“Trabajé allí durante siete años y, si tuviera que resumirlos en una sola frase, diría que empezó siendo una farsa esperanzadora y acabó en una tragedia llena de oscuridad y arrepentimiento. Yo era una de las personas que asesoraban a la cúpula de la empresa, Mark Zuckerberg y Sheryl Sandberg, mientras ellos ingeniaban cómo negociaría Facebook con los Gobiernos del planeta. Al final contemplé desesperanzada cómo se plegaban ante regímenes autoritarios como China y engañaban a la opinión pública como si nada”.

Es un fragmento de las memorias de Sarah Wynn-Williams, la que fuera directora de Políticas Públicas de Facebook de 2011 a 2018, su momento de máxima expansión. Esta diplomática neozelandesa acaba de publicar Los irresponsables (Editorial Penísula), donde denuncia la cultura de poder, encubrimiento y abuso dentro de la compañía hoy renombrada como Meta.

La autobiografía de Wynn-Williams habla de las ambiciones de poder de Mark Zuckerberg, del falso idealismo de la cúpula y buena parte de la plantilla, de las presiones políticas, de la censura y de cómo todo esto se mezcló para crear Facebook, una corporación que priorizó el crecimiento y el beneficio económico por encima de cuestiones éticas que afectaban a miles de millones de personas.

Su valor es el de testimonio directo, una mirada desde dentro y con abundantes detalles tanto a una empresa tecnológica clave en la revolución digital, como a su fundador, la segunda persona más rica del mundo, y sus principales colaboradores. “Volaba en el jet privado de Mark el día en que por fin entendió que probablemente Facebook había colocado a Donald Trump en la Casa Blanca”, resume la propia autora.

El libro, sin embargo, no incluye ningún hecho que no hubiera salido ya a la luz. Facebook ha sido una de las empresas más escrutadas del planeta y sus vergüenzas han sido levantadas tanto desde fuera como desde dentro. No hay noticias escabrosas en las páginas de Los irresponsables. Pese a ello, la compañía ha prohibido a Wynn-Williams hablar del libro o hacer cualquier declaración sobre él. El día siguiente a su publicación en inglés (12 de marzo) invocó una cláusula de no difamación que la autora firmó al salir de la compañía para censurarla.

“La autora no está disponible para entrevistas a causa de la orden provisional de un tribunal de arbitraje estadounidense que, a petición de Mark Zuckerberg, le prohíbe hacer cualquier tipo de promoción del libro”, lamenta la editorial.

Desde entonces Wynn-Williams se ha mantenido en silencio. Meta lo ha hecho todo por ella, generando un efecto Streisand de manual sobre su libro: se convirtió en un best seller del New York Times llegando al número 1 de su lista de no ficción, fue número 3 en biografías Amazon o número 2 de Apple Books en la lista de libros de pago. En el Reino Unido ha vendido más de 100.000 copias y ha sido traducido al castellano en tiempo récord: ha salido a la venta esta semana.

¿Por qué ahora?

Han pasado más de ocho años desde la salida de Wynn-Williams de la corporación de redes sociales. Su libro, sin duda, habría sido mucho más útil entonces que ahora. El escándalo de manipulación electoral de Facebook y Cambridge Analytica estalló en marzo de 2018. “En Estados Unidos, pusieron a trabajadores de Facebook a disposición de la campaña de Trump para ayudarlo a organizar la guerra de la desinformación, el troleo y las mentiras que le dieron la victoria en las elecciones”, revela.

Mientras, en verano de ese mismo año la ONU empezó a documentar que la red social tampoco había sido capaz de detectar los llamamientos a la violencia contra los rohingya en Myanmar. Su algoritmo amplificó el odio y permitió que el ejército birmano usara la plataforma para incitar al genocidio.

La empresa tardó meses en reaccionar y acabó reconociendo que no hizo lo suficiente, entre otras cosas porque no contaba con suficientes moderadores que hablaran birmano. La violencia contra los rohingya terminó con más de 25.000 muertos y cerca de 700.000 personas obligadas a huir a Bangladés, según estimaciones de Naciones Unidas. Un genocidio retransmitido en directo en la mayor red social del mundo sin que esta se diera cuenta de lo que ocurría.

La responsable del caso me dijo que no creía que infringiera nuestras normas, pero que no podía encontrar a nadie que hablara birmano y Google Translate no traducía del birmano, así que no podía asegurarlo a ciencia cierta

Wynn-Williams también habla de estos hechos en el libro, con información que habría sido muy relevante en su momento. “Estaban provocando violencia real —seguía habiendo disturbios, las turbas budistas estaban atacando los negocios musulmanes, había muertos—, así que parecía estar claro que infringían nuestros estándares. Pero el equipo de operaciones de contenidos, con sede en Dublín, no quería eliminar las publicaciones. La responsable del caso me dijo que no creía que infringiera nuestras normas, pero que no podía encontrar a nadie que hablara birmano y Google Translate no traducía del birmano, así que no podía asegurarlo a ciencia cierta”, narra.

“Recurrí a su superior, un hombre que se puso en contacto con el mismo trabajador externo que habían contratado hacía unos meses —un birmano con residencia en Dublín— para que revisara el material. Pasaron cinco horas”, continúa: “¿Cuánto crees que tardará?, pregunté. Había disturbios en las calles por culpa de aquello. Necesitaba que se eliminaran esas publicaciones. Me temo que no lo sé —respondió mi contacto en Dublín—. No está conectado. Le he mencionado en Facebook y espero que lo vea y se ponga en contacto conmigo”.

“Cuando hay gente muriendo, ese no puede ser el sistema al que tenga que recurrir Facebook”, lamenta su ex directora de Políticas Públicas.

Con todo, hay incluso un aspecto más en el libro sobre el que Wynn-Williams podría haber alertado al resto de la sociedad. Es un problema que está revelándose ahora en su gravedad real: la voluntad de parte de la junta directiva de Facebook de potenciar los discursos de extrema derecha en su beneficio.

Uno de los miembros de la junta sugirió a nuestra cúpula, en su mayoría judía, que a Facebook le conviene estrechar lazos con los partidos políticos de la extrema derecha en Europa porque el poder se está desplazando hacia ahí

“Uno de los miembros de la junta sugirió a nuestra cúpula, en su mayoría judía, que a Facebook le conviene estrechar lazos con los partidos políticos de la extrema derecha en Europa porque el poder se está desplazando hacia ahí”, revela: “En su propuesta, el susodicho miembro de la junta sugería aprovechar el apoyo electoral y las herramientas para hacer campaña que ofrecíamos a los candidatos presidenciales estadounidenses (y que Donald Trump estaba usando de manera agresiva en su campaña de 2016) y ofertárselos a Alternativa por Alemania, la extrema derecha alemana, y a Marine Le Pen y el Frente Nacional, la extrema derecha francesa”.

“Acercarse a estos partidos políticos y ayudarlos a llegar al poder sería la manera más eficaz de evitar que los Gobiernos regularan Facebook”, propuso el directivo, según el relato de Wynn-Williams. La autora también escribe que la plataforma sabía de la existencia de más de doscientos grupos extremistas en la plataforma que violaban las normas de discurso de odio, pero que hizo “apenas nada” para eliminarlos.

Si Wynn-Williams tenía toda esta información, ¿por qué ha esperado ocho años para alertar de ello al resto de la sociedad? Esta sería una de las principales preguntas a realizar en una entrevista, que Meta no permite que se celebre.

Siguen siendo gente descuidada. Le han cambiado el nombre a la empresa, de Facebook a Meta. Pero los leopardos no cambian de manchas. El ADN de la empresa sigue siendo el mismo. Y cuanto más poder tienen, más irresponsables se vuelven

La exdirectiva argumenta en el libro que la motivación para publicarlo en 2025 es impedir que Meta siga comportándose como hasta ahora, también durante la revolución de la inteligencia artificial. “Siguen siendo gente descuidada. Le han cambiado el nombre a la empresa, de Facebook a Meta. Pero los leopardos no cambian de manchas. El ADN de la empresa sigue siendo el mismo. Y cuanto más poder tienen, más irresponsables se vuelven”, avisa.

“Estuve presente en los primeros encuentros de tanteo entre Mark y los mandatarios mundiales. Y fui testigo de la exploración y del acopio de un poder que ha seguido expandiéndose. En la actualidad, Meta es una de las empresas más poderosas del mundo. Y avanzamos por la dirección que ha señalado. Vivimos en un mundo al que han dado forma estas personas y su indiferencia letal. Por no hablar del futuro. Si no abordamos lo que ya se ha encubierto, repetiremos los errores de Facebook”, concluye.

¿Qué dice Meta?

Básicamente, que todo lo escrito en Los irresponsables es mentira o está sacado de contexto. Preguntada por elDiario.es, la compañía se remite al comentario oficial que hizo cuando pidió al Tribunal de Arbitraje que lo parara. “Esta sentencia confirma que el libro falso y difamatorio de Sarah Wynn-Williams nunca debió publicarse. Esta urgente acción legal se hizo necesaria porque Williams, más de ocho años después de ser despedida por la empresa, ocultó deliberadamente la existencia de su proyecto de libro y evitó el proceso estándar de verificación de datos de la industria con el fin de apresurarse a publicarlo en las estanterías después de esperar ocho años”, declara.

Sin embargo, lo que afirma Meta en esa declaración no está sustentado por lo que dice la resolución de arbitraje publicada. El árbitro no ha entrado a valorar la validez del contenido, solo determinó que existía un riesgo contractual y legal por incumplimiento de la cláusula de no difamación, lo cual justificó la medida cautelar de bloquear las entrevistas de Wynn-Williams.

En concreto, el laudo prohíbe a Sarah Wynn‑Williams promocionar el libro y hacer “comentarios despectivos, críticos o perjudiciales” sobre Meta, sus ejecutivos o sus trabajadores. También le obliga a eliminar los comentarios en esta línea que haya realizado previamente y estén bajo su control. Pero no hace valoraciones sobre la veracidad de la obra. La resolución es, además, temporal, solo hasta que se resuelva si Los irresponsables viola efectivamente la cláusula que su autora firmó con Meta.

Andy Stone, el jefe del equipo de Comunicación de Meta, recopiló en su momento las impresiones de una decena de ejecutivos y trabajadores de la compañía que apoyaron en redes sociales el posicionamiento de esta, destacando las “exageraciones” de libro o contradiciendo el punto de vista de su autora en algunos aspectos.

Las declaraciones de Wynn-Williams, no obstante, están en línea con otros ex ejecutivos de la compañía que han decidido levantar la voz. Filtradores como Arturo Béjar, que destapó en entrevistas y en el Congreso de EEUU la desprotección de Meta con los menores de edad; o Frances Haugen, cuyo testimonio sirvió de base para lanzar una investigación a gran escala contra la compañía.

También resulta llamativo que la compañía evoque a la “verificación de datos de la industria” para afear la publicación del libro. Se trata del mismo mecanismo que Mark Zuckerberg ha eliminado de todas sus redes sociales para congraciarse con Donald Trump y la extrema derecha internacional, que llevaban años con profesionales en su punto de mira.

Una comedia trágica

Wynn-Williams escribe sobre un período clave en la historia de Internet. Los movimientos de Facebook en la pasada década han ayudado a definir la red de hoy y la redistribución del poder hacia las manos de uno pocos tecno-oligarcas, inmortalizados en la fotografía de la toma de posesión de Donald Trump.

Pero no hay épica en su relato. Más bien, como ella misma reconoce, su historia es una comedia trágica. “La mayoría de los días, trabajar en temas políticos para Facebook tenía mucho menos de interpretar capítulos que parecían redactados por Maquiavelo y mucho más de cuidar de una pandilla de chavales de catorce años a los que les habían dado superpoderes y una suma impía de dinero mientras volaban alrededor del mundo intentando comprender qué les había otorgado y comportado ese poder”, avisa.

El libro de Wynn-Williams está lleno de anécdotas y situaciones que justifican esa declaración, pero ella no puede hablar abiertamente de ellas. Meta dice que todo es falso, pero que haya tratado su libro como una amenaza puede que termine revelando más sobre la empresa que muchas de sus páginas.

Si Sahat Zia Hero sube a lo alto de una de las colinas del campo de refugiados de Kutupalong, en la localidad de Cox´s Bazar en Bangladesh, puede ver el pueblo en el que vivió y creció en Myanmar, muy cerca de la frontera entre ambos países. Reconoce los árboles, los edificios y una torre telefónica cercana a su casa. “Incluso puedo sentir que percibo los sonidos y olores de mi pueblo”, dice Zia, refugiado rohingya, a elDiario.es.

Cuando ve a los niños jugando al fútbol en el campo de refugiados, recuerda su infancia y se imagina a él mismo –“era buen jugador”– con sus amigos y compañeros en Myanmar, en ese mismo pueblo que puede ver desde la cima de la colina, del que le separa un río, la frontera entre ambos países y toda una historia de violencia contra la comunidad rohingya, que le hizo huir de Myanmar en 2017 y que le hace imposible volver.

Zia, de 29 años, es uno de los cuatro ganadores regionales para Asia y el Pacífico del Premio Nansen para los Refugiados de ACNUR 2023. Junto a Mohammed Salim Khan (31), Shahida Win (27) y Abdullah Habib (29), todos fotógrafos y refugiados rohingyas, ha recibido el premio por su labor documentando la vida de su comunidad en Kutupalong. Según ACNUR, “si los 33 campamentos que forman Kutupalong y otros dos asentamientos de Cox's Bazar fueran una ciudad, sería la quinta más poblada de Bangladesh, con alrededor de 930.000 personas refugiadas repartidas en 24 kilómetros cuadrados”. Los cuatro premiados hablan con elDiario.es desde una de las oficinas de ACNUR en el campo.

Shahida, Abdullah y Zia huyeron de su país tras el estallido de violencia contra la comunidad rohingya en agosto de 2018, cuando la ONU identificó elementos de genocidio contra la población rohingya. Según Amnistía Internacional, las Fuerzas Armadas de Myanmar llevaron a cabo crímenes de lesa humanidad contra esta comunidad, entre los que se encuentran: asesinato, deportación y desplazamiento forzado, tortura, violación y otro tipo de violencia sexual, persecución y otros actos inhumanos como negar el alimento y otros suministros necesarios para la vida.

Desde el estallido, llegaban una media de 8.000 personas cada día al país vecino y se calcula que más de 700.000 rohingyas huyeron del estado de Rakhine (Myanmar) buscando protección en Bangladesh. La mayoría llegó en los tres primeros meses de la crisis.

Su propia voz

“Nací y crecí en el campo de refugiados y, desde mi experiencia, puedo decir que la vida de un refugiado es difícil y dolorosa”, dice Khan. En 1992, según ACNUR, cerca de 14.000 rohingyas llegaron a los campos de refugiados de Cox´s Bazar huyendo de Myanmar. Muchos se quedaron y allí nacieron segundas y terceras generaciones, mientras que otros permanecieron en su país natal, en el estado de Rakhine, viviendo en condición de apátridas.

