El 'popular' Javier Moliner se ha despedido de la presidencia de la Diputación de Castellón con “la serenidad de la conciencia tranquila, con la responsabilidad del honor recibido, con la satisfacción por el trabajo realizado, con la emoción de dejar grandes amigos, con la pasión por esta tierra extraordinaria y con la gratitud infinita a todos los que nos han ayudado a hacer las cosas lo mejor posible”.

Así se ha pronunciado este martes Moliner, que ha presidido la institución provincial durante ocho años, en el pleno extraordinario de aprobación de actas que se ha celebrado en el Palacio Provincial, último de la presente legislatura.

Javier Moliner, que ya anunció hace tiempo que abandona la política, ha señalado que el de hoy era un pleno importante para él “por lo que supone de cerrar un ciclo”, y -ha dicho- “en la vida uno tiene derecho a convertir en importante lo que para él lo es”.

Al respecto, ha apuntado que cierra un ciclo de ocho años en los que cuando llegó a la institución, en 2011, esta sociedad “estaba inmersa en una crisis económica, social, reputacional, identitaria” y se propusieron trabajar para intentar aportar su grano de arena “para que aquello cambiara, y nos hemos dedicado a trabajar durante estos ocho años”.

Según ha explicado, primero se dedicaron a “apuntalar” la institución para luego “poderla proyectar y transformar en aquello que queríamos, es decir, que fuese una herramienta útil para la sociedad”. “Nunca buscamos una Diputación protagonista, sino una provincia protagonista que tuviese una Diputación útil para ayudarle a serlo”, ha añadido.

Moliner ha dado las gracias a aquellos “que han hecho posible que eso sucediera” y, en este caso, ha dicho que el mérito es colectivo, “de toda la gente que ha trabajado durante estos ocho años en el seno de los equipos de gobierno que han aguantado esta presidencia” y del resto de diputados.

“Hemos sido mucho mejores gracias a las aportaciones de la oposición y algunas de las grandes y buenas cosas que ha hecho esta casa las ha hecho gracias a ideas de la oposición, y creo que lo hemos hecho con sinceridad teniendo claro todos que estábamos sumando para un proyecto colectivo”, ha subrayado el 'popular', quien ha reconocido a los diputados de la oposición “el mérito de aceptar el consenso desde una oposición que tiene ganas y ansias de alcanzar el poder y un legítimo interés de desgaste al gobierno”.

También ha reconocido el trabajo de los funcionarios y del gabinete de presidencia, y ha dado las gracias a los alcaldes y alcaldesas, “en los que ha encontrado siempre una colaboración leal o una mirada cómplice, pues una gran parte de lo que hemos conseguido lo hemos hecho a través de los ayuntamientos”. “Mi gratitud hacia todos ellos, y especialmente hacia los que no cobran por ser alcaldes”, ha dicho.

Asimismo, Moliner ha agradecido el trabajo de los medios de comunicación “que han sido correa de transmisión necesaria durante estos años, pues no tiene sentido hacer nada si no se cuenta, y contarlo necesita la complicidad de unos medios”. También ha tenido un recuerdo para los medios que en estos años “han perdido el espacio para poderlo contar porque es fundamental que una sociedad mantenga vivos todos los espacios para poder contar las cosas que suceden”.

Finalmente, ha dado las gracias a los ciudadanos “que nos han permitido compartir con ellos una reflexión, una conversación o simplemente una mirada de ánimo o de crítica”.

El Ministerio de Fomento ha comunicado en poco más de una semana de diferencia a los presidentes de las diputaciones de Alicante y de Castellón, César Sánchez y Javier Moliner -ambos del PP-, que dejarán de ser vocales de las autoridades portuarias de las respectivas ciudades.

Tanto Sánchez como Moliner ocupaban plazas de vocales en los consejos de administraciones de las autoridades portuarias dentro de la cuota correspondiente al estado, y tras el cambio de color de gobierno al pasar del PP al PSOE Puertos del Estado ha despachado a ambos representantes populares.

Ambas gobiernos provinciales han protestado por las medidas. Así el portavoz del equipo de Gobierno de la Diputación de Alicante, Carlos Castillo, ha tachado la decisión de “error inadmisible” del que ha culpado al presidente de la Generalitat, Ximo Puig, que, a su modo de ver, ha actuado “en connivencia” con el Gobierno central de Pedro Sánchez.

Por su parte el presidente de la Diputación de Castellón será apartado tras siete años en el consejo de administración, según informa el diario Levante-EMV. Javier Moliner ha formado parte de la Autoridad Portuaria de Castellón desde que fue elegido presidente de la corporación provincial en 2011, en representación de la Generalitat, entonces gobernada por el PP; en 2015 el nuevo gobierno autonómico progresista lo apartó de su cuota, pero lo repescó el gobierno del PP de Rajoy que lo mantuvo en el consejo de administración.

Tras estas medidas el Ayuntamiento de Alicante, en manos del PP, ha anunciado que cederá su representación al presidente de la diputación alicantina, reubicación con la que no podrá contar su homólogo castellonense, ya que la capital de la Plana actualmente está en poder de los socialistas.

Entre grandes elogios a Javier Moliner, actual líder del PP de Castellón e implícitos reproches a Carlos Fabra, presidente de la formación desde mediados de los años 90 hasta 2011. Así presentó el martes Miguel Barrachina su candidatura a liderar el partido ante los medios de comunicación en Castellón.Barrachina, diputado en el Congreso y concejal en Segorbe, es de momento el único candidato a dirigir el partido después de que Moliner anunciara hace unos días que no se presentará a la reelección.

Preguntado por la herencia de Carlos Fabra, que actualmente cumple condena por delitos de fraude fiscal, Barrachina afirmó que hubo una bajada de militantes y votos después de su mandato. Afirmó que en la actualidad está habiendo “un retorno de gente que se marchó justamente enfadada porque hicimos cosas mal” y que ahora “está volviendo a confiar en nosotros”.

“Llega un momento en que tienes una penalización máxima, merecida, y después ves que efectivamente la gente vuelve a confiar en ti”, afirmó, en relación a la pérdida de votos en las últimas elecciones municipales. Una tendencia que está cambiando, según afirmó: “Desde entonces se nota una recuperación, no solo en intención y en resultado en votos, sino también de afiliados”.

