Durante esta semana, colegios e institutos públicos de Aragón han paralizado parte de su actividad debido a la huelga educativa convocada por CGT para protestar por el plan del Gobierno de Azcón de concertar el bachillerato y para exigir la paralización de las “subvenciones a empresas privadas para financiar el primer ciclo de infantil”. El sindicato ha dado cifras de seguimiento de más del 50%, que contrastan con las aportadas por el Departamento de Educación, que rondan el 21% en personal docente y el 5,5% en personal no docente.

Este jueves, unas 12.000 personas, según cifras de CGT, se han manifestado por las calles de Zaragoza en una “movilización histórica y sin precedentes” bajo el lema 'dinero público para la pública' en el tercer día de huelga educativa. Los profesionales denuncian la “situación de abandono que sufren por parte del Gobierno de Aragón”.

José Luis Ruiz, portavoz de CGT, explica que “según los datos que nos han facilitado los centros, un 52,3% del profesorado ha secundado la huelga para exigir que los más de 20 millones de euros que Azcón quiere despilfarrar en seguir privatizando la enseñanza aragonesa, se destinen a solucionar problemas que la escuela pública tiene por su infradotación económica, y buena parte de ese profesorado ha estado con el alumnado en la multitudinaria manifestación de esta mañana en la que han participado aproximadamente 12 mil personas”. La mencionada fuente sindical señala que “el Gobierno de Aragón destina a educación apenas un 3,6% de su PIB, casi un 25% menos que la media estatal, que es de un 4,6%, eso hace que cuando reclamamos mejoras en las condiciones laborales, más profesorado y personal no docente, mantenimiento de las instalaciones y edificios, cocinas o climatización, se nos diga sistemáticamente que no hay dinero, pero ahora vemos que sí hay dinero, pero que se quiere destinar a seguir privatizando la enseñanza”. 

Para finalizar Ruiz denuncia que “el profesorado no puede más ante la dejación del departamento de educación, el hartazgo es general, y si un % está dispuesto a que su nómina se vea recortada para denunciar la situación de la escuela pública es la prueba de que los problemas de esta no nos los inventamos como así señalan desde el Gobierno de Aragón”

Las reivindicaciones empezaron el martes 20 de enero, con una concentración ante el Edificio Pignatelli, sede del Gobierno de Aragón. Desde CGT señalaron que “el profesorado no puede más ante la dejación del departamento de educación, el hartazgo es general, y por esa razón hoy ha sido un día histórico, porque de una forma muy mayoritaria los y las docentes están aquí, con un seguimiento que estimamos con los datos que nos han facilitado los centros de 45,8%, que llega a un 47’6 en la provincia de Zaragoza. Todo pese a unos servicios mínimos abusivos y a las informaciones que se han vertido para desmovilizar, la gente ha estado en la calle aquí, con muchísimos centros que han secundado al 100% la huelga”. Ese día, Ruiz denunció que “concertar el bachillerato es innecesario, ya que hay 2.300 vacantes en la pública, lo que hace que los 7 millones de euros que se quieren destinar a su concertación sea un malgasto de dinero público, cuyos únicos motivos son ideológicos y de ampliar privilegios a unos pocos”. El representante sindical reivindicó que “con esos 7 millones más los más de 13 que se quieren destinar a subvencionar guarderías privadas el próximo curso, todos los centros educativos públicos de Aragón con comedor podrían disponer de una cocina in situ, y dejar de dar al alumnado la cocina pre cocinada que actualmente se les da, esto solo el primer año, al siguiente se podría poner ascensores, climatización renaturalizar patios, contratar más profesorado, más personal no docente…”. 

El miércoles, la concentración se produjo ante la Consejería de Educación en un segundo día de movilizaciones en las que también hubo un charla debate en la sede de CGT en la que han participado unas sesenta personas, y una bicifestación que partió desde la mencionada sede hasta la Consejería de Educación, y que atravesó todo el centro de la ciudad. Según el sindicato, el seguimiento durante la segunda jornada fue del “48,4% en la provincia de Zaragoza, y de un 46,1% en todo el territorio aragonés”. Según Ruiz “el hecho de que tantos docentes sacrifiquen parte de su sueldo para denunciar la situación de la escuela pública es la prueba de que el discurso de la Consejería de que no hay ningún problema y nos inventamos las cosas es totalmente falso y un insulto a la inteligencia de alumnado, profesorado y familias. Si a esto sumamos que vemos que sí hay dinero para concertar de manera innecesaria el bachillerato, pues el hartazgo es general, esto puede ser la gota que hay colmado el vaso”.

En las dos primeras jornadas, el Departamento de Educación ha cifrado el seguimiento de la huelga el martes en el 14,75% de personal docente y 2,07% de personal no docente y el miércoles en 14,11% de los docentes y el 2,17% del personal no docente.

Los próximos 20, 21 y 22 de enero, la huelga educativa convocada por CGT se desarrollará con actos y movilizaciones en toda la Comunidad Autónoma. Las jornadas de paro, que surgieron como respuesta a la política del Gobierno de Aragón de destinar fondos públicos a la concertación de la educación infantil de 0 a 3 años y del Bachillerato, contarán con actividades en Zaragoza, Huesca, Teruel y localidades como Jaca, Sabiñánigo, Calatayud y Tarazona.

En Zaragoza, las actividades comenzarán el martes 20 con una concentración en el Edificio Pignatelli de 10:00 a 12:00. El miércoles 21 habrá un café-debate en la sede de CGT a las 9:00, seguido de una bicifestación a las 10:30 con salida desde CGT, que llegará a Ranillas, a la consejería de Educación, donde se realizará una concentración a las 12:00. Durante el recorrido se pasará por el Edificio Pignatelli, donde los participantes harán una pitada. El jueves 22, por la mañana, los estudiantes protagonizarán una manifestación desde Plaza San Francisco a las 11:00. Por la tarde, a las 18:00, se celebrará una manifestación general que saldrá desde Plaza España y llegará hasta la Delegación del Gobierno en la Plaza del Pilar.

En Tarazona, la manifestación será el miércoles 21 a las 18:00 desde la Plaza San Francisco. En Teruel, las movilizaciones se repartirán a lo largo de los tres días: el martes en la Plaza del Torico a las 12:00; el miércoles en Calamocha en la Plaza del Peirón; y el jueves 22 en Andorra en el IES Pablo Serrano a las 10:30 y en Alcañiz a las 13:00. En Calatayud, las actividades se desarrollarán los tres días en el Paseo Cortes de Aragón a las 12:00, incluyendo conciertos, caceroladas y cadenas humanas. En Huesca, las acciones serán el martes en Sabiñánigo, Plaza del Ayuntamiento a las 18:00, y en Huesca en Plaza Cervantes a las 12:00 y 18:00, y el miércoles a las 12:00. En Jaca, habrá concentraciones en la Plaza del Ayuntamiento a las 12:00 y 18:00.

