La mina es una de las principales fuentes de ingresos de muchas familias que tienen a alguno de sus miembros trabajando en el concejo asturiano de Degaña. Para los cinco mineros que el 31 de de marzo de 2025 -hace justo un año- entraban a la explotación de Zarréu para extraer carbón se convirtió en una tumba a causa de una explosión de grisú. Otros cuatro trabajadores resultaron heridos en el siniestro laboral.

Los mineros creían que la empresa Blue Solving contaba con todos los permisos legales para extraer carbón, si bien solo disponía de una autorización para un Proyecto de Investigación Complementaria (PIC). Esta era solo una de las múltiples irregularidades que se han ido conociendo con el transcurso del tiempo junto a las deficientes e inadecuadas medidas de seguridad con que estaba dotada la explotación minera.

Cuando se cumple el primer aniversario de la muerte de Jorge Carro, Rubén Souto Robla, Amadeo Bernabé, Iván Radio y David Álvarez aún no se han logrado desvelar las múltiples incógnitas sobre las responsabilidades empresariales, administrativas y políticas susceptibles de ser depuradas.

Cuatro directivos, imputados

Solo la vía judicial va, poco a poco, delimitando las actuaciones sobre los directivos de la explotación al mantener imputados al dueño de Combayl, Jesús Rodríguez Morán, conocido como 'Chus Mirantes', a su mujer, Ana María Rodríguez, a su hijo Adrián y al director facultativo de la explotación y responsable de seguridad en el momento del siniestro, José Antonio Fernández Casillas.

La titular del juzgado instructor de Cangas del Narcea les atribuye cinco delitos de homicidio por imprudencia, cuatro delitos de lesiones y un delito contra los derechos de los trabajadores, sin perjuicio de que esta calificación pueda variar a lo largo del procedimiento.

La titular del juzgado instructor de Cangas del Narcea atribuye al empresario 'Chus Mirante', a su esposa Ana María Rodríguez, a su hijo Adrián y al director facultativo de la explotación y responsable de seguridad en el momento del siniestro, José Antonio Fernández Casillas, su presunta autoría en cinco delitos de homicidio por imprudencia, cuatro delitos de lesiones y un delito contra los derechos de los trabajadores

La comisión de investigación

Cuatro imputados que no han querido aportar ni un solo detalle durante su comparecencia ante la comisión de investigación que se ha creado en el parlamento asturiano.

'Chus Mirantes', Ana María Rodríguez, Adrián Rodríguez y José Antonio Fernández Casillas optaron por acogerse a su derecho constitucional a no declarar ante la comisión de investigación amparados en el respeto a las actuaciones que de forma paralela se están desarrollando por la vía judicial.

Cueli: “Era una explotación clandestina”

Mucho más explícito se ha mostrado Javier Cueli, director general de Energía y Minería de Asturias. En unas declaraciones realizadas a los medios de comunicación y recogidas por elDiario.es Asturias el pasado 16 de marzo, aseguraba que la mina de Zarréu era “una explotación clandestina, estaba en un lugar donde no se podía extraer carbón y en la que se incumplía cualquier medida de seguridad y organización de los trabajos”.

Con estas declaraciones resumía la principal conclusión a la que el Servicio de Minas llegó en su informe sobre la investigación del accidente minero.

La extracción de carbón

El director general de Energía y Minería realizaba estas manifestaciones momentos antes de entrar en la reunión ordinaria de la Comisión de Seguridad Minera y la reunión extraordinaria de la Comisión Especial de Seguridad.

Una realidad que desconocían los propios mineros que entraban a la explotación ignorando que la empresa carecía de autorización para la labor de extracción de carbón que realizaban a diario.

La consejera de Transición Ecológica de Asturias, Belarmina Díaz, llegó a manifestar que las condiciones de trabajo que había en el interior de la mina no se daban "ni en el peor de los chamizos". La consejera dimitió de su cargo once días después del accidente mortal en la mina de Zarréu

La dimisión de la consejera

La sospecha de que Blue Solving, la empresa titular de los derechos mineros de Cerredo, estaba llevando a cabo una actividad irregular y sin seguridad llevó a la entonces consejera de Transición Ecológica de Asturias, Belarmina Díaz a afirmar que las condiciones de trabajo que había en el interior de la mina no se daban “ni en el peor de los chamizos”.

La consejera poco duró a partir de esas afirmaciones. Dimitió de su cargo apenas once días después del accidente mortal en la mina de Zarréu.

La licencia de Blue Solving

En el momento de la explosión había en el interior de la mina once trabajadores contratados por Blue Solving, una sociedad que solo disponía de una licencia para retirar chatarra y materiales, y otra para un proyecto de investigación que le iba a permitir sacar 60.000 toneladas de 'carbón verde' pero que, según el Gobierno asturiano, nunca llegó a estar activo porque la empresa no presentó un plan de labores.

Uno de los supervivientes de esta tragedia así lo ha reconocido al asegurar que creían que Blue Solving tenía los permisos para su extracción. Por el contrario, la solicitud que habían presentado y para la que sí contaban con autorización era para un Proyecto de Investigación Complementaria (PIC).

La polémica con el ministerio

A través de estos permisos, Minas autorizaba la extracción de carbón que no tuviese destino térmico y en el caso de Blue Solving contaba con una subvención del Instituto para la Transición Justa (ITJ).

Paradójicamente, según la versión del ITJ, tuvo conocimiento de que se seguía extrayendo carbón en las minas asturianas a raíz del accidente en el que murieron los cinco mineros.

El papel del Instituto para la Transición

Fuentes del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) aseguraron que este organismo ignoraba que se llevara a cabo esta actividad por el hecho de que no venía recogida en la Estadística minera que se elabora a partir de la información que facilitan las comunidades autónomas.

Una vez que ha conocido la actividad extractiva, el ITJ ha venido solicitando formalmente información al Principado “para identificar las explotaciones activas y verificar si se encuentran afectadas por la normativa”, según han indicado fuentes del Miteco. 

El reintegro de ayudas

La explotación de las minas de carbón está sujeta a la obligación de reintegro de ayudas, conforme al artículo 29 de la Ley 7/2021, de cambio climático y transición energética, si se encuentran afectadas por el Plan de Cierre de la Minería no Competitiva (Decisión 2010/787/UE).

El proceso de obtención de la documentación está siendo “lento”, reconocen las mismas fuentes, y el ITJ la está analizando, especialmente la que es relativa a los planes de labores de las explotaciones.

Las críticas de la oposición

La exigencia de explicaciones al presidente asturiano no se hicieron esperar desde los grupos políticos de la oposición. El Partido Popular (PP) calificó de “escándalo” la falta de transparencia y el interés del PSOE por “ocultar” la actividad de extracción de carbón en Asturias.

Unas críticas que llegaron no solo desde la Junta General. El senador popular José Manuel 'Lito' Rodríguez denunció “el silencio de Barbón” en el parlamento asturiano ante una pregunta de su presidente regional, Álvaro Queipo, y tildó la situación de “absoluto despropósito”.

Acusaciones de negligencia

'Lito' Rodríguez se mostró sorprendido de que el MITECO diga ahora que desconocía esta actividad de la que tenía conocimiento “solo a causa de una tragedia”.

Para el senador asturiano, la actitud de ambas administraciones demuestra su negligencia sistemática: “Los gobiernos, tanto el de Asturias como el de España, demuestran que están más preocupados en favorecer a sus amigos y familiares, y de tapar la abundante corrupción que les rodea, que de solucionar los problemas de los ciudadanos”.

La actitud de 'opacidad'

El secretario general de Foro Asturias y diputado del Grupo Mixto, Adrián Pumares, ha acusado al Gobierno del Principado de mantener “una actitud de opacidad no solo con la oposición y la ciudadanía, sino también con otras administraciones”.

La confirmación de que el MITECO ignoraba la activad de extracción de carbón en Asturias viene a corroborar sus sospechas “sobre el uso de proyectos de investigación complementaria como posible cobertura para extracciones irregulares”, afirmó.

“Asturies merece saber la verdad”

La diputada del Grupo Mixto y portavoz de Somos Asturies, Covadonga Tomé, que preside la comisión de investigación parlamentaria a la que se citaron para su comparecencia a ministras, consejeros, empresarios y técnicos, ha exigido a “una respuesta clara y pronta” sobre la acusación del Ministerio por “falta de transparencia” en lo relativo a la minería.

“Asturies merece saber la verdad”, incidía la diputada en su reclamación de explicaciones oficiales.

La réplica del consejero

Por su parte, el consejero de Ciencia, Industria y Empleo del Gobierno asturiano, Borja Sánchez, ha rechazado que se diera una falta de transparencia entre administraciones y ha indicado que la comunicación con el ITJ es “constante, continua y permanente”.

Borja Sánchez ha explicado que, dentro de una actitud de colaboración leal, le han trasladado toda la información que se ha solicitado sobre la situación legal de las minas tras las denuncias recibidas a mediados de marzo del pasado año.

“En todos los procedimientos se está aplicando el máximo rigor jurídico y administrativo”, ha resaltado el consejero que trata de aclarar qué datos se tendrían que haber enviado a este organismo, por parte de quién, cuándo y cómo.

Si el primero en responder públicamente fue el consejero de Ciencia, no se quedó atrás el propio presidente del Principado, Adrián Barbón, quien aprovechó una visita a Asturias de la ministra Isabel Rodríguez para replicar a la oposición y desmentir, al tiempo, las declaraciones corroboradas por fuentes del Miteco.

La respuesta de Barbón

El presidente del Ejecutivo autonómico negó cualquier ejercicio de falta de transparencia. Aseguró a los periodistas que su gobierno está actuando con “máxima transparencia, rotundidad, rigor y serenidad”, así como “explicando todo a medida que dispone de información”.

Sin embargo, no ha sido la única matización que ha hecho el presidente, quien tampoco se ha callado a la hora de rechazar que la entrega de la documentación que se solicita se realice de forma lenta, como sostiene el ITJ que ha añadido que se analiza todo lo que les llega, especialmente lo que es relativo a los planes de labores de las explotaciones.

El presidente del Principado ha enmarcado la actuación de su gobierno en la línea de la “orden estricta” que transmitió al consejero cuando lo eligió para el cargo: “analizar, chequear y reimpulsar todo y ver qué era lo que había pasado”.

La comunicación

Otra de las cuestiones era conocer qué “podía haber funcionado más o menos” de forma acertada o “más o menos erróneamente” para sacar conclusiones y actuar al respecto.

No obstante, ha reconocido que él no está “en condiciones” de saber si había esa obligación de comunicar, ni quién la tenía, ya que en este momento no le han “pasado esa información”, y “si se comunicó o no”, por lo que no puede “aventurar nada al respecto”.

El ejemplo de Nicolasa

Adrián Barbón ha resaltado que le sorprende que se diga que “no se sabía” que se extraía carbón cuando el ITJ conocía que en Nicolasa se extrajo carbón hasta finales de diciembre de 2024.

A estas irregularidades y a la falta de condiciones de seguridad adecuadas se sumaba otra circunstancia que ha sido como un puñal para las familias de los mineros: desde el Principado no se llegó a tramitar una denuncia ciudadana que ponía de manifiesto una cadena de fallos administrativos.

También ha sido motivo de controversia el papel que ha jugado la Dirección de Minas y las inspecciones que se llevaron a cabo en la mina de Zarréu, que recibió ayudas europeas para su cierre en 2018 y reanudó su actividad en 2022 bajo la titularidad de distintas empresas del entramado familiar de 'Chus Mirantes'.

La tragedia de las familias

La otra cara de la moneda, además de las actuaciones políticas, sindicales, policiales o judiciales es la que se refiere a la muerte de los cinco mineros y al dolor de las familias por su pérdida.

La polémica también ha empañado el primer aniversario de la trágica muerte de Jorge, Rubén, Amadeo, Iván y David. Las familias no quieren que su recuerdo se pueda ver enturbiado con actos institucionales en los que iba a colaborar el Ayuntamiento de Degaña, ya que, según varias fuentes consultadas, se encuentran molestas con la actitud del alcalde, el socialista Óscar Ancares, al considerar que en el año trasncurrido desde el accidente que segó la vida de los cinco mineros, no contactaron con ellos, ni recibieron apoyo alguno de su parte.

El homenaje en Cerredo, cancelado

Esta decisión de las familias ha llevado a cancelar el homenaje que estaba organizando la Asociación de Exmineros de Hullas de Coto Cortés en colaboración con el Ayuntamiento de Degaña.

Este periódico se ha puesto en contacto con José María González Uría, uno de los miembros más activos de la Asociación de Exmineros de Hullas de Coto Cortés que organizaba la ofrenda floral en la bocamina del Mangueiro en Cerredo, en colaboración con el consistorio, que ha tenido que ser desconvocada por motivos ajenos a la organización.

Exmineros de Hullas de Coto Cortés

La asociación no quiere herir los sentimientos de las familias y aunque no hará un homenaje oficial en Degaña coincidiendo con el primer aniversario de la tragedia, su recuerdo será igualmente para ellos y sus familiares.

No obstante, la asociación está organizando un homenaje para recordar a todos los fallecidos de la minería en Cerredo que tendrá lugar el próximo 6 de junio. Se reunirán unos 200 extrabajadores de Hullas de Coto Cortés en una comida y organizarán una exposición fotográfica, según ha confirmado José María González Uría.

La Asociación de Exmineros de Hullas de Coto Cortés prepara un acto para el 6 de junio como homenaje a todos los fallecidos de la minería del concejo asturiano de Cerredo, que incluirá una comida y una exposición fotográfica. Más de 200 personas participarán en estos actos

La familia minera no hace distinciones cada vez que se produce un accidente laboral mortal en una explotación del país. Todas las tragedias en el interior de la mina les une en el mismo dolor. En el lado opuesto, cada vez que en un rescate los trabajadores salen ilesos de un siniestro, a cientos de metros de profundidad, se suman a la misma alegría que sus familiares porque la solidaridad y empatía van unidos en su ADN.

