La Fiscalía Anticorrupción quiere volver a imputar al exdiputado del PP y exconcejal en el Ayuntamiento de Valencia Miquel Domínguez por el caso Taula. Según publica Las Provincias, el fiscal ha presentado un escrito en el que reclama al Tribunal Superior de Justicia valenciano que regrese al juzgado de Instrucción número 18 la parte del sumario correspondiente al exparlamentario popular, archivada en febrero de 2017.

El entonces parlamentario del PP gozaba de la condición de aforado ante el alto tribunal valenciano, condición que perdió en el momento de dejar de pertenecer a las Corts valencianas. Es por ello que el diputado debía responder ante el Tribunal Superior de Justicia y no en un juzgado ordinario, igual que la fallecida Rita Barberá tendría que haberlo hecho en el Tribunal Supremo, al ser senadora.

Ahora que Domínguez ha perdido esta protección legal es cuando la Fiscalía solicita que se devuelvan las pesquisas al juzgado que se inhibió, al considerar que la investigación se archivó de forma prematura en el TSJ. El fiscal considera que de los avances en el caso de estos últimos dos años se han obtenido indicios suficientes para reabrir el caso contra el exparlamentario. Según Las Provincias, en el escrito el juez recuerda que las campañas electorales -investigadas en el caso Taula- se desarrollaron sin controles financieros y recuerda el papel de dos agencias implicadas en la causa, Laterne y Trasgos, responsables de las campañas de 2007 y 2011, respectivamente.

Domínguez regresó tranquilo a casa cuando el tribunal comunicó que no apreciaba delito en su causa después de escuchar el testimonio de la también fallecida Maria José Alcón, exconcejal en el Ayuntamiento de Valencia y esposa del exconcejal Alfonso Grau.

La pieza del 'pitufeo' pertenece al caso Taula y cuenta con cerca de 50 personas imputadas, además del PP como persona jurídica. En ella, el juzgado investiga las presuntas donaciones de 1.000 euros efectuadas por concejales y asesores, cantidad que les era devuelta por el partido en dos billetes de 500 euros para blanquear dinero en efectivo de supuesta procedencia ilícita.

La Fundació Vives ha pres un nou rumb. L'entitat que va impulsar l'ala cristiana del PP -amb l'expresident de les Corts Juan Cotino i l'exedil de València Miquel Domínguez com a principals referents- per a convertir-la en un vertader “think thank” on es formaren els seus quadres ha vist reduïda la seua activitat a un curs de lideratge en la Universitat Catòlica de València. En el seu patronat queden poques persones vinculades als populars i des de 2013 -amb la crisi i l'arribada d'Alberto Fabra- va deixar de rebre importants subvencions públiques.

Però no sempre va ser així. La Fundació Vives es va situar a l'ombra dels executius d'Eduardo Zaplana i sobretot de Francisco Camps, dels quals va rebre importants ajudes públiques. Tantes, que els seus gestors van poder comprar un edifici de dues plantes en el barri del Carme per a acollir la seua seu. Aqueix immoble és des de fa uns mesos un edifici d'apartaments turístics. L'entitat va haver de vendre els dos pisos i el baix per a poder fer front a la hipoteca.

Però curiosament, la que fóra seu de la Fundació Vives va albergar abans la promotora de Ramón Congost, qui va ser president de l'Institut Tecnològic de la Construcció (Aidico), ara investigat per un jutge de Paterna per la presumpta desaparició de set milions d'euros d'ajudes europees.

Curiositat o negoci, en el mateix baix on la Fundació Vives va posar el seu cartell estava abans Centre Històric Ciutat Vella SL, la promotora-immobiliària de Congost, que en els anys 90 va vendre molts dels pisos del centre històric. En l'actualitat, l'empresa està en procés de liquidació.

Però aquesta no va ser l'única operació immobiliària en la qual apareix vinculada l'ala cristiana del PP i Ramón Congost. Juan Cotino i Miquel Domínguez van vendre un solar de 289 metres quadrats a una promotora de l'expresident de Aidico en el número 13 de la plaça de Mossèn Sorell, molt prop de la qual era seu de la Fundació Vives. Domínguez i Cotino havien comprat aquest immoble l'any 2000, segons van dir quan es va fer pública la venda, com a gest de generositat amb la Fundació Vives a la qual pretenien cedir-ho.

Però la donació mai es va fer efectiva. La compra del solar de Mossèn Sorell, denunciada pel PSPV l'any 2000, va alçar polèmica perquè es va produir poc abans que una modificació del planejament municipal, en la votació del qual van participar els dos regidors, excloguera els terrenys d'una expropiació prevista des de 1991. Ni Domínguez ni Cotino van declarar l'adquisició del solar en el registre d'interessos de càrrecs públics, com indica la llei. En la propietat del solar també va participar l'exdirector de l'Institut Valencià de Finances Enrique Pérez Boada, un empresari i l'exalte càrrec dels consells de Camps Rafa Ripoll a través d'una comunitat de béns.

La Fundació Vives va vendre l'immoble el desembre de 2016 i ha decidit prendre un nou rumb. Juan Cotino i Ramón Congost segueixen imputats en diferents casos de corrupció.

La Fundació Vives ha tomado un nuevo rumbo. La entidad que impulsó el ala cristiana del PP -con el expresidente de las Corts Juan Cotino y el exedil de València Miquel Domínguez como principales referentes- para convertirla en una verdadero “think tank” donde se formaran sus cuadros ha visto reducida su actividad a un curso de liderazgo en la Universidad Católica de València. En su patronato quedan pocas personas vinculadas a los populares y desde 2013 –con la crisis y la llegada de Alberto Fabra– dejó de recibir importantes subvenciones públicas.

Aunque no siempre fue así. La Fundación Vives se situó a la sombra de los ejecutivos de Eduardo Zaplana y sobre todo de Francisco Camps, de los que recibió importantes ayudas públicas. Tantas, que sus gestores pudieron comprar un edificio de dos plantas en el barrio de El Carme para acoger su sede. Ese inmueble es desde hace unos meses un edificio de apartamentos turísticos. La entidad tuvo que vender los dos pisos y el bajo para poder hacer frente a la hipoteca.

Curiosamente, la que fuera sede de la Fundación Vives albergó antes la promotora de Ramón Congost, el que fuera presidente del Instituto Tecnológico de la Construcción (Aidico), ahora investigado por un juez de Paterna por la presunta desaparición de siete millones de euros de ayudas europeas.

Curiosidad o negocio, en el mismo bajo donde la Fundación Vives puso su cartel estaba antes Centro Histórico Ciutat Vella SL, la promotora-inmobiliaria de Congost, que en los años 90 vendió muchos de los pisos del centro histórico. En la actualidad, la empresa está en proceso de liquidación.

Pero esta no fue la única operación inmobiliaria en la que aparece vinculada el ala cristiana del PP y Ramón Congost. Juan Cotino y Miquel Domínguez vendieron un solar de 289 metros cuadrados a una promotora del expresidente de Aidico en el número 13 de la plaza de Mossen Sorell, muy cerca de la que era sede de la Fundación Vives. Domínguez y Cotino habían comprado este inmueble en el año 2000, según dijeron cuando se hizo pública la venta, como gesto de generosidad con la Fundación Vives a la que pretendían cederlo.

