La iniciativa surgió de forma espontánea, según cuenta Carlos Boix, uno de los portavoces de la acampada. A lo largo de la jornada del lunes, los docentes ya contaban con toldos, más de 40 tiendas de campaña y provisiones para afrontar una protesta de carácter indefinido. Este martes tuvo lugar la segunda noche de acampada y, pese a las condiciones meteorológicas, alrededor de 130 personas durmieron en la plaza de la Virgen de València, un improvisado 15M con vocación de permanencia. Al menos, hasta que el Gobierno de Juanfran Pérez Llorca alcance un acuerdo con los sindicatos para “salvar” la educación pública valenciana.

Algunos docentes se incorporan tras las manifestaciones y pasan la tarde en la plaza, donde se agrupan alrededor de los toldos y de las tiendas instaladas en el centro de la explanada. Se acomodan con sillas de playa, mantas en el suelo y neveras repletas de comida y bebida para merendar o cenar.

Otros se preparan para pasar la noche. “He llegado después de la manifestación y he venido preparada para montar la tienda y quedarme a dormir”, cuenta Arantxa Medina, profesora de Formación Profesional en el IES La Serranía. A lo largo de la tarde de este martes, se pudo observar cómo más huelguistas se sumaban a la iniciativa instalando tiendas de campaña alrededor de la plaza, con mantas y cojines traídos de casa, en una organización improvisada, pero creciente.

Otro de los organizadores de la protesta, situada a menos de 30 metros del Palau de la Generalitat, Jaume Cantarero, destaca la buena acogida que ha tenido la acampada entre la ciudadanía: “No para de acercarse gente a traernos comida, material y agua; estamos sobrepasados por las continuas muestras de afecto”. Desde el lunes, numerosas personas les han ofrecido sus casas para asearse y han tejido una red logística improvisada para cubrir las necesidades básicas de una acampada que pretende mantenerse de forma indefinida.

“Eso fue lo primero que planteamos: la logística. Nos coordinamos para tener varios puntos de aseo y cubrir necesidades, tanto públicos como privados, así como posibles puntos de avituallamiento”, explica Cantarero, profesor de Matemáticas en un instituto de Burjassot. También señala que han creado un sistema de recogida selectiva de residuos para minimizar el impacto de la acampada. Las personas que se suman a lo largo del día aportan materiales como papel higiénico, sillas, mesas plegables o utensilios básicos.

Los docentes acampados se organizan de forma asamblearia —unas 40 personas se reúnen para planificar las próximas jornadas—, establecen turnos de vigilancia nocturna y han habilitado puntos de recogida y reparto de provisiones. Dulces, empanadillas, fruta y bebida, sobre todo agua —indispensable ante las altas temperaturas y el sol que castiga durante todo el día la plaza—, forman parte de una infraestructura improvisada pero eficaz. La organización y la previsión son esenciales para sostener una protesta indefinida. “Me han comentado que mañana tienen previsto hacer una comida, van a hacer una paella. Está todo muy bien organizado”, explica Arantxa.

La huelga educativa también cuenta con su propia emisora. Ràdio Vaga, nacida el 11 de mayo de 2026, emite por internet desde El Punt, Centro de Libre Aprendizaje, en la ciudad de València. Este martes, la emisora trasladó temporalmente su punto de emisión a la plaza de la Virgen. El domingo por la noche ya realizaron un programa en directo frente a la Conselleria de Educación, mientras cientos de docentes seguían las negociaciones y trataban de impedir la salida de las autoridades. Bajo los toldos de la acampada, los conductores improvisaron un estudio con micrófonos, mesas de sonido y ordenadores desde el que realizaron una emisión especial para seguir el desarrollo de la protesta y dar voz a sus participantes.

Los docentes subrayan que se sienten arropados por las familias y la ciudadanía, tanto en las manifestaciones como en la acampada. “La mayoría de gente que nos ve con la camiseta verde nos apoya”, señala María Jiménez, profesora en el IES Les Rodanes.

Sin embargo, la iniciativa no se limita a dormir frente al Palau. Tradición, cultura y reivindicación convergen en una protesta que evoca inevitablemente la histórica Primavera Valenciana de febrero de 2012. A lo largo del martes se organizaron talleres de pancartas, espacios creativos para niños, música en directo y bailes tradicionales valencianos, además de improvisadas muixerangues que fueron animando el ambiente en la plaza.

En el marco de la cuarta semana de huelga, los docentes presentan la acampada como una medida excepcional ante el inmovilismo de la Conselleria de Educación. “No pensaba hacer más días de huelga porque nos estamos quemando, pero me enteré de esta iniciativa y, ya que parece que las manifestaciones multitudinarias no sirven de mucho, hay que buscar otras vías para ganar visibilidad y apoyo”, explica Arantxa.

En la misma línea, Susana González, docente del CEIP Cervantes de Riba-roja de Túria, subraya: “No queremos que haya crispación, como dice la Conselleria. Solamente queremos llegar a acuerdos, pero para eso tienen que estar las dos partes con voluntad de dialogar”.

La Mesa de Les Corts Valencianes estudia un informe del departamento jurídico con el que decidirá si sanciona a las tres docentes que protestaron en defensa de la educación pública durante la sesión de control al president de la Generalitat del pasado 21 de mayo. El letrado del Parlamento plantea varias medidas que podría aplicar la presidenta, Llanos Massó, de Vox, a propuesta de los miembros de la Mesa, donde PP y la ultraderecha tienen mayoría. Fuentes del parlamento valenciano han explicado que todavía no se ha decidido nada y que, previsiblemente, en la próxima reunión del órgano del parlamento valenciano se propondrá una resolución.

El informe interno propone, entre las posibles medidas, sancionar a Compromís —el grupo parlamentario que invitó a las tres docentes— con la prohibición de invitar a terceras personas a la tribuna del hemiciclo durante un número de sesiones que determinaría la Mesa. Respecto a las docentes, el letrado cita dos precedentes —uno de Les Corts Valencianes y otro del Parlamento Vasco— y apunta a que la protesta podría encajar en un posible delito contra las instituciones del Estado o de desórdenes públicos. Sobre este último supuesto, matiza que podría no concurrir, al considerar que la protesta educativa “no tiene la intensidad de los precedentes”. En cualquier caso, sería la presidenta de Les Corts, también a propuesta de la Mesa, quien pondría los hechos en conocimiento de la Fiscalía.

En el precedente de Les Corts Valencianes, la condena a dos sindicalistas de UGT que protestaron contra el Consell de Eduardo Zaplana durante un pleno del año 2000 se saldó con una multa de 350 euros por un delito contra las instituciones del Estado. En el caso del Parlamento Vasco, dos activistas fueron condenados a nueve meses de prisión, también por un delito contra las instituciones del Estado.

En el caso de las tres docentes —que el propio informe considera de “menor intensidad” que los dos precedentes—, las huelguistas gritaron “consellera, dimisión” y lanzaron chalecos con el lema Docents en lluita, además de billetes falsos de 200 euros con el rostro de la consellera, María Carmen Ortí, y del president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, en referencia a la propuesta de subifa salarial a los docentes que los sindicatos y la inmensa mayoría de profesoras y maestros han rechazado. Las tres mujeres abandonaron el hemiciclo acompañadas por trabajadores de Les Corts sin oponer resistencia. Posteriormente, agentes de la Policía Nacional adscritos a la Generalitat procedieron a identificarlas.

La presidenta Llanos Massó no presidió las Corts ese día por un asunto familiar y fue el vicepresidente Alfredo Castelló, del PP, quien tuvo que lidiar con la protesta, que duró unos pocos segundos.

La Mesa de les Corts Valencianes estudia un informe del departament jurídic amb què decidirà si sanciona les tres docents que van protestar en defensa de l'educació pública durant la sessió de control al president de la Generalitat del passat 21 de maig. El lletrat del Parlament planteja diverses mesures que podria aplicar la presidenta, Llanos Massó, de Vox, a proposta dels membres de la Mesa, on el PP i l'ultradreta tenen majoria. Fonts del parlament valencià han explicat que encara no s'ha decidit res i que, previsiblement, en la pròxima reunió de l'òrgan rector de la cambra es proposarà una resolució.