El homenaje en Villablino

La Asociación de Exmineros de Hullas de Coto Cortés es la memoria viva de un oficio que les ha unido para siempre y sus integrantes nunca se olvidan de esta profesión a la que han dedicado su tiempo y su vida.

Por otro lado, el Ayuntamiento de Villablino (León) realizará este martes un homenaje a los cinco mineros fallecidos, de los que cuatro eran naturales del Valle de Laciana.

El bando municipal

En un bando municipal, se recuerda a los cinco mineros con el siguiente texto: “Con motivo de esta fecha tan significativa y con el profundo respeto, dolor y recuerdo que merece, se celebrará una ofrenda floral en el Monumento al Minero, como homenaje sincero y sentido a nuestros vecinos, cuyo recuerdo permanece vivo en la memoria de todo el municipio”.

El acto, de carácter público, tendrá lugar a las 12.00 horas y el Consistorio invita a toda la ciudadanía a acompañar y arropar a las familias de las víctimas en este momento de “recogimiento, unión y memoria compartida”.

“La mina de Zarréu era una explotación clandestina, estaba en un lugar donde no se podía extraer carbón y en la que se incumplía cualquier medida de seguridad y organización de los trabajos”. Con estas palabras, el director general de Energía y Minería del Principado de Asturias, Javier Cueli, confirmaba este lunes la conclusión principal a la que ha llegado el Servicio de Minas en su informe sobre la investigación del accidente que, el 31 de marzo de 2025, costó la vida a cinco trabajadores y dejó heridos a otros cuatro.

Javier Cueli no se ha andado con paños calientes y ha corroborado con estas declaraciones, efectuadas ante los medios de comunicación asturianos, una de las principales sospechas que desde un principio han planeado sobre el siniestro, ya que el siniestro puso de manifiesto tanto las evidentes faltas de seguridad como la previsible extracción ilegal de carbón.

Siniestralidad en la mina

Una bolsa de grisú en el interior de la explotación es la principal hipótesis con la que han trabajado desde el inicio los investigadores como principal causa del siniestro.

El director general de Energía y Minería ha realizado estas manifestaciones momentos antes de la reunión ordinaria de la Comisión de Seguridad Minera y la reunión extraordinaria de la Comisión Especial de Seguridad celebradas en Oviedo.

Siete mineros muertos

En ambas reuniones se iban a analizar los informes elaborados por el Servicio de Minas del Principado sobre el accidente ocurrido en la mina de Zarréu donde murieron los mineros Jorge Carro, Rubén Souto Robla, Amadeo Bernabé, Iván Radio y David Álvarez, así como en el accidente registrado, el 21 de noviembre pasado, en la mina de Vega de Rengos, en Cangas del Narcea, donde fallecieron Óscar Díaz, de 32 años, y Anilson Soares, de 42 años.

Comisión de Seguridad

En principio, la primera comisión iba a abordar la sesión ordinaria del trimestre, con un balance de la siniestralidad de 2025, y la segunda como cierre de la comisión extraordinaria abierta por el accidente mortal en Zarréu, una vez que ya se disponía de las principales conclusiones de la investigación.

La documentación, del que se ha dado traslado a la comisión especial de investigación de la Junta General, concluye que el suceso se produjo como consecuencia de una explosión de metano durante la extracción clandestina de carbón en la antigua mina de montaña.

Las infracciones

El informe de Minas constata, además, que las labores se realizaban sin las preceptivas condiciones de seguridad y sin sistema de ventilación.

Ambas acciones constituyen infracciones relacionadas con la formación de atmósferas potencialmente explosivas, así como con niveles de oxígeno por debajo de los límites reglamentarios.

Las recomendaciones

Entre otras recomendaciones, Minas aconseja dar traslado del informe al juzgado de Cangas del Narcea y a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, además de abrir un expediente sancionador a Blue Solving, empresa que operaba en la explotación.

Con la elaboración de este informe técnico, realizado a partir de las declaraciones de los testigos, se da por cerrada la Comisión Especial de Seguridad puesta en marcha a raíz de la explosión en Zarréu.

Mejorar las condiciones

Javier Cueli ha explicado que, ante la gravedad de estos siniestros mortales, habrá que mejorar las condiciones de las explotaciones mineras.

Preguntado sobre el caso concreto de las medidas existentes en Zarréu ha dicho lo siguiente: “En la vida todo es mejorable. Elaborar ahora una teoría sobre qué se puede mejorar, seguramente, sea precipitado por mi parte, pero en cualquier caso, teniendo en cuenta que se produjeron cinco fallecidos, parece evidente que en algo habrá que mejorar. No sé quién ni cómo ni cuándo, pero está claro que en algo hay que mejorar”, ha ratificado.

Los delitos en la causa de Zarréu

La jueza instructora de la causa del accidente de Zarréu ha imputado al dueño de Combayl, Jesús Rodríguez Morán, conocido como 'Chus Mirantes', a su mujer, Ana María Rodríguez, a su hijo Adrián y al director facultativo de la explotación y responsable de seguridad en el momento del siniestro, José Antonio Fernández Casillas, cinco delitos de homicidio por imprudencia, cuatro delitos de lesiones y un delito contra los derechos de los trabajadores.

Las cuatro personas investigadas se acogieron a su derecho constitucional a no declarar ante la comisión de investigación constituida en el parlamento asturiano para depurar las posibles responsabilidades en el siniestro, amparados en el respeto a las actuaciones que de forma paralela se están desarrollando por la vía judicial.

El accidente en Vega de Rengos

Por otro lado, el director general ha avanzado que a lo largo de esta semana mantendrá una reunión con la empresa TYC Narcea, de la explotación de Vega de Rengos, donde Minas ha concluido que el accidente que costó la vida a los dos mineros se debió a “un hundimiento súbito, fortuito e imprevisto” del techo de una galería.

El resultado del informe coincide plenamente con la apreciación del consejero de Ciencia, Industria y Empleo del Gobierno de Asturias, Borja Sánchez, en las primeras horas tras conocerse el alcance del accidente mortal en esta explotación.

Borja Sánchez ya apuntaba a que la principal causa del siniestro podía deberse a causas geológicas por un hundimiento “súbito, fortuito e imprevisto” del techo de una galería de unos 70 metros, donde se encuentra una capa de mineral “bastante ancha”, de unos tres metros.

Los técnicos calculaban que el desprendimiento fue de seis a ocho metros del techo, “lo suficiente para atrapar a los dos trabajadores”.

Un tercer minero salvó la vida

Los dos mineros quedaron atrapados a un kilómetro y medio de la entrada del yacimiento. Un tercer trabajador logró salir con vida de la explotación al haberse desplazado para ir a recoger unos materiales.

El consejero reiteró que la empresa TYC Narcea tenía todos los permisos y la documentación en regla. En los últimos meses había sido inspeccionada en varias ocasiones, la última de ellas la víspera del accidente precisamente en la zona donde se produjo el derrumbe.

Sin incumplimientos de TYC Narcea

La empresa TYC Narcea ya ha remitido toda la documentación que se le ha requerido y a partir de ahora el siguiente paso es que la administración regional firme la resolución del procedimiento de apertura, después de que la mina haya permanecido parada como consecuencia del accidente.

La inspección del Servicio de Minas no ha apreciado incumplimientos en materia de seguridad por parte de la empresa, según los datos con que cuenta la administración autonómica.

Las movilizaciones de los mineros

El documento se ha remitido al juzgado y a los grupos parlamentarios de la Junta General y el Servicio de Minas ha elaborado una información separada sobre la jornada laboral de la plantilla que ha puesto en conocimiento de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.

Los trabajadores y sus familiares han llevado a cabo varias movilizaciones para solicitar la vuelta al tajo, ya que es uno de los principales medios de vida de la zona.

El responsable de seguridad en la mina de Zarréu, en el concejo asturiano de Degaña, en el momento del accidente en el que el pasado 31 de marzo murieron cinco trabajadores, José Antonio Fernández Casillas, se ha acogido este viernes a su derecho a no responder ante la comisión parlamentaria que investiga los hechos, pero ha expresado su “absoluta disposición a continuar colaborando”.

La comparecencia de Fernández Casillas ha sido la última de las programadas hasta ahora en la comisión parlamentaria, aunque no se descarta que a lo largo de este mes pueda haber alguna más.

El silencio de los comparecientes

El director facultativo de la mina de Cerredo ha sido citado en su calidad de máximo responsable de la seguridad de la mina en el momento en el que tuvo lugar el accidente.

Al igual que hicieran el administrador de Blue Solving -actual explotadora de la mina-, Adrián Rodríguez, y el apoderado y la administradora de la anterior concesionaria, Combayl, Jesús Rodríguez y su mujer Ana María Rodríguez, se ha acogido a su derecho a no responder a las preguntas de los diputados por haber una investigación judicial abierta, bajo secreto de sumario.

La colaboración “con quien sea”

Fernández Casillas sí ha tenido una pequeña intervención en la que ha expresado su “profundo presar y solidaridad” con las familias de los fallecidos en el “trágico accidente”.

Además, ha reiterado su “absoluta disposición a continuar colaborando con las fuerzas policiales, como con quien sea”, tal y como ha venido “haciendo hasta la fecha ante cada solicitud de información” que le ha sido encomendada.

Al mismo tiempo, ha expresado su “respeto” por el parlamento asturiano y ha aclarado que su ausencia el pasado 28 de enero se debió a que no fue citado para ese día.

Las causas

La investigación apunta a que el accidente se produjo por una explosión de grisú registrado en el nivel tercero de esta mina de montaña del suroccidente asturiano cuando once trabajadores se encontraban extrayendo carbón de su interior, a pesar de que la empresa titular en ese momento, Blue Solving, carecía de permiso para hacerlo y solo podía retirar chatarra y acopios viejos de mineral.

Fernández Casillas, que era y sigue siendo, aunque está apartado de sus funciones, secretario del Colegio Oficial de Graduados e Ingenieros Técnicos de Minas y Energía, también fue quien visó uno de los proyectos presentados por Blue Solving, sociedad perteneciente al entramado del empresario Jesús Rodríguez Morán 'Chus Mirantes' que tenía los derechos de explotación de la mina en el momento del accidente.

También fue el representante de Blue Solving con el que la exconsejera Belarmina Díaz, que dimitió de su cargo a raíz de este accidente, se reunió en dos ocasiones para hablar sobre esta explotación cuando aún era directora general de Minas.

Preguntas de los grupos

A pesar de haberse acogido a su derecho a no declarar, el PP ha planteado algunas de sus cuestiones a Fernández Casillas sobre si mantuvo reuniones con altos cargos o funcionarios de la Dirección de Minas para impulsar la aprobación del proyecto de investigación complementario (PIC) para sacar carbón para aplicaciones no térmicas, como la producción de grafito.

También le ha preguntado si las instrucciones en la mina las daba el administrador de Blue Solving o Jesús Rodríguez, si éste último le manifestó que se debía buscar la fórmula para extraer carbón en Cerredo o si conocía que se estaba sacando este material de forma ilegal en el momento del accidente.

El diputado de Convocatoria por Asturies-IU, Xabel Vegas, ha considerado esencial poder dilucidar quién “ordenó” extraer carbón del piso tercero y quién indicó que presentaran un PIC en Cerredo, cuestión sobre la que también ha hecho hincapié el diputado de Foro, Adrián Pumares.

Los políticos asturianos que forman parte de la comisión parlamentaria que investiga las posibles responsabilidades en el accidente mortal registrado en la mina de Zarréu, en el concejo de Degaña, el pasado 31 de marzo, no han logrado arrancar ni una sola palabra a Jesús Rodríguez Morán 'Chus Mirantes', apoderado de Combustibles Asturiana y Leonesa (Combayl), ni a su hijo, Adrián Rodríguez, administrador único de Blue Solving, sobre el funcionamiento de la explotación minera, ni sobre el entramado familiar.

En ambos casos, se han limitado a manifestar su dolor por el accidente, en el que perdieron la vida los trabajadores Jorge Carro, Rubén Souto Robla, Amadeo Bernabé, Iván Radio y David Álvarez, y a mostrar sus condolencias a sus familiares.

Secreto de las actuaciones

El empresario 'Chus Mirantes' se parapetó tras un silencio voluntario amparado en la necesidad de preservar el derecho de defensa e incluso pidió que durante su intervención pudiera estar acompañado de su abogado Luis Tuero. Su petición fue aceptada y, a su lado, leyó un texto ya preparado donde reconocía que el accidente mortal había sido “una tragedia que nos ha marcado profundamente y cuyo esclarecimiento es para nosotros prioridad absoluta”.

El apoderado de Combayl había sido citado para la sesión del pasado martes, día 27, pero poco pudo aclarar, ya que eludió responder a las preguntas formuladas por los representantes de los grupos políticos para no interferir en el procedimiento que se sigue en el juzgado de Cangas del Narcea, y donde se mantiene el secreto de las actuaciones.

Sin preguntas

El mismo camino de prudencia ha seguido hoy su hijo, Adrián Rodríguez, administrador único de Blue Solving, quien de antemano también ha advertido que no iba a contestar a las preguntas de los grupos parlamentarios. Ninguno de los representantes políticos llegó a formularlas, ni siquiera para que constaran en las actas de la sesión.

No obstante, ha explicado las razones que le llevan a no responder a cualquier cuestión relacionada con la mina o su actividad: “Siento de veras que mi silencio sea hoy la única solución de contribuir a la investigación y que llegue a su fin de la manera más limpia posible”, ha lamentado.

“Deseo que la verdad resplandezca”

Adrián Rodríguez ha ratificado que su compromiso con la verdad sigue intacto: “Confío plenamente en que a su debido tiempo la justicia pondrán cada cosa en su lugar para dar paz a quienes más hoy lo sufren”.

