Pasan los días de huelga educativa en Madrid y mientras las organizaciones convocantes pelean para mantener la protesta lo más viva posible las familias que están a favor del paro se llenan de dudas. ¿Tienen sus hijos derecho a hacer huelga? ¿Todos? ¿Tendrá pese a ello consecuencias académicas? ¿Qué debo hacer para apoyar las reivindicaciones, llevo a mi hijo al centro o lo dejo en casa (si puedo)?

Lo primero, explican los convocantes, es que las familias están llamadas a colaborar con el paro, con carácter general, y el estudiantado a partir de 3º de la ESO a secundarlo (a partir de los 14 años, con el anterior sistema era cuando se pasaba de Primaria a Secundaria). Pero con ciertas condiciones, no es un derecho subjetivo como el de los adultos en una huelga.

Derecho desde 3º de la ESO

El punto 5 de la disposición adicional primera de la Lomloe, la ley educativa vigente, establece el derecho del alumnado a la huelga sin consecuencias: “Las decisiones colectivas que adopte el alumnado, a partir del tercer curso de educación secundaria obligatoria, con respecto a la asistencia a clase no tendrán la consideración de faltas de conducta ni serán objeto de sanción, cuando estas hayan sido resultado del ejercicio del derecho de reunión y sean comunicadas previamente a la dirección del centro”, se lee.

Esto es, si la clase toma colectivamente la decisión de secundar la huelga las ausencias son aceptables, aunque igualmente deberán ser justificadas por los responsables legales: el centro educativo notificará que el estudiante en cuestión no ha acudido y sus progenitores deberán emitir una dispensa dándose por enterados de la situación. De esa manera no contará como falta injustificada, según concedió también una sentencia reciente del Tribunal Supremo que abordó el tema a raíz de una orden en la Comunitat Valenciana.

Estas asambleas de estudiantes por clase son las que provocaron la semana pasada que la consejera de Educación de Madrid, Mercedes Zarzalejo, soltara un bulo en relación a la huelga que acabó colocando a dos centros públicos de Villarejo de Salvanés en la diana de una campaña de odio. La consejera utilizó el email que un director envió a las familias de un centro de la localidad para informarles de que sus hijos de 3º y 4º de la ESO habían votado ir a la huelga para cargar contra el director por alentar las protestas. El problema es que ni había sido el director que Zarzalejos insinuó ni el mensaje afirmaba lo que Zarzalejo puso en boca de su autor.

¿Y los menores de 14?

Pero, ¿y si una familia quiere que su hijo menor de 14 secunde la huelga, pero no sabe cómo hacerlo? Aquí hay dos alternativas. Los convocantes de la huelga están pidiendo a madres y padres que lleven a sus hijos a los centros para que hagan bulto lo que, unido a la (esperada) falta de docentes, hará que el paro tenga consecuencias porque el colegio o instituto no pueda atender a su alumnado.

Pero también hay familias que entienden la huelga como no pisar el centro, aunque el hijo tenga menos de 14, explica Óscar Centeno, presidente del Consejo de Directores de la Comunidad de Madrid. No hay tanta diferencia, más allá de que los estudiantes no pueden autodecidir si paran o no. En ese caso, con el beneplácito de la familia, el menor faltará, el centro notificará la ausencia y el padre o la madre emitirá un justificante, como sucede por ejemplo cuando hay algún viaje familiar o similares, una circunstancia relativamente habitual en Primaria.

Pero para esta situación, como en la anterior, hay un matiz importante: las familias pueden emitir esos justificantes, pero quien decide si una ausencia está realmente justificada o no, más allá de que el padre y/o la madre se dé por enterado y ofrezca una explicación para esa ausencia, es el tutor en clase.

El derecho académico

Y aquí, a falta de una normativa clara, que no existe, cada centro se organiza, apelando habitualmente al sentido común, cuentan los directores. Porque la acumulación de faltas injustificadas sí puede tener consecuencias para el alumnado. Las ausencias reiteradas, dice una orden de la Comunidad de Madrid, pueden conllevar la pérdida del derecho a la evaluación continua, por ejemplo.

En el IES Lope de Vega (por ejemplo), tres ausencias injustificadas en alguna asignatura o a primera o última hora del día se consideran falta leve, según figura en el Plan de Convivencia que el centro tiene colgado en internet. Si son seis, la falta es grave. Y no acudir al 15% de las clases implica la pérdida de la evaluación continua en ESO y Bachillerato, llegado el caso extremo. En el IES Guadarrama también tienen establecidas un número máximo de ausencias, en función de las horas de clase por semana.

Pero en todos los casos solo si son injustificadas, y la huelga ampara a partir de 3º de la ESO.

Hay otro enfoque, no estrictamente legal, tercia Centeno. Si un estudiante falta el suficiente tiempo, explica Centeno, su profesor puede considerar que no tiene suficientes elementos para realizar una evaluación continua y tendrá que recurrir a otros métodos.

El asunto, además, puede exceder las consecuencias académicas. El Plan de Convivencia del Centro, un documento obligatorio para colegios e institutos, establece que, ante ausencias reiteradas y “en el caso de que el alumno tenga menos de 16 años el tutor, junto con la Jefatura de Estudios y el Departamento de Orientación, elaborará el informe de absentismo escolar que se enviará a la Comisión de Absentismo y a los Servicios Sociales de la Junta Municipal correspondiente”.

Pero nadie está ahí en este momento. La huelga acaba de empezar, recuerdan los directores, y de hecho va perdiendo empuje según pasan los días.

¿Perderán clase si hacen huelga?

Depende del docente, de las posibilidades del centro e incluso del azar. Si el profesor o maestro acude, impartirá la clase con normalidad independientemente del número que estudiantes que haya, explica Centeno. A no ser que sean muy pocos, matiza, y el propio docente prefiera no impartir una lección que tendrá que repetir más adelante.

Si hace huelga, lo habitual es que alguien que esté ese día en labor de servicios mínimos simplemente se ocupe de la clase sin avanzar en la materia. El ajedrez o las películas son entretenimientos habituales en Secundaria, preparar el centro para el inminente Halloween o realizar algún tipo de proyecto no curricular son elecciones normales en Primaria.

El “otoño caliente” educativo que se anunciaba va cogiendo temperatura. Tras las primeras movilizaciones en Catalunya, Canarias, Galicia Baleares o Aragón, con paro incluido en algunas de estas protestas, los docentes de la Comunidad de Madrid se han puesto en primera línea con una huelga indefinida desde el pasado miércoles 14 de octubre.

Sus compañeros de la Comunitat Valenciana, que abrieron fuego el curso pasado con esta misma media, deciden hoy si retoman su huelga y se unen a ellos en algún momento del otoño, y en Catalunya el sindicato mayoritario se plantea acciones posteriores al 11 de noviembre.

Algunas protestas habrán bajado en intensidad, pero el descontento docente sigue exactamente en el mismo sitio. En este enlace puedes repasar el estado de las protestas por todo el país.

La madrileña ha arrancado con fuerza, con seguimientos que se han situado entre el 60% que daban como referencia los convocantes hasta el 40% que admitió la Comunidad de Madrid el primer día y gran asistencia a las manifestaciones. Esa jornada quedó marcada por la (desproporcionada) intervención de la policía en la Universidad de Complutense para disolver un piquete. Hubo seis heridos y detenidos. Nosotros hablamos con una de las personas involucradas, que nos contó que no estaban haciendo nada y que le rompieron el cúbito de un porrazo.

El rector negó haber llamado a la policía y el delegado del Gobierno pidió una investigación. Experiencias pasadas no parecen indicar que vaya a tener mucho recorrido: todavía estamos esperando saber si hay alguna consecuencia para el policía que tiró al suelo de un empujón a una maestra que no hacía nada en una protesta en la Comunitat Valenciana antes del verano, supongo que recuerdas aquel incidente. Este lunes volvió a haber palos en Madrid, por cierto.

Aunque las cifras de seguimiento de la huelga puedan no parecer muy sexis, ese nivel de faltas en los centros es un éxito, nos cuenta una directora veterana, por el impacto que tiene en la organización del centro. A partir del 20%, asegura esta docente, se acumulan los grupos sin profesor ni nada que hacer durante el día.

El reto para los convocantes será mantener la presión según pasen los días. Empezar una huelga es fácil, hay motivación y argumentos. Sostenerla, a cien euros de penalización económica por día no trabajado, no tanto. Los huelguistas, conscientes, organizan turnos para que nadie falte siempre y a la vez siempre falte alguien, montan cajas de resistencia y venden merchandising para conseguir financiación.

También compensan la caída en el seguimiento con una escalada en las acciones. Este lunes se han organizado para hacerse sentir en varios puntos de la región: han empezado la mañana cortando la entrada a la capital por la A3 y luego, dado que el Gobierno regional no les recibe, se han ido a buscar al Gobierno regional. Dos centenares de docentes se han presentado primero en un acto de la consejera Zarzalejo, que lo ha acabado cancelando, y después han hecho lo propio con otro de la presidenta Ayuso.

Desde el Ejecutivo regional tienen clara su postura: la huelga es “política”, los sindicalistas son unos “violentos” y además están pagados por Moncloa para amedrentarles, dijo Ayuso. La consejera se dedicó el miércoles a poner uso en la diana a dos centros públicos de Villarejo de Salvanés con un bulo en una rueda de prensa.. ¿Negociar? Ya tal, que dijo aquel.

Esta semana hemos hablado de...

Para subir nota

Isabel Díaz Ayuso ha elegido otra vez el ataque. Esta vez, como respuesta a las protestas y la histórica huelga de la educación en la Comunidad de Madrid, con la que docentes, estudiantes y familias presionan a las administraciones para reivindicar una mejora de la educación pública. Para la líder madrileña es “gente que no respeta”, “que es violenta” y que “a través del acoso y la intimidación pretende no sé qué”. Un “coro rociero”, dijo también. Este lunes, un grupo de manifestantes se han congregado a las puertas de un acto de la presidenta autonómica y otro grupo han llevado a cancelar otro evento de la consejera de Educación: “Como no quiere hablar con nosotras, hemos venido a hablar con ella”, argumentaban.

En la pasada rueda de prensa después del Consejo de Gobierno, la consejera Mercedes Zarzalejo aseguró que ya estaban escuchando las peticiones de los sindicatos y que, de hecho, se sentaban “cada dos semanas” con ellos. “No podemos negociar las reivindicaciones que nos hacen supuestamente con esta huelga porque están fuera de toda lógica y todo sentido común”, dijo ante la prensa, después de haber difundido un bulo sobre el director de un colegio de una localidad madrileña.

A lo que Zarzalejo hacía referencia en su intervención es a la Mesa sectorial que mantiene con algunos sindicatos, pero no con el comité de huelga, que es un órgano distinto. Entre otras cosas, porque algunos de los sindicatos que están en la Mesa no están en el comité y porque las reuniones de la sectorial se producen cada vez que hay alguna temática concreta, pero no atienden a las reivindicaciones del comité de huelga. Aída San Millán, secretaria general de la Federación de Enseñanza de Comisiones Obreras de Madrid, explica que solo se ha reunido una vez para “negociar los servicios mínimos” con el comité desde que comenzaron los paros la semana pasada. “No han recogido ninguna de las exigencias”, critica San Millán, en conversación con elDiario.es.