“Difícil” que haya una candidatura 'fabrista'

Barrachina afirmó que ha habido un “ejercicio de renovación” que se vio plasmado en “la mala relación que hubo en la última etapa entre nuestro actual líder y el previo”. Esto “indica que hemos hecho un ejercicio intenso de cambios”, tanto que si se observa “una foto”, es evidente que “lo que había hace seis años o hace cinco y lo actual no tiene nada que ver”. Preguntado por la posibilidad de que los partidarios de Fabra articulen una candidatura alternativa a la suya, lo consideró “difícil”.

El diputado afirmó que tiene el visto bueno del PP nacional para compatibilizar su cargo de diputado con el de presidente del partido en la provincia, en el caso de que consiga el cargo. Explicó que pretende que el proceso de elección del nuevo líder sea “participativo”. Por eso, cualquier militante podrá presentarse con sólo 50 avales.

La votación será el 11 de mayo. El congreso en el que se aclamará al nuevo líder será el 3 de junio en Peñíscola. De momento, ningún otro militante ha anunciado su candidatura. Según fuentes internas del partido, no se prevé que nadie lo haga.

En cuanto a sus objetivos, afirmó que pretende “o bien una renovación o bien una reafirmación” en las juntas locales para conseguir mejorar los resultados electorales de 2015. Recordó que su partido ganó en “un centenar” de los 135 municipios de la provincia pero solo gobierna en 70. Barrachina aspira a que “el Partido Popular convierta ese centenar de victorias electorales que obtuvimos en las elecciones municipales en gobiernos”.

Javier Moliner, presidente de la Diputación de Castellón, se enfrentó ayer a numerosas críticas hacia sus medidas para frenar la despoblación de los municipios del interior de la provincia. El programa “Repoblem”, que agrupa la actividad de la institución en la materia, recibió quejas, entre otros, de Ramsés Ripollés, alcalde de Morella, que lo tachó de “fracaso”, y de Aitor Balfagón, primer edil de Argelita, que lo calificó de “paliativo”.

Los dos munícipes hicieron sus intervenciones a lo largo de la III Cumbre de Alcaldes, organizada por la Diputación de Castellón y celebrada el miércoles por la tarde. Al acto acudieron casi 130 alcaldes. De ellos, unos 30 formularon preguntas al presidente Moliner, que las contestó una a una a lo largo de las tres horas que duró el encuentro. Los ediles no tenían opción a réplica, lo que causó malestar en algunos de ellos.

“Titulares poco efectivos” 

El programa Repoblem está dotado con 30 millones de euros e intenta frenar el despoblamiento en los pueblos pequeños. Contempla acciones como un incentivo de 600 euros por nacimiento o adopción, unidades “Respira” (centros de apoyo a las familias con ancianos a su cuidado), becas y acciones para el fomento del empleo.

“Son medidas que pueden parecer bonicas en los titulares pero al final tienen poca efectividad”, afirmó Ripollés. “Tener tres meses a una persona con trabajo no lucha contra la despoblación. Y no sé qué pareja va a traer un hijo al mundo a cambio de 600 euros. Creo que no es una medida útil”, dijo Balfagón. “Me han gustado mucho sus palabras. Como representante de una comarca del interior, lo que quiero es notarlas”, espetó Rafael Magdalena, alcalde de Segorbe.

En sus respuestas a cada uno de los alcaldes, Moliner reconoció que “las medidas de Repoblem son solo paliativas, soy consciente”. Aceptó que “los resultados no han sido los deseados” y anunció una nueva cumbre centrada en la despoblación, que es “uno de los grandes retos de esta tierra”. Moliner explicó que el 80% de los habitantes de la provincia viven en el 20% del territorio.

Sin respuesta sobre los convenios singulares 

El presidente provincial recibió varias felicitaciones y agradecimientos por la actuación de la Diputación frente al temporal de nieve del pasado mes en los municipios del interior, y también por su programa de subvenciones a los municipios “Plan 135”. Se enfrentó a preguntas sobre variados temas, como las pérdidas de los agricultores por la mala cosecha de cítricos, el sector de la cerámica o los retrasos en infraestructuras como el corredor mediterráneo.

Moliner, sin embargo, no respondió a al menos dos preguntas sobre los convenios singulares. Se trata de subvenciones que se otorgan a determinados municipios sin que haya unos criterios reglados y objetivos. David García, alcalde de Nules, pidió que esta figura desaparezca. Explicó que en 2017 los municipios gobernados por el PP han conseguido el 76% de estos convenios, cuando “la realidad es que gobiernan poco más del 50% de los pueblos, y la población que representan no alcanza ni al 30% de la provincia”.

Sin respuesta, tampoco en redes sociales 

Moliner no contestó a esta pregunta, que fue formulada por al menos otro munícipe durante la cumbre. “Las instituciones son buenas o malas por cómo hacen las cosas, no por si me dan un convenio o no me lo dan” fue la única alusión que el presidente provincial hizo al asunto durante su respuesta a García. Más tarde, fuentes de la Diputación explicaron que este tipo de convenios sólo se conceden para gastos extraordinarios que no pueden entrar en ninguna otra convocatoria y afirmaron que esta figura se utiliza cada vez menos.

Por su parte, en la misma tarde del miércoles García planteó esa misma pregunta en Twitter, aunque de momento no ha obtenido respuesta. Los convenios singulares han sido criticados por la oposición en numerosas ocasiones con argumentos parecidos a los suyos.

Un nuevo texto legal para concretar de qué territorios y servicios se encarga la Diputación de Castellón, y de cuáles la Generalitat Valenciana en materia social. Ese es el proyecto que este martes anunciaron Mónica Oltra, vicepresidenta autonómica, y Javier Moliner, presidente provincial, en una comparecencia conjunta en Castellón, después de una hora de reunión. “Vamos a sentarnos y normativizar quién se encarga de qué y cómo”, detalló Oltra.

Para ello, ambas instituciones acordaron crear una mesa de coordinación. Está por concretar la periodicidad con la que se reunirá este órgano, así como sus componentes, o si será algo temporal o permanente. “La idea es tener una estabilidad, una cotidianidad, que haya un trabajo sostenido”, explicó Oltra. “Lo importante es generar una interlocución permanente (...) que puede ser con reuniones, con llamadas o con correos electrónicos”, afirmó Moliner.