Asimismo, ha expresado su deseo de que “la verdad resplandezca y las familias obtengan las respuestas que necesitan”. Para que esto ocurra, según ha comentado, la justicia “debe trabajar en paz sin ruidos ni presiones”.

La voluntad de cooperación

“Por esta razón y por esta cuestión de prudencia personal, me veo en la dolorosa tesitura de no poder responder a su preguntas en el día de hoy. No lo hago por falta de voluntad, sino por respeto sagrado al proceso judicial en curso”, ha argumentado.

Previamente, había mostrado su “máximo respeto” al parlamento asturiano y su “plena disposición a colaborar con las instituciones del Estado” y había recordado que, desde el primer momento, la empresa ha mostrado “voluntad absoluta de cooperación” tanto con las autoridades judiciales como administrativas para esclarecer el siniestro.

Al igual que hiciera su padre, él también ha mostrado su “profundo pesar y cariño” hacia las familias de los mineros fallecidos: “Soy plenamente consciente de que ninguna palabra puede aliviar el vacío que ha dejado, pero quiero que sepan - ha afirmado- que su sufrimiento me acompaña y que tienen todo el respeto en este duelo tan amargo”.

La comisión parlamentaria constituida en la Junta General del Principado para tratar de esclarecer el accidente laboral registrado, el 31 de marzo, que costó la vida a cinco trabajadores en la mina de Zarréu, en el concejo asturiano de Degaña, ya dispone de un calendario oficial de comparecencias. Los trabajos de la comisión creada para tratar de determinar las posibles responsabilidades en el siniestro se reanudan a partir de enero de 2026, tras el parón de las fiestas navideñas.

En la lista de comparecientes destaca la citación a la ministra de Transición Ecológica y Reto Demográfico, Sara Aagesen, quien tendrá que comparecer el próximo 21 de enero ante la comisión de investigación integrada por dos representantes de cada partido político con representación parlamentaria.

Sara Aagesen no acudirá como representante del Gobierno central, sino en su calidad de presidenta del Instituto de Transición Justa durante la etapa en la que se concedieron las ayudas a la descarbonización.

El parón de las fiestas navideñas

Los trabajos de la comisión se suspenderán durante las fiestas navideñas y se reanudarán el 12 de enero con las comparecencias de varios miembros de la Brigada de Salvamento Minero, que se sucederán a lo largo de tres jornadas.

El alcalde de Degaña, Óscar Ancares, y la alcaldesa de Ibias, Gemma Álvarez, han sido citados para el 15 de enero y, al día siguiente, prestará declaración ante la comisión el alcalde de Cangas del Narcea, José Luis Fontaniella.

La directora del Instituto para la Transición Justa, Judit Carreras, ha sido citada para el 20 de enero, un día antes de que lo haga la ministra Sara Aagesen.

Los ex titulares de Industria

Para el 22 de enero está citados los ex consejeros de Industria del Gobierno asturiano Enrique Fernández, actual presidente de Hunosa, e Isaac Pola.

Al día siguiente tendrán que comparecer las dos ex consejeras de Industria que asumieron este cargo en la etapa del actual presidente del Ejecutivo regional, el socialista Adrián Barbón. Se trata de Nieves Roqueñí, actual presidenta del puerto de El Musel, en Gijón/Xixón, y Belarmina Díaz, que dimitió del cargo a raíz del accidente mortal.

El director general de Energía y Minería del Principado, Javier Cueli, figura en la lista de comparecientes para acudir a la Junta General del Principado el 26 de enero, y le sigue el actual consejero de Ciencia, Industria y Energía, Borja Sánchez, que está citado para el día siguiente.

Empresarios y apoderados

El martes, 27 de enero, comparecerá ante la comisión parlamentaria Jesús Manuel Rodríguez Morán, apoderado de la sociedad Combayl, mientras que el viernes 30 será el turno del empresario minero Victorino Alonso.

Todas las personas que han sido citadas están obligadas a comparecer ante la comisión parlamentaria, que está presidida por la diputada Covadonga Tomé.

La comisión parlamentaria se constituyó el pasado 15 de mayo a propuesta del PP y Foro, y fue apoyada por Vox y la diputada del Grupo Mixto, Covadonga Tomé.

Además de esta comisión, sigue abierta la vía judicial, que instruye el Juzgado de Cangas del Narcea y se ha iniciado una auditoría por parte de la Inspección General de Servicios del Principado sobre el trabajo realizado desde el área de Minas de la administración autonómica, mientras que la Comisión Regional de Seguridad Minera ha constituido su propia comisión de investigación desde un punto de vista técnico.

Extracción ilegal de carbón

Como principal hipótesis de trabajo se baraja que el accidente que costó la vida a los cinco mineros y heridas a otros cuatro compañeros se debió a una acumulación de grisú en un punto en el que, al parecer, se estaba extrayendo carbón de forma ilegal ya que la empresa titular, Blue Solving, solo disponía de un permiso para retirar maquinaria y material para chatarra, así como los acopios de carbón que pudiera haber en el interior de la explotación, cerrada desde 2018. 

Las cinco víctimas mortales fueron Jorge Carro, Rubén Souto Robla, Amadeo Bernabé, Iván Radio y David Álvarez. Residían en las comarcas leonesas de Laciana y El Bierzo y tenían entre 32 y 54 años.

El presidente del Principado, Adrián Barbón, ha participado este jueves en la ofrenda floral en el Monumento al Minero de Mieres con motivo de la festividad de Santa Bárbara, patrona del sector, y ha mostrado su respaldo a la Brigada de Salvamento Minero, que corre el riesgo de desaparecer si antes del domingo, día 7, no se les abonan las 9.000 horas extraordinarias que se les adeuda.

“Hoy es un día que llora”, ha afirmado el presidente asturiano en referencia a los dos accidentes más graves registrados en las últimas tres décadas en Asturias, que han costado la vida este año a siete trabajadores en las explotaciones mineras de Zarréu y Vega de Rengos, en los concejos asturianos de Degaña y Cangas del Narcea, respectivamente.

Solidaridad y comunidad

El presidente del Ejecutivo regional ha aprovechado la jornada para reivindicar el futuro de las cuencas mineras y la conservación del patrimonio industrial y cultural, así como los valores de solidaridad y comunidad que caracterizan estos territorios.

Barbón ha garantizado que el Gobierno de Asturias “no va a mirar hacia otro lado” y ha reiterado su “compromiso de sangre para investigar hasta el final, saber lo que pasó y actuar con contundencia”.

La conservación del patrimonio

Ha reivindicado con orgullo sus raíces mineras: “Sí, soy hijo, nieto, bisnieto, tataranieto y sobrino de mineros. Lo llevo con orgullo y forma parte de mi manera de entender la vida y la política”, ha recalcado.

“Tenemos que exigir proyectos de futuro y brindo mi apoyo total a los sindicatos en la negociación del plan de futuro de Hunosa”, ha ratificado el presidente, al tiempo que ha reclamado inversiones concretas para garantizar oportunidades en las comarcas.

El respaldo a la Brigada de Salvamento

Durante su intervención, ha mostrado su respaldo incondicional a la Brigada de Salvamento Minero, “no solo como presidente, sino como vecino de las cuencas”.

Asimismo, ha asegurado que su futuro pasa por la creación de un Centro Nacional de Rescates: “Pido un esfuerzo colectivo para llegar a un acuerdo y asegurar la continuidad de la brigada”, ha añadido.

Los muertos en la mina

Barbón ha llamado a conmemorar la festividad de Santa Bárbara “con orgullo por lo que somos, por la historia de lucha y conquistas laborales que hemos protagonizado”, sin olvidar a “los que no volvieron, los que murieron en la mina”.

“Este día -ha dicho- tiene que ser también para inyectar futuro, ilusión y esperanza, porque no podemos quedarnos solo en el recuerdo”, ha concluido.

Mario Castaño Sánchez solo tiene dos años y medio y le encanta que le cuenten historias para irse a dormir todas las noches. Le llama mucho la atención que su tía Aitana salga en la tele, aunque a su corta edad piensa que solo sale en vídeos de Marisa Valle Roso cantando 'Cenicientas del carbón'. Su voz también se escucha en el 'Comando Norte', la sección semanal del programa de radio Hoy por Hoy de la Cadena Ser que presenta Ángels Barceló y colabora junto a la periodista Marta Pérez en 'Dalle mio nena', el podcast rural en clave femenina, pero para el pequeño ella, su “tita”, es la que le cuenta esas historias que luego plasma en un libro. Como diría Pepa Fernández, de Radio Nacional de España (RNE), para este “escuchante” atento a su “tita” va dedicada la última novela que acaba de salir a la venta: 'Las madrinas' que cuenta con las ilustraciones del historietista y autor de cómics, Alfonso Zapico, como no podía ser de otra manera. Son un tándem perfecto.

La autora sitúa la historia en los años 60 del siglo pasado en una cuenca minera en pie de huelga donde cuenta las peripecias de una joven –Gloria Montes– que, tras ser repudiada por su familia después de quedar embarazada en una violación, debe abandonar Asturias. La solidaridad de clase y la generosidad de las mujeres que va encontrando por su camino le llevan a un Madrid subversivo que pelea por salir a flote en los últimos años de la dictadura franquista. Y hasta ahí podemos contar, para no hacer 'espóiler' a los lectores.

La impronta de las cuencas

Aitana Castaño Díaz nació en Langreo, en la cuenca minera del Nalón, en 1980, y se movió desde pequeña en un ambiente donde primaban la solidaridad y el compromiso político y social. Y eso le dejó una fuerte impronta. Hija de Juan Ignacio, un militante histórico del Partido Comunista de España en Asturias, y de Flora, activista del movimiento asociativo, solidario y feminista, creció viendo manifestaciones y huelgas en un momento de declive de la zona en un ambiente familiar donde la mayoría de sus integrantes estaba involucrada con gente “con grandes historias que contar”. Así nos lo describe Aitana: “Las cuencas son mi casa. Podría vivir en Madrid, en Oviedo, en Gijón... en cualquier lugar y vivo en Sama de Langreo porque mi relación con las cuencas mineras es ya de militancia activa”, explica a elDiario.es Asturias en plena vorágine del tour de presentación de su última novela editada por Pez de Plata.

Ingeniosa, sarcástica, irónica... Aitana escuchó muchos 'noes' antes de que el editor Jorge Salvador se fijara en su forma de escribir y viera en ella ese perfil literario que contaba con una pluma ágil a la hora de abordar sin tapujos temas complejos y controvertidos y esa chispa de humor inteligente –en ocasiones también negro– que la caracteriza para darle esa oportunidad tantas veces negada que le dio el definitivo salto a la literatura. Con su trilogía minera compuesta por 'Los niños de humo' (2018), 'Carboneras' (2020) y 'Rastros de ceniza' (2022) ha logrado concitar el aplauso unánime de más de 32.000 lectores que avalan el éxito de su faceta como escritora. Y que ahora intenta emular con 'Las madrinas'.

Las novelas de Aitana van indisolublemente asociadas al ilustrador Alfonso Zapico. A continuación, una pequeña muestra de sus ilustraciones de cada una de las tres novelas de la trilogía minera que tantas satisfacciones les está reportando a los dos.

'Los niños de humo' (2018)

'Carboneras' (2020)

'Rastros de ceniza' (2022)

Su última novela 'Las madrinas' tiene a Aitana en un continuo trasiego, de un lado para otro. Aunque está metida de lleno en su promoción tampoco abandona su otra pasión: el periodismo que ejerce como free lance. Si este libro pone en valor la importancia de la solidaridad entre las mujeres, es obligado que Aitana cuente quiénes fueron las suyas y entre ellas destacan especialmente dos: su amiga Lorena Valdés y su tía Conchi.

Su tía ejerce doblemente de madrina, no solo como apoyo fundamental en su vida, sino también entregándole el “bollo” de ahijada porque, aunque lleva más de 20 años de relación con su pareja Xuan, no se ha casado, dice bromeando que para seguir teniendo el detalle de su tía cada año, ya que solo lo recibían “las solteras”. “Ellas dos son especiales, pero mi madrina oficial es mi tía Conchi. Yo tuve la suerte –explica la autora– de que a lo largo de la vida conocí a mujeres que se pueden considerar madrinas”.

Para la escritora langreana, hay que honrar a las madrinas porque en ellas recaen muchas tareas no siempre reconocidas públicamente. “Ellas llevan mucha parte de los cuidados y no se habla mucho de ellas; se les agradece y se les dedican cosas, pero no hay muchas historias sobre las madrinas. Son todas esas mujeres que además, desde la empatía y desde la humanidad, cuidan a los suyos y a los que no lo son. Y eso sigue ocurriendo en el mundo en el que estamos, donde no se reparaba en ellas”.

Muchos de los personajes que asoman por las páginas de la novela son reales, pero otros son ficticios aunque están basados en gente que conoce la autora aunque finalmente los personajes van creándose su propia personalidad.

Reivindicando a Luisa María Linares

Por el contrario, sí hay una persona a la que Aitana reivindica en todas sus apariciones públicas y esa no es otra que Luisa María Linares, una escritora de principios del siglo XX, que fue superventas y aunque en su época tuvo mucho éxito, su nombre no ha sido muy ensalzado como ocurrió con otras escritoras entre las que cita a Corín Tellado.

“Sus historias no son románticas como las de Corín Tellado. En muchas casas de los años 60 y 70 del siglo pasado, había pocos libros, pero muchos eran de Luisa María Linares. Una vez buscando con una amiga en libros de segunda mano empezamos a encontrar sus libros, los fuimos comprando y leyendo y nos pareció una fantasía. Por eso cojo todas las aportaciones de mis amigas y se puede decir que las incluyo y que son como una obra colectiva”, señala.