La violencia, las inundaciones, la falta de acceso a la educación o la actual crisis alimentaria –a principios de este año, el Programa Mundial de Alimentos recortó las raciones de comida para los refugiados rohingyas por la falta de financiación– que se vive en Kutupalong son algunas de las dificultades a las que se enfrenta la comunidad rohingya.

Los cuatro fotógrafos documentan la vida en el campo de refugiados para mostrar al mundo las condiciones en las que viven. Coinciden en la necesidad de contar su historia. “La situación del campo de refugiados se está volviendo más difícil. Y esa es la razón por la que empezamos a tomar fotos y contar historias de las dificultades con las que viven los refugiados, de su vida diaria y de su sufrimiento. Para que el mundo pueda escuchar la historia de los rohingyas a través de sus propias voces, de sus lentes, y puedan sentir nuestra vida, la manera en que estamos sobreviviendo en el campo”, cuenta Abdullah.

Para contar la vida en el campo de refugiados, Zia fundó la revista colectiva Rohingyaphotographer, publicada por fotógrafos refugiados rohingyas. Ya han publicado el primer y segundo número –centrados en la identidad de la comunidad y su relación con la naturaleza en el campo respectivamente–, con el apoyo del diseñador y artista visual español David Palazón, y están trabajando en el tercero –centrado en la crisis alimentaria–. “Mantenemos nuestro trabajo para empoderar a nuestra comunidad y conseguir cambios, marcando la diferencia juntos, para que la gente del resto del mundo pueda saber de nuestra experiencia y que nunca seamos olvidados”, dice sobre la revista su fundador, que también imparte clases y talleres de fotografía en el campo.

La vida en Kutupalong es aún más complicada para las mujeres rohingyas. La falta de espacios privados es uno de los grandes problemas. Antes tenían sus casas, ahora tienen que salir al exterior para utilizar las letrinas u otras instalaciones y recorrer largas distancias para ello. “Como mujer no te puedes mover libremente, tienes un tiempo límite, porque por la noche es peligroso caminar. Hay instalaciones a las que no pueden ir”, explica Sahida, quien además de tomar fotografías escribe poemas sobre la vida en el campo.

La falta de oportunidades y de educación hace que muchos jóvenes abandonen el campo de refugiados y se lancen al mar en busca de una vida mejor. “Están arriesgando su vida”, dice Zia. Ante la falta de una educación formal, la mayoría de los chicos en edad escolar está fuera del colegio buscando trabajo para ayudar a su familia.

Dolor y olvido

En el campo de refugiados de Kutupalong el sol sale por la frontera con Myanmar, al este de Bangladesh. “Cada vez que vemos el amanecer recordamos nuestro hogar”, dice Abdullah. “Es muy doloroso para todos nosotros”.

Sahida, que nació en otra parte del país pero creció en el estado de Rakhine, expresa el sentir general de los refugiados rohingyas tras seis años en el campo: “Tengo muchos recuerdos de allí y cada vez que me siento sola o estoy en el campo y me vienen a la mente esos recuerdos. Me siento muy triste. Quiero volver a mi país lo más pronto posible y vivir esos momentos de nuevo allí. Pero la situación no es buena y no es posible volver”.

Todos quieren volver a Myanmar y seguir documentando la vida de su comunidad. Su hogar está cruzando un río y la frontera entre ambos países para algunos incluso es visible desde el campo, pero la distancia real que los separa es mucho mayor. “Es el país donde hemos nacido y donde pertenecemos, pero no es fácil porque el conflicto todavía está activo. Es una situación crítica para los rohingyas y no es un buen momento para volver”, explica Abdullah. Insisten en que no pueden volver hasta que no haya una garantía de derechos, justicia hacia su comunidad y que sean reconocidos como ciudadanos de Myanmar. “Nacimos en Myanmar y pertenecemos allí. No somos apátridas”, dice Zia.

Los ganadores se sienten agradecidos por el premio y lo ven como una posibilidad de visibilizar las duras condiciones en las que viven en el campo de refugiados y de recordar al mundo la situación en la que se encuentra la comunidad rohingya. “Sentimos que el mundo nos está olvidando entre las numerosas crisis globales. Después de seis años en el campo de refugiados, la comunidad internacional ha fallado en proporcionar una solución sostenible”, expone Zia.

Las autoridades de Bangladesh han iniciado este lunes una investigación para esclarecer las causas de un masivo incendio que arrasó la tarde de este domingo con más de un tercio de las viviendas provistas en uno de los campamentos rohingya de Bangladesh, dejando 12.000 personas sin hogar.

La comisión de investigación está formada por representantes de la Oficina del Comisionado de Ayuda y Repatriación de Refugiados, el Batallón de Policía Armada (APBn), la Policía local, la Policía de distrito de Cox's Bazar y los bomberos y Protección Civil se reunirán para investigar el origen de este incendio, según ha informado este lunes el medio bangladesí Dhaka Tribune.

Además de analizar las causas de este siniestro, el comité espera esclarecer en los próximos días si hubo algún intento de sabotaje en el masivo incendio, que se produce cuando los recortes de ayuda humanitaria complican la ayuda de los refugiados.

Una situación cada vez más compleja

De acuerdo con la agencia de la ONU para los refugiados, el resultado dejó unos 12.000 refugiados desplazados, más de un tercio de los 32.200 habitantes en el campo 11, más de 2.000 viviendas destruidas, y más de 90 instalaciones dañadas, incluidos hospitales y centros de aprendizaje.

Los masificados campamentos de refugiados rohingyas son muy vulnerables a incendios por la deficiencia de las instalaciones, su masificación, y las frágiles chozas de madera, bambú y plástico que cubren el área.

La situación de los refugiados de Bangladesh es cada vez más compleja. La ONU ha hecho numerosos llamados a los donantes debido a la escasez de fondos que obligó a recortar la asistencia alimentaria en los campamentos

Unos 738.000 rohingyas llegaron a los campamentos del sureste de Bangladesh tras el estallido en agosto de 2017 de una campaña de persecución y violencia por parte del Ejército de la vecina Birmania, que la ONU calificó de ejemplo de limpieza étnica y un posible genocidio, algo que investigan las cortes internacionales. 

Refugiados rohinyas han demandado a Facebook en Estados Unidos y el Reino Unido de manera coordinada por haber permitido y aumentado algorítmicamente la difusión de mensajes de odio en su plataforma en Myanmar, los cuales jugaron un papel en la represión étnica y posterior genocidio sucedido, según ha evidenciado la investigación de la ONU. Los refugiados reclaman a la multinacional 150.000 millones de dólares (unos 132.000 millones de euros).

En Estados Unidos, la demanda presentada en un tribunal de San Francisco pide la multimillonaria indemnización a Meta, la compañía matriz de Facebook, como compensación por la violencia y la persecución sufrida por los rohinyas. Los encargados de personarse en el juzgado han sido los bufetes Edelson y Fields Law en nombre de Jane Dow, una refugiada rohinya, y otros miembros de esta minoría, mientras que en el Reino Unido la demanda ha sido presentada por los abogados de McCue Jury & Partners en representación de una veintena de denunciantes rohinyás.

“Mientras que los rohinyás han sido desde hace tiempo víctimas de discriminación y persecución, el alcance y la violencia de la persecución cambió en la última década, pasando de violencia esporádica y abusos de los derechos humanos a terrorismo y genocidio en masa”, alega la demanda de Edelson y Fields Law.

Los abogados de Estados Unidos alegan que la introducción de la red social de Facebook en 2011 en Myanmar alentó, mediante sus algoritmos, “la diseminación de mensajes de odio, desinformación e incitación a la violencia”, lo que, a su juicio, condujo al “genocidio de los rohinyas”. Los demandantes se refieren a las operaciones militares que en 2016 y 2017 que causaron al menos 10.000 muertos y el éxodo de más de 800.000 rohinyas a Bangladesh, donde continúan hacinados en los mayores campos de refugiados del mundo.

Los militares del país han sido acusados de crímenes contra la humanidad ante la Corte Penal Internacional y de genocidio ante la Corte Internacional de Justicia, ambos tribunales en La Haya.

Facebook reconoció que no estaba preparado

Tras realizar una investigación interna, Facebook reconoció en 2018 que no había hecho suficiente para frenar los mensajes de odio en Myanmar y se comprometió a realizar cambios. El principal problema es que la multinacional no contaba con suficientes moderadores para controlar la conversación en birmano, el idioma local, y se vio absolutamente sobrepasada por los acontecimientos.

Desde entonces, el gigante de Silicon Valley, dueño también de Whatsapp e Instagram, ha establecido acuerdos con medios de comunicación y agencias para combatir los bulos y la desinformación en las redes sociales. No obstante, los demandantes en Estados Unidos y el Reino Unido lo acusan de haber actuado tarde, pese a los avisos de ONG y de los medios de comunicación, para limitar los mensajes de odio contra los rohinyas.

“A pesar del reconocimiento de culpabilidad de Facebook y sus declaraciones sobre su papel en el mundo, no ha pagado ni un céntimo de compensación ni otra forma de reparación o apoyo a ningún superviviente”, indica McCue Jury en una carta citada por el periódico británico The Guardian.

“Estamos consternados por los crímenes cometidos contra el pueblo rohingya en Myanmar”, ha asegurado una portavoz de Meta a elDiario.es. “Hemos creado un equipo especializado de hablantes de birmano, hemos prohibido el Tatmadaw [nombre del Ejército de Myanmar], hemos interrumpido las redes que manipulan el debate público y hemos tomado medidas contra la desinformación perjudicial para ayudar a mantener a la gente a salvo”.

“También hemos invertido en tecnología en lengua birmana para reducir la prevalencia de contenidos infractores. Este trabajo está guiado por la retroalimentación de los expertos, las organizaciones de la sociedad civil y los informes independientes, incluidos los hallazgos de la Misión de Investigación de la ONU sobre Myanmar y la Evaluación de Impacto de Derechos Humanos independiente que encargamos y publicamos en 2018”, continúan las mismas fuentes.

Los letrados de Edelson y Fields Law alegan que la desinformación a través de Facebook continúa “hasta hoy en día” en Myanmar, que se encuentra bajo una junta militar desde el golpe de Estado del pasado 1 de febrero. “En el núcleo de esta demanda está la comprensión de que Facebook estaba dispuesto a intercambiar la vida de los rohinyas por penetrar el mercado de un país pequeño en el Sudeste Asiático”, indica el documento legal presentado en San Francisco.

Marium Khatun, de 40 años, estaba en casa alimentando a su hijo de 10 meses cuando vio por primera vez las llamas y el humo. Al darse cuenta de que un enorme incendio estaba arrasando el campo de refugiados de Bazar de Cox, en Bangladesh, a pocos metros de su barracón de dos estancias, entró en pánico.

“De repente, me di cuenta de que una multitud corría en todas direcciones por la carretera frente a mi casa. Me acerqué a la puerta y vi este enorme incendio a unos 30 metros de distancia. No podía pensar con claridad”.

“Cogí a mi hijo y empecé a correr en dirección contraria a las llamas”, explica Khatun. Su marido y sus otros cuatro hijos no estaban en casa en ese momento, así que tuvo que escapar de las llamaradas sola, con su bebé.

El fuego arrasó varios campamentos de la zona de Balukhali este lunes por la tarde y ardió hasta la noche. Al menos 15 personas, entre ellas tres niños, murieron. Este martes, por lo menos 400 personas seguían desaparecidas. ACNUR (Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados) ha indicado que unas 45.000 personas se han visto obligadas a dejar atrás sus hogares y a desplazarse.

Khatun es una de ellas. Las llamas alcanzaron su hogar, hecho con bambú y lona, mientras ella huía. “De repente, las llamas estaban por todas partes. En cualquier dirección que corriera, el fuego nos bloqueaba el camino. Pensaba en mi marido y en mis otros cuatro hijos, que estaban afuera jugando, y pensé 'esto es el final, hoy vamos a morir todos'”.

“En algún momento estuve a una distancia segura y no recuerdo cómo llegué allí con mi hijo. Pero lo único en lo que podía pensar entonces era en el resto de mi familia. Lloraba y gritaba. No tenía forma de contactar con ellos. Estaba en shock. Pensé que los había perdido”, recuerda. Finalmente, un familiar consiguió encontrar a Khatun y la puso a salvo: “Uno de mis sobrinos me encontró entre la multitud y me llevó a casa de mi hermana. Pude llamar a mi marido, que estaba bien, pero tampoco sabía nada de mis hijos. Estaba tan preocupada que sentía que me moría”.

Al cabo de unas horas, sus hijos llegaron a casa de su hermana y la familia volvió a estar junta, pero su hogar ya no existe. El martes volvió al solar donde hasta hace poco estaba su barracón y sus hijos rebuscaron entre los escombros para ver si encontraban algo que llevarse. “Ya lo perdimos todo en Myanmar. Vinimos a Bangladesh y volvimos a empezar. Ahora lo he vuelto a perder todo. Solo cogí a mi hijo y escapé del fuego. No tuve tiempo de llevarme nada más. No sé qué haremos ahora”, lamenta.

Khatun, su marido y sus hijos pidieron a familiares cañas de bambú y lona y construyeron una cabaña improvisada para dormir. Su hermana les ha traído comida y han recibido un paquete de provisiones del Programa Mundial de Alimentos. “Siempre hemos contado con el gobierno de Bangladesh y las organizaciones de ayuda humanitaria. Seguimos contando con ellos”, dice Khatun.

Las autoridades de Bangladesh y ACNUR se están apresurando a proporcionar apoyo y las protección fundamentales a los 45.000 refugiados rohinyá que han perdido sus refugios y pertenencias en el incendio.

“Solo Dios sabe cuántos de ellos no consiguieron escapar”

Mohammad Selim, de 38 años, se desplazó hasta el lugar del incendio cuando se produjo. Explica que el fuego avanzaba demasiado rápido como para que la gente pudiera llevarse algunas de sus pertenencias mientras huía del lugar.

“Era una situación caótica. Reinaba el pánico. Todos corrían para salvar sus vidas. El fuego se extendió tan rápido que la gente apenas pudo recoger sus pertenencias”. “Solo Dios sabe cuántos de ellos no pudieron huir de las llamas”, dice Selim, que cree que la pérdida de vidas humanas y de bienes habría sido mucho peor si el incendio se hubiera producido por la noche.

“Por suerte todavía era de día y pudimos reaccionar rápidamente. Todo el mundo se apresuró a ayudar y trató de apagar el fuego. Muy pronto llegaron los bomberos. Los refugiados y los voluntarios unieron sus fuerzas con los bomberos, la policía y el ejército. Pero el viento era tan desfavorable que se tardó horas en controlar el fuego”, lamenta.