Sin embargo, la donación nunca se hizo efectiva. La compra del solar de Mossen Sorell, denunciada por el PSPV en el año 2000, levantó polémica porque se produjo poco antes de que una modificación del planeamiento municipal, en cuya votación participaron los dos concejales, excluyera los terrenos de una expropiación prevista desde 1991. Ni Domínguez ni Cotino declararon la adquisición del solar en el registro de intereses de cargos públicos, como indica la ley. En la propiedad del solar también participó el exdirector del Instituto Valenciano de Finanzas Enrique Pérez Boada, un empresario y el exalto cargo de los consells de Camps Rafa Ripoll a través de una comunidad de bienes.

La Fundación Vives vendió el inmueble en diciembre de 2016 y ha decidido tomar un nuevo rumbo. Juan Cotino y Ramón Congost siguen imputados en diferentes casos de corrupción.

El exconcejal del Ayuntamiento de València y actual diputado en las Corts Miquel Domínguez ha protagonizado este jueves una tensa sesión de la comisión de investigación sobre la gestión de Feria Valencia con repetidos reproches a los grupos por haberle citado en lo que considera “un paripé”. “No tenían derecho, falta de respeto es citarme a mí, como miembro del ayuntamiento no tenía por qué estar aquí”, ha reiterado.

Domínguez, que ha acudido como miembro del comité ejecutivo cuando ocupaba la concejalía de Urbanismo -hasta 2003- ha sido preguntado por los grupos por cuál era su función en este órgano, por el proyecto de ampliación, cuyo coste pasó de los 300 millones previstos inicialmente a un desembolso final de 1.000, así como por si recibió algún tipo de presión para dar el visto bueno al proyecto.

Desde un primer momento la comisión se ha convertido en una bronca por el tiempo, en un primer momento entre Domínguez y el diputado de Podemos David Torres, a quien ha acusado de interrumpirle, a lo que este ha replicado que se daba por contestado y quería utilizar el resto de su tiempo para repreguntar.

Domínguez ha pedido entonces tiempo para poder hacer valoraciones y ha lanzado su primera crítica: “Esto me parece un paripé, pero si no me dejan ni aplicarlo...”. La presidenta de la comisión, la parlamentaria de Ciudadanos Rosa García, le ha pedido respeto a la labor que realizan los diputados y le ha avisado por primera vez, ante lo que el exedil ha preguntado cuántas veces se le podía avisar, una reacción que ha hecho que algunos miembros de la comisión le recriminaran esa “falta de respeto”.

“Falta de respeto es citarme a mí, no tenían derecho, como miembro del ayuntamiento no tenía por qué estar aquí, eso sí es una falta de respeto, que hagan el paripé este”, ha dicho, para resaltar que ha acudido “por deferencia” a la casa.

Además, les ha avisado que están acostumbrados a que acuda a la comisión personas que llegan “asustaditas” pero él, como responsable político, no lo está, y ha querido dejar patente que “no hay derecho” que se indague en un tema que ocurrió hace 18 años -en relación al proyecto de ampliación- y más aún cuando Fiscalía ha archivado el caso.

En un momento dado, al ser preguntado sobre si alguien advirtió en su momento de que la ampliación no era necesaria, Miquel Domínguez ha asegurado que no porque entonces “la visión es que era súper necesario y todos los grupos lo tenían claro”, eso sí, “menos Podemos, que no existía”, como tampoco Ciudadanos. “Y no entiendo cómo Ciudadanos está presidiendo la comisión”, ha apostillado.

“Acostumbrados a gente mansa”

Esta declaración ha provocado el rechazo de la presidenta, que ha considerado que se trataba de “un insulto” hacia su persona y le ha pedido que fuera “la última vez que hace una manifestación en estos términos”. En este punto, el diputado socialista David Cerdán ha abandonado la sala.

La socialista Sabina Escrich ha querido mostrar su apoyo a la presidenta de la comisión y ha lamentado la actitud “altanera” de Domínguez, quien finalmente ha pedido perdón si en algún momento ha faltado a alguien al respeto, aunque ha admitido que no le molesta que le digan eso, para insistir: “Están acostumbrados a que la gente venga muy comedida, mansa, pero la gente tiene derecho a decir lo que quiera, parece que aquí vengan a una especie de Tribunal de la Inquisición”.

“Me extraña mucho que esta comisión siga viva una vez el fiscal ha dicho que no hay nada”, ha reiterado ante los grupos, que le han recordado que en este ámbito se trata de encontrar posibles responsabilidades políticas, no judiciales.

Confianza en los técnicos

Entrando en materia, Domínguez ha explicado que entró en el comité ejecutivo de Feria Valencia a propuesta de la exalcaldesa Rita Barberá en su calidad de responsable de Urbanismo para ser el nexo de comunicación entre el ayuntamiento y la Feria a efectos de licencias y trámites administrativos.

Ha señalado que daba por bueno lo que los técnicos presentaban, eso sí previa revisión, porque de lo contrario no se daban licencias, y ha insistido en que había técnicos que llevaban los proyectos, los explicaban y se daba por bueno “casi el 100%, por no decir el 100%” porque todo estaba documentado y se planteaba de manera legal y estructurada. “Lo que se aprobó, fue con informes favorables de todos los que tenían que informar”, ha remarcado.

Domínguez ha afirmado que tenía confianza plena en los técnicos y que la única directriz que recibió fue el encargo de acudir para ayudar a la tramitación, hacer de “nexo de unión” entre Feria Valencia y Ayuntamiento. “Yo no estaba dirigiendo la feria, más no se”, ha dicho.

La ampliación, una prioridad

Ha considerado que es “una falta de respeto” decir que los miembros del comité iban a las reuniones a “pegar la 'cabotà'”, a asentir sin más“ y ha incidido en que no recuerda que nadie en aquel momento se posicionara en contra de la ampliación del recinto ferial, sino que ”todo el mundo pensaba que era una necesidad para no quedar descolgados a nivel internacional. “En ningún momento, ni ahí ni en ningún sitio, hubo presiones”, ha aseverado.

También ha negado que tuviera una tarjeta para gastos, ha explicado que se cobraban dietas por asistencia a las reuniones y ha querido recalcar que “no estaba para controlar las obras”, sino que la documentación la aportaban los técnicos y él estaba allí para saber “qué se estaba planteando” de cara a los procedimientos administrativos“.

La comparecencia ha concluido con las acusaciones por parte de Compromís al PP de desplegar una “táctica de verdulería” para promover la bronca en los debates, a lo que los populares no han querido responder, aunque sí han criticado la “falta de rigor y seriedad” en la comisión cuando “el técnico más importante es el fiscal anticorrupción” y ha archivado el caso.

La Sala civil i Penal del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) ha arxivat la causa oberta a l'exregidor de l'Ajuntament de València i diputat autonòmic del PP Miguel Domínguez per un presumpte delicte de blanqueig de capitals que s'investiga en el 'cas Imelsa'.

La magistrada instructora atén així la petició del parlamentari autonòmic, investigat pel lliurament de 1.000 euros al grup municipal del PP de València per a la campanya de les eleccions de 2015, i acorda el sobreseïment provisional de les diligències “davant la insuficiència dels indicis per a acreditar la participació” de Domínguez en un operatiu dissenyat per a blanquejar diners mitjançant el lliurament dels 1.000 euros i la seua devolució en dos bitllets de 500 de suposada procedència il·lícita.

En un acte notificat avui a les parts, la magistrada recorda que la Sala només es va declarar competent per a investigar l'exregidor i diputat pel delicte de blanqueig de capitals i no per delicte electoral.

La decisió del TSJ arriba després que la instructora haja practicat totes les declaracions sol·licitades pel fiscal. Després d'interrogar l'investigat (imputat) i set testimonis a petició del Ministeri Públic, la jutgessa va atorgar un termini a les parts perquè indicaren el nou pas que calia donar en la recerca. La defensa de Domínguez va sol·licitar el sobreseïment; el fiscal no va presentar cap escrit.