El pasado jueves se celebró la tercera reunión de la Mesa sectorial para implantar la carrera profesional de los docentes, pero Comisiones Obreras decidió no acudir al encuentro. San Millán explica que les pareció una “falta de respeto” porque se convocó a la misma hora y día que se iba a llevar a cabo una concentración en el marco de las protestas. También porque ese tema, el de la carrera profesional, es algo que “quiere negociar” Zarzalejo, según CCOO: “Cuando vio la convocatoria de huelga se le ocurrió sacar lo de la carrera profesional, pero eso tiene un problema de base, y es que como docente no tendrías derecho a cobrar ni la mitad de esas retribuciones hasta los 18 años. Nuestras reivindicaciones —las del comité de huelga— son lineales y para todo el profesorado”, indica en conversación telefónica.

“Imaginad la educación de vuestros hijos en manos de esta gente”

Pese a la visible incomodidad de la Comunidad de Madrid, las protestas continuarán. Ese es el mensaje que transmiten los sindicatos. Por lo menos, hasta que haya una intención de escucha activa por parte de las administraciones. Así lo han avisado también en los actos de este lunes: a primera hora de la mañana, más de un centenar de personas cortaba la A-3. Unas horas más tarde, otro grupo obligaba la cancelación de un acto de Zarzalejo en un instituto, unas protestas que la consejera ha tildado de “violentas”. Y, más tarde, se producía la concentración frente la Cámara de Comercio, donde Ayuso clausuraba otro evento y que ha terminado con cargas y más críticas de la presidenta: “Imaginad la educación de vuestros hijos en manos de gente como la que tenemos en la puerta”.

El Sindicato de Estudiantes ha salido a responder a Ayuso en X: “Ni el desprecio de Ayuso y de su consejera Zarzalejo, ni su criminalización ni los porrazos de la policía del Gobierno 'progresista' van a frenar la lucha por la educación pública”. La intervención policial ha vuelto a dejar, como ocurrió la semana pasada en la Universidad Complutense, vídeos con policías cargando contra los manifestantes. Este periódico ha preguntado a Delegación de Gobierno por las cargas de este lunes, pero no ha obtenido respuesta a fecha de publicación de este artículo.

Desde el Gobierno de la Comunidad de Madrid ya vinculan los paros y las movilizaciones del sector educativo a las protestas de París, que dejan más de 2.000 detenidos, y señalan a la izquierda desde los primeros días de huelga porque, aseguran, se vuelve “violenta” cuando ve que “están perdiendo las elecciones”. Una reacción que CCOO califica como “muy triste”. San Millán ve que ahora el Gobierno de Ayuso muestra “agresividad” ante las manifestaciones, pero a pesar de las declaraciones de la presidenta y de su consejera mantienen que la Comunidad tiene “capacidad suficiente” para sentarse a negociar.

Por ahora, tienen que decidir si volverán a levantarse de las siguientes mesas sectoriales porque la situación, admite la secretaria general del sindicato, “pinta muy mal”: “Están manipulando y utilizando a la Mesa Sectorial”, asegura. “Necesitamos unos cuantos días más para demostrar a Ayuso que ni somos París, ni agitadores, ni tenemos armas en nuestras manos, tenemos lapiceros”, continúa San Millán, que no comprende las declaraciones de la líder regional sobre algunos de los docentes que protestan: “La presidenta nos representa como trabajadores públicos que somos. ¿O es que solo representa a una parte del profesorado, al de la privada y la concertada? Nosotros somos los que accedemos a través de unas oposiciones. Menos avergonzarse del profesorado y las familias que están peleando y más escuchar”, pide la coordinadora de CCOO.

Por lo pronto, los docentes volverán esta misma semana a intentar que la Comunidad los escuche y acudirán a la Asamblea de Vallecas a trasladar al parlamento madrileño reivindicaciones que atraviesan a todo el sector educativo y en todas las etapas. Ratios, horas lectivas, diversidad en las aulas, salarios... Los motivos siguen ahí.

La USTEC, CGT, la Intersindical, COS, CNT y la Assemblea Educativa de Catalunya (AEC) han abierto una consulta al personal educativo para saber si estarían dispuestos a iniciar una nueva ronda de huelgas durante la campaña electoral y en qué formato.

La encuesta plantea tres cuestiones: si la persona está dispuesta a hacer huelga, si participaría en una movilización de toda la comunidad educativa de la pública, y qué propuesta de huelga considera más adecuada. Entre las opciones están un sólo día de paro; dos, siendo uno de ellos sólo de ámbito territorial; tres, siendo uno territorial y dos en toda Catalunya; y cuatro, dos territoriales y dos catalanes.

La consulta, que estará activa hasta el viernes 23 de octubre a las 12h, se plantea como una “continuación” de las jornadas de huelga de inicio de curso. Los sindicatos han constatado que se sumarán al paro general del próximo 11 de noviembre, pero aseguran que eso no quita que quieran abrir un nuevo calendario de huelgas sectoriales aprovechando la campaña electoral.

Con todo, han instado al Govern a volver a abrir una negociación “real” para “blindar la educación pública”. La USTEC ha alertado de que si no hay avances, seguirá convocando huelgas y, además, se plantean trabajar por un paro educativo a nivel estatal.

Para la Comunidad de Madrid y la presidenta, Isabel Díaz Ayuso, las protestas de los docentes, que continúan estos días con la huelga educativa, es sinónimo de violencia. Así lo ha trasladado este lunes la líder madrileña a las puertas de un acto al que ha acudido en la capital y donde se han concentrado decenas de manifestantes de manera espontánea para reivindicar mejoras en la educación pública. En declaraciones a la prensa, la presidenta autonómica ha planteado sobre las personas que han acudido a protestar al edificio donde se encontraba: “La educación de los hijos de todos está en manos de gente así de violenta que no respeta ni siquiera el derecho de los niños de ir al colegio”. Gente que, además, según ha dicho, está “untada por los sindicatos”. Sobre las 14.15, la presidenta ha partido en coche del acto.

Ayuso también ha acusado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de fomentar las protestas “coaccionando a los gobiernos”: “Si Pedro Sánchez piensa que por acosarme y mandarme a los sindicatos a las huelgas mientras él va de enamorado de España nos va a amedrentar, se equivoca. Porque estamos en democracia y en democracia si tienes que dejar el poder te vas a tu casita y lo soportas, Sánchez”, ha añadido ante la prensa, antes de comenzar la clausura de un acto al que asistía. La presidenta ha ido más allá en su intervención y ha llegado a vincular las protestas de estos días con las de París, que dejan disturbios en todo el país y más de 2.000 detenidos.

La Policía Nacional ha acabado cargando contra las personas que se manifestaban este lunes en las inmediaciones del acto. Según asistentes a la protesta, “ha sido un boca a boca” surgido al conocer la agenda de la dirigente mientras celebraban su habitual concentración frente a la Consejería de Educación, situada a pocos cientos de metros del Palacio de Santoña. En él, ubicado en el número 28 de la céntrica calle del Príncipe, Ayuso clausuraba este lunes el Foro Longevidad tiene nombre de mujer.

“Toda la marea se ha movido”, cuenta Diana, docente que ha acudido a la protesta y que dice haber sentido “miedo” cuando ha perdido de vista a alguna compañera cuando han comenzado las cargas policilaes. “Estábamos allí pacíficamente, con nuestras proclamas, hasta que la policía ha tirado pelotas de goma al aire, se ha puesto a arrear y ha venido a por nosotras para permitir que saliera Ayuso”, cuenta. Manuel, otro de los profesores movilizados, muestra a este periódico las marcas que han dejado en su mano “los porrazos de la policía”. Este periódico ha tenido acceso a una grabación en la que una persona se zafa de los agentes que le retenían y consigue volver al gentío tras subirse a un vehículo.

Martina avanza por su parte que pretenden eguir con estos actos “hasta que se sienten a negociar”: “Como no quiere hablar con nosotras, hemos venido a hablar con ella”. Asegura que la intención es ir “escalando las protestas” ante la falta de negociación: “Llevamos tres años con las mismas protestas y manifestaciones sin que nos escuchen”. Sobre las cargas, otro manifestante llamado Alejandro sostiene que la intervención de la Policía ha sido “bastante violenta”, pese a que Diana recuerda que todas las personas congregadas eran “docentes y chavales de bachillerato”. Una de estas alumnas, cuenta, “estaba muy acongojada y he tenido que abrazarla”. “La forma en la que han cortado las calles nos ha dejado en una ratonera”, opina Irene, otra manifestante.

De nuevo, Ayuso ha vuelto a vincular las huelgas con que la izquierda no admite una pérdida electoral. “Solo quieren violencia y acoso porque la izquierda antidemocrática de este país no admite dejar las urnas”, ha asegurado. La presidenta autonómica también ha recuperado la frase de la portavoz de Más Madrid, Manuela Bergerot, que dijo en la Asamblea que con la muerte de Maricarmen, la anciana de 87 que fue desahuciada, que no había “consuelo” y que tras el fallecimiento “no habrá paz en las calles de Madrid”, unas declaraciones que la bancada del PP y Vox consideraron como una amenaza. A su juicio, estas protestas están vinculadas con ese tipo de declaraciones. “Quiero saber si esta historia de 'no habrá paz en las calles de Madrid' que está fomentando la Moncloa va a estar durante todas las elecciones”, ha añadido la presidenta autonómica.

La Comunidad cancela un acto de la consejera por las protestas

Unas horas antes, un grupo de docentes se había reunido a las puertas de un instituto al que tenía previsto acudir la consejera de Educación, Mercedes Zarzalejo, y que finalmente ha sido cancelado por las protestas. Ayuso ha responsabilizado tanto a Delegación de Gobierno como a Pedro Sánchez de “toda la violencia que se está produciendo en las calles de Madrid, coaccionando a los gobierno y casualmente al mío, que es el único que sí había llegado a un acuerdo con toda esta gente que está fuera”. “Están persiguiendo a mi consejera de Educación”, ha denunciado, sobre el escrache de esta mañana.

También este lunes, un grupo de manifestantes ha cortado la A-3 en plena hora punta por la huelga educativa, una protesta que para Ayuso “no es solución a nada”, así como “impdeir que los niños vayan a clase y que sean secuestrados por huelgas políticas tampoco es solución a nada”.

Cada día de huelga le cuesta a un docente unos cien euros, arriba o abajo según la etapa en la que trabaje, su experiencia y otras circunstancias personales. Con ese punto de partida, un paro indefinido como el que se desarrolla en la Comunidad de Madrid estos días es todo un reto para quienes lo quieren seguir de manera intensa. Y, quizá no todavía, pero el desgaste irá haciendo mella, son conscientes los convocantes. “Estos días estamos notando muchísimo seguimiento”, explican desde el colectivo de docentes Menos Lectivas, “y aunque sabemos que irá bajando, obviamente, necesitamos que se mantenga la presión y se note la ausencia de profesorado en los centros”, reflexionan.

La experiencia de las compañeras de Educación Infantil, en huelga indefinida desde el pasado mes de abril alrededor de la Plataforma Laboral de Escuelas Infantiles (PLEI), está siendo de mucha utilidad, explican estas docentes. El apoyo familiar, los mercadillos solidarios, la venta de merchandising de todo tipo, las cajas de resistencia y los turnos para faltar en el centro (en algunos casos) son los principales elementos que ayudan a sobrellevar el varapalo económico que supone exigir mejoras por la vía de la huelga.

La organización varía según el centro. En algunos institutos, los docentes han recurrido a un sistema de turnos para distribuir los días de huelga, de manera que nadie tenga que faltar todos los días y asumir todo el gasto y a la vez se pueda garantizar que se mantiene un porcentaje de participación similar durante las distintas jornadas. “Hemos hecho un cuadrante donde se ha repartido la gente según la huelga para que todos los días haya el mismo porcentaje de gente haciendo huelga”, explica una docente en una de las concentraciones que ha tenido lugar frente a la Consejería de Educación esta semana. Esta planificación, añade, “permite distribuir el esfuerzo entre el profesorado y garantizar unos servicios mínimos”.