L'informe intern proposa, entre les possibles mesures, sancionar Compromís —el grup parlamentari que va convidar les tres docents— amb la prohibició de convidar terceres persones a la tribuna de l'hemicicle durant un nombre de sessions que determinaria la Mesa. Respecte a les docents, el lletrat cita dos precedents —un de les Corts Valencianes i un altre del Parlament Basc— i apunta que la protesta podria encaixar en un possible delicte contra les institucions de l'Estat o de desordres públics. Sobre aquest últim supòsit, matisa que podria no concórrer, en considerar que la protesta educativa “no té la intensitat dels precedents”. En qualsevol cas, seria la presidenta de les Corts, també a proposta de la Mesa, qui posaria els fets en coneixement de la Fiscalia.

En el precedent de les Corts Valencianes, la condemna a dos sindicalistes d'UGT que van protestar contra el Consell d'Eduardo Zaplana durant un ple de l'any 2000, es va saldar amb una multa de 350 euros per un delicte contra les institucions de l'Estat. En el cas del Parlament Basc, dos activistes van ser condemnats a nou mesos de presó, també per un delicte contra les institucions de l'Estat.

En el cas de les tres docents —que el propi informe considera de “menor intensitat” que els dos precedents—, les vaguistes van cridar “consellera, dimissió” i van llançar jupetins amb el lema “Docents en lluita”, a més de bitllets falsos de 200 euros amb el rostre de la consellera, María Carmen Ortí, i del president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, en referència a la proposta de pujada salarial als docents que els sindicats i la immensa majoria de professores i mestres han rebutjat. Les tres dones van abandonar l'hemicicle acompanyades per treballadors de les Corts sense oposar resistència. Posteriorment, agents de la Policia Nacional adscrits a la Generalitat van procedir a identificar-les.

La presidenta Llanos Massó no va presidir les Corts aquell dia per un assumpte familiar i va ser el vicepresident Alfredo Castelló, del PP, qui va haver de bregar amb la protesta, que va durar uns pocs segons.

La coalición Compromís pide la comparecencia del ministro de Interior, Fernando Grande Marlaska, por la actuación policial del pasado domingo en las manifestaciones del profesorado en València. La diputada Àgueda Micó, en el Grupo Mixto, ha registrado una petición para que el ministro explique “la actuación policial contra la comunidad educativa valenciana”, tras el vídeo en el que un agente de la Policía Nacional empuja a una docente en la calle.

Micó ha exigido saber “quién ordenó las cargas”, “qué le va a pasar a ese policía provocador” y habla de “sembrar el caos” y “justificar la violencia” en manifestaciones pacíficas. “Vamos a hacer seguimiento exhaustivo del tema”, ha planteado la diputada de Compromís, que afea la actuación. La delegación del Gobierno avanzó el lunes que el agente es objeto de un expediente disciplinario, que acaba de iniciarse, y la mujer que sufrió el empujón, una profesora de 68 años, ha presentado una denuncia. También el lunes, el grupo parlamentario Sumar y ERC registraron una batería de preguntas al Ministerio de Interior sobre la actuación policial, y acusan al Cuerpo de “sesgos” en las actuaciones en las manifestaciones.

En particular, la petición reclama “para rendir cuentas sobre las actuaciones policiales que han sido denunciadas públicamente como desproporcionadas durante una protesta pacífica, las informaciones relativas a la posible participación de agentes policiales de paisano o infiltrados en el desarrollo de la movilización, las investigaciones abiertas a raíz de los incidentes producidos y los comunicados públicos emitidos posteriormente por organizaciones sindicales de la Policía Nacional en relación con estos hechos”.

La parlamentaria de Compromís afirma que han visto cómo manifestantes “subían a un furgón policial” por su propio pie y pregunta “si el Estado tiene policías infiltrados” en las protestas educativas. Micó también quiere conocer la opinión del responsable de Interior sobre los tuits de varios sindicatos policiales sobre la investigación que anunció la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé.

Los sindicatos Unión Federal de Policía (UFP) y la Confederación Española de Policía (CEP) defienden la actuación policial. CEP cargó contra la delegada del Gobierno, a la que señaló: “Tú no vas a investigar nada, lo harán los órganos competentes”, y subrayó: “La seguridad es para todos. Y sobre todo si se está poniendo en riesgo vidas propias y ajenas cortando el tráfico”. Por su parte, UPF defiende que la actuación policial se produjo para despejar la vía pública y evitar el corte de tráfico y reclaman que se aporte “contexto” a la operación. “El agente emplea una técnica de control y desplazamiento”, afirma UFP, que destaca que el agente se encuentra en movimiento y la mujer quieta, por lo que “pueden producirse desequilibrios, caídas o consecuencias no previstas”.

El president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha endurit aquest dilluns el to del seu discurs contra els docents en vaga quan el conflicte entra en la seua quarta setmana sense que la Generalitat haja aconseguit plantejar un pla prou ambiciós per a convéncer milers de treballadors públics de tornar a les aules i deixar de perdre milers d'euros amb les aturades. El cap del Consell ha situat les Proves d'Accés a la Universitat (PAU) com una “línia roja” en la negociació amb els sindicats docents. Ha advertit que el Consell no acceptarà “cap tipus de negociació” si es produeixen accions de pressió que afecten el normal desenvolupament de les proves d'accés a la universitat, una situació difícil que es produïsca després que s'hagen decretat uns serveis mínims del 100% i s'hagen constituït tots els tribunals, tot i la dimissió d'uns 200 correctors.

A més, el president ha acusat part dels sindicats de generar “tensió” en el conflicte i ha defensat que el dret a la protesta “no pot traduir-se en perjudicis per als estudiants”. Pérez Llorca ha carregat contra els docents vaguistes per suposades “coaccions” a companys. En concret, ha al·ludit a denúncies de la Conselleria d'Educació sobre pressions a professors que no volen secundar la vaga i a grups de WhatsApp en els quals s'hauria difós informació personal de la consellera d'Educació, Carmen Ortí, el departament de la qual ha habilitat una bústia de denúncies. El president ha afirmat que cap professor “s'identifica” amb els qui “filtren el domicili de la consellera i de la seua família” o amb els qui pressionen altres docents. El cap del Consell també ha parlat de grups a les xarxes socials que, segons ell, “inciten a actes vandàlics”.

Més llenya al foc ha tirat el conseller d'Hisenda i anterior titular d'Educació, José Antonio Rovira. “Cal donar-los 600 euros perquè vulguen?”, ha afirmat Rovira, que sosté que amb la proposta de pujada de 200 euros de la Generalitat els docents valencians quedarien entre els “millor pagats d'Espanya”.

Mentre Pérez Llorca i Rovira endureixen el seu discurs contra els docents, el col·lectiu comença a assenyalar també la Presidència de la Generalitat davant la falta d'acord amb la Conselleria d'Educació. Aquest dilluns, dues grans concentracions han entelat els dos actes del president: un al matí a la Ciutat de la Llum d'Alacant, sobre cinema, i un altre a la vesprada al Palau de la Música de València, durant el lliurament dels premis de la Generalitat a l'excel·lència acadèmica. En l'acte vespertí, el cap del Consell va haver d'accedir en cotxe oficial per l'aparcament de l'edifici públic i no per la porta principal, com és habitual, on l'esperaven centenars de manifestants reclamant millores en educació.

L'acte va començar passades les 18.30, però més d'una hora abans ja hi havia centenars de persones corejant els ja habituals lemes de “consellera, dimissió”, “vergonya” o “Pérez Llorca, on estàs?”. Les protestes van estar acompanyades per una banda de música que va amenitzar la vesprada. Els concentrats també van tindre temps per recordar la dona ferida aquest diumenge per un agent de la Policia Nacional que, segons denuncien els convocants, la va agredir per l'esquena mentre es manifestava en un carrer pròxim a la Conselleria d'Educació.

Els sindicats majoritaris (STEPV, CCOO i UGT) mantenen la vaga indefinida i han convocat una manifestació per a aquest dimarts a les 11.00 hores pel centre de València. La marxa conclourà a la plaça de la Mare de Déu, al costat del Palau de la Generalitat, on té el despatx el president.

Aquest dilluns, la Conselleria d'Educació va traslladar als sindicats majoritaris les seues noves propostes per a continuar negociant. De la documentació aportada, únicament les propostes sobre ràtios i plantilles incorporen millores. En qüestions com la burocràcia, les infraestructures, la inclusió educativa, el valencià, la Formació Professional i les condicions laborals, el departament que dirigeix María Carmen Ortí manté l'oferta presentada el 29 de maig, sobre la qual no es va assolir cap acord amb els sindicats.

