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Con Camps y Barberá, el 20% de los diputados del PP en Valencia estarían imputados

De ser encausados, 11 de los 55 diputados del PP estarán inmersos en procedimientos judiciales relacionados con la corrupción

El juez del caso Nóos ha pedido al parlamento autonómico que certifique el aforamiento de la alcaldesa de Valencia y el expresidente autonómico, diputados regionales

Ambos encargaron trabajos a Iñaki Urgandarin por casi 4 millones de euros sin concurso ni estudios justificativos

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Les Corts Valencianes acreditan al juez Castro que Camps y Barberá son diputados

Camps y Barberá en su escaño en las Cortes valencianas

La alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, y el expresidente de la Generalitat Valenciana, Francisco Camps, serán con toda probabilidad imputados por un supuesto delito de malversación después de que el juez que investiga el caso Nóos tenga indicios racionales de que ambos pudieron adjudicar, de manera irregular, contratos públicos a la empresa dirigida por Iñaki Urdangarin.

Por ello, el juez José Castro ha solicitado a las Cortes Valencianas que certifiquen la condición de aforados de Barberá y Camps, diputados regionales del PP. Rita Barberá es diputada en las Cortes desde  En medios jurídicos se da por hecho que la petición del magistrado de Palma de Mallorca tiene sólo un objetivo: la cesión al Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, el único habilitado para juzgar a los diputados regionales, de la investigación sobre los acuerdos entre Urdangarín y el Ayuntamiento de Valencia y la Generalitat Valenciana.

De ser finalmente imputados, 11 de los 55 diputados valencianos del PP estarán encausados en asuntos judiciales directamente relacionados con la corrupción, lo que posiblemente represente un hito en la historia de la democracia española. Ricardo Costa, Angélica Such, David Serra, Yolanda García, Milagrosa Martínez y Vicente Rambla están imputados por su supuesta implicación en el caso Gürtel.

El exportavoz parlamentario, Rafael Blasco está siendo investigado, por el Caso Cooperación, la investigación sobre la trama creada para detraer fondos destinados al tercer mundo. Sonia Castedo, alcaldesa de Alicante, y Luis Díaz Alperi, su antecesor en el cargo, por supuestas irregularidades en la planificación urbanística de la ciudad relacionadas con el caso Brugal.

Antes, el exalcalde de Torrevieja, Pedro Ángel Hernández Mateo, dejó las Cortes Valencianas tras ser condenado en noviembre de 2012 por la adjudicación irregular de los contratos de basuras en su municipio. Su sustituta es Elisa Díaz, casualmente, hija del exalcalde de Alicante y también imputado Luis Díaz Alperi.

Todos los alcaldes de capital, bajo sospecha

La imputación de Barberá comportaría que los alcaldes de las tres capitales valencianas estarían siendo investigados por su posible implicación en casos de corrupción. Rita, que pudo recibir regalos en forma de bolso de la trama Gürtel, por el caso Nóos. Sonia Castedo, alcaldesa de Alicante, por su presunta connivencia con los cabecillas de la trama Brugal y, Alfonso Bataller, alcalde de Castellón, en el caso Gürtel. Bataller reemplazó a Alberto Fabra, actual presidente de la Comunidad Valenciana.

Eso sí, la imputación de Barberá y Camps aún debe confirmarse, aunque el juez Castro cree que ambos pudieron actuar de manera ilegal cuando concedieron a Nóos la organización de actos por valor de casi 4 millones de euros sin concurso público o estudio que lo justificara. Por una parte, la empresa de Urgandarin cobró unos 3,6 millones por organizar tres ediciones de la Valencia Summit, un congreso relacionado con los grandes acontecimientos deportivos. Además, Noos se embolsó 382.000 euros del contribuyente por un estudio sobre unos eventuales Juegos Europeos que, por supuesto, nunca se celebraron.

Barberá, que ha anunciado su intención de presentarse a la reelección, defiende su inocencia alegando que ni ella ni el Ayuntamiento de Valencia firmaron contrato alguno con Noos o Urdangarín, aunque soslaya que los acuerdos fueron adoptados por Fundación Turismo Valencia Convention Bureau, una entidad privada pero controlada por el consistorio y mayoritariamente financiada con fondos públicos. El expresidente Camps, que apenas se asoma por el parlamento valenciano tras ser absuelto por el caso de los trajes, guarda silencio.

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