La administradora de Combayl se acoge a su derecho a no declarar en la comisión del accidente de Zarréu y niega vínculos con Minas
La empresaria Ana María Rodríguez, administradora única de la compañia Combayl, guardó silencio este viernes ante la comisión parlamentaria que investiga el accidente de la mina de Zarréu. No quisó hablar porque, según alegó, respeta la investigación judicial en marcha por el siniestro ocurrido el pasado 31 de marzo, en el que murieron cinco trabajadores. “El silencio es la mejor forma de colaborar” para que la investigación “llegue a buen término”, explicó la empresaria.
La compareciente se acogió a su derecho a no declarar ante los grupos parlamentarios, pero quiso aclara que aseguró que “jamás” tuvo “relación alguna, ni personal ni profesional”, con la Dirección General de Minas ni con otros departamentos del Gobierno del Principado vinculados al sector.
Rodríguez fue llamada a comparecer en la Junta General del Principado y siguió los mismos pasos que su marido, Jesús Rodríguez Morán, apoderado de Combayl, y que su hijo Adrián Rodríguez, administrador único de Blue Solving, la actual explotadora de la mina, quienes tampoco respondieron a las preguntas de los diputados en sus respectivas comparecencias.
Aunque la compareciente se acogió a su derecho a no declarar, PP y Vox sí formularon sus preguntas, centradas principalmente en intentar esclarecer quién tomaba las decisiones mercantiles en las empresas, si su hijo tenía capacidad de decisión en la explotación de Zarréu o si tenía conocimiento de la actividad que se estaba desarrollando en la mina de Degaña. Convocatoria por Asturies-IU renunció a intervenir tras señalar que en los últimos meses “ha quedado sobradamente probado que el verdadero dueño de las empresas es Jesús Rodríguez”, mientras que el diputado de Foro, Adrián Pumares, afirmó que, respetando su derecho a no declarar, le habría gustado conocer, entre otros extremos, de quién fue la decisión de situar al frente de Blue Solving a su hijo.
La investigación apunta a que el siniestro se produjo por una explosión de grisú en el nivel tercero de esta mina de montaña del suroccidente asturiano, cuando once trabajadores se encontraban extrayendo carbón, pese a que Blue Solving carecía de permiso para hacerlo y solo tenía autorización para retirar chatarra y acopios antiguos de mineral.
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