“L'atomització o el retard intencionat de les negociacions per part de l'Administració ha quedat confirmat aquest dilluns, quan alguns representants de la unitat sindical han pogut comprovar el funcionament de les meses de treball plantejades per la Conselleria. Tot i que els sindicats havien de disposar prèviament de la documentació a tractar, l'han rebuda concretament 44 minuts abans de l'inici de la mesa. A més, els canvis són poc significatius i no tenen prou calat per a considerar-los rellevants. Així mateix, una mesa en què ni el secretari autonòmic ni la consellera participen difícilment pot introduir canvis importants, ja que els directors generals no disposen de competències per a acceptar modificacions que impliquen una partida econòmica superior”, han denunciat els tres sindicats.

El president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha endurecido este lunes el tono de su discurso contra los docentes en huelga cuando el conflicto entra en su cuarta semana sin que la Generalitat haya logrado plantear un plan lo suficientemente ambicioso como para convencer a miles de trabajadores públicos de volver a las aulas y dejar de perder miles de euros con los paros. El jefe del Consell ha situado las Pruebas de Acceso a la Universidad (PAU) como una “línea roja” en la negociación con los sindicatos docentes. Ha advertido de que el Consell no aceptará “ningún tipo de negociación” si se producen acciones de presión que afecten al normal desarrollo de las pruebas de acceso a la universidad, una situación difícil de que se produzca después de que se hayan decretado unos servicios mínimos del 100% y se hayan constituido todos los tribunales pese a la dimisión de unos 200 correctores.

Además, el president ha acusado a parte de los sindicatos de generar “tensión” en el conflicto y ha defendido que el derecho a la protesta “no puede traducirse en perjuicios para los estudiantes”. Pérez Llorca ha cargado contra los docentes huelguistas por supuestas “coacciones” a compañeros. En concreto, ha aludido a denuncias de la Conselleria de Educación sobre presiones a profesores que no quieren secundar la huelga y a grupos de WhatsApp en los que se habría difundido información personal de la consellera de Educación, Carmen Ortí, cuyo departamento ha habilitado un buzón de denuncias. El president ha afirmado que ningún profesor “se identifica” con quienes “filtran el domicilio de la consellera y de su familia” o con quienes presionan a otros docentes. El jefe del Consell también ha hablado de grupos en redes sociales que, según él, “alientan actos vandálicos”.

Más leña al fuego ha echado el conseller de Hacienda y anterior titular de Educación, José Antonio Rovira. “¿Hay que darles 600 euros porque quieran?”, ha afirmado Rovira, que sostiene que con la propuesta de subida de 200 euros de la Generalitat los docentes valencianos quedarían entre los “mejor pagados de España”.

Mientras Pérez Llorca y Rovira endurecen su discurso contra los docentes, el colectivo empieza a señalar también a la Presidencia de la Generalitat ante la falta de acuerdo con la Conselleria de Educación. Este lunes, dos grandes concentraciones han empañado sendos actos del president: uno por la mañana en la Ciudad de la Luz de Alicante, sobre cine, y otro por la tarde en el Palau de la Música de València, durante la entrega de los premios de la Generalitat a la excelencia académica. En el acto vespertino, el jefe del Consell tuvo que acceder en coche oficial por el aparcamiento del edificio público y no por la puerta principal, como es habitual, donde le esperaban cientos de manifestantes reclamando mejoras en educación.

El acto comenzó pasadas las 18.30, pero más de una hora antes ya había cientos de personas coreando los ya habituales lemas de “consellera dimisión”, “vergüenza” o “Pérez Llorca, ¿dónde estás?”. Las protestas estuvieron acompañadas por una banda de música que amenizó la tarde. Los concentrados también tuvieron tiempo para recordar a la mujer herida este domingo por un agente de la Policía Nacional que, según denuncian los convocantes, la agredió por la espalda mientras se manifestaba en una calle cercana a la Conselleria de Educación.

Los sindicatos mayoritarios (STEPV, CCOO y UGT) mantienen la huelga indefinida y han convocado una manifestación para este martes a las 11.00 horas por el centro de València. La marcha concluirá en la plaza de la Mare de Déu, junto al Palau de la Generalitat, donde tiene su despacho el president.

Este lunes, la Conselleria de Educación trasladó a los sindicatos mayoritarios sus nuevas propuestas para continuar negociando. De la documentación aportada, únicamente las propuestas sobre ratios y plantillas incorporan mejoras. En cuestiones como burocracia, infraestructuras, inclusión educativa, valenciano, Formación Profesional y condiciones laborales, el departamento que dirige María Carmen Ortí mantiene la oferta presentada el 29 de mayo, sobre la que no se alcanzó ningún acuerdo con los sindicatos.

“La atomización o retraso intencionado de las negociaciones por parte de la administración ha quedado confirmada este lunes, cuando algunos representantes de la unidad sindical han podido comprobar el funcionamiento de las mesas de trabajo planteadas por la Conselleria. A pesar de que los sindicatos debían disponer previamente de la documentación a tratar, la han recibido concretamente 44 minutos antes del inicio de la mesa. Además, los cambios son poco significativos y carecen de suficiente calado como para considerarlos relevantes. Asimismo, una mesa en la que ni el secretario autonómico ni la consellera participan difícilmente puede introducir cambios importantes, puesto que los directores generales carecen de competencias para aceptar modificaciones que impliquen una partida económica superior”, han denunciado los tres sindicatos.

La Universitat de València (UV) y la Universitat Jaume I de Castellón (UJI) han mostrado este lunes su apoyo a la docente agredida por un policía cuando se manifestaba ante la Conselleria de Educación y han reclamado que se avance en la negociación para acabar con la huelga indefinida del profesorado.

Ambas universidades han reiterado en sendos comunicados su preocupación por la prolongación de un conflicto que entra en la cuarta semana de huelga pero continúa sin una respuesta que permita avanzar hacia “una solución satisfactoria”, y han pedido que las reivindicaciones del profesorado deben traten “con responsabilidad, capacidad de diálogo y voluntad real de acuerdo”.

Asimismo, han manifestado su preocupación por la agresión policial a una docente y ha indicado que espera que se aclaren “estos hechos inaceptables con la máxima transparencia” y que se asuman las responsabilidades correspondientes, así como que adopten las medidas necesarias para evitar que vuelva a ocurrir.

La Universitat de València “condena” la agresión ayer a la docente y defiende que el derecho de manifestación “constituye un derecho fundamental que tiene que poder ejercerse con todas las garantías y con plena seguridad para las personas que lo hacen efectivo”.

La UV y la UJI hacen asimismo un nuevo llamamiento para que las negociaciones avancen con la máxima celeridad y con una voluntad efectiva de alcanzar acuerdos que den respuesta a las reivindicaciones planteadas por la comunidad educativa y contribuyan a reforzar la educación pública valenciana.

El grupo parlamentario Sumar presiona al Ministerio de Interior por la actuación policial de este domingo en València durante las concentraciones del profesorado. El grupo ha preguntado en el Congreso por la agresión policial a una profesora que se manifestaba, concentrada con compañeros del gremio y sindicatos, y apunta a “sesgos” en las actuaciones que se dan en las manifestaciones. La Delegación del Gobierno ya ha avanzado que el agente ha sido expedientado y la mujer ha presentado una denuncia

Cuatro diputados del grupo parlamentario plurinacional suscriben una batería de preguntas remitidas al ministerio que dirige Fernando Grande-Marlaska y que enmarcan la agresión en una conducta reiterada del Cuerpo. Los parlamentarios, que ya interrogaron a Interior por cuestiones similares, preguntan que teniendo en cuenta que la Policía tiene formación para actuar en manifestaciones “¿Cuál es el motivo, según el Ministerio del Interior, para que tengamos que ver frecuentemente ese tipo de brutales imágenes? ”.

Los parlamentarios también preguntan si se han abierto ya expedientes al agente, algo que ya ha confirmado Delegación este lunes. Asimismo, plantean “qué medidas va a tomar el Ministerio del Interior para que no se repitan este tipo de agresiones” y “¿Cómo pretende el Ministerio del Interior combatir los sesgos de sus agentes contra manifestaciones progresistas y que tratan favorablemente las de Extrema Derecha?”, según el texto registrado este lunes en el Congreso.

