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La juez asume que más ertzainas de los imputados dispararon... pero no continúa la investigación

La magistrada Ana Torres reconoce incluso que agentes que tenían asignada escopeta "faltaron a la verdad" cuando aseguraron no haber empleado pelotas de goma

Pero rechaza la petición de la familia Cabacas para volver a tomar declaración a los tres agentes procesados para que aporten más información sobre sus compañeros

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Padres de Cabacas piden el mismo trato que a "otras víctimas" y exigen "justicia, verdad, reconocimiento y reparación"

Los padres de Íñigo Cabacas, en un acto de homenaje a su hijo. EFE

La juez Ana Torres, que investiga la muerte en una carga de la Ertzaintza del joven Íñigo Cabacas, reconoce en su último auto que más agentes de los imputados en este procedimiento judicial pudieron disparar pelotas de goma y que no es descabellado pensar que ertzainas que participaron en aquel operativo de abril de 2012 tras un partido europeo del Athletic pudieron “faltar a la verdad” cuando declararon internamente no haber empleado las escopetas lanzapelotas que tenían asignadas. Sin embargo, pese a estas reflexiones y con la instrucción en prórroga después de que se retrasara hasta diciembre ‘in extremis’ el plazo límite para la práctica de diligencias, la magistrada no adopta ninguna decisión y desestima las peticiones de declaraciones solicitadas por la abogada de la familia, Jone Goirizelaia, que ejerce la acusación particular.

En puertas de la fecha tope para cerrar la causa, el pasado 7 de junio, creció la presión sobre la juez Torres por no haber llevado a buen puerto la investigación en torno a la muerte de Cabacas en cuatro años largos. Hasta el momento hay seis imputados, tres agentes que portaron escopetas aquella noche y que reconocieron haber disparado, dos suboficiales y el oficial que coordinó sobre el terreno el despliegue en el callejón de la calle de María Díaz de Haro, donde se produjeron los hechos.

Desde hace años es conocido que no sólo los tres escopeteros imputados, que vestían de rojo, emplearon el arma. De hecho, compañeros fácilmente identificables por ir de azul también lanzaron pelotas de goma. Al menos siete ertzainas más tenían lanzapelotas. Los propios imputados, al ver que llegaba el final de la investigación y no se interrogaba a alguno de sus compañeros, levantaron la voz en ‘El Correo’ y hablaron claramente de que muchos agentes “mintieron” para no tener que responsabilizarse de la muerte de Cabacas. Ante las evidencias de uso de algunas armas, algunos alegaron incluso que se les había disparado por error en la furgoneta.

La letrada de la familia del joven pidió a la juez que volviese a escuchar a estos agentes a la luz de su entrevista en prensa, pero la magistrada lo descarta. Reconoce que “no resulta novedoso el dato de que aquella noche se utilizaran más armas” que las de los imputados y añade que “puede ser cierto que algunas personas hayan faltado a la verdad” sobre su implicación en la carga policial. Pero entiende que los medios de comunicación no pueden marcar la agenda del procedimiento y que interrogar de nuevo a los imputados no significará conocer “la identidad de la persona que efectuó el disparo fatal”. No ahondará en esa línea de trabajo.

Insistencia de la familia

Así las cosas, a cinco meses de que finalice de nuevo el plazo (y ahora sin posibilidad de prórroga), la investigación por la muerte de Cabacas, técnicamente un “homicidio imprudente” penado con cárcel, no avanza. Fuentes judiciales explican que tampoco se esperan movimientos en verano, por lo que la instrucción se encamina de nuevo a un callejón sin salida.

En este escenario, las posibilidades son dos. Por un lado, podría abrirse juicio oral contra los actuales imputados con las dudas que ya ha mostrado la magistrada (es improbable una sentencia condenatoria más allá de toda duda razonable). La otra opción sería que se decretase el archivo de la causa por falta de autor conocido.

La familia continúa reclamando justicia en distintas instancias y esta misma semana ha acudido al Parlamento Europeo para reclamar que el proceso penal llegue hasta el final. Demanda también que la Ertzaintza, como organización, asuma responsabilidades por la negligencia. Ya quedó probado el absoluto descontrol del armamento antidisturbios en la comisaría de Bilbao, pero la juez tampoco ha admitido las imputaciones de mandos policiales reclamadas desde la acusación particular.

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