Aitana reconoce que ella es como “una notaria” porque ya está todo inventado. En 'Las madrinas' hay muchas referencias a Luisa María Linares y especialmente a su novela 'Esta semana me llamo Cleopatra'. “Esta escritora tiene una treintena de novelas y 20 de ellas fueron llevadas al cine”, apunta la autora langreana, a la que “le encantaría” que su trilogía minera o 'Las madrinas' pudieran acabar reflejadas en un guion cinematográfico.

Jorge Salvador tiene un agente en Barcelona que lleva los derechos audiovisuales a la editorial Pez de Plata y, como está presente durante la entrevista de este diario con Aitana, a él le trasladamos la pregunta sobre las posibilidades de llevar al cine las novelas.

El editor responde con rapidez: “Parece que las productoras están buscando muchas historias y novelas sobre todo para hacer series cortas y la última conversación que tuvimos con el agente, en la Feria del Libro de Madrid, ya le comentamos que podría haber posibilidades tanto con la trilogía minera de Aitana como con el libro de Antón García, 'Crónica de la luz y de la sombra'. Aitana aprovecha además para recomendar que aquellos lectores que puedan acudir a Gijón vean la obra de teatro de 'La Balada del Norte' de Alfonso Zapico.

Las cuencas mineras en los años 80 del siglo XX, cuando nació Aitana, empezaban a registrar un declive total. No obstante, a pesar de que aún era una niña, le dio tiempo a vivir experiencias que admite que son reflejo del carácter y seña de identidad de toda una comarca, lo que sumado al ambiente político y reivindicativo que se palpaba en su casa forma parte de su personalidad.

“Yo recuerdo que en los años 80 había muchos mineros, muchas manifestaciones... y eso sumado a vivir en ese territorio y a pertenecer a una familia muy activa políticamente en el Partido Comunista me llevó a conocer a gente que tenía grandes historias que contar. Las cuencas mineras, toda esa gente, ese esfuerzo, esos sacrificios y esas luchas que hicieron en muchos casos para sacar adelante a la familia, a los suyos, trasciende un poco más”, argumenta.

Cuando era pequeña, pensaba que por toda la gente que yo conocía, que era lo más normal del mundo que en tu vida hubiera comunistas, represaliados y torturados, pero fue salir de las cuencas y darme cuenta del legado que tuve delante toda la vida. A lo mejor escribirlo era una de las cosas que tenía que hacer para que siguiera existiendo ese legado para otras generaciones o para otra gente que lo lea

“Cuando era pequeña, por toda esa gente que yo conocía, pensaba que era lo más normal del mundo que en tu vida hubiera comunistas, represaliados y torturados. Pero claro, fue salir de las cuencas y darme cuenta que eso no era lo normal y a lo mejor escribirlo era una de las cosas que tenía que hacer para que siga existiendo ese legado para otras generaciones o para otra gente que lo lea”, asevera. Aitana ha sido tentada al parecer para entrar en política, por supuesto en partidos alineados a la izquierda. De momento, se centra en el periodismo y la literatura que ya le ocupan todo el tiempo, si bien es un tema que no ha descartado de cara al futuro.

Su padre, Juan Ignacio, fue concejal con apenas 23 años y llegó a ser el miembro más joven del comité central del Partido Comunista de España (PCE) y secretario de Organización del Partido Comunista de Asturias (PCA). De ahí que su hija mantenga el gen del compromiso social y se rebele contra todas las causas que considera injustas, aunque más de una vez tenga que lidiar con los 'haters' cuando escribe abiertamente de sus opiniones en la red social X.

“Twitter es un estercolero. No me quiero ir, ni entro a diario a contestar a los insultos, porque yo soy muy de bloquear. Bloqueo, bloqueo y bloqueo cuando me pasa. Hay ciertos temas de los que yo puedo hablar que sé que me van a traer detrás hate, es decir, odio. El feminismo y sobre todo la memoria histórica son los que más y, a partir de ahí, la violencia de género, pero en realidad con bloquear me vale. ¿Qué voy a poner yo en una opinión de 'osito de 1963' con una foto de la bandera de 'la Borgoña'. Chico, mira, ten amigos”, responde al ser interpelada por si se frena a la hora de expresar abiertamente su opinión, con libertad, sobre cualquier tema.

La siniestralidad laboral en la mina

Aitana, como diría Francisco Umbral, viene a hablar “de su libro”, su último hijo literario 'Las madrinas' y enganchando con el tema, retomamos este viaje hacia las cuencas mineras y cómo se vive especialmente en la familia minera la alta siniestralidad laboral que se está registrando en Asturias.

En los últimos ocho meses se han producido dos graves accidentes que han dejado siete muertos: los mineros Jorge Carro, Rubén Souto Robla, Amadeo Bernabé, Iván Radio y David Álvarez, residentes en las comarcas leonesas de Laciana y El Bierzo, con edades comprendidas entre 32 y 54 años, y fallecidos el pasado 31 de marzo, por una explosión de grisu, en la mina de Zarréu, en el concejo asturiano de Degaña, y los mineros Óscar Díaz Rodríguez y Anilson Soares de Brito en la mina de antracita que gestiona la empresa TYC Narcea, en la Vega de Rengos, en Cangas de Narcea, el pasado viernes, día 21 de noviembre.

La mina es un tema que siente especialmente la autora no solo por vivir en las cuencas, sino también porque varios integrantes de su familia materna –su abuelo y tíos– se ganaban el sueldo trabajando en la minería.

Reconocimiento al colectivo femenino

“Sabes que tu hijo, tu hermano o tu marido va todos los días a un curro que es complicado, pero yo creo que no piensas que va a morir en la mina, como tampoco piensas que un marinero va a morir en alta mar, o que un paisano que está limpiando cristales en altura va a caer. Sí es verdad que a lo mejor ahora la relación con la mina no es tan social. Antes era todo el territorio, tenía esa relación con la mina, ahora hay menos gente que la tenga directa”, asegura una nieta y sobrina de mineros.

Aitana rememora cómo en las cuencas mineras reconocían de forma tácita el papel de las mujeres en las familias. Afirma que habitualmente había un patrón común: “Las familias son muy matriarcales, el paisano está ahí y al paisano hay que dejarlo descansar y si curraba en la mina y había que comer, pues se comía cuando él lo dijera. Pero allí las que mandaban eran las mujeres, porque al final eran las que ponían un poco de cabeza a la historia”, explica.

Describe que esa forma de actuar la vio en su propia casa, sin necesidad de tener que buscar referentes en otros lugares. “No tuve que ir a muchos sitios para ver eso. Al final el pilar de la casa es una mujer que, en el 99 por ciento de los casos, es la que cuida, la que da de comer, la que está pendiente y maneja todo y la que cuando el paisano llega jodido de la mina porque a lo mejor tuvo un accidente o murió alguien al que conocía es la que lo sostiene”, especifica.

Aitana está ya metida de lleno en un tour de presentaciones de su novela 'Las madrinas' tanto en Asturias como en otras ciudades españolas, aunque su editor Jorge Salvador recuerda que siguen vendiéndose de forma espectacular sus otras novelas anteriores. “Acabamos de sacar la novena edición de 'Carboneras' y la 13 de 'Los niños de humo' hace apenas dos semanas”, ratifica.

En agenda tienen ya programado el calendario de la gira por tierra asturiana. En principio, hoy viernes, día 28, harán la presentación oficial en Langreo, su concejo natal, en la Asociación de Vecinos de La Barraca. El 13 de diciembre se hará en la librería Matadero Uno de Oviedo; el 14 de diciembre en la librería La Llocura de Mieres, en la calle Aller, 1; el 17 de diciembre la presentación se realizará en el Antiguo Instituto de Gijón/Xixón y el 19 de diciembre en Las Escuelas de La Foz de Morcín. Está previsto que en enero de 2026 comiencen las presentaciones fuera de Asturias. Entre otras ciudades, Aitana contará las aventuras de Gloria Montes, la protagonista de su novela, en A Coruña, Madrid, Bilbao y Barcelona. Las fechas concretas se irán perfilando en los próximos días. De momento, aquí va el anticipo, en un deseo de no haber hecho mucho 'espóiler'.

Los 21 integrantes de la Brigada de Salvamento Minero de Asturias y sus familias no comen del aire, ni de agradecimientos y buenas palabras. Son profesionales que, a pesar de tener impagadas 9.000 horas, son capaces de acudir a una explotación minera, entrar en el yacimiento sabiendo que hay compañeros atrapados y tratar de salir devolviendo esperanza o un cadáver a las familias de esos trabajadores que entraron a trabajar en duras condiciones laborales también por un jornal aún a costa de poner en riesgo su propia vida.

Sin embargo, la situación ya es límite y han lanzado un SOS para tratar de que este servicio no desaparezca. En esta petición de auxilio cuentan con el respaldo inquebrantable del Comité de Empresa de Hunosa que este miércoles, en un nuevo intento de salvar esta grave situación, ha convocado una rueda de prensa conjunta para trasladar a la opinión pública la necesidad de encontrar soluciones que impidan la completa extinción de la Brigada. La fecha límite es el 7 de diciembre, apenas once días para que la renuncia sea efectiva.

Un conflicto y una deuda de 9.000 horas

El interlocutor con los medios de comunicación asturianos ha sido esta mañana Andrés Vallina, presidente del Comité Intercentros por el sindicato SOMA-FITAG-UGT. Su descripción de la situación no deja lugar a dudas: necesitan que la situación se revierta, abonando el dinero adeudado y lograr encauzar el conflicto, con una solución factible. Ellos aseguran que estarán a su lado: “Los trabajadores de la Brigada de Seguridad Minera son nuestra seña y orgullo y no los vamos a dejar caer”, proclaman.

El exceso de horas que se les adeuda a los integrantes de la Brigada de Salvamento Minero ha sido el punto central de la convocatoria del Comité Intercentros extraordinario para esta misma jornada.

Dos convocatorias y un fracaso

Anteriormente ya estaba programada para el día 4 de noviembre con esta misma problemática para que la empresa les diese una solución.

No obstante, decidieron suspenderla después de que la empresa les pidiera que esperaran un plazo de diez días para solucionar este tema, aunque una vez transcurridos y a la vista de que la empresa no se ponía en contacto con ellos, acordaron convocarla de nuevo para este miércoles.

Andrés Vallina califica la última reunión con la empresa de “auténtico fracaso” porque asegura que “al final es más de lo mismo. Buenas palabras por parte de la dirección, pero no dan solución a este problema que tiene un responsable único y es el presidente de la compañía”.

El presidente del comité asegura que hasta ahora lo único que han recibido los brigadistas son agradecimientos por el trabajo desarrollado el pasado viernes en las labores de rescate del accidente minero que se cobró la vida de Óscar Díaz y Anilson Soares, pero eso no es suficiente si no va acompañado del dinero adeudado.

“Solo son buenas palabras”

“Basta ya por parte de la presidencia de esta compañía de coger y dar buenas palabras y que se ponga, se remangue y de verdad trabaje como tiene que trabajar para poner solución a esto, porque es competencia única y exclusiva suya”, asevera.

Andrés Vallina reconoce que la última vez que se reunieron con la dirección salieron del comité “bastante decepcionados” porque, a pesar de haber tenido “tiempo de sobra desde que se nos traslada el problema, lo único que nos encontramos son buenas palabras de que apuestan por la Brigada”, comenta.

“Es una patada hacia adelante”

La única apuesta que ha realizado hasta ahora la dirección ha sido la apertura de una convocatoria de cinco plazas.

“Ahora con todo lo que está cayendo, entendemos que es una patada hacia adelante que no soluciona los verdaderos problemas que tenemos ahora”, afirma.

El límite: el 7 de diciembre

Su propuesta pasa en primer lugar por el pago de las horas adeudadas, a continuación por que la empresa se reúna con la parte social para realizar una reorganización sobre las necesidades que tiene la Brigada de Salvamento de cara al futuro con el Centro Nacional de Rescates, que está incluido dentro del plan de Hunosa y ya, en último lugar, sitúan la apertura de una convocatoria para el acceso de posibles integrantes al cuerpo de la Brigada.

Todos lo tienen claro: si hay una respuesta de la empresa antes del 7 de diciembre y es aceptable y aceptada por los brigadistas, la renuncia se quedaría sin efecto, y si llega el día 8 y no ha habido ese acercamiento, ni acuerdo, el riesgo pasa por quedarse sin brigadistas y proceder a la disolución de un servicio que cuenta con agradecimientos y reconocimientos, pero de los que no comen sus miembros, ni sus familias.

Hunosa reitera su voluntad de diálogo

La empresa Hunosa ha respondido a todas estas declaraciones a través de un comunicado hecho público apenas una hora después de la rueda de prensa.

En este escrito se remiten a sus manifestaciones del pasado día 20 de noviembre. A continuación, eldiario.es Asturias reproduce íntegramente su contenido.

Comunicado oficial de la empresa

“HUNOSA, como se trasladó el pasado jueves día 20 de noviembre, niega con rotundidad que exista voluntad alguna de desmantelar un servicio que considera de máxima importancia. Afirmar lo contrario es totalmente incierto. La empresa reitera su compromiso para garantizar no solo la continuidad sino también la potenciación de un cuerpo compuesto en su totalidad por trabajadores de la compañía”.

“Como también se informó el jueves, HUNOSA está trabajando para solucionar el problema generado por horas extra realizadas por sus efectivos. Fruto de ese trabajo, la empresa acaba de abrir una convocatoria interna de empleo para incorporar cinco nuevos componentes de la brigada (cuatro brigadistas y un conductor-rescatista), de acuerdo con las necesidades de un servicio que permanece operativo 24 horas los 7 días de la semana. Tras la reunión de esta mañana con las centrales sindicales, la dirección de la empresa continuará manteniendo conversaciones para alcanzar un acuerdo”, concluye el comunicado de la empresa.

La mina de antracita que gestiona la empresa TYC Narcea donde el pasado viernes fallecieron los trabajadores Óscar Díaz Rodríguez, de 32 años y vecino de Cangas de Narcea, y Anilson Soares de Brito, de 42 años y vecino de Villablino, permanece cerrada y continuará sin actividad a lo largo de toda la semana en señal de duelo por la muerte de los dos mineros.