"Si [en las próximas semanas] mantienen un 20% de seguimiento será un éxito", asegura una directora veterana. "Eso en mi centro, línea cinco, significa que tengo cuatro o cinco clases simultáneamente sin profesor durante todo el día", ilustra, lo que le supone un problema organizativo grave

Como explican desde Menos Lectivas, el objetivo del paro es que tenga impacto en los centros todos los días, para lo que es necesario que falte un mínimo del claustro docente. Rosa Rocha, directora del IES Guadarrama y presidenta de Adimad, la asociación de directivos de centros públicos de Secundaria de Madrid, cuenta que en su centro, con un seguimiento que ronda el 20% —de los más bajos, según los datos que maneja la media en los institutos fue del 40% los primeros días—, ya sufren las ausencias.

“Si [en las próximas semanas] mantienen un 20% de seguimiento será un éxito”, sostiene. “Eso significa [en su centro, con cinco grupos por curso] que tengo cuatro o cinco clases simultáneamente sin profesor durante todo el día”, ilustra. Un problema que debe resolver ella, que como directora forma parte de los servicios mínimos obligatorios impuestos por la Comunidad de Madrid, junto al jefe de Estudios y un docente por cada 90 estudiantes en el caso de la ESO. Una profesora de un centro con 104 docentes explica que han calculado que con que falten 17 de ellos ya se genera un problema organizativo.

Otro elemento a tener en cuenta es que la huelga se sufre en los centros, pero se pelea en la calle. “Vamos a ir viendo cada semana cuáles son los días que consideramos estratégicos, sobre todo aquellos en los que se hacen acciones por la mañana, que es cuando queremos que haya más gente”, ilustran desde Menos Lectivas.

También hay centros, como el de Valentín Rafael, en los que no hay pacto alguno: huelga todos los días todo el que quiera. De momento va bien, explica. “Quedó claro desde el principio que la huelga era indefinida, así que tiramos para delante. Sabemos que hay gente que se sumará algún día y otros no, pero como norma nosotros seguimos diciendo que es indefinida. Si las maestras de infantil que cobran mil euros lo pueden hacer, nosotros también”.

Las cajas de resistencia

Para afrontar las dificultades económicas que genera secundar una huelga se trabaja en varias direcciones. La más clásica, que se está instaurando en algunos centros, es crear una caja de resistencia que permita hacer frente a las pérdidas salariales de los trabajadores.

CGT, una organización con dilatada experiencia en huelgas y la ventaja que da el tamaño, alimenta la suya con las aportaciones individuales de las personas, pero también con ayuda de otros sindicatos presentes en la confederación, explica Valentín, “igual que nosotros aportamos para los compañeros de Tubacex” (en huelga indefinida también desde el 9 de septiembre). En su caso, se utiliza para aliviar económicamente a los afiliados con un criterio de precariedad. “Tienen preferencia los compañeros precarios, los interinos, la gente que hace medias jornadas o personas con situaciones concretas que se puedan detectar”, ilustra el profesor.

Con menos brega a sus espaldas, Menos Lectivas también ha montado su propia caja, diferente de la CGT. “Es complicadísimo”, explican. “Nosotras tenemos una, en principio para poder sostener las protestas, comprar el material que requiere la huelga, pagar cosas que hacen falta para las acciones... Otra cuestión muy importante es la parte antirrepresiva. Si hay detenciones, multas en las acciones, las tenemos que poder pagar. En nuestro caso hemos establecido que si no se llega a un mínimo de dinero en la caja no se podrá empezar a pagar sueldos de gente”, cuentan desde el colectivo.

Para esta asamblea resulta más práctico que cada centro haga su propia caja. En algunos institutos y colegios, explican algunas profesoras desde la concentración frente a la Consejería, además de las aportaciones voluntarias también se recurre al merchandising. “Estamos vendiendo un montón de cosas, yendo a mercadillos del municipio todos los fines de semana, hemos hecho rifas”, señala otra profesora, que indica que también se ha abierto la posibilidad de que los docentes donen “una parte pequeña de su nómina” para apoyar a la gente que sí secunde el paro. “Nos planteamos incluso hacer nuestra propia caja vendiendo algunas cosas o lo que sea para poder sostenerla”, sostiene.

Sin embargo, esta posibilidad no está al alcance de todos los equipos. Marta, profesora de servicios a la comunidad, explica que no cuentan con ninguna caja de resistencia y que la sobrecarga laboral les deja sin tiempo para poner en marcha iniciativas de este tipo. “Estamos superdesamparadas”, asegura. “En mi caso, en el equipo de Orientación, no hay ninguna caja de resistencia y la mayoría de las compañeras se plantean la huelga como unos días puntuales y ya está, porque no pueden sostener más. En mi caso, que sí que voy a apostar por la huelga en principio todo octubre y a ver qué es posible, porque sí tengo la preocupación de no tener ninguna caja de resistencia y es bastante complejo el asunto”.

Hay que resistir, cree Valentín, nadie dijo que fuera a ser fácil. “Una huelga es sufrimiento. No es bonito y no es divertido”, cierra.

Miles de personas entre el profesorado, estudiantes y las familias se han movilizado este viernes en una gran manifestación en el centro de Madrid como colofón a la tercera jornada de huelga indefinida de los docentes en la Educación madrileña que abarca desde Infantil hasta Secundaria. Una Marea Verde ha vuelto a exigir en las calles más recursos y mejores condiciones laborales en los centros educativos madrileños. Las protestas se producen tras varios meses de reivindicaciones y desacuerdos con la Consejería de Educación del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso.

Durante la marcha desde la plaza de Murillo hasta la Puerta del Sol, los participantes han coreado consignas como “La profe luchando también está enseñando”, “Menos ratio, más salario” y “Menos horas, más orientadoras”. Los manifestantes también han exhibido carteles con mensajes como “Huelga indefinida”, “Somos docentes, no delincuentes”, “Menos regalos fiscales, más educación pública” y “Estamos enfermos de tantos recortes”. Entre las reivindicaciones que han acompañado la protesta también se han escuchado “Docente presente, Gobierno ausente”, “Ahorrar en educación enriquece la ignorancia” y “La educación no se vende, se defiende”.

El comité de huelga calcula que ha habido entre 70.000 y 100.000 personas en la manifestación, aumentando todavía más en asistencia a las del miércoles pasado y el domingo 27 de septiembre.

Las consignas han puesto el foco, además, en las condiciones de los centros educativos y la necesidad de mejorar los recursos disponibles. “Con estos ratios no cabemos en los patios” y “Climatización en las aulas” son algunos de los mensajes que se han podido leer en carteles y escuchar durante la marcha, junto a la reivindicación de una “Educación pública y de calidad”. “A Sol hemos venido a manifestarnos, a mejorar la educación”, han expresado los participantes.

Los docentes aseguran que “las políticas del gobierno madrileño han provocado la asfixia económica de la educación y la privatización del sector” y reclaman una subida salarial de 600 euros, la reducción del número de alumnos por aula y de las horas lectivas, más personal especializado para atender al alumnado con necesidades específicas y mejoras en las infraestructuras escolares.

Desde la movilización, respaldada por varios sindicatos y plataformas docentes, los manifestantes denuncian la falta de avances en las negociaciones con la Consejería y alertan de que “están solicitando medidas que permitan reducir la carga de trabajo del profesorado y así mejorar la atención al alumnado y garantizar unas condiciones educativas adecuadas”. “Hemos vuelto a llenar Madrid de verde. Han sido tres días históricos y hemos superado las cifras de 2011. Queremos decir que la situación es insostenible y que no vamos a parar hasta que se sienten a negociar. Si siguen con esta actitud, vamos a exigir la dimisión. No pueden atacar a quienes defienden la escuela pública y criminalizarlos”, ha asegurado Cristina Pérez, del sindicato STEM, justo al inicio de la marcha.

Chema Pinto, de UGT, ha añadido que “el malestar docente ha hecho posibles estas convocatorias”. “Hemos tenido dos concentraciones que han desbordado todas nuestras expectativas. Llenamos Madrid de camisetas verdes y hoy volvemos a hacerlo”, ha explicado. “Madrid necesita una solución para la escuela pública madrileña. Tenemos problemas de infraestructuras, hacinamiento en las aulas y salarios que no parecen propios del Estado español. Las ratios no están dentro de la normalidad europea. Somos los docentes que más horas lectivas trabajamos de todo el Estado español y estamos en una situación de degradación en la Comunidad de Madrid”, ha añadido.

Por parte de Menos Lectivas, Claudia ha asegurado que “desde las asambleas” exigen a la consejera “que deje de defender bulos y se siente a negociar”. “Pedimos trabajar en condiciones dignas y con recursos suficientes. También reclamamos una mejora salarial, ya que estamos en la quinta región más rica de Europa y hemos perdido el 20% del poder adquisitivo”, ha añadido.

Sandra Villa, de la Asamblea Verde de Madrid, resumía así sus reclamaciones: “Pedimos a la consejera que deje de demonizar a los docentes, porque nos pasamos el día defendiendo las aulas. Queremos poder ofrecer una escuela pública de calidad. Rechazamos la violencia y pedimos a la consejera que escuche nuestras demandas y solucione los problemas de la educación pública”. “En esta comunidad tenemos las peores condiciones en comparación con el resto de comunidades autónomas”.

Los docentes del IES Mariano José de Larra, en Aluche, reclaman una equiparación salarial con el resto de comunidades autónomas, ya que aseguran ser los que menos cobran en relación con el coste de la vida. También exigen una reducción de las horas lectivas, al considerar que son los profesores que más horas trabajan en comparación con otras regiones, y más recursos para atender al alumnado con dificultades y responder a la diversidad en las aulas.

Además, denuncian incumplimientos del acuerdo sectorial firmado hace un año, que, según sostienen, no se está aplicando en muchos centros. “Queremos que se cumpla lo que se pactó hace un año, que además era un acuerdo de mínimos”, reclaman. En este sentido, señalan que muchos docentes siguen impartiendo 20 horas lectivas y que las ratios continúan por encima de los niveles adecuados, pese a que la consejera de Educación sostiene que están disminuyendo. Por ello, piden que se respeten los compromisos adquiridos y se adopten nuevas medidas para mejorar las condiciones del profesorado, que, según denuncian, se encuentra a la cola de España en retribuciones, horas lectivas y número de alumnos por aula.

“Nadie estaba haciendo nada, estábamos parados. Ha sido todo muy gratuito y muy violento”. Ainhoa tiene 23 años y esta mañana estaba en la Universidad Complutense de Madrid. Había decidido participar en la huelga por la educación pública, contra los recortes y ha acabado con el brazo roto en la represión de las protestas, según relata en conversación con elDiario.es.

“Me han pegado un porrazo en la pierna, otro en la mano y el último, que ha sido en el brazo, me iba a la cara. Pero como he visto que me iba a ir a la cara, me he puesto el brazo para protegerme y me ha dado una hostia tan grande que me ha abierto una herida. Me han puesto dos grapas y me han roto el cúbito del brazo”, cuenta. “Menos mal que me he puesto el brazo, porque iba a la cara”, subraya. Los incidentes han terminado con al menos cinco manifestantes detenidos y los movimientos estudiantiles hablan de seis heridos.