La movilización culminará el jueves 22 con una manifestación en Zaragoza, que partirá a las 18:00 desde la plaza de España bajo el lema 'Dinero público a la pública'. El objetivo de los actos es concienciar a docentes, familias y alumnado sobre la necesidad de reforzar la escuela pública y frenar la privatización de estas etapas educativas.

Según CGT, “se están desviando” más de 20 millones de euros de la escuela pública hacia centros privados, “mientras los colegios públicos enfrentan carencias de personal docente, orientadoras, conserjes y técnicas de educación infantil, además de deficiencias en sus instalaciones”. La organización sindical defiende que la escuela pública garantiza “equidad, inclusión e igualdad de oportunidades”.

El sindicato cuenta con el apoyo de colectivos como Marea Verde, la Federación de Barrios de Zaragoza y partidos políticos de izquierda, entre ellos Sumar, Podemos y Chunta Aragonesista. Mientras tanto, otros sindicatos mayoritarios, como CSIF, CCOO, STEA-i, UGT y ANPE, se han desmarcado de la convocatoria, defendiendo que la unidad sindical y el respaldo de las familias son “condiciones imprescindibles” para garantizar la eficacia de las movilizaciones.

Alumnado, docentes y personal de las universidades públicas madrileñas ocupan los espacios públicos mientras las facultades están prácticamente desiertas en la segunda jornada de huelga. Desde el pasado miércoles, ellos no están en las aulas, sino que reivindican la universidad desde las plazas, las calles, la Gran Vía o frente al Rectorado de la Universidad Complutense (UCM) al grito de “nada, nada, nada para la privada”. Mientras decenas de manifestantes marchan por las principales calles de Madrid, la plaza del Museo Reina Sofía rebosa cultura. Es el lugar escogido para la iniciativa 'Uni en la calle', donde decenas de oyentes rodean a los docentes de las seis universidades públicas madrileñas que ofrecen charlas a las que cualquiera que pase está invitado.

Los profesores relatan los contenidos de investigaciones académicas que les han llevado años y que no hubiesen sido posibles sin los recursos públicos: “La investigación lleva tiempo y dinero, y tenemos la obligación de darlo”, asegura Concha Mateos, docente en la Universidad Rey Juan Carlos (URJC).

“Quien no conoce mucho la universidad, la entiende como un lugar donde se forma la gente para que encuentre un empleo. Pero eso es sólo una parte, la universidad es un centro donde se produce conocimiento y descubrimos nuevas cosas: desde nuevos medicamentos a nuevos formatos para entretener al público a través de la televisión. El conocimiento no está parado, pero no lo está porque se exploran y se investigan cosas”, continúa. Mientras habla, detrás de ella se congregan los oyentes de la siguiente clase.

Helena Cordero no sólo es profesora en la URJC, también es fruto de esa universidad y empieza su charla subrayándolo. Detrás de ella, se encuentra una pancarta con el lema “salvemos la educación pública”. “Yo había estudiado Comunicación Audiovisual y Periodismo en la URJC gracias a la educación pública, y después de haber terminado mi licenciatura, me encuentro en un cursito que hago en mi ciudad, Leganés, donde descubro que la primera mujer que había dirigido una película en el cine español era una tal Helena Cortesina”, explica.

A partir de ese momento Cordero comienza a tirar del hilo para descubrir más datos sobre esta figura ocultada durante décadas: “Poco a poco voy descubriendo diferentes datos en el registro de Valencia. No me pueden facilitar su registro de nacimiento, porque me decían que con el pseudónimo no salía ningún dato, evidentemente”, pero continúa indagando hasta encontrarla en el registro de Buenos Aires, donde se había exiliado durante la Guerra Civil, y añade: “Con ello, por fin consigo la fecha de nacimiento de esta persona. Esto, aunque lo estoy resumiendo mucho, son años y años de ir tirando a lo largo de la historia, de las diferentes pruebas y evidencias que voy encontrando...”, cuenta.

Concha Mateos define esta iniciativa como un “movimiento de distintas universidades públicas” que trata de “comunicarse con la sociedad a través de la calle”. Añade que viene de largo, se ha hecho en 2012, en 2018 hicieron másteres en la calle, y ahora vuelven a llevar el conocimiento a la vía pública coincidiendo con la huelga de dos días en todas las universidades públicas de la Comunidad. “Es una actividad en la que la universidad pública le dice a la sociedad 'estamos aquí, mira todo lo que hacemos, queremos estar en contacto con vosotros, servir a la sociedad y ser transparentes compartiendo nuestras investigaciones, nuestra docencia y lo que hacemos”.

Al mismo tiempo que se da esta escena anómala, pero tranquila, en la Gran Vía de la capital, decenas de estudiantes, docentes y personal universitario cortan parte de la carretera en una marcha que ha partido del Rectorado de la UCM para dirigirse hacia Atocha, donde se unirán todos en la manifestación de esta misma tarde. El dispositivo de la Policía Nacional franquea el lateral del edificio de la universidad dirigido por Joaquín Goyache mientras los manifestantes le reprochan: “¡Goyache, cagao', que no te has asomao' !”.

El ambiente estaba todavía más caldeado después de conocer que el pasado miércoles, mientras se producía la primera jordana de huelga universitaria, los rectores de la UCM y de la Universidad Politécnica de Madrid (UPM) firmaran un acuerdo de colaboración con el Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón y varios centros privados de la ciudad, entre ellos, la Universidad Francisco de Vitoria. “Nos parece que no es el momento de ponerse a firmar acuerdos con las universidades privadas cuando estamos defendiendo el problema que tenemos de pérdida de peso debido al traspaso de fondos a las privadas”, denuncia Eva Aladro, integrante de la Plataforma Por la Pública.

Aladro asegura que han pedido el apoyo de Goyache “por escrito” hace semanas y todavía no lo han recibido: “Le estamos exigiendo un apoyo claro y explícito”, tanto del rector de la UCM como del resto de dirigentes de las universidades públicas madrileñas, añade.

Ciudad Universitaria, ciudad fantasma. Lo que un miércoles a primera hora de la mañana debería ser una avenida en pleno bullicio, hoy se ha convertido en un desértico paisaje. Apenas pasan una decena de estudiantes a la Facultad de Ciencias Físicas de la Universidad Complutense de Madrid (UCM), donde les espera un piquete informativo organizado por la plataforma Por Pública. Para entrar, deben responder a una pregunta: “¿Sabes cuánto porcentaje del PIB destina la Comunidad de Madrid a sus universidades públicas?”. No llega al 1%. Así que la segunda pregunta, les sale sola: “Entonces, ¿qué haces aquí?”.

Varios piquetes como este han repetido la escena durante la primera hora de la mañana en varias facultades, haciendo un recorrido que cada vez unía a más estudiantes organizados y a algunos profesores y personal de las universidades. A su llegada a la Facultad de Historia y Geografía de la Complutense, mientras empezaban un recorrido por sus pasillos, gritaban: “¡Hoy hay huelga, hoy no hay clase!”. Pero sus cánticos se han interrumpido por un compañero. “¡No hay nadie! Nos damos la vuelta”. No había ni un alma. No hay que convencer a nadie de que salga de clase porque la huelga “ha sido un exitazo”, celebra Miguel Sevilla, estudiante en la Complutense y uno de las decenas de alumnos que forman los piquetes. “No hay nadie dando clase. Solo han habilitado un aula para los alumnos que quieran ir a estudiar. Hemos ido a decirles que es muy importante estudiar hoy, porque hay que aprobar, pero es todavía más importante hacer la huelga, porque si no no vamos a poder estudiar mañana”, añade.