La Policía Judicial de la Guardia Civil continuará este martes las labores de inspección para tratar de esclarecer las circunstancias de este accidente mortal que ha golpeado de nuevo a la familia minera asturiana y leonesa.

Para mañana, miércoles, ha sido convocada una reunión de urgencia de la Comisión Regional de Seguridad Minera para hacer una evaluación de los primeros resultados de las inspecciones realizadas tras el siniestro laboral que ha costado la vida a Óscar y Anilson.

Un desprendimiento fortuito

El consejero de Ciencia, Industria y Empleo del Principado, Borja Sánchez, confirmó ayer que las primeras investigaciones apuntan a que la principal causa del siniestro pudo deberse a causas geológicas por un hundimiento “súbito, fortuito e imprevisto” del techo de una galería de unos 70 metros, donde se encuentra una capa de mineral “bastante ancha”, de unos tres metros.

Los técnicos calculan que el desprendimiento fue de entre seis y ocho metros del techo, “lo suficiente para atrapar a los dos trabajadores”.

Un tercer minero salvó la vida

Los dos mineros quedaron atrapados a un kilómetro y medio de la entrada del yacimiento. Un tercer trabajador logró salir con vida de la explotación al haberse desplazado para ir a recoger unos materiales.

Tras la reunión del Consejo de Gobierno, el consejero reiteró que la empresa TYC Narcea tiene todos los permisos y la documentación en regla. En los últimos meses ha sido inspeccionada en varias ocasiones, la última de ellas la víspera del accidente precisamente en la zona donde se produjo el derrumbe.

El dolor por las víctimas

Este pasado domingo, familiares y amigos despidieron a los dos mineros fallecidos.

La Iglesia de Posada de Rengos acogió el funeral por Óscar Díaz. En la siguiente imagen, compañeros, familiares y amigos observan la llegada de los coches fúnebres en medio de un impresionante silencio en una jornada muy lluviosa.

Ese mismo día, a menos de 40 kilómetros de distancia, en la localidad de Caboalles de Abajo, en la provincia de León, tenía lugar el funeral por Anilson Soares. En la imagen siguiente, momento de entrada del féretro a la iglesia.

El apoyo a las familias

En un comunicado Tyc Narcea corroboró que, desde el primer momento, la empresa puso todos sus medios técnicos y humanos a disposición de las administraciones, porque entendía que, ante una tragedia de esta magnitud, lo esencial era colaborar sin reservas.

“Nada prepara para la devastación que supone mirar a los ojos a unas familias rotas por el dolor y no encontrar palabras capaces de aliviar, aunque sea mínimamente, su sufrimiento”, exponía.

Las medidas de prevención y seguridad

En el mismo sentido se pronunciaba el dueño de la explotación, Juan Antonio Fernández Coalla, que el pasado sábado, apenas 24 horas después del trágico accidente, explicaba a elDiario.es Asturias, profundamente afectado, que “el director facultativo estaba dentro y lo valora como una auténtica fatalidad, una desgracia. Solo puedo decir que es muy trágico, es lo peor que he vivido. Es una desgracia para esas familias, pero no hay nada que pueda decir ahora mismo que no sea transmitir mis sentimientos y condolencias. Siento su misma rabia e impotencia, pero ellos con una pérdida irreparable”.

Juan Antonio Fernández resaltaba que las medidas de prevención, seguridad y legales se cumplen “al cien por cien” por todos desde trabajadores a técnicos.

Dos días de luto en Asturias y León

La mina ha vuelto a unir en el dolor a ambas comunidades autónomas. Los presidentes del Principado de Asturias y de la Junta de Castilla y León, Adrián Barbón y Alfonso Fernández Mañueco respectivamente, decretaron dos días de luto oficial por la muerte de los dos mineros.

En apenas ocho meses, dos graves accidentes mineros se han cobrado la vida de siete trabajadores, ya que a la muerte de Óscar Díaz y Anilson Soares se suma la pérdida de los mineros fallecidos en la mina de Zarréu, en el concejo asturiano de Degaña, por una explosión de grisú, el pasado 31 de marzo: Jorge Carro, Rubén Souto Robla, Amadeo Bernabé, Iván Radio y David Álvarez. Residían en las comarcas leonesas de Laciana y El Bierzo y tenían entre 32 y 54 años.

Las movilizaciones

El 6 de abril, seis días después del accidente de la mina de Zarréu, en el concejo asturiano de Degaña, en el que murieron cinco trabajadores, la Dirección General de Minas decretó la paralización provisional del Proyecto de Investigación Complementaria (PIC) de esta sociedad en la mina de Vega de Rengos.

Los 70 trabajadores y sus familias emprendieron movilizaciones y dos meses más tarde, el pasado mes de junio, la Consejería de Ciencia, Industria y Empleo levantó la suspensión cautelar de las actividades de la empresa TYC Narcea Special Research S.L. relativas a la ejecución de un proyecto de investigación complementario en la mina de Vega de Rengos, en Cangas del Narcea.

En ese momento, los trabajadores y sus familias se mostraban muy satisfechos al conocer que, de nuevo, se iba a reanudar la actividad. Nada hacía presagiar que, apenas unos meses después, se volvería a registrar una tragedia en la mina.

Reunión de urgencia

La Comisión Regional de Seguridad Minera ha sido convocada, en una reunión urgente, para mañana miércoles. En esta sesión se hará una evaluación de los primeros resultados de las inspecciones realizadas tras el siniestro laboral que ha costado la vida a Óscar y Anilson.

El pasado mes de julio, se había constituido una comisión especial de investigación dentro de esta Comisión Regional de Seguridad para investigar el accidente de Zarréu. Ocho meses después, cuando aún no han concluido los trabajos sobre el siniestro ocurrido en el concejo de Degaña, vuelve al foco por un nuevo siniestro laboral que ha segado la vida de dos trabajadores.

Una elevada siniestralidad que ha llevado a los sindicatos a convocar una manifestación en Oviedo para este mediodía en el cruce de las calles Santa Teresa, Cervantes y Avenida de Galicia.

La tragedia que golpeó ayer a la mina de antracita de Vega de Rengos, en Asturias, donde fallecieron dos trabajadores en un derrumbe, tiene hoy dos nombres y dos historias que dejan un profundo silencio en Cangas del Narcea y en toda Asturias: Óscar Díaz Rodríguez y Anilson Soares de Brito, compañeros de galeria.

Los dos mineros quedaron atrapados a kilómetro y medio de la boca del yacimiento y ninguno pudo regresar con vida a casa. Nuevamente la mina se llevaba por delante la vida de dos personas jóvenes y trabajadoras, vinculadas desde hace años al oficio, en este fatídico 2025 para la minería asturiana, cuando ya en marzo murieron cinco mineros y resultaron heridos otros cuatro en la mina de Zarréu (Degaña),: la tragedia volvió a repetirse.

Óscar Díaz: el compromiso de una nueva generación minera

Óscar Díaz, de 32 años, había crecido en Posada de Rengos, un pueblo donde la minería forma parte del paisaje y de la identidad colectiva. Quienes le conocían lo describen como una persona tranquila y discreta, trabajadora y con un enorme respeto hacia la mina y sus compañeros. Destacan de Óscar su forma de trabajo impecable y su sentido de la responsabilidad siempre intachable.

A su edad acumulaba ya un largo recorrido en la minería asturiana. Disciplinado y con un temple que se valora especialmente bajo tierra, Óscar sentía orgullo de formar parte de una tierra minera y representaba a una generación que aún cree en este oficio y quiere seguir sosteniéndolo. Lamentablemente, esas bocaminas entre las que se crió y que le hicieron enamorarse de la minería desde bien pequeño, fueron los mismos agujeros que ayer le quitaron la vida, en una tarde gris, fría y con lluvia en Cangas del Narcea, donde nadie quería tener que enfrentarse a una tragedia como esta.

Anilson Soares: de Cabo Verde a la mina

El segundo minero fallecido ayer en el trágico derrumbe de la mina de Vega de Rengos fue Anilson Soares, de 42 años, vecino de Villablino, adonde llegó tras emigrar desde Cabo Verde en busca de una oportunidad laboral que le permitiera una vida mejor. Esa oportunidad se la dio el mismo oficio que ayer le quitó la vida: la minería. Anilson formaba parte de la segunda generación de caboverdianos que se asentaron hace cincuenta años en la comarca de Laciana, para trabajar en las empresas del carbón de las cuencas leonesas.

Padre de dos hijos, de 15 y de 10 años, Anilson era una persona muy querida en la comarca, su carácter afable y sonriente no pasaba desapercibido y se hacía querer, al igual que le ocurría en la mina canguesa, donde siempre estaba dispuesto a echar una mano. Hace años, la mina ya se había cobrado la vida del hermano de Anilson, Adolfo, concretamente en el mismo mes, en noviembre de 2007, una explotación de Hijos de Baldomero, en Laciana. Adolfo tenía 27 años.

Aunque aquella herida nunca cerró del todo, él continuó trabajando en la bocamina, en un trabajo que le permitía sostener económicamente a su familia y donde tenía la esperanza de no tener que dejar su vida. La sonrisa perenne de Anilson se apagó ayer por la tarde en un derrumbe.

Una mina revisada un día antes

La explotación en la que ambos trabajaban había superado su última inspección el jueves, apenas veinticuatro horas antes del derrumbe. Pero eso no impidió que el destino se torciera bajo tierra. Allí, Óscar y Anilson quedaron atrapados sin posibilidad de escapar de un derrumbe que se produjo en el nivel dos de la explotación, gestionada por TYC Narcea. Aunque al principio existieron esperanzas de que pudieran sobrevivir, la Brigada de Salvamento Minero rescató ambos cuerpos sin vida. A la entrada de la mina, familiares, vecinos y amigos aguardaban con angustia, recordando cómo hace apenas meses se habían movilizado junto a la plantilla de 70 trabajadores para protestar por las condiciones de trabajo.

El accidente se produce casi ocho meses después del siniestro en la mina de Zarréu (Degaña), ocurrido el 31 de marzo, donde murieron cinco mineros y otros cuatro resultaron heridos. Tras aquel accidente, la Dirección General de Minas decretó la paralización provisional del proyecto de investigación complementaria de TYC Narcea en Vega de Rengos, que había sido levantada meses después, tras comprobar que todos los permisos estaban en regla.

Dos días de luto

El presidente del Principado, Adrián Barbón, ha anunciado que se decretarán dos días de luto oficial tras el accidente, y ha explicado que la mina contaba con unas condiciones de seguridad “muy elevadas”, y que había sido inspeccionada el jueves.

Así lo ha manifestado en Vega de Rengos, lugar al que se desplazó tras tener conocimiento del accidente, y tras anular su participación en una acto organizado por el PSOE de Castilla y León.

Barbón ha indicado que ya ha hablado con el presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ya que uno de los trabajadores fallecidos es asturiano y el otro leonés, y que hoy cerrarán la “hora concreta” en la que decretarán los dos días de luto oficial, que también han comunicado a los alcaldes de Cangas de Narcea y Villablino.

Investigación abierta

“Ahora hay que dejar que se investigue”, ha dicho el máximo responsable del Ejecutivo autonómico asturiano, quien ha reiterado que la mina en la que ayer fallecieron dos trabajadores pasó una inspección el día anterior a que se produjera el accidente mortal, en concreto, en la zona en la que tuvo lugar el derrumbe.

Asimismo, ha revelado que a los propios trabajadores “les cuesta entender lo que sucedió, más allá de lo que es una tragedia en el ámbito de la mina”, que en el caso de la explotación canguesa ya fue objeto de una “enorme revisión como consecuencia de otros accidentes” ocurridos en Asturias, el último hace ocho meses en Cerredo, donde cinco mineros perdieran la vida por una explosión de gas grisú.

“Todo estaba en orden”

Las condiciones de seguridad en la mina de Rengos eran “muy elevadas”, según ha destacado Barbón, quien ha recordado que la instalación “se cerró hasta que se analizaron determinados aspectos”, y que tras la revisión “todo estaba en orden”, como también manifestaron las “organizaciones sindicales y los propios trabajadores”.

“Vamos a ver dónde está el problema, si es geológico”, ha señalado el presidente del Ejecutivo asturiano, que ha valorado la respuesta “rápida” y el agradecimiento por las labores de rescate, así como las condolencias del Gobierno del Principado a los familiares y amigos de las víctimas.

Asturias vuelve a estar de luto.

El Partido Popular (PP) ha acusado este martes al Gobierno de Adrián Barbón de haber mirado hacia otro lado ante las “prácticas mafiosas” que se daban en la mina de Zarréu y de haber propiciado que la empresa que la gestionaba cometiese una ilegalidad que costó la vida a cinco trabajadores el pasado 31 de marzo.

“Su gobierno, por acción o por omisión, miró hacia otro lado ante prácticas mafiosas”, ha afirmado el diputado popular Rafael Alonso durante la pregunta que ha hecho al consejero de Ciencia, industria y Empleo, Borja Sánchez, en el pleno que celebra hoy el parlamento autonómico.

Las declaraciones de uno de los heridos

El parlamentario popular presentó a última hora una pregunta de actualidad relacionada con la entrevista que el diario 'La Nueva España' hizo a Enrique Ramón Martínez, el trabajador que sobrevivió en la mina de Cerredo al accidente registrado en octubre de 2022, en el que un compañero perdió la vida.

En ella aseguraba que todos sabían lo que estaba pasando en la mina de Zarréu y que, si tras su accidente se hubiese dicho la verdad, quizás no hubiesen muerto tres años después cinco trabajadores en la misma explotación.

El “descontrol” del Ejecutivo regional

Según Alonso, sus declaraciones han puesto de manifiesto “la gravedad y el grado de descontrol y pasividad en el Gobierno de Asturias a la hora de controlar la actividad en Cerredo”.

