen las víctimas.

Usted fue compañera de Urrutikoetxea en el Parlamento Vasco. ¿Ha mantenido contacto con él durante estos 17 años?

No.

El año pasado hubo un acto organizado por el Gobierno vasco en Bilbao el 11 de marzo, el Día de las Víctimas del Terrorismo, con el lema “Fue injusto”. EH Bildu no participó…

Vamos a ver. Yo ya sé que a ustedes les interesa mucho esto pero yo estoy haciendo una entrevista para el Ayuntamiento de Bilbao. No les voy a dar ninguna respuesta que salga del Ayuntamiento de Bilbao. Creo que lo que les interesa es lo que tenga que ver con el Ayuntamiento de Bilbao. No les voy a dar opción de que me saquen cualquier titular sobre cualquier cosa que no tenga que ver con el Ayuntamiento.

A todos los candidatos de todos los partidos se les han planteado preguntas de este tipo.

Yo no le voy a contestar a ninguna pregunta que no tenga que ver con el Ayuntamiento. No quiero desviar la atención de las cosas que tienen que ver con el Ayuntamiento porque tienen ustedes una tendencia a eso. Hemos estado hablando veinte minutos del Ayuntamiento y se titula no sé qué cosa.

Pues damos por concluida la entrevista.

La última carga con pelotas de goma que realizó la Ertzaintza hirió de muerte a Íñigo Cabacas un 5 de abril de 2012, Jueves Santo. Aquella noche el Athletic venció en el viejo San Mamés de Bilbao al Schalke 04 alemán. Pero casi nadie recuerda el resultado de aquel partido europeo de “alto riesgo”. Tras el encuentro, las celebraciones continuaron en las zonas habituales de poteo, incluida la plazoleta junto a la calle de María Díaz de Haro. La centralita de la Policía vasca recibió avisos de incidentes en aquel lugar y no dudó en emplear material antidisturbios en un lugar con solo un callejón como salida. Fue una ratonera que acabó con la vida de un joven aficionado rojiblanco que entonces apenas contaba 28 años. Murió unos días después en el hospital de Basurto. Todo cambió para su familia, que sigue rota y clamando justicia, y para la propia Ertzaintza, cuya contundencia quedó al desnudo para siempre y se vio obligada a reinventarse.

Este lunes, seis años, seis meses y diez días después, arranca en la Audiencia Provincial de Bizkaia el juicio contra seis ertzainas. Se exponen a cuatro años de cárcel y a seis de inhabilitación por “homicidio imprudente”. La única acusación la ejerce la propia familia de Cabacas, representada por la letrada y también parlamentaria de EH Bildu Jone Goirizelaia, histórica dirigente de la izquierda abertzale. La Fiscalía, siempre en segundo plano, interpreta que los hechos probados en la larga y compleja investigación dirigida por la juez Ana Torres no son constitutivos de delito.

Se sientan en el banquillo el oficial con número profesional 3389, el agente con más galones en aquella intervención en la zona de María Díaz de Haro, y los suboficiales 5351 y 1283, al mando de dos de las furgonetas (cada una de ellas de seis agentes) que fueron movilizadas. Los otros tres son agentes que empuñaron escopeta aquella noche y que, en la investigación interna llevada a cabo por la Ertzaintza, admitieron haber usado pelotas de goma: 15248, 11066 y 10216. Ha quedado probado que más policías dispararon, principalmente porque ellos tres iban de rojo y todos los demás de azul y hay testigos -policías y civiles- que así lo atestiguan. Este agujero de la investigación siempre ha impedido conocer al autor material.

De hecho, en un primer término sólo se iba a juzgar a los tres mandos intermedios, pero un recurso de la familia permitió corregir a última hora esta decisión de la juez Torres. Según la magistrada, lo verdaderamente punible es la negligencia y desproporcionalidad con la que se actuó. El oficial está procesado por “inacción”, por haber tolerado las cargas. Los suboficiales, por su parte, por haber dado la orden de intervenir con material letal en un lugar inapropiado y provocando “atrapamiento”. “Los referidos disparos se efectuaron con infracción de los principios básicos de proporcionalidad, prudencia, necesidad y seguridad”, dictaminó la instructora, que durante la causa llegó a solicitar escolta y a denunciar “espionaje” en sus equipos informáticos, sin que quede muy claro el motivo.

“Salgan de las furgonetas y despliéguense”

Según la reconstrucción de los datos recogidos en el sumario del 'caso Cabacas', al que ha tenido acceso este periódico, la carga con pelotas de goma que hirió al joven duró un mínimo de tres minutos. En su momento, algunos sindicatos policiales plantearon dudas de si la causa de la muerte fue realmente una bola de caucho. Sin embargo, la autopsia recoge que la víctima recibió en la cabeza el fuerte impacto “de un proyectil esférico de unos 55 milímetros” y los proyectiles tienen un tamaño exacto de 54,72 milímetros.

La Ertzaintza había diseñado un operativo especial para aquel Jueves Santo. El partido era de “alto riesgo” y en eliminatorias anteriores de la UEFA Europea League se habían registrado importantes altercados (que se han ido repitiendo hasta la temporada pasada). Cabacas estaba con amigos en una pequeña plazoleta con jardineras ubicada a un lado de María Díaz de Haro y que termina en un callejón que comunica con Licenciado Poza. Allí se ubican varios establecimientos. Uno de ellos es una 'herriko taberna' o sede social de la izquierda abertzale, sector que ha dado connotaciones políticas a este caso.

Fue a las 23.25 horas de ese 5 de abril de 2012 cuando la base de operaciones, situada en la comisaría del barrio de Deusto, en la plaza de Ugarteko, recibe un primer aviso de la existencia de incidentes. Las llamadas al 112 refieren una “pelea”, una “batalla campal” e incluso de un grupo de “15 ó 20 cabezas rapadas encapuchados”, de los que luego no hubo más reseñas. El jefe de operaciones de Deusto, apodado 'ugarteko', decide enviar alguna furgoneta, llamadas en las conversaciones de radio como “francias”. Las lecheras 1 y 6 fueron las primeras en llegar. Dirigidas por el jefe de patrullas -que acude en el coche 32- practican una detención pero no en la plaza, sino en su acceso derecho. El arrestado había arrojado objetos a la Policía y les había increpado.

Pero la Ertzaintza no dio por resulta la incidencia. Según sus informaciones, había un herido sangrando dentro del callejón y había que despejar la zona para que accediera la ambulancia. Evidentemente no se trataba de Cabacas. Un sanitario confirmaría después que ellos también tuvieron la misma alerta “a las 23.30 horas”. Al llegar, reseña, “se amontaba una gran cantidad de gente que lanzaba objetos” a los policías desplegados y no se pudo estacionar la ambulancia. Aparecieron entonces las furgonetas 12, 13 y 14, todas ellas de la unidad de Seguridad Ciudadana, no especializada en actuaciones antidisturbios.

El responsable de la furgoneta 14 (suboficial 5351) informó por radio al 'ugarteko' de que era imprescindible “limpiar” la zona. Desde comisaría, le responden así a las 23.37 horas: “Bien, hágalo usted [...]. Salgan de las furgonetas y despliéguense en la herriko”. A partir de ahí, el suboficial transmitió la orden a los tres escopeteros de su unidad de seis agentes, que eran los únicos que visten de rojo en el lugar, un elemento de gran relevancia. [Los antidisturbios trabajan en binomios, uno porta la escopeta y el otro le cubre con un escudo. Primero disparan una salva –ruidosa pero inofensiva– y luego emplean pelotas de goma].

Al menos ocho pelotazos

Aquella carga duró “tres minutos”, según 5351. Sus tres escopeteros son los imputados, El primero asume que disparó “unos cuatro disparos de disuasión con pelota”. El segundo realizó otros cuatro “a 35 metros”. El tercero, en cambio, dijo no haber disparado en ese momento, sino en la carga posterior que se registró. Las distancias mínimas de seguridad en aquella época eran las siguientes: 25 metros en posición suave, 35 a intensidad media y 50 en modo fuerte. Nunca se sabrá a qué potencia se intervino porque no hay datos.

Los testigos situaron a esos agentes de rojo detrás de los coches aparcados. Desde donde cayó abatido Cabacas al final de la acera hay 22,8 metros, más los tres metros aproximados del 'parking' en batería arrojarían una distancia cercana a los 25 metros, la misma que fijó la Policía Nacional como probable en el informe pericial que hizo a instancias de la juez Torres. La magistrada optó por encomendar parte de la investigación a otro cuerpo distinto a la Ertzaintza para evitar posibles interferencias. Estos agentes, que reconstruyeron los hechos 'in situ', comparecerán en el juicio.

Una joven malagueña con conocimientos de primeros auxilios se encontraba cerca de Cabacas y pudo taponar las hemorragias que sufría. Su testimonio en vídeo acompaña a esta información. En él, manifiesta que “un hombre de rojo” disparó “todo el rato” en línea recta hacia donde se encontraba la víctima, que estaba en el lado izquierdo del callejón. “Me sentí como si nos estuvieran fusilando”, enfatiza. Sus “¡No disparéis, no disparéis!” no sirvieron de nada. Otras personas hicieron lo mismo. Los agentes lo oyeron, pero no hicieron caso. “Unas jóvenes subidas en unas jardineras levantaban las manos y gritaban que parasen los disparos”, admitió una agente no imputada, que vestía de azul.