Fijar la población en el medio rural

Oltra recordó que existe ya una “mapificación” de los recursos en materia social que ofrece la Generalitat desde el pasado mes de abril, de manera que el ciudadano puede consultar qué recursos tiene cerca de su residencia. Una de las tareas que se manejan para esta mesa de coordinación es que este mapa integre también los servicios de la administración provincial. Además, se establecerán cuáles son las necesidades y prioridades de cada zona en materia social “no en función del color político, en esto estamos de acuerdo el presidente y yo, sino de datos objetivos”

Se trata de que existan servicios, como residencias para la tercera edad o puntos de información para mujeres, repartidos por todo el territorio. De esta manera, se pretende evitar el despoblamiento del medio rural, una preocupación que tanto Oltra como Moliner sitúan entre sus prioridades, según afirmaron.

Ambiente de colaboración

El centro socio educativo “Penyeta Roja” fue otro de los asuntos tratados en la reunión. El complejo alberga un establecimiento de acogida para menores. Oltra anunció que están buscando familias que puedan acoger a los niños de cero a seis años, en torno a una docena, dentro de la campaña “Mejor en familia, acoger es vivir”. “Porque los niños donde mejor están es en una familia, no en una institución”, explicó la vicepresidenta.

La comparecencia de Oltra y Moliner transcurrió en un ambiente de amabilidad extrema, en contraste con los conflictos que ambas instituciones han tenido en los últimos tiempos. Ambos dirigentes evitaron ahondar en estos desencuentros a pesar de las preguntas de la prensa. Moliner pasó de puntillas por el recuerdo de sus quejas pasadas sobre el programa Xarxa Llibres: “Ya lo dije entonces y no lo voy a repetir ahora”.

Por su parte, Oltra confió en la colaboración de la Diputación en la investigación sobre las irregularidades presuntamente cometidas en el Hospital Provincial, del que afirmó que fue utilizado para “perpetuarse en el poder y generar una red clientelar (...). Hubo un saqueo organizado (...) y entiendo que todas las instituciones están de acuerdo en que eso se tiene que arreglar”. “Creo que la Justicia pondrá mucha luz sobre todo eso”, concluyó.

La Diputación de Castellón vive momentos de cambio. Atrás quedaron las polémicas y las descalificaciones, producto de intensos y excelsos debates, al más puro estilo de la vieja política. El acuerdo histórico de hace unas semanas para aprobar los presupuestos de 2017 (sólo Castelló en Moviment votó en contra) ha sentado un precedente de armonía y cordialidad que amenaza con instalarse durante el resto de la legislatura. El espacio de diálogo abierto por el Partido Popular ha tenido una nueva consecuencia en la gestión de los fondos públicos. Todos los partidos políticos han aprobado por unanimidad el Plan Provincial de Cooperación de Obras y Servicios, lo que comúnmente se conoce como Poys, para el próximo año por un importe de 12 millones de euros.

La decisión del PP de volver a incluir a los municipios de más de 20.000 habitantes no sólo ha implicado un respaldo absoluto de la oposición, sino que también ha conllevado la retirada por parte del PSPV-PSOE de la denuncia que había interpuesto contra la institución por los Poystras el verano. Las siete localidades que se benefician con la corrección del equipo de gobierno, más allá de aportar el peso demográfico en la provincia, presentan una característica en común:sus ayuntamientos están controlados por corporaciones progresistas desde las elecciones de 2015. Castellón, Vila-real, Vinaròs, Benicarló, Almassora, La Valld’Uixó y Burriana tienen al Partido Popular en la oposición. Ese matiz compositivo, en relación a legislaturas anteriores, había sido motivo de exclusión en 2016, pero ya no lo será para 2017. Dichas poblaciones, en función de sus habitantes, recibirán subvenciones de entre 225.000 euros y 150.000 euros.

La afinidad en el pleno ordinario de diciembre también ha marcado la sesión extraordinaria sobre el Debate del Estado de la Provincia, que se ha celebrado inmediatamente después. El presidente de la diputación, Javier Moliner, se ha contenido a la hora de exaltar los logros conseguidos. Ha evitado triunfalismos, ha hecho autocrítica y ha reclamado el apoyo del resto para elevar el tono reivindicativo ante la Generalitat y el Gobierno central. En este sentido, ha reiterado que “queremos infraestructuras del siglo XXI”, insistiendo en la llegada del AVE, la gratuidad de la AP-7 y la potenciación de los vuelos en el aeropuerto. La oposición igualmente se ha reprimido en sus reproches. La avenencia sólo se ha roto cuando se ha hablado del Hospital Provincial.

Mientras CsenMov, en boca de su diputado Iñaki Vallejo, ha solicitado una revisión del modelo de gestión del Consorcio y de la Fundación;Compromís, por Xavier Trenco, ha afedado al PP y a la Generalitat su “enfrentamiento”; el portavoz del PSPV, José Benlloch, ha pedido transparencia “para no ocultar el pasado y saber lo que ha ocurrido (en relación a las irregularidades cometidas en la época de Carlos Fabra)”; y Ciudadanos ha reclamado un esfuerzo institucional “para que dejen de salir continuamente noticias negativas”, según ha subrayado su representante, Cristina Garbarda. La respuesta del equipo de gobierno, por medio de su vicepresidente primero, Vicent Sales, ha delatado que en el tema del Hospital Provincial hará falta mucho tacto para llegar a un punto de encuentro: “La Conselleria está buscando facturas de 2003 cuando las mujeres no pueden hacerse mamografías en 2016”.

Los presidentes de la Generalitat Valenciana y la Diputación de Castellón, Ximo Puig y Javier Moliner, respectivamente, abogan por abrir un espacio de consenso para garantizar la calidad asistencial del Hospital Provincial. Sin olvidar sus divergencias por las irregularidades cometidas hasta 2015, bajo los diferentes gobiernos del Partido Popular, creen necesario buscar una mejora en la gestión sanitaria a partir del diálogo. Es por ello que se marcan como un desafío “encontrar soluciones”, pero siempre “desde la legalidad vigente”, como ha puntualizado el jefe del Consell.

Esa buena sintonía pretende rebajar la intensa porfía de los últimos meses, con cruces de amenazas y denuncias, generando incertidumbre tanto entre los ciudadanos como en los propios funcionarios públicos. En este sentido, Puig se ha mostrado muy claro y ha insistido en que “desde el diálogo buscamos el menor impacto posible para los trabajadores”, en claro alusión al futuro de la plantilla después de las últimas decisiones, no renovando a siete empleados eventuales.