“El Gobierno de Barbón debe explicar qué no hizo para evitar el accidente. No puede tomar el pelo a los asturianos y a las familias de los fallecidos porque todo el mundo sabía que se sacaba carbón”, ha subrayado el diputado popular antes de preguntarse si “solo lo desconocían en el Gobierno” o si éste “va a mantener este engaño para mantenerse políticamente con seis muertos en la explotación” en los últimos tres años.

El “ascenso” de los consejeros

En su opinión, la Dirección de Minas y el Gobierno asturiano “propiciaron que la empresa, pese a sus antecedentes, cometiera una nueva ilegalidad que costó la vida a cinco personas y la respuesta de Barbón fue ascender a sus consejeros” sin tener en cuenta las denuncias de funcionarios, particulares o empresas.

Ha añadido que, aunque “lo sabían todo y conocían todo lo que pasó en el accidente de agosto de 2022”, el Gobierno asturiano “lo que hizo fue premiar a estos desalmados con una autorización exprés”, actuando con la “máxima diligencia en nuevas autorizaciones mineras con un objetivo claro: sacar carbón”.

“Es una indecencia política”, ha afirmado Alonso para quien está claro que “este Gobierno lo sabía todo desde el minuto uno”, pero que “mantuvo una pasividad que ha supuesto muertes y vergüenza colectiva” por un accidente “que podría haberse evitado porque todos lo sabían”.

Expedientes sancionadores

Ante estas acusaciones, el consejero de Ciencia, Industria y Empleo, Borja Sánchez, ha señalado que a raíz del accidente registrado en la mina de Zarréu en octubre de 2022 se incoaron dos expedientes sancionadores a la empresa titular de los derechos de explotación a Combayl (Combustibles Asturiana y Leonesa), posteriormente cedidos a Blue Solving, que formaba parte del mismo entramado societario.

En ambos expedientes, ha añadido Sánchez, el Servicio de Minas del Principado tomó declaración a los empleados y testigos, entre ellos, al trabajador que perdió una pierna en el accidente de 2022, y que toda esa información ha sido remitida a la comisión constituida en el seno del parlamento autonómico para investigar el accidente.

“Saben perfectamente cómo actuó la administración después de tomar estas declaraciones”, ha señalado Sánchez tras recordar que el accidente de Zarréu se encuentra bajo secreto de sumario.

La indemnización

Según el consejero, a raíz del testimonio de Enrique Ramón y de otros testigos se iniciaron dos expedientes sancionadores a Combayl , uno de ellos por la explotación de recursos mineros sin contar con autorización para ello, que derivó en una sanción de 20.000 euros, aunque finalmente la empresa solo pagó 12.000.

Esa sanción impuesta en mayo de 2024 acredita que la empresa no tenía autorización para sacar carbón ya que solo disponía de permiso para la recogida de material y acopios de carbón preexistentes.

El compromiso

El segundo expediente sancionador está relacionado con incumplimientos en materia de seguridad laboral por parte de la empresa, si bien su tramitación se encuentra suspendida al seguir abierto un procedimiento en un juzgado de Cangas del Narcea, ha recordado el consejero.

“Soy consciente de la gravedad del accidente y reitero mi compromiso de colaboración con el esclarecimiento del accidente en el que fallecieron cinco mineros para que esto no vuelva a ocurrir en la comunidad autónoma”, ha concluido.

La explosión registrada el 31 de marzo en el nivel tercero de la mina de Zarréu se produjo por la acumulación de grisú en un punto en el que, al parecer, se estaba extrayendo carbón de forma ilegal ya que la empresa titular, Blue Solving, solo disponía de un permiso para retirar maquinaria y material para chatarra, así como los acopios de carbón que pudiera haber en el interior de la explotación, cerrada desde 2018. 

El director facultativo en Cementos Tudela Veguín, Pablo Rodríguez Fernández, considera “muy difícil” que una o muchas inspecciones de la autoridad minera hubiesen podido detectar actividades irregulares en una explotación de las dimensiones de la mina de Zarréu, si había intención de ocultarlas.

“No se hubiera conseguido saber nada aunque hubieran ido cinco o diez veces más. En una mina de esas dimensiones es imposible ver”, ha afirmado durante su comparecencia ante la comisión parlamentaria que investiga el accidente que, el pasado 31 de marzo, costó la vida a cinco trabajadores por una explosión de grisú registrada en la mina que explotaba Blue Solving.

Este ingeniero de minas y técnico superior en prevención de riesgos laborales forma parte de la Comisión Regional de Seguridad Minera desde finales de 2021 en representación de los directores facultativos del Colegio Oficial de Ingenieros de Minas del Noroeste de España.

Imposible de detectar

En su opinión, si hay intención de ocultar dentro de una mina la extracción irregular de carbón, no es posible detectarlo con la labor diligente de un inspector en una explotación de las dimensiones de la de Zarréu.

Al ser preguntado si no es posible detectar una actividad irregular en una mina por muchas inspecciones que se hagan, ha afirmado que “si hay una denuncia, ya hay un indicio con lo cual se podría investigar”, pero que si no hay indicios o denuncias no se puede saber si hay una actividad ilegal dada la actividad y dimensiones de esta mina.

“No se hacen por sorpresa”

Rodríguez Fernández ha reconocido también que la autoridad minera suele avisar con antelación, un día antes, normalmente, de que va a realizar una inspección y que ya hace bastante tiempo que en su empresa no se hacen por sorpresa.

Lo ha justificado porque, según ha añadido, las explotaciones mineras tienen que cumplir unas medidas de seguridad y los inspectores deben ir acompañados de un técnico competente y en que así pueden disponer de la documentación que puedan requerir los inspectores.

Inspecciones de control

Las inspecciones, en su opinión, sirven para controlar lo que hace la empresa dentro del marco legal de la Ley de Minas, que todos los proyectos son acordes a la legislación y a la prevención de riesgos laborales, que las explotaciones no se salgan de sus límites, “comprobar que cumplen con lo que tienen en la autorización, simple y llanamente”.

Sobre el caso concreto de la mina de Zarréu ha señalado que no tuvo conocimiento de que se estuviera extrayendo carbón de forma ilegal y que tras el accidente de 2022, en el que un trabajador falleció y otro perdió una pierna, sí se comentó en la Comisión Regional de Seguridad Minera que “el camión iba cargado de carbón”, pero no cuál era la procedencia del mineral.

Comisiones paralizadas

Tanto la Comisión Regional de Seguridad Minera, como la especial constituida tras el accidente, integrada por los mismos miembros, aunque con la posibilidad de llevar algún asesor, se encuentran paralizadas porque “no tiene acceso a ningún documento o informe sobre el que poder trabajar”.

La comisión especial quedó formalmente constituida el pasado 17 de julio con el objetivo de elaborar un informe sobre las causas y responsabilidades en el siniestro y de servir de complemento a la comisión parlamentaria constituida en la Junta General y a las indagaciones que lleva a cabo el Servicio de Minas.

Una explosión de grisú

La explosión registrada en el nivel tercero de la mina de Zarréu se produjo por la acumulación de grisú en un punto en el que, al parecer, se estaba extrayendo carbón de forma ilegal ya que la empresa titular, Blue Solving, solo disponía de un permiso para retirar maquinaria y material para chatarra, así como los acopios de carbón que pudiera haber en el interior de la explotación, cerrada desde 2018.

La calma tensa se ha instaurado en Zarréu, en el municipio de Degaña, y casi asfixia. Cuando se acaba de cumplir medio año del accidente que acabó con la vida de cinco mineros y dejó gravemente heridos a otros cuatro por una explosión de grisú en la mina, pocos confían en que se esclarezca la verdad. En Zarréu hay miedo. En 2022 ya se produjo un accidente laboral en esta explotación, falleció un trabajador y otro sufrió graves heridas. Los trabajadores transportaban carbón ilegal en un camión.

Aunque las investigaciones están en marcha (la judicial y la de la Junta General), pocos se atreven a señalar a un culpable del accidente ocurrido en marzo. Eso sí, lo que nadie niega es que se estaba extrayendo carbón y que en la mina había “más movimiento del que tenía que haber”. A la empresa Blue Solving, que era la que explotaba la mina ya cuando se produjo el accidente en 2022, el Principado le dio un nuevo permiso de investigación en el año 2023 para labores de investigación. Y con ese permiso explotaban la mina en Degaña.

La minería ha sido históricamente la forma de vida de este concejo en donde pocos se atreven a hablar porque, como explican a micrófono cerrado, temen represalias. “Al final aquí vivimos de esto”, explica un vecino del pueblo en el bar. En la misma mesa, otros dos vecinos, jubilados mineros, miran por el cristal hacia fuera. Nadie quiere dar su nombre. “La verdad la sabemos todos, pero hay intereses enfrentados”, apuntan. Y el tema queda aparcado, como si de lo que no se habla no ocurriese.

“No se hacían las cosas bien”

La calle principal de Zarréu está desierta. Lejos quedaron los tiempos en los que la mina daba trabajo y trabajo, cuando en la localidad llegó a haber veintiocho bares y se respiraba el dinero. En medio de ese silencio que se ha impuesto como una losa tras el accidente, alza la voz Ramón Fernández, minero jubilado y que sabe bien de lo que habla porque trabajó durante veinte nueve años en la mina en la que se produjo la explosión. “Está claro que las cosas no se hacían bien y que se estaban haciendo extracciones ilegales. Los fallecidos eran chavales jóvenes”.

No le entra en la cabeza a Ramón que en el año 2005 fallezcan cinco personas por una explosión de grisú. “No se estaba haciendo la ventilación. El accidente fue un lunes y el compresor de ventilación tenía que estar encendido desde el domingo. Cuando hay grisú enseguida te das cuenta de que la luz del casco, que es blanca, se vuelve amarilla”, relata. Ramón Fernández dice que los mineros viven “acostumbrados” a los accidentes pero que este, el de marzo, “fue una auténtica desgracia y no se puede permitir que ocurra a estas alturas”. Y antes de marchar, Ramón apostilla. “Si no llegamos a saber la verdad es que no hay justicia”.

“El problema es que la mina cerró”

Sale el sol en Zarréu y parece que ilumina a un pueblo que tiene la mirada triste. Los cinco mineros fallecidos eran conocidos, gente joven con familia y futuro por delante. “El problema es que nadie quiere saber nada. No se habla del tema. Ojalá se esclarezcan las cosas, pero tenemos poca confianza, es cierto que nadie quiere hablar”, asegura Eliazar Menéndez, vecina de Zarréu. Lo que si reconoce esta vecina es que en la mina “había bastante movimiento”. No le cuadra a Eliazar que una investigación requiera de“ tanto trae y lleva”.

En el bar han quedado los tres amigos tomando un vino, y han zanjado el tema casi de inmediato. “El problema es que la mina cerró”, se escucha en voz baja. Dice Argentina Sil que ella, que lleva 51 años viviendo en Zarréu, no escucha ni palabra del accidente. “Preguntas y nadie te responde”, y entonces ella, sigue su vida y su rutina en un pueblo en el que ahora “ya no queda nada”. La sensación del futuro perdido asfixia a Zarréu y a todo el concejo de Degaña, porque no se vislumbra otro futuro económico para este municipio del interior que no esté vinculado a la mina. Lamentan ser noticia precisamente por la muerte de cinco mineros.

El tema ha salido en la mesa que comparten Argentina y su amiga Domitila Álvarez. ¿Qué pasó en la mina, confían en que se esclarezca la verdad? Y Domitila acerca la banqueta de un tirón y habla sin ningún miedo. “Lo que pasa es que las subvenciones se dan a las empresas de forma irregular y luego se tienen a los trabajadores con migajas. El accidente se puedo evitar, claro que se puedo evitar”.

Más atrás, Coco de 84 años y también vecino de Zarréu se remueve. “Lo que pasa es que estaban haciendo las cosas de extranjis, eso es lo que pasaba, y el gobierno no quiere que se sepa”, relata.

La mina se “caía a cachos”

Lo cierto es que las declaraciones de los diferentes expertos que han declarado en la comisión de investigación que se está llevando a cabo en la Junta General no hacen más que afianzar las cábalas de los pocos vecinos que si hablan en Zarréu. Una explotación anticuada que “se caía a cachos”, en palabras del Jefe del Servicio de Minas, Santiago Berjano; incumplimientos reiterados por parte de Blue Solving, extracciones ilegales y cinco personas muertas.

Un pueblo que prefiere el silencio porque saben que el futuro pinta negro en Degaña sin la mina. En Zarréu quedan cuatro bares abiertos.

La comisión parlamentaria que investiga el accidente minero de Zarréu, en el que murieron cinco trabajadores y otros cuatro resultaron heridos, continúa sus trabajos para tratar de delimitar las posibles responsabilidades del siniestro.

Este jueves ha comparecido ante los representantes de los grupos políticos el jefe de la Sección de Investigación y Desarrollo Minero del Servicio de Minas, David Valiño.

“Aquí todo el mundo vio todo pero nadie denunció nada y después resulta que cuando preguntas a cada uno de ellos: ¿tú estuviste allí? o ves lo que dice el acta, resulta que de lo que habla es de otra cosa, entonces a mí me sorprende mucho que todo el mundo sabía todo, pero nadie dijo nada”, ha destacado.

Las críticas

En su comparecencia, Valiño ha criticado también la conversión del Servicio de Seguridad Minera en una sección dependiente del actual Servicio de Minas, y la reducción de su plantilla.

“Si tú reduces una estructura, no solamente porque haya cambios, sino porque hay una reducción de personal, tanto técnico como administrativo, ¿lo puedes hacer? sí, pero si pretendes que se haga exactamente lo mismo que antes, es evidente que no (se puede)”, ha subrayado Valiño tras ser preguntado por el parlamentario popular Rafael Alonso sobre el impacto de la conversión en el servicio.