Després de valorar les declaracions i la documentació remesa per Instrucció 18, que segons arreplega la resolució, no guarda relació amb Domínguez ni amb els fets pels quals se l'investiga, la magistrada conclou que procedeix el sobreseïment provisional perquè “de l'actuat fins avui no resulta una imputació de delicte amb suficient asuport provatori” com per a concloure la instrucció, processar-lo i deixar la causa preparada per a judici.

Sobreseïment provisional i reobertura

El TSJCV opta pel sobreseïment provisional (hi ha possibilitat de reobrir el cas) i no pel sobreseïment lliure (arxiu definitiu) perquè considera que els fets descrits en l'exposició raonada elevada per l'instructor de el “cas Imelsa” tenen aparença delictiva i no hi ha certesa de la inexistència del fet investigat.

En tractar-se d'un sobreseïment provisional, la causa podria reobrir-se si aparegueren nous elements que desvirtuaren les raons en les quals es basa l'arxiu, indicis que “amb consistència o solidesa, servisquen de base per a determinar la implicació penalment rellevant de l'aforat en els fets descrits com a constitutius de delicte de blanqueig”.

Per a això, el jutge instructor, assenyala el TSJCV, haurà d'esgotar la investigació fins a trobar, no només indicis de delicte, sinó de la participació de l'aforat. En referència a això, la resolució indica que “es podrà remetre nova exposició raonada a la Sala, remissió que s'efectuarà si, esgotada la instrucció, consten indicis sòlids contra la persona aforada sorgits d'aqueixes noves dades que, adquirides amb posterioritat, així ho aconsellen o ho facen precís. Per a això, lògicament, hauran hagut de practicar-se totes les diligències necessàries amb vista a permetre una més fonamentada decisió, no ja sobre la racionalitat dels indicis d'existència d'infracció penal, sinó dels que hi puga haver de participació de l'aforat”.

El mes d'octubre passat la Sala el Civil i Penal es va declarar competent per a investigar el parlamentari regional pels fets descrits pel jutge del “cas Imelsa”, el titular d'Instrucció 18, en l'exposició raonada elevada a l'Alt Tribunal valencià.

En aquella exposició, el magistrat relacionava els indicis existents contra Domínguez en la peça separada en la qual s'investiga un presumpte delicte de blanqueig de capitals en el Grup Popular de l'Ajuntament de València comès mitjançant les donacions de 1.000 euros efectuades per regidors i assessors, quantitat que presumptament els era retornada pel partit en dos bitllets de 500 euros per a blanquejar diners en efectiu de suposada procedència il·lícita.

Aquella decisió del TSJCV es va produir després que el Tribunal Suprem assumira la competència per a investigar a l'exalcaldesa i senadora Rita Barberá pels mateixos fets. La mort de Barberá després de la seua declaració en el TS va derivar en l'arxiu de la causa per extinció de la responsabilitat penal.

El TSJCV es va declarar llavors competent per a investigar l'exregidor i diputat només pels fets relatats en l'exposició raonada, és a dir, pel delicte de blanqueig de capitals, malgrat que l'instructor del cas Imelsa, amb posterioritat a la remissió al TSJ de la part de la causa que afectada a Domínguez, va enviar a l'Alt Tribunal l'acte pel qual va ampliar a delicte electoral els fets investigats en aqueixa peça separada.

Els indicis contra Domínguez

La causa contra Domínguez té el seu origen en l'exposició raonada que el jutge del cas Imelsa va elevar al TSJ el passat mes de maig. El titular d'Instrucció 18 de València va entendre que, com que havia reconegut l'exregidor que va realitzar el donatiu de 1.000 euros pel qual estan imputats i han sigut interrogats tots els regidors, exregidors, assessors i exassesors que també van efectuar el pagament en vespres de les eleccions de 2015, seria “incoherent” no elevar exposició al TSJCV, per ser l'únic tribunal competent per a investigar i, si escau, jutjar el parlamentari autonòmic.

L'argument exposat per l'instructor era idèntic al que va utilitzar per a elevar al Tribunal Suprem la part de la investigació que afectava l'exalcaldessa.

La investigació per delicte electoral i blanqueig de capitals en l'Ajuntament de València és una peça separada del 'cas Imelsa', en el qual s'investiga la manipulació de contractes a canvi de comissions il·legals en diverses administracions de la Comunitat Valenciana: Diputació (a través de l'empresa Imelsa); Ajuntament (a través de la Regidoria de Cultura) i Generalitat (a través de l'empresa Ciegsa). La causa, que va nàixer l'abril de 2015, està oberta per malversació, frau en la contractació pública, suborn, tràfic d'influències, delicte electoral i blanqueig.

La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) ha archivado la causa abierta al exconcejal del Ayuntamiento de Valencia y diputado autonómico del PP Miguel Domínguez por un presunto delito de blanqueo de capitales que se investiga en el 'caso Imelsa'.

La magistrada instructora estima así la petición del parlamentario autonómico, investigado por la entrega de 1.000 euros al grupo municipal del PP de Valencia para la campaña de las elecciones de 2015, y acuerda el sobreseimiento provisional de las diligencias “ante la insuficiencia de los indicios para acreditar la participación” de Domínguez en un operativo diseñado para blanquear dinero mediante la entrega de los 1.000 euros y su devolución en dos billetes de 500 de supuesta procedencia ilícita.

En un auto notificado hoy a las partes, la magistrada recuerda que la Sala sólo se declaró competente para investigar al exconcejal y diputado por el delito de blanqueo de capitales y no por delito electoral.

Tras valorar las declaraciones y la documentación remitida por Instrucción 18, que según recoge la resolución, no guarda relación con Domínguez ni con los hechos por los que se le investiga, la magistrada concluye que procede el sobreseimiento provisional porque “de lo actuado hasta la fecha no resulta una imputación de delito con suficiente respaldo probatorio” como para concluir la instrucción, procesarle y dejar la causa preparada para juicio.

Sobreseimiento provisional y reapertura

El sobreseimiento provisional permite la reapertura del caso si se encuentran indicios que “con consistencia o solidez, sirvan de base para determinar la implicación penalmente relevante del aforado en los hechos descritos como constitutivos de delito de blanqueo”

Para ello, el juez instructor, señala el TSJCV, deberá “haber practicado todas las diligencias de investigación necesarias en orden a permitir una más fundada decisión, no ya sobre la racionalidad de los indicios de existencia de infracción penal, sino de los que pueda haber de participación en ella del aforado”.

El pasado mes de octubre la Sala lo Civil y Penal se declaró competente para investigar al parlamentario regional por los hechos descritos por el juez del 'Caso Imelsa'. En la misma, el magistrado relacionaba los indicios existentes contra Domínguez en la pieza separada en la que se investiga un presunto delito de blanqueo de capitales en el Grupo Popular del Ayuntamiento de Valencia cometido mediante las donaciones de 1.000 euros efectuadas por concejales y asesores, cantidad que presuntamente les era devuelta por el partido en dos billetes de 500 euros para blanquear dinero en efectivo de supuesta procedencia ilícita.

Aquella decisión del TSJCV se produjo después de que el Tribunal Supremo asumiera la competencia para investigar a la exalcaldesa y senadora Rita Barberá por los mismos hechos. El fallecimiento de Barberá provocó el archivo de la causa por extinción de la responsabilidad penal.