El reto de encontrarse en el camino para mantener, e incluso elevar, el nivel de atención del Hospital Provincial de Castellón se ha convertido en compromiso público con ocasión de la firma del convenio para establecer 16 brigadas forestales en la provincia durante 2017, con el propósito de potenciar la prevención de incendios.

“No debe existir más línea roja que buscar el mejor servicio para los ciudadanos. Es obvio y ciertas nuestras diferencias, pero es más importante garantizar la calidad asistencial”, ha subrayado Moliner.

Puig ha ido más allá en la declaración de intenciones y ha incidido en la necesidad de “perseguir el objetivo del interés general”. Por este motivo, ha rechazado aquellas voces críticas que acusan al bipartido en la Generalitat (PSPV-PSOE y Compromís) de implantar un nuevo modelo en la gestión del centro sanitario para limitar los movimientos de la diputación en el Consorcio. “No se trata de comenzar de cero cada vez que hay un cambio de gobierno. Lo que hay que hacer es mejorar. Todo lo que está bien darle la máxima dimensión, buscando soluciones a través de los espacios de consenso”.

Las facturas de dudosa justificación del Hospital Provincial de Castellón emitidas hasta 2015 amplían su tiempo de emisiones y se remontan ya hasta 2003, incrementando así con 7,7 millones más los recibos sospechosos que se destaparon en junio, alncanzando así casi los 33 millones de euros.

Según avanza la Cadena SER, las empresas emisoras son Piaf, cuyo propietario reconoció haber financiado al PP dentro de la trama Gürtel, con 2,6 millones entre 2003 y 2005, y también el grupo Domo, con 5,1 millones en facturas sin contrato hasta 2015.

La Conselleria de Sanidad Universal, ante estos hechos, ha ampliado su denuncia ante la Fiscalía de Corrupción por supuesto fraude en la gestión del hospital provincial. Así, el director de Recursos Humanos de Sanidad señala que pagar estas facturas sin contrato es una “clara transgresión del procedimiento” legal y “constitutivo de ilícitos penales”.

El concepto de las facturas está en cuestión, ya que se trata de coumentos genéricos con explicaciones como “trabajos realizados en diversas zonas del hospital”, sin más especificaciones; otros eran facturas mensuales como “mantenimientos preventivos”, todos estos últimos con la misma cantidad: 13.333 euros. Otros conceptos señalaban “suministro de material” sin concretar qué tipo de material. Algunos de los trabajos supuestamente realizados por estas empresas llegaban a ser de 70.000 euros.

Este supuesto fraude no afecta únicamente al condenado expresidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra. También llega a su sucesor y actual presidente provincial, Javier Moliner (PP), ya que el periodo de investigación llega hasta el fin de la pasada legislatura, gobernada por Moliner.

Además, las responsabilidades también afectan a la Generalitat Valenciana del PP ya que el consorcio del Hospital Provincial de Castellón está codirigido por la Conselleria de Sanidad y la Diputación de la provincia castellonense. Hay que destacar que durante este periodo presidieron la Generalitat Francisco Camps y Alberto Fabra, teniendo como consellers de Sanidad a tres imputados en la Gürtel: Vicente Rambla, Manuel Cervera y Luis Rosado. Por otro lado, estaban Rafael Blasco, en prisión por el 'caso Cooperación', además de Manuel Llombart, el último conseller popular con Fabra.

El PSPV-PSOE en la Diputación de Castellón ha anunciado que acudirá a los tribunales si el presidente de la institución, Javier Moliner (PP), persiste en no incluir en el orden del día de la próxima convocatoria de la Comisión de Transparencia la moción sobre las presuntas irregularidades en el contrato de alquiler de unos terrenos entre el Hospital Provincial y el expiloto Álex Debón, siempre con el beneplácito de Carlos Fabra, para la construcción de un centro sanitario de día en La Vall d’Uixò.

Según ha asegurado el portavoz socialista, José Benlloch, la decisión se ha tomado tras la actitud del equipo de Gobierno en la reunión de esta mañana, en la que el Partido Popular ha mantenido su negativa a debatir la creación de una comisión especial de investigación sobre el caso Debón, medio año después de que se presentara la primera petición a través de una moción en mayo y que, por el silencio del PP, se volvió formular de nuevo por escrito en septiembre y octubre, incluso en la Junta de Portavoces.

En opinión de Benlloch, el PP “está incumpliendo el Reglamento de Organización Municipal, al tiempo que está amputando los métodos de participación de los grupos políticos”. En este sentido, ha advertido que “una vez presentada la moción, la comisión tiene la obligación de tratar el tema y elevarla a pleno para su debate”.

El Grupo Socialista ha calificado de “muy grave que los ciudadanos no tengan derecho de saber qué paso”. Así, el portavoz del principal partido de la oposición ha acusado a Moliner de “bloquear y secuestrar” la Diputación de Castellón en beneficio de “sus propios intereses y para proteger al PP”, ya que con el veto se imposibilita “la fiscalización del equipo de Gobierno”. Por ello, ha pedido a los diputados populares que forman parte del Consorcio que “dimitan si no saben lo que está pasando en el Hospital Provincial ni son capaces de dar las explicaciones”.

En el mismo sentido, Benlloch ha lamentado que tampoco se hayan tratado la moción presentada durante el pasado mes respecto a la convocatoria de la Convención de Alcaldes, así como el debate sobre el Estado de la Provincia.

El que és bo per a una província també ho pot ser per a les altres dues. Amb aquesta filosofia les diputacions de Castelló, València i Alacant, sense importar els colors polítics, han acordat desplegar una estratègia comuna de treball, basada en tres eixos fonamentals: joventut, recaptació (impostos) i igualtat. L’objectiu principal de la cooperació rau a millorar la qualitat de vida dels ciutadans, però sempre aplicant criteris de vertebració i sense entrar en polèmiques amb la Generalitat Valenciana. Almenys, així ho asseguren els promotors del pacte. “No volem cap pugna, simplement pretenem demostrar que amb voluntat es poden fer coses bones per a la gent”, ha remarcat César Sánchez (PP), president de la institució alacantina.

“Les administracions no estan per a competir, sinó per a cooperar”, ha advertit el president de la Diputació de València, Jorge Rodríguez (PSPV). “Tenim l’obligació de treballar de manera lleial per a millorar la qualitat de vida dels ciutadans, siga quin siga el nostre color polític”, ha afegit el socialista, que considera que “no hauria de ser notícia” que els tres presidents de les diputacions treballaren de manera coordinada: “Aquest és el primer pas d’un camí molt llarg i profitós per als veïns”.