Bangladesh se ha convertido en el país de acogida de más de un millón de musulmanes rohinyá, que viven en campos de refugiados abarrotados. La mayoría de ellos huyeron de la vecina Myanmar en 2017 por la represión por parte del ejército de ese país. Según Naciones Unidas, la represión tenía una finalidad genocida; una acusación que Myanmar rechaza.

El enorme incendio se produce a pocos meses de la temporada de monzones en Bangladesh, cuando los ciclones y las fuertes lluvias entre junio y octubre azotan la región y a menudo provocan inundaciones.

Traducido por Emma Reverter

Los líderes rohingya están pidiendo a las autoridades de Bangladesh que levanten la prohibición de usar Internet impuesta a un millón de refugiados en la ciudad bengalí de Cox's Bazar. Dicen que los rumores y el pánico sobre la COVID-19 están disuadiendo a la gente de hacerse el test.

Las restricciones para comunicarse están exacerbando las ya de por sí difíciles condiciones de los refugiados rohingya procedentes de Myanmar. Familias de hasta ocho personas viven en la misma habitación de unas estrechas chozas de bambú, usando inodoros y grifos comunitarios. En algunas zonas, hay escasez de elementos tan básicos como el jabón.

En esta ciudad de Bangladesh sudoriental, a 20 millas de la frontera con Myanmar, los organismos de ayuda han advertido una y otra vez por la facilidad con que que el virus podría propagarse por los campamentos sin capacidad médica para enfrentarlo. Según los datos de la Organización Mundial de la Salud hasta el 10 de junio, 35 refugiados dieron positivo en las pruebas de la COVID-19. Tres personas han muerto y hay 30 en cuarentena, aunque se teme que haya más casos no detectados.

El brote ha coincidido con la temporada de gripe, aumentando la confusión sobre los síntomas, pero desde la comunidad explican que la gente está evitando acudir a los centros médicos porque temen ser trasladados a instalaciones de aislamiento. Se ha informado de dos personas que huyeron de la cuarentena la semana pasada porque creían que los enviarían a centros alejados de su familia.

Muchos de los desplazados rohingya refugiados en Cox's Bazar huyeron a Bangladesh en 2017, después de que Myanmar iniciara una represión militar contra ellos, una minoría musulmana, con “intención genocida”, según la ONU.

Las condiciones son cada vez más desesperadas después de tres años en los campamentos, con personas sin acceso a la educación o a un medio de subsistencia. Desde principios de año, muchos han intentado huir de Cox's Bazar embarcándose en peligrosos viajes marítimos hacia Malasia, a más de mil quinientos kilómetros distancia. Entre ellos ha habido muchos atrapados en el mar durante meses debido al cierre de fronteras con que los países reaccionaron a la pandemia del coronavirus. Esta semana, Malasia ha detenido a 270 refugiados después de que su pesquero de arrastre, con daños, fuera interceptado por la guardia costera del país.

Bangladesh interceptó otro barco que transportaba a cientos de refugiados de Cox's Bazar y lo escoltó hasta Bhasan Char, una remota isla de cieno, aparentemente para reducir el riesgo de introducir el virus en Cox's Bazar.

Otros refugiados temen correr la misma suerte aunque el Organismo de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) haya dicho que hay 200 camas en centros de aislamiento y de tratamiento de infecciones respiratorias graves, además de cientos más en proceso de instalación.

Mohammad Shaiful tiene 25 años y vive con su esposa, su tío y su hija de un año en el campamento. La desinformación, dice, se ha propagado a toda velocidad. “Corre el rumor de que van a matar a la gente en cuarentena”, explica. “Como si los médicos les estuvieran inyectando algo que causa las muertes. Además, los médicos están 'contagiando' el coronavirus a personas que ni siquiera lo tienen y matándolas. La gente tiende a creer en esos rumores en lugar de pensar un poco”.

A los refugiados les piden que mantengan una buena higiene y el distanciamiento social, pero al mismo tiempo se han reducido los trabajos de las ONGs para minimizar el riesgo de transmisión. Aunque siguen los servicios esenciales, como la alimentación y el saneamiento, un dirigente comunitario se queja de que en su zona los retretes se habían vuelto inutilizables por falta de mantenimiento.

“Honestamente, no estamos practicando el lavado de manos y las medidas de sanidad porque las ONGs responsables del lavado de manos y de la higiene y el saneamiento no vienen al campamento”, dijo Mohammad Jaffa, líder comunitario en el campamento 7 de Cox's Bazar.

Tun Khin, presidente de la Organización Rohingya de Myanmar en el Reino Unido, menciona el agradecimiento de los rohingya a Bangladesh por haberlos acogido en Cox's Bazar, pero pide que permitan la conexión a Internet para que la gente pueda recibir información y noticias fiables sobre la pandemia. “No pueden seguir lo que está pasando en el mundo y saber cuántas personas han muerto. Necesitan saber lo que está sucediendo con la COVID-19 para poder aprender y entender que es un peligro para toda la comunidad”, dijo.

El gobierno bengalí ha dicho una y otra vez que hace mucho más por los rohingya que el resto de países y que la prohibición de Internet se debe a razones de seguridad.

Abu Tahir, de 37 años, que vive con su esposa y tres hijos, dice que se habían cerrado los mercados y las tiendas pero que la gente no podía permanecer aislada todo el día dentro de sus pequeñas habitaciones. “No sé qué pasará si doy positivo en el test de coronavirus. No estoy tan seguro de esto de la cuarentena. Si algo me va a pasar, me gustaría tener a mis hijos y a mis seres queridos cerca. Dicen que no hay tratamiento para esta enfermedad, ¿entonces qué sentido tiene aislar? Ya hemos pasado por mucho. Pero sobrevivimos porque el Todopoderoso tiene un lugar especial para nosotros. Va a cuidar de nosotros”, explica Tahir.

Traducido por Francisco de Zárate

La Corte Internacional de Justicia (CIJ), el principal órgano judicial de la ONU, ha ordenado este jueves a Myanmar la aplicación de medidas cautelares para proteger a la minoría musulmana rohingyas de un supuesto genocidio. El alto tribunal de la ONU ha decidido, por unanimidad, obligar a Myanmar a tomar “todas las medidas a su alcance” para prevenir crímenes contra los rohingyas en su territorio, como el asesinato de sus miembros.

Según publica The Guardian, la corte ha determinado que los 600.000 rohingyas que todavía permanecen en el país son “extremadamente vulnerables” a la violencia militar.

El Ejército también deberá evitar otros delitos que puedan cometerse contra la minoría musulmana, como que sus miembros sean víctimas de “daños mentales o corporales” o la imposición de medidas “que prevengan el nacimiento” de rohingyas. Asimismo, tanto el Ejército de Myanmar como “grupos armados irregulares” no podrán cometer actos que supongan la comisión del delito de genocidio o de intento de genocidio, según recoge EFE.

Las medidas “deberán ser efectivas”, ha dicho el presidente de la CIJ Abdulqawi Ahmed Yusuf, que ha leído la decisión. Ha añadido que las autoridades de Myanmar tendrán que “preservar las evidencias relacionadas con las alegaciones” de genocidio, las cuales se estudiarán cuando se juzgue el fondo del asunto.

El fallo llega después de que la antigua Nobel de la Paz y líder birmana, Aung San Suu Kyi, que encabeza la defensa contra su país negara las acusaciones de violaciones de derechos humanos y los crímenes de guerra que se presentaron contra ella durante las vistas preliminares que tuvieron lugar en el mes de diciembre.

Este dictamen hace referencia solamente a la petición de Gambia de aplicar medidas preliminares, pero en ningún caso es la decisión final del alto tribunal, que podría tardar años en llegar. Por unanimidad, los 17 jueces han solicitado a Myanmar que tome las medidas que estén a su alcance para prevenirlos daños a la minoría musulmana y dar cuenta de ello en cuatro meses. Una vez entregado ese primer informe, Myanmar deberá entregar otro cada seis meses con un seguimiento del cumplimiento de esas medidas hasta que los jueces se pronuncien sobre el fondo del caso.

En la vista de diciembre, Suu Kyi defendió como “conflicto armado” la violencia en el estado de Rakhine, al oeste del país , y explicó que el término “operaciones de limpieza” utilizado por los militares para las actuaciones de respuesta en Rakhine “ha sido distorsionado”, porque “en la lengua de Myanmar significa 'liberación de localidades en busca de terroristas'”. “En mi país no se toleran las violaciones de derechos humanos”, afirmó en diciembre quien fuera galardonada con el Nobel de la Paz en 1991.

El ministro de Justicia de Gambia, Abubacarr Tambadou, por su parte, explicó que “otro genocidio está sucediendo ante nosotros, pero no hemos hecho nada para pararlo”, y añadió que “lo único que pide Gambia es que le diga a Myanmar que detenga estos asesinatos sin sentido, estos actos de barbarie que siguen escandalizando nuestra conciencia colectiva”.

Gambia, basándose en la Convención contra el genocidio, denuncia el intento de exterminio de los rohingyas en nombre de los 57 países de la Organización para la Cooperación Islámica, basándose en informes elaborados por la ONU, que documentó la violencia sufrida por unos 700.000 rohinyás que huyeron de Myanmar a Bangladesh tras dos oleadas de brutales operaciones militares en 2016 y 2017, donde murieron miles de civiles.

Un informe de la ONU sobre su comportamiento en Myanmar condena un “obvio desempeño disfuncional” durante la última década y apunta a un “fracaso sistémico”. The Guardian ha tenido acceso al informe antes de su publicación.

El informe fue encargado por el secretario general, António Guterres, tras las acusaciones de que la ONU ignoró las señales de advertencia sobre el aumento de la violencia contra la minoría rohingya de Myanmar.

El informe, redactado por Gert Rosenthal, exministro de Exteriores de Guatemala, concluye que hubo fallos perjudiciales. Entre ellos, competencia entre las diferentes agencias de la ONU, así como una “cultura de desconfianza” entre las relaciones con el Gobierno de Myanmar y las “señales contradictorias procedentes del terreno”. El informe se hará público esta semana.

“Sin duda, el sistema de la ONU cometió errores graves y desperdició oportunidades tras seguir una estrategia fragmentada en lugar de un plan de acción común”, escribe Rosenthal. “La responsabilidad general es de naturaleza colectiva. En otras palabras, se puede caracterizar como un fracaso sistémico de la ONU”, añade.

El ejército de Myanmar lanzó una campaña contra la población rohingya en el estado de Rakhine en agosto de 2017. La ONU ha descrito la violencia empleada como limpieza étnica y posible genocidio. Más de 700.000 rohingya han huido a Bangladesh.

El informe denuncia el impacto dañino de las diferentes estrategias empleadas por las agencias de la ONU, que a menudo competían unas contra otras. La polarización entre la diplomacia silenciosa con el Gobierno de Myanmar y las condenas públicas se intensificaron a medida que empeoraba la situación. “Incluso al nivel más alto de la organización no había una estrategia común”, señala el texto. Como resultado, la ONU resultó “impotente” para luchar de forma efectiva contra la violencia.

“Uno solo puede especular que el entonces secretario general, Ban Ki-Moon no estaba dispuesto o fue incapaz de fijar una posición común entre esas dos perspectivas en pugna”. El informe también indica que hubo episodios en los que se “infravaloraron los hechos en informes preparados por el coordinador residente”.

“Parece ser que el Gobierno y el Ejército de Myanmar tienen una política establecida con los altos cargos de la ONU en la que tratan de influir en a quién se contrata, trabajan con ellos mientras juegan a su juego y luego cortan lazos y piden su expulsión cuando hacen algo que no les gusta”, señala Rosenthal. “La ONU, por supuesto, se rinde a sus demandas y luego vuelve a empezar el ciclo de nuevo”.

Knut Ostby, el coordinador residente actual, dejará el cargo tras la no renovación de su contrato presuntamente como resultado de las presiones del Gobierno de Myanmar.

Traducido por Javier Biosca Azcoiti

Los ojos de Razia Sultana solo se iluminan en un momento de la conversación: cuando habla de Arakan. Es el antiguo nombre del estado de Rajine, al este de Myanmar, habitado por la población rohingya, etnia a la que pertenece. Sultana sonríe. “Era una tierra hermosa”, dice sobre el lugar que la vio nacer. Su tierra. Aquella que dejó atrás junto a sus padres cuando aún era una niña para instalarse en Bangladesh.

El resto del tiempo, su rostro se ensombrece. Entorna los ojos hasta casi cerrarlos. Revive sus recuerdos, que se repiten como flashes. Habla de la gente a la que ha visto llegar desesperada desde el otro lado de la frontera. Llorando. Asustados. Hambrientos. Heridos. Embarazadas. Varados “en tierra de nadie”. Huyendo sin parar de la violenta campaña desatada por el Ejército de Myanmar contra la población rohingya el 25 de agosto de 2017, que provocó el éxodo de más de 700.000 personas al vecino Bangladesh y fue calificada por la ONU de “limpieza étnica de manual”.

Sultana cierra los ojos para poder poner palabras a la crudeza de lo presenciado en los últimos años. Porque, insiste, la violencia contra esta minoría musulmana y apátrida no estalló de un día para otro. “No es algo que explotara de repente. Lleva ocurriendo desde 2012. Fue poco a poco. En 2016 era masiva, y en 2017 estaba fuera de todo límite. Matan, violan... simplemente los empujan a irse. Si te quedas en tu tierra, tienes que soportar este tipo de atrocidades”, sostiene en una entrevista con eldiario.es.

Abogada, investigadora y profesora. En 2016, comenzó a recabar los testimonios de mujeres que se marcharon de Myanmar tras sufrir violencia sexual o la pérdida de sus maridos y sus hijos. Pero fue un año después cuando, dice, “se rompió por completo”. “Sentía que tenía que hacer algo, es mi comunidad. Renuncié a todo lo que tenía y me instalé en una zona del campo”, confiesa, antes de reconocer que su labor no ha estado exenta de restricciones. Se centró en el trabajo con las mujeres porque asegura que han sido las más afectadas por la violencia contra los rohingyas.

Desde entonces, ha conocido de primera mano y documentado las historias de mujeres y niñas refugiadas en Bangladesh. Historias que coinciden con las numerosas denuncias de “violaciones y violencia sexual a escala masiva” por parte del Ejército birmano lanzadas por ONG internacionales y expertos de Naciones Unidas. El resultado son dos informes: Testigo del horror, de 2017, y La violencia sexual como arma contra los rohingya, publicado el año pasado. Este jueves, ha estado en Madrid para contar su experiencia en La Casa Encendida, en una conferencia organizada por la asociación Mujeres de Guatemala.

Un espacio para recuperarse de la violencia sexual

Sultana las escucha y les proporciona un espacio seguro. Fundó la ONG Rohingya Women Welfare, con la que brinda apoyo en los campamentos de Cox's Bazar a las mujeres supervivientes de violencia sexual para luchar contra el trauma. “Si sabemos que son víctimas, tratamos de no hacerles muchas preguntas. He llegado a ver en un solo día a más de 15 chicas violadas. Solo me sentaba a su lado”, relata.