El TSJCV se declaró entonces competente para investigar al exconcejal y diputado sólo por los hechos relatados en la exposición razonada, es decir, por el delito de blanqueo de capitales, pese a que el instructor del Caso Imelsa, con posterioridad a la remisión al TSJ de la parte de la causa que afectada a Domínguez, envió al Alto Tribunal el auto por el que amplió a delito electoral los hechos investigados en esa pieza separada.

Las puertas abiertas para volver al PP

El diputado, actualmente en el grupo de no adscritos, ha asegurado sentirse “en paz y tranquilo” tras el sobreseimiento. Preguntado por si se plantea solicitar su vuelta al grupo parlamentario popular en les Corts, ha indicado que “ya veremos”. “He hablado con la presidenta -Isabel Bonig- hace un rato y hemos quedado en que ya hablaremos, ella me ha dicho que tengo las puertas abiertas”, ha aseverado el 'popular'. “Veremos como va el Congreso”, ha indicado respecto al cónclave que se celebra este fin de semana.

Los indicios contra Domínguez

La causa contra Domínguez tiene su origen en la exposición razonada que el juez del Caso Imelsa elevó al TSJ el pasado mes de mayo. El titular de Instrucción 18 de Valencia entendió que habiendo reconocido el exconcejal que realizó el donativo de 1.000 euros por el que están imputados y han sido interrogados todos los concejales, exconcejales, asesores y exasesores que también efectuaron el pago en vísperas de las elecciones de 2015, sería “incoherente” no elevar exposición al TSJCV, por ser el único tribunal competente para investigar y, en su caso, juzgar al parlamentario autonómico.

El argumento expuesto por el instructor era idéntico al que utilizó para elevar al Tribunal Supremo la parte de la investigación que afecta a la ex alcaldesa.

En esta pieza separada se investigaban entonces las donaciones de 1.000 euros efectuadas por concejales y asesores, cantidad que presuntamente les era devuelta por el partido en dos billetes de 500 euros para blanquear dinero en efectivo de supuesta procedencia ilícita. Posteriormente la investigación se amplió a delito electoral.

La investigación por delito electoral y blanqueo de capitales en el Ayuntamiento de Valencia es una pieza separada del 'caso Imelsa', en el que se investiga el amaño de contratos a cambio de comisiones ilegales en varias administraciones de la Comunidad Valenciana: Diputación (a través de la empresa Imelsa); Ayuntamiento (a través de la Concejalía de Cultura) y Generalitat (a través de la empresa Ciegsa). La causa, que nació en abril de 2015, está abierta por malversación, fraude en la contratación pública, cohecho, tráfico de influencias, delito electoral y blanqueo.

La exconcejala de Cultura de Valencia María José Alcón ha contradicho sus declaraciones anteriores, ha negado ante el Tribunal Superior de Justicia haber conocido el supuesto blanqueo en el PP de Valencia y ha afirmado que se grabaron sus conversaciones telefónicas estando medicada y paranoide.

Según han informado a EFE fuentes conocedoras de su declaración, Alcón ha negado haber conocido el supuesto proceso por el cual se blanquearon fondos de origen, al parecer ilícito, en el seno del PP de Valencia mediante la donación de 1.000 euros y la posterior devolución en dos billetes de 500.

Alcón ha declarado como testigo en la causa contra el diputado autonómico y exconcejal del PP del Ayuntamiento de Valencia Miguel Domínguez por el supuesto delito de blanqueo en el grupo popular municipal.

La exconcejala ha explicado a la magistrada Pía Calderón que la grabación de la conversación que Alcón mantuvo con su hijo y que fue intervenida por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, y en la que supuestamente reconoce y explica el proceso de blanqueo, fue realizada mientras se encontraba ingresada en un sanatorio por depresión e intensamente medicada.

En el sumario del caso Imelsa, del que se desprende la pieza separada por blanqueo, la UCO reproduce unas conversaciones grabadas a María José Alcón con su hijo en las que, en opinión de los investigadores, queda patente la trama para blanquear dinero.

Asegura Alcón en una conversación grabada en abril de 2015: “Yo les tenía que hacer una transferencia legal para blanquear dinero, vamos, corrupción política total (...) y me daban dos billetes de quinientos”.

Su hijo le comenta entonces que no entiende como blanquean el dinero y su madre le dice: “Ellos tienen mucho dinero negro (...), de empresas del partido, de empresas, comisiones, corrupciones (...) Es un dinero que no pueden aflorarlo”.

A continuación la exconcejala admite que ese dinero lo ha recibido de Mari Carmen (García-Fuster, secretaria del grupo municipal), y que ella lo ha devuelto “con una transferencia bancaria y se blanquea”.

En otra conversación, su hijo pregunta “cuántos billetes de quinientos tienen ellos” (los del grupo municipal del PP), y su madre le responde: “Como tú me dijiste una vez, y tienes más razón que un santo, en este país lo único que funciona es la corrupción”.

Esta conversación, según ha declarado hoy Alcón, se produjo mientras se encontraba ingresada por problemas psiquiátricos y sometida a una gran presión, dado que todos su bienes habían sido intervenidos.

La exedil se encontraba, según ha afirmado ante la jueza Calderón, “medicada, confundida y paranoide”.

Esta declaración contradice todas las anteriores, incluida la que realizó ante los agentes de la UCO tras su detención.

Otras fuentes del caso consultadas por EFE han apuntado la posibilidad de que este giro en su declaración responda al hecho de que Alcón ha comparecido hoy en calidad de testigo, y no de investigada como anteriormente, y consideran que responde a una estrategia de defensa, dado que hay suficientes evidencias en el sumario de que, al menos participó en la aportación de 1.000 euros al PP de la ciudad de Valencia.

El diputado autonómico y exconcejal del Ayuntamiento de Valencia Miguel Domínguez ha admitido que entregó 1.000 euros al PP de Valencia para la campaña electoral de 2015 pero ha negado que posteriormente se le devolviese esa misma cantidad, es decir, el supuesto blanqueo por el que se le investiga.

El diputado autonómico, que ha abandonado las filas del PP y ha pasado al grupo de no adscritos, se ha declarado “inocente” ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, donde ha acudido a declarar dada su condición de aforado.

En esta causa, inicialmente abierta en Instrucción 18 pero transferida al TSJCV sólo en lo relativo a Domínguez, se investiga si concejales, asesores y trabajadores del Partido Popular en el Ayuntamiento de Valencia en la pasada legislatura hicieron una donación de mil euros para la campaña que luego, presuntamente, les habrían sido devueltos con dos billetes de quinientos euros para blanquear dinero de procedencia supuestamente ilícita. Esta investigación es la misma que también fue derivada al Supremo y por la que la exalcaldesa de Valencia acudió a declarar dos días antes de su muerte.

Se declara inocente

Al respecto, Domínguez ha asegurado: “ya dije en su momento y sigo diciendo que soy inocente, hice el ingreso, lógicamente, pero en ningún momento se me devolvió ningún dinero, ya lo he dicho por activa y por pasiva. Eso es lo que hay”.

Domínguez rehusó en su momento la invitación para declarar en el juzgado de Instrucción 18, pero presentó un escrito en el que ya reconocía la aportación de mil euros pero negaba cualquier reintegro y se desvinculaba de la organización de la campaña.

El TSJCV investiga a Domínguez sólo por el delito de blanqueo de capitales, pese a que el instructor del caso Imelsa, con posterioridad a la remisión al TSJ de la parte de la causa que afectada a Domínguez, envió al Alto Tribunal el auto por el que amplió a delito electoral los hechos investigados en esa pieza separada.

Otras declaraciones

Antes que Domínguez han declarado varios testigos, entre ellos la exconcejal de Cultura María José Alcón y Maria del Carmen García-Fuster, secretaria del grupo municipal.