Primera cimera per a assentar les bases de les polítiques

La primera cimera interprovincial, celebrada a la capital de La Plana, ha servit per a assentar les bases de les polítiques dirigides als joves, fonamentades en oportunitats, voluntariat per a recollir les inquietuds socials i oci. “A través de la coordinació, de manera conjunta i transversal, volem que la gestió del talent de la joventut repercutisca en el seu territori”, explica el titular de la Diputació de Castelló, Javier Moliner (PP), que incideix en la importància dels festivals de música com a aparador. “Volem que els guanyadors dels certàmens puguen tenir oportunitats en les altres províncies”, matisa.

La trobada entre els tres presidents provincials de la Comunitat també ha servit per a posar de manifest la necessitat de potenciar eines de modernització en la prestació de serveis públics.

La cita següent s’esdevindrà a Alacant, on es posarà damunt de la taula l’eficàcia recaptadora. València tancarà el cercle de reunions. El socialista Jorge Rodríguez, en qualitat d’amfitrió, explicarà les innovadores mesures en igualtat desplegades fins a la data perquè puguen copiar-les i aplicar-les les altres dues províncies.

Lo que es bueno para una provincia también lo puede ser para las otras dos. Con esta filosofía las diputaciones de Castellón, Valencia y Alicante, sin importar los colores políticos, han acordado desarrollar una estrategia común de trabajo, basada en tres ejes fundamentales: juventud, recaudación (impuestos) e igualdad. El objetivo principal de la cooperación reside en mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, pero siempre aplicando criterios de vertebración y sin entrar en polémicas con la Generalitat Valenciana. Al menos, así lo aseguran los promotores del pacto. “No queremos ninguna pugna, simplemente pretendemos demostrar que con voluntad se pueden hacer cosas buenas para la gente”, ha recalcado César Sánchez (PP), presidente de la institución alicantina.

“Las administraciones no están para competir sino para cooperar”, ha advertido el presidente de la Diputación de Valencia, Jorge Rodríguez (PSPV). “Tenemos la obligación de trabajar de forma leal para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, sea cual sea nuestro color político”, ha añadido el socialista, quien considera que “no debería ser noticia” que los tres presidentes de las diputaciones trabajasen de forma coordinada: “Éste es el primer paso de un camino muy largo y provechoso para los vecinos”.

Primera cumbre para sentar las bases de las políticas

La primera cumbre Interprovincial, celebrada en la capital de La Plana, ha servido para sentar las bases de las políticas dirigidas a los jóvenes, cimentadas en oportunidades, voluntariado para recoger las inquietudes sociales y ocio. “A través de la coordinación, de forma conjunta y transversal, queremos que la gestión del talento de la juventud repercuta en su territorio”, explica el titular de la Diputación de Castellón, Javier Moliner (PP), quien incide en la importancia de los festivales de música como escaparate. “Queremos que los ganadores de los certámenes puedan tener oportunidades en las otras provincias”, matiza.

El encuentro entre los tres presidentes provinciales de la Comunidad también ha servido para poner de manifiesto la necesidad de potenciar herramientas de modernización en la prestación de servicios públicos.

La siguiente cita se celebrará en Alicante, donde se pondrá encima de la mesa la eficacia recaudatoria. Valencia cerrará el círculo de reuniones. El socialista Jorge Rodríguez, en calidad de anfitrión, explicará las innovadoras medidas en Igualdad desarrolladas hasta la fecha para que puedan ser copiadas y aplicadas por las otras dos provincias.

Match Golf Consulting, dirigida por María José Marijuán, testaferro de Francisco Granados en el ‘caso Púnica’, siguió facturando a la Diputación de Castellón una vez finalizado el convenio para organizar el Castellón Masters Costa de Azahar entre 2008 y 2011 en el Club de Campo del Mediterráneo, gestionado por Carlos Fabra. La documentación aportada por Compromís ante la Fiscalía Anticorrupción demuestra que, bajo la presidencia de Javier Moliner (PP), se produjo una nueva adjudicación a mediados de 2012.

El 19 de julio de ese año el diputado de Turismo, Andrés Martínez, actualmente vicepresidente segundo de la institución provincial, firmó el acuerdo por delegación del presidente. El objeto del expediente era el patrocinio del torneo Castellón Alps Comunidad Valenciana, visto que “Match Golf Consulting es la única organizadora, según contrato privado suscrito el 28 de febrero de 2012 con Alps Tour Golf Association, por importe de 20.000,00 euros, más 4.200,00 de IVA., con sujeción al pliego de condiciones que rige para su contratación, autorizando el gasto con cargo al presupuesto del ejercicio 2012 (operación contable 1.545)”, según número de registro 2.192.

La competición se celebró entre el 15 y el 20 de octubre en el club Panorámica de Sant Jordi, reuniendo a 102 jugadores de 12 nacionalidades diferentes. En aquella época Luis Tena, amigo personal de Fabra y durante varias legislaturas uno de los vicepresidentes de la diputación, ocupaba la alcaldía del municipio.

Moliner, que asumió la presidencia de la Diputación de Castellón el 23 de junio de 2011, negó en el pleno de este martes haber beneficiado a alguna empresa vinculada a casos de corrupción. Ante las acusaciones de la oposición respecto a los pagos realizados en octubre de 2011 a Match Golf Consulting, se defendió culpando a su antecesor en el cargo y al expresidente de la Generalitat Valenciana, Francisco Camps, por la herencia recibida.“Fueron pagos de unos contratos firmados antes de mi llegada a la presidencia. Por tanto, debía cumplir con unas obligaciones ya comprometidas”, subrayó.

Pero no acabó ahí su alegato. “Nunca he elegido una empresa, ni he adjudicado una empresa ni he querido desarrollar ningún acontecimiento de este tipo. Nada hará cambiar mi forma de caminar desde la rectitud, ejemplaridad y transparencia. No tengo nada que ocultar. El único mérito que tengo en mi currículum es haber acabado con ese contrato (en referencia a Match Golf Consulting)”, finalizó.

El presidente de la Diputación de Castellón, Javier Moliner, culpa a su antecesor en el cargo, Carlos Fabra, y al extitular de la Generalitat Valenciana, Francisco Camps, del pago bajo su mandato de 382.682 euros a Match Golf Consulting, empresa dirigida por María José Marijuán, testaferro de Francisco Granados dentro del ‘caso Púnica’. En octubre de 2011, la institución provincial abonó a dicha sociedad dos facturas por un importe cada una de 128.000 euros (el día 14) y 254.682 euros (el 25 de octubre) por la organización del Master de Golf Costa de Azahar.