La joven, estudiante de la UCM, ha pasado la mañana en el hospital desde que los agentes de la Unidad de Intervención Policial (UIP, conocidos como antidisturbios) de la Policía Nacional han decidido cargar contra los estudiantes que protestaban frente a la Facultad de Químicas de la universidad madrileña. Ha acudido primero al Hospital Clínico San Carlos, donde ha sido escayolada tras unas pruebas médicas. Dos horas y media más tarde, al mediodía, ha sido dirigida al centro sanitario de La Paz. No ha sido hasta pasadas las cuatro de la tarde cuando ha sabido, tras un TAC, que no necesitaba ser operada. En elDiario.es hemos accedido al parte de lesiones.

El informe clínico realizado en Urgencias del Hospital Clínico apunta a una fractura en el cúbito (concretamente, en el olécranon, el hueso que forma la punta del codo). Antes, ha recibido dos grapas para cerrar la herida abierta causada por los porrazos de los agentes. Los profesionales también han registrado las policontusiones provocadas por los golpes y le han ordenado mantener el brazo en cabestrillo.

Ainhoa ha decidido denunciar. “Físicamente estoy dolorida, me duele bastante, me han inyectado antibiótico, pero me duele todo, el brazo... Y, emocionalmente, oscilo un poco. La gente que está conmigo me intenta animar, pero ha sido tan violento que estoy muy enfadada tanto con el Estado como con las Fuerzas [y Cuerpos de Seguridad] que han ejercido esa violencia sobre mí, ese abuso policial”.

Según relata, formaba parte de un grupo de piquetes informativos. Han pasado por la Facultad de Matemáticas y, al salir, la Policía ha cortado el paso. El Comité de huelga ha tratado de negociar con ellos y, después de que varios miembros les dijeran que había que seguir, parecía que les dejaban avanzar. “Entonces, han dicho [los agentes]: '¿qué hacéis?'”. “Que nos están diciendo que avancemos”, han respondido. “Y según ha pasado eso nos han empezado a pegar, o sea, de manera muy gratuita. Nadie estaba haciendo nada, estábamos parados. Todo muy gratuito y muy violento”.

Además de estudiante, pertenece al colectivo UCM x la pública y se ha graduado recientemente en Educación Primaria. Ahora cursa el Máster de Estudios LGTBIQ+. Sus reivindicaciones en esta huelga de carácter indefinido y que abarca a todas las etapas son, principalmente, con los recortes que sufre la universidad pública. “Nos encontramos en la universidad con que hay muchas aulas sin profesores, infraestructuras rotas que no se arreglan. El año pasado hubo una gotera en una aula que no arreglaron: cada vez que llovía se liaba. En resumen, [protesto] por la educación pública, y específicamente nosotras por la universidad, porque no se puede más contra los recortes de [la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz] Ayuso”.

La consejera de Educación del Ejecutivo autonómico, Mercedes Zarzalejo, ha calificado las cargas de “altercados contra la autoridad”, las ha justificado y ha criticado al delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, por decir que no habían sido proporcionadas: “¿Tiene que dejar que se eleve el conflicto a la agresividad y a la rebelión que defienden?”. Martín, por su parte, se ha limitado a asegurar que la respuesta de los agentes ha de ser “siempre proporcionada” y ha solicitado al jefe superior de la Policía Nacional de Madrid una “investigación de urgencia”. “Se han producido unas imágenes muy duras que creo que nos duelen a todos”, ha afirmado, y ha pedido adoptar las “medidas inmediatas que sean pertinentes”. El rector de la Complutense ha condenado las cargas y ha querido “dejar constancia” de que no ha “solicitado ni promovido la presencia o intervención de la Policía Nacional en el campus”.

Preguntada Ainhoa acerca de si participará en la marcha del miércoles a las 18.00 y en las sucesivas jornadas de huelga, declara a este medio: “Voy a seguir con las protestas. Esta tarde iré a la manifestación y seguiré luchando, porque esto es lo que quieren: amedrentarnos y quitarnos de la lucha, pero no. Mientras tenga fuerzas y pueda, a mí me van a tener luchando ahí”. Y concluye: “A pesar de que a mí me haya pasado lo que me ha pasado, animo a toda la gente que pueda a que nos apoye en la lucha, que la educación es un derecho y nos lo quieren quitar”.

La consejera de Educación del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso, Mercedes Zarzalejo, ha calificado las cargas policiales de este miércoles en la Universidad Complutense contra los manifestantes de “altercados contra la autoridad” y ha justificado la actuación de los agentes, al mismo tiempo que ha criticado al delegado del Gobierno por decir que no habían sido proporcionadas: “¿Qué tiene que dejar que se eleve el conflicto a la agresividad y a la rebelión que defienden?”, ha preguntado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, donde ha lamentado “incidentes aislados” pero ha justificado las cargas: “La policía ejerce sus funciones”.

Tanto la consejera madrileña como el consejero portavoz, Miguel Ángel García Martín, han calificado la huelga educativa que arranca este miércoles como una “huelga política” y han rescatado una frase que causó revuelo entre las filas del PP y Vox la semana pasada en la Asamblea, cuando la portavoz de Más Madrid, Manuela Bergerot, dijo que “no va a haber paz” en las calles tras la muerte de Maricarmen, la anciana de 87 años que fue desahuciada. Según el Gobierno de la Comunidad de Madrid, esa frase era un “aviso” de las huelgas que ahora aumentan la presión sobre Ayuso de cara al adelanto electoral del 29 de noviembre.

Sobre los paros en educación, Zarzalejo, que ha cifrado el seguimeinto de la huelga en un 44%, ha asegurado que se sientan “cada dos semanas” con los sindicatos, pero que no se plantean incluir a más organizaciones como interlocutores porque el propósito de estas movilizaciones “no es mejorar absolutamente nada ni avanzar en la calidad educativa, el propósito es otro”. De nuevo, la consejera madrileña ha asegurado que muchas de las reivindicaciones que piden los sindicatos son “imposibles de cumplir”, como la reducción de ratios o el aumento de salarios, con el profesorado madrileño entre los peores pagados de España. El pasado mes de junio fue cuando se produjo el anuncio de la huelga indefinida de la educación madrileña, meses antes de que se conociera la fecha del adelanto electoral.

Durante su intervención, la consejera madrileña ha proyectado un tuit del Sindicato de Estudiantes en el que indican que el objetivo de la huelga es una “batalla decisiva para derrotar a Ayuso”, así como un comunicado de un centro educativo en la misma línea, lo que ellos entienden como ejemplos de que la huelga tiene “objetivos políticos y electoralistas”. “La jornada está transcurriendo con normalidad, con algunos incidentes aislados que por supuesto lamentamos”, ha dicho Zarzalejo en rueda de prensa, en la que ha informado de dos policías heridos y cinco detenidos durante las cargas en la universidad pública.

El delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, ha solicitado al jefe Superior de la Policía Nacional de la capital una “investigación de urgencia” sobre estas cargas. El delegado ha recalcado que “igual que no se debe tolerar ninguna agresión a policías”, la respuesta de los agentes en este tipo de situaciones “siempre debe ser proporcionada”, algo que, aparentemente, “no se corresponde con las imágenes”. La consejera ha criticado estas palabras: “No sé qué criterio es el que sigue el delegado del Gobierno para que cuando se produce una acampada y se produce revueltas contra manifestantes no tenga que actuar y ahora en la Complutense no tenga que actuar”, ha dicho. “La Policía ejerce sus funciones como debe ser”, ha añadido Zarzalejo.

La huelga de médicos en Madrid

El consejero portavoz también ha cargado contra los sindicatos médicos, que finalmente irán a la huelga en la región desde finales de octubre, según han anunciado este miércoles. Tirando de ironía, el consejero ha dicho que es una “casualidad” que se haya desconvocado a nivel nacional pero que se haya mantenido en la comunidad autónoma, aunque los sindicatos previamente habían justificado esta decisión en que el adelanto electoral afecta al Gobierno central y no a los autonómicos y consideran que la Comunidad de Madrid tiene ahora mismo la estabilidad suficiente como para poder sentarse a negociar. “Son huelgas absolutamente políticas”, ha criticado García Martín a preguntas de la prensa.

Mientras, el portavoz autonómico insiste en exigirle al delegado del Gobierno que desaloje la acampada por la vivienda en Sol. La Comunidad de Madrid ha presentado un recurso de reposición al TSJ de Madrid para volver a intentar forzar ese desalojo. “Hacemos personalmente responsable al delegado de todo lo que pueda ocurrir”, ha indicado García Martín, sobre los altercados producidos por los ultras este lunes.

Castilla-La Mancha se unirá a Catalunya y la Comunitat Valenciana en sus protestas contra las condiciones del profesorado en la educación pública. La iniciativa ha partido de la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), que ha anunciado una huelga educativa en Castilla-La Mancha el próximo 9 de diciembre. Culminará con una serie de movilizaciones que el sindicato desarrollará previamente en todas las provincias de la región para reclamar “mejoras reales en las condiciones laborales del profesorado, el fin de los recortes que aún permanecen desde 2010 y una mayor inversión en la educación pública”.

CSIF, que no forma parte del acuerdo que el Gobierno regional firmó con ANPE, UGT y CCOO para la mejora del sistema educativo, desarrollará durante las próximas semanas movilizaciones en todas las provincias de Castilla-La Mancha con el objetivo de trasladar estas reivindicaciones a la sociedad y aumentar la presión sobre la Administración regional y su falta de compromiso con la educación pública.

La primera concentración se llevará a cabo a las puertas de la Consejería de Educación el 28 de octubre y continuarán también en las delegaciones provinciales durante el mes de noviembre hasta culminar en una jornada de huelga el 9 de diciembre para el profesorado no universitario de la región.

El presidente de CSIF Educación Castilla-La Mancha, Juan Luis Martínez, muestra cómo en otras comunidades autónomas se han logrado grandes avances y pone el ejemplo de la Comunitat Valenciana, donde la movilización y unión sindical lograron una subida de 200 euros mensuales del complemento autonómico, seis días de libre disposición (tres lectivos y tres no lectivos) y medidas de simplificación administrativa.

La situación “no ha variado” y permanecen los recortes

“Sin embargo, aquí hemos de preguntarnos por qué hay esta tibieza de ANPE, CCOO y UGT, los firmantes del acuerdo del Gobierno regional, por qué aquí blanquean los recortes mientras en otros territorios las mismas siglas han dicho basta a pesar de que la situación es mejor que en Castilla-La Mancha. Desde CSIF nos hemos puesto en contacto con todos los sindicatos para que rechacen este acuerdo e ir todos juntos por la educación pública, pero tienen una extraña placidez con el Gobierno autonómico y dan la callada por respuesta”, señala Martínez.

El sindicato recuerda que en septiembre de 2024 se llevó a cabo una jornada de huelga en la región y que la situación desde entonces “no ha variado”. Considera que Castilla-La Mancha tiene las peores condiciones del profesorado de toda España y el acuerdo educativo es “una cortina de humo para tratar de calmar los ánimos de los docentes”.

Destaca así la “enorme pérdida de poder adquisitivo” en Castilla-La Mancha, mitigada por el acuerdo retributivo nacional que supondrá un aumento del 4,5% en 2027. Eso hace necesaria la subida del complemento autonómico por parte del Gobierno regional.

“Tampoco hay una reducción real de la carga lectiva, no complementaria, para el profesorado mayor de 55 años. En Extremadura esa reducción es lectiva desde 2022; Castilla y León acaba de aprobar un calendario de reducción lectiva automática que llegará a tres horas menos a los 60 años, y Aragón, Catalunya y Euskadi aplican también reducciones lectivas por tramos de edad”.

Otro de los motivos para la huelga es que el profesorado interino continúa pendiente del pago del verano completo desde 5,5 meses trabajados, umbral que ya aplican Madrid, Asturias, Navarra y el País Vasco, y que Andalucía “mejora todavía más” con el pago proporcional desde el primer día trabajado. Refiere que incluso comunidades autónomas con condiciones más restrictivas, como Aragón (7 meses), continúan siendo menos duras que Castilla-La Mancha (donde se debe haber trabajado 8 meses de manera ininterrumpida).