Él asegura que en su facultad, Derecho –una de las menos movilizadas– solo cinco profesores daban clase este miércoles. La Biblioteca María Zambrano, la más grande de toda la Complutense y conocida por abrir fines de semana e incluso durante toda la noche en época de exámenes, está cerrada. Ciencias de la Información, la facultad en la que se graduó y que galardonó a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, con el título de 'Alumni Ilustre' repite el patrón: ni alumnos fumando en la puerta, ni coches ocupando el parking. Vacía. En Matemáticas, a medida que el piquete avanzaba por el pasillo, instaba a los pocos que todavía se resistían a unirse a la huelga a hacerlo. A su paso, algunos profesores cerraban la puerta de sus clases, apurados. Uno de ellos, se asomaba para interrumpir a los manifestantes: “Eso díselo al Gobierno central, hablad de vivienda, hablad de sueldos”. Detrás, su clase estaba medio vacía.

Fuera, delante de la Facultad de Físicas, un grupo de trabajadores del centro tomaba café. Solo uno de ellos, Jesús Navarro, ha accedido a hablar. Es investigador, se dedica a una de las áreas más precarizadas de las universidades públicas madrileñas: “Hay problemas económicos en gestión de proyectos, de sueldos, de pago a profesores e investigadores, y es verdad que los recortes en investigación afectan a estos proyectos y estos contratos”. De hecho, él tiene un contrato predoctoral de investigación que “contempla el pago de la matrícula” de su doctorado por parte de la universidad, pero asegura que se ha visto obligado a adelantar ese dinero de su propio bolsillo. No hace huelga –aunque sí que acudirá a la manifestación del próximo jueves– porque “perder dos días de investigación repercute mucho a la hora de [su] investigación”. “No puedo permitirme dos días de no trabajar, hay fines de semana en los que me toca trabajar también”, añadía.

El futuro de la pública: “Privatización encubierta y un control ideológico”

Rosana Díaz y Diego Núñez son bibliotecarios. Esta mañana caminaban junto a las decenas de estudiantes que se dirigen a la Escuela de Caminos, Canales y Puertos de la Universidad Politécnica de Madrid (UPM) para movilizar a más alumnado. “Trabajo aquí, me he educado aquí en esta misma universidad y no queremos que nos cuelen una ley que va a suponer una privatización encubierta y un control ideológico por parte de la Comunidad de Madrid. La universidad tiene que ser el sitio del pensamiento libre”, defendía la primera. El segundo, subrayaba que “una de las mejores bibliotecas universitarias también está en riesgo. Es una cosa que no puede privatizarse”.

El curso pasado, un suceso penoso reflejaba el estado de las públicas en Madrid: La biblioteca de Filosofía, en la Complutense, dejaba de comprar libros por falta de presupuesto. Recordando este episodio, Díaz dice: “Todas hemos sufrido recortes. Se ha publicado el caso de Filología, pero hemos sido todas”.

Cuando llegaban con más apoyos a las puertas de la Escuela de Caminos, Canales y Puertos de la Universidad Politécnica, el piquete se ha encontrado con una escena muy diferente a la que se vive en la Complutense. El centro mandó un escrito al alumnado en el que aclaraban, en mayúsculas y en negrita: “NO HAY PARO ACADÉMICO DECLARADO EN LA UPM”, a diferencia de la UCM, donde sí se ha declarado un paro oficial.

El contraste se notaba este miércoles. La cafetería no estaba tan llena como siempre, pero tampoco había demasiada diferencia, según los estudiantes. En las aulas, más de lo mismo. Muchos observaban desde los laterales de los pasillos y soltaban risas nerviosas cuando el piquete gritaba al unísono: “Tú que estás riendo, también te están jodiendo”. Un grupo de alumnas se explicaban: “Nos dijeron que podíamos tener prácticas con nota y que no se suspendían las clases”. “La biblioteca está cerrada, pero las clases siguen. Muy poca gente ha faltado por la huelga”, aseguraba una de ellas, Julia. “Me parece bien para reivindicar nuestros derechos, pero si se hace que se haga bien, que no tengamos clases”, ha concluido.

Profesores de universidades públicas de la Comunidad de Madrid darán un total de 50 clases en la calles de la capital este jueves y sábado y el próximo miércoles 26 y jueves 27, coincidiendo con los días de huelga. La iniciativa tiene como objetivo mostrar apoyo a las concentraciones y reivindicar el papel de los docentes. En estas cuatro jornadas, de mañana y tarde, docentes de la Universidad Complutense (UCM), la Autónoma (UAM), la Politécnica (UPM) y la Rey Juan Carlos (URJC) ofrecerán una muestra de su trabajo en áreas de Ciencias, Ciencias de la Salud, Ciencias Sociales, Tecnología, Ingenierías, y Humanidades y Comunicación, según ha informado UCM por la Pública en un comunicado.

Este proyecto, llamado 'La uni en la calle', arrancará este jueves en el Paseo de Coches del Retiro a la altura de la Plaza del Monumento a Martínez Campos. Las clases empezarán a las 17.30 horas y versarán sobre Historia, Semiótica, Discursos de Odio, Patrimonio Cultural o Movimientos Sociales LGTB, entre otras.

El sábado tendrá lugar en la plaza frente al Museo Reina Sofía desde las 11 horas, donde profesoras de la Facultad de Ciencias Físicas explicarán en clases experimentales el Cambio Climático, los fenómenos adversos meteorológicos y llevarán a cabo experimentos y demostraciones en una isla de calor. Además, habrá una clase práctica de Veterinaria con perros a cargo de profesoras de la Facultad de la UCM. Allí mismo, profesorado de las Facultades Ciencias Políticas y Sociología y el Aula de Teatro-Laboratorio Social explicarán “análisis socioeconómicos de la privatización de la universidad”, y otras docentes de la Facultad de Psicología y Ciencias de la Información hablarán sobre “manipulación persuasiva y redes sociales para la movilización”.

Paralelamente, en la Cuesta de Moyano, también desde las 11 horas, un equipo de profesoras de la Facultad de Psicología de la UCM abordarán la educación universitaria y “sus violencias”, así como la función de “refugio” de la Educación. Tambiénr habrá unas clases de profesoras de la URJC sobre la narración y orden social, la fotografía o la “hipervigilancia” en la sociedad contemporánea.

Por otro lado, en el Retiro, al lado del Monumento a Alfonso XII, un equipo de profesorado en Psicología desarrollarán explicaciones en las áreas cognitivas, emocionales, salud mental, nuevas técnicas y relaciones de estos sectores del conocimiento con las dinámicas del sistema social.