Por su parte, el ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, ha calificado la escena como “intolerable e injustificada” y ha apuntado que “espera” que “tenga consecuencias”. Estas cuestiones, considera el ministro de Sumar, “no son de izquierdas o de derechas, son del interés general”

Rufián: “Hay varas de medir diferentes”

Por su parte, ERC ha registrado ante la Mesa del Congreso otra batería de preguntas dirigidas al ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, para pedir explicaciones por la misma actuación policial contra una manifestante “sin que opusiera ni pudiera oponer resistencia”.

Su portavoz, Gabriel Rufián, ha denunciado que los hechos son especialmente graves porque “afectan el ejercicio de un derecho fundamental como es el derecho de reunión y manifestación” y porque “se producen en un contexto de protesta social y sindical”, además de señalar “varas de medir diferentes” en el trato a manifestantes en función del signo político.

“Tú no vas a investigar nada. Lo harán los órganos competentes, que decidirán algo que tú ya das por sentado, que es la culpabilidad de alguien. Luego pedimos respeto a la presunción de inocencia en otros ámbitos…”, así ha reaccionado la Confederación Española de Policía al anuncio realizado este domingo por la delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Pilar Bernabé, tras difundirse un vídeo de un agente golpeando por la espalda a una mujer que participa en una protesta de profesores en València. Bernabé ha calificado de “inaceptables” los hechos y ha anunciado se van a “depurar responsabilidades”.

“Usted no va a investigar nada, en todo caso será un juez quien debe depurar responsabilidades…. Todo nuestro apoyo al compañero y a su actuación. Si sales a cortar calles, te expones a que te retiren de ellas”, ha comentado también en redes sociales la Unión Federal de Policía.

En el vídeo se ve a la mujer de espaldas caminando por la calzada y como un agente de la Policía Nacional, que lleva cubierta la cabeza con un casco, corre hacia ella y la empuja fuertemente con la porra provocando su caída en el suelo.

“Proteger el derecho a manifestarse con seguridad está por encima de cualquier circunstancia”, afirma por su parte Bernabé, al tiempo que señala que “este es un hecho totalmente incomprensible que empaña el trabajo de la Policía en estas tres semanas de manifestaciones, en coordinación con los sindicatos convocantes”.

Nuevo encontronazo entre la Conselleria de Educación y los docentes valencianos. Este lunes el departamento que dirige María Carmen Ortí ha decidido cerrar el acceso al parking y a los jardines de la sede central de la Avenida de Campanar, donde los últimos días se concentraron cientos de profesoras y maestros para apoyoar las negociaciones de los sindicatos. La medida obliga a estos manifestantes a tener que permanecer en la calle y, casi con total seguridad, a tener que cortar parte de la calle, con el correspondiente conflicto generado con los vehículos, los transeúntes y la policía.

Fuentes de la Conselleria de Educación han explicado que la petición para concentrarse en el parking y los jardines de la conselleria “llegó este domingo” y que el cierre de la entrada se ha realizado para el “correcto funcionamiento” de las dependencias administrativas. “Los representantes de los sindicatos podrán entrar sin ningún problema”, han añadido. Cabe recordar que los dos semanas anteriores, cientos de docentes se concentraron dentro de las dependencias de la conselleria, lo que permitió que su protesta no afectara al tráfico de las calles adyacentes, aunque la policía local cortó los accesos.

La medida del departamento que dirige María Carmen Ortí ha indignado a los docentes, que han protestado por una medida que consideran desproporcionada y que los sitúa como “enemigos” de una conselleria de la que son trabajadores. Marc Candela, portavoz de STEPV, ha criticado el cierre de puertas: “Vamos a pedir que nos dejen entrar y vamos a negociar, que parece que tengan miedo a los docentes”.

La concentración en la Conselleria de Educación ha sido comunicada a la Delegación del Gobierno.

Com s'ha pogut arribar a aquesta situació? Dos setmanes de vaga sense perspectives d'acabar, centenars de concentracions davant les escoles i edificis de l'administració, manifestacions multitudinàries, pèrdua de milers d'euros per part dels docents que exerceixen el seu dret a la vaga, més d'un centenar de centres educatius amb els seus equips directius dimitits, dos mil col·legis i instituts sense funcionament durant dues setmanes i una comunitat educativa exhausta, decebuda i frustrada amb una administració que consideren que no els respecta ni els valora.

L'estratègia d'ultimàtums i mà dura del Govern valencià no només no ha acabat amb una vaga que està tenint un important impacte, sinó que ha molestat encara més les professores i mestres que dissabte van reventar València en una altra manifestació històrica per l'educació pública. La setmana passada, el president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca acusava a les Corts Valencianes els docents de deixar “els xiquets als patis mentre els professors estan a les aules sense voler atendre'ls”. La seua consellera d'Educació, Maria Carmen Ortí, en un micròfon obert per error assegurava sense proves que els professors en vaga “maltracten” els que no la secundaven, mentre que el PP insinuava que la comunitat docent abusa de les baixes laborals amb dades totalment esbiaixades.

Tres actituds poc conciliadores que evidencien fins a quin punt el Consell va calcular malament la dimensió del conflicte i va acabar convertint una negociació laboral complexa en una crisi política de gran magnitud. Perquè l'estratègia del Govern valencià durant aquestes dues setmanes ha pivotat sobre una idea que, per ara, no s'ha complit: que el desgast econòmic d'una vaga indefinida, el cansament i la pressió social acabarien fracturant el professorat i forçant els sindicats a acceptar una eixida de mínims.

Ha ocorregut el contrari. El rebuig de més de 40.000 docents a la “última oferta” de la Conselleria d'Educació no només va mantindre viu el conflicte, sinó que va reforçar la posició dels docents. La dada, especialment incòmoda per a l'Executiu de Juanfran Pérez Llorca, va desmuntar un dels principals arguments del PP valencià: que la protesta estava sobredimensionada pels sindicats i no responia al sentir majoritari de les aules. La votació va demostrar just el contrari. Fins i tot organitzacions poc sospitoses de posicions maximalistes com ANPE o CSIF han mantingut el suport a la vaga i a les reivindicacions inicials.

El problema per al Consell és que, onze dies després, la protesta ja no gira únicament al voltant de salaris, ràtios o millores laborals. La sensació d'agravi s'ha instal·lat en bona part dels centres educatius després d'una successió de declaracions públiques que el professorat ha viscut com a atacs directes.

La magnitud de la contestació també ha sorprès un Govern que fa sis mesos que va pendre possessió i que pensava que la dimissió de Carlos Mazón per la seva gestió de la dana baixaria la temperatura als carrers. Les mobilitzacions de la setmana passada, amb milers de persones als carrers de València i protestes pràcticament diàries davant de centres educatius i seus de l'administració, evidencien una capacitat organitzativa inusual i molta indignació. A això s'hi suma un altre element especialment sensible per a l'Executiu: la dimissió d'equips directius en més d'un centenar de col·legis i instituts.

Mentrestant, el Consell ha començat a llançar missatges contradictoris. Per una banda, Pérez Llorca ha insistit públicament que “sempre hi haurà negociació” i ha evitat tancar del tot la porta a un acord. Però, al mateix temps, la Conselleria d'Hisenda es manté com a principal fre a qualsevol millora substancial de la proposta econòmica. Diverses fonts coneixedores de les converses apunten que Educació ha intentat explorar algun marge addicional, però s'ha trobat amb un bloqueig pressupostari intern que dificulta oferir alguna cosa prou atractiva com per desactivar el conflicte.

Esa contradicció explica part de l'atzucac actual. La consellera Ortí va demanar divendres als sindicats una nova proposta, però les organitzacions convocants sostenen que les seves demandes són exactament les mateixes des del primer dia: homologació salarial progressiva amb altres autonomies, reducció de ràtios, millores organitzatives i retirada de determinades mesures impulsades unilateralment pel departament educatiu. “No som nosaltres qui hem canviat les condicions”, repeteixen fonts sindicals, que consideren que l'Executiu intenta reiniciar la negociació sense moure substancialment la seva posició.