A ello suma que también falta el reconocimiento proporcional para periodos inferiores, la continuidad de sustituciones y una adjudicación “verdaderamente a la carta”, precisando que Castilla-La Mancha cuenta con una temporalidad “desbordante” que alcanza el 30,8%.

Más motivos que apunta CSIF: prosigue la “burocracia desbordante” sin que aparezca un inventario público de tareas eliminadas, horas ahorradas o duplicidades suprimidas. La plataforma ‘EducamosCLM’ y las nuevas aplicaciones “continúan trasladando carga de gestión al profesorado y a los equipos directivos”.

Según apunta, también falta un calendario para reducir las ratios de ESO, con 30 alumnos por aula; y Bachillerato y Formación Profesional, con 32 alumnos; así como “apoyos estables” en Infantil, plantillas inclusivas actualizadas y un “despliegue verificable” del segundo orientador.

Son tantos los motivos que hay que decir 'basta' después de más de una década arrastrando recortes y derechos, que otras comunidades ya han recuperado o están mejorando mucho más deprisa

CSIF también constata el “olvido” de la Formación Profesional, la Formación para Adultos y las escuelas oficiales de idiomas (EOI), así como la falta de inversión en inclusión (continúa pendiente la incorporación adecuada de Pedagogía Terapéutica, Audición y Lenguaje, Orientación, auxiliares técnicos educativos, fisioterapia y enfermería), así como el reconocimiento del trabajo en aulas TEA, apoyos de salud mental y “garantías efectivas” ante agresiones y riesgos psicosociales.

Por último, CSIF también recuerda la necesidad de climatizar todas las aulas de la región y lamenta que los “roces” y la falta de acuerdo entre las administraciones responsables provoque que a día de hoy todavía permanezcan muchos centros educativos de la región sin climatización.

Rubén Gómez, responsable de CSIF Educación Toledo, recuerda que “son tantos los motivos que hay que decir 'basta' después de más de una década arrastrando recortes y derechos que otras comunidades ya han recuperado o están mejorando mucho más deprisa”.

“Estamos cansados de propaganda, lo cierto es que tenemos grandes problemas estructurales que han quedado patentes en el último informe PISA y también en el irrefutable hecho de que seamos la comunidad autónoma con menor inversión, y esto lo paga tanto el profesorado como los propios alumnos, que en definitiva son nuestro futuro, la educación debería ser un pilar intocable y no lo es”.

Educación ha enviado a los orientadores una comunicación en la que les advierte de que negarse a realizar ciertos desplazamientos sin una huelga formal podría tener consecuencias disciplinarias. El aviso llega en plena protesta por los costes de esos trayectos y se acompaña de una convocatoria a una reunión el 9 de octubre en Mérida para intentar encauzar el conflicto.

El encuentro está fijado a las 10.00 horas y será dirigido por la Dirección General de Innovación e Inclusión Educativa. Educación solicita que acudan representantes de los equipos, con un máximo de cuatro personas, dos por cada provincia.

Uno de los puntos del orden del día se dedica a la “ausencia de convocatoria formal de huelga”. La Administración sostiene que, al no existir un preaviso registrado ante la autoridad laboral, la negativa a realizar desplazamientos no estaría amparada por el derecho de huelga reconocido constitucionalmente. En su comunicación, recuerda que el Real Decreto-ley 17/1977 exige un preaviso de diez días para las huelgas que afecten a servicios públicos y contempla como ilícitas determinadas alteraciones colectivas del régimen de trabajo distintas de la huelga. En ese marco, Educación advierte de que la actuación de los profesionales podría ser considerada una “alteración colectiva y anómala del régimen de trabajo” y, por tanto, quedar fuera de la protección legal asociada al ejercicio del derecho de huelga frente al poder sancionador de la Administración.

El segundo aviso se refiere de manera directa a los desplazamientos. Según la carta, si la Administración considera que forman parte de las funciones del puesto y el trabajador las ha aceptado, una negativa unilateral a realizarlos —sin estar secundando una huelga formal— podría ser interpretada como un “incumplimiento de los deberes profesionales o dejación de funciones”. Educación cita expresamente el artículo 95 del Estatuto Básico del Empleado Público, que clasifica las faltas en muy graves, graves y leves. La comunicación no determina qué tipo de falta podría aplicarse, y la tipificación concreta dependería del régimen disciplinario aplicable y de las circunstancias del caso.

La advertencia llega después de las movilizaciones protagonizadas por los equipos de orientación para reclamar que la Administración asuma los gastos derivados de los desplazamientos que realizan para desarrollar su trabajo. Los profesionales denuncian que tienen que utilizar sus vehículos particulares para acudir a centros educativos y que los costes asociados a esos trayectos recaen sobre ellos.

El conflicto afecta a un servicio que atiende a centros y alumnado de distintos puntos del territorio y cuyos profesionales deben desplazarse entre localidades para desarrollar sus funciones. La reivindicación de los orientadores se centra precisamente en que esos desplazamientos no sigan suponiendo un coste asumido directamente por las y los trabajadores.

La Dirección General de Innovación e Inclusión Educativa concluye su comunicación apelando al diálogo. “Desde esta Administración, nuestro objetivo siempre es el apoyo a la educación y a los orientadores como ejes fundamentales del sistema”, señala la carta, antes de agradecer la disposición al “entendimiento” y solicitar la confirmación de los representantes que acudirán a la reunión.

El encuentro del 9 de octubre se plantea así como el próximo capítulo de un conflicto que enfrenta a los orientadores con la Administración por las condiciones en las que deben realizar sus desplazamientos profesionales y que ahora incorpora una advertencia expresa sobre las posibles consecuencias disciplinarias de mantener la protesta sin una convocatoria formal de huelga.

“No tiene ningún sentido”

Los profesionales de los Equipos de Orientación Educativa y Psicopedagógica (EOEP) rechazan que su decisión pueda interpretarse como una huelga o un abandono de funciones: “No tiene ningún sentido”, y aseguran que continúan trabajando desde las sedes de sus equipos, atendiendo las demandas de los centros, realizando coordinaciones, entrevistas, valoraciones e informes, y que siguen desplazándose cuando pueden hacerlo sin utilizar sus vehículos particulares. “No dejamos de trabajar ni dejamos de prestar el servicio: dejamos de poner nuestros bienes privados al servicio de la Administración”, sostienen. Los orientadores recuerdan que su reivindicación va más allá de los desplazamientos e incluye la equiparación con los centros educativos, el reconocimiento y la compensación económica de las responsabilidades de las direcciones de los equipos y el establecimiento de un complemento específico. Afirman que estas demandas forman parte del diálogo iniciado con la administración en julio de 2025 y piden que la reunión permita avanzar en soluciones concretas, sin limitarse a la cuestión de los vehículos particulares.

UGT sí que exige

UGT Servicios Públicos de Extremadura ha exigido a la Consejería de Educación que aclare el fundamento jurídico de las advertencias de posibles sanciones dirigidas a los Equipos de Orientación Educativa y Psicopedagógica por su negativa a utilizar sus vehículos particulares para desplazarse a los centros educativos. El sindicato reclama que la Administración identifique y remita el informe jurídico en el que basa sus afirmaciones, detalle qué funciones considera incumplidas y abra de forma urgente una negociación sobre las condiciones laborales del colectivo.

La organización sindical ha registrado un escrito dirigido al director general de Personal Docente de la Junta de Extremadura, David Moreno Rego, en el que cuestiona tanto el contenido como la forma de la comunicación remitida a los orientadores para convocarlos a una reunión el próximo 9 de octubre. Según UGT, la carta carece de firma y de identificación nominal de su remitente, ya que únicamente aparece la referencia a la directora general de Innovación e Inclusión Educativa.

El sindicato considera que esta falta de identificación impide reconocer la comunicación como una convocatoria formal y cuestiona las advertencias que contiene sobre las posibles consecuencias disciplinarias de la negativa a realizar desplazamientos.

UGT rechaza que se dé por hecho que los y las trabajadoras han aceptado voluntariamente la obligación de desplazarse con sus propios vehículos. En su escrito, recuerda que hay profesionales que obtuvieron su destino de oficio, que la normativa y las relaciones de puestos de trabajo no establecen, según el sindicato, la obligación de disponer de vehículo propio y carné de conducir y que los puestos afectados no tienen carácter itinerante.

La organización sindical también cuestiona que la comunicación de Educación aluda a posibles faltas graves o muy graves sin concretar qué conducta se considera infracción ni identificar el precepto legal que permitiría sancionarla. Por ello, exige que la Administración detalle las funciones presuntamente incumplidas, el marco normativo que las establece y el apartado específico de las convocatorias de los puestos orgánicos y funcionales en el que se recoge la obligación de desplazarse.

Además, reclama que se identifique cuáles de las conductas tipificadas como faltas graves o muy graves en el régimen disciplinario del empleo público podrían resultar aplicables a la situación de los orientadores. UGT califica la redacción de la carta de “incorrecta y temeraria” y considera que, en las actuales circunstancias, el documento carece de valor institucional o punitivo, una interpretación que atribuye a la propia organización sindical.

Una negociación pendiente desde septiembre

El conflicto no se limita a la advertencia de posibles sanciones. UGT recuerda que el pasado 4 de septiembre registró una solicitud de negociación urgente sobre la situación de la movilidad de los Equipos de Orientación Educativa y Psicopedagógica, sin que, según denuncia, la Administración haya respondido. El sindicato asegura que ha planteado el problema en tres mesas de negociación y que tanto la organización como los propios profesionales han trasladado reiteradamente sus reivindicaciones a la Junta.

La educación pública madrileña afronta este domingo una nueva jornada de movilizaciones, en medio de fuertes protestas en las calles de Madrid. Estudiantes, profesores, familias y otros integrantes de la comunidad educativa están llamados a manifestarse el 27 de septiembre en la capital en una protesta que servirá también como antesala de la huelga indefinida convocada a partir del próximo 14 de octubre.

La marcha, convocada por el Sindicato de Estudiantes bajo el lema “Profes y estudiantes unidos para vencer a Ayuso”, partirá a las 12.00 horas desde Atocha y desembocará en la Puerta del Sol, donde se encontrarán -no estaba previsto- con la acampada por la vivienda del Sindicato de Inquilinas, que este sábado reivindicaba también la lucha por la educación pública.

La organización plantea la movilización en defensa de la enseñanza pública y contra las políticas educativas del Gobierno de la Comunidad de Madrid. La convocatoria se enmarca en el calendario de protestas impulsado por diferentes sindicatos y colectivos educativos ante el inicio de curso y tiene como principal horizonte la huelga indefinida prevista desde el 14 de octubre, con especial incidencia en los centros de Secundaria, Bachillerato y Formación Profesional. Entre las principales reivindicaciones figuran la reducción de los horarios lectivos y de las ratios, mejoras salariales, menos carga burocrática, actuaciones en las infraestructuras de los centros y un refuerzo de la Formación Profesional pública.

 A continuación, recopilamos la información imprescindible de la movilización:

¿A qué hora tendrá lugar y desde dónde partirá?

La manifestación tendrá lugar este domingo 27 de septiembre a partir de las 12.00 horas. Partirá desde las inmediaciones de Atocha, concretamente desde la Cuesta de Moyano, y finalizará en la Puerta del Sol, frente a la sede del Gobierno autonómico y donde desde este sábado por la noche se ha plantado una acampada por la vivienda digna y contra los desahucios. El recorrido transcurrirá por el paseo del Prado, la plaza de Cánovas del Castillo, Cibeles y la calle Alcalá, hasta llegar a Sol.