Los agentes desplegados ya sabían de viva voz en ese momento que había un herido tendido en el suelo. Alguien, además, avisó al 112 exactamente a las 23.40.31. De hecho, el suboficial 1283 había ordenado: “¡Que no dispare nadie más y todo el mundo detrás de las furgonetas!”. Se estaba disparando en ese momento desde “varias furgonetas” y sólo una llevaba encima del buzo azul una chaqueta roja. “Había otros cinco o seis ertzainas vistiendo buzo azul”, contó 15248.

Varios ertzainas de rojo y un mando de azul se acercaron hasta el lugar en el que había sido abatido Cabacas. La testigo asegura que le agarraron del brazo con el que apretaba la herida del herido. Se dirigió también a un agente y le pidió “el número de placa”. Entonces el código profesional no era visible, ahora sí lo es. “Con la mano en la porra me dijo que si no quería más problemas que me fuera”, relata. No niega que insultó por instinto a los funcionarios. En el callejón se escucharon muchos más improperios dirigidos a ellos. Por la radio, desde comisaría descartaron la tesis de que hubiera sido herido: “Se habrá desmayado”.

El subjefe de la comisaría, presente de paisano en el lugar, ordenó replegar la fuerza y formar un cordón en la entrada del callejón. Pero, como continuaban lanzando objetos a los agentes desde el fondo de la plazoleta, el 'ugarteko' dio la polémica orden de “entrar con todo” a las 23.40.26, ya con Cabacas malherido. Ahí empezó una segunda carga muy intensa. Muchos presentes indicaron a la juez que en aquel momento el callejón estaba mucho más oscuro que al principio, aunque no se conoce la explicación de la falta repentina de iluminación.

Los agentes dispararon detrás de donde estaba tendido Cabacas y quienes le auxiliaban recuerdan el sonido de las detonaciones. Los de rojo dispararon de nuevo, pero también un miembro de la furgoneta 22 –cinco veces– y otro de la Brigada de Refuerzo, que habían llegado de apoyo. La unidad antidisturbios (Brigada Móvil) no intervino en ningún momento, ya que estaba en San Mamés controlando la salida del estadio. La Ertzaintza persiguió a los alborotadores hasta Licenciado Poza y allí continuaron los incidentes. Está registrada la quema de contenedores. Entretanto, a las 23.58, aproximadamente, una ambulancia trasladó al joven gravemente herido al hospital de Basurto, donde moriría cuatro días después.

A 360 kilómetros por hora

El entonces consejero de Interior, Rodolfo Ares, compareció de urgencia en el Parlamento una semana después. Pidió perdón a la familia y anunció unas primeras medidas para restringir el uso de pelotas de goma. Se enfatizó la importancia de respetar las distancias y las potencias de un material que alcanza los 100 metros/segundo de velocidad (360 km/h). Durante 24 horas llegó a estar prohibido el uso de este material porque se sometió a revisión en su totalidad. Aparecieron nueve cartuchos impulsores con más pólvora de la permitida, lo que puso en evidencia la falta de control del armamento en la Policía vasca.

Algunos datos: las pelotas no habían sido revisadas desde 1998, cuando se compró una partida de 75.000 bolas a Manufacturas del Tormes, una empresa de Castellanos de Moriscos (Salamanca). Los cartuchos habían pasado una última inspección cuatro años antes, en 2008. Peor era el caso de las bocachas de las escopetas lanzapelotas, muchas de las cuales no funcionaban correctamente y no permitían cambiar la intensidad del disparo. La última revisión databa de 1995: el informe estaba escrito a máquina de escribir.

La muerte de Cabacas -y el final de ETA y la 'kale borroka', paralelos en el tiempo- han supuesto un cambio radical en la manera de intervenir de la Ertzaintza, con competencias exclusivas en el control de orden público. El uso de pelotas de goma está prohibido a las unidades de Seguridad Ciudadana que intervinieron entonces y sólo portan las escopetas la Brigada Móvil y su equipo de apoyo (la antigua Brigada de Refuerzo). Pero nunca ha vuelto a disparar una sola bola de caucho. El material empleado es un lanzador alternativo que se presupone más preciso y que arroja proyectiles viscolásticos. Además, los despliegues son ahora más numerosos para sofocar los incidentes, si es posible, cuerpo a cuerpo y no con armamento.

Asimismo, en los uniformes aparece ahora el código profesional de los ertzainas y se ha redoblado el control de las intervenciones. Y es que en los informes del 5 de abril de 2012 de la comisaría de Bilbao muestran que es imposible saber cuántas armas se utilizaron, con qué potencia y cuántas bolas se usaron. “En caso de haber sido utilizado el material, se limpian las escopetas y se reponen tanto los cartuchos como las pelotas de los peloteros y se procede a precintar de nuevo las bolsas desprecintadas, no realizándose ningún registro al respecto por escrito, por lo que en este caso no se puede saber cuáles fueron las bolsas que efectivamente se utilizaron. Respecto de las escopetas, tampoco queda registro de cuáles estaban usadas”, se puede leer en el informe que entregó la Policía a la juez Torres. Es más, el 'número dos' del consejero Ares, Miguel Buen, llegó a reconocer que la cúpula policial había sugerido a la dirección política que no se habían usado pelotas aquella noche. El entonces comisario de Bilbao, Jorge Aldekoa, es en la actualidad el jefe del cuerpo.

El Parlamento vasco ha dedicado prácticamente tres horas a debatir sobre la violencia en torno al fútbol masculino de elite a raíz de los altercados entre ultras del Athletic de Bilbao y del Spartak de Moscú de hace tres semanas -en el marco de los cuales falleció un ertzaina antidisturbios que estaba de servicio- y después también de los nuevos incidentes de este jueves en un nuevo compromiso europeo del club rojiblanco, que se saldaron con dos guardas de seguridad heridos por radicales del Olympique de Marsella. La Cámara ha alumbrado dos resoluciones acordadas por PNV, PSE-EE y PP que apelan a los clubes a que incorporen a sus estatutos “medidas concretas” para impedir que los ultras “formen parte de su masa social”. Lo llamativo es que en el primer texto se reclama a las entidades deportivas a que actúen contra “personas o grupos con comportamientos violentos” mientras que en el segundo, redactado y aprobado por los mismos en un espacio de apenas una hora, se alude exclusivamente a “personas con comportamientos violentos”. Lo que no figura en ninguno de los dos casos es una mención expresa al grupo radical del Athletic Herri Norte Taldea.

Ambos textos han sido aprobados por la mayoría que representan los partidos del Gobierno, PNV y PSE-EE, más el PP. Mientras, la oposición de izquierdas conformada por las coaliciones EH Bildu y Elkarrekin Podemos se ha desmarcado aunque han coincidido en el diagnóstico de que la violencia en el deporte se ha convertido en un problema. Incluyen también una muestra de solidaridad tanto al agente fallecido, Inocencio Alonso, como a los dos vigilantes heridos.

La referencia a los “grupos” organizados y a Herri Norte Taldea en particular ha centrado buena parte de las intervenciones. Ha sido Nerea Llanos (PP) la que, tomando el testigo a sindicatos policiales, ha responsabilizado no sólo a los radicales visitantes de la sucesión de altercados en Bilbao, sino también a los ultras autóctonos. “¿Por qué no ponerles nombre? Herri Norte”, ha señalado Llanos, que ha pedido contundencia para que al final el perjudicado no sea el propio Athletic.

Desde la bancada del PNV, Joseba Zorrilla ha cuestionado que sea oportuno aludir a una peña concreta en relación a los disturbios del partido contra el Spartak moscovita. “Ni todos eran de Herri Norte ni todos los de Herri Norte estaban allí”, ha sentenciado para añadir que tampoco sería oportuno censurar a todo el PP porque “800” de sus cargos estén imputados por corrupción.

Más allá del debate terminológico, PNV y PP, de la mano también de los socialistas, sí han accedido a reclamar a la Comisión Estatal contra la Violencia, el Racismo, la Xenofobia y la Intolerancia en el Deporte a que continúe con su potestad sancionadora “con quienes sostengan conductas violentas”, especialmente “garantizando la prohibición de acceso a dichos espacios [deportivos] a estas personas o, en su caso, grupos”. Los 'populares' han visto suficiente esta última referencia ya que, explican, ha sido este organismo el que ha permitido actuar contra organizaciones como los Boixos Nois del FC Barcelona o los Ultra Sur del Real Madrid. Hasta el momento, de los nueve grupos identificados como peligrosos por esta comisión sólo hay uno en Euskadi, Iraultza 1921 del Deportivo Alavés.