“A una niña le pregunté cuántas veces la habían violado y dijo: 'Solo tres, y por eso pude sobrevivir'. Había otras chicas que habían sido violadas 12, 14 veces. Son niñas que iban al colegio. Un grupo entero de militares las violó, a veces enfrente de familiares. La violación está siendo usada como un arma, una máquina asesina, para empujar a las mujeres a morir desangradas. Vienen mujeres con mordiscos, con cortes en la cara...muchas”, asevera la activista.

Sultana se muestra preocupada, además, por las dimensiones que ha alcanzado el acoso y el hostigamiento que, dice, llevan tiempo sufriendo las mujeres rohingyas en Myanmar, país de mayoría budista donde la etnia no tiene reconocida la ciudadanía ni la libertad de movimiento en un sistema que organizaciones como Amnistía Internacional califican de “apartheid”.

“El acoso se ha vuelto una cosa normal. En nombre de la seguridad, todo el rato, rodean a las mujeres, las registran. Es un tipo de acoso, porque lo que describen las mujeres no son cacheos, porque a lo mejor les tocan las partes íntimas. Esto también hace que las mujeres se sientan desnudas. No tienen ningún respeto por ellas. 'Llegan, ponen sus manos en nuestros cuerpos. ¿Por qué tenemos que soportar esto?', dicen ellas”, ejemplifica.

Además, desde su organización tratan de combatir la violencia machista, la trata o los matrimonios infantiles. O hacer más llevadera la precariedad de la vida en los campos. “Muchas mujeres se recluyen en una habitación, a veces incluso no saben quiénes son sus vecinos, no hablan con nadie por miedo, desesperación o trauma. Se quedan en casa, haciendo tareas domésticas o nada. Tratamos de que se recuperen, que cojan aire fresco y que compartan experiencias unas con otras, porque es una vida de desastre”. Y recuerda lo que le dijo una de las habitantes del campo: “Un día es como un año para nosotras”.

“Para el mundo no somos seres humanos”

En abril del año pasado, llevó todas estas historias al Consejo de Seguridad de la ONU. “Hoy hablo en nombre de mi pueblo, que han sido expulsados de nuestra patria. De donde vengo, las mujeres y niñas, han sido violadas, torturadas y asesinadas por el Ejército de Myanmar, por ninguna otra razón que por ser rohingya”, dijo en su presentación.

A los pocos meses, en agosto, la misión de investigación de la ONU, a la que Sultana asegura que también presentó “muchas pruebas”, identificaba “elementos de genocidio intencional”. Un mes después, la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) abría un examen preliminar para investigar la supuesta comisión de delitos como desplazamientos forzados, homicidios, desapariciones forzadas, destrucciones y saqueos. También estaba la violencia sexual. En noviembre, Facebook reconocía el papel clave de su plataforma en la difusión del discurso del odio contra los rohingyas.

Sultana celebra estos pasos, pero considera que no son suficientes. “En Myanmar es como si nos dijeran que no tenemos derecho a vivir, que somos como insectos o lo que sea, que no somos seres humanos. Los rohingya, para el mundo, no somos seres humanos. Si lo fuéramos, quizás ya se habría pasado a la acción o presionado al Gobierno”, recalca.

“Hay miles y miles de pruebas que muestran un plan ideado para asesinar a la gente, de genocidio, de violencia contra las mujeres. Tienen que pasar a la acción, no están haciendo nada, ¿qué más necesitan? Deberían frenarse los negocios con Myanmar, la vida de la gente está por encima, pero no. Es simplemente un: 'Fuera, no os necesitamos'. Pero tenemos derechos y esto debe terminar”, critica la abogada.

La investigadora suelta un suspiro profundo de evidente resignación cuando se le menciona un nombre: Aung San Suu Kyi, Nobel de la Paz y líder de facto del Gobierno birmano. Su actitud tras la ofensiva del Ejército birmano fue la gota que colmó el vaso para muchos que hasta entonces eran sus admiradores. Sultana estaba entre ellos. “Ha sido una gran decepción. Hablamos de una Nobel de la paz, mujer, una luchadora. Muchos dicen que no tiene autoridad, que no tiene poder, que no puede decir nada, pero está negando cada acusación. Antes la admiraba, ahora me siento decepcionada”, resume.

Tras meses de negociaciones, las autoridades birmanas y bangladesíes acordaron iniciar el pasado noviembre la repatriación de los desplazados, pero nadie quiere regresa. Sultana advierte de lo mismo que varias agencias de la ONU: aún no se dan las condiciones para que vuelvan a Rajine.

“Tienen que regresar con ciudadanía. No pueden volver para quedarse en campos de refugiados. Se les debe asegurar que tienen su propia tierra”, apunta la mujer. “Recuerdo que cada vez que sabía que iba, bailaba. Aunque esa tierra nunca me aceptó, siempre era una turista. Ojalá pudiera ir como una ciudadana, aunque aún no es posible. Pero espero que mis hijos puedan. Es nuestra tierra”, concluye con los paisajes de Rajine clavados en la memoria.

Las imágenes en exclusiva obtenidas por The Guardian revelan que en momentos se están construyendo viviendas de hormigón para los rohingya en una isla fluvial de Bangladesh, como parte de un polémico plan para reubicar a cientos de miles de refugiados.

Las obras en la isla de Bhasan Char se han producido en secreto, pero las imágenes filtradas al Guardian revelan las condiciones de vida de 100.000 refugiados rohingya, que podrían terminar en esa isla a principios del año que viene.

Según un plan de Gobierno de Bangladesh, algunos de los 70.000 refugiados rohingya que huyeron de una brutal represión militar y que ahora viven en campos de Cox'x Bazar serán reubicados en dicha isla. Bhasan Char es una isla de barro sin habitantes y lejana en medio del río Meghna, a la que solo se puede llegar por barco.

Como se puede ver en el vídeo, que se grabó este mes, las familias se alojarán en cuartos de bloques de hormigón, de dos metros por dos metros y medio, con pequeñas ventanas con rejas. Hay un baño por bloque y cada bloque está compuesto por unas 25 unidades, cada una para una familia. Aunque la reubicación de los refugiados debía comenzar en octubre, parece que las construcciones no han terminado.

Si no eres trabajador, está estrictamente prohibido acceder a la zona y la isla bajo estricto control de la marina. Solo algunas autoridades de la ONU y del Gobierno de Bangladesh han podido ver las condiciones de las construcciones en la isla. No se han publicado detalles o fotos oficiales del lugar.

La fuente, un activista que se hizo con las imágenes y ha pedido permanecer en el anonimato, describió de este modo las condiciones en Bhasan Char: “Es espeluznante. Se trata de cientos de cuartos similares a celdas de prisión para toda una ciudad de rohingyas”.

“La isla la gobiernan los militares y los únicos que entran son los obreros”, añade. “Se parece más a un campo de prisioneros que a un hogar para refugiados”. Los grupos de derechos humanos y las ONG no han dejado de manifestar su preocupación por la reubicación y los rohingya han dicho varias veces que no quieren ir a ningún sitio por miedo a su seguridad.

Bhasan Char, que se encuentra a 30 kilómetros del territorio continental, se ha formado en las dos últimas décadas. La propuesta es muy polémica porque, además de estar a más de tres horas del continente, suele sufrir graves inundaciones y ciclones. También preocupa el nivel de libertad de circulación que podrían tener aquellas personas que habitasen la isla.

En el último año, diferentes ONG han hecho hincapié en la dificultad y el gran riesgo que implicaría evacuar a cientos de miles de personas de la isla en caso de que se produjera un desastre natural. La fecha para la finalización de los trabajos se ha retrasado a principios del año que viene, tras las elecciones generales de diciembre en Bangladesh.

El comisionado para los refugiados de Bangladesh, Abul Kalam, se negó a comentar todo este proyecto. Human Rights Watch advirtió hace poco que el aislamiento del lugar “convertía a la isla en un centro de detención”.

“El plan de Bangladesh de transformar una isla inhóspita en un asentamiento para rohingyas, para que se alojen en bloques de duro hormigón preocupa tanto por su libertad de movimiento como por la sostenibilidad a largo plazo”, ha dicho el subdirector para Asia de HRW.

Los bloques de viviendas parecen robustos, pero ¿qué será de ellos si llega un tifón? ¿Daca permitirá a todo el que se mude salir y entrar libremente?

Marbru Ahmed, codirector de la organización Restless Beings, cuyo trabajo se ha centrado en los rohingyas, dijo que el campamento de la isla era una solución “inútil” que se estaba imponiendo a la minoría étnica sin consultarles.

“La idea de trasladar a cientos y miles de rohingyas de su comunidad actual a una isla que ha cambiado de forma seis veces en los últimos 15 años parece más un experimento que una oferta seria de ayuda del Gobierno de Bangladesh”, ha dicho Ahmed.

El millón de refugiados rohingya que vive en los campos de Cox's Bazar, 700.000 de los cuales han llegado en los últimos 18 meses, permanecen en un limbo después de que el plan para repatriarlos a Myanmar se desmoronara hace dos semanas. Nadie quiso volver voluntariamente al país que los persiguió. Un portavoz de la ONU dijo que, aunque había dudas sobre la idoneidad de la isla, daban la bienvenida a cualquier intento de “descongestionar los asentamientos superpoblados de Cox's Bazar”.

Y cuando finalmente se convirtió en la lideresa de facto del gobierno civil de Myanmar, en abril de 2016, seguimos mirando; primero con esperanza y luego con horror.

Vimos que la excarcelación de decenas de presos y presas de conciencia dio paso a nuevas detenciones políticas y restricciones a la libertad de expresión.

Vimos que Aung San Suu Kyi y su partido, la Liga Nacional para la Democracia —elegidos de forma arrolladora por votantes de todas las condiciones— cultivaron discursos de odio que han fomentado la discriminación y la intolerancia en lugar de celebrar la diversidad del país.

Y vimos que no condenó o ni siquiera reconoció las atrocidades cometidas contra la población rohingya en el estado de Rajine, cuando los militares mataron a miles de personas, torturaron a hombres y niños, violaron a mujeres y niñas, y expulsaron a cientos de miles de personas de sus casas y su país.

Vimos con interés, pero nunca en silencio.

Desde que Aung San Suu Kyi llegó al poder, Amnistía ha documentado crímenes de guerra y otras violaciones de derechos humanos cometidas por las fuerzas armadas en los estados de Kachin y de Shan del Norte, en el norte del país. Como suele ocurrir, la población civil es la que sufre la peor parte. Pero en lugar de aliviar su sufrimiento, el gobierno de Aung San Suu Kyi se ha unido a las fuerzas armadas para restringir el acceso humanitario a las personas necesitadas de ayuda.

Hemos denunciado cómo la población rohingya está atrapada en un cruel sistema de discriminación institucionalizada, auspiciado por el Estado, que equivale a apartheid, ha sido despojada de su ciudadanía y segregada de la sociedad, y se le impide circular libremente y acceder a escuelas y hospitales. La situación se ve agravada por la administración, que fomenta la hostilidad hacia la población rohingya calificando a sus miembros de “terroristas” y acusándolos de quemar sus propias casas y de denunciar “violaciones falsas”.

Hemos recabado —y publicado— numerosos datos creíbles que implican al comandante en jefe de las fuerzas armadas de Myanmar, general Min Aung Hlaing, y a otras 12 personas cuyos nombres se citan, en su mayoría militares o policías de alto rango, en crímenes de lesa humanidad cometidos contra la población rohingya. Un informe de la ONU concluyó que estos crímenes podrían constituir también genocidio.

Y esta semana, retiramos la máxima distinción de Amnistía Internacional —el Premio Embajadora de Conciencia— a la propia Aung San Suu Kyi.

Fue al recibir este galardón en persona en 2012, dos años después de recuperar la libertad tras largos años de arresto domiciliario, cuando pidió que observásemos lo que iba a suceder.

Irene Khan, que entonces ocupaba el cargo que desempeño yo ahora de secretaria general de Amnistía Internacional, calificó a Aung San Suu Kyi de “símbolo de esperanza, valentía y defensa imperecedera de los derechos humanos”.

Pero mientras Amnistía trabajó para cumplir su parte del trato, Aung San Suu Kyi no cumplió la suya. Por el contrario, ha vuelto la espalda a los mismos principios —derechos humanos, justicia, dignidad— por los que fue galardonada.

Permitir que Aung San Suu Kyi continúe llevando el título de Embajadora de Conciencia de Amnistía Internacional sería una burla no sólo del premio, sino de todas las personas que dedican su vida a reivindicar los derechos humanos universales.

Pero, aunque tomamos nuestra decisión de retirar este premio con gran tristeza, no lo hicimos sin esperanza.

Al haber crecido como activista en Sudáfrica, yo mismo he tomado parte de la lucha contra un régimen brutal de apartheid. Me detuvieron varias veces, encarcelaron a mi hermano pequeño, asesinaron a mi mejor amigo.

Cada uno de nosotros y de nosotras hicimos sacrificios, algunos mucho mayores que otros. Pero la lucha nunca se refiere únicamente a una sola persona. La batalla por los derechos humanos no es nunca así. Del mismo modo, la lucha por la justicia en Myanmar es mucho mayor que Aung San Suu Kyi. Continuará —y continúa— en aldeas, pueblos y ciudades de todo el país.

El mundo no debe olvidar que los problemas de derechos humanos de Myanmar van más allá de la población rohingya. Otras personas siguen sufriendo abusos, discriminación y una pobreza extrema y sus repercusiones, muchas de las cuales se derivan de las omnipotentes fuerzas armadas y su poder sobre casi todos los aspectos de la vida política, económica y social del país.

Aunque su partido no controla a las fuerzas armadas, Aung San Suu Kyi ha permitido que ella misma y su gobierno se conviertan en un escudo para los abusos de los militares.

“Nunca supe a cuántas personas les importábamos, nosotros y nuestra causa. Este galardón me muestra que no estaré sola”, dijo Aung San Suu Kyi en 2012.

A las personas a las que entonces les importaba les sigue importando ahora, y por eso el pueblo de Myanmar no estará nunca solo en su lucha contra la represión.

A su lado, Amnistía Internacional redoblará nuestros esfuerzos para luchar contra la injusticia, con o sin Aung San Suu Kyi.

Facebook ha admitido que su plataforma tuvo un papel clave en la difusión de la violencia étnica contra los rohingya en Myanmar. La red social se ha visto obligada a ello después de que un informe independiente que encargó a una ONG de San Francisco arrojará los mismos resultados que adelantó el pasado marzo la ONU. “La situación del discurso de odio e incitación a la violencia en los medios sociales es desenfrenada, especialmente en Facebook”, denunciaron los investigadores de Naciones Unidas enviados al país del sureste asiático.