Según ha explicado Moliner en el pleno de la diputación, “fueron pagos de unos contratos firmados antes de mi llegada a la presidencia. Por tanto, debía cumplir con unas obligaciones ya comprometidas”. No obstante, como le ha precisado el portavoz del PSPV, José Benlloch, “la adjudicación se produjo el 27 de julio de 2011”.

La sesión ordinaria ha transcurrido sin mayor novedad hasta que ha llegado el turno de ruegos y preguntas, en el que el grupo socialista y Compromís han pedido explicaciones al líder del PP por los casos de corrupción en la provincia. En este sentido, Moliner ha lanzado balones fuera respecto a las irregularidades cometidas en la facturación del Hospital Provincial entre 2006 y 2015, bajo los gobiernos del Partido Popular, por una cuantía de 25 millones de euros tal cual figura en la denuncia realizada por la Conselleria de Sanidad ante la Fiscalía Anticorrupción.

Moliner no ha querido entrar en el debate, ni siquiera cuando se le ha recordado que en 2014 impulsó, desde su condición de vicepresidente del Consorcio Hospitalario Provincial, la destitución al completo del equipo técnico, incluidos el director gerente y el director económico, cargo éste ocupado por Miguel Llorens, al que el propio líder popular auspició ese mismo año hasta la secretaría general del PP en la agrupación local de Benicàssim. Esa maniobra, en opinión de Benlloch, evidencia que “existía una relación fluida entre ambos, por lo que usted estaba lo suficientemente informado de lo que ocurría”, le ha reprochado.

El presidente de la diputación se ha limitado a responder que “yo no tomé la decisión sino el Consejo de Gobierno, y se hizo porque había que darle un aire nuevo a la dirección”

La consellera de Sanitat, Carmen Montón, ha proposat aquest dilluns al Consorci Hospitalari Provincial la creació d’un organisme intern de control per a gestionar l’Hospital Provincial de Castelló i posar fi al que ha qualificat com un “cortijo”. L’anunci l’ha fet durant la reunió extraordinària convocada per a informar sobre la presentació, per la Generalitat Valenciana, d’una denúncia davant de la Fiscalia Anticorrupció arran d’haver detectat irregularitats en la facturació per un import de 25 milions d’euros entre els anys 2006 i 2015.

A la convocatòria no ha acudit el president de la Diputació de Castelló, Javier Moliner (PP), a pesar de la seua condició de vicepresident en el Consell de Govern del Consorci, segon càrrec en importància després de la Presidència, detinguda en l’actualitat per Montón com a consellera de Sanitat. Segons fonts de la institució provincial, la citació a la reunió no s’ha produït amb prou antelació, de manera que el líder popular no ha pogut ajornar una trobada amb empresaris de Vila-real organitzada a la mateixa hora.

Per tant, Montón s’ha quedat sense la possibilitat de “demanar explicacions a Moliner” per les anomalies en la gestió econòmica de l’Hospital Provincial de Castelló. No debades, segons ha recordat, les irregularitats es van cometre “quan el Consorci estava dirigit pel conseller Manuel Llombart i pel president de la diputació. Ells eren els màxims responsables del que passava, i no solament parle de Carlos Fabra, sinó també de Javier Moliner”.

En aquest sentit, la consellera de Sanitat ha titlat d’“absurd” que el PP, al capdavant de la institució provincial, sol·licite les factures del període 2006-2015 quan llavors governava tant la Diputació com la Generalitat. “S’ha acabat que açò siga un cortijo i una paradeta. A partir d’ara acabaran els embolics en l’Hospital Provincial, perquè hem vingut a posar-hi ordre”, ha sentenciat.

La consellera de Sanidad, Carmen Montón, ha propuesto este lunes al Consorcio Hospitalario Provincial la creación de un organismo interno de control para gestionar el Hospital Provincial de Castellón y poner fin a lo que ha calificado como un “cortijo”. El anuncio lo ha realizado durante la reunión extraordinaria convocada para informar sobre la presentación, por parte de la Generalitat Valenciana, de una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción tras detectar irregularidades en la facturación por un importe de 25 millones de euros entre 2006 y 2015.

A la convocatoria no ha acudido el presidente de la Diputación de Castellón, Javier Moliner (PP), a pesar de su condición de vicepresidente en el Consejo de Gobierno del Consorcio, segundo cargo en importancia después de la presidencia, ostentada en la actualidad por Montón como consellera de Sanidad. Según fuentes de la institución provincial, la citación a la reunión no se ha producido con la suficiente antelación, de manera que el líder popular no ha podido aplazar un encuentro con empresarios de Vila-real organizado a la misma hora.

Por tanto, Montón se ha quedado sin la posibilidad de “pedir explicaciones a Moliner” por las anomalías en la gestión económica del Hospital Provincial de Castellón. No en vano, según ha recordado, las irregularidades se cometieron “cuando el Consorcio estaba dirigido por el conseller, Manuel Llombar, y por el presidente de la diputación. Ellos eran los máximos responsables de lo que estaba sucediendo, y no solo hablo de Carlos Fabra, sino también de Javier Moliner”.

En este sentido, la consellera de Sanidad ha tildado de “absurdo” que el PP, al frente de la institución provincial, solicite las facturas del periodo 2006-2015 cuando entonces gobernaba tanto la diputación como la Generalitat. “Se acabó que esto sea un cortijo y un chiringuito. A partir de ahora van a terminar los líos en el Hospital Provincial, porque hemos venido a poner orden”, ha sentenciado.

Castelló en Moviment i Compromís exigeixen al Partit Popular de la Diputació de Castelló que done explicacions sobre l’adquisició de quatre tot terrenys de gamma alta, marca Land Rover Discovery, destinats a càrrecs del Consorci Provincial de Bombers. Totes dues formacions demanen saber quins criteris s’han seguit per a fer un desembossament de 128.000 euros (sense IVA) i que ha estat amagat per la institució que presideix Javier Moliner.