Días de huelga

Ya el miércoles 26, primer día de huelga universitaria, en la Plaza de Pedro Zerolo se desarrollarán, de las 12 a las14 horas, clases de Semiótica Social, Trabajo Social y Discapacidad y un conjunto de microclases colectivas de Educación crítica e Innovación ecosocial y crítica en la Pedagogía a cargo de profesorado de CC de la Educación y otras Facultades.

El jueves 27, segundo día de manifestación, en la Plaza del Reina Sofía, también desde las 12 hasta las 14 horas, habrá clases de Físicas, Filosofía del derecho, Comunicación Audiovisual y Ciencias de la Educación de la Autónoma, Complutense, Rey Juan Carlos y Politécnica, que ocuparán la plaza para “llenar de contenidos didácticos” las movilizaciones.

Estas iniciativas se desarrollan en el marco de la convocatoria de dos días de huelga por la coordinadora de las plataformas de las universidades públicas, que integran trabajadores y estudiantes frente a la “asfixia” económica de los centros universitarios y para exigir al Gobierno de Isabel Díaz Ayuso una “financiación adecuada” que permita ofrecer un servicio público “de calidad”. Las concentraciones cuentan con el respaldo de los sindicatos CC.OO., UGT, CGT y CNT.

Por otro lado, la plataforma 'UCM Por la Pública' ha informado que la Delegación Central de Estudiantes va a convocar este tarde el paro académico en la Complutense. Ello significa que, de acuerdo con los estatutos del estudiantado en el BOUC n°23 Artículo 5, se permitirá la suspensión de la obligación del estudiantado que secunde el paro académico de seguir las actividades académicas establecidas.

Los sindicatos han convocado a los docentes extremeños a una nueva jornada de huelga el 7 de noviembre ante “la falta de avances significativos” con la Consejería de Educación para la homologación salarial de estos profesionales con los del resto del país.

Se trata de la segunda jornada de huelga de profesores y maestros tras el éxito de la celebrada el pasado 7 de octubre, que tuvo un seguimiento superior al 80%, con la que volverán a mostrar su disconformidad con la subida salarial de 80 euros mensuales para 2026 planteada por la Administración regional, y que se recoge en la propuesta de presupuestos para 2026. A este aumento salarial de 1.120 euros anuales a partir del próximo mes de enero, se sumarían otros 280 euros en 2027 con el compromiso de revisar las cantidades en función de la media nacional, según informó Educación.

Al paro, que este martes han dado a conocer los cinco sindicatos representados en la Mesa Sectorial de Personal Docente -PIDE, CSIF, ANPE, CCOO y UGT- están llamados más de 16.000 docentes de la educación pública e irá acompañado de una manifestación en Mérida, cuyo recorrido está por definir.

En representación de los sindicatos, el presidente de PIDE, José Manuel Chapado, ha asegurado que están intentando hacer “el menor daño posible”, pero que las protestas irán “in crescendo” por la falta de voluntad negociadora de Educación.

A su juicio, la Junta de Extremadura sigue sin poner encima de la mesa una cantidad que homologue los salarios de los docentes extremeños, ya que su propuesta va con “trampa” y seguirán siendo “los últimos de la cola”.

Chapado, que ha reclamado una vez más la dimisión o el la destitución de la consejera del ramo, Mercedes Vaquera, ha precisado que la propuesta anunciada por Educación será una “subida” pero no una “homologación”.

Los sindicatos, que ha acusado a Educación de “manipular” los datos salariales y las propuestas sindicales, han reclamado una subida lineal real que garantice la equiparación efectiva y un pago retroactivo desde enero de 2025. Chapado ha subrayado que las numerosas tareas que los docentes asumen de manera voluntaria pueden dejar de realizarse, como tutorizar a alumnos de prácticas universitarias, trabajar fuera del horario legal y participar en excursiones, entre otras.

Por su parte, la consejera ha reiterado que la subida salarial planteada por la Junta es “razonable” y, sobre la posibilidad de que no haya presupuestos autonómicos para 2026, ha asegurado que eso no sería “impedimento” para que la cobren los docentes.

Los sindicatos no han acudido este martes a la Mesa Sectorial de Personal Docente, que ha abordado la convocatoria de oposiciones para 2026. En este sentido, el presidente de PIDE ha denunciado que Educación no les ha mandado previamente la documentación necesaria para poder hacer propuestas. 

Alrededor del 80 por ciento de los 16.000 maestros y profesores extremeños llamados este martes a la huelga la han secundado, según datos aportados por los sindicatos convocantes, un porcentaje que sitúa a la mitad, un 42,61 %, la Consejería de Educación.

Además, los docentes han celebrado una manifestación en Mérida en la que se han coreado consignas como “homologación salarial, promesa electoral” y “Mercedes Vaquera, afloja la cartera”.

La jornada de huelga y la manifestación, a las que están llamados los maestros y profesores de todas las enseñanzas y etapas educativas no universitarias, está convocada por los sindicatos PIDE, CSIF, ANPE, CCOO y UGT dentro del calendario de movilización para exigir la homologación salarial de los docentes extremeños.

Los docentes extremeños reivindican de este modo que “no son menos que el resto de España” y lamentan que para todo son “son los últimos” pues, al parecer y con la respuesta que les da el Gobierno autonómico, “en Extremadura educar es más barato”.

La Consejería de Educación cifra en un 42,6% el apoyo de los maestros y profesores extremeños a la jornada de huelga, la cual se desarrolla con “normalidad y sin incidencias destacadas”. Con datos a las 14,00 horas, y según la Consejería de Educación, en los centros de educación de Infantil y Primaria (CEIP) la huelga está secundada por el 38,2 y 48,4% de los maestros en las provincias de Cáceres y Badajoz, respectivamente.

En los Institutos de Educación Secundaria, la jornada de huelga tiene un respaldo del 44,18 y 48,8 % en Cáceres y Badajoz, respectivamente, mientras que los centros de Educación Secundaria Obligatoria alcanza el 44,4 y 52,2% en las citadas provincias.

El secretario general de la Federación de Enseñanza de Economía y Empresas de Extremadura de UGT, Tomás Rodríguez, en representación de todos los sindicatos, ha remarcado que lo que han pedido “no es una mejora salarial, es una negociación de homologación con los docentes del resto del territorio nacional”.

Ha recordado que en enero del 2026, tras las modificaciones e incrementos en el resto de comunidades, los docentes de la enseñanza pública de la región “serán los peor pagados de todo el Estado” y ha añadido que esta es la primera manifestación que han convocado después de un año “de intentos, de negociar, de bajar las pretensiones y de ser absolutamente razonables”.

Según Rodríguez, la consejera de Educación, Mercedes Vaquera, en febrero, aseguró que con 30 euros obtenían esa homologación, lo que “evidentemente” no era así, y en mayo les propuso subir a 80 euros, “pero con trampa, porque les pagaban a partir de septiembre de este curso” y suponía perder ocho meses de negociación a los que no se les iba a aplicar la retroactividad en las medidas aprobadas y tampoco alcanzaban esa homologación.