Tras recibir el informe de la ONG, Facebook ha emitido un comunicado pidiendo disculpas. La red social intenta dejar claro, no obstante, que ya ha implementado cambios para corregir la situación. “El informe concluye que, antes de este año, no estábamos haciendo lo suficiente para evitar que nuestra plataforma se use para fomentar la división e incitar a la violencia offline. Estamos de acuerdo en que podemos y debemos hacer más”, recoge el comunicado, firmado por el responsable de políticas de producto de Facebook, Alex Warofka.

La ONU ha denunciado que la violencia contra los rohingya ha provocado que 700.000 personas se vieran obligadas a huir de sus casas. Un informe independiente de académicos de Australia, Noruega, Bangladesh, Canadá y Filipinas pone la cifra de asesinados en 25.000. Además, apunta que otras 19.000 mujeres y adolescentes de esta etnia fueron violadas y hasta 48.000 han sufrido heridas de bala.

La red social afirma que el informe de la ONG cita “el complejo contexto social y político en Myanmar”. Enumera que no se respetan los derechos humanos básicos y en la sociedad ya existía una tensión cultural, religiosa y étnica antes de que Facebook se expandiera por el país. “Facebook solo no puede lograr los cambios generales necesarios para abordar la situación de los derechos humanos en Myanmar”, señala el comunicado, citando el estudio de la ONG.

Extensión de Internet por el país

Tanto esta organización como Facebook señalan que la rápida conexión a Internet de los ciudadanos de Myanmar contribuyó a que las llamadas masivas a la violencia contra los rohingya se hicieran incontrolables. Lo que no cita es que fue una estrategia empresarial de la red social la que contribuyó a que el país pasara de tener menos de un 1% de población conectada en 2014 a ser el que más usuarios de Facebook tenía de todo el sureste asiático en 2016.

Fue el plan de Mark Zuckerberg para llevar Internet a los países desconectados, presentado en 2013. Facebook llegó a acuerdos con múltiples gobiernos y teleoperadores para instalar servicios de Internet gratuitos que tuvieran la app de la red social como servicio estrella. La aparición de estos servicios sin coste extendió la conectividad a muchos países, que aumentaron vertiginosamente sus porcentajes de usuarios de Facebook.

Esto no tuvo una correlación por parte de la compañía a la hora de implantar estructuras para controlar los contenidos que se publicaban en la plataforma. Tras el informe de la ONU, Facebook reconoció que en las primeras etapas del conflicto no tenía las herramientas ni el personal necesarios que detectar el discurso de odio en birmano, el idioma oficial de Myanmar.

Su papel en el genocidio del país asiático es solo una de las causas que han provocado que parlamentos de todo el mundo exijan explicaciones a la compañía este 2018. Al escándalo sobre manipulación electoral que llevó a Zuckerberg al Congreso y Senado de EEUU y al Parlamento Europeo, se han sumado ahora las cámaras de Reino Unido y Canadá.

Por primera vez en la historia, diputados de ambas países han organizado una sesión conjunta para investigar a la red social y han instado a Zuckerberg a declarar. Parlamentarios de Argentina, Australia e Irlanda han solicitado participar en esta sesión extraordinaria, que se celebrará el 27 de noviembre en el el Palacio de Westminster (Londres).

La Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) ha abierto este martes un examen preliminar por las supuestas deportaciones y desplazamientos forzados de la minoría musulmana rohingya de Myanmar a Bangladesh, según ha anunciado el tribunal en un comunicado.

La fiscal jefe de la CPI, Fatou Bensouda, ha indicado que el examen preliminar se centrará en la supuesta comisión de delitos como “desplazamientos forzados, privación de derechos fundamentales, homicidios, violencia sexual, desapariciones forzadas, destrucciones y saqueos”.

La decisión de la Fiscalía se produce dos semanas después de que una Sala de Cuestiones Preliminares confirmara que la CPI tiene competencia para tratar el caso.

Las dudas legales se debían a que Birmania nunca ha aceptado someterse a la jurisdicción de la Corte, pero los jueces manifestaron que los delitos se habrían terminado de cometer en territorio de Bangladesh, país que sí ha ratificado el Estatuto de Roma, carta fundacional de este tribunal con sede en La Haya.

“La decisión es un paso significativo en la dirección correcta que abre un claro camino a la justicia para los rohinyá”, celebró entonces el director para el Sur de Asia de Amnistía Internacional, Biraj Patnaik. “La corte ha enviado una clara señal a los militares birmanos de que tendrán que rendir cuentas”, añadió.

El examen preliminar abierto no es una investigación plena, sino un paso previo en el que se analizan cuestiones como la complementariedad del caso (comprobar si la justicia nacional ha investigado de forma seria los hechos denunciados), su gravedad o una evaluación completa sobre si los delitos entran en su jurisdicción.

“Todo examen preliminar requiere una evaluación rigurosa de la información disponible, un análisis fáctico y legal exhaustivo y una evaluación irreprochable de los criterios del Estatuto de Roma. Es lo menos que debemos a las víctimas”, señala Bensouda.

Las autoridades birmanas han rechazado en varias ocasiones las pesquisas de la CPI y denuncian que invade su principio de soberanía, pues, al no ser el país signatario del Estatuto de Roma, consideran que no tendrían obligación de acatar su jurisdicción.

Más de 700.000 personas rohingyás han huido de Birmania a la vecina Bangladesh desde agosto de 2017 a raíz de una campaña militar en respuesta a un supuesto ataque de un grupo insurgente contra puestos policiales y fronterizos.

La ONU identifica elementos de genocidio

El anuncio se produce escasos días después de que la comisión de investigación de la ONU sobre las violaciones a los derechos humanos cometidas en Birmania (Myanmar) publicara el mayor y más detallado informe sobre las atrocidades y abusos cometidos contra la minoría musulmana rohingya durante décadas.

El documento, de 444 páginas, detalla las vejaciones y abusos perpetrados contra esta comunidad apátrida -el Estado no los reconoce como nacionales- desde 2011 en los estados de Kachin, Shan y, especialmente, en el norte de Rakáin.

El informe pone sobre todo el acento en los distintos estallidos de violencia que ha habido a lo largo de los años y especialmente en el ocurrido a partir del 25 de agosto de 2017 en el estado de Rakáin y que provocó la huida de cientos de miles de personas. 

La conclusión más relevante del informe es que se confirmaron elementos de “genocidio intencional” por parte de los altos mandos de las Fuerzas Armadas birmanas en dicha operación contra los rohingya.

La misión considera que “los crímenes cometidos en el estado de Rakáin y la manera en la que fueron perpetrados, son similares en su naturaleza, gravedad y alcance a aquellos que han permitido establecer un genocidio intencional en otros contextos”.

La investigación se ha basado en más de 800 entrevistas de supervivientes de las masacres pero también en vídeos, fotografías e imágenes satelitales que demuestran la campaña de tierra quemada perpetrada por las autoridades, tal y como han documentado ONG como Amnistía Internacional o Human Rights Watch.

“Con toda esta información pudimos reconstruir lo que sucedió en once lugares. Y nos muestra un patrón de comportamiento del Ejército totalmente desproporcionado en que separaban a hombres y mujeres, a los hombres los mataban directamente, a las mujeres y a los niños los violaban y después los mataban quemados en sus casas”, sostuvo en rueda de prensa una de los miembros de la comisión, Radhika Coomaraswamy. “Basándonos en este patrón llegamos a la determinación de que (los militares) deberían ser perseguidos por genocidio”, agrega.

Los miembros de la comisión subrayan que “la demolición en masa y la política de destrucción en el estado de Rakáin levanta serias preocupaciones sobre la destrucción de evidencias y sus efectos en futuras investigaciones de los crímenes, incluyendo los más graves bajo la ley internacional”, como el genocidio.

Por esta razón, están pidiendo que se establezca algún tipo de mecanismo que pueda preservar las evidencias y poder prepararlas para ser usadas por el ministerio fiscal cuando haya un tribunal susceptible de juzgar dichos crímenes. Los expertos habían instado al Consejo de Seguridad de la ONU a referir el caso a la Corte Penal Internacional o a crear un tribunal internacional penal “ad hoc” para juzgar esos crímenes.

El texto también analiza la represión y denegación de derechos aplicadas como política de Estado contra los rohingyas durante “medio siglo”.

“Los múltiples elementos de opresión están basados en políticas de estado que ocurren en un contexto de retórica y práctica discriminatoria. La misión concluye que esta sistemática, severa e institucionalizada opresión, desde el nacimiento hasta la muerte constituye persecución”, subraya la comisión.

El documento, además, explicita centenas de violaciones, culpa claramente al Ejército de la gran mayoría de las atrocidades cometidas y nombra públicamente a los mandos que deberían ser investigados y juzgados por un tribunal internacional por haber cometido el peor crimen, el de querer eliminar, suprimir a una comunidad entera. 

De hecho, los expertos han elaborado una exhaustiva lista con los presuntos responsables de los crímenes cometidos durante la campaña militar contra los rohingyas, empezando por su máximo cargo, el general Min Aung Hlaing. Pero también condenan a la líder de facto birmana, la Nobel de la Paz Aung San Suu Kyi, porque “no utilizó su cargo (...) ni su autoridad moral para frenar o prevenir los acontecimientos en el estado de Rakáin”.

Además del “genocidio intencional” en Rakáin, la comisión ha recabado pruebas de crímenes de guerra y contra la humanidad en los tres estados perpetrados por el Ejército. 

Mark Zuckerberg quiere que Facebook sea Internet. No quiere que su red social sea un canal más de la nueva televisión, quiere ser toda la televisión. Primero, Facebook fue solo para contactos y sentimientos. Luego llegaron las fotos, chats, gestión de comunidades, juegos, aplicaciones, información, vídeos, directos, retransmisiones de fútbol. La red social ha ido absorbiendo competidores para que los usuarios no tengan necesidad de salir de ella. En los países occidentales esto no ha ocurrido de repente, pero sí en los que se están en vías de desarrollo, donde millones de personas ni siquiera saben que usando Facebook están navengado por Internet.

Todo comenzó (a ser público) en 2013. Lejos de las críticas actuales, Mark Zuckerberg surfeaba entonces la cresta de la ola. No había cumplido los 30 y dominaba una empresa con ingresos equiparables a los de Portugal. Todavía con la tez adolescente con la que Time le había retratado como “personaje del año” en 2010, decidió que había llegado la hora de que Facebook tuviera un impacto verdaderamente global: sería la empresa que cerraría la brecha digital y llevaría Internet a todo el mundo, incluidos aquellos que se estaban quedando fuera por motivos económicos.

Vistió su plan como una iniciativa altruista. Al igual que Bill y Melinda Gates colaboraban para llevar medicinas al tercer mundo, él llevaría la conexión a la red de redes, al mundo del siglo XXI. Llamó a la iniciativa “internet.org” (con la extensión que suelen utilizar organizaciones sin ánimo de lucro, a pesar de estar integrada en Facebook Inc.) y llamó a la acción al resto de grandes tecnológicas para que se unieran a su proyecto. Ninguna lo hizo y no se tardó demasiado en intuir por qué.

Un jardín vallado

Un jardín vallado Zuckerberg no quería conectar a Internet a todo el mundo. Zuckerberg quería que todo el mundo usara Facebook. Su plan era convencer a los operadores de datos que operaban fuera de los países occidentales de que permitieran a sus usuarios en países en desarrollo conectarse gratis, o por muy poco dinero, a una app con funciones limitadas. Les convenció de que muchas personas no podrían conformarse con ese pequeño chute de conectividad y en seguida querrían más, por lo que contratarían paquetes de datos, esta vez sí, pagando. Lo consiguió.

Esa app es Free Basics. Solo incluye Facebook y servicios como información del tiempo, gubernamental o de salud. Según explica una portavoz de la red social a este medio, el servicio Free Basics está disponible en más de 50 países. “Estamos comprometidos a conectar a los más de 3.800 millones de personas que no están en Internet actualmente. Nuestros esfuerzos de conectividad han ayudado a conectar a más de 100 millones de personas en línea hasta la fecha”, asegura.

Aunque Facebook asegura que Free Basics incluye 1.500 servicios además de la propia red social en todo el mundo, lo cierto es que las únicas concesiones a agentes externos suelen ser la Wikipedia y el buscador de Google. En este, para pinchar en los resultados de las búsqueda, hay que tener contratado un paquete de datos. El impacto de esta situación en los usuarios de los países desarrollados no se hizo esperar. Según una encuesta de Quartz en 2015, un 65% de los entrevistados en Nigeria, un 61% en Indonesia, un 58% en India y un 55% en Brasil estuvieron de acuerdo con la afirmación de que “Facebook es Internet”. En EEUU, la cifra fue del 5%.

Los datos, siempre los datos

Los datos, siempre los datosLos datos personales de los usuarios en países en desarrollo dejan ingresos mucho menores a Facebook que los de ciudadanos estadounidenses, los más valiosos. Sin embargo, los paquetes de información que puede recopilar sobre ellos eran mucho más amplios. Todo el tráfico de Free Basics pasa a través de internet.org y es controlado por Facebook.

“Este sistema proporciona a Facebook un único nodo a través del cual recolectar y almacenar temporalmente los metadatos de los usuarios. Esto significa que los usuarios, ya sea accediendo a Facebook o a otro servicio dentro del programa Free Basics, están compartiendo datos con Facebook sobre qué sitios visitan, cuándo y durante cuánto tiempo”, avisóun estudio de Global Voices: “Free Basics otorga a Facebook acceso a flujos únicos de datos sobre los hábitos e intereses de los usuarios en los países en desarrollo”.

Con internet.org (que para entonces ya se llamaba “internet.org by Facebook”), la red social se colocó como el único servicio digital disponible para millones de usuarios. Se convirtió en su única ventana al mundo. No existe actividad fuera de Facebook para ellos. Gracias a ello, el perfilado que la multinacional tecnológica tiene de ellos es completo. Entonces Facebook hace lo que la ha convertido en una de las empresas más valiosas del mundo: hace negocio al vender paquetes de datos a agentes que quieran influir en esos usuarios. Estos suelen ser agencias publicitarias, empresas que quieren colocar sus productos o campañas políticas.

Hasta qué punto puedan influir estos actores en los usuarios de Facebook usando los datos recopilados por Facebook no es problema de Facebook.

Odio descontrolado

Odio descontrolado2018 ha demostrado que ni siquiera Mark Zuckerberg era capaz de controlar la capacidad de influencia que puede llegar a tener un agente dopado con la información la propia red social vende. Donald Trump, Cambridge Analytica, las granjas de bots rusas y las elecciones de EEUU manipuladas han sido la gran alerta en el mundo occidental sobre esta situación. Pero no la único, ni la más grave.

En 2014 menos del 1% de la población de Myanmar tenía acceso a Internet. En 2016, Myanmar tenía más usuarios de Facebook que ningún otro país del sureste asiático. A principios de marzo, el equipo de investigación de la ONU para investigar la violencia contra los rohinyá advirtió de que Facebook “se ha convertido en una bestia” y tiene un papel clave en la limpieza étnica que se da en el país. “La situación del discurso de odio e incitación a la violencia en los medios sociales es desenfrenada, especialmente en Facebook. En gran parte, pasa desapercibida”, denunció Marzuki Darusman, jefe del equipo de investigadores.