La diputada de CsenMov, Anna Peñalver, titla de “greuge a la ciutadania” la despesa i blasma al PP que “la prioritat d’un servei públic no poden ser els privilegis de què gaudisquen alguns polítics”. Pel que fa a aquest tema, la representant assembleària es mostra crítica amb el diputat de Bombers, Luis Rubio, a qui se li ha assignat un dels Land Rover, fins i tot amb unes característiques tècniques superiors a les de la resta, segons denuncien els sindicats. “Esperem que no haja estat un regal de Nadal, amb els diners públics. Aquest tipus de casos degraden la democràcia”, adverteix.

D’altra banda, el portaveu de Compromís, Xavier Trenco, demana a l’equip de govern del PP que facilite informació sobre el nombre real de vehicles del Consorci Provincial de Bombers i quina és la funció que s’hi atorga a cada un. “Volem saber si són per al personal de Bombers, per als càrrecs o per a qui”, precisa. “S’han comprat cotxes amb diners públics, i de gamma alta, perquè els utilitzen els superiors, i a això no s’ha donat publicitat”, afig.

Millora de la flota

El passat 14 de març la Diputació de Castelló va divulgar la millora de la flota amb l’adquisició de quatre tot terrenys, marca Ford Kuga, per al parc de l’Alt Palància (Sogorb) i per a les brigades forestals i Protecció Civil per un import de 75.136,56 euros. La licitació de compra va tenir lloc un dia després (30 de desembre de 2015) de l’adquisició dels esmentats Land Rover (29 del mateix mes).

Segons els sindicats dels bombers, tres dels vehicles s’han destinat al cap d’Operacions, Andrés Balfagó; al cap de secció Forestal, Fernando Kindelin; i a l’inspector en cap del Consorci, Mariano Hernández, respectivament. Les mateixes fonts apunten que el quart tot terreny, concedit a Luis Rubio, inclou una sèrie de millores tècniques, com ara seients de pell, llànties d’aliatge, fars d’encesa automàtica, volant multifuncional en pell, control de distància d’aparcament, alerta de canvi involuntari de carril i càmera de visió posterior.

La Diputación de Castellón pagará por cada nacimiento o adopción 600 euros a las familias de los municipios de menos de 1.000 habitantes y con rentas inferiores a los 12.000 euros. La medida pretende frenar el éxodo rural que se está produciendo en 111 de los 135 pueblos del interior. El Instituto Nacional de Estadística (INE) cifra el descenso acumulado de población en un 6,7%, siendo del 4% en las localidades menores de 5.000 residentes. Esa disminución se sitúa en el 3% si se habla del conjunto de la provincia.

La iniciativa, presentada este jueves, forma parte del Plan de Incentivos de la Natalidad impulsado por la institución provincial y cuyo principal objetivo radica en evitar la despoblación de los municipios del interior. Según el presidente de la Diputación, Javier Moliner, “Castellón no se puede permitir que ningún pueblo eche el cierre. No nos podemos quedar de brazos cruzados viendo cómo nuestros colegios se quedan sin niños, los comercios sin clientes y las calles sin gente”.

De acuerdo con los datos del INE, cada día mueren en la provincial de Castellón 13 personas y nacen tan solo 4, “lo que nos deja un balance negativo de -9 personas que perdemos todos los días”, precisa Moliner.

Por ello, la diputación impulse lo que denomina “Repoblem, Campanya per la Consolidació de la Població Rural de la Província de Castelló”.

La ayuda económica de 600 euros por cada nacimiento supone, en palabras del president provincial, “una primera medida urgente, junto a la medida para acoger refugiados en nuestros pueblos que presentamos junto a Cruz Roja”.

En este sentido, se ha puesto marcha la Mesa de Apoyo a Refugiados en Castellón, una plataforma que nace con la voluntad de colaborar activamente en la acogida y en la integración a medio y largo plazo de los refugiados en los municipios de menos de 10.000 habitantes que hayan formulado su voluntad de constituirse en ciudades o municipios refugio.

“Han deixat el senyor Carlos Fabra d’aprenent”. Aquesta ha estat la frase que José Benlloch, portaveu socialista en la Diputació de Castelló, ha utilitzat per a definir els pressupostos de la institució. El també alcalde de Vila-Real ha acusat el govern provincial, del PP, d’utilitzar les partides de diners públics el repartiment de les quals entre els pobles no està subjecte a criteris objectius per a beneficiar els alcaldes del seu mateix partit: “Maltracten els territoris que no han votat per vostés”. Els comptes s’han aprovat en el ple d’aquest dimarts gràcies a la majoria absoluta dels conservadors, amb el vot en contra de tots els grups polítics que formen l’oposició: Ciutadans, Castelló en Moviment, Compromís i PSOE.

Des de l’equip de govern, l’encarregat de defensar el pressupost ha estat el vicepresident, Miguel Barrachina. Ha explicat que ascendeix a 130,4 milions d’euros (139 si s’hi suma el pressupost d’entitats dependents de la institució, com el Consorci de Bombers). El pressupost suma set milions d’euros més que l’any 2015 gràcies a l’augment de l’aportació de l’Estat. Barrachina ha explicat que en aquesta última legislatura –la primera amb Javier Moliner al capdavant de la Diputació–, s’ha augmentat l’eficàcia en la gestió i ha disminuït el deute, de manera que l’any que ve es podran dedicar 95 milions d’euros a inversions en municipis, “un 40% més que el 2012”.

“Ciutadans de primera i de segona”

La crítica fonamental de Benlloch ha estat considerar “arbitraris” els pressupostos, que estableixen “ciutadans de primera, dels pobles governats pel PP, i de segona, els de la resta”. El portaveu socialista s’ha referit als anomenats convenis singulars, la partida dels quals ascendeix a 2,4 milions d’euros: “El 80% dels recursos van al 5% de la població de la província, és a dir, a pobles governats pel Partit Popular”. De la seua banda, Barrachina ha negat aquesta acusació i ha retret Benlloch la seua “poc vergonya”. Com a prova, ha argumentat que el 50% del que s’ha pressupostat per a millora de carreteres es gastarà en “l’únic partit judicial de la província en què no va guanyar el PP”.

L’oposició ha criticat també la falta de participació dels alcaldes i regidors a l’hora de confeccionar els comptes. Ha estat la queixa fonamental de Compromís. El PSOE s’ha queixat que no s’haguera convocat ni el Fòrum d’Alcaldes ni el Consell de Participació per a canalitzar les idees ciutadanes i municipals al voltant dels comptes. De la seua banda, Castelló en Moviment ha basat el seu vot en contra en el desacord amb què la major part del pressupost es dedique a actuacions pròpies de la Diputació.