El abogado de García-Fuster, José María Corbin, se ha mostrado convencido de que todo se “aclarará”. “Llevamos un año confiando en que se aclare, pero al final se aclarará, el tiempo juega a nuestro favor, ¿cómo va a ser de otra manera? Al final se aclarará todo”, ha insistido.

Esta es una pieza separada del caso Imelsa, en el que se investiga, entre otros asuntos, el amaño de contratos a cambio de comisiones ilegales en varias administraciones de la Comunitat Valenciana: Diputación (a través de Imelsa); Ayuntamiento (a través de la Concejalía de Cultura) y Generalitat (a través de la empresa Ciegsa).

Las declaraciones de Francisco Correa, presunto cabecilla de la trama Gürtel, han cuestionado -una vez más- las formas de hacer política del PP valenciano en su época en el Gobierno autonómico. “Posiblemente en Valencia hicimos cosas irregulares con la financiación del partido”, declaró el jueves Correa ante el juez.

En la habitual rueda de prensa del Ejecutivo valenciano los viernes a mediodía, también se ha convertido en habitual alguna pregunta referente al Partido Popular o a la corrupción, cuando no van ligadas ambas. En esta ocasión, se daban dos protagonistas: Francisco Correa, por sus declaraciones sobre Gürtel y Miquel Domínguez, diputado autonómico que será investigado por blanqueo de capitales en el PP valenciano. 

La vicepresidenta del Consell y portavoz del mismo, Mónica Oltra, preguntada por ambas cuestiones, ha querido dejar claro que con este Consell ya no funcionan las 'mordidas'. Lo ha explicado a lo largo de la rueda de prensa, respondiendo a cuestiones varias como qué ocurrirá con Puerto Mediterráneo -macroproyecto de ocio cancelado por el Ejecutivo- o sobre si ahora existen mecanismos anticorrupción en el Gobierno.

“Antes no había seguridad jurídica, no importaba la ley. Lo importante era que la mordida llegara a quién toma las decisiones” ha ilustrado Oltra. “Con este Consell ahora hay seguridad jurídica y se adjudicarán los proyectos conforme a la ley”, ha añadido.

“Que no dejen a nosotros lo que no quieren en el PP”

Respecto a la situación del diputado autonómico Miquel Domínguez, imputado por blanqueo de capitales, quien ayer anunció la baja del partido pero su permanencia en el escaño, Oltra ha afirmado sentirse “harta” de estos comportaminetos. “Harta, como lo está mucha gente”, ha insistido.

“Habría que decirle al PP que lo que no quieren en su partido no nos lo dejen en las instituciones” ha dicho en referencia al diputado, a la senadora Rita Barberá y a los concejales del grupo popular en el Ayuntamiento de Valencia. 

“Estamos trabajando para limpiar la imagen de los valencianos y en paralelo hay juicios e imputaciones”, continuaba la vicepresidenta, para finalizar con un rotundo “a los valencianos no nos representan”.

El diputat autonòmic Miguel Domínguez, a qui el Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) ha obert causa per blanqueig en el context del cas Imelsa, deixarà el Partit Popular, però mantindrà l’acta en el Parlament valencià, de manera que esdevindrà el segon trànsfuga de la legislatura –Covadonga Peremarch va passar al grup de diputats no adscrits després de ser expulsada per Podem una vegada inhabilitada per haver manipulat els censos de la formació morada a Alacant.

D’aquesta manera, tal com ha avançat la Cadena SER, Domínguez segueix els passos de l’exalcaldessa de València, la senadora Rita Barberá, que també va decidir donar-se de baixa del Partit Popular, encara que manté l’escó en la Cambra Alta després d’haver estat imputada pel Tribunal Suprem també per un presumpte delicte de blanqueig en la mateixa causa.

Imputat per blanqueig

El TSJ s’ha declarat competent per a investigar el parlamentari valencià pel presumpte blanqueig en el grup municipal del PP en l’Ajuntament de València en les dates prèvies a les eleccions autonòmiques del maig del 2015 –no pel que fa al presumpte delicte electoral– basant-se en els fets descrits pel titular del Jutjat d’Instrucció núm. 18 de València, instructor del cas Imelsa.

S’investiga si es va cometre delicte per les donacions de 1.000 euros pels regidors i els assessors populars –fet reconegut per aquests–, una quantitat que presumptament els era tornada posteriorment pel partit en dos bitllets de 500 euros per a blanquejar diners en efectiu de presumpta procedència il·lícita.

El diputado autonómico Miquel Domínguez, a quien el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) ha abierto causa por blanqueo en el contexto del caso Imelsa, abandonará el Partido Popular pero mantendrá su acta en el parlamento valenciano, convirtiéndose de este modo en el segundo tránsfuga de la legislatura -Covadonga Peremarch pasó al grupo de diputados no adscritos tras ser expulsada por Podemos después de ser inhabilitada por manipular los censos de la formación morada en Alicante-.

De este modo, tal y como ha avanzado la Cadena Ser, Domínguez sigue los pasos de la que fuera alcaldesa de Valencia, la senadora Rita Barberá, quien también decidió darse de baja en el Partido Popular aunque mantiene su escaño en la Cámara Alta después de ser imputada por el Tribunal Supremo también por un presunto delito de blanqueo en la misma causa.

Imputado por blanqueo

El TSJ se ha declarado competente para investigar al parlamentario valenciano por el presunto blanqueo en el grupo municipal del PP en el ayuntamiento de Valencia en las fechas previas a las elecciones autonómicas del pasado mayo de 2015 -no así en lo referente al supuesto delito electoral- en base a los hechos descritos por el titular del juzgado de Instrucción 18 de Valencia, instructor del caso Imelsa.

Se investiga si se cometió delito por las donaciones de 1.000 euros por parte de concejales y asesores populares -hecho reconocido por éstos-, una cantidad que presuntamente les era devuelta posteriormente por el partido en dos billetes de 500 euros para blanquear dinero en efectivo de supuesta procedencia ilícita.

La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) ha abierto una causa al exconcejal del Ayuntamiento de Valencia y diputado autonómico del Partido Popular Miguel Domínguez por un presunto delito de blanqueo de capitales.

De conformidad con el criterio de la Fiscalía, la Sala se declara competente para investigar al parlamentario autonómico por los hechos descritos por el juez del 'caso Imelsa', el titular de Instrucción 18, en la exposición razonada elevada al Alto Tribunal Valenciano el pasado mes de mayo.

En la misma, el magistrado relacionaba los indicios existentes contra Domínguez en la pieza separada en la que se investiga un presunto delito de blanqueo de capitales en el Grupo Popular del Ayuntamiento de Valencia cometido mediante las donaciones de 1.000 euros efectuadas por concejales y asesores, cantidad que presuntamente les era devuelta por el partido en dos billetes de 500 euros para blanquear dinero en efectivo de supuesta procedencia ilícita.

En un auto, del que ha sido ponente la magistrada Pía Calderón, el TSJCV recuerda la reciente resolución del Tribunal Supremo asumiendo la competencia para investigar a la exalcaldesa y senadora nacional Rita Barberá por los mismos hechos y concluye que “en el caso de autos también debe admitirse la competencia de la Sala respecto a D. Miguel Domínguez Pérez en tanto en cuanto ostentando la condición de Diputado de las Cortes Valencianas en la presente legislatura pudiera haber participado en el factum descrito en la exposición remitida por el Juzgado de Instrucción número 18 de Valencia”.

