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La ONU identifica elementos de genocidio contra los rohingya en Myanmar

"Los crímenes cometidos en el estado de Rakhine, y la manera en la que fueron perpetrados son similares a aquellos que han permitido establecer genocidio intencional en otros contextos", señala un informe de la ONU

los expertos instan al Consejo de Seguridad a referir el caso a la Corte Penal Internacional (CPI) o a crear un tribunal internacional penal ad hoc 

Comienza el registro de los más de 300.000 rohinyás refugiados en Bangladesh

Refugiados rohingya esperan para recibir suministros en una campamento temporal en Ukhiya, en Bangladesh. EFE

La ONU ha establecido que existen elementos de "genocidio intencional" en la operación militar efectuada hace un año en el estado birmano de Rakhine (oeste) contra la minoría rohingya, y que los responsables de las Fuerzas Armadas deben ser investigados y juzgados por un tribunal internacional, además de criticar a la líder de facto de Birmania, Aung San Suu Kyi, de pasividad. 

"Los crímenes cometidos en el estado de Rakhine, y la manera en la que fueron perpetrados son similares en su naturaleza, gravedad y alcance a aquellos que han permitido establecer un genocidio intencional en otros contextos", señala un informe de la Misión Internacional de Investigación de la ONU.

Los factores que apuntan a esta intencionalidad incluyen, a juicio de la misión de Naciones Unidas, el "contexto opresivo más amplio y la retórica del odio" contra la minoría musulmana rohingya, así como "declaraciones específicas" de mandos y autores directos.

El máximo responsable de las Fuerzas Armadas o "Tatmadaw", el general Min Aung Hlaing, dijo durante la fase más intensa de la ofensiva militar contra los rohingyas en Rakhine que el problema de esa minoría étnica se había convertido "en un trabajo sin terminar" y que su gobierno tomaba mucho interés en "resolverlo".

También señala la Misión como elementos que pueden equivaler a un genocidio intencional las políticas excluyentes hacia los rohingyas para, entre otras cosas, "alterar la composición demográfica del estado de Rakhine"; el nivel de organización de la operación militar en agosto del año pasado, que apunta a "un plan para la destrucción"; y el "alcance extremo de la brutalidad de la violencia".

El 25 de agosto de 2017 se produjo un ataque de insurgentes del Ejército de Salvación rohingya de Arakan (ARSA), contra puestos policiales y militares en la zona que causó más de un centenar de muertos (la mayor parte guerrilleros), y que desató una nueva campaña militar en esa región de la que han huido unos 725.000 rohingyas en el último año a la vecina Bangladesh.

"Suficiente información para procesar"

"Hay suficiente información para investigar y procesar a altos funcionarios en la cadena de mando de las Fuerzas Armadas o 'Tatmadaw', de manera que un tribunal competente pueda determinar su responsabilidad en cuanto al crimen de genocidio en relación al estado de Rakhine", sostiene el informe.

Los expertos, que también han establecido crímenes de guerra y contra la humanidad en Rakhine y los estados de Kachin y Shan –también objeto de estudio– han elaborado una lista de presuntos autores de las atrocidades cometidas contra los rohingya.

Apuntan a Min Aung Hlaing, y a su número dos, Soe Win; al comandante de la Oficina de Operaciones Especiales, el teniente general Aung Kyaw Zaw; al responsable del Mando Militar de la Región Occidental, general Maung Maung Soe; al general de brigada de la 33 División de Infantería Ligera, Aung Aung; y a su homólogo de la 99 División de Infantería, Than Oo.

La Misión ha entregado una lista más larga al Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos para que la custodie.

Los expertos critican además a la líder de facto birmana, la nobel de la paz Aung San Suu Kyi, al afirmar que "no utilizó su cargo", "ni su autoridad moral para frenar o prevenir los acontecimientos en el estado de Rakhine".

Por todo ello, los expertos instan al Consejo de Seguridad de la ONU a referir el caso a la Corte Penal Internacional (CPI) o a crear un tribunal internacional penal ad hoc para juzgar los crímenes cometidos por las Fuerzas Armadas.

Mientras, afirman, debe crearse un mecanismo independiente e imparcial para consolidar, preservar y analizar las pruebas reunidas. Los expertos abogan también por imponer sanciones individuales contra los presuntos responsables, así como un embargo armamentístico contra Myanmar.

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