Los sindicatos han planteado una subida a dos años de mínimo 150 euros o a tres años de 200 euros puesto que, según sus datos, los maestros de Primaria están por debajo de la media de retribuciones del resto del Estado en torno a 137 euros y los docentes de secundaria y de formación profesional están por debajo de la media de alrededor de 175 euros.

Para lo docentes “la homologación significa dignificar”, según el representante sindical, pues, para “el mismo esfuerzo” es necesario “el mismo sueldo” y ha destacado que en esta jornada “la clase ha sido la calle”.

Rodríguez ha remarcado que han esperado 18 años a que se reinicie una negociación “de este calibre” y no se pueden permitir “el lujo” de cerrar una negociación “en falso” sin llegar a una cifra de homologación salarial real.

En su opinión, esta jornada pone de manifiesto el respaldo de los docentes extremeños, cuestionada por el director general de Personal Docente, David Moreno Rego, y la secretaria general de Educación, Pilar Pérez.

En este sentido, ha destacado el “éxito palpable” de la manifestación, aunque no todos los que han ejercido su derecho a esta huelga por han asistido al encontrarse lejos de Mérida, lo que demuestra que no eran verdad las afirmaciones de que a las protestas “solo venían cinco o seis personas”.

Los convocantes han apelado a la Junta a que “piense de verdad si esta es la actitud, si este es el planteamiento que debe hacer ante 17.000 trabajadores que sostienen el sistema de educación pública de Extremadura”.

Para ellos, “no es tiempo de rectificar, es tiempo de que la consejera se plantee seriamente cambiar el tono de esta negociación ya que, lo que estamos pidiendo es absolutamente asumible y razonable”, ha concluido Rodríguez. 

La Consejería de Educación, Ciencia y Formación Profesional ha aclarado, ante la convocatoria de huelga de docentes de este martes, que los directores de los centros tienen que garantizar la apertura de los centros y “determinar nominativamente las personas cuyas funciones se establecen como servicios mínimos”.

La Consejería ha llamado a la “tranquilidad” de la comunidad educativa extremeña y ha apuntado que los servicios mínimos, “de obligado cumplimiento”, se publicaron el pasado viernes mediante una resolución en el Diario Oficial de Extremadura (DOE). Además, ha subrayado que dicha resolución ha sido negociada y acordada con las organizaciones sindicales (PIDE, CSIF, ANPE, CCOO y UGT-SP) que representan a los docentes y que son los convocantes de la jornada de huelga.

La Junta también ha apuntado que lo contenido en esta resolución está redactado “en los mismos términos que en convocatorias anteriores”. En concreto, ha precisado que en ella se establecen los servicios mínimos para garantizar los servicios esenciales en los centros de enseñanza no universitarios públicos de la región afectados por la huelga, “que son las actividades necesarias para garantizar el derecho a la formación de los alumnos”.

Son también las de dirección del centro que garanticen la realización de la jornada laboral por el personal que no se encuentre en situación de huelga y, en los centros con internado ,las necesarias para atender a los alumnos internos en las horas en las que no sean cuidados por otro personal para garantizar el derecho a la educación del alumnado.

Se debe garantizar también el derecho al trabajo del personal de los centros docentes que no secunde la huelga y el de los padres del alumnado menor de edad al ejercicio de su actividad laboral al coincidir la jornada de huelga con una día laborable, además del cumplimiento de las normas mínimas de convivencia.

Se establece, además, que la persona que ejerza la dirección en los centros no universitarios tiene que garantizar la apertura del centro al comienzo de la jornada escolar y “determinar nominativamente las personas cuyas funciones se establecen como servicios mínimos”, en caso de que no hubiera consenso entre los afectados, y en función del personal con que esté dotado el centro.

Se recuerda, además, que el incumplimiento de la obligación de atender a los servicios esenciales será sancionado de conformidad con la normativa vigente.

El cierre de los centros educativos es totalmente contrario, por tanto, indica la Consejería, a lo dispuesto en la resolución del pasado viernes, “que es de obligado cumplimento”. “Se trata de una jornada de huelga en la que se deben garantizar los derechos de todos los miembros de la comunidad educativa”, ha concluido la Consejería. 

La Consejería de Educación, Ciencia y Formación Profesional ha establecido los servicios mínimos que regirán en los centros públicos de enseñanza no universitaria durante la huelga convocada para el próximo 7 de octubre por los sindicatos CSIF, PIDE, CCOO, ANPE y UGT-SP para exigir la homologación salarial y no ser “los peor pagados de toda España”.

La convocatoria afectará a todo el personal docente no universitario y se desarrollará entre las 00:00 y las 23:59 horas del mismo día.

Según la Administración autonómica, la medida busca garantizar derechos esenciales como la educación del alumnado, la asistencia de los padres a sus puestos de trabajo y la seguridad de los menores, según consta en la resolución que ha publicado este viernes el Diario Oficial de Extremadura (DOE).

Entre los servicios mínimos fijados destacan la presencia obligatoria del director de cada centro, así como de un jefe de estudios en aquellos con varios responsables.

También deberán acudir los profesores de escuelas unitarias, un docente designado en cada localidad de los Centros Rurales Agrupados, y el personal directivo en internados, residencias, escuelas-hogar y centros de educación especial.

Es competencia de la persona que ejerza la dirección de los centros docentes no universitarios las siguientes funciones: garantizar la apertura del centro al comienzo de la jornada escolar; determinar nominativamente las personas cuyas funciones se establecen como servicios mínimos en caso de que no hubiera consenso entre los afectados y en función del personal con que esté dotado el centro; y facilitar la información referente al seguimiento de la huelga.

La resolución, firmada el 30 de septiembre por el director general de Personal Docente, David Moreno Rego, recuerda que el incumplimiento de estos servicios esenciales será sancionado y que la regulación no limita el derecho de huelga del personal convocado. 

Los sindicatos CC.OO., CGT, STEM, UGT, CNT, Comisiones de Base, Solidaridad Obrera, Alternativa Sindical de Clase han convocado hoy paros educativos previstos para el viernes 3 de octubre por “el derecho a denunciar el genocidio” en los centros educativos madrileños.

El anuncio ha llegado este jueves, en una rueda de prensa celebrada en la sala María Moliner del Círculo de Bellas Artes, mientras cargaban contra las “coacciones” del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso en los colegios al “derecho de la libertad de la educación y de enseñar”. La presidenta regional vetó hace una semana las banderas palestinas en el interior de colegios e institutos, así como actividades de apoyo a su población.

Los sindicatos llaman a protestar al personal docente de la pública, concertada y privada de Educación Infantil, Primaria, Formación Profesional, Secundaria y Universidades. Lo podrán hacer el viernes 3 de octubre, de 11.30 a 13.30 horas en el turno de mañana y de 17.00 a 19.00 horas, por la tarde, para denunciar “la barbarie y el genocidio” que está viviendo Palestina.