¿Cómo llegar?

La manifestación tendrá su punto de partida en Atocha, uno de los principales intercambiadores de transporte de Madrid. La zona cuenta con conexiones de Cercanías, Metro y diferentes líneas de autobús de la EMT.

La estación de Metro más cercana al punto de inicio de la marcha es Atocha (L1), que además cuenta con conexión con todos los trenes de la red de Cercanías de Madrid. También se encuentra en las proximidades Estación del Arte (L1). En cuanto a los autobuses, pueden emplearse las líneas 10, 14, 19, 24, 26, 32, 37, 54, 57, 59, C1, C2, 85, 86, 102, 141, 203 y 001. 

La manifestación finaliza en Sol, que cuenta con conexión con las líneas 1, 2 y 3 de Metro y C-3 y C-4 de Cercanías.

¿Quién convoca?

El Sindicato de Estudiantes. La organización estudiantil es la que está detrás de la convocatoria del domingo y llama a movilizarse junto al profesorado y al resto de la comunidad educativa. Lo hará bajo el lema “Profes y estudiantes unidos para vencer a Ayuso” y plantea la marcha como una protesta en defensa de la educación pública.

El sindicato ha llamado a participar al alumnado madrileño y pretende que la movilización sirva también para organizar los paros de octubre, para los que ha planteado la creación de asambleas y comités de huelga en los centros educativos. El Comité de Huelga Unitario está integrado por diferentes sindicatos, organizaciones y colectivos, entre ellos CCOO, CNT, CGT, UGT, Educación Especial Digna, Menos Lectivas, Queremos FP, Solidaridad Obrera y STEM, además de colectivos de familias, la Plataforma Laboral de Escuelas Infantiles, el Sindicato de Estudiantes y Marea Verde.

¿Qué reivindican?

Las organizaciones que respaldan la huelga reclaman una reducción del horario lectivo del profesorado, con un máximo de 17 periodos semanales para Secundaria y FP y 22 para Primaria. También plantean una reducción de las ratios hasta 13 alumnos por aula en Infantil, 15 en Primaria, 20 en Secundaria, 23 en Bachillerato y 15 en Formación Profesional.

A estas demandas se suman mejoras salariales, una reducción de la carga burocrática y actuaciones sobre las infraestructuras de los centros educativos. Los sindicatos y colectivos educativos han reclamado a la Consejería de Educación una negociación para abordar estas cuestiones.

El Sindicato de Estudiantes incorpora además sus propias reivindicaciones y reclama el fin de los recortes y las privatizaciones en la educación pública, así como que no se destinen fondos a la enseñanza privada concertada.

Entre sus principales demandas figura también un plan de choque para crear 100.000 plazas de Formación Profesional en la enseñanza pública madrileña. La organización pretende que el alumnado tenga un papel activo en la huelga de octubre y ha llamado a organizar asambleas en los institutos.

La convocatoria llega en un inicio de curso marcado por las movilizaciones de distintos sectores educativos, que reclaman a la Consejería de Educación abrir una negociación sobre sus reivindicaciones. La manifestación servirá para trasladar estas demandas a las calles antes del comienzo de la huelga indefinida prevista a partir del 14 de octubre.

El jefe del dispositivo de la Unidad de Intervención Policial (UIP) que empujó a una profesora en huelga y que le provocó una fractura mandibular ha alegado este jueves ante la jueza que la “desplazó” en cumplimiento del protocolo, según ha repetido varias veces. El investigado, que solo ha contestado a las preguntas de la jueza, del fiscal y de su abogada, ha usado el término “desplazar” repetidamente, según fuentes conocedoras de la declaración consultadas por elDiario.es.

Por otro lado, el antidisturbios también se ha escudado en la ausencia de efectivos de la Policía Local en la zona para controlar el tráfico mientras los profesores en huelga se manifestaban el pasado 31 de mayo en el entorno de la Conselleria de Educación.

El policía ha reconocido que es el antidisturbios que aparece en el vídeo que retrata la agresión a la mujer, que sigue de baja. Por su parte, el representante del Ministerio Fiscal ha preguntado al investigado por la proporcionalidad en el uso de la fuerza y si no eran posibles otros medios menos expeditivos. Sin embargo, el policía se ha remitido al protocolo, aunque ha esgrimido que nunca pretendió lesionar a la mujer.

“El resultado es no pretendido”, ha manifestado el uniformado de la UIP en la línea del atestado policial. También ha sido interrogado por la actuación de otro agente grabado en el vídeo que, a poca distancia, acompaña a otra mujer fuera de la calzada sin necesidad de la menor violencia. El policía ha dicho que el otro agente no aplicó el protocolo.

Además, el investigado también ha asegurado que trató de auxiliar a la víctima tras el empujón, pero ha argüido que los manifestantes se lo impidieron y que fue insultado por los huelguistas.

El antidisturbios ha accedido por la puerta principal de la Ciudad de la Justicia para declarar ante la titular de la plaza número 16 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de València. Sin embargo, a la salida del recinto ha logrado esquivar a la prensa, arropado por otro agente policial de paisano.

Cinco meses después de su inicio, la huelga indefinida de las educadoras infantiles en la Comunidad de Madrid continúa con una concentración permanente con pernocta en la Puerta del Sol convocada por la Plataforma Laboral de Escuelas Infantiles (PLEI) y CGT y con el objetivo conseguir mejoras en las condiciones laborales y salarios dignos para el sector del primer ciclo de infantil.

Desde este lunes y hasta las el jueves 10 de septiembre decenas de educadoras infantiles estarán instaladas en Sol, frente a la sede del gobierno madrileño, para exigir que la Consejería de Educación de la Comunidad y el Ayuntamiento de Madrid abran mesas de negociación para la subida de salarios y una bajada de ratios en las aulas. Las educadoras aseguran que “la huelga continuará si no se cumplen estos requisitos”.

La fecha elegida para la protesta no es casual, sino que coincide con el inicio del curso escolar del primer ciclo de infantil, que estará marcado por unos servicios mínimos que condicionarán la adaptación de niños y bebés en las escuelas. Las educadoras, que llevan desde el 7 de abril en huelga indefinida, usan esta fecha para maximizar el impacto de su protesta y forzar una respuesta de la Comunidad y el Ayuntamiento de Madrid que llevan cinco meses esperando.

La plataforma recuerda que septiembre es una etapa vital para forjar vínculos con los niños y las niñas y que, con la protesta, muchas están “renunciando” a esa posibilidad, mientras que las compañeras que continúan en las aulas lo hacen “bajo servicios mínimos”. “Deben tener en cuenta que estamos en tiempo de vinculación en el que llegan nuevas familias con nuevos niños y hay menos personal porque gran parte estamos aquí”, señala una de las educadoras instaladas en Sol, quien además incide en “que es importante seguir defendiendo esto porque no solo defendemos nuestros derechos, defendemos los derechos de la infancia y también de las familias”.

Con sillas plegables, sombrillas y abanicos para soportar el sol y las altas temperaturas, la marea amarilla mantiene intactas sus peticiones y reivindican la importancia de su profesión que consideran “imprescindible”. “Creamos unas bases que, si no están creadas, los niños no van a poder llegar a una primaria y una secundaria con dignidad y un acompañamiento respetuoso”, destacan las educadoras. “Esto es muy vocacional, pero la vocación no paga un alquiler o una hipoteca”, recuerdan.

Las trabajadoras de educación infantil llevan cinco meses esperando una respuesta de la Administración, y concretamente de la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid, que nunca llega. Las educadoras reclaman que no han tenido la posibilidad de sentarse a negociar con Mercedes Zarzalejo, Consejera de Educación de la Comunidad, a pesar de que, como apuntan, “anunció que lo haría”. “Cuando se enteró de que quien lo convocaba no era un partido, sino un sindicato mayoritario, se echó para atrás”, señalan.

Durante estos meses de movilización, las educadoras indican que solo han logrado que el Ministerio de Educación se comprometa a crear un real decreto para la bajada de ratios en las escuelas infantiles. No obstante, señalan que, desde la Comunidad de Madrid, los pliegos han vuelto a salir con las mismas condiciones salariales que tenían. “Mi sueldo es, ahora mismo, de 1.080 euros”, indica una de ellas, a la vez que insiste en que “no se puede ignorar un conflicto que lleva cinco meses en curso”. “Pedimos que se sienten y negocien, ya que lo que queremos es volver a las aulas”, añade.

En la Comunidad de Madrid, las ratios ordinarias son de una educadora por cada ocho bebés, por cada 14 niños de entre 1 y 2 años y por cada 20 de entre 2 y 3. En estas condiciones, las educadoras infantiles reclaman a la Comunidad de Madrid “meter la pareja educativa”. “No bajan tanto las criaturas por clase, sino que sube el número de trabajadoras en los centros”, explican. Sin embargo, ahora afrontan la vuelta a clase con muchas de las docentes en huelga y, por tanto, con servicios mínimos, lo que eleva todavía más esas ratios y empeoran las condiciones de atención para esos niños.

Las educadoras de 0 a 3 años llevan cinco meses denunciando unas condiciones precarias, que se unen a un malestar generalizado de las trabajadoras de otros sectores de educación que dará lugar a una huelga indefinida que comenzará el 14 de octubre. La huelga se extenderá a nivel nacional y afectará desde las escuelas de educación infantil hasta la Formación Profesional, unificando la lucha de los educadores infantiles con la huelga indefinida que afectará a diferentes sectores educativos.

El curso escolar ha arrancado en Catalunya igual como acabó: con huelga. Los docentes estaban llamados al paro laboral este 8 de septiembre, día en que los centros abrían puertas tras el parón veraniego, y cientos de ellos han comenzado la jornada con cortes de carretera y con manifestaciones en las principales ciudades.

La huelga, convocado por los sindicatos USTEC (el mayoritario en la enseñanza pública), CGT, Intersindical y COS, ha tenido un menor seguimiento que la mayoría del curso pasado. A las 11:30 horas se habían ausentado del centro el 9,3% de la plantilla. El menor apoyo que en otras convocatorias no ha sorprendido a los propios claustros: muchos docentes no compartían que se llevara a cabo el paro el primer día de clases y han optado por acudir a su puesto de trabajo para recibir a los alumnos.

Las organizaciones han exigido durante el verano, y sobre todo en septiembre, que el Govern se siente a negociar de nuevo para ampliar el acuerdo que ya alcanzaron a finales del curso pasado algunos sindicatos y que la plantilla tumbó. Pero por ahora el Departamento de Educación que dirige Esther Niubó se mantiene en las mejoras acordadas en mayo.

“Queremos demostrar que este es un curso de lucha para la educación pública”, ha declarado Marina Ruiz, de USTEC, que ha exigido ampliar las dotaciones de personal de apoyo para el modelo de escuela inclusiva, una reducción de ratios y la climatización de las aulas, entre otras demandas.

Los sindicatos son conscientes de que la huelga el primer día de curso, una jornada especial para alumnos, puede alejar a más de una familia del apoyo a las protestas. Pero aun así han decidido mantenerla con el “corazón roto” –en palabras de Ruiz– para hacer visible que el conflicto no ha cesado.

Sindicatos y asambleas docentes aseguran haber trabajado este verano en un documento con sus principales reclamaciones, que se debatirá en las asambleas que se celebren durante esta jornada de huelga. Posteriormente, lo que se decida se deberá ratificar en una asamblea prevista para el 19 de septiembre.