Suplir “ciertas carencias”

Según ha indicado, cuando se aprueban normativas en las que se introducen cambios “sin cargo al erario público”, lo que en realidad significa es “que se está detrayendo de otro sitio”, así como que si se “cambia” y se “reduce” una estructura “lo más probable” es que sea “en detrimento de las funciones”.

“Nosotros, como funcionarios, tenemos que aceptarlo e intentar hacerlo lo mejor posible, incluso supliendo ciertas carencias, y claro que lo hacemos. Intentamos cumplir con nuestro trabajo y hacerlo de la mejor manera, aunque a veces no sea lo óptimo, pero hacemos lo que podemos”, ha sostenido.

Se enteró por la prensa

El jefe de sección ha asegurado que la primera noticia sobre los supuestos indicios de explotación ilegal de carbón en inspecciones previas de agentes de medio ambiente a la mina le llegaron por la prensa tras el accidente.

Valiño, que no tuvo relación directa con la explotación de Cerredo, también ha aclarado que el “proyecto de investigación complementaria” que presentaron las empresa titular de la mina no es una figura recogida por la legislación, sino el nombre que decidió darle a su proyecto de investigación, que estaba enmarcado en una concesión de explotación.

No vio nada sospechoso

En la sesión de hoy también ha comparecido José Enrique Fidalgo, inspector de minas asignado desde 2022 a los trabajos de restauración minera que la empresa Tragsa está realizando en la antigua explotación a cielo abierto de Cerredo.

Fidalgo ha explicado que nunca en el desempeño de su trabajo vio nada que le hiciera sospechar que se estaba extrayendo carbón de la mina interior.

Las inspecciones

El funcionario, con alrededor de 30 inspecciones realizadas en la explotación, ha explicado que las oficinas de Tragsa en las que se cambiaba cuando realizaba sus visitas estaban justo delante de la bocamina del nivel tres, en el que tuvo lugar el siniestro en el que fallecieron los cinco mineros.

Según ha relatado nunca vio indicios que indicaran que se estaba extrayendo carbón, como tampoco los percibieron los dos trabajadores de asistencia técnica de la obra, que realizaban una media de dos visitas a la semana.

Sin indicios de carbón

“El carbón tienes que sacarlo, acopiarlo, cargarlo y transportarlo, en este caso cualquier entrada y salida de material tenía que pasar justo por delante de las oficinas de Tragsa y yo allí nunca vi nada que me hiciera sospechar para nada”, ha explicado.

Fidalgo fue también uno de los inspectores que entró con la brigada de Salvamento Minero a la mina de Cerredo el día del accidente, ya que según ha explicado estaba de guardia, pero ha declinado dar más información al respecto ya que la investigación está judicializada. 

 El ingeniero inspector de la sección de Seguridad Minera, Yago Villa, propuesto como instructor del expediente abierto por el Servicio de Minas por el accidente acaecido en 2022 en la mina de Zarréu/Cerredo, ha explicado este jueves que “normalmente” los responsables de la empresa conocen “de antemano” cuándo se va a realizar una inspección ya que suelen ser ellos mismos los que la solicitan.

Villa, que ha comparecido esta mañana en la comisión parlamentaria que investiga el accidente en el que fallecieron cinco trabajadores el pasado marzo en la misma explotación, ha indicado que, aunque fue propuesto como instructor de la investigación abierta por el Servicio de Minas, aún no ha tenido acceso al expediente administrativo porque el caso está “paralizado” por hallarse bajo investigación judicial.

Inspecciones planificadas

Según ha afirmado, las inspecciones normalmente se producen a “instancias de parte” y por lo tanto están planificadas en fecha y hora por los responsables de la mina, por lo que los inspectores suelen contactan con el director facultativo, que es el responsable de la seguridad y de autorizar la entrada en la mina, antes de desplazarse a la misma, para que pueda acompañarle en su visita.

Aunque también pueden actuar de oficio o en respuesta a denuncias, esto no es “lo normal” e incluso, en estas ocasiones, en “muchos casos” también contactan previamente con el director facultativo de la explotación porque suelen necesitar a esta persona para realizar la inspección.

Ajeno a la explotación

Con respecto al expediente administrativo abierto por el Servicio de Minas, Villa ha dicho que sabe que fue propuesto como instructor, pero ha reiterado que es un caso del que todavía no tiene “ningún dato” por estar judicializado, a lo que ha añadido que la de Cerredo es una explotación que no conoce y sobre la que “nunca” ha tramitado ningún expediente.

Precisamente por este motivo, en su opinión, fue designado por sus superiores como instructor del caso, ya que “se buscaba un poco la limpieza” y que el encargado de dirigir la investigación fuera “un poco ajeno” a esta explotación y la zona en la que se ubica. 

El director general de Gestión Forestal del Principado, Javier Vigil, en el cargo desde el 1 de septiembre de 2023, ha negado este miércoles haber mantenido “ningún contacto” con representantes de las empresas que han sido titulares de explotaciones en la mina de Cerredo, Combayl y Blue Solving, y ha afirmado que, hasta donde él sabe, nadie en su departamento los tuvo.

Vigil, que ha comparecido hoy en la comisión parlamentaria que investiga el accidente de la mina de Cerredo, en el que el pasado 31 de marzo perdieron la vida cinco trabajadores, ha asegurado también desconocer si los representantes de las empresas Combayl o Blue Solving tenían contactos “a alto nivel” en Medio Ambiente, tal y como le dijo el empresario Jesús Rodríguez Morán a un agente de Medio Natural.

“Lo desconozco, desde luego conmigo no”, ha subrayado el director general, que ha señalado que él nunca tuvo “ningún contacto, ni ningún interés en favorecer ningún tipo de expediente más allá de los derechos que tenga la empresa”, ni tampoco tiene noticia de que nadie de su dirección general lo tuviera: “que yo tenga conocimiento, bajo mi ámbito de actuación no”, ha añadido.

El procedimiento sancionador

Con respecto a Morán, Vigil ha declarado un “total desconocimiento” sobre el papel que jugaba en las diferentes empresas que explotaron la mina, tras ser preguntado sobre los presuntos “contactos en Medio Ambiente” y “a niveles altos” que el empresario minero declaró que tenía al agente de Medio Natural.

Otras de las cuestiones que ha centrado la sesión ha sido el procedimiento sancionador que se aplicó a la empresa Combayl por la apertura de una zanja en el monte de Cerredo y que culminó con una multa a esta compañía a pesar de que ya no era la titular de la explotación, sino que lo era Blue Solving.

La presunción de veracidad

Vigil, que firmó la resolución de sanción, ha justificado que no se comprobara quién era realmente el titular de la explotación en Cerredo porque el agente de medio natural, que era el que había hecho la denuncia contra Combayl, tiene “la presunción de veracidad de un agente de la autoridad” y, posteriormente, a esta empresa se le dio trámite de audiencia y pagó la sanción, por lo que el procedimiento “siguió adelante”.

A este respecto, ha defendido que la presunción de veracidad de los agentes agiliza los procesos administrativos y ha reconocido que “hay cosas que se pueden mejorar”, aunque ha insistido en que las resoluciones de su dirección general se han adoptado siempre conforme a la legalidad.

Asimismo, el director general ha explicado que los informes recurrentes de la guardería sobre actividades sospechosas en la zona llevaron al jefe de sección del Servicio de Montes a solicitar información al área de Minas, que respondió con un informe en el que detalló que la empresa estaba operando con una licencia de restauración de la mina, lo que “aclaraba las circunstancias” en las que estaban actuando estas empresas.

Tengo el compromiso de sangre de llegar hasta el final en el accidente de Cerredo para que se sepa la verdad

Adrián Barbón — Presidente del Principado de Asturias

Por su parte, el presidente del Principado Adrián Barbón, ha reiterado este miércoles su “compromiso de sangre” de llegar “hasta el final para que se sepa la verdad” de lo sucedido en el accidente en la mina de Cerredo que el pasado 31 de marzo costó la vida a cinco trabajadores.

La auditoría

En una entrevista en RNE, el jefe del Ejecutivo asturiano ha comentado que sigue en marcha la auditoría por parte de la Inspección General de Servicios del Principado para “saber qué ha pasado” en el Servicio de Minas y “cómo puede ser que las inspecciones no detectaran nada y allí parece que se estuviera extrayendo carbón”.

Del mismo modo, ha destacado el trabajo técnico de la Comisión Regional de Seguridad Minera, que ha constituido su propia comisión de investigación desde un punto de vista técnico.

Por otro lado, Barbón ha añadido que la investigación judicial “sigue su curso” y es la que “al final va a llevar a la condena de la persona o las personas que han sido responsables de estas muertes” y también ha hecho referencia a los trabajos de la comisión parlamentaria.

El jefe de servicio de Agentes Ambientales del Principado, Jaime Marcos, ha asegurado ante la comisión parlamentaria que investiga el accidente que costó la vida a cinco trabajadores de la mina de Zarréu, en el concejo asturiano de Degaña, el pasado mes de marzo, que ninguna denuncia que llega a sus manos se queda sin tramitar “afecte a quien afecte” y que no conoce a ningún funcionario que dé carpetazo a un asunto sin más.

La Comisión de Investigación comenzó esta semana las primeras sesiones de comparecencias con técnicos y agentes del Medio Natural. Tras un paréntesis por las vacaciones de agosto, al ser un mes inhábil, las sesiones volverán a reanudarse a partir del próximo mes de septiembre.

Su último día laboral

Jaime Marcos, que hoy cumplía su último día de trabajo tras 39 años de servicio en la administración, había sido citado porque, tras la explosión mortal de grisú registrada en el nivel tercero de la mina de Cerredo, se hicieron públicas actas y denuncias de un particular, una empresa minera y agentes de Medio Natural en las que advertían de que se estaba sacando carbón, pese a que la empresa titular carecía de permiso para hacerlo.

Alguna vez vio “algo raro”

El jefe de servicio ha reconocido que tenía conocimiento de que se habían levantado actas relacionadas con la mina de Zarréu, pero que no participó en su tramitación, salvo en el caso de una denuncia por la apertura de una zanja en la que propuso que se abriese un expediente sancionador.

Asimismo, ha asegurado que “nunca nadie” le llamó por teléfono para decirle que tenía un problema que resolver en Degaña o para interesarse por los controles que se hacían sobre la mina, aunque también ha reconocido que en las casi cuatro décadas que lleva trabajando para la administración alguna vez vio “algo raro” que no desveló por considerarlo un secreto profesional.

Tramitación en tiempo y forma

Encargado de las relaciones con la Guardia Civil y la Fiscalía, ha asegurado ser “muy expeditivo” por lo que, “si hay una denuncia, se tramita, afecte a quien afecte” y que en el caso de Zarréu todo se tramitó en tiempo y forma.

Ha reconocido que nunca le informaban de la resolución de los expedientes o denuncias, a no ser que él se interesara por ellos, porque él se encargaba solo de recoger las denuncias, leerlas, procesarlas y hacer un informe o propuestas antes de enviarlas al servicio jurídico correspondiente.

No obstante, ha dicho que sería “fantástico” y ayudaría que pudiesen conocer cómo concluyen y que debería rebajarse el nivel de interinidad en un servicio que, en su opinión, precisa de una mayor plantilla.

Coordinador de técnicos

Ante la comisión ha comparecido también Jaime Martín Herrero, que ejerció como responsable técnico de la comarca suroccidental en el Servicio de Montes del Principado entre 2018 y 2022.

Su comparecencia respondía a que su firma aparece en un expediente en el que se pide información adicional a un representante de Combayl, la empresa que entonces tenía los derechos sobre la mina de Zarréu, ante la solicitud que había hecho para la ocupación de una finca en un monte público.

Martín, que en la actualidad ejerce como coordinador de técnicos, ha dicho no recordar ese expediente y ha asegurado que en su puesto no tiene competencias en la tramitación de actas o denuncias de ocupación ni las conocía.

Ni un coche de empresa, ni actividad

Asimismo, ha señalado que en la última visita que hizo a la mina de Zarréu entre 2019 y 2020 vio chatarra, vagonetas, restos de barracones y un montón de restos de la actividad que hubo en su día, pero que no encontró ni un coche de empresa ni actividad.

No obstante, ha asegurado que quien más sabe de la zona es el guarda que redactó en 2023 un acta en el que se alertaba de la posible extracción de carbón en la mina, pese a que la empresa carecía de autorización, a quien conoce y de quien dijo que “es bastante tajante”.

Asimismo, ha respaldado el sistema informático con el que trabajan desde 2022 y que ha calificado de “herramienta fundamental” que permite dejar rastro de todos los expedientes, desde su inicio hasta su resolución, con fechas y firmas que no se pueden modificar, algo que sí podía hacerse con los expedientes que se tramitaban en papel.

Muy pocos avances se están produciendo en las primeras sesiones de la comisión de investigación parlamentaria que trata de esclarecer las responsabilidades en el accidente ocurrido, el pasado 31 de marzo, en la mina de Zarréu, en el concejo asturiano de Degaña, donde murieron cinco trabajadores debido a una explosión de grisú.

Los testimonios de los agentes de Medio Natural que están compareciendo en la Junta General del Principado son coincidentes en que oficialmente desconocían las denuncias que se habían realizado sobre la posible existencia de actividades ilegales de extracción de carbón, al carecer la empresa de los permisos para ello.

No conocía infracciones ambientales

Este miércoles se celebra la tercera sesión de comparecencias en la que ha declarado un agente de Medio Natural destinado en Degaña desde 2002 y con competencias en el monte público sobre el que asienta la mina de Zarréu.

El agente, Juan Carlos López Castro, ha dicho desconocer la existencia de informes o denuncias relacionadas con infracciones ambientales por esa actividad minera.

Uno de los siniestros mortales más graves

En su declaración, ha afirmado que él no llevó a cabo ninguna actuación relacionada por la actividad de la explotación minera, aunque sí en el monte público en el que se asienta.