La situació deixa l'Executiu valencià atrapat en una posició incòmoda. Cedir ara en matèria salarial o de ràtios podria interpretar-se com una rectificació després de setmanes de confrontació i desgast polític. I encara en cas d'arribar a un acord, el nivell d'indignació del cos docent, uns 76.000 empleats públics, és tan gran que li podrien passar factura en les eleccions de l'any que ve. Però mantindre l'estratègia de fermesa també té costos creixents: una vaga prolongada, un deteriorament evident del clima educatiu i un relat que comença a assentar-se entre part de l'opinió pública segons el qual el Consell ha perdut el control del conflicte.

Amb l'onzè dia de vaga en marxa, el problema ja no és únicament educatiu. És una crisi política sobre l'autoritat, la negociació i la capacitat de gestió d'un Govern que va apostar per l'ultimàtum i la mà dura i es troba ara negociant des d'una posició de debilitat. El dany a l'educació pública ja està fet.

¿Cómo se ha podido llegar a esta situación? Dos semanas de huelga sin visos de acabar, cientos de concentraciones frente a los colegios y edificios de la administración, manifestaciones multitudinarias, pérdida de miles de euros por parte de los docentes que ejercen su derecho a la huelga, más de un centenar de centros educativos con sus equipos directivos dimitidos, dos mil colegios e institutos sin funcionamiento durante dos semanas y una comunidad educativa exhausta, decepcionada y frustrada con una administración que consideran no les respeta ni les pone en valor.

La estrategia de ultimátums y mano dura del Gobierno valenciano no solo no ha acabado con una huelga que está teniendo un importante impacto, sino que ha cabreado aún más a las profesoras y maestros que el sábado reventaron València en otra manifestación histórica por la educación pública. La pasada semana, el presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, acusaba en las Corts Valencianes a los docentes de dejar “a los niños en los patios mientras los profesores están en las aulas sin querer atenderles”. Su consellera de Educación, María Carmen Ortí, en un micro abierto por error aseguraba sin pruebas que los profesores huelguistas “maltratan” a los que no secundaban la huelga, mientras que el PP insinuaba que la comunidad docente abusa de las bajas laborales con datos totalmente sesgados.

Tres actitudes poco conciliadoras que evidencian hasta qué punto el Consell calculó mal la dimensión del conflicto y acabó convirtiendo una negociación laboral compleja en una crisis política de gran magnitud. Porque la estrategia del Gobierno valenciano durante estas dos semanas ha pivotado sobre una idea que, por ahora, no se ha cumplido: que el desgaste económico de una huelga indefinida, el cansancio y la presión social acabarían fracturando al profesorado y forzando a los sindicatos a aceptar una salida de mínimos.

Ha ocurrido lo contrario. El rechazo de más de 40.000 docentes a la “última oferta” de la Conselleria de Educación no solo mantuvo vivo el conflicto, sino que reforzó la posición de los docentes. El dato, especialmente incómodo para el Ejecutivo de Juanfran Pérez Llorca, desmontó uno de los principales argumentos del PP valenciano: que la protesta estaba sobredimensionada por los sindicatos y no respondía al sentir mayoritario de las aulas. La votación demostró justo lo contrario. Incluso organizaciones poco sospechosas de posiciones maximalistas como ANPE o CSIF han mantenido el apoyo a la huelga y a las reivindicaciones iniciales.

El problema para el Consell es que, once días después, la protesta ya no gira únicamente alrededor de salarios, ratios o mejoras laborales. La sensación de agravio se ha instalado en buena parte de los centros educativos tras una sucesión de declaraciones públicas que el profesorado ha vivido como ataques directos.

La magnitud de la contestación también ha sorprendido a un Gobierno que lleva seis meses y que pensaba que la dimisión de Carlos Mazón por su gestión de la dana iba a bajar la temperatura en las calles. Las movilizaciones de la pasada semana, con miles de personas en las calles de València y protestas prácticamente diarias frente a centros educativos y sedes de la administración, evidencian una capacidad organizativa inusual y mucho cabreo. A ello se suma otro elemento especialmente sensible para el Ejecutivo: la dimisión de equipos directivos en más de un centenar de colegios e institutos.

Mientras tanto, el Consell ha empezado a lanzar mensajes contradictorios. Por un lado, Pérez Llorca ha insistido públicamente en que “siempre habrá negociación” y ha evitado cerrar del todo la puerta a un acuerdo. Pero, al mismo tiempo, la Conselleria de Hacienda se mantiene como principal freno a cualquier mejora sustancial de la propuesta económica. Diversas fuentes conocedoras de las conversaciones apuntan a que Educación ha intentado explorar algún margen adicional, pero se ha encontrado con un bloqueo presupuestario interno que dificulta ofrecer algo suficientemente atractivo como para desactivar el conflicto.

Esa contradicción explica parte del atasco actual. La consellera Ortí pidió el viernes a los sindicatos una nueva propuesta, pero las organizaciones convocantes sostienen que sus demandas son exactamente las mismas desde el primer día: homologación salarial progresiva con otras autonomías, reducción de ratios, mejoras organizativas y retirada de determinadas medidas impulsadas unilateralmente por el departamento educativo. “No somos nosotros quienes hemos cambiado las condiciones”, repiten fuentes sindicales, que consideran que el Ejecutivo intenta reiniciar la negociación sin mover sustancialmente su posición.

La situación deja al Ejecutivo valenciano atrapado en una posición incómoda. Ceder ahora en materia salarial o de ratios podría interpretarse como una rectificación tras semanas de confrontación y desgaste político. Y aun en caso de alcanzar un acuerdo, el nivel de indignación del cuerpo docente, unos 76.000 empleados públicos, es tan grande que le podrían pasar factura en las elecciones del año que viene. Pero mantener la estrategia de firmeza también tiene costes crecientes: una huelga prolongada, un deterioro evidente del clima educativo y un relato que empieza a asentarse entre parte de la opinión pública según el cual el Consell ha perdido el control del conflicto.

Con el undécimo día de huelga en marcha, el problema ya no es únicamente educativo. Es una crisis política sobre la autoridad, la negociación y la capacidad de gestión de un Gobierno que apostó por el ultimátum y la mano dura y se encuentra ahora negociando desde una posición de debilidad. El daño a la educación pública ya está hecho.

El profesorado de la enseñanza pública no universitaria de la Comunitat Valenciana finaliza este viernes su segunda semana de huelga indefinida con una manifestación en València y concentraciones en Alicante y Castellón desde la Conselleria de Hacienda, que han comenzado este mediodía. Varias de las columnas han pasado justo enfrente del Palau de la Generalitat donde los docentes han pedido al presidente Pérez Llorca que se implique en la negociación, ante la falta de acuerdo con la Conselleria de Educación.

Al inicio de la manifestación en València, centenares de docentes, familias y alumnos han protagonizado una pitada a las puertas de la Conselleria de Hacienda, al grito de “consellera dimisión”, al tiempo que alzaban pancartas con lemas como “La nostra paciència s'ha acabat” y “El valencià és oficial, no opcional”.

Tampoco han faltado los paraguas, los abanicos y las gorras para protegerse del sol.

Los docentes continúan con las movilizaciones en su décima jornada de huelga tras la última mesa de negociación celebrada entre la Conselleria de Educación y los sindicatos el pasado miércoles, donde la titular de Educación, Carmen Ortí, y su equipo se levantaron a los diez minutos de iniciada por la negativa de los sindicatos a firmar el acuerdo.

Desde este jueves, más de 260 directores y otros cargos directivos de centros públicos han dimitido en apoyo a la huelga indefinida de docentes.

Esta mañana de viernes dos columnas de manifestantes provenientes de diferentes pueblos de la comarca de l’Horta Nord han confluido sobre las 11:20 horas en las Torres de Serranos de València y han recorrido juntos las calles del centro hasta llegar a la Conselleria de Hacienda, donde la marcha ha comenzado a las 12 horas.

Los manifestantes han ido acompañados de una banda de música nacida de forma “exprés” para la ocasión, con docentes y alumnos de la comarca, con el objetivo de simbolizar la unión de la comunidad educativa y reflejar el “profundo malestar y la gran capacidad de movilización del sector”.

La protesta terminará en la Plaza de la Virgen, frente al Palau de la Generalitat, y será la antesala a la “gran manifestación” convocada por los sindicatos para este sábado a las 18 horas, con salida en la plaza de San Agustín y llegada al Ayuntamiento de València.

Con diez días de huelga y sin visos de solución, los docentes ya apuntan a Pérez Llorca.