“Facebook es posiblemente la única fuente de información online para la mayoría de Myanmar”, denunció un analista de ciberseguridad a The Guardian. Zuckerberg intentó disculparse alegando la falta de personal que pudiera comprender birmano y anunciando contrataciones. En agosto la red social reconoció en un comunicado oficial que “tardó demasiado” en actuar para evitar que ser usada como para plataforma de difusión del genocidio contra los rohinyás.

Free Basics no está disponible en Myanmar desde finales de 2017 debido a una regulación que el Gobierno pactó con los operadores para prohibir los servicios gratuitos. No obstante, el horror que ha provocado que la única herramienta digital con implantación en el país no cuente con capacidad de controlar lo que se publica en ella ha aumentado las críticas contra el plan de Facebook de convertirse en el Internet de los países en desarrollo. “Free Basics necesita ser prohibido en todo el mundo”, denuncia a The Wired The WiredNikhil Pahwa, periodista reconvertido a activista digital tras ser una de las voces clave que impulsaron que la India prohibiera la aplicación en 2016.

Pahwa defiende que es preferible dejar que Internet se desarrolle localmente a entregar las llaves de la conexión a la red Facebook y someterse a ese colonialismo digital: “Facebook creó esta elección engañosa entre el acceso y la neutralidad de la red. Eso es esencialmente una mierda”.

Vengo de un pueblo llamado Nga Sarkyue. Es un sitio romántico con muchos jardines verdes y muchos tipos de árboles y flores. Está rodeado por tres lados por un pequeño río y en la parte oriental hay montañas muy altas. Allí solía subir con mis amigos para coger aire fresco y debatir. También está rodeado por tierras de cultivo. Pero en octubre de 2016 el Gobierno de Myanmar hizo desaparecer casi todo.

En los últimos años, me fui convirtiendo cada vez más en un prisionera en mi pueblo. No me podía mover con libertad a otros lugares sin el permiso de las autoridades. Y conseguirlo siempre cuesta mucho dinero.

Las cosas empeoraron a partir de 2012. En junio de ese año, un grupo de personas de Rakhine mató a 10 rohingyas en un pueblo llamado Toung Gu. Después escuchamos que tanto ellos como el Gobierno estaban involucrados en el asesinato de centenares de rohingyas en otros pueblos y distritos. Les quemaban vivos y les mataban a tiros. Muchas mujeres fueron violadas en grupo. Prendieron fuego a la gente y los rohingya fueron detenidos de manera arbitraria. Muchos murieron en la cárcel.

Cuatro años después, cuando tenía 26 años, el ejército de Myanmar prendió fuego a cerca de 300 aldeanos. Mezquitas y escuelas islámicas también fueron incendiadas. Detuvieron y condenaron a prisión a muchísimos rohingyas.

Yo también temía ser arrestado, por lo que en torno a octubre de 2016, dejé de dormir en casa. Muchas veces dormía en el lodo, en la maleza o arriba en las montañas. El Gobierno de Myanmar llevaba mucho tiempo intentando echarnos de Arakan (el nombre rohingya para Rakhine). Y el año pasado lo consiguieron.

Un día, en agosto de 2017, llegaron hombres armados. Dispararon de forma indiscriminada contra el pueblo durante horas. Habíamos escuchado historias de lo que estaba pasando en otros lugares. Sabíamos que nos teníamos que ir.

Dejé mi querido pueblo el 31 de agosto. Eran las 8.10 de la mañana –escribí la hora exacta–. Estaba con mi familia, vecinos y familiares. Nuestros ojos estaban llenos de lágrimas. Nuestros corazones, llenos de miedo.

Anduvimos durante un día y llegamos a un pueblo llamado Singgri Para. Algunos de nosotros descansamos allí durante una semana. Nos decíamos que la situación se calmaría y que no habría necesidad de huir a Bangladesh.

Todos los días escuchábamos la radio esperando buenas noticias sobre el Gobierno de Myanmar, pero no recibimos ninguna. Cuando el despiadado ejército incendió los pueblos de Duden y Lambaguna, cerca de Singgri Para, pudimos ver el humo. Finalmente decidimos ir a la frontera.

Fue un viaje difícil. Tuvimos que cruzar ríos y atravesar largos trayectos de lodo. Murieron ancianos delante de nosotros y muchas familias tuvieron que dejar atrás a seres queridos en una situación débil porque no podían cargar con ellos. Una noche dormimos en una mezquita en el pueblo de Shilhali. No había nada para comer.

Cuando llegamos a la frontera, tuvimos que cruzar a Bangladesh en barco y al ver la costa de Bangladesh al otro lado, todo el miedo salió de mi corazón. Los bangladesíes nos dieron comida. Estábamos muy hambrientos.

Pasé la primera noche en el campo de refugiados de Unsiparag, en la cabaña de un familiar que vino antes que yo. Estaba llena de barro. No pude dormir en toda la noche. Simplemente me tumbé allí, en el suelo fangoso.

Al día siguiente, me construí mi propia cabaña, buscando por todas partes trozos de plástico para cubrir el tejado y las paredes. Me quedé allí con mi familia durante dos semanas, entonces nos mudamos al campo de Moinaghuna. Allí construí otra cabaña en medio de un arrozal húmedo. No teníamos nada que beber ni un sitio adecuado para dormir.

Dos meses después de llegar a Bangladesh me casé. La boda había sido acordada en Myanmar. Nos casamos en la cabaña en la que estaba viviendo. No hubo ceremonia y tampoco felicidad.

Grupos humanitarios nos están dando raciones como arroz, aceite y lentejas. Estamos agradecidos, pero no es suficiente para alimentar a mi familia. No tenemos agua potable ni protección del sol. El campo ni siquiera tiene un solo árbol verde. Por mucho que busques, no lo encontrarás.

Tengo muchos problemas dirigiendo mi gran familia de 12 personas. Cuando consigo una comida, tengo que empezar a pensar sobre cómo conseguiré la siguiente. Sin embargo, cuando vivía en Myanmar era fácil gestionar mi familia porque era profesor y recibía un salario.

Si nos quedamos en estos campos durante mucho tiempo, nuestra comunidad perderá su religión y su unidad. Nuestros hijos no recibirán educación. Por eso, a pesar de todo, queremos volver a Myanmar, pero solo con la ciudadanía y nuestros derechos. Nunca aceptaremos la repatriación sin los derechos que el Gobierno de Myanmar nos arrebató hace mucho tiempo.

A menudo pienso en el futuro de los niños, incluso en los que yo tenga algún día. Aquí no tenemos educación ni escuelas. Me temo que nosotros y nuestros hijos nos convertiremos en animales si tenemos que seguir viviendo esta vida de refugiado.

Traducido por Javier Biosca Azcoiti

La ONU ha establecido que existen elementos de “genocidio intencional” en la operación militar efectuada hace un año en el estado birmano de Rakhine (oeste) contra la minoría rohingya, y que los responsables de las Fuerzas Armadas deben ser investigados y juzgados por un tribunal internacional, además de criticar a la líder de facto de Birmania, Aung San Suu Kyi, de pasividad. 

“Los crímenes cometidos en el estado de Rakhine, y la manera en la que fueron perpetrados son similares en su naturaleza, gravedad y alcance a aquellos que han permitido establecer un genocidio intencional en otros contextos”, señala un informe de la Misión Internacional de Investigación de la ONU.

Los factores que apuntan a esta intencionalidad incluyen, a juicio de la misión de Naciones Unidas, el “contexto opresivo más amplio y la retórica del odio” contra la minoría musulmana rohingya, así como “declaraciones específicas” de mandos y autores directos.

El máximo responsable de las Fuerzas Armadas o “Tatmadaw”, el general Min Aung Hlaing, dijo durante la fase más intensa de la ofensiva militar contra los rohingyas en Rakhine que el problema de esa minoría étnica se había convertido “en un trabajo sin terminar” y que su gobierno tomaba mucho interés en “resolverlo”.

También señala la Misión como elementos que pueden equivaler a un genocidio intencional las políticas excluyentes hacia los rohingyas para, entre otras cosas, “alterar la composición demográfica del estado de Rakhine”; el nivel de organización de la operación militar en agosto del año pasado, que apunta a “un plan para la destrucción”; y el “alcance extremo de la brutalidad de la violencia”.

El 25 de agosto de 2017 se produjo un ataque de insurgentes del Ejército de Salvación rohingya de Arakan (ARSA), contra puestos policiales y militares en la zona que causó más de un centenar de muertos (la mayor parte guerrilleros), y que desató una nueva campaña militar en esa región de la que han huido unos 725.000 rohingyas en el último año a la vecina Bangladesh.

“Suficiente información para procesar”

“Hay suficiente información para investigar y procesar a altos funcionarios en la cadena de mando de las Fuerzas Armadas o 'Tatmadaw', de manera que un tribunal competente pueda determinar su responsabilidad en cuanto al crimen de genocidio en relación al estado de Rakhine”, sostiene el informe.

Los expertos, que también han establecido crímenes de guerra y contra la humanidad en Rakhine y los estados de Kachin y Shan –también objeto de estudio– han elaborado una lista de presuntos autores de las atrocidades cometidas contra los rohingya.

Apuntan a Min Aung Hlaing, y a su número dos, Soe Win; al comandante de la Oficina de Operaciones Especiales, el teniente general Aung Kyaw Zaw; al responsable del Mando Militar de la Región Occidental, general Maung Maung Soe; al general de brigada de la 33 División de Infantería Ligera, Aung Aung; y a su homólogo de la 99 División de Infantería, Than Oo.

La Misión ha entregado una lista más larga al Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos para que la custodie.

Los expertos critican además a la líder de facto birmana, la nobel de la paz Aung San Suu Kyi, al afirmar que “no utilizó su cargo”, “ni su autoridad moral para frenar o prevenir los acontecimientos en el estado de Rakhine”.

Por todo ello, los expertos instan al Consejo de Seguridad de la ONU a referir el caso a la Corte Penal Internacional (CPI) o a crear un tribunal internacional penal ad hoc para juzgar los crímenes cometidos por las Fuerzas Armadas.

Mientras, afirman, debe crearse un mecanismo independiente e imparcial para consolidar, preservar y analizar las pruebas reunidas. Los expertos abogan también por imponer sanciones individuales contra los presuntos responsables, así como un embargo armamentístico contra Myanmar.

Abu Ahmad repite un nombre: Rukia. Es su hija de 11 años. Se quedó paralizada poco antes de que, hace justo un año, la violencia estallara en el estado de Rakhine, al oeste de Myanmar. “Entonces comenzó el conflicto. Combates, apuñalamientos y quema de casas”, recuerda este refugiado rohingya en un testimonio recogido por Médicos Sin Fronteras.

Decidió huir junto a sus esposa a Bangladesh para buscar un lugar seguro en el que pudieran atender a la menor, pero sus otros siete hijos se quedaron atrás. Un día le contaron que habían incendiado su casa y ellos también habían escapado. Finalmente, consiguieron localizarlos en Kutupalong, el mayor campo de refugiados del mundo, con más de 600.000 personas. Era como buscar una aguja en un pajar, pero lo lograron.

Cada pocos días, Ahmad empuja la silla de ruedas de su hija o la lleva en brazos entre las colinas escarpadas y el barro del campo de refugiados para trasladarla al hospital. Ya lleva un año allí y le preocupa qué va a ser de su familia. “Siempre tengo preocupaciones sobre el futuro. ”Pienso en la comida, la ropa, la paz y nuestro sufrimiento. Si tengo que permanecer en este lugar durante 10 años, cinco años, cuatro años o incluso un mes, tendré que sufrir este dolor“, dice.

El 25 de agosto de 2017, el Ejército birmano emprendió, tras el ataque de un grupo insurgente, una violenta campaña militar contra cientos de aldeas habitadas por la minoría musulmana apátrida que Naciones Unidas ha calificado de “limpieza étnica de manual”. Fue el inicio del éxodo multitudinario de más de 720.000 personas al país vecino. Cruzaban la frontera con lo puesto, enfermos, exhaustos. Sus testimonios sobre el horror vivido en Myanmar coincidían. Según las estimaciones existentes, de MSF, 6.700 personas fueron asesinadas en un solo mes.

“Estamos igual, o peor”

Cientos de refugios improvisados comenzaron a poblar desde entonces Cox’s Bazar, al sur de Bangladesh. Los mismos que hoy siguen en pie, porque, un año después, miles de personas siguen viviendo en las mismas casas de plástico y bambú que fabricaron hace un año. Donde no tienen luz por la noche, no pueden cerrar sus puertas con llave y muchos no se sienten seguros.

Bajo estas viviendas han tenido que soportar las lluvias torrenciales propias de la época del monzón, que ha obligado a las organizaciones humanitarias a reforzar las instalaciones y evacuar a las personas en mayor riesgo a otras zonas. Los asentamientos, en colinas entremezcladas con cultivos de arroz, se han inundado y al menos cinco niños han muerto a causa de los deslizamientos de tierra, según las autoridades locales.

Aunque las lluvias parece que empiezan a remitir, a la época del monzón le sigue otra no menos insegura: la de riesgo de ciclones, a partir de octubre. “Un año después estamos igual o peor porque la situación en los campos sigue siendo muy mala”, resume en pocas palabras María Simón, coordinadora de emergencias de MSF, en una conversación con eldiario.es desde Bangladesh. De todo, recalca, hay poco: letrinas, puntos de agua potable, puntos para repartir comida, estructuras médicas. Todos son insuficientes.

Estas “inaceptables” condiciones de los campos los convierten, según ha alertado la ONG, en una “bomba de relojería”. MSF ha atendido más de 6.000 casos de difteria, también de sarampión. Pero la mayoría de personas llegan a sus consultas con diarreas, infecciones y enfermedades en la piel. “Todas están directamente relacionadas con las pobres condiciones de vida”, puntualiza Simón.

“Hemos logrado muchas cosas: que haya un reparto de comidas regular, asistencia sanitaria, apoyo psicosocial... Pero todavía hay grietas y estamos trabajando para mejorar los servicios. Una parte enorme de la población aún vive en áreas muy congestionadas”, explica por su parte Caroline Gluck, portavoz de Acnur, desde Cox’s Bazar.

Mientras, los países donantes apenas han aportado un 34% de los fondos reclamados por Naciones Unidas para dar poder dar respuesta a la situación de estas personas en Bangladesh. ¿Se ha olvidado el mundo de los rohingyas? “Al principio hubo mucha atención mediática, porque fue uno de los mayores éxodos en poco tiempo. Todo el mundo miraba a Bangladesh, pero ahora ya no, se ha olvidado un poco”, responde Simón.