La semana pasada la plataforma Marea Palestina: La educación contra el genocidio alertó de que varios centros educativos de la región habían recibido una orden de la Consejería de Educación, Ciencia y Universidades de retirar banderas o muestras de apoyo a Gaza, una instrucción que desde el Ejecutivo autonómico negaron, aunque insistieron en que los colegios “deben ser absolutamente apolíticos”.

“Esta convocatoria responde a la voluntad de gran parte del profesorado, ya movilizado en centros, que está tomando todo tipo de iniciativas para cumplir lo que la Ley Educativa nos exige a los docentes, que es que debemos aplicar los principios de formación en respeto a los derechos humanos, convivencia democrática, solidaridad y cooperación”, ha defendido el portavoz de STEM, Sergio López.

Preguntado por esta cuestión desde el CEIPSO Josep Tarradellas de la capital, el consejero de Educación, Ciencia y Universidades, Emilio Viciana, ha afirmado que desde el Gobierno regional “respetan” la libertad de expresión “en todo momento”, pero ha recordado que los colegios “deben ser lugares libres de ideología”.

Otras administraciones gobernadas por el PP como el Ayuntamiento de Madrid están apoyando la decisión del Gobierno de Ayuso eliminando cualquier rastro de banderas palestinas en el espacio público, como sucedió esta semana con una gran enseña que niños de un colegio de Malasaña pintaron con tiza en la plaza del Dos de Mayo.

Huelga general de estudiantes el 2 de octubre

Por otro lado, el Sindicato de Estudiantes ha convocado otra huelga -esta vez general- en los centros educativos del país. Tendrá lugar el jueves 2 de octubre bajo el lema Paremos el genocidio contra el pueblo palestino.

“La causa palestina es la causa de la juventud y de quienes luchamos por los derechos humanos”, explican en su convocatoria, en la que piden la ruptura de las relaciones con Israel.

La Justicia ha suspendido parcialmente las condiciones de los servicios mínimos de la huelga de maestros y profesores del lunes 8 y martes 9 de septiembre que exigía la Consejería de Educación del Gobierno de Cantabria. Así, los tutores podrán sumarse a la huelga docente en favor de la adecuación salarial y no tendrán que acudir obligatoriamente a trabajar, como pretendía el consejero, Sergio Silva (PP). Toda vez que la reunión entre Gobierno y sindicatos ha acabado sin acuerdo por lo que se mantiene la convocatoria de paro convocada por Anpe, STEC, UGT, CCOO y TÚ. 

De esta forma, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC) ha acordado suspender cautelarmente el decreto de servicios mínimos de la huelga docente en Infantil y Primaria en lo relativo a la presencia de los tutores en las aulas de Infantil, primero de Primaria y Educación Especial: los tutores y tutoras no estarán obligados a permanecer en las clases.

La medida es provisional. En un auto, la Sala emplaza al sindicato Comisiones Obreras, que solicitó la suspensión del decreto, y al Gobierno de Cantabria el próximo lunes, a las nueve y media de la mañana, para que presenten alegaciones a esta decisión que podrá ser revisada por el tribunal.

El auto -contra el que no cabe recurso- señala que, si bien el tutor o tutora desempeña “una función especialmente relevante, considerando que son solo dos días de huelga, le parece a la Sala que esa función podría ejercerla alguno de los docentes que, según el decreto, conforma los servicios mínimos”.

Sí se mantienen el resto de servicios mínimos del decreto: la presencia del equipo directivo y un número determinado de docentes en función del número de alumnos de cada centro. “Habida cuenta de la relevancia de los derechos y valores afectados por la huelga, los servicios mínimos relativos al equipo directivo y los docentes añadidos en razón del número de alumnos de cada centro no constituye una desproporción manifiesta ni una limitación desmesurada del derecho de huelga”, concluye la resolución judicial.

¿Qué tal, cómo va todo?

Recordaréis quizá que la semana pasada os conté que en Euskadi habían convocado nada menos que cinco días de huelga educativa respaldada por los cuatro principales sindicatos... Pues no les ha hecho falta ni llegar a realizar el paro para sacar buena parte de sus reivindicaciones. Ha pasado bastante desapercibido por aquello de que no es Madrid, así que vamos con esta nada increíble historia de cómo protestar tiene efecto cuando se hace bien.

Los docentes de Euskadi llevaban ya nueve jornadas de huelga este curso y habían anunciado cinco días más de paro esta semana. Pedían, como casi todas las huelgas, mejores condiciones laborales: más dinero, por supuesto, pero también otras cuestiones. Han conseguido varias de ellas, también esa mejora salarial (en la comunidad que mejor paga a sus docentes de España).

El Ejecutivo vasco empezó el viernes diciendo que “a golpe de huelga” no mejora el sistema, pero la realidad le desmintió medio rato después. La amenaza de paro llevó a la consejera a decir que se atornillaría a la silla hasta lograr un pacto y más o menos eso pasó. El mismo viernes de madrugada habían firmado el nuevo acuerdo tres de los sindicatos convocantes. ELA no lo ha hecho porque dice que lo ofrecido no es suficiente.

El acuerdo mejorará las condiciones laborales del profesorado y, con ellas, todo el sistema. No es solo poner más dinero en las nóminas; los huelguistas (apoyados en un seguimiento continuo superior al 50%) han conseguido grandes avances para todos. Estos son algunas de las mejoras:

Hay más cosas, podéis consultarlas aquí. Y en este otro enlace tenéis además la intrahistoria de las negociaciones de los compañeros de elDiario Euskadi, siempre interesante.

Decía al principio que “protestar funciona cuando se hace bien” y el matiz es importante. También tiene que haber al otro lado alguien dispuesto a escuchar, claro. Pero el caso es que las huelgas fuertes, sostenidas en el tiempo y con buen timing, tres elementos que confluyen en este caso, tienen efecto. No es que no se supiera, pero no viene mal recordarlo de vez en cuando.

* Un apunte rápido ligeramente relacionado y seguimos con más cosas: la manifestación por la huelga en Madrid que se vio suspendida el día del apagón tendrá lugar finalmente el día 22 de mayo, no hoy como se había dicho en principio.

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¿Qué tal, cómo va todo?

Enseguida hablamos del apagón, aunque ya está más bien en el recuerdo sin que tuviera mucha afectación en el sistema educativo más allá de una cierta desorganización y desinformación en algunas zonas.

Antes quiero hablar del profesorado. No sé si tenemos que preocuparnos, si ya deberíamos estarlo o si hay una especie de burbuja retroalimentándose, pero en las últimas semanas se suceden los informes-estudios-encuestas que alertan de la degradación de la profesión docente. Y eso es un problema.

Recordaréis quizá que hace unas semanas hablamos de una profesión cada vez más difícil de ejercer por las circunstancias que la rodean y la exigencia creciente que sienten maestros y profesores. Estos días se han sumado CCOO y CSIF al debate público con sendos textos que tampoco ofrecen un panorama mucho mejor.