Polsós, amb estris abandonats, cadires amuntegades i pintades com ara “amor de mare”, la sala d’actes de l’IES Cid Campeador de València està més de dues dècades en ruïnes “sense que ni l’Ajuntament de València ni la Conselleria d’Educació se’n facen responsables”, segons denuncien fonts dels docents del centre, en plena vaga indefinida.

El centre, inaugurat el 1969 en el barri de l’Olivereta, tenia una sala d’actes amb capacitat per a 350 persones que acollia nombroses activitats, tant educatives com veïnals, com ara claustres, graduacions, obres de teatre, concerts, cinefòrums o assemblees. No obstant això, el 2005, durant unes obres de renovació del centre, els operaris van destruir les instal·lacions per a una remodelació que arrossega fins hui dia, segons relaten els docents en vaga, que vinculen la situació “insostenible” amb les irregularitats en l’empresa pública Ciegsa i la “falta de voluntat política” per a rehabilitar-ho.

“El nostre claustre exemplifica la situació d’abandó en la inversió d’infraestructures que patim molts centres de l’educació pública, una de les raons per les quals ens hem decidit a emprendre una vaga indefinida”, afirma un dels professors de l’IES Cid Campeador.

El mateix docent lamenta que els governs autonòmics i municipals successius “han fet moltes promeses i han mantingut silenci, però l’actitud dels governants actuals és encara més indignant”. El vaguista sosté que l’Ajuntament de València, governat per la popular María José Catalá, va arribar a anunciar que les graduacions per fi se celebrarien en la sala d’actes ja rehabilitada. “Això sembla improbable, ja que s’han de celebrar divendres”, diu el docent.

El consistori, segons va informar Levante-EMV, assegurà recentment la represa de les obres després de la imminent tramitació de la llicència d’obres.

“La nostra sala d’actes és un espai imprescindible per a tornar a donar cabuda a totes les activitats culturals que hem de situar en espais exteriors o fins i tot en equipaments d’altres barris”, afirma.

En plena vaga indefinida, les reivindicacions dels professors de l’IES Cid Campeador inclouen la “dignificació d’aquest espai tan necessari”. “De moment, la resposta de la Conselleria a totes aquestes reivindicacions és totalment insuficient”, conclou el docent.

El secretari autonòmic d’Educació, Daniel McEvoy, ha estat juntament amb la consellera Carmen Ortí al capdavant de la negociació amb els docents en vaga. McEvoy (Ponferrada, 1967) prové de l’equip anterior de la Conselleria d’Educació pilotat per José Antonio Rovira en el primer executiu de Carlos Mazón i ja va afrontar diversos incendis en el departament, el primer poc després d’incorporar-hi amb una crisi per les places docents. No obstant això, la vaga educativa, que divendres fa la desena jornada de lluita sindical, amb mobilitzacions massives als carrers i un seguiment que, ni en els seus pitjors somnis, s’esperava el Consell de Juan Francisco Pérez Llorca, que afronta la crisi política més gran en la seua curta trajectòria com a president.

McEvoy, amb una retribució íntegra de 89.153 euros (incloent-hi sous, complements, triennis i indemnització per residència) que multiplica per tres la dels vaguistes, es va criar políticament en el PP d’Elx, es va apuntar a Ciutadans breument i, després de veure les seues expectatives avortades pel partit taronja, va recalar de nou amb els populars, en l’entorn de Carlos Mazón a Alacant.

L’alt càrrec, nascut a la província de Lleó de pare anglés, va aterrar a set anys a Elx, segons la biografia que consta en una mena d’enciclopèdia digital de la memòria il·licitana. Llicenciat el 1990 en Filologia Anglesa per la Universitat d’Alacant, McEvoy ha exercit com a docent i inspector educatiu, un gremi aquest últim que comparteix amb la consellera Ortí.

De fet, el primer conseller d’Educació de l’etapa Mazón, el també alacantí José Antonio Rovira, va pescar gran part dels seus alts càrrecs de la inspecció educativa. El departament autonòmic, en contrast amb la resistència davant les demandes dels docents en vaga, va apujar el sou un 8% als inspectors educatius.

Daniel McEvoy, a més, presenta un patrimoni sanejat, si es té en compte la declaració de béns que consta en el portal de transparència autonòmic GVA Oberta. Té un habitatge amb un valor cadastral (molt per davall del preu de mercat) de 43.103 euros i tres places de garatge (d’una de les quals és propietari a mitges) per un import total de 16.221 euros.

A més d’assegurances de vida o plans de pensions per un valor declarat de 4.187 euros, l’alt càrrec també posseeix entre depòsits i fons d’inversió un total de 191.311 euros. La declaració de béns inclou, així mateix, un vehicle valorat en 52.000 euros.

Les inflades xifres de retribució per la seua condició d’alt càrrec, així com la pujada de sou al seu propi gremi, contrasten amb la postura a la baixa de la consellera i el seu equip a l’hora de negociar amb els sindicats en plena vaga en l’educació pública.

L’etapa de regidor d’Educació a Elx

I això que la biografia de McEvoy presumeix de la seua capacitat negociadora i de la pau social regnant en el sector de l’educació durant la seua etapa com a regidor del PP a Elx durant el mandat de l’alcaldessa Mercedes Alonso, entre el 2011 i el 2015. “L’època de McEvoy al capdavant de la regidoria es va caracteritzar per la cerca del consens i del diàleg entre tots els membres de la comunitat educativa”, assegura la biografia.

Després d’aquell mandat, Daniel McEvoy es va incorporar a Ciutadans, partit en què va recalar menys d’un any i mig. Una font que el coneix de prop assegura que “el que volia en Ciutadans era ser ell el cap de llista”, una opció descartada pels dirigents del partit taronja.

La mateixa font, que el considera algú “vàlid” i “format”, sosté que va tornar al PP mitjançant contactes amb l’entorn de Carlos Mazón, en una estratègia de fitxatges de les restes de Ciutadans capitanejada per Emilio Argüeso, l’ex-secretari autonòmic d’Emergències investigat actualment en la causa de la dana que instrueix la jutgessa Nuria Ruiz Tobarra.

Una vegada que Mazón va formar el seu primer Govern, en aliança amb Vox, Daniel McEvoy va ser nomenat secretari autonòmic d’Educació, amb Rovira de conseller: “El que volia és un càrrec com el que li ha caigut, aspira a aquestes coses, no vol ser algú del muntó”.

Polvoriento, con enseres abandonados, sillas amontonadas y pintadas como “amor de madre”, el salón de actos del IES Cid Campeador de València cumple más de dos décadas en ruinas “sin que ni el Ayuntamiento de València ni la Conselleria de Educación se hagan responsables”, según denuncian fuentes de los docentes del centro, en plena huelga indefinida.

El centro, inaugurado en 1969 en el barrio de l'Olivereta, contaba con un salón de actos con capacidad para 350 personas que albergaba numerosas actividades, tanto educativas como vecinales, tales como claustros, graduaciones, obras de teatro, conciertos, cinefórum o asambleas. Sin embargo, en 2005, durante unas obras de renovación del centro los operarios destruyeron las instalaciones para una remodelación que arrastra hasta hoy en día, según relatan los docentes en huelga, que vinculan la situación “insostenible” con las irregularidades en la empresa pública Ciegsa y la “falta de voluntad política” para rehabilitarlo.

“Nuestro claustro ejemplifica la situación de abandono en la inversión den infraestructuras que sufrimos muchos centros de la educación pública, una de las razones por las que nos hemos decidido a emprender una huelga indefinida”, afirma uno de los profesores del IES Cid Campeador.

El mismo docente lamenta que los sucesivos gobiernos autonómicos y municipales “han hecho muchas promesas y guardado silencio, pero la actitud de los gobernantes actuales es aún más indignante”. El huelguista sostiene que el Ayuntamiento de València anunció que las graduaciones por fin se celebrarían en el salón de actos ya rehabilitado. “Esto parece improbable, ya que se deben celebrar este viernes”, dice el docente.

El consistorio, según informó Levante-EMV, aseguró recientemente la reanudación de las obras tras la inminente tramitación de la licencia de obras.

“Nuestro salón de actos es un espacio imprescindible para volver a dar cabida a todas las actividades culturales que debemos ubicar en espacios exteriores o incluso en equipamientos de otros barrios”, afirma.