Incertidumbre ante las futuras repatriaciones

En medio de este olvido, miles de personas tratan de salir adelante y recuperarse de la violencia que les forzó a huir, así como de las consecuencias de llevar un año en precarias condiciones. “Llevan la mochila de la violencia vivida, la del viaje peligroso y lleno de dificultad, más el estrés diario de vivir en los campos: no tener comida suficiente, no poder ganarse la vida trabajando, tener restricción de movimientos, sentir inseguridad…”, relata la coordinadora de MSF. “Atendemos muchos pacientes con flashback, ansiedad, ataques de pánico, depresión... Es la consecuencia de todo esto que llevan en la mochila. Y de una situación perdurable en el tiempo con la incertidumbre de no saber qué va a pasar”.

Es la incertidumbre de la que habla Abu Ahmad, la que se abre ante las futuras repatriaciones a Myanmar, aunque el proceso permanece estancado. En junio, Acnur y el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD firmaron un memorando de entendimiento con Birmania como “primer paso” sobre el retorno desde Bangladesh a su país. “Volveremos si el país se vuelve pacífico, pero volveremos con condiciones. Volveremos si recuperamos nuestra libertad; si devuelven nuestra casa, nuestra tierra, nuestro ganado y nuestras cabras”, sostiene el refugiado.

Es lo mismo que han reivindicado las organizaciones que operan en la zona, entre ellas MSF: que los retornos sean seguros. “Toda repatriación tiene que ser segura, voluntaria y digna y de momento, en un principio, estas condiciones no están listas para poderse realizar”, recalca Simón. Desde Acnur reclaman al Gobierno birmano “progresos tangibles” para mejorar las condiciones de vida en el estado de Rakhine, donde esta etnia ha sido históricamente discriminada.

“Muchos quieren volver a sus pueblos, a pesar de todo lo que han vivido allí y quieren asegurarse de que lo puedan hacer con seguridad, sin violencia, y que se respeten sus derechos. Tenemos gente que sigue huyendo de Myanmar, no tanto de la violencia como al principio, sino de las duras restricciones: los niños pueden ir a colegio, no pueden moverse con libertad. Acnur no cree actualmente que estas sean condiciones para regresar de momento”, explica Gluck.

La representante de MSF, por su parte, recuerda la situación de “limbo legal total” en el que a día de hoy se encuentran estas personas, que ni son reconocidas como ciudadanas en Myanmar, ni como refugiadas en Bangladesh. “Es una situación realmente difícil porque hay una falta de voluntad política de resolverla. Bajo el pretexto de que volverán pronto a Myanmar, falta una respuesta humanitaria con soluciones a más largo plazo, porque ha pasado un año y la situación sigue igual”, recalca.

Parlamentarios asiáticos piden llevar el caso a la CPI

En este primer aniversario siguen resonando las críticas al Gobierno birmano por su responsabilidad en el éxodo de centenares de personas. Más de 130 parlamentarios de cinco países del Sudeste Asiático quieren llevar los crímenes contra los rohingya ante la Corte Penal Internacional. Se trata de la primera gran condena unánime que se produce en la región y piden que el Ejército del país, que ejerce presiones directas sobre su líder de facto Aung San Suu Kyi, responda por sus crímenes.

En una declaración conjunta emitida por Asean Parliamentarians for Human Rights (APHR), la organización exige que el Ejército de Myanmar se “enfrente a la justicia” por su “operación asesina en el Estado de Rakhine”. APHR es una organización compuesta por diez países de la región que fue acusada el año pasado por no adoptar una posición firme en este conflicto.

“Dado que Myanmar claramente no está dispuesto ni es capaz de investigarse a sí mismo, nos encontramos ahora en una etapa en la que la comunidad internacional debe intervenir para garantizar la rendición de cuentas”, dijo el político malayo Charles Santiago en unas declaraciones recogidas por the Guardian. Añade que espera que el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas remita inmediatamente la situación de Myanmar a la Corte Penal Internacional. “Los responsables de estos horribles crímenes en Myanmar deben rendir cuentas, no se les puede dejar en libertad para que vuelvan a cometer los mismo abusos en el futuro”.

Lo mismo han pedido organizaciones como Amnistía Internacional, que ha asegurado que este 25 de agosto “conmemora un hito vergonzoso” y ha criticado a la comunidad internacional, por “su inacción a la hora de exigir cuentas a los responsables de crímenes de lesa humanidad”. “Corre el riesgo de transmitir el mensaje de que las fuerzas armadas de Myanmar no solo gozarán de impunidad, sino que podrán cometer de nuevo esas atrocidades”, ha dicho Tirana Hassan, directora de Respuesta a las Crisis de AI.

Quemaron sus aldeas y las imágenes por satélite lo demuestran. Derribaron sus casas y destruyeron sus cultivos. Les arrinconaron en las playas, mientras el propio Ejército sembraba de minas antipersona los caminos que les devolvían a sus aldeas. Sin agua y sin comida, se lanzaron al mar para escapar del horror dirigido y ejecutado por el Ejército, bajo el silencio del Gobierno.

¿Qué hizo que una activista por los derechos humanos se convirtiera en la gran cómplice del último repunte violento contra la minoría musulmana? Aung San Suu Kyi no quiere perder el poder que tantos años le costó lograr y sabe que si se opone al Ejército, este la podría derrocar.

Aung San Suu Kyi pasó de ser una activista por los derechos humanos a una política de corte autoritario en apenas unos años. Comprender su metamorfosis o el significado de la etnia y la religión en el Sudeste Asiático son las claves para abordar la actual crisis de la minoría musulmana rohingya. Alberto Masegosa, corresponsal de EFE en Bangkok acaba de publicar Rohingya, el drama de los innombrables y la leyenda de Aung San Suu Kyi, un libro breve que se centra en el papel de La Señora y en la facción violenta del budismo.

¿Qué diferencia a los rohingyas de las otras etnias de Myanmar y por qué ellos nunca conseguirán la nacionalidad birmana?

Lo que diferencia a los rohingyas de los otros musulmanes de Myanmar es que tienen una identidad étnica propia. Hay un 5% de birmanos que son musulmanes, pero no tienen identidad étnica, tienen identidad religiosa. En el caso de los rohingyas, no solo tienen identidad religiosa sino que también tienen identidad étnica y eso les distingue tanto del resto de los musulmanes birmanos, entre los que no son muy populares, como de la mayoría budista. Yo creo que este binomio identitario, religioso y étnico, es lo que puede explicar que los rohingyas nunca lleguen a ser reconocidos como una etnia local y autóctona.

¿Cómo se puede explicar la transformación política de Aung San Suu Kyi?

Es la transformación de alguien que era una activista, que era una luchadora por los derechos humanos, por la libertad y por la justicia, al ejercicio del poder. De la militancia pasa a formar parte del liderazgo político. Ahora esta mujer no está dispuesta a perder el poder y es lo que explica que esté dispuesta a consentir que bajo su mandato el Ejército siga cometiendo las atrocidades que ya había cometido en los 70 años anteriores desde la independencia. Ella sabe que si se opone a la línea política del Ejército, el Ejército la puede descabalgar. La clave está sencillamente en que no quiere perder el poder.

En el libro, se cuenta que ella quería dar la nacionalidad a los rohingyas pero que el Ejército lo impide.

Eso es lo que ella prometió a los líderes musulmanes en las elecciones de 2015 que son las que le encumbran al poder. Lo que dice en ese momento a los líderes musulmanes es que le voten a ella, que en ese momento no va a poder incluir en las listas a musulmanes porque se lo impide el Ejército y porque tiene miedo de que el Ejército le acuse entonces de islamizar el país, pero que más adelante contaría con candidatos musulmanes para desempeñar actividades dentro de las altas responsabilidades del Estado.

Esta es una promesa que se rompe cuando se desata la crisis rohingya y por eso aplaza ese plan que ella había dicho a los musulmanes. Todo esto explica que las minorías musulmanas y también la cristiana le apoyaran en las elecciones de 2015 y que, aun así, sigan siendo uno de sus soportes, porque tienen miedo de que se produzca una involución todavía mayor y que la mayoría budista les niegue derechos que mantienen a duras penas. Estoy hablando ahora de la minoría musulmana en general. El tema rohingya es más específico.

Suu Kyi nunca se ha declarado abiertamente sobre este asunto, ha pasado de puntillas. Lo que sí ha dicho a los líderes musulmanes es que le dieran tiempo para calmar el miedo del Ejército a la islamización del país y que más adelante contaría con la minoría musulmana en mayor grado de lo que lo ha hecho hasta ahora.

Para los rohingyas, ¿qué diferencia hay entre vivir bajo un régimen militar o el Gobierno de Suu Kyi?

No hay una gran diferencia. Es peor. La experiencia para ellos ha sido peor con Suu Kyi que con los regímenes militares anteriores. La Administración de Suu Kyi es la que les ha sacado del país y apenas quedan un 10% en Myanmar.

¿Son los rohingyas una especie de arma con la que se golpean entre unos y otros?

Son el elemento aglutinador del resto de etnias, de la mayoría budista. La crisis rohingya lo que ha hecho es apretar las filas en la comunidad budista. Ha servido para unir al resto del país que han fijado un enemigo común que son los rohingya.

¿Hay prohibiciones al estilo rohingya que se apliquen sobre otras minorías?

No de manera sistemática, aunque de manera práctica sí. Los rohingyas por ley no tienen acceso a la sanidad o a la educación, que el Estado sí ofrece a otras minorías en teoría.

¿Cómo nace el movimiento religioso budista que se identifica con el número 969? ¿Es antagónico hablar de budismo radical?con el número 969?

Todas las religiones tienen una vertiente radical e integrista. Lo que es sorprendente es que la opinión pública mayoritaria piense que el budismo es una religión bondadosa y cándida y, aunque en parte es así, hay reductos integristas igual que en el resto de religiones, igual que hay sectores integristas cristianos y musulmanes.

Lo que ha demostrado esta crisis es que existe este sector integrista budista. El budismo que se practica en Myanmar es diferente al que se practica en Tíbet por ejemplo. El clero radical budista es tan radical como el clero más radical musulmán o los sectores más integristas de la Iglesia católica.

¿Quién es Wirathu, el líder que se definió a sí mismo como el Bin Laden del budismo?

Wirathu es un líder religioso radical comparable a Al-Bagdadi, líder de ISIS en Siria e Irak. Es un iluminado, es un tipo que impone su religión con los medios que haga falta. Es un ejemplo bastante desconocido de este budismo radical que no encaja en la mentalidad de la opinión pública, de los que pensaban que el budismo era una revisión de paz y amor.

¿Qué papel social y político tienen la religión y la etnia en el Sudeste Asiático?

Son dos factores de identidad muy fuertes. El Sudeste Asiático ha sido tradicionalmente budista pero, en los últimos siglos, gracias al proselitismo musulmán ha dejado de ser la religión mayoritaria. Ahora mismo, principalmente por Indonesia y Malasia que son mayoritariamente musulmanes, apenas el 30% o 35% de la población de la región sigue profesando el budismo, el resto son mayoritariamente musulmanes. Esto ha exacerbado el radicalismo en los sectores budistas.

La etnia y la religión son dos factores de identidad, y cuando se sienten amenazadas ya sabemos cómo reaccionan. Es un fenómeno universal.

Si el papa hubiera mencionado a los rohingyas en su visita al país, ¿habría habido represión contra las minorías cristianas?

Esto precisamente era lo que temían los cristianos birmanos, que le pidieron que no citase por su nombre a los rohingya porque pensaban que esto podría provocar una reacción en su contra por parte del Ejército y del sector radical budista. Lo que hubiera podido pasar, no lo podemos saber.

El ascenso al poder de Suu Kyi se contempló en el resto del mundo, en 2015, como la llegada de la democracia a Myanmar, y no es cierto. Fue el inicio de un proceso democrático que ha quedado interrumpido con la crisis rohingya y que ha registrado una deriva hacia un proceso involucionista en el que el Ejército vuelve a tomar el mando sin ningún complejo y vuelve a manejar las riendas del poder efectivo en el país. La línea política del Estado la sigue marcando el Ejército y Suu Kyi lo único que hace es obedecer la línea oficial que sigue marcando el Ejército.

El papelito azul se destiñe entre los dedos frágiles de Halima. La lluvia se abate sobre el campo de refugiados rohingyas de Kutupalong; es mediodía y la hilera de personas que espera la distribución de alimentos ya no responde a ningún orden. Halima aguanta junto a su madre para poder comer ella y sus hermanos, aunque en la cartilla de racionamiento ya no se distinga si se trata de tres o seis personas más.

La lluvia hizo desvanecer la mitad de los integrantes de su familia de la burocracia administrativa humanitaria, con la misma facilidad con la que cientos de vidas fueron borradas en masacres al otro lado del río Naf, en Birmania.

Al menos 9.000 rohingyas murieron en Myanmar entre el 25 de agosto y el 24 de septiembre de 2017, según Médicos Sin Fronteras (MSF). 730 eran menores de cinco años. Casi 700.000 personas de esta etnia musulmana llegaron al sur de Bangladesh buscando refugio. Las mismas que ahora ven sus precarias condiciones agravadas por las intensas lluvias y el viento que ha arrasado algunos de sus refugios. Las mismas que huyeron de la persecución y la masacre.

Rozia recuerda. Tiene los ojos color betún, velo violeta y con la mirada busca explicación a lo que sucedió, se limpia las lágrimas con la mano derecha y las mira como si fueran ajenas. “Había preparado verduras, naan [pan], y estaba toda la familia preparada para desayunar. Fue a principios de agosto, el sol ya secaba el arroz cortado el día anterior en Kalaywa”, rememora.

La refugiada piensa en esa mañana, en las nubes monzónicas que asomaban amenazantes en el horizonte. “Era temprano para escuchar truenos, por sus sonidos parecía estar llegando tormenta –dice–, pero los estruendos empezaron a ser rítmicos”. La cadencia no respondía a la naturaleza. A lo lejos, aparecieron aviones, luego helicópteros. Primero, dice, fueron bombas, después morteros, tiros, cuchillos; luego fuego, gritos y llanto desgarrador. 

“La lluvia no paraba, caminamos quince días en el barro”. Atravesaron pueblos arrasados camino a los confines de Birmania, para cruzar el río Naf, la última frontera con Bangladesh. “Hui con la ropa que tenía”, dice Rozia y acomoda el cuerpito de Zubair entre sus piernas. Su hijo de dos meses solo pesa gramos.

Aún no se han iniciado las repatriaciones acordadas el pasado enero por las autoridades birmanas y bangladesíes y muy cuestionadas por las ONG y Naciones Unidas. Aseguran que aún no se dan las condiciones para el regreso seguro de los refugiados rohingya a Myanmar, que no los considera sus ciudadanos.

La comunidad rohingya se asentó en Birmania durante la colonia británica. La dictadura militar instaurada en 1962 les denegó la nacionalidad y los convirtió en apátridas, sin derechos civiles ni políticos: no tienen derecho a la libre circulación, a escolarizarse ni a recibir asistencia sanitaria; no tienen derecho a trabajar, ni a casarse, ni a poseer tierras.