La portaveu, Anna Peñalver, ha explicat que 74 milions d’euros es dediquen a tasques que són necessàries, i que, si no existira la institució, “haurien de ser assumides per altres administracions”. No obstant això, els altres 65 milions “es reparteixen en convenis singulars o en convocatòries reglades als pobles, o s’utilitzen per a actuacions pròpies de la Diputació, en desenvolupament rural, cultura etc.”. Segons el parer de Peñalver, aqueixos diners haurien de repartir-se equitativament entre els ajuntaments, “institucions democràtiques”, perquè foren ells, i no la Diputació, “una institució poc democràtica”, els que decidiren a què dedicar-los.

Finalment, Ciutadans ha apostat per eliminar les diputacions, que s’han convertit “en un niu de gent que treballa per als partits polítics”. “La major part de la despesa es dedica a mantenir la institució”, ha criticat la portaveu, Cristina Gavarda, en referència als pressupostos del 2016. “S’augmenta la despesa corrent”, de manera que “els recursos de la Generalitat i l’Estat es destinen a mantenir una institució obsoleta i sobredimensionada”, ha lamentat.

“Han dejado al señor Carlos Fabra de aprendiz”. Esta fue la frase que José Benlloch, portavoz socialista en la Diputación de Castellón, utilizó para definir los presupuestos de la institución. El también alcalde de Vila Real acusó al gobierno provincial, del PP, de utilizar las partidas de dinero público cuyo reparto entre los pueblos no está sujeto a criterios objetivos para beneficiar a los alcaldes de su mismo partido: “Están maltratando a los territorios que no les han votado”. Las cuentas se aprobaron en el Pleno del martes gracias a la mayoría absoluta de los conservadores, con el voto en contra de todos los grupos políticos que forman la oposición: Ciudadanos, Castelló en Moviment, Compromís y PSOE.

Desde el equipo de gobierno, el encargado de defender el presupuesto fue el vicepresidente, Miguel Barrachina. Explicó que asciende a 130,4 millones de euros (139 si se suma el presupuesto de entidades dependientes de la institución, como el Consorcio de Bomberos). El presupuesto suma siete millones de euros más que en 2015 gracias al aumento de la aportación del Estado. Barrachina explicó que en esta última legislatura -la primera con Javier Moliner al frente de la Diputación-, se ha aumentado la eficacia en la gestión y disminuido la deuda, de forma que el próximo año se podrán dedicar 95 millones de euros a inversiones en municipios, “un 40% más que en 2012”.

“Ciudadanos de primera y de segunda”

La crítica fundamental de Benlloch fue la de considerar “arbitrarios” los presupuestos, que establecen “ciudadanos de primera, de los pueblos gobernados por el PP, y de segunda, los del resto”. El portavoz socialista se refirió a los llamados convenios singulares, cuya partida asciende a 2,4 millones de euros: “El 80% de los recursos van al 5% de la población de la provincia, es decir, a pueblos gobernados por el Partido Popular”. Por su parte, Barrachina negó esta acusación y reprochó a Benlloch su “descaro”. Como prueba, argumentó que el 50% de lo presupuestado para mejora de carreteras se gastará en “el único partido judicial de la provincia en el que no ganó el PP”.

La oposición criticó también la falta de participación de los alcaldes y concejales a la hora de confeccionar las cuentas. Fue la queja fundamental de Compromís. El PSOE se quejó que no se hubiera convocado ni al Foro de Alcaldes ni al Consejo de Participación para canalizar las ideas ciudadanas y municipales en torno a las cuentas. Por su parte, Castelló en Moviment basó su voto en contra en su desacuerdo con que la mayor parte del presupuesto se dedique a actuaciones propias de la Diputación.

La portavoz, Anna Peñalver, explicó que 74 millones de euros se dedican a tareas que son necesarias, y que, de no existir la institución, “deberían ser asumidas por otras administraciones”. Sin embargo, los otros 65 millones “se reparte en convenios singulares o en convocatorias regladas a los pueblos, o se utilizan para actuaciones propias de la Diputación, en desarrollo rural, cultura etc.”. A juicio de Peñalver, ese dinero debería ser repartido equitativamente entre los ayuntamientos, “instituciones democráticas”, para que fueran ellos, y no la Diputación, “una institución poco democrática”, los que decidieran a qué dedicarlo.

Finalmente, Ciudadanos apostó por eliminar las Diputaciones, que se han convertido “en un nido de gente que trabaja para los partidos políticos”. “La mayor parte del gasto se dedica a mantener la institución”, criticó la portavoz, Cristina Gabarda, en referencia a los presupuestos de 2016. “Se aumenta el gasto corriente”, de forma que “los recursos de la Generalitat y el Estado se destinan a mantener una institución obsoleta y sobredimensionada”, lamentó.

“Desde 2011 no hemos hecho otra cosa que adelgazar la administración”. Esta fue una de las frases con la que Javier Moliner, presidente de la Diputación de Castellón desde hace cuatro años, presentó el miércoles el borrador del presupuesto de la institución para 2016. Moliner afirmó que desde que él llegó al cargo en 2011, la institución ha disminuido el número de trabajadores en 100 personas. La razón han sido “jubilaciones” en su mayor parte, aunque también ha habido “algún contrato temporal” que no se ha renovado.

Moliner destacó el hecho de que en los presupuestos del próximo año el apartado de gastos de personal disminuye en porcentaje respecto a 2015, hasta situarse en un 18.9%. No obstante, reconoció que esta bajada se debe a que la cantidad global de las cuentas aumentó, de forma que en términos absolutos la Diputación gastará más en nóminas que en 2015 debido a la recuperación de pagas extras atrasadas. El presupuesto se sitúa en 130,4 millones de euros, siete millones más que el año pasado. La razón es que la institución recibirá un 20% más de dinero en la aportación del Gobierno central.

La nueva era, desde 2011

El presidente provincial defendió su gestión desde que asumió el cargo en 2011. Lo hizo en constante comparación con el gobierno anterior, que era de su mismo partido, el PP, pero bajo el mando de Carlos Fabra, que desde hace un año está en prisión por delitos fiscales. Moliner repitió que en los últimos cuatro años, su equipo se ha encargado de “adelgazar la administración”, se felicitó de haber “disminuido la deuda”, de haber apostado por una “gestión útil” y de haber subido año a año el presupuesto. No obstante, negó que estas comparaciones se deban a que la gestión de Fabra fuera ineficaz porque la “situación era diferente”.