En plena huelga indefinida, las reivindicaciones de los profesores del IES Cid Campeador incluyen la “dignificación de este espacio tan necesario”. “De momento, la respuesta de la conselleria a todas estas reivindicaciones resulta totalmente insuficiente”, concluye el docente.

El secretario autonómico de Educación, Daniel McEvoy, ha estado junto con la consellera Carmen Ortí al frente de la negociación con los docentes en huelga. McEvoy (Ponferrada, 1967) proviene del equipo anterior de la Conselleria de Educación pilotado por José Antonio Rovira en el primer Ejecutivo de Carlos Mazón y ya afrontó varios incendios en el departamento, el primero al poco de incorporarse con una crisis por las plazas docentes. Sin embargo, la huelga educativa, que este viernes cumple su décima jornada de lucha sindical, con movilizaciones masivas en las calles y un seguimiento que, ni en sus peores sueños, se esperaba el Consell de Juan Francisco Pérez Llorca, que afronta su mayor crisis política en su corta trayectoria como president.

McEvoy, con una retribución íntegra de 89.153 euros (incluyendo sueldos, complementos, trienios e indemnización por residencia) que multiplica por tres la de los huelguistas, se crió políticamente en el PP de Elche, se apuntó a Ciudadanos brevemente y, tras ver sus expectativas abortadas por el partido naranja, recaló de nuevo con los populares, en el entorno de Carlos Mazón en Alicante.

El alto cargo, nacido en la provincia de León de padre anglosajón, aterrizó a los siete años en Elche, según la biografía que consta en una suerte de enciclopedia digital de la memoria ilicitana. Licenciado en 1990 en Filología Inglesa por la Universidad de Alicante, McEvoy ha ejercido como docente e inspector educativo, un gremio éste último que comparte con la consellera Ortí.

De hecho, el primer conseller de Educación de la etapa Mazón, el también alicantino José Antonio Rovira, pescó a gran parte de sus altos cargos de la inspección educativa. El departamento autonómico, en contraste con la resistencia ante las demandas de los docentes en huelga, subió el sueldo un 8% a los inspectores educativos.

Daniel McEvoy, además, presenta un patrimonio saneado, a tenor de la declaración de bienes que consta en el portal de transparencia autonómico 'GVA Oberta'. Cuenta con una vivienda con un valor catastral (muy por debajo del precio de mercado) de 43.103 euros y tres plazas de garaje (una de las cuales es propietario a medias) por un importe total de 16.221 euros.

Además de seguros de vida o planes de pensiones por un valor declarado de 4.187 euros, el alto cargo también posee entre depósitos y fondos de inversión un total de 191.311 euros. La declaración de bienes incluye, asimismo, un vehículo valorado en 52.000 euros.

Las abultadas cifras de retribución por su condición de alto cargo, así como la subida de sueldo a su propio gremio, contrastan con la postura a la baja de la consellera y su equipo a la hora de negociar con los sindicatos en plena huelga en la educación pública.

La etapa de concejal de Educación en Elche

Y eso que la biografía de McEvoy presume de su capacidad negociadora y de la paz social reinante en el sector de la educación durante su etapa como concejal del PP en Elche durante el mandato de la alcaldesa Mercedes Alonso, entre 2011 y 2015. “La época de McEvoy al frente de la concejalía se caracterizó por la búsqueda del consenso y del diálogo entre todos los miembros de la comunidad educativa”, asegura la biografía.

Tras aquel mandato, Daniel McEvoy se incorporó a Ciudadanos, partido en el que recaló menos de año y medio. Una fuente que lo conoce de cerca asegura que “lo que quería en Ciudadanos era ser él el cabeza de lista”, una opción descartada por la dirigencia del partido naranja.

La misma fuente, que lo considera alguien “válido” y “formado”, sostiene que volvió al PP mediante contactos con el entorno de Carlos Mazón, en una estrategia de fichajes de los restos de Ciudadanos capitaneada por Emilio Argüeso, el exsecretario autonómico de Emergencias investigado actualmente en la causa de la dana que instruye la jueza Nuria Ruiz Tobarra.

Una vez que Mazón formó su primer Gobierno, en alianza con Vox, Daniel McEvoy fue nombrado secretario autonómico de Educación, con Rovira de conseller: “Lo que quería es un cargo como el que le ha caído, aspira a estas cosas, no quiere ser alguien del montón”.

Los micros de las Corts Valencianes han jugado una mala pasada a la consellera de Educación, Carmen Ortí, y al portavoz del Consell y conseller de Agricultura, Miguel Barrachina, durante la sesión de control que se ha desarrollado este jueves y que viene marcada por la huelga general indefinida del profesorado.

En un momento del debate, un grupo de profesores ha accedido a la zona de invitados del hemiciclo al grito de “consellera dimisión” y han lanzado billetes de 200 euros con la imagen de Pérez Llorca y de Ortí. Acto seguido han mostrado los chalecos amarillos que usan para las protestas. Uno de los manifestantes la ha lanzado a los diputados del PP mientras eran desalojados.

Justamente en ese momento han quedado abiertos los micros de Ortí y de Barrachina y se ha podido escuchar perfectamente una conversación en la que desvelan la estrategia de defensa que tenían orquestada para responder al diputado de Compromís, Gerard Fullana, quien ha denunciado que la responsable de Educación, anteriormente inspectora, era la responsable del área del colegio de Torrent en el que se investiga un caso de abuso sexual a 11 menores. Además, ha puesto de relieve que a este mismo colegio del Opus que segrega por sexos (solo admite a niños) ha recibido un concierto de 16,3 millones de euros.

Ortí ha contestado básicamente que “este Consell solo tiene palabras de condena para estos presuntos casos por su gravedad, es una causa abierta y el Consell tiene plena confianza en la Justicia y se respetarán todas las decisiones”.

En ese momento han irrumpido los profesores y se ha interrumpido el debate, pero los micros se han quedado abiertos y se ha escuchado la conversación entre ambos consellers del Gobierno valenciano que preside Juan Francisco Pérez Llorca:

Barrachina: “Yo le iba a dar una leche con lo de los 32 indicios de Mónica Oltra, pero bueno ha estado muy bien”

Ortí: “Haberle dicho que te lo dejara”

Barrachina: “Bueno no pasa nada, le he dicho quieres que intervenga yo, pero…”

Ortí: “Te lo puedes guardar para Vox, que me va a preguntar sobre el maltrato de los que no han hecho huelgo, la represión a los que no hacen huelga, ¿lo puedes hilar con eso?”

Barrachina: “No lo veo mucho ahí”

Ortí: “Aaaaaaaay la verdad qué rabia, si yo la tenía preparada”.

De la conversación se desprende que pretendían responder a Fullana con el caso del presunto encubrimiento de los abusos del exmarido de Oltra a una menor tutelada. También se evidencia una plena sintonía y connivencia con Vox.

La vaga indefinida de professores i mestres se li ha anat de les mans al president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca. Més de 40.000 docents van votar aquest dimecres per mantindre les aturades i les manifestacions en rebutjar de ple l'“última” oferta de la Conselleria d'Educació. Els cinc sindicats que li donen suport, inclosos els gens sospitosos d'esquerranisme radical ANPE i CSIF, s'han negat a signar una proposta que consideren no només insuficient, sinó indignant. I això que milers de vaguistes ja acumulen pèrdues de més de 1.300 euros després de huit dies de protestes. I seguiran indefinidament. “No volem les molles, volem el pa sencer”, es pot llegir en una dels centenars de pancartes que els manifestants enarboren cada dia a les portes de la seu d'Educació, a l'avinguda de Campanar de València.

Pérez Llorca ha arribat tard i la seua consellera d'Educació, Carmen Ortí, es mostra incapaç de frenar una vaga i una indignació que, lluny de minvar, augmenta amb cada dia que passa. “Ens han subestimat”, explica un veterà professor, que recorda la victòria dels docents davant del Govern socialista de Joan Lerma el 1988, durant l'anterior vaga general educativa. A l'ombra de la consellera i del president apareix el conseller d'Hisenda i guardià de la caixa de la Generalitat, José Antonio Rovira, a qui molts assenyalen com l'impulsor de la línia dura contra els docents i un dels responsables del fracàs de la negociació. “No hi ha diners”, al·lega qui presumeix d'haver baixat impostos. El president es va reunir ahir amb Rovira per estudiar les opcions. Mentrestant, la consellera a penes podia dir als sindicats que necessitava “reflexionar” i posar en dubte la legitimitat de la votació, deixant entreveure que no té veritable comandament en plaça en la negociació.