La Sala de lo Civil y Penal sólo se declara competente para investigar a Domínguez y no al resto de imputados que no gozan de aforamiento. Se apoya para ello en la doctrina del Supremo, que establece la conveniencia de que a los no aforados les investigue un juzgado de instrucción ordinario.

A este respecto, el TS señala que “en cuanto a la posibilidad de atraer a la competencia de esta Sala hechos ejecutados por personas no aforadas ante la misma, y sin olvidar la importancia que puede presentar la visión de conjunto (…), procede señalar la conveniencia de que se respete en la máxima medida posible el derecho al juez ordinario respecto de cada una de las personas a las que se imputan hechos punibles”.

El TSJCV investigará al exconcejal y diputado sólo por los hechos relatados en la exposición razonada, es decir, por el delito de blanqueo de capitales, pese a que el instructor del Caso Imelsa, con posterioridad a la remisión al TSJ de la parte de la causa que afectada a Domínguez, envió al Alto Tribunal el auto por el que amplió a delito electoral los hechos investigados en esa pieza separada.

A este respecto, el Tribunal subraya que “sólo cabe admitir la competencia de la Sala para continuar la investigación sobre los hechos a que se contrae la presente exposición, concretamente sobre la participación en ellos de D. Miguel Domínguez Pérez en cuanto persona aforada ante este Tribunal Superior de Justicia por su condición de diputado en las Cortes Valencianas. Unos hechos que, ha de recordarse, han sido inicialmente calificados como posible delito de blanqueo de capitales previsto y penado en los artículos 301 y siguientes del Código Penal”.

La magistrada ponente del auto por el que el TSJCV abre una investigación a Domínguez, resolución contra la que no cabe recurso, se convertirá ahora en la instructora de las diligencias.

Los indicios contra Domínguez

La causa tiene su origen en la exposición razonada que el juez del Caso Imelsa elevó al TSJ el pasado mes de mayo. El titular de Instrucción 18 de Valencia entendió que tras reconocer el exconcejal que realizó el donativo de 1.000 euros por el que están imputados y han sido interrogados todos los concejales, exconcejales, asesores y exasesores que también efectuaron el pago en vísperas de las elecciones de 2015, sería “incoherente” no elevar exposición al TSJCV, por ser el único tribunal competente para investigar y, en su caso, juzgar al parlamentario autonómico.

El argumento expuesto por el instructor era idéntico al que utilizó para elevar al Tribunal Supremo la parte de la investigación que afecta a la exalcaldesa.

En esta pieza separada, con 47 personas imputadas, más el PP imputado como persona jurídica, se investigaban entonces las donaciones de 1.000 euros efectuadas por concejales y asesores, cantidad que presuntamente les era devuelta por el partido en dos billetes de 500 euros para blanquear dinero en efectivo de supuesta procedencia ilícita. Posteriormente la investigación se amplió a delito electoral.

En su exposición, el magistrado instructor señalaba que “los testimonios de cargo, dos de ellos de personas investigadas, son múltiples y detallados, sin revelar elementos de contradicción e incoherencia interna”. Añadía que “indican una operativa general en relación con personas afines al Grupo Municipal en el Ayuntamiento respecto de la que esta instrucción no ha revelado, hasta el momento, hechos, circunstancias o explicaciones que permitan valorar con carácter excluyente, en esta fase, ningún tipo de discriminación, en atención a la persona o cargo, en cuanto a propuesta u ofrecimiento de devolución de dinero”.

Señalaba el juez, no obstante, que ni las dos investigadas que han reconocido que el dinero entregado les fue devuelto, ni los cuatro testigos que dicen haberse negado a hacer la aportación, han realizado una imputación concreta respecto a la participación de Domínguez en los hechos objeto de investigación.

Domínguez, como hiciera Barberá, rehusó la invitación de Instrucción 18 para declarar voluntariamente pero presentó un escrito de alegaciones en el que reconocía la aportación, negaba cualquier reintegro y se desvinculaba de la organización de la campaña y de la actividad política diaria en tanto que su oficina no estaba en el Ayuntamiento sino en un edificio distinto, sede de la delegación de Seguridad Ciudadana.

Según el juez, las explicaciones ofrecidas por el aforado “pueden ser ciertas y tener sentido” pero son insuficientes para excluir su posible implicación en los hechos investigados. En este sentido apuntaba que esas alegaciones “no introducen en su relato hechos que, en relación y contraste con el resultado de lo instruido, permitan atribuir a los mismos una relevancia excluyente de su posible implicación”.

El instructor subrayaba el hecho de que el aforado, en su escrito, “no aclara nada en cuanto a la persona, lugar y circunstancias” en las que le fue comunicada la necesidad de realizar el donativo de 1.000 euros.

Respecto a este extremo, el juez explicaba que las diligencias practicadas hasta la fecha no han permitido establecer, con claridad, el origen de dicha decisión adoptada en el ámbito del llamado “comité de campaña”.

La investigación por delito electoral y blanqueo de capitales en el Ayuntamiento de Valencia es una pieza separada del “Caso Imelsa”, en el que se investiga el amaño de contratos a cambio de comisiones ilegales en varias administraciones de la Comunidad Valenciana: Diputación (a través de la empresa Imelsa); Ayuntamiento (a través de la Concejalía de Cultura) y Generalitat (a través de la empresa Ciegsa). La causa, que nació en abril de 2015, está abierta por malversación, fraude en la contratación pública, cohecho, tráfico de influencias y blanqueo.

No todo el grupo parlamentario popular de las Corts votó al unísono para que la exalcaldesa de València Rita Barberá renuncie a su escaño en el Senado de representación autonómica. Vicente Betoret, actual presidente del PP de la provincia de València y Miquel Domínguez, exconcejal del gobierno del PP de Barberá, ambos salpicados por la 'operación Taula' se salieron del hemiciclo y así evitaron respaldar la votación que considera indigna a la senadora.

Betoret, quien fue vicepresidente de Alfonso Rus en la ejecutiva provincial y le sucedió en el cargo tras la caída en desgracia del de Xàtiva, ha sido señalado por Marcos Benavent, el 'yonki del dinero', de estar al corriente del cobro de comisiones aunque no de cobrar comisiones; estos hechos son negados por el propio Betoret quien afirma que “no es la primera vez que intenta (Benavent) arrastrarme a mí y al Partido Popular en su caída”.

Por lo que respecta a Miquel Domínguez el juez instructor de 'Taula' ha pedido su imputación por presunto blanqueo de capitales, el mismo delito por el que se señala a Rita Barberá, su antigua jefa en el gobierno municipal de la ciudad de València.

Su situación judicial podría abocar a que emulara los pasos de Barberá: dejar la militancia del PP pero conservar su escaño en las Corts Valencianes, según adelanta Levante-EMV. La renuncia al PP de Domínguez supondría pasar al grupo de no adscritos en el parlamento valenciano.

No obstante no todos señalados en la trama de corrupción han reaccionado del mismo modo. Cabe destacar que el exconseller de Educación, Alejandro Font de Mora, se enteró de que su nombre aparecía en el sumario durante la misma sesión parlamentaria y, en declaraciones a los periodistas momentos después afirmaba que “todavía me tiemblan las piernas”.

Font de Mora, que no está imputado, ha sido acusado por Benavent de utilizar su cargo para adjudicar, a través de Ciegsa, obras a determinadas empresas. “El conseller llamó para que a Luján [una constructora] le adjudicasen dicha obra”.

Como ya hiciera con el Tribunal Supremo a propósito del blanqueo de dinero negro que afecta a la exalcaldesa de Valencia, Rita Barberá, el juez del 'caso Taula' ha trasladado la investigación sobre el mismo supuesto que atañe al exconcejal del Ayuntamiento de Valencia y actual diputado autonómico, Miguel Domínguez, al Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV). Según el escrito razonado del magistrado, toma esta decisión al ser el Alto Tribunal autonómico el único competente para juzgarle.