Pese a que, tras conocerse el accidente mortal, uno de los más graves ocurridos en Asturias en los últimos 30 años, se hicieron públicas denuncias de un particular, una empresa minera y agentes de Medio Natural en las que advertían de que se estaba sacando carbón, la administración no hizo nada.

La empresa Blue Solving, que tenía los derechos mineros sobre esa mina, que estaba en proceso de cierre, carecía de cualquier permiso para la extracción de carbón y solo disponía de autorización para recuperar materiales y maquinaría de las galerías, así como los depósitos de mineral preexistentes.

López Castro, que ha reconocido que el accidente le tocó de cerca porque vive en Laciana, de donde eran cuatro de los cinco fallecidos, y convive a diario con vecinos y mineros de Degaña, ha asegurado que “si alguien pasa por Cerredo y no ve actividad minera es que está mirando al cielo: allí la mina se palpa en el ambiente”.

“Yo no vi nada extraño”

“Conozco a alguno de los chicos que trabajan allí, pero realmente no sé si estaban explotando carbón. Yo no vi nada extraño”, ha señalado antes de asegurar que la gente del pueblo decía que estaban recuperando materiales y que era “de público conocimiento que allí se estaba trabajando” pero que “nunca nadie” le dijo que estaban sacando carbón.

Si hay alguna irregularidad en esa actividad, ha añadido, hay que tener en cuenta que se trata de una concesión minera y por lo tanto, sería competencia de la Dirección General de Minas y no de la guardería.

“No es competencia mía”

“Que se estuviera explotando carbón ni lo sé, ni es competencia mía”, ha añadido este agente de Medio Natural que ha incidido en que en el entorno de la mina ha abierto expedientes, pero no por la actividad de la mina.

Entre ellos se encuentra un acta de junio de 2024 sobre el reacondicionamiento de una pista que ocupó parte del monte de utilidad pública, que aún se encuentra en trámite, pero que no tiene relación con la mina, sino con un particular.

Nunca le negaron información

No obstante, ha señalado que él no se ocupa directamente de cuestiones relacionadas con las ocupaciones de monte público, que lleva otro compañero que tiene asignadas específicamente esa competencia en Degaña.

En cuanto a la tramitación de las actas y denuncias que realizan, ha señalado que, aunque si no lo pides normalmente no les informan sobre el resultado, sus superiores nunca le han negado información sobre el estado en el que se encontraba alguno de los informes redactados por él.

César Alonso Guzman, agente de Medio Natural desde hace casi 30 años, ha reconocido este martes ante la comisión que investiga en el parlamento asturiano el accidente que costó la vida de cinco trabajadores en la mina de Zarréu que la administración “muchas veces avisa con tiempo” de que va a hacer una inspección.

“Si avisan al tío de la mina de que van el miércoles, ese día no habrá actividad”, ha afirmado en una comparecencia en la que ha incidido en que a pesar de que en 2022 se hizo un primer acta que alertaba de actividad no autorizada en la mina de Zarréu (Degaña), “las cosas continuaron por un estilo hasta la desgracia del accidente”, que tuvo lugar el pasado 31 de marzo.

Tras la explosión de grisú registrada ese día en el nivel tercero de la mina, se hicieron públicas denuncias de un particular, una empresa minera y de agentes de Medio Natural en las que advertían de que se estaba sacando carbón, por lo que la Comisión de Investigación ha llamado a comparecer a varios de estos agentes.

Falta de agilidad

En opinión de Alonso Guzmán, “salta a la vista que no hubo una tramitación suficientemente ágil como para ver qué estaba sucediendo en esa mina, si había actividad y de qué tipo” tras ese acta levantada por un guarda, “la primera notificiación oficial que existe en la administración de que había actividad en esa mina”.

“Con el primer acta que indica que hay actividad, inmediatamente, y sin avisar, hay que personarse allí con la guardia civil o con los agentes de la zona”, ha señalado este agente que trabaja en el área de Vegadeo, que ha reconocido que en su trabajo no ha tenido relación alguna con la mina de Degaña, aunque es amigo del agente que levantó el acta.

Alonso Guzmán ha criticado también abiertamente el funcionamiento del servicio al que está adscrito y la forma en la que se tramitan las actas y denuncias que levantan los guardas, que se las envían al guarda mayor para que éste las dé traslado a Oviedo, “donde es imprevisible saber lo que puede pasar”.

“He gastado más tiempo de mi vida peleando con la administración que con los infractores, y ya lo que espero es jubilarme y perder de vista a toda esta gente”, ha afirmado este guarda de Medio Natural que ha asegurado que “en Oviedo hacen lo que les parece dependiendo del asunto que sea: si es algo que no tiene mucha importancia, se le da una tramitación muy ágil y si es algo un poco serio dicen: dejalo ahí..., vamos a preguntar. Así desde hace 30 años”.

Actuaciones caprichosas

De hecho, ha relatado que él ha tenido que recurrir directamente a la Fiscalía para que no prescribiese una denuncia que habían dejado sin archivar porque “es bastante caprichoso lo que se puede hacer con las denuncias en la administración: puede no hacerse nada, trasladarse al departamento adecuado explicando lo que pasa o directamente acudir al juzgado”.

“A veces se denuncia a una persona o a una empresa y se resuelve sin tramitar la denuncia”, ha afirmado este agente de Medio Natural que ha aclarado que en el caso concreto de la mina de Zarréu no sabe qué sucedió con las actas o si hubo denuncias.

Asimismo, ha asegurado que los guardas cada vez reciben menos información de lo que sucede con las actas y las denuncias que hacen porque en muchos casos “no van a estar conformes y van a intentar aportar más información o acudir a otro estamento”.

En su opinión, hay “una falta de flujo de información, de paralización voluntaria o ralentización” en la tramitación de las actas, y en el caso concreto de la mina de Degaña, ha señalado que “los hechos están ahí; no hay agilidad” porque “cuesta creer que no les diera tiempo en tres años”.

Aunque ha reconocido que hay funcionarios que hacen su trabajo bien, ha señalado que en este caso “nadie parece saber nada” y que confía poco en que la comisión parlamentaria que investiga la mina vaya a provocar dimisiones.

El portavoz socialista en la comisión, René Suárez, ha insistido en que este agente, que en el pasado mayo publicó un artículo de opinión titulado “Legislando para el desastre”, no tiene ninguna relación con la mina de Degaña, que desconoce si se hicieron inspecciones tras las actas o si se estaba extrayendo carbón.

Este martes se celebra la segunda sesión de la comisión de investigación. En la jornada de ayer, declararon otros tres agentes de Medio Natural de los 81 que han sido citados por esta comisión, que tiene fijadas más declaraciones todos los días que restan del mes de julio y que volverá a retomar los trabajos el 1 de septiembre.

El primer testimonio recabado ayer por la comisión de investigación no fue relevante, ya que su trabajo se limitaba a firmar electrónicamente desde Oviedo las actas o denuncias que hacen llegar los guardas mayores y subirlas a una base de datos para que el coordinador del servicio proceda posteriormente a su tramitación.

“Me limito a subirlos y a veces no los leo”, ha señalado esta agente de Medio Natural que ha asegurado no tener información sobre las empresas que explotaron en los últimos años la mina de Zarréu ni sobre la existencia de trabajos en la bocamina.

Lo que sí ha asegurado es que todas las actas o denuncias que les hacen llegar los guardas se tramitan y que no hay problemas de coordinación en su servicio, pero sí algún fallo, como cierta tardanza que, en su opinión, puede estar relacionados con la falta de personal.

Otro agente de Medio Natural que estuvo destinado en Ibias, pero llevó a cabo trabajos puntuales en Degaña, explicó que desconocía la existencia de actividades extractivas o vertidos irregulares en el Grupo Cerredo porque no hizo ninguna actuación ahí, y además no es de la zona “y es ajeno al mundo de la mina”.

Este agente, con 35 años de experiencia, firmó en junio de 2024 un informe sobre el reacondicionamiento y ampliación de una pista en un monte de utilidad pública cercana a la mina de Zarréu, si bien ha señalado que fue llevada a cabo por un particular y que se encontraba en otra ladera distinta a la que alberga la mina.

Al igual que la primera compareciente, ha respaldado el sistema que utilizan para levantar actas, ha asegurado que no hay problemas de coordinación en su servicio y que pueden tramitar con facilidad los documentos.

Carencia de medios

En la sesión de la tarde compareció otro agente de Medio Natural, que actualmente desarrolla su labor en las Brigadas de Investigación de Incendios (Bripas) en siete concejos del suroccidente asturiano, entre ellos Degaña, pero que no ha realizado “ninguna actuación en el entorno de la mina ni alrededores”.

Tras asegurar que desconoce la existencia de actividad irregular en relación a la explotación, más allá de lo conocido a través de los medios de comunicación, ha explicado que sí emitió varias actas sobre la presencia de vertederos de neumáticos en Degaña, aunque dijo “desconocer” que tengan alguna vinculación con la mina.

El agente ha denunciado en su intervención la “carencia” de medios materiales y humanos en su servicio, ha alertado de la “falta” de formación y de protocolos que permitan “agilizar las labores diarias” y también ha dicho desconocer si hay problemas de coordinación entre departamentos, aunque ha apuntado que “no fluctúa” como debería, a su juicio, la información entre el propio cuerpo de agentes.

Listado de 81 comparecientes

La explosión registrada en el nivel tercero de la mina de Cerredo se produjo por la acumulación de grisú en un punto en el que, al parecer, se estaba extrayendo carbón de forma ilegal ya que la empresa titular, Blue Solving, solo disponía de un permiso para retirar maquinaria y material para chatarra, así como los acopios de carbón que pudiera haber en el interior de la explotación, cerrada desde 2018.

Tras la explosión se hicieron públicas denuncias de un particular, una empresa minera y de agentes de Medio Natural en las que advertían de que se estaba sacando carbón de la mina, y se puso en duda el control llevado a cabo desde la Dirección General de Minas de Asturias, que en las ocho inspecciones llevadas a cabo desde 2022 no detectó ninguna irregularidad.

Las comparecencias ante esta comisión se prolongarán hasta octubre, entre ellas, la de la ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, que era la presidenta del Instituto de Transición Justa en los años en los que se dieron las ayudas a las descarbonización, y los tres consejeros que durante los gobiernos de Adrián Barbón han ostentado las responsabilidades industria: Belarmina Díaz, Nieves Roqueñí y Enrique Fernández.

También están citados responsables de la empresa Blue Solving, encargada de la explotación de la mina de Cerredo en el momento del accidente, y de otros empresarios mineros, como Victorino Alonso, así como a directores generales y personal del servicio de minas, o los alcaldes de Degaña, Ibias y Cangas del Narcea.

Una agente de Medio Natural que firmó en 2024 un acta en el que un guarda alertaba de inicio de posibles trabajos de extracción en la mina de Cerredo ha abierto este lunes el turno de comparecencias en la Comisión de Investigación constituida en el parlamento asturiano para investigar el accidente que, el pasado 31 de marzo, costó la vida a cinco trabajadores.

La explosión registrada en el nivel tercero de la mina de Cerredo se produjo por la acumulación de grisú en un punto en el que, al parecer, se estaba extrayendo carbón de forma ilegal ya que la empresa titular, Blue Solving, solo disponía de un permiso para retirar maquinaria y material para chatarra, así como los acopios de carbón que pudiera haber en el interior de la explotación, cerrada desde 2018.

Tras la explosión se hicieron públicas denuncias de un particular, una empresa minera y de agentes de la guardería rural en las que advertían de que se estaba sacando carbón de la mina, y se puso en duda el control llevado a cabo desde la Dirección General de Minas, que en las ocho inspecciones llevadas a cabo desde 2022 no detectó ninguna irregularidad.

Sin problemas de coordinación

El primer testimonio recabado hoy por la comisión de investigación no ha sido relevante ya que su trabajo se limita a firmar electrónicamente desde Oviedo las actas o denuncias que hacen llegar los guardas mayores y subirlas a una base de datos para que el coordinador del servicio proceda posteriormente a su tramitación.

“Me limito a subirlos y a veces no los leo”, ha señalado esta agente de Medio Natural que ha asegurado no tener información sobre las empresas que explotaron en los últimos años la mina de Cerredo ni sobre la existencia de trabajos en la bocamina.

Lo que sí ha asegurado es que todas las actas o denuncias que les hacen llegar los guardas se tramitan y que no hay problemas de coordinación en su servicio, pero sí algún fallo, como cierta tardanza que, en su opinión, puede estar relacionados con la falta de personal.

Un total de 81 comparecencias

Ésta han sido la primera de las 81 comparecencias que están previstas que se lleven a cabo en esta comisión especial de investigación, que durante este lunes también recabará el testimonio de otros dos agentes de Medio Natural, a los que seguirán varios más los próximos días.

Trabajadores y responsables de la administración asturiana serán los primeros en declarar ante esta comisión que tiene fijadas más comparecencias todos los días que restan del mes de julio y que volverá a retomar los trabajos el 1 de septiembre.

Relación de comparecientes

Las comparecencias se prolongarán hasta octubre, entre ellas, la de la ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, que era la presidenta del Instituto de Transición Justa en los años en los que se dieron las ayudas a las descarbonización, y los tres consejeros que durante los gobiernos de Adrián Barbón han ostentado las responsabilidades industria: Belarmina Díaz, Nieves Roqueñí y Enrique Fernández.

También están citados responsables de la empresa Blue Solving, encargada de la explotación de la mina de Cerredo en el momento del accidente, y de otros empresarios mineros, como Victorino Alonso, así como a directores generales y personal del servicio de minas, o los alcaldes de Degaña, Ibias y Cangas del Narcea.

No lo harán ninguno de los cuatro trabajadores que resultaron heridos en la explosión del 31 de marzo, ni el presidente del Principado, como había reclamado Vox.