Mientras tanto, el curso arranca con las mejoras salariales y de personal pactadas en mayo. Educación decidió mantener esas nuevas condiciones a pesar de que la plantilla las rechazó por exigir más. El curso comienza con récord de docentes, más de 85.000, y hay incrementos en el personal de atención educativa y el. de Administración. Las nóminas también reflejarán el pacto con una subida de 700 euros este año.

Después de que el president Salvador Illa pidiera un “paréntesis” en las huelgas en el arranque del curso, este martes la consellera Niubó ha reconocido que el “malestar” docente persiste, pero ha pedido un debate educativo “más sereno y constructivo”.

Cercada también por el fiasco de PISA (los resultados de Catalunya no son evaluables por errores en su organización), Niubó ha descartado dimitir. “Sería lo más sencillo ante un escenario complejo”, ha esgrimido en una entrevista en Rac1. “Tengo muy claro cuál es el encargo que tengo, qué sistema queremos y mi obligación es trabajar en ello”, ha afirmado.

Sobre las peticiones de los docentes de más recursos para atender la diversidad y la complejidad, ha asegurado que se han producid “avances importantes”, como la incorporación de 1.800 profesionales, una reducción progresiva de las ratios y medio millar de aulas de acogida más. “¿Tenemos un Govern que no escucha, que no hace nada y que bloquea? No, tenemos un Govern que ha escuchado, ha llegado a acuerdos y cumple”, ha manifestado.

Cortes de carretera y tren

Las primeras acciones de protesta del profesorado catalán han sido cortes de carreteras, que han empezado hacia las 7:15 horas en la ronda litoral de Barcelona. Cerca de 80 personas han accedido a la vía y la han cortado a la altura de la salida 22, en la Barceloneta, en los dos sentidos de la marcha. Unos 10 minutos más tarde, un centenar de personas han cortado la ronda de dalt en Santa Coloma de Gramanet, también en ambos sentidos. Ambos piquetes han sido levantados por los Mossos d'Esquadra hacia las 8:20 horas.

Poco antes de las 8 de la mañana, unas 150 personas han cortado también la C-58, a la altura de Sant Quirze del Vallès en sentido Barcelona. La policía catalana ha dispersado a los manifestantes con siete furgones hacia las 8:25 horas.

En Esplugues de Llobregat, medio centenar de manifestantes ha frenado el paso de los vehículos que querían acceder a Barcelona a través de la plaza Elisabeth Eidebenz y la Avinguda Diagonal.

En Lleida, unas cuarenta personas se han concentrado hacia las 7:30 horas al lado de la Fira y han iniciado una marcha que ha pasado por el Pont del Príncep de Viana. Poco antes de las 8:30 horas, han accedido a la estación de alta velocidad y han ocupado las vías del tren.

En Tarragona, cerca de setenta maestros se han concentrado en el polígono Francolí, desde donde han querido cortar el acceso al puerto por la autovía A-27, pero ante la presencia del cordón policial, han desistido. Desde aquí, han comenzado una marcha hacia el centro de la ciudad.

Primero va a ser Catalunya, con un día para empezar. Le seguirá Madrid, con fecha de principio, pero no de fin. Luego Andalucía, quizá la Comunitat Valenciana, Cantabria, Aragón... El curso educativo comienza esta semana en toda España exactamente como terminó el pasado: entre huelgas convocadas en algunas comunidades, protestas que podrían desembocar en más paros en otras y con un gran descontento generalizado entre los docentes. Mientras, el Ministerio de Educación trata de aprobar mejoras en sus condiciones laborales para que “la legislatura del profesorado”, como la han llamado las dos ministras que ha habido desde las últimas elecciones, sea algo más que un eslogan.

Los sindicatos educativos llevan meses, si no años, advirtiendo del deterioro de las condiciones en que se ejerce la docencia y el impacto que tiene en la salud mental del profesorado. El aumento de la diversidad en las aulas, derivado de la creciente presencia de alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo —que a su vez se explica en parte por la mejora de los sistemas de detección y diagnóstico—, junto a una ley educativa, la Lomloe, que exige una atención personalizada —y su subsiguiente burocracia en forma de informes personales “en cada paso que das”, denuncian los docentes–, han formado un cóctel explosivo que ha llevado a los profesionales al límite.

En menos de 20 años (desde 2007 hasta 2025), el porcentaje de docentes que dice vivir su profesión con indiferencia ha pasado del 2 al 38%, según un estudio reciente de la Fundación SM. El profesorado siempre rehúye ese mantra de que haga falta vocación o vivir la docencia con pasión para ejercer y ser un buen profesional, pero el dato es indicativo de la degradación del sector en los últimos años.

Las ratios de alumnado por clase, los salarios, las horas lectivas, la falta de especialistas (profesorado de Pedagogía Terapéutica y Audición y Lenguaje), el trato preferente en algunas comunidades que recibe la escuela concertada, la burocracia que aplasta... Las reivindicaciones, transversales a casi todas las comunidades, se agolpan. Y las comunidades siguen sin resolver la alta tasa de interinidad, situada de manera casi crónica entre el 25% y el 30%, según calculan algunos sindicatos, porque no existen datos oficiales.

Además de ver cómo no llegan los recursos que necesitan, los docentes no se sienten valorados ni respaldados por la sociedad, pese a que cada vez les toca asumir más tareas, desde controlar el uso de los móviles hasta vigilar las autolesiones o el acoso escolar. Lo resume Rosa Rocha, directora del IES Guadarrama, en Madrid: “Tienen que cuidarnos un poco más, especialmente algunas familias. A fin de cuentas estamos educando a sus niños, hacemos un muy buen trabajo para la sociedad”.

El aumento de la complejidad

CCOO trató de poner cifras a ese aumento de la diversidad: el conjunto del alumnado con necesidades educativas de algún tipo se ha incrementado por encima del 75% en seis años y ha pasado de suponer un 7,59% del total al 13%, según un cálculo conservador. CSIF estima que, en total, hay 1,2 millones de estos estudiantes, el triple que hace 15 años.

Y, mientras eso pasaba y las clases se complejizaban, la partida destinada a atender esta creciente diversidad subía un 31%. No hace falta ser matemático para observar que las cuentas no salen y el déficit lo paga el profesorado, vienen a explicar los responsables sindicales.

Los docentes exigen dinero, pero más para el sistema que para ellos mismos (que también). La mayoría de las reivindicaciones del curso anterior, como las de este, incluyen una mejora salarial, pero en Catalunya, donde las protestas se extendieron durante todo el año, los docentes rechazaron una subida de 600 euros mensuales en tres años porque no venía acompañada de otras medidas que alivien su carga y les permita trabajar mejor.

Retomarlo donde se dejó en junio

Durante el pasado curso, al menos diez autonomías vivieron protestas docentes de diferente magnitud. En alguna, como la Comunitat Valenciana o Madrid, con una intensidad nunca antes vista.

Abrieron fuego en Madrid las educadoras de Infantil, que empezaron en abril una huelga indefinida que aún se mantiene. Estas docentes son las más precarias de toda la educación y además están en un sector atomizado, con realidades muy diferentes en función del tipo de escuela en el que se trabaje: las públicas ofrecen condiciones considerablemente mejores que las privadas, donde las nóminas apenas superan el Salario Mínimo Interprofesional (SMI). A partir del 14 de octubre se les unen el resto de compañeros de la educación no universitaria: más de una docena de organizaciones, incluidos varios de los principales sindicatos y asambleas docentes y de estudiantes, han convocado un paro indefinido ante la degradación de la educación pública.

En la Comunitat Valenciana los docentes fueron el pasado curso a un paro indefinido que mantuvieron durante cinco semanas consecutivas. Llevaron al límite a la Generalitat, aunque la ruptura de la unidad sindical por parte de ANPE y CSIF fue un torpedo en la línea de flotación de la protesta, que entró en pausa hasta este curso.

El profesorado catalán también forzó el pasado curso a su Generalitat con varias jornadas de paro no consecutivas y, sobre todo, manifestaciones de dimensiones no registradas en muchos años en este sector. El Govern trató de negociar, pero sus propuestas fueron rechazadas por insuficientes y los docentes volverán a las calles de nuevo este mismo viernes 11 de septiembre.

A ellas se sumará Andalucía, donde ya se ha convocado un paro general para el próximo 11 de noviembre contra el “desmantelamiento” de la educación pública en la región. Cantabria, Aragón, Balears, Castilla y León y Navarra también tienen previsto algún tipo de protesta para arrancar el curso, que no se descarta que escale a huelga.

El sindicato CSIF, uno de los principales del sector, ha anunciado una campaña de movilizaciones durante el mes de septiembre por el “abandono que sufre la educación pública por parte del Gobierno y las comunidades autónomas”, que, advierte la organización, podría desembocar en convocatorias de huelga.

La vía del Congreso

Mientras los docentes expresan su frustración en la calle —dirigida contra sus gobiernos autonómicos, que tienen las competencias educativas—, el Ministerio de Educación, que dirige Milagros Tolón, intenta sacar adelante varias medidas destinadas a mejorar su situación y que, en conjunto, deberían formar algo parecido a un estatuto docente. Este elemento es una de las principales reivindicaciones de las organizaciones sindicales desde hace años: una norma que regule y organice la carrera docente desde la entrada (el sistema de oposiciones) hasta la jubilación, pasando por promociones, cuerpo profesional, condiciones laborales, como ratios y horas lectivas, etc.

Pero ante la previsible dificultad de sacar adelante una norma tan completa, el anterior equipo ministerial decidió afrontarlo por partes. Así, se han creado varios grupos de trabajo sobre diferentes aspectos que van avanzando en paralelo. Educación decidió empezar por las horas lectivas semanales—de clase efectiva en el aula— y las ratios, que deberían ser las primeras en aprobarse.

Parte de ese camino ya está andado. A partir de este mes de septiembre, informa EFE, el proyecto de ley que reducirá el número de alumnos por clase en primaria y secundaria —máximo 22 y 25, respectivamente, desde los actuales 25 y 30— y reducirá la jornada docente —topes de 23 horas y 18 horas, respectivamente, desde 25 y 20— retoma su tramitación para continuar con la presentación de enmiendas, debate y votación. Pero esta ley requiere de mayoría para ser aprobada tanto en el Congreso como en el Senado y el trámite podría complicarse en un año electoral.

Probablemente, antes de eso, el Ministerio va a acometer la rebaja de las ratios de Infantil y Bachillerato, etapas no obligatorias y que se regularán en un Real Decreto que no necesita pasar por el Congreso. Educación propone bajar las ratios de Infantil (cuatro bebés por educadora en aulas para menores de un año, seis bebés en clases de uno y dos años, ocho en las de dos y tres años y 22 de tres a seis años), de Bachillerato (a 30 alumnos por profesor, desde 35) y de FP básica (tope de 15 alumnos). También podría incluir que el alumnado con necesidades específicas cuente doble y un aumento de los recursos para la orientación y para el coordinador de bienestar.

Los sindicatos han anunciado que mantienen la convocatoria de huelga para el primer día de curso, después de que las reuniones de este miércoles con la consellera de Educación, Esther Niubó, no hayan servido para acercar posiciones.

La portavoz de USTEC, Iolanda Segura, ha valorado que la huelga sólo se podría haber evitado si en julio el Govern les hubiera trasladado una propuesta de calendario de negociaciones que “realmente diera respuesta a las demandas del colectivo”. Como durante el verano no ha habido conversaciones, Segura ha mantenido que la huelga “es un hecho” y ha invitado al personal educativo a sumarse al paro para “hacer la presión necesaria”.