En la pieza separada en la que se encontraba la investigación sobre Domínguez, se rastrea el presunto lavado de dinero negro de concejales, exconcejales, asesores y exasesores del PP. Este se hacía a través de un burdo sistema en el que los cargos municipales de los 'populares' daban 1.000 euros para financiar la campaña y a los pocos días se les devolvía la misma cantidad en dos billetes de 500. Un dinero que tendría un supuesto origen ilícito.

El magistrado considera que habiendo reconocido el exconcejal el donativo de 1.000 euros (por el que están imputados y han sido interrogados todos los concejales, exconcejales, asesores y exasesores que también efectuaron el pago en vísperas de las elecciones de 2015) sería “incoherente” no elevar exposición al TSJCV, por ser el único tribunal competente para investigar y, en su caso, juzgar al parlamentario autonómico.

A imitación de lo que hizo su anterior jefa, Rita Barberá, Domínguez rechazó la invitación del juzgado que investiga el 'caso Taula' para declarar voluntariamente. En lugar de eso, envió un escrito de alegaciones en el que admitía la aportación. Pero negaba cualquier reintegro y se desvinculaba de la organización de la campaña.

El juez aprecia en su escrito que las explicaciones ofrecidas por el diputado autonómico “pueden ser ciertas” y reconoce que “tienen sentido”. Aunque, precisa, que sus alegaciones “son insuficientes para excluir su posible implicación en los hechos investigados”. Para el juez, sus exculpaciones “no introducen en su relato hechos que, en relación y contraste con el resultado de lo instruido, permitan atribuir a los mismos una relevancia excluyente de su posible implicación”.

El diputado autonómico del Partido Popular Miquel Domínguez declarará por escrito ante el juez de Valencia que investiga el supuesto blanqueo de capitales en el PP valenciano antes del 22 de abril, fecha en que concluye el plazo de veinte días dado por el juez para declarar voluntariamente.

Así lo ha señalado Domínguez, después de que el titular del Juzgado de Instrucción 18 de Valencia, que instruye el caso Imelsa, ofreciera tanto a él como a la exalcaldesda de Valencia Rita Barberá la posibilidad de declarar voluntariamente, antes de decidir si eleva la causa al Tribunal Supremo y al Tribunal Superior de Justicia valenciano, respectivamente.

Domínguez ha asegurado en los pasillos de las Corts que “cuando llegue el momento” presentará el escrito en el que dirá al juez “lo que tengo que decir: que nadie me devolvió nada, que ayudé económicamente al PP por transferencia, cosa lógica y normal, y que no hay nada más”.

“A partir de ahí, espero que lo entienda el juez claramente, porque no aparece nada ni haya nada más, y la cosa se aclare”, ha señalado el diputado popular.

Continuará como diputado autonómico “si no pasa nada”

Respecto a su futuro en las Corts Valencianes, Domínguez ha explicado que se lo ha planteado y que “por supuesto” va a continuar como diputado autonómico durante los cuatro años de la legislatura “si no pasa nada”, con independencia de las resoluciones judiciales que se puedan producir.

“Esto lleva tiempo y lo que no podemos hacer es, por una situación que es nada de nada y que yo tengo el convencimiento de que va a quedar en nada, pues tener que irme sin más”, ha resaltado.

Si es imputado se irá del PP y quedará como diputado no adscrito

Domínguez ha manifestado que está en contacto con la presidenta regional del partido, Isabel Bonig, y que es él el que “va por delante”, pues le ha dicho que si en algún momento resulta investigado en esa pieza del caso Imelsa será “el primero” que dirá que se va del PP y se quedará como diputado no adscrito.

“Yo soy el que ha tenido la iniciativa de decirlo, y lo haré sin mayor problema”, ha aseverado el exconcejal popular en el Ayuntamiento de Valencia.

Domínguez ha asegurado que está “sufriendo mucho” por sus compañeros en el consistorio valenciano y por los asesores de estos, y que lo que está pasando no le “gusta nada”, pues le parece “inadecuado todo, incluida ”la postura que el alcalde ha decidido tomar“.

“La verdad es que sufro mucho por todo lo que está pasando en el grupo municipal popular”, ha indicado Domínguez.

Preguntado sobre si Bonig hace bien al pedirles el acta a los concejales investigados en este momento procesal, la respuesta de Domínguez ha sido: “me callo”.

La comisión de investigación en el ayuntamiento “no sirve para nada”

Respecto a la comisión de investigación iniciada ayer en el Ayuntamiento de Valencia, ha afirmado que todo eso “no sirve para nada, nada más que para generar tema cara a los medios e intentar meterle más porquería encima de los concejales”.

“La comisión no sirve absolutamente para nada; lo que tienen que hace es dejar a los jueces que actúen, que es lo que hay que hacer”, ha resaltado Domínguez, quien ha indicado que lo mismo ocurre con muchas comisiones de investigación creadas en las Corts: “si están en los juzgados, que actúen los jueces”.

“Es una carga política innecesaria”, ha añadido Domínguez, quien preguntado sobre si irá a la comisión del Ayuntamiento en caso de ser citado ha respondido que no se lo ha “planteado”, pero cree que no se le ha “perdido nada” allí.

Si el juez que instruye la 'macroperación Taula' ya inició los trámites para imputar a la exalcaldesa de Valencia y actual senadora territorial, Rita Barberá, ahora hace lo mismo con el exconcejal del PP y diputado autonómico, Miquel Domínguez. El juzgado de instrucción número 18 de Valencia ha solicitado a las Corts Valencianes que acredite la condición de aforado de Domínguez.

La Cámara autonómica, según ha informado su presidente, Enric Morera (Compromís), ha confirmado ante la petición del juez Víctor Gómez la condición de diputado de Domínguez. Como en el caso de Barberá, Gómez no es competente para investigar a Domínguez por lo que debería trasladar la causa en este caso al Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV).

Domínguez fue citado como gran parte de los concejales, exconcejales, asesores y exasesores del PP por la Guardia Civil para declarar sobre el presunto blanqueo de dinero negro procedente de comisiones para financiar las campañas del PP de Valencia. No obstante, y a la salida de su cita ante el instituto armado, Domínguez aseguró que no había declarado porque “se habían equivocado”. “Me han dicho que me olvide, que ya me llamarán, solo sé que he venido a dar una vuelta porque no tengo nada”, afirmó. Semanas después el juez ha dado los pasos para imputar a uno de los pocos referentes del sector cristiano del PP que quedan en la formación de la gaviota.

El diputado autonómico Miquel Domínguez ha señalado este miércoles que no tiene constancia de que el juzgado que investiga el caso Imelsa se haya dirigido a las Corts para preguntar por su condición de diputado, aunque si le llaman a declarar le parecerá “estupendo” para poder explicarse. Asimismo, sobre las peticiones del PP para que la exalcaldesa de Valencia Rita Barberá dé explicaciones sobre su presunta vinculación en la 'Operación Taula', ha dicho que “Madrid lo que tiene que hacer es preocuparse por lo suyo y dejarnos en Valencia, que parece que todo el foco mediático está en Valencia cuando en Madrid también hay tela que cortar”.

Así se ha manifestado el también exconcejal del PP en el Ayuntamiento de Valencia este miércoles antes de acudir al pleno de las Corts, al ser preguntado sobre si tiene constancia de que el juzgado de Instrucción número 18 de Valencia, que investiga un presunto blanqueo en el grupo municipal popular, haya dirigido un escrito a la Cámara valenciana para que acredite su condición de diputado, y por tanto de aforado, como ya ha hecho con el Senado en el caso de Barberá. Fuentes de las Corts han incidido en que no han recibido ninguna comunicación en este sentido.

Al respecto, ha dicho que si le llaman a declarar irá y le parece “estupendo” porque así podrá decir lo que ha mantenido siempre, que hizo el ingreso de dinero al partido. “Iré sin problemas”, ha asegurado, para recordar que ya fue a la Guardia Civil pero no pudo declarar por su condición de diputado. Además, ha afirmado, a partir del 14 de marzo que se levanta el secreto de sumario “podremos ver lo que hay” y se demostrará lo que afirma.

“Yo di el dinero, como ya dije, como otras veces se me han pedido doy, a quien haga falta para el motivo que sea; lo dije claramente cuando estuve en Patraix y lo vuelvo a decir”, ha recalcado.

Preguntado por si se plantea dejar el escaño o pasar al grupo de no adscritos, ha señalado que “el futuro ya vendrá” y hará “lo que tenga que hacer” pero ha subrayado que no le gusta hablar de posibilidades de futuro, sino “del día a día y del presente”.

También ha afirmado que no ha hablado “ni hoy ni ayer” con la presidenta del PPCV, Isabel Bonig, pero “de vez en cuando” habla con ella porque es su presidenta y está “encantado” porque es “una líder estupenda”.

Preguntado sobre si le parecería bien que tanto a él como Barberá se les quitara el aforamiento, Miquel Domínguez ha afirmado que no sabe lo que le parece bien o no y que ahora “hay una situación y se va a ir aclarando”. “De futuribles no hablo”, ha reiterado, al tiempo que ha señalado que en España “la justicia es lenta y a todos nos gustaría que esto se resolviera pronto”, pero la situación “está como está”.

Barberá “ha dado explicaciones”

Por otra parte, preguntado sobre por qué Rita Barberá no ha dado explicaciones públicas, ha manifestado que en su opinión sí las ha dado, en una entrevista en la radio y un comunicado. “Eso son explicaciones”.

Al ser insistido sobre el hecho de que es la propia dirección del PP la que le reclama más explicaciones públicas, ha aseverado: “Madrid lo que tiene que hacer es preocuparse por lo suyo y dejarnos en Valencia, que parece que todo el foco mediático está en Valencia, cuando en Madrid también hay tela que cortar. Lo que tienen que hacer es que se dediquen a resolver lo suyo y nos dejen a nosotros resolver lo nuestro”.

“Honesta y honrada”

Según ha dicho, “Rita es una persona muy honesta, es una persona que por no tener no tiene ninguna vivienda en propiedad, no tiene ni vehículo, es una persona muy honesta y muy honrada”. “En la vida a mi Rita Barberá me ha hecho una indicación en un sentido o en otro dirigido a ninguna contratación ni a nada, se ha hecho todo con claridad, transparencia y derecho”, ha destacado el exedil.

Por ello, ha indicado que “digan lo que digan” y aunque no tiene contacto con ella desde hace tiempo, Barberá es “una persona que me merece toda la credibilidad y toda la honestidad”.

Del expresidente de la Generalitat Francisco Camps ha señalado que le parece una persona que “no se ha llevado nada, muy honesto” y pese a que “se ha equivocado en algunos aspectos, como todos nos equivocamos”, es una persona “muy honesta”. Ha incidido en que los políticos, como personas que son, también se equivocan, y en el caso de Camps y Barberá, sostiene que han sido “muy honestos” como dirigentes, aunque haya habido “mucha parafernalia alrededor” suya.

El diputado autonómico del PP Miquel Domínguez ha defendido este viernes las donaciones de 1.000 euros realizadas al partido para la ultima campaña electoral, de las que ha dicho que fueron “un acto de generosidad”, ha negado que le devolvieran el dinero y ha asegurado que no ha hecho nada ni “robado nada”.

En los pasillos de Les Corts, Domínguez ha afirmado no saber nada de la operación judicial que investiga el supuesto amaño de contratos y supuesto blanqueo de dinero, en la que están imputados la mayor parte de los concejales del PP de Valencia, y ha explicado que su llamada a declarar ante la Guardia Civil fue un error.

El también exedil del Ayuntamiento de Valencia ha señalado que daba dinero al partido “todos los meses” y cuando se lo pedían, esto último algo que no era habitual, y ha reconocido que aportó esos 1.000 euros a la campaña por transferencia pero que no le devolvieron nada.

Respecto a los pagos hechos por otros responsables públicos, ha indicado que se enteró por la prensa de que había más gente que había dado dinero, ya que en esta época estaba “muy desconectado” pues ya no iba en las listas y estaba dedicado a su madre, que murió en agosto.

“Lo demás son elucubraciones y de futuribles no hablo”, ha dicho Domínguez, quien ha asegurado que no ha “hecho nada” ni ha “robado nada” y ha asegurado que la aportación al partido ha sido “un acto de generosidad”.

Ha defendido que hubiera dado “no 1.000 euros sino lo que hiciera falta” o lo que le hubieran pedido, y ha lamentado que tras 24 años de trabajo en el Ayuntamiento se esté hablando “por hacer un donativo de mil euros”.

En los tiempos en que el cúmulo de casos de corrupción se sucedían, los diputados del PP representaron durante varios meses el tercer grupo parlamentario más numeroso en el hemiciclo valenciano. Una presencia de parlamentarios investigados que, pese a no alcanzar las cifras de entonces, puede retornar a las Corts Valencianas con la eclosión de la operación 'Taula'. Todo queda a expensas del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV).

Debido a las pesquisas sobre la supuesta financiación ilegal, la Guardia Civil ha citado como imputado al exconcejal del Ayuntamiento de Valencia, miembro del sector cristiano del partido y actual diputado autonómico, Miquel Domínguez. Una calificación que tendrá que confirmar el TSJCV por ser aforado. La situación no es la primera vez que se produce durante esta legislatura. Hay dos casos más.

El primer que fue citado con esa consideración fue Víctor Soler, diputado autonómico y concejal en el Ayuntamiento de Gandia. Considerado como el sucesor del exalcalde de la capital de La Safor, Arturo Torró, la citación la realizó la Audiencia Nacional por su relación con la trama 'Púnica'. Según un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, Soler actuaba presuntamente de intermediario con el objetivo de que la contratista Gomez Muñoz sufragara supuestamente los servicios de las empresas de la red.

Lo mismo le ha sucedido al exportavoz del grupo parlamentario, Jorge Bellver. Su citación como imputado se produjo por autorizar el cobro de sobresueldos a directivos de la mercantil Valencia Plataforma Intermodal (VPI), mecantil pública dependiente del Puerto de Valencia, cuando formaba parte del consejo de administración de la empresa portuaria. Al ser aforado, es el TSJCV quien debe ratificarla.

Pese a esta acumulación de integrantes del PP investigados, si el TSJCV confirmara la imputación de los tres la cifra aún quedaría lejos de la alcanzada en antaño. Entonces había nueve imputados. Por el caso 'Gürtel' estaban imputados los diputados autonómicos Ricardo Costa, Angélica Such, David Serra, Yolanda García, Milagrosa Martínez y Vicente Rambla. A ellos, se sumaba la presencia de los exalcaldes de Alicante, Sonia Castedo y Luis Díaz Alperi -ambos investigados en la trama de 'Brugal'- y del exconseller Rafael Blasco, imputado por el caso Cooperación y ahora cumpliendo condena en la cárcel por esos hechos.