“No podemos faltar a la verdad”, ha terciado en el debate la parlamentaria de EH Bildu Jone Goirizelaia, que ha puesto sobre la mesa el atestado de la Ertzaintza en torno a los incidentes del día del Spartak para rechazar cualquier “criminalización” de Herri Norte Taldea.  “Yo he tenido ocasión de ver el atestado policial. Y si vamos al folio 192 y siguientes, vamos a ver dónde se cogieron las porras [a los radicales]. Y las porras se cogieron delante de un bar, el Athletic. Ningún aficionado radical había allí en aquel momento. Y en la calle Ingeniero Torres Quevedo. Ningún aficionado radical había allí en aquel momento. Dice que iniciaron los incidentes estas personas. Tampoco es verdad, el atestado policial dice expresamente quiénes estuvieron allí, y a ninguno lo relaciona con Herri Norte Talde ni con ningún otro grupo de los que el Athletic tiene legalizado. No es cierto eso, ninguno de ellos está allí por esa razón”, ha expuesto. Ha añadido que ni “Baltasar I El Ilegalizador”, por Baltasar Garzón, disolvió esta peña de la órbita de la izquierda abertzale e incluso ahora más cercana a los críticos de Sortu.

“¿Usted de verdad cree que cuando a Aitor Zabaleta lo asesinó el Frente Atlético alguien alertó del riesgo de señalar al Frente Atlético?”, ha replicado Llanos tras la intervención de Goirizelaia. “No queremos que la UEFA impida jugar al Athletic en competiciones europeas, o al resto de equipos vascos. Por eso tenemos que tomar medidas, medidas contra los violentos en el fútbol. Contra ellos hay que actuar, evitando que estén presentes. Y se puede hacer porque otros equipos lo han hecho. Lo hizo el Real Madrid con los Ultra Sur, lo hizo el Barcelona con los Boixos Nois, lo ha hecho el Atlético de Madrid, el Valencia, el Espanyol, ...”, ha zanjado Llanos.

Entre las medidas acordadas en la Cámara también se incluye una referencia genérica a que el Departamento de Seguridad del Gobierno vasco “siga trabajando” de la mano de los sindicatos policiales para “poner en marcha las mejoras necesarias” en la unidad antidisturbios de la Ertzaintza. La muerte de Inocencio Alonso generó toda una tormenta interna aunque finalmente se ha activado un proceso de negociación para rejuvenecer la Brigada Móvil, mejorar su formación, entrenamiento y dotación y ajustar sus condiciones laborales. Las reuniones con las centrales sindicales, sin embargo, no han empezado con buen pie.

En este capítulo, Elkarrekin Podemos ha hecho hincapié en la importancia de que estos cambios no supongan regresar “a las pelotas de goma y a las carreras”. El sindicato Esan así lo había reclamado para que la Ertzaintza disponga de medidas más eficaces para sofocar algaradas. Desde la bancada el PNV Zorrilla ha preguntado “cuántas” pelotas se han lanzado desde que Estefanía Beltrán de Heredia es consejera de Seguridad, desde 2012. No ha dado la respuesta, pero es ninguna. Aunque no están prohibidas, sí se han restringido al máximo desde que falleciera en una carga Íñigo Cabacas, precisamente después de un partido europeo del Athletic.

Incidencia en la prevención: ¿dónde está Kirolalde?

Desde el PSE-EE, Rafaela Romero ha añadido una larga lista de “ismos” y “fobias” a los incidentes que se registran en el mundo del fútbol. “Racismo, xenofobia, homofobia, transfobia, ...”, ha enumerado Romero. “Eso no pasa sólo un día, eso pasa todos los fines de semana en todas las categorías de todos los eventos”. Rebeka Ubera (EH Bildu) ha preguntado también a sus señorías si cuando acuden a un estadio insultan al árbitro y a que reflexionen sobre ello.

Por ello, también se ha debatido sobre la “prevención” de la violencia en el deporte, aunque sin que se haya conseguido un apoyo unánime a las recetas planteadas. El texto de PNV, PSE-EE y PP manifiesta que “la violencia en el ámbito deportivo es totalmente antagónica al propio concepto de deporte” y pide al Gobierno vasco que trabaje para erradicarla, tanto desde el área de Seguridad como desde el área de Cultura (con competencias en Deportes). 

Se ha planteado crear una Escuela Vasca del Deporte que “realice jornadas formativas cuyo objeto sea erradicar la violencia en el deporte, especialmente en el fútbol profesional” masculino. De esas jornadas debería salir un “informe de conclusiones antes de finalizar el año” con “recomendaciones” y “propuestas de actuación”. 

Durante el debate, Edurne García (Elkarrekin Podemos) ha aludido a que Kirolalde, el comité autonómico contra la violencia en el deporte, es un organismo “fantasma” porque ni se reúne ni acredita un trabajo específico. El PNV ha respondido que es un órgano “inejecutivo” porque el grueso de las competencias recae en la comisión estatal.

La Fiscalía no solicitará penas de prisión -ni de otro tipo- para los seis ertzainas, tres mandos intermedios y tres agentes de base, que serán juzgados en los próximos meses por la muerte del joven aficionado del Athletic Íñigo Cabacas como consecuencia del impacto de una pelota de goma arrojada en una carga policial ocurrida en la Semana Santa de 2012. Con la teoría de que “no existiendo delito no se puede establecer autor”, la fiscal Pilar Giménez sostiene que “no procede imponer pena alguna” a los seis policías imputados.

Según ha informado el diario 'Gara', la fiscal “despacha calificación negativa” en esta causa con un informe de apenas 11 líneas. Sin muchos detalles, la representante del ministerio público señala que durante la larga investigación “no ha podido determinarse” la autoría del disparo letal que hirió de gravedad a Cabacas, que se encontraba en una zona de bares del callejón de la calle de María Díaz de Haro después de un partido europeo del Athletic en el viejo San Mamés.

La juez instructora, Ana Torres, concluyó también que la investigación no había podido concretar qué ertzaina de los que participaron en aquella carga -adscritos a la comisaría de Bilbao, dirigida por el hoy jefe de la Ertzaintza, Jorge Aldekoa- realizó el disparo concretó que acabó con la vida de Cabacas. Durante la fase de instrucción fueron imputados tres ertzainas de base, los mismos que se enfrentarán al juicio. Fueron los únicos que asumieron en la primera investigación interna que habían usado la escopeta, aunque hay pruebas de que más funcionarios también portaron armas.

Por ese motivo, en un primer momento la magistrada excluyó del juicio a estos agentes y limitó la posible responsabilidad por “homicidio por imprudencia profesional” a los dos suboficiales de las furgonetas que intervinieron y al oficial que era el agente con más galones sobre el terreno aquella noche. Este último está acusado de “inacción” por permitir una actuación desproporcionada y los otros dos de ordenar usar pelotas de goma en aquella ratonera sin vías de escape más allá de un estrecho callejón que provocaba “atrapamiento”. La Audiencia Provincial de Bizkaia, en cambio, aceptó el recurso de la familia de Cabacas y ordenó que se sentaran en el banquillo no sólo estos mandos intermedios sino también los tres ertzainas que dispararon.

Ya en esa fase intermedia del procedimiento la Fiscalía se opuso a formular acusaciones y solicitó el archivo de la causa, como publicó este periódico en mayo de 2017. En aquella ocasión, la fiscal Giménez no sólo incidía en la ausencia de autor conocido, sino que no todas las actuaciones policiales fueron desproporcionadas en aquel callejón. En este escenario, la acusación ejercida por Jone Goirizelaia en nombre de los padres de Cabacas será la única que reclame condenas en el juicio, para el que aún no hay fecha. Según ha declarado la letrada a Efe, la familia de la víctima teme que en la vista la fiscal ejerza más como “defensora” de los agentes que como acusación.

La decisión de la Audiencia de Bizkaia de juzgar a todos los ertzainas que estaban imputados por homicidio imprudente en el sumario del 'caso Cabacas', incluidos los tres agentes que habían quedado apartados del proceso al finalizar la instrucción ya que la juez Ana Torres interpretó que aunque hubieran disparado no había pruebas materiales de que sus pelotazos hubieran causado la muerte al joven Íñigo Cabacas, ha levantado una auténtica polvareda, la enésima en torno a estos hechos ocurridos en una carga policial con bolas de goma de abril de 2012.

Por un lado, la familia de la víctima, representada por la letrada y parlamentaria de EH Bildu Jone Goirizelaia, ha manifestado su satisfacción por este giro y asegura que si una causa tan complicada llega a una condena será por su trabajo “a golpe de recursos” frente a la juez Torres, a la Fiscalía y al Departamento de Seguridad. Por otro, los sindicatos de la Ertzaintza han calificado este juicio de “despropósito” cuando la muerte de Cabacas fue un “accidente” y los agentes actuaron siguiendo órdenes de mandos que ni siquiera han sido investigados.

En el medio, la consejera de Seguridad, Estefanía Beltrán de Heredia, prefiere ser cauta y ha evitado pronunciarse sobre el fondo del asunto y sobre qué posición adoptará el Gobierno en el juicio, aunque Goirizelaia pretende dejar al Ejecutivo fuera del procedimiento con un resquicio legal que ya empleó con éxito en un juicio reciente. La abogada ya excluyó a la beligerante abogada del Estado Macarena Olona de un proceso en el que se acusaba de torturas a agentes de la Guardia Civil al no reclamar en el mismo procedimiento una indemnización económica.

Goirizelaia da por sentado que el Ejecutivo, como la Fiscalía, será en el juicio un abogado defensor más de los imputados, acusados de “homicidio imprudente”. Recuerda, de hecho, que durante todo el procedimiento “el ministerio público no ha pedido ni una sola prueba” y que la colaboración de Seguridad tampoco ha sido máxima.