Desde el sindicato apuntan a que la huelga “expresa claramente que hay malestar y que el conflicto persiste”. Con todo, aseguran valorar positivamente los acuerdos alcanzados a finales del pasado curso que, entre otras cosas se tradujeron en una subida de sueldo y en un incremento de la masa de docentes. “Reivindicamos estas mejoras, pero no son suficientes”, insiste Segura.

Ahora, lo que más preocupa al colectivo son los recursos y las ratios. Reconoce que se han dado “pasos tímidos, pero insuficientes” y reitera que la sensación general en el sector es que “este curso no cambiará nada”.

Por su parte, desde la CGT celebran que la consellera les haya citado este miércoles, pero insisten en que volver a sentarse no es suficiente para “firmar un cheque en blanco y parar las movilizaciones”.

La secretaria general de la Federación de Educación de la CGT, Laura Gené, insiste en que el malestar “no va de sueldos, sino de recursos” y ha querido cosechar también la ayuda y la empatía de las familias. Ha reconocido que empezar el curso con una huelga “genera problemas” de conciliación y asegura que es una situación que los maestros “no están disfrutando”, pero considera que es un paso necesario para “defender la educación pública”.

En esta línea, desde la Intersindical y COS, los otros dos sindicatos convocantes, han avanzado que la huelga del 8 de septiembre no será la última. “El curso empezará como acabó el anterior”, han remachado.

El sector ha explicado que, durante el verano, se ha trabajado en un documento con sus principales reclamaciones, que se debatirá en las asambleas que se celebren el día de la huelga. Posteriormente, lo que se decida se deberá ratificar en una asamblea prevista para el 19 de septiembre.

Por su parte, el Govern ha trasladado que comparten “la mayoría” de demandas del colectivo y que “entienden el estado de ánimo de la comunidad educativa”. Precisamente pro eso, les ha pedido que “tomen en consideración el esfuerzo” negociador que hace el Ejecutivo y que abran un “paréntesis” en las movilizaciones.

La consellera Niubó entiende que los acuerdos alcanzados el curso pasado son “puntos de partida” y que hay “situaciones enquistadas” que no se resuelven en un año. Por eso, ha pedido “espíritu constructivo” a los docentes, a quienes emplaza a desconvocar la huelga del primer día de clase, una jornada “muy importante para los alumnos y para el sistema educativo”.

La portavoz de USTEC, Iolanda Segura, ha afirmado que el sindicato mantiene la convocatoria de huelga para el 8 de septiembre, primer día de curso en los centros educativos catalanes. En una entrevista en Catalunya Ràdio, ha asegurado que la protesta “refleja un malestar evidente del colectivo” y ha afeado a la Generalitat que no haya mantenido “ningún contacto” con el sector desde el 13 de julio.

Segura -que ya amenazó a principios de verano con un inicio de curso “convulso”- ha instado al Govern a sentarse a negociar. “Si se empieza a trabajar se puede evitar lo que vendría después”, ha avisado. Aun así, ha querido dejar claro que la huelga del próximo día 8 es inamovible: “Aunque se produjeran encuentros ahora, el conflicto no se solucionaría en 15 días”, ha dicho.

Desde USTEC han querido valorar los últimos anuncios del Departament de Educación, que aseguró que este curso habría más aulas de acogida y se incorporarán técnicos sanitarios en las aulas. “Eso no es ninguna novedad”, ha aclarado Segura, que insiste en que estas medidas ya formaban parte de los acuerdos a los que llegaron los docentes en marzo y mayo.

Por contra, Segura apunta en que la Generalitat necesita “tomar decisiones estructurales” para que las medidas que se implementen no acaben “desapareciendo”. También incide en que hay que “blindar la escuela pública” con una serie de acciones que deben calendarizarse.

La titular de la plaça número 16 de la Secció d'Instrucció del Tribunal d'Instància de València, María Teresa de Vidiella García, ja ha identificat el policia antiavalots que va agredir per l'esquena una professora que es manifestava en el marc de la vaga educativa de la Comunitat Valenciana i l'ha citat a declarar com a investigat, segons ha confirmat la Fiscalia Provincial de València a elDiario.es. El Ministeri Públic ha informat favorablement sobre la querella presentada per la professora contra l'agent i considera que podria haver comés tres delictes que, per tant, s'han d'investigar: un delicte de lesions, amb l'agreujant de prevalença de funció pública; un delicte contra la integritat moral, i un delicte contra els drets individuals.

Les diligències parteixen de la querella presentada per la dona contra l'agent que, després de diverses perquisicions practicades pel jutjat, ja ha estat identificat. CCOO ha demanat personar-se en la causa, encara que la seua querella encara està pendent d'admissió, assenyala el Ministeri Públic. Segons ha pogut saber elDiario.es, el policia serà interrogat en qualitat d'investigat el pròxim 24 de setembre al jutjat d'Instrucció.

L'agent, segons les nombroses imatges gravades aquell dia, va espentar per l'esquena la manifestant. La violència del colp va fer que la víctima caiguera de morros, cosa que li va provocar una ferida a la barbeta que va requerir dos punts de sutura. Vint dies després, la dona encara no podia menjar amb normalitat i patia altres molèsties importants a la mandíbula.

Segons va explicar en exclusiva elDiario.es, l'atestat policial de l'actuació de l'antiavalots no reconeix cap error i conclou que l'agent “va fer ús de la mínima força reglamentària”. L'informe, elaborat en la matinada de l'1 de juny, unes cinc hores després de l'agressió, i que ja consta en la causa judicial, assegura que l'actuació va ser adequada i que els dos punts de sutura que li van haver d'aplicar a la barbeta, així com les diverses contusions al tòrax i la mandíbula, es van deure a una “caiguda accidental” provocada per una “pèrdua d'equilibri” quan l'agent va tractar d'“apartar-la” de la via.

Per la seua banda, es continua sense notícies de l'expedient intern obert per la Policia Nacional a l'agent, que va ser apartat del servei aquella vesprada, però que continua en actiu. Encara que les conclusions de l'expedient disciplinari no es podran emetre fins que finalitze el procés penal, el procediment intern podria continuar endavant i ser útil per a la instrucció de la jutgessa en cas que fora requerit.

Els fets van ocórrer la vesprada del passat 31 de maig, a l'avinguda de Pius XII de València. Segons l'atestat policial, mentre se celebrava una concentració autoritzada davant la Conselleria d'Educació, un grup de persones es va dirigir “en manifestació” cap a aquesta avinguda “amb la intenció de tallar la circulació”, en una acció que, puntualitza el mateix informe, no comptava amb autorització. Segons la Policia, aquest grup de persones “hauria trencat el cordó policial”. “En un moment donat, els manifestants decideixen fer una asseguda tallant la via, la qual cosa origina un greu perill per a la vida i la integritat física tant dels agents com dels mateixos manifestants i dels conductors”, afig.

Amb aquest argument, l'agent que redacta l'informe assegura que la unitat d'antidisturbis es va traslladar al lloc “a corre-cuita” per “arribar com més prompte millor i salvaguardar la integritat dels agents” i evitar el tall del trànsit. Entre aquest grup de persones es trobava la dona agredida, de qui el policia assegura que “es trobava al mig de la calçada encoratjant activament la massa a envair l'avinguda perquè efectivament es produïra aquesta invasió i el tall del trànsit”.

La descripció de la Policia contrasta amb els nombrosos vídeos del moment, en els quals es veu la dona d'esquena a la carretera i caminant per la calçada a diversos metres de la vorera. A més, la dona agredida, una docent jubilada de 68 anys, tampoc apareix en cap dels vídeos arengant la massa ni actuant de manera violenta. En aquesta actuació policial es van obrir altres quatre expedients a manifestants que van criticar l'actuació de l'agent i que podrien acabar en una multa en aplicació de la Llei orgànica 4/2015, de protecció de la seguretat ciutadana, coneguda com a llei mordassa.

La titular de la plaza número 16 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de València, María Teresa de Vidiella García, ya tiene identificado al policía antidisturbios que agredió por la espalda a una profesora que se manifestaba dentro de la huelga educativa de la Comunitat Valenciana y lo cita a declarar como imputado, según ha confirmado la Fiscalía Provincial de Valencia a elDiario.es. El Ministerio Público ha informado a favor de la querella presentada por la profesora contra el agente y considera que podría haber cometido tres delitos y, por tanto, se deben investigar: lesiones, con la agravante de prevalimiento de función pública, contra la integridad moral y contra los derechos individuales.

Las diligencias parten de la querella presentada por la mujer contra el agente que, tras varias pesquisas realizadas por el juzgado, ya ha sido identificado. CCOO ha pedido personarse en la causa, aunque su querella todavía está pendiente de admisión, señala el Ministerio Público. Según ha podido saber elDiario.es, el policía será interrogado en calidad de investigado el próximo 24 de septiembre en el juzgado de Instrucción.

El agente, según las numerosas imágenes grabadas aquel día, empujó por la espalda a la manifestante. La violencia del golpe hizo que la víctima cayera de bruces, provocándole una herida en la barbilla que requirió dos puntos de sutura. Veinte días después, la mujer todavía no podía comer con normalidad y sufre otras dolencias importantes en la mandíbula.

Según contó en exclusiva elDiario.es, el atestado policial de la actuación del antidisturbios no reconoce ningún error y concluye que el agente “hizo uso de la mínima fuerza reglamentaria”. El informe, elaborado en la madrugada del 1 de junio, unas cinco horas después de la agresión, y que ya obra en la causa judicial, asegura que la actuación fue adecuada y que los dos puntos de sutura que tuvieron que aplicar a la mujer en la barbilla, así como las distintas contusiones en el tórax y la mandíbula, se debieron a una “caída accidental” provocada por una “pérdida de equilibrio” cuando el agente trató de “apartarla” de la vía.

Por su parte, se sigue sin noticias del expediente interno abierto por la policía nacional al agente, que fue apartado del servicio esa tarde, pero que continúa en activo. Aunque las conclusiones del expediente disciplinario no se podrán realizar hasta que finalice el proceso penal, el procedimiento interno podría seguir adelante y ser útil a la instrucción de la jueza en caso de que fuera requerido.

Los hechos ocurrieron en la tarde del pasado 31 de mayo, en la avenida de Pío XII de València. Según el atestado policial, mientras se celebraba una concentración autorizada frente a la Conselleria de Educación, un grupo de personas se dirigió “en manifestación” a esa avenida “con la intención de cortar la circulación”, en una acción que, puntualiza el propio informe, no contaba con autorización. Según la Policía, este grupo de personas “habría roto el cordón policial”. “En un momento dado, los manifestantes deciden realizar una sentada cortando la vía, lo que origina un grave peligro para la vida e integridad física tanto de los actuantes como de los propios manifestantes y conductores”, añade.

Con este argumento, el agente que redacta el informe asegura que la unidad de antidisturbios se trasladó al lugar “a la carrera” para “llegar lo antes posible y salvaguardar la integridad de los actuantes” y evitar el corte de tráfico. Entre ese grupo de personas se encontraba la mujer agredida, de quien el policía asegura que “se encontraba en medio de la carretera alentando activamente a la masa a invadir la avenida para que efectivamente se produjera dicha invasión y corte de tráfico”.

La descripción de la policía contrasta con los numerosos vídeos del momento, en los que se ve a la mujer de espaldas a la carretera y caminando por la calzada a varios metros de la acera. Además, la mujer agredida, una docente jubilada de 68 años, tampoco se ve en ninguno de los vídeos arengando a la masa o de manera violenta. En esta actuación policial se abrieron otros cuatro expedientes a manifestantes que criticaron la actitud del agente y que podrían acabar en una multa aplicando la Ley de Seguridad Ciudadana 4/2015, la conocida como ley mordaza.