Dice CCOO –bueno, lo dicen los docentes en una encuesta– que el profesorado no tiene tiempo para ejercer su labor dentro de la jornada laboral (necesitan, de media, seis horas de más) y ese aumento de la carga de trabajo contribuye a que la mitad de ellos sufran un desgaste emocional “significativo”.

Francisco García, responsable de Educación de CCOO, explicó que en las últimas dos décadas se ha producido un deterioro en las condiciones laborales que afecta a los docentes, también “ha cambiado el perfil del alumnado, de la escuela, de las demandas que le hace la sociedad. El profesorado pone de manifiesto cierta tensión, malestar por la sobrecarga y la burocratización. El profesorado necesita un cambio”. Aquí os dejo el artículo con la información y, si preferís el bruto, aquí el informe.

Y este mismo lunes CSIF ha presentado su propia encuesta, esta más centrada en la convivencia, que también habla de deterioro en las condiciones del aula, como ya hizo Esade. Para CSIF –para los afiliados a CSIF– las situaciones violentas en el aula, provocadas sobre todo por los roces con el alumnado y las redes sociales, son dos de los principales problemas que afrontan cada día. Encontráis detalles en este enlace.

En cualquier caso, al final todos los sindicatos –todas las encuestas, si preferís– acaban en lo mismo: el profesorado quiere menos alumnos por aula, menos horas de clase semanal y, en general, unas mejores condiciones de trabajo. Y quién no, estaréis pensando.

Pero os decía al principio que creo que es motivo de preocupación porque, en conjunto, el profesorado se declara cansado y desmotivado con carácter general pregunte quien pregunte. Y aunque está lejos de ser un problema generalizado, ya hay ausencia de determinados perfiles técnicos o humanistas (profesores de griego o latín) y eso en parte es porque la profesión no parece atractiva. Y cada vez más docentes lo expresan abiertamente, cuando antes era una rareza.

También es cierto que nos acercamos al final del curso y el año se hace largo, pero es una cuestión a considerar. Hay mucha fe en que el futuro estatuto docente, que se negocia estos días, ayude a resolver la situación. No sé si demasiada fe.

También hemos hablado de...

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Hasta aquí por hoy. Os pido disculpas porque ha quedado un poco largo, consecuencia de lo corto que fue el anterior por el apagón.

Gracias por estar ahí, el martes que viene nos leemos de nuevo.

¡Feliz semana!

¿Qué tal? Creo que no necesito explicaros por qué ayer no hubo boletín. Vamos a tratar de recuperar lo perdido con una edición más breve camino del festivo de mañana.

¿Cómo pasaste el extraño día de ayer? A mí el apagón me pilló en la Facultad de Farmacia de la Universidad Complutense mientras cubría el pasacampus que calentaba la jornada huelga general que se celebró en la Comunidad de Madrid, donde todo el mundo, desde infantil hasta la universidad, tiene motivos para protestar contra Ayuso. La crónica, como la huelga, se quedó a medias.

Ahora hablamos un poco del paro, aunque quedó totalmente opacado por el apagón. Cuando saltó el suministro eléctrico y ya quedó claro que iba para largo, madres (sobre todo) y padres por todo el país se preguntaron cómo estarían sus hijos y si debían ir a buscarlos al colegio, una decisión que la mayoría tomó de manera autónoma ante la imposibilidad de contactar con los centros.

Por la tarde las dudas empezaron a extenderse. ¿Habría clase hoy martes? El Ministerio del Interior, que tomó el mando en ocho comunidades autónomas, dijo que había que abrir, al menos a modo de elemento para la conciliación de las familias.

Este es un melón que habrá que abrir en algún momento, porque es reiterativo. Cuando sucede algo, enseguida se piensa en los colegios como aparcaniños (o adolescentes) para que los progenitores puedan irse a trabajar. Este tipo de decisiones irritan profundamente a profesorado y direcciones de los centros, que siempre recuerdan que son educadores, no cuidadores, y que su trabajo no es vigilar a nadie. “¿Para qué va a venir un alumno de 17 años a mi instituto siete horas no lectivas?”, se preguntaba un docente. “¿A matar el rato? ¿Nos dedicamos a montar pachangas de fútbol?”. El enfado era notable y extendido en redes.

Los adultos se defienden... pero dan la razón al profesorado con que ejercen de cuidadores. “Al principio no iba a traerlos porque yo teletrabajo, pero es una gran ayuda. No tengo todavía Internet en casa y tengo que ver qué hago”, nos contaba Arancha a la puerta de un centro madrileño. “Vamos a ver cuántos somos, les dividiremos en dos grupos y veremos qué hacemos”, explica la directora con cierta sensación de lamento de ser “tratados como guarderías”.

Más allá de la queja, en la mayoría de las comunidades la situación fue de al menos relativa normalidad ayer. Casi todas abrieron sus aulas y en muchas se impartieron las clases como cualquier otro día, aunque Aragón, la Comunitat Valenciana, Extremadura, La Rioja y Madrid lo hicieron sin actividad docente. El caos llegó en Castilla-La Mancha y Galicia. 

En estas dos comunidades los respectivos gobiernos regionales anunciaron el lunes que no abrirían sus centros. Pero luego llegó la orden de Interior de al menos ofrecer un espacio de acogida, mensaje que no llegó a las familias. En Galicia, la Xunta admite que hubo “información contradictoria”. Una madre explicó a este periódico que no le encontraba sentido alguno al cierre generalizado cuando el lunes los pequeños pasaron el día en el centro sin problema alguno pese a la falta de electricidad.

Algo parecido sucedió en Castilla-La Mancha. Allí, la Junta explicó ya el lunes que “era necesaria una evaluación de los centros educativos” y que no habría actividad por la mañana. Finalmente, se decidió abrir por la tarde.

En este tipo de situaciones, uno se pregunta siempre qué diferencia a unas comunidades de otras. ¿Castilla-La Mancha necesitaba comprobar sus centros, pero el resto de regiones no? ¿Sabían ya el lunes que iban a estar bien? ¿Consideraron que no era necesario? Hacen falta explicaciones aquí.

Esta semana hemos hablado de...

Como os comentaba, en Madrid había una huelga programada el lunes. Era la primera huelga general educativa en más de una década y fue a toparse con una situación inédita. Ya es mala suerte porque pasó totalmente desapercibida. 

Si se piensa, tiene su mérito lo de Ayuso. Desde que ejerce como presidenta ha ido enfadando uno a uno a todos los sectores educativos de Madrid, desde las patronales infantiles hasta las concertadas, pasando por supuesto por todo el sistema público, que hoy se levanta ya cansado.

La crónica de la mañana, os decía, quedó interruptus, como la huelga (con mi dosis de mala suerte también, me faltaban cinco minutos para enviar el texto). El día había arrancado algo frío en cuanto a movilización, quizás, aunque la convocatoria había conseguido paralizar los campus de la Complutense y la Autónoma, las dos universidades más combativas. Pero poca incidencia en el resto.