¿Será factible lograr una condena con la sola acusación de la familia? “No será ni la primera ni la última vez que vamos solos a un procedimiento”, responde la abogada, que entiende que hay bases sólidas para una condena. De hecho, ya planteó cuatro años de prisión para los tres mandos intermedios procesados y ahora deberá calificar la responsabilidad penal que aprecia en los tres escopeteros.

Fue el pasado viernes cuando las partes personadas en el procedimiento recibieron los tres autos de la Audiencia Provincial con la respuesta a los distintos recursos de apelación de las partes ante el dictamen de la juez Torres, quien en marzo cerró la causa enviando a juicio a tres mandos intermedios que ordenaron disparar porque apreció que la actuación policial fue desproporcionada para una 'ratonera' como era el callejón de María Díaz de Haro. La magistrada, en cambio, dio carta de naturaleza a algo que ya se conocía desde el principio de la instrucción, que era imposible conocer al autor material del disparo letal, por lo que exculpó a los tres escopeteros imputados ya que, además, no fueron los únicos en disparar en aquella carga. Esta resolución judicial que da un giro a un caso ya de por sí polémico no ha sido facilitada a los medios de comunicación.

En todo caso, es ya público que Goirizelaia planteó con éxito que la imputación se mantuviera a todos los investigados. Por otro lado, la Fiscalía ha fracasado en su petición de exoneración de todos los agentes, incluidos los mandos intermedios. Argumentó que si no se conoce al autor concreto del disparo tampoco se puede probar que la orden de los mandos señalados, un oficial y dos suboficiales, provocara indirectamente la muerte de Cabacas.

La consejera Beltrán de Heredia, a preguntas de los periodistas, ha preferido quedarse de perfil en este debate. Ni defensa cerrada de los imputados ni todo lo contrario. “Respeto más absoluto a las decisiones judiciales”, ha reiterado la titular de Seguridad ante las sucesivas preguntas, que ha añadido que el Gobierno siempre ha “colaborado” con la investigación en pos de la “verdad”.

Quien sí ha vuelto a defender a los imputados ha sido el sindicato Erne. Su secretario general, Roberto Seijo, ha recalcado en la Cadena Ser que “hay unas víctimas que son los ertzainas” por la duración del procedimiento y por la “instrumentalización política absoluta contra la Ertzaintza” de este caso, en una velada referencia a la doble condición de Goirizelaia de letrada y de dirigente de la izquierda abertzale.

Seis ertzainas y no tres se sentarán en el banquillo como presuntos responsables del “homicidio imprudente” que fue la muerte del joven Íñigo Cabacas en una carga con pelotas de goma ocurrida en 2012. Según informa ‘El Correo’, la Audiencia de Bizkaia ha admitido el recurso de la abogada de la familia, Jone Goirizelaia, y ha enmendado la plana a la instructora, Ana Torres, de modo que habrá juicio no sólo contra los tres mandos intermedios que controlaron la operación policial sobre el terreno, un oficial y dos suboficiales, sino también contra tres agentes que portaron escopetas lanzapelotas y que admitieron haber disparado aquella noche. Al parecer, la resolución judicial ya fue adoptada el viernes y se dará a conocer en los próximos días.

Tras cinco años de polémica investigación, la juez Torres dictaminó que la muerte de Cabacas constituyó una negligencia clara, una actuación desproporcionada por parte de la Ertzaintza. Señaló a los tres mandos intermedios por no haber tenido en cuenta que el lugar de los hechos, una plazoleta con un callejón, era una ratonera y consideró que tenían que ser juzgados por la imprudencia de haber dado la orden de cargar y por no haber evitado los disparos con bolas de goma.

Durante el proceso, tres escopeteros permanecieron bajo investigación. La instructora, empero, sostuvo que aunque admitieron haber disparado hay elementos para creer que más ertzainas presentes en el lugar lo hicieron y que existe una duda razonable sobre su responsabilidad dado que las numerosas pruebas periciales no han sido concluyentes sobre cuántos tiros se produjeron y, sobre todo, sobre quién fue el autor material del pelotazo. La letrada de la familia, sin embargo, recurrió ese auto y la Audiencia de Bizkaia le habría dado la razón, sumando a estos tres funcionarios al procedimiento judicial junto a sus tres superiores.

Goirizelaia, en cambio, será la única acusación en el procedimiento, ya que la Fiscalía ya ha manifestado que si no se puede identificar al autor concreto del disparo no se puede condenar a nadie por los hechos. Haya o no condenas, después del proceso penal habrán de depurarse las responsabilidades civiles por lo ocurrido, lo que probablemente obligará a la Ertzaintza a abonar una fuerte indemnización económica a la familia de la víctima.

No habrá ponencia para fijar el diseño de la política penitenciaria vasca como demandaba EH Bildu y será el Gobierno el que asuma las negociaciones para un traspaso que se ha fijado como "prioridad" de legislatura

Será el Gobierno vasco, de la mano de sus consejos de Autogobierno (Josu Erkoreka, PNV) y de Justicia y Trabajo (María Jesús San José, PSE-EE), el que perfile el contenido de la hipotética transferencia de Prisiones que el Ejecutivo autonómico ha fijado como “prioridad” para esta legislatura junto a la cesión de la gestión económica de la Seguridad Social. El Parlamento Vasco, con los votos de ambos partidos y del PP, ha rechazado este jueves una propuesta de EH Bildu (apoyada también por Elkarrekin Podemos) en la que reclamaba que fuera la Cámara, a través de una ponencia, la que fijara en un “informe” la “política penitenciaria a aplicar tras la transferencia”. Ni Erkoreka ni San José han estado presentes en la sesión.

La parlamentaria de la izquierda abertzale Jone Goirizelaia ha defendido que “hay que abrir un debate” y que “hay que hacerlo en este Parlamento y cuanto antes”, si bien las negociaciones con el Estado no se han abierto formalmente. La también abogada ha asegurado que EH Bildu es “muy consciente” de que la transferencia, como en Cataluña, se limita a la gestión de los establecimientos penitenciarios y no al diseño legislativo de la política penal y penitenciaria, pero ha destacado que es importante establecer un marco porque “la ley se interpreta”. Gráficamente, ha indicado que en un mismo modelo “caben resoluciones para poner en libertad a Galindo y no a Ibon Iparragirre”. “Se pueden hacer muchas cosas y muy diferentes”, ha zanjado.

Por parte del PNV, Joseba Zorrilla ha recordado que el Ejecutivo ya está “trabajando” en la materia y que incluso lleva años desarrollando programas de justicia juvenil, mediación o penas alternativas a la prisión a pesar de no haber recibido la transferencia, prevista en el Estatuto de 1979. Asimismo, ha indicado a Goirizelaia que en la Cámara existen dos grupos de trabajo para valorar asuntos relacionados con la política penitenciaria, el de autogobierno para evaluar las competencias vascas en general y el de convivencia para lo tocante a los presos de ETA en particular. Desde la bancada socialista, Alexia Castelo ha añadido “no hace falta la ponencia” entre otras cosas porque en el área de Justicia y Trabajo “ya existe un grupo de trabajo para el análisis del [futuro] modelo penitenciario en Euskadi”.

Goirizelaia ha replicado que lamenta que el PNV derive el asunto a la ponencia sobre el “nuevo estatus” cuando Prisiones es una materia ya contemplada en el Estatuto actual. Zorrilla, por su parte, ha aplaudido que cuatro décadas después la izquierda abertzale mire al marco estatutario y ha preguntado a ese sector político si asume algún tipo de responsabilidad por el retraso de una transferencia que Cataluña recibió en 1983. Ha asegurado que tras el fin de ETA “no hay excusas” para el traspaso pero ha recordado que ni la banda terrorista ni la izquierda abertzale han reconocido de manera contundente su papel.

El PP, partido de Gobierno en España, no ha cerrado en principio la puerta a la transferencia, aunque sí ha matizado que han de ser los Ejecutivos los que han de acotarla. Nerea Llanos ha añadido, además, que Euskadi no podrá modificar la política penitenciaria ya que la legislación es competencia “exclusiva” del Estado y ha lanzado un aviso a navegantes: “Tener la competencia no siempre supone hacerlo mejor, existen bastantes críticas en Cataluña”.

Este miércoles 5 de abril se cumple un lustro del fatídico Jueves Santo de 2012 en el que, tras un partido europeo del Athletic en el viejo San Mamés, una carga policial de la Ertzaintza con pelotas de goma acabó con la vida del joven aficionado Íñigo Cabacas, que entonces estaba a punto de cumplir 29 años y se hallaba con sus amigos en el exterior de uno los bares de una pequeña plazoleta de un lateral de la calle de María Díaz de Haro de Bilbao. La familia de Cabacas, sus padres Manuel y Fina, que llevan cinco años reclamando justicia, encaran el aniversario con la noticia de la que la juez Ana Torres, al frente del polémico caso desde el principio, ha ordenado abrir juicio por “homicidio por imprudencia profesional” contra un oficial y dos suboficiales que ordenaron cargar entre las 23.37 y las 23.40 de esa noche, el momento en el que Cabacas recibió a toda velocidad en la cabeza el impacto de un esférico de 54 milímetros: una bola de caucho que lo mataría unos días después.

La magistrada es clara: “A pesar de los esfuerzos desplegados durante la extensa instrucción de la causa, ha sido imposible determinar la autoría de tal disparo”. Por un lado, sólo tres agentes confesaron en la primera investigación de Asuntos Internos que habían disparado la escopeta lanzapelotas que tenían asignada, cuando era una evidencia que fueron muchos más (ellos iban de rojo y hay testigos que vieron agentes de azul con armas). Por otro lado, los vídeos e informes periciales -fue la Policía Nacional la que evaluó a la Ertzaintza para evitar suspicacias- hablan de que el disparo letal pudo llegar de “cualquier distancia” entre los 1,25 y los 39 metros, un sector en el que había más de 25 ertzainas desplegados.

Con estos mimbres, reconocidos juristas daban por sentado un polémico archivo del 'caso Cabacas' bajo la premisa de que sin autor conocido no puede haber delito, aunque sí víctima y una posible responsabilidad económica por parte de la Administración, que se sustanciaría en otro procedimiento. Pero la juez Torres, con una amplia argumentación jurídica, ha archivado efectivamente la acusación contra los tres ertzainas que admitieron que usaron la escopeta -uno de ellos ni siquiera en esa carga policial, sino en un momento posterior- y no los llevará al banquillo. Pero ha procesado a los tres mandos intermedios que ordenaron y dirigiendo la carga policial desde el terreno. Culpa 'in vigilando'. Fuentes de la Ertzaintza cuestionan si la misma duda razonable que opera sobre los agentes no debería aplicarse al oficial y a los dos suboficiales ahora acusados, aunque la juez Torres lo tiene claro.

Sin “proporcionalidad”

“Los referidos disparos se efectuaron con infracción de los principios básicos de proporcionalidad, prudencia, necesidad y seguridad”, concluye la magistrada, que incluye en el auto de apertura de juicio oral -recurrible tanto ante ella misma (reforma) o ante la Audiencia Provincial (apelación)- una reconstrucción de la carga con pelotas de goma de casi tres minutos que se llevó la vida de un joven.

La juez recuerda que el partido Athletic-Schalke 04 era de “alto riesgo”, más si cabe después de una temporada de Europa League en la que los ultras locales habían provocado incidentes, como en el choque contra el Lokomotiv. Por ello, la Ertzaintza diseñó un amplio dispositivo especial que se tradujo, en aquellas horas posteriores al evento, en ocho 'francias' (furgonetas en el argot interno) de Brigada Móvil (antidisturbios) y otras ocho de Seguridad Ciudadana.

Es a las 23.25 cuando el 112 empieza a registrar avisos de peleas e incidentes en la plaza de María Díaz de Haro, donde entre otros locales se halla una 'herriko taberna' o sede social de la izquierda abertzale. Ésta es una de las claves del caso, porque la histórica letrada de presos de ETA y parlamentaria de EH Bildu Jone Goirizelaia ha sido la abogada de la familia Cabacas desde el minuto uno. Su formación ha asegurado que había un componente político en los hechos e incluso ha reclamado la consideración de Cabacas como una víctima más del “conflicto vasco” en pie de igualdad con las de ETA o los GAL.

A las 23.27 los avisos a Emergencias hablan ya de “batalla campal” y, desde la comisaría de Deusto, el jefe de operaciones o 'ugarteko' en argot interno abre ya una actuación. Llegan primero las 'francias' 1 y 6, acompañadas por el coche-patrulla 32, ocupado por un mando. Intervienen y detienen a una persona. Es a las 23.35 cuando llegan las furgonetas 12, 13 y 14. Cada una está formada por un mando, un conductor y tres binomios (pelotero y escudo), ocho uniformados en total. Al frente de la 12 se halla el oficial 3389, quien se comunica por radio interna en todo momento con Deusto y quien coordina a las 13 y 14, ya que están capitaneadas por un suboficial cada una (agentes 1283 y 5351, que también irán a juicio). Es el “responsable” sobre el terreno, según la juez.

“Disponían de escudos” para intervenir sin armas

A las 23.37, las unidades 13 y 14 ya están cargando por los altercados, mientras la 12 y su oficial continúan dentro del vehículo blindado esperando acontecimientos y pidiendo refuerzos. Por radio, desde comisaría le piden que actúe en apoyo a sus compañeros. La carga dura casi tres minutos, desde las 23.37.07 hasta las 23.39.54. A las 23.40.31 ya se recibió el aviso de que había un herido en el suelo, sangrando. Era Cabacas. Instantes antes, a las 23.40.26, 'ugarteko' volvió a dirigirse a 3389 para que “entrara con todo” a la zona de la 'herriko taberna'. Para la izquierda abertzale era la prueba definitiva del componente político de los hechos y la causa de la muerte de Cabacas. El equivalente para la Ertzaintza del “hemos contribuido a la mayor paliza de la historia” que la Policía Armada dijo por radio en Vitoria tras asesinar a cinco obreros el 3 de marzo de 1976. Pero la investigación no prueba la causa-efecto de esa orden, ya que la víctima ya se había producido.

En todo caso, ello no le resta gravedad a los hechos. Sostiene la juez que 3389 actuó inicialmente “con total inacción” y después “permitió que los agentes disparasen pelotas a pesar de no cumplirse las condiciones”. 1283 también ordenó cargar y 5351 autorizó también el empleo de bolas de caucho. “Los tres referidos mandos ordenaron directamente disparar o bien, siendo el mando superior, que los agentes bajo su mando efectuasen disparos con pelotas en condiciones que infringían los más elementales principios profesionales básicos de actuación”, según la juez Torres, que recuerda que la Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (y las directrices internas de la Ertzaintza) pide “proporcionalidad” y que sólo se empleen las armas cuando haya un riesgo “racionalmente grave”.

Argumenta la magistrada que es un hecho que hubo incidentes, aunque no esté claro si la lluvia de objetos que cayó sobre la dotación de la Ertzaintza fue antes o después de la cargar. Pero añade: “Sólo existe el lanzamiento desde la plaza de algunos objetos sueltos y los agentes disponían en su dotación de escudos protectores”. En resumen, las pelotas de goma era innecesarias.

Las escopetas, armas incontrolables

Recuerda la juez, apoyada en el informe de la Policía Nacional, que las escopetas lanzapelotas no son armas precisas: “por encima de 20 metros el vuelo es errático”. Y, sobre todo, recuerda que las furgonetas taponaron el acceso a la plaza (había también coches aparcados a modo de barrera y un autobús de línea detenido por los incidentes), por lo que la plazoleta era una verdadera ratonera. “Por la configuración del lugar” la carga con pelotas de goma era “mortal de necesidad”. “Era absolutamente previsible que el lugar pudiera convertirse ante una situación de pánico como la que deben producir disparos con pelotas de goma en un lugar de atrapamiento”, recuerda la juez, que cita que sólo había una vía de escape, un callejón estrecho al fondo que comunicaba con Licenciado Poza.

A partir de ahí, el auto lanza otros dardos a la Ertzaintza, aunque éstos sin acusación formal. La juez subraya el total descontrol del armamento en la comisaría de Bilbao, donde “no se hizo ninguna revisión de los materiales”. No es posible conocer, por ejemplo, cuántas bolas se usaron o cuántas escopetas se emplearon con carga y no sólo para salvas. El intendente al frente de ese centro policial de Deusto era el agente 1026, Jorge Aldekoa. De él afirma la juez que era “responsable de la planificación del evento” y que coordinó las actuaciones de seguridad en San Mamés. En 2013 Aldekoa fue promocionado por la actual consejera de Seguridad, Estefanía Beltrán de Heredia, a jefe de la Ertzaintza, el cargo más alto.

El acto central organizado este viernes por el Gobierno vasco con motivo del día europeo de las víctimas del terrorismo (que se celebra cada año el 11 de marzo por los atentados de Madrid de 2004) ha logrado la fotografía de unidad que no tuvo el día de la memoria de noviembre. La jornada, organizada en la plaza de la Virgen Blanca de Vitoria y que ha consistido en cuatro horas de concentración silenciosa ininterrumpida por turnos, ha contado con la participación de todo el Ejecutivo, encabezado en el primer relevo por el lehendakari, Iñigo Urkullu, y de todos los partidos políticos, incluidos PP y Sortu, así como de la AVT o de representantes de la comunidad islámica del País Vasco.

Acompañados de un cuartero de viento y de dos paneles que en euskara y castellano mostraban el lema “Memoria y futuro. Elkarrekin eraiki”, representantes políticos, económicos, sociales, religiosos, deportivos y culturales se han ido turnando de 15 en 15 minutos al frente de un acto cívico silencioso. Sólo al final, de nuevo en los dos idiomas oficiales, José Luis de la Cuesta, director del Instituto Vasco de Criminología y presidente del Consejo de Participación de las Víctimas del Terrorismo, ha leído una declaración institucional en la que ha referido que “el final de ETA no puede suponer pasar página sin crítica explícita sobre lo sucedido”.

No se ha citado expresamente, pero la jornada también estaba abierta a la memoria de los asesinados por el GAL y otras bandas, así como también a las víctimas del yihadismo. “Las familias de las víctimas asesinadas y todas las víctimas han de saber que no hay nada que justifique lo que sufrieron, que nada tiene un valor mayor que su dignidad humana. Deben saber que la sociedad vasca y sus instituciones conocen y reconocen el inmenso sufrimiento que padecieron”, ha leído De la Cuesta.

El documento incorpora también cierta autocrítica sobre lo ocurrido en los denominados 'años de plomo': “No siempre lo que hicimos estuvo bien hecho. Hasta primeros de la década de 1990, las instituciones llegamos tarde a la causa de las víctimas. En los años siguientes, a menudo, las divisiones políticas desdibujaron la unidad en la solidaridad”. Hoy, sin embargo, junto al lema “Memoria y futuro” se han concentrado desde cargos del PP como el delegado del Gobierno central, Javier de Andrés, hasta la abogada de la izquierda abertzale Jone Goirizelaia. Hace tan sólo unos pocos meses, en el día de la memoria de noviembre, esto no fue posible.

Alberto Muñagorri, a quien una bomba de ETA mutiló siendo niño, ha manifestado su agradecimiento por un acto unitario como el de este año. Ha recordado el desdén que como él muchas víctimas del terrorismo padecieron en Euskadi, tanto a nivel institucional como a nivel social, sobre todo en Gipuzkoa, ha dicho. “Nos comprometemos a que la memoria y el honor de las víctimas no queden relegadas por una mirada al futuro que se olvida del pasado”, se podía leer también en la declaración institucional, que reclama “un ejercicio pedagógico de deslegitimación del terrorismo que transparente su inmenso error ético, político y democrático y fundamente el ‘nunca más’”.

La AVT, presente

Junto al lehendakari ha llamado la atención la presencia de Alfonso Sánchez, presidente de la AVT. Esta organización mantiene ya desde hace unos años una cierta sintonía con las políticas de memoria del Gobierno vasco del PNV (ahora en coalición con el PSE-EE), frente a una posición más crítica de Covite, que denuncia que Euskadi diluye la gravedad del terrorismo de ETA al ponerlo al mismo nivel que las víctimas de violencia policial, por ejemplo.

Sánchez ha explicado que “todo lo que sea trabajar por las víctimas del terrorismo y que esos años de oscurantismo, que fueron muchos, lo sean ahora de claridad” es positivo. En todo caso, preguntado por el hecho de que el Instituto de la Memoria (Gogora) impulsado por el Gobierno autonómico abarque desde la Guerra Civil hasta la violencia de ETA, Sánchez ha sido tajante: “Por supuesto que estoy en contra. No entro en ese relato. El relato que yo quiero hacer valer es el de las víctimas. Por supuesto que negaré cualquier mezcolanza”. El líder de la AVT ha añadido que son “demasiados años de dolor para que ahora quieran contar otro relato diferente”. “Aquí no ha habido guerras, ha habido inocentes que han puesto las nucas y asesinos que han puesto las armas”, ha zanjado. 

Como novedad, representantes de las comunidades islámicas de Euskadi también han asistido a una jornada europea que toma su fecha precisamente por el atentado yihadista que sufrió Madrid el 11 de marzo de 2004 de la mano del obispo católico de Vitoria, Juan Carlos Elizalde. Asis Messouri ha manifestado que el islam “muestra su rechazo total” al terrorismo y ha mostrado su deseo, su “sueño”, de “crear una sociedad donde los principios de la humanidad estén por encima de los intereses individualistas y partidistas”. Ha agradecido también la tolerancia y voluntad de integración de la sociedad vasca hacia los musulmanes llegados de otros países.

La letrada de la familia del joven Íñigo Cabacas, fallecido en abril de 2012 tras recibir un pelotazo en una carga policial de la Ertzaintza, registró dos quejas contra la juez de Bilbao Ana Torres por, entre otros motivos, los retrasos en la investigación de unos hechos tipificados como “homicidio imprudente” y que no se han aclarado cuatro años y medio después. La primera denuncia, ante el decanato de jueces, quedó archivada y ahora es la Fiscalía la que da también carpetazo a la segunda tras haber realizado diligencias informativas. El fiscal superior del País Vasco, Juan Calparsoro, que públicamente había defendido una mayor celeridad en un caso tan sensible, insiste en la importancia de “respetar los plazos procesales”, pero archiva la causa porque no hay base para iniciar ningún tipo de procedimiento.

La polémica surgió con la entrada en vigor de la nueva normativa procesal penal en España en diciembre de 2015. Desde entonces, los procesos judiciales tendrían un plazo máximo de instrucción de seis meses salvo excepciones. Por lo tanto, los asuntos abiertos antes de esa nueva ley decaerían en junio de 2016. La abogada de la familia de Cabacas, la hoy parlamentaria de EH Bildu Jone Goirizelaia, realizó en abril un último intento de impulsar la investigación solicitando nuevas pruebas y declaraciones. Es una opinión compartida, incluso por la juez Torres, que hubo más policías que dispararon la noche de autos más allá de los seis ertzainas que están imputados, lo que hace virtualmente imposible que un juicio pueda fijar con detalle las responsabilidades reclamadas por el entorno de la víctima.

La letrada se quejaba de no fue hasta junio, horas antes del final del plazo, cuando la juez respondió a su solicitud, incluso a pesar de que en mayo la había reiterado. En medio, el propio Calparsoro declaró públicamente que apreciaba “dilaciones indebidas” en este asunto que lleva más de cuatro años en los juzgados de Bilbao sin aparentes avances.

Finalmente, en junio la juez acordó una prórroga de la investigación de seis meses, aunque únicamente para dar cauce al recurso ante la Audiencia de Bizkaia presentado por la familia tras el rechazo de las pruebas e imputaciones presentadas en abril. En paralelo, la sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco elevó una queja a la Fiscalía General del Estado por las palabras de Calparsoro, que tuvo que pedir disculpas a la magistrada Torres. Esta protesta llegó con Calparsoro ‘en funciones’ y a la espera de un nuevo Gobierno central que pueda renovar o no la confianza en el jurista guipuzcoano.

Lo que no trascendió antes del verano –lo adelantó eldiarionorte.es en septiembre- es que Goirizelaia había formalizado dos quejas por esta situación. La primera, ante el decanato de jueces de Bilbao, quedó archivada tras no hallar el decano, Aner Uriarte, “apariencia” de responsabilidades disciplinarias una vez escuchada la juez Torres, según manifestó a este periódico. El fiscal Calparsoro, en cambio, sí inició diligencias sobre este asunto y pidió informes a la fiscal del caso, Pilar Jiménez. Esta semana, en cambio, ha dado por concluido este expediente al no hallar base para continuar con la causa, aunque sí insiste en genérico en la necesidad de que la Justicia sea ágil como garantía del derecho constitucional a la tutela judicial efectiva.

Se da la circunstancia de que la polémica vivida en junio se podría repetir perfectamente en diciembre. Cuando vuelva a acercarse el final del plazo quedará patente que los avances de la investigación en estos meses han sido nulos. En noviembre la Audiencia de Bizkaia resolverá el recurso sobre el escrito de Goirizelaia de abril y ordenará, en su caso, la práctica de las pruebas y declaraciones solicitadas, aunque el plazo para completarlas sea de apenas unas semanas tras varios meses de parón. Si no, el ‘caso Cabacas’ caminará o hacia un juicio con los actuales mimbres y los actuales imputados (que defienden que no son los únicos que dispararon, por lo que hay una duda razonable de su culpabilidad) o hacia un seguro que polémico archivo definitivo.

El fiscal superior del País Vasco, Juan Calparsoro, ha confirmado en rueda de prensa esta mañana que la abogada de la familia de Íñigo Cabacas, fallecido en 2012 tras una carga con pelotas de goma de la Ertzaintza, ha presentado una queja formal por los retrasos de la juez encargada de la investigación, la magistrada Ana Torres. Mientras esa misma queja ante el decanato de jueces de Bilbao ha quedado archivada, Calparsoro ha explicado que sí ha iniciado “diligencias informativas” para aclarar su contenido.

Como ha adelantado eldiarionorte.es, la letrada de la familia Cabacas, la hoy parlamentaria de EH Bildu Jone Goirizelaia, presentó en junio un doble escrito de queja contra la juez Torres. Lo hizo porque el plazo legal para dar por concluida la investigación expiraba sin que la magistrada hubiese respondido a las últimas solicitudes de imputaciones de la acusación particular (registradas en abril) y porque el caso quedaba abocado o al archivo o a un juicio contra seis ertzainas aunque hasta la juez asume que más policías que ellos dispararon pelotas de goma en la actuación policial investigada.

El primer escrito de queja (que no es una denuncia o querella) fue desestimado por el juez decano de Bilbao, Aner Uriarte, que no halló “apariencia” de responsabilidades disciplinarias en la actuación de Torres y, por lo tanto, no elevó su caso al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el Gobierno de los jueces. El segundo, remitido a la Fiscalía, sí ha sido admitido a trámite, según ha explicado hoy Calparsoro. Abrió diligencias en junio para analizar si efectivamente ha habido retrasos deliberados en una causa abierta en 2012 y que en 2016 todavía no arroja conclusiones claras.

Se da la circunstancia de que Calparsoro ya criticó públicamente las “dilaciones indebidas” en este procedimiento judicial. Este comentario le valió la reprobación por parte del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV), que atendió la protesta de la juez afectada. Los jueces vascos elevaron ante la Fiscalía General del Estado una queja formal contra el fiscal superior vasco, que se vio forzado a pedir disculpas por lo sucedido.

La falta de respuestas en la investigación abierta en el juzgado de instrucción número 10 de Bilbao por la muerte en 2012 en una carga policial de la Ertzaintza del joven Íñigo Cabacas, técnicamente un “homicidio imprudente”, ha llevado a la letrada de la familia, Jone Goirizelaia (ahora parlamentaria de EH Bildu), a registrar una doble queja contra la magistrada responsable del caso, Ana Torres.

La abogada, en un escrito al que ha tenido acceso eldiarionorte.es, habla de “falta de respeto” del juzgado hacia la familia de la víctima al no haber obtenido respuesta a unas solicitudes de imputaciones de ertzainas realizadas cuando el plazo legal para cerrar la investigación estaba a punto de expirar y era más urgente que nunca tomar decisiones. Incluso aprecia un posible delito de revelación de secretos al haber aparecido en prensa el contenido de ese documento judicial al que no se había dado respuesta oficialmente.

La primera de las quejas se tramitó ante el decanato de jueces de Bilbao y ha quedado archivada. En cuanto al segundo escrito, remitido a la Fiscalía, este periódico no ha podido conocer en qué fase se halla el expediente.

La polémica en torno al futuro de la investigación del ‘caso Cabacas’, que lleva más de cuatro años en el juzgado, tiene su origen en la reforma procesal que entró en vigor el 7 de diciembre de 2015. A partir de entonces, se fijaba un límite de seis meses (prorrogable si estaba justificado) para todas las causas penales, lo que implicaba que las abiertas en ese momento decaerían en junio de 2016. Llegado ese momento, y tras varios meses sin movimientos en el juzgado, la investigación de la muerte de Cabacas quedaba abocada al archivo o a un juicio contra seis ertzainas imputados aunque hay pruebas –y así lo reconoció la juez- de que no fueron los únicos que dispararon, sino los únicos que lo admitieron.

Goirizelaia trató de dar un último impulso a esta causa solicitando en abril distintas declaraciones. Y la abogada lamentó que llegado el fin del plazo la juez Torres ni siquiera hubiese contestado sí o no a esa petición. Entretanto, el fiscal superior, Juan Calparsoro, criticó también que tras cuatro años de investigación no hubiese conclusiones claras en torno a este suceso.

Sin avances en el sumario

Finalmente, a última hora se acordó dar seis meses más a la investigación con una fórmula extraordinaria aceptada por el ministerio fiscal. La juez Torres no accedió a los 18 meses de prórroga que pedía Goirizelaia y argumentó que el nuevo plazo más breve sólo se justificaba por la posibilidad de que la Audiencia de Bizkaia diera la razón a la familia y ordenara tramitar las peticiones cursadas en abril y rechazadas por la juez varias semanas después y al borde del 7 de junio, sin tiempo material para ningún movimiento. En ningún momento se aludía a la necesidad de practicar nuevas pruebas y, de hecho, a falta de dos meses para el segundo plazo no ha habido ni un solo avance en el sumario, según fuentes judiciales.

Fue en esas fechas cuando Goirizelaia registró la doble “queja”, que no “denuncia” o “querella” a pesar de que se cita expresamente un posible delito, contra la magistrada titular del juzgado número 10 de Bilbao. La primera llegó al decanato de jueces, competente en la materia. El juez decano, Aner Uriarte, explicó a este periódico que desestimó la petición de investigación solicitada al no ver “apariencia” de ninguna responsabilidad disciplinaria tanto por los retrasos como por la publicación en prensa de ese escrito al que no se había dado trámite. Tras dar audiencia a Torres como fija el reglamento de 1996, Uriarte optó por no elevar el asunto al Gobierno de los jueces, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

El segundo escrito estaba destinado al fiscal vasco, Juan Calparsoro. La Fiscalía, a preguntas de este periódico, no ha querido concretar el estado en que se encuentra la queja de la letrada Goirizelaia.

Se da la circunstancia de que en aquellos tensos días de junio la sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) salió en defensa de su compañera y elevó precisamente una reprobación contra Calparsoro ante la Fiscalía General del Estado por sus “injustificadas críticas” al desarrollo de la investigación del ‘caso Cabacas’. Calparsoro se vio obligado a pedir disculpas públicamente.

La exparlamentaria de EH Bildu y candidata por Bizkaia Jone Goirizelaia, que sólo participó y sin intervenir en un pleno en la pasada legislatura tras incorporarse a la Cámara a finales de julio, ha devuelto los 8.350 euros (la cantidad neta correspondiente a 9.893,36 euros brutos) que percibió en agosto como “remuneración de transición”, la compensación equivalente a dos mensualidades que se abona a los aforados en el período comprendido entre dos legislaturas. La coalición EH Bildu asegura a eldiarionorte.es que se trató de “un error burocrático-administrativo del grupo parlamentario” ya que ella misma había expresado internamente su voluntad de no recibir esa paga al entender que no había generado ese derecho.

Desde EH Bildu, que aspira a que Goirizelaia continúe en la Cámara tras las elecciones y recupere un escaño que ya ocupó hace varias legislaturas antes de la ilegalización de Batasuna, explican que Goirizelaia se enteró “ayer” de que había sido autorizado el pago de casi 10.000 euros brutos, a los que se descuenta la correspondiente retención fiscal hasta totalizar 8.350 euros netos. Fue ayer cuando el Parlamento hizo público el listado de medio centenar de beneficiarios de la remuneración transitoria, en principio pensada para quienes estarán unos meses en ‘stand by’ y sin cobrar hasta el arranque de la nueva legislatura aunque, en la práctica, la cobran casi todos vayan a volver o no al Parlamento. Sólo cuatro renunciaron expresamente a ella, el lehendakari, Iñigo Urkullu, y el senador del PP Iñaki Oyarzábal por tener otro salario público y los socialistas Gloria Sánchez y Patxi Elola por regresar a su actividad personal. El resto, 20 aforados, continúan dados de alta a todos los efectos ya que forman parte de la diputación permanente, un órgano ‘de guardia’ en período electoral.

El socialista Aitor Casado, que se incorporó a la Cámara en junio y que apenas ha tenido una intervención en este tramo final de la legislatura, también ha solicitado íntegra la prestación de casi 10.000 euros brutos. El PSE-EE ha explicado que no ha valorado esta cuestión y que no está previsto que siga los pasos de Goirizelaia.

Jone Goirizelaia, candidata número tres de EH Bildu por Bizkaia, sustituyó a última hora a Oskar Matute en el Parlamento vasco tras saltar al Congreso de los Diputados. Su bagaje en la décima legislatura es que participó sin intervenir en un pleno, el último de julio, en el que se votaron dos leyes. Sin embargo, como otros 50 parlamentarios vascos, cobrará exactamente 9.893,36 euros brutos en concepto de “remuneración de transición” hasta el inicio de la nueva legislatura tras las autonómicas del 25 de septiembre. Aitor Casado, socialista que se incorporó a la Cámara en junio y que apenas realizó una intervención, también ha solicitado esa misma cantidad.

La prestación transitoria consiste en compensar con dos mensualidades a sus señorías entre legislaturas, ya que en ese período sólo están dados de alta en el Parlamento los 20 miembros de la diputación permanente. Conceptualmente, se diseñó para aquellos políticos con intención de regresar tras los comicios y que en un plazo determinado no iban a contar con ingresos ni tener expectativas de regresar al mercado laboral. Sin embargo, en la práctica la cobran casi todos los aforados, vayan o no en listas.

Según la documentación conocida este martes, sólo cuatro personas han renunciado a ella: el lehendakari, Iñigo Urkullu, el senador del PP Iñaki Oyarzábal -perciben otros salarios públicos- y los socialistas Patxi Elola y Gloria Sánchez. Los dos últimos se han reincorporado a su puesto de trabajo anterior, según la Cadena Ser, aunque sí van en las listas del PSE-EE. Además, Lur Etxebarria (EH Bildu) ha solicitado no cobrar la prestación íntegra y percibirá unos 600 euros menos.

Entre los solicitantes, sin embargo, sí está Jone Goirizelaia, abogada en ejercicio con casos de relevancia como el homicidio del hincha del Athletic por un pelotazo de la Ertzaintza, Íñigo Cabacas. La normativa otorga el derecho a este dinero a los parlamentarios activos, sin discriminar el tiempo que han trabajado o no, a diferencia de lo que ocurre con la indemnización por cese, que exige una antigüedad mínima de un año. Oskar Matute -no es el caso porque ahora tiene otro salario público al ser diputado en el Congreso- no podría haber cobrado la ayuda de transición aunque haya formado parte de la bancada de EH Bildu durante toda la legislatura menos el último día. La coalición integrada por Sortu, EA, Aralar y Alternatiba explica que la decisión de Goirizelaia es “completamente legal”, que tiene “derecho” a percibir los casi 10.000 euros y que, en su caso concreto, es muy probable que asuma el escaño tras las elecciones.

Se da la circunstancia de que la pasada legislatura el abono de estas prestaciones ya resultó polémico. Como publicó ‘El Mundo’, dos aforadas de Aralar que también llegaron a última hora y ni siquiera llegaron a participar en ningún pleno, Khadijetou Boichiri y Maribel Castelló, solicitaron el dinero. Ninguna de las dos regresó tras las elecciones, por lo que nunca llegaron a trabajar para el Parlamento.

La juez Ana Torres, que investiga la muerte en una carga de la Ertzaintza del joven Íñigo Cabacas, reconoce en su último auto que más agentes de los imputados en este procedimiento judicial pudieron disparar pelotas de goma y que no es descabellado pensar que ertzainas que participaron en aquel operativo de abril de 2012 tras un partido europeo del Athletic pudieron “faltar a la verdad” cuando declararon internamente no haber empleado las escopetas lanzapelotas que tenían asignadas. Sin embargo, pese a estas reflexiones y con la instrucción en prórroga después de que se retrasara hasta diciembre ‘in extremis’ el plazo límite para la práctica de diligencias, la magistrada no adopta ninguna decisión y desestima las peticiones de declaraciones solicitadas por la abogada de la familia, Jone Goirizelaia, que ejerce la acusación particular.

En puertas de la fecha tope para cerrar la causa, el pasado 7 de junio, creció la presión sobre la juez Torres por no haber llevado a buen puerto la investigación en torno a la muerte de Cabacas en cuatro años largos. Hasta el momento hay seis imputados, tres agentes que portaron escopetas aquella noche y que reconocieron haber disparado, dos suboficiales y el oficial que coordinó sobre el terreno el despliegue en el callejón de la calle de María Díaz de Haro, donde se produjeron los hechos.

Desde hace años es conocido que no sólo los tres escopeteros imputados, que vestían de rojo, emplearon el arma. De hecho, compañeros fácilmente identificables por ir de azul también lanzaron pelotas de goma. Al menos siete ertzainas más tenían lanzapelotas. Los propios imputados, al ver que llegaba el final de la investigación y no se interrogaba a alguno de sus compañeros, levantaron la voz en ‘El Correo’ y hablaron claramente de que muchos agentes “mintieron” para no tener que responsabilizarse de la muerte de Cabacas. Ante las evidencias de uso de algunas armas, algunos alegaron incluso que se les había disparado por error en la furgoneta.

La letrada de la familia del joven pidió a la juez que volviese a escuchar a estos agentes a la luz de su entrevista en prensa, pero la magistrada lo descarta. Reconoce que “no resulta novedoso el dato de que aquella noche se utilizaran más armas” que las de los imputados y añade que “puede ser cierto que algunas personas hayan faltado a la verdad” sobre su implicación en la carga policial. Pero entiende que los medios de comunicación no pueden marcar la agenda del procedimiento y que interrogar de nuevo a los imputados no significará conocer “la identidad de la persona que efectuó el disparo fatal”. No ahondará en esa línea de trabajo.

Insistencia de la familia

Así las cosas, a cinco meses de que finalice de nuevo el plazo (y ahora sin posibilidad de prórroga), la investigación por la muerte de Cabacas, técnicamente un “homicidio imprudente” penado con cárcel, no avanza. Fuentes judiciales explican que tampoco se esperan movimientos en verano, por lo que la instrucción se encamina de nuevo a un callejón sin salida.

En este escenario, las posibilidades son dos. Por un lado, podría abrirse juicio oral contra los actuales imputados con las dudas que ya ha mostrado la magistrada (es improbable una sentencia condenatoria más allá de toda duda razonable). La otra opción sería que se decretase el archivo de la causa por falta de autor conocido.

La familia continúa reclamando justicia en distintas instancias y esta misma semana ha acudido al Parlamento Europeo para reclamar que el proceso penal llegue hasta el final. Demanda también que la Ertzaintza, como organización, asuma responsabilidades por la negligencia. Ya quedó probado el absoluto descontrol del armamento antidisturbios en la comisaría de Bilbao, pero la juez tampoco ha admitido las imputaciones de mandos policiales reclamadas desde la acusación particular.

El próximo mes de abril se cumplen cuatro años desde que una pelota lanzada por un ertzaina acabara con la vida del hincha del Athletic Íñigo Cabacas. Tenía 28 años cuando falleció el 9 de abril de 2012 en el hospital tras recibir un pelotazo en la cabeza disparado por un agente de la Ertzaintza (policía vasca). Y cada vez que se acerca la fecha del 5 de abril, cuando Cabacas resultó herido de muerte, sus familiares y amigos exigen justicia y que se depuren las responsabilidades. Este año será el último. La Fiscalía ha trasladado ya a Ana Torres, la jueza bilbaína que instruye la investigación del 'caso Cabacas', que no tiene intención de pedir la declaración de complejidad de la causa, por lo que la instrucción debería finalizar a principios del mes de junio.

Tras la última reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LEC), impulsada por el Gobierno de Mariano Rajoy y que entró en vigor tras su aprobación en diciembre de 2014, se han limitado a seis meses la instrucción de los sumarios judiciales más simples y a 18 meses los más complejos con el objetivo de agilizar la justicia, según anunció entonces el ministro de Justicia, Rafael Catalá. Según los cálculos realizados por la Fiscalía, ese plazo vence en el caso de la instrucción de Cabacas el próximo 7 de junio. Y el ministerio publico tiene claro ya que no va a solicitar la declaración de complejidad de la causa, lo que podría prolongar la instrucción una año y medio más y, en función de los casos y de los condicionantes de complejidad de la causa, otro año y medio.

Según la ley, la potestad de solicitar esa ampliación recae exclusivamente en la Fiscalía y solo en casos muy especiales y tasados -que no parece concurrir en esta investigación- las partes personadas en las causas pueden solicitarlo ante la instructora. La fiscal del caso ha adelantado ya a la titular del Juzgado de Instrucción número 10 de Bilbao su decisión de no pedir la ampliación del plazo y evitar así que se prolongue la instrucción, según han adelantado a eldiarionorte.es fuentes del ministerio público.

“Ya no hay más que investigar”, señalan las mismas fuentes, “es hora de pasar a la siguiente fase: que la jueza instructora decida en última instancia si archiva la causa o abre juicio oral y da traslado a la partes para que informen”. De hecho, en la Memoria de 2015 de la Fiscalía del País Vasco, que dirige el fiscal superior Juan Calparsoro, ya se lamentaba que el caso Cabacas, la muerte del hincha del Athletic en 2012, siga sin resolverse en el juzgado. Lo que, a juicio del ministerio público, además de suponer un “sufrimiento agravado para la familia”, afectaba también a la Ertzaintza, ya que su “modo de funcionamiento policial está en cuestión”.

“Perfeccionismo casi enfermizo”

Pero la instrucción tiene aún cierto recorrido, ya que queda por practicar alguna diligencia que puede aportar luz sobre lo sucedido en el callejón. El próximo 1 de marzo está previsto que declaren los peritos que han realizado un informe complementario al vídeo aportado en la causa en el que supuestamente se identificaría a un ertzaina, vestido de rojo y portando una escopeta, disparando una pelota de goma “compatible” con la posición y la trayectoria que siguió la bola que mató a Cabacas, según la versión mantenida por la letrada de la acusación particular en representación de la familia, Jone Goirizelaia.

Los dos agentes del Cuerpo Nacional de Policía (CNP) que analizaron las imágenes del vídeo número 12, en su declaración del pasado 13 de febrero, precisaron posteriormente esa interpretación y, atendiendo a la transcripción de sus declaraciones, señalaron que la dirección del fogonazo podía tratarse de un efecto visual del vídeo y que en realidad disparaba hacia el lado contrario al lugar donde se encontraba Cabacas. Tanto la fiscal como las defensas se quedaron con esa declaración, pero la instructora, ante la discrepancia con la interpretación de la acusación particular, ordenó una nueva pericial al mismo cuerpo policial para aclararlo. “La jueza es muy trabajadora, minuciosa, incluso con un perfeccionismo casi enfermizo”, señalan fuentes conocedoras del caso, lo cual explicaría esta nueva pericial cuyo informe explicarán los agentes el próximo 1 de marzo.

Goirizelaia ha buscado durante estos años esclarecer lo que había sucedido en el callejón bilbaíno donde cayó Cabacas, pero también determinar las responsabilidades del autor directo de los hechos y de quienes, por encima del autor del disparo, dieron las órdenes y organizaron el operativo. Entre ellos, Jorge Aldekoa, jefe de la Ertzaintza y máximo responsable de la comisaría de Bilbao cuando se produjo la carga policial, y el Ugarteko, el mando que desde la comisaría dio la orden -“le repito las ordenes para que queden bien claras. Se lo acabo de comunicar al suboficial de grupo que está trabajando. Entren al callejón con todo lo que tenemos”- de cargar. No ha logrado imputar a la cadena de mando que esa noche dirigió la carga policial, algo a lo que se ha opuesto la fiscal del caso, Pilar Gómez, y ha razonado también la propia jueza en varios autos. Este puede ser su último cartucho para intentar identificar al autor del pelotazo.

En total en la causa están imputados un total de cinco miembros de la Ertzaintza, dos mandos y los tres agentes (escopeteros) que admitieron haber disparado aquella noche. La última imputación se produjo en mayo de 2014, en concreto el suboficial estaba al mando de una de las furgonetas policiales ubicadas cerca del callejón de la calle María Díaz de Haro donde se produjo la muerte de Cabacas. Los otros imputados, desde noviembre de 2013, son los tres agentes que admitieron ante la jueza haber disparado pelotas de goma y el suboficial de la furgoneta al que pertenecían esos ertzainas.