Los rohingyas, apátridas entre los apátridas, se instalaron en campos como Kutupalong, Jatmoli o Teknaf de Bangladesh: asentamientos precarios que nacieron en la década de los noventa. Los tres campos ahora conforman uno. Donde antes había miles de personas, hoy se cuentan cientos de miles.

Un océano de chozas de lona y cañas de bambú disputan metros de tierra roja. No hay carreteras. Pequeños senderos funcionan como los únicos vasos comunicantes: pasillos cenagosos donde mujeres llevan niños a cuestas y los hombres trepan cargando sacos de arroz.

En la cama número cuatro del hospital de MSF de Goyalmara, Rozia cuenta las horas para que su pequeño se recupere. Desea volver a la choza que está al otro lado de la colina. Allí la espera su marido y sus cinco hijos.

Rozia acaricia a Zubair y mira por la ventana. Piensa en los que se quedaron en el campo y los están esperando. Hace nueve meses llegaron a Jatmoli y las esperanzas de algún tipo de futuro comienzan a diluirse.

Escasean los puntos de acceso al agua que, de por sí, no es potable. Las charcas, legado de lluvias caprichosas, son las fuentes donde bañan a los hijos e hijas. Las pocas letrinas aumentan la insalubridad.

Suelos de tierra, techos de plásticos, paredes de bambú, refugios atravesados por el desagüe de las escasas letrinas, sin agua, sin luz y rodeados de charcos de agua estancadas. En Myanmar, las mujeres rohingyas parían en sus hogares de pie y, si salía todo bien, la familia crecía. Hoy los partos tienen lugar en estos refugios y las condiciones higiénicas amenazan la vida de los recién nacidos. 

Salem Ullah, de tres meses, recibe asistencia respiratoria en el hospital de MSF. Su madre Ansar imita el gesto mientras cubre su boca con su velo. “Las sepsis neonatales son estados de infección generalizada y es uno de los diagnósticos más extendidos desde que abrimos este hospital”, apunta Alejandro Vargas Piek, pediatra de la organización humanitaria. “Llegan con cuadros de fiebre extrema, han perdido el apetito y tienen muy bajo peso”.

A Salem le esperan dos semanas de antibióticos por vena y sesiones de respirador para limpiar sus pulmones y mantener encendida su esperanza de vida.

La temporada de lluvia se presenta puntual a su cita anual del ritual monzónico, inundando los asentamientos de Kutupalong, Jatmoli y Balukahli, que desbordan en todo sentido. Los deslizamientos de tierra se llevan chozas y vidas. La ONU y las ONG que trabajan en la zona llevan meses alertando del riesgo de la situación de los refugiados ante la llegada del monzón.

Reasentamiento crítico por las fuertes lluvias

Lila Begum se asoma por última vez en la puerta de su refugio. Se siente afiebrada y con la ayuda de Faisal, un voluntario de Acnur, empieza a empacar los pocos enseres: una esterilla, un balde, dos mantas humedecidas, una olla magullada, dos cucharas y una cajita de especias que atesora con devoción.

Sus dos hijas apoyan la decisión de abandonar la choza, situada al borde del precipicio. Serán recolocadas en otro refugio, dentro del mismo campo pero a unos cuantos kilómetros de allí. Abdu, de catorce años, se niega. Llora, grita y cuestiona tartamudeando a su madre. No quiere dejar esa zona del campo donde permanecerá parte de su familia, y sus afectos: otros adolescentes que vieron, sufrieron y sobrevivieron a lo mismo.

El acceso agua limpia será otro desafío para los próximos meses. El riesgo de propagación de enfermedades por el contacto o consumo de agua en mal estado es excesivamente alto. Organizaciones humanitarias como Oxfam trabajan con escaso margen de tiempo para reforzar los cimientos de los refugios; construir y rehabilitar pozos de agua, e instalar sistemas de alcantarillado para reducir el impacto de las inundaciones. 

Las tormentas serán una nueva amenaza para las miles de personas vulnerables que subsisten en condiciones críticas, hacinadas y sin suficiente comida. En Bangladesh, más de un millón requieren ayuda humanitaria con urgencia. Familias como la de Halima intentan hacer acopio de alimentos, porque las lluvias tornan intransitables los caminos para la asistencia.

Halima aún mantiene su lugar en la hilera pese a la lluvia. Con sus dedos frágiles –la mirada inabordable, la ropa empapada– sostiene el papel para recibir el saco de arroz que asegure el alimento de su familia por esta semana. Es solo una niña.

El agujero negro que ha encontrado sitio junto al jardín del Edén es el residuo de un tenebroso big bang. Un big bang que estalló tras el ataque sincronizado del ARSA el 25 de agosto de 2017, que expandió la política de la tierra quemada y el delito impune. Las autoridades birmanas expulsaron de Arakan a las organizaciones humanitarias y cerraron a cal y canto la región a la prensa nacional y extranjera. Fotografías tomadas por satélite no tardaron en mostrar que en el norte de Arakan habían aparecido inquietantes manchas de sombra, seccionadas del resto del territorio con la precisión quirúrgica con que se extirpa un cuerpo extraño. El ganado pacía, los cultivos esperaban la cosecha, los aldeanos proseguían con normalidad la vida en los poblados rakéin. No se acertaba a distinguir nada en las manchas de sombra, ni ganado, ni cultivos, ni casas, ni gente. Los poblados rohinyá habían sido arrasados por un vórtice de exterminio que había acabado con todo género de vida humana, animal y vegetal.

Tras el ataque, las autoridades birmanas informaron de que trece uniformados habían muerto. Y de que en la operación de respuesta los militares habían causado la baja de más de 400 atacantes, todos terroristas. El Ejército abrió una investigación que concluiría que los soldados “no han disparado un solo tiro contra civiles”, que esa era la orden que había recibido la tropa, y que la tropa la había cumplido sin excepción alguna.

En una visita a Arakan, el general Hlaing felicitó a los soldados por “preservar la paz y la seguridad”. Recurrió a un refrán birmano que dice que “una raza no puede ser borrada de la faz de la tierra si no es por otra raza”. El general Hlaing no precisó a qué razas se refería. La Señora también visitó la franja costera. Fue salomónica. “Hay alegaciones y contraalegaciones”, comentó Suu Kyi. Las contraalegaciones del Gobierno de Naipyidó incluían que los rohinyá se habían inmolado y quemado sus poblados en un siniestro ritual para presentarse como víctimas propiciatorias de verdugos inexistentes.

La comunidad internacional no dio crédito. Ni a la investigación del Tatmadaw, ni a palabras del general Hlaing, ni a los comentarios de la Señora, ni a las contraalegaciones del Gobierno de Naipyidó. Los testigos hablaban de miles de muertos entre los rohinyá, desarmados o armados con aperos y utillaje de labranza. Médicos sin Fronteras calculó su número en más de 6.700. Muertos por disparos, machetes, quemados vivos tras prenderse fuego a viviendas en las que se habían escondido discapacitados, viejos, niños. También los testigos hablaban de más de 300 aldeas incendiadas y convertidas en manchas de sombra, y de violaciones múltiples de mujeres por los militares.

Dos semanas después del big bang, el Alto Comisionado la ONU para los Derechos Humanos, Zeid Ra’ad Al Hussein, había desgranado en Ginebra ante el consejo del organismo una “operación brutal, generalizada y sistemática” de las fuerzas de seguridad birmanas y las milicias rakéin, que “posiblemente” merecían la consideración de criminales de guerra. Apuntó indicios de genocidio. Dijo que lo incuestionable era que se había cometido una “limpieza étnica de manual”.

Zeid Ra’ad al Hussein denunció que, tras incendiar los poblados rohinyá, el Ejército birmano había sembrado de minas la frontera con Bangladés. Pero que la colocación de los artefactos explosivos no había frenado un éxodo imparable al país limítrofe, entre otros motivos porque los habitantes de los poblados arrasados no se planteaban el retorno. No les quedaba nada que rescatar de sus aldeas en Birmania. Al diplomático y funcionario jordano le sobraban argumentos. Podría haber añadido que la limpieza étnica había comenzado hacía décadas, aunque en su inicio no hubiera sido de manual.

En Kutupalong y su galaxia de campos hay refugiados que han llegado en 1978, en 1991, en 2011, en 2012, en 2015, en 2017. Cerca de 700.000 rohinyá huyeron de Arakan tras el último ataque del ARSA. Pero el distrito acoge a más de 200.000 inquilinos más, y se empezó a poblar mucho antes. Con mareas de desplazados que avanzaban en Kutupalong conforme lo hacían en Arakan, las operaciones de acoso y las implacables campañas militares de los regímenes de los generales Ne Win, Saw Maung, Than Shwe y Thein Sein. Khurshida Begum llegó en 1991, con 16 años. Lo hizo con sus hermanos y sus padres, con los que hasta entonces vivía en la aldea de Mingkhasi. Su chamizo en Kutupalong es de barro y caña, ya no es una chabola recién pergeñada, Kurshida pertenece al grupo de 34.000 refugiados que llegaron a principios de la década de los noventa del siglo pasado.

Dice que ella y su familia huyeron porque la cacería que sufrían en Birmania era insoportable. Su madre le teñía de noche la cara con un aceite oscuro, para que no resultara atractiva a los soldados. Por la noche, su madre obligaba a Kurshida a mantenerse despierta, para no ser violada por los soldados, que entraban por la noche en las casas en busca de adolescentes.

En Kutupalong, Kurshida conoció a otro joven rohinyá, Narul Alam. Se casaron y tuvieron seis hijos. Narul no ganaba suficiente para mantener a todos. En 2012 Narul huyó de nuevo, en un barco de inmigrantes que se dirigieron sin papeles a Malasia. Narul tuvo suerte y llegó a Malasia, otros barcos naufragaron y se fueron a pique con sus ocupantes sin papeles. En Malasia el marido de Kurshida encontró trabajo y, desde entonces, manda todos los meses dinero para Kurshida y sus hijos, que no le han podido seguir porque no ven futuro fuera del agujero negro. Kurshida se ha hecho a la idea de continuar en Kutupalong hasta el fin de sus días. A los 41 años no vislumbra otra opción.

Los militares bangladesíes han desplegado un rosario de puestos de control alrededor del campo de refugiados. El acento de Kurshida la delataría en los puestos de control. Sería devuelta al campo. Y Kurshida no puede volver a Arakan. No tiene papeles que la identifiquen como ciudadana de su país de nacimiento, su única documentación es la que le ha expedido la ONU, que la acredita como refugiada.

Kurshida se siente rohinyá. Desde el punto de vista religioso dice que se siente cerca de los bangladesíes. Y como nacida en Arakan no renuncia a su derecho de ser reconocida como birmana, aunque no sepa cuándo sus antepasados emigraron a la franja costera que el régimen de los generales rebautizó con el nombre de Rakéin. “Mis padres nunca me hablaron de eso”, dice. Para ella, sus antepasados habían estado allí siempre.

Quienes han estado siempre a este lado de la frontera son sus seis hijos, nacidos en Kutupalong, y que componen la segunda generación de la familia que padece el exilio, sin ciudadanía ni nacionalidad. El mayor se llama Shafike y tiene 21 años. Ha estudiado en Bangladés, lo que le permite salir del campo para trabajar en un proyecto de desarrollo de una agencia de auxilio. Pero sigue viviendo en el campo, con su madre y sus hermanos, y sabe que solo podrá casarse con una rohinyá, no con una bangladesí, pues la legislación local impide que adquiera derechos en el país de acogida a través de matrimonio. Sabe también que tiene que tener cuidado en el trato con los locales, los rohinyá ya no son bien recibidos en Bangladés, donde han adquirido fama de privilegiados por las organizaciones de ayuda en un país paupérrimo, sobrepoblado y sobreexplotado.

Shafike nunca ha estado en Arakan, aunque se siente tan rohinyá como su madre. O más. Asegura que si hubiera estado en la franja costera se habría unido al ARSA sin pensárselo dos veces.

Sherushu Alam tiene 17 años, es de la generación de Shafike y estaba en la franja costera cuando se produjo el big bang, aunque mantiene que no militaba en ningún grupo armado. Relata que estaba fuera de su casa cuando los militares se presentaron en su poblado de Buthidaung. Al verlos venir, Sherushu corrió hacia su casa para esconderse. Pero antes de llegar a su casa los soldados le dispararon en un pie para impedir que siguiera corriendo. Cayó al suelo. Familiares y amigos le recogieron y se turnaron para cargarle al hombro. Le trajeron hasta Kutupalong, donde los médicos le sometieron a examen, y a las pocas horas le amputaron la extremidad. La gangrena había avanzado sin remisión.

Los médicos le dijeron que si hubiera llegado unos días antes le habrían podido salvar el pie. Shereshu dice que, en su huida, el grupo que le cargaba al hombro fue detenido varias veces por los soldados birmanos, que esa fue la razón de que cuando llegó a Bangladés fuera demasiado tarde. Shereshu tampoco ve futuro. “No sé cómo voy a salir adelante en estas condiciones” musita, mirando al muñón, que cubre con un trapo.

La historia de Shafika Noor es la de muchas en el agujero negro, su marido Mohd fue asesinado por los militares del Tatmadaw. Shafika recuerda que estaba en su vivienda con Mohd cuando oyeron disparos y gritos en su aldea, junto al mercado de Tanng. Salieron y vieron que los soldados empezaban a quemar casas y a disparar a lo que se movía. Sin margen de reacción, su marido fue alcanzado por disparos de armas automáticas. “Le acribillaron delante de mí” asegura. A Shafika le preocupa que no pudiera enterrar a Mohd. “Todavía no sé qué hicieron los soldados con el cadáver de mi marido. El último recuerdo que conservo de él es que estaba agonizando. Los soldados nos apartaron a los vecinos, no nos dejaron atender a los heridos ni recoger a los muertos para enterrarlos y que tuvieran un funeral”, dice. Shafika es madre de tres hijos. Los dos primeros tienen siete años y cinco años; el tercero, tres meses, nació en Kutupalong. Cuando Mohd fue acribillado, Shafika estaba embarazada.

Noor Ayesha también es viuda. Y por el mismo motivo que Shafika. Tiene 28 años y tres hijos, de cinco y tres años, y, el último, de ocho meses, acababa de nacer cuando estalló el big bang. Explica que en su aldea de Maungdaw los radicales rakéin ayudaron a los soldados en la labor de exterminio, y que antes de hacerlo habían pedido dinero a los habitantes del poblado. Sostiene que también antes los militares habían ido de noche a las casas en busca de chicas. Y que tras violarlas les disparaban en el sexo. Noor asegura que un día su marido se rebeló y se enfrentó a los soldados y a los radicales rakéin. Y que los soldados le dispararon en la garganta. Ella le reanimó y emprendió con él el camino hacia la frontera. Su marido murió en el camino.