En las etapas obligatorias el seguimiento fue desigual, según Menos Lectivas, pero rondando el 20%. Sin los sindicatos principales respaldando la protesta todo es más difícil, aunque los docentes de base y los sindicatos minoritarios están creciendo en apoyo y presencia.

Por la tarde, la gran manifestación quedó anulada. A las seis de la tarde, hora prevista de inicio, Atocha estaba colapsada por miles de personas tratando de volver a sus casas o cruzar la ciudad. Añadir una manifestación a ese caos no le habría generado muchas simpatías a la causa. Pero, problema-solución, ya hay nueva fecha: el 13 de mayo se recuperará esta asignatura pendiente.

Como os decía, hoy tocaba edición abreviada.

Así que lo dejamos aquí y nos leemos la semana que viene, de vuelta al horario habitual del martes si no se cae el mundo otra vez.

¡Feliz semana!

Las maestras de Infantil por las ratios; las de Primaria y Secundaria quieren además menos horas lectivas; en la Formación Profesional faltan plazas públicas; las universidades necesitan dinero, y no poco: que los techos dejen de caerse a pedazos puede ser un principio. Todo el mundo tiene un motivo para ir a la huelga este lunes en la Comunidad de Madrid. Y en Infantil, Primaria, Secundaria, FP y Educación Especial, también el martes.

Todos los motivos se articulan en torno a los recursos en el sistema público, sean materiales o no. Los recortes que empezaron tras la crisis de las hipotecas de 2008 y que se concretaron en 2012 con el ínclito decreto 14/2012 que firmó el exministro José Ignacio Wert no han sido revertidos del todo, y de aquellos barros, estos lodos más de una década después. El Gobierno regional no corrige las disfunciones que creó en su momento y ahonda en ellas, piensan en la plataforma de docentes Menos Lectivas junto a los sindicatos minoritarios como CGT, CNT o STES y asociaciones como el Sindicato de Estudiantes, el Frente de Estudiantes, y todas las plataformas en defensa de la universidad pública de la Complutense, la Autónoma, la Carlos III y la de Alcalá.

Pero pese a la unidad de estos colectivos y a que los convocantes califiquen de “histórica” la huelga por una transversalidad que hace décadas no se veía, el paro llega cojo en cierta medida por la falta de apoyo de los cuatro sindicatos principales de la región (al menos los que están en la mesa de negociación: CCOO, CSIF, ANPE y UGT), que no figuran entre las asociaciones que llaman a la protesta. CCOO sí se une a la convocatoria en la Universidad.

“Aunque las circunstancias de cada etapa son diversas, todas coinciden en estar padeciendo un desmantelamiento a ojos vistas del sistema educativo público, con una financiación claramente insuficiente que está afectando seriamente tanto a las condiciones laborales de las trabajadoras como a la calidad de la enseñanza”, se lee en el manifiesto que han acordado los convocantes.

No es el único motivo que impulsa la convocatoria del paro. “Otro objetivo de estas jornadas de lucha es que la sociedad en su conjunto sea consciente del maltrato y desmantelamiento de la educación pública madrileña y se involucre en su defensa, apoyando la manifestación”, añade el texto, un argumento que destacaban algunas de las personas que están protagonizando las protestas en la universidad, que de alguna manera han cogido el liderazgo reivindicativo en las últimas semanas con marchas y encierros en varios campus.

Madrid es la región de España que peor financia su educación pese a ser la más rica. Según CCOO, la Comunidad invierte el 2,1% del PIB en el sector frente a una media nacional del 3,6%. Pero (casi) un porcentaje sacó a nadie a la calle. Si lo hace tener a 18 niños de tres años para ti sola en clase, a 35 adolescentes, pasarte media jornada laboral rellenando papeles o informes, no tener la posibilidad de ascender en la universidad porque no se convocan plazas o estar entre los docentes peor pagados del país pese a vivir en una de las comunidades más caras.

“Los recortes son inaguantables”

La marea verde que siguió a los recortes instaurados por Wert a principios de la década pasada dejó cierta sensación de agotamiento entre la comunidad educativa, que se vació llenando las calles para (en Madrid) no conseguir gran cosa. Tras esos años hubo otro puñado de ellos de calma tensa y poca movilización. Hasta los últimos dos ejercicios, en los que el espíritu reivindicativo ha vuelto a los centros y a las plazas.

El pasado mes de febrero hubo una buena muestra con una manifestación –sin huelga, un domingo– a la que estaba llamada toda la comunidad educativa madrileña por primera vez en años. Unas 100.000 personas, según los convocantes, salieron a la calle a decirle a la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, que ya está bien de recortes, que son “inaguantables”.

Antes de eso, la presidenta Ayuso había conseguido lo que puede considerarse un hito histórico: puso de acuerdo a los siete principales sindicatos de la Comunidad de Madrid, ideológicamente tan dispares como el conservador ANPE o el anarcosindicalista CGT –que crece sobre todo en los centros universitarios en los últimos tiempos, cuentan fuentes que conocen los campus–, que convocaron una huelga conjunta.

Las reivindicaciones

Las reivindicaciones se le acumulan a la comunidad educativa. Las hay comunes a todas las etapas –más financiación, menos alumnos por clase– y las hay particulares de cada una de ellas. En las escuelas infantiles que cubren el 0-3 años, PLEI (Plataforma Laboral Escuelas Infantiles) pide una bajada de ratios, que con 8 niños por clase en el primer curso (0-1 años), 14 en el segundo (1-2) y 20 en el tercero (2-3) superan las recomendadas por la UE (que están en 4, 6 y 8, respectivamente), explican desde Menos Lectivas. También quieren estas maestras que su jornada laboral incluya más horas no lectivas (sin dar clase) de manera que puedan realizar todo el trabajo (pedagógico, pero también administrativo) que necesitan.

Sus compañeras de Primaria quieren menos horas de clase semanales. Como las ratios, las horas lectivas subieron con el ministro Wert, aunque después la mayoría de las comunidades autónomas las fueron rebajando paulatinamente cuando pudieron. No lo hizo Madrid, entre otras pocas, que se mantiene en 25 horas semanales para Primaria y 20 en Secundaria. La exigencia es rebajar esas cifras a las más habituales 23 y 18. Los cuatro sindicatos principales acaban de firmar un acuerdo con el Gobierno regional para hacer una rebaja gradual a 19 en Secundaria, aunque en Primaria se quedan como están.

Menos Lectivas ha criticado el acuerdo, que dice “no avanza nada” y ofrece “cambios menores”. La plataforma de docentes de base ha realizado una encuesta entre 10.335 docentes (el 20% del total de la Comunidad de Madrid), de los que el 92,7% se ha manifestado en contra del acuerdo.

Tanto en Primaria como en Secundaria los convocantes subrayan la necesidad de bajar las ratios también, actualmente fijadas en 25 estudiantes por aula en Primaria, 30 en Secundaria y 35 en Bachillerato, cifras susceptibles de subir un 10% si es necesario. “Nuestro alumnado no cabe en las aulas, son demasiados para poder atender de forma mínimamente individualizada sus necesidades, que son muchas”, explicaba Almudena, profesora de