José Antonio Rovira, segons relata una veterana dirigent del PP, considera els docents un rival ideològic del Partit Popular. “Això és un niu de rojos. Nosaltres hem de donar curs als docents i cuidar els metges, que són els nostres”, assegura que li va dir al començament de la legislatura. Carlos Mazón va situar Rovira al capdavant de la Conselleria d’Educació per impulsar una revolució ideològica a través de la Llei de Llibertat Educativa i del referèndum sobre el valencià, una aposta que va acabar en una estrepitosa derrota: més de la meitat de les famílies van votar a favor de l’ensenyament en llengua pròpia, cosa que va provocar el primer gran incendi en la comunitat educativa. Després de l'eixida de Mazón per la seua gestió de la dana, Pérez Llorca va apartar Rovira d’Educació i va optar per un perfil més amable: Carme Ortí, inspectora de professió.

Els cinc sindicats —els quatre convocants, STEPV, CCOO, UGT i CSIF, a més d’ANPE— porten des de setembre alertant que la situació dels docents i de l’educació valenciana és insostenible. Primer es van dirigir a Rovira i, des de desembre, a Ortí. Però el Govern valencià s’ha negat a atendre unes demandes que ara s’han convertit en exigències perquè el malestar del professorat ha anat en augment. Pérez Llorca ha volgut mantindre un perfil baix en la negociació, encara que en diversos actes públics s’ha detingut a parlar amb docents que li reclamaven més compromís de la Generalitat. En una d’eixes trobades fortuïtes, que el propi president va exhibir en xarxes socials, el cap del Consell no amagava el seu malestar per haver patit una vaga indefinida “en sis mesos”. Aquest dimecres, mentre els docents votaven per tombar la proposta d’acord, el president acudia com si res a la presa de possessió del nou rector de la Universitat de València, Juan Luis Gandia.

Mentre l’educació pública crema i es mobilitza, la concertada comença també a rebel·lar-se i ja ha convocat aturades intermitents per a les pròximes setmanes. La imatge que projecta el president és la d’algú que no controla la situació, i els dubtes dins del seu partit sobre la seua capacitat per a gestionar crisis no deixen de créixer. Són pocs els que tanquen files amb la consellera, i no són pocs els alcaldes conservadors que han traslladat les seues queixes per por que la vaga acabe desgastant-los també a ells. L’any que ve hi ha eleccions i tindre enfront una comunitat com l’educativa pot costar-li a més d’un el bastó de comandament.

Mentrestant, els docents mantenen les seues reivindicacions. Entre les més de 40.000 professores i mestres que van votar a favor de continuar la vaga, la prioritat era la baixada de ràtios; després, la millora salarial. L’ambient en les concentracions davant la Conselleria d’Educació és electritzant i els ànims no decauen malgrat els huit dies de vaga i al colp econòmic que suposa mantindre les protestes. Però la indignació segueix creixent i serà difícil que una nova oferta de la Generalitat aconseguisca contentar-los. I, encara que ho fera perquè el Govern de Pérez Llorca millora els seus plantejaments, per a molts docents el dany ja està fet. Les mobilitzacions continuen.

La huelga indefinida de profesoras y maestros se le ha ido de las manos al presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca. Más de 40.000 docentes votaron este miércoles por mantener los paros y las manifestaciones al rechazar de plano la “última” oferta de la Conselleria de Educación. Los cinco sindicatos que la respaldan, incluidos los nada sospechosos de izquierdismo radical ANPE y CSIF, se han negado a firmar una propuesta que consideran no solo insuficiente, sino indignante. Y eso que miles de huelguistas ya acumulan pérdidas de más de 1.300 euros tras ocho días de protestas. Y seguirán indefinidamente. “No queremos las migas, queremos el pan entero”, se puede leer en uno de los cientos de carteles que los manifestantes enarbolan cada día a las puertas de la sede de Educación, en la avenida de Campanar de València.

Pérez Llorca ha llegado tarde y su consellera de Educación, Carmen Ortí, se muestra incapaz de frenar una huelga y una indignación que, lejos de remitir, aumenta con cada día que pasa. “Nos han subestimado”, explica un veterano profesor, que recuerda la victoria de los docentes frente al Gobierno socialista de Joan Lerma en 1988, durante la anterior huelga general educativa. A la sombra de la consellera y del presidente aparece el conseller de Hacienda y guardián de la caja de la Generalitat, José Antonio Rovira, a quien muchos señalan como el impulsor de la línea dura contra los docentes y uno de los responsables del fracaso de la negociación. “No hay dinero”, alega quien presume de haber bajado impuestos. El presidente se reunió ayer con Rovira para estudiar las opciones. Mientras tanto, la consellera apenas podía decir a los sindicatos que necesitaba “reflexionar” y ponía en duda la legitimidad de la votación, dejando entrever que no tiene verdadero mando en plaza en la negociación.

José Antonio Rovira, según relata una veterana dirigente del PP, considera a los docentes un rival ideológico del Partido Popular. “Eso es un nido de rojos. Nosotros tenemos que dar palo a los docentes y cuidar a los médicos, que son los nuestros”, asegura que le dijo al comienzo de la legislatura. Carlos Mazón situó a Rovira al frente de la Conselleria de Educación para impulsar una revolución ideológica a través de la Ley de Libertad Educativa y del referéndum sobre el valenciano, una apuesta que acabó en una estrepitosa derrota: más de la mitad de las familias votaron a favor de la enseñanza en lengua propia, lo que provocó el primer gran incendio en la comunidad educativa. Tras la salida de Mazón por su gestión de la dana, Pérez Llorca apartó a Rovira de Educación y optó por un perfil más amable: Carmen Ortí, inspectora de profesión.

Los cinco sindicatos —los cuatro convocantes, STEPV, CCOO, UGT y CSIF, además de ANPE— llevan desde septiembre alertando de que la situación de los docentes y de la educación valenciana es insostenible. Primero se dirigieron a Rovira y, desde diciembre, a Ortí. Pero el Gobierno valenciano se ha negado a atender unas demandas que ahora se han convertido en exigencias porque el malestar del profesorado ha ido en aumento. Pérez Llorca ha querido mantener un perfil bajo en la negociación, aunque en varios actos públicos se ha detenido a hablar con docentes que le reclamaban más compromiso de la Generalitat. En uno de esos encuentros fortuitos, que el propio presidente exhibió en redes sociales, el jefe del Consell no escondía su malestar por haber sufrido una huelga indefinida “en seis meses”. Este miércoles, mientras los docentes votaban para tumbar la propuesta de acuerdo, el presidente acudía como si nada a la toma de posesión del nuevo rector de la Universitat de València, Juan Luis Gandia.

Mientras la educación pública arde y se moviliza, la concertada empieza también a rebelarse y ya ha convocado paros intermitentes para las próximas semanas. La imagen que proyecta el presidente es la de alguien que no controla la situación, y las dudas dentro de su partido sobre su capacidad para gestionar crisis no dejan de crecer por haber llegado a una situación tan extrema. Son pocos los que cierran filas con la consellera, y más los alcaldes conservadores que han trasladado sus quejas por miedo a que la huelga termine desgastándoles también a ellos. El año que viene hay elecciones y tener enfrente a una comunidad como la educativa puede costarle a más de uno el bastón de mando.

Pérez Llorca se mantiene firme y este jueves en la sesión de control en las Corts saldrá al ataque.

Mientras tanto, los docentes mantienen sus reivindicaciones. Entre las más de 40.000 profesoras y maestros que votaron a favor de continuar la huelga, la prioridad era la bajada de ratios; después, la mejora salarial y posteriormente la mejora de las plantillas y más recursos para la inclusión. El ambiente en las concentraciones ante la Conselleria de Educación es electrizante y los ánimos no decaen pese a los ocho días de huelga y al golpe económico que supone mantener las protestas. Pero la indignación sigue creciendo y será difícil que una nueva oferta de la Generalitat logre contentarles. Y, aun si lo hiciera porque el Gobierno de Pérez Llorca mejora sus planteamientos, para muchos docentes el daño ya está hecho. Las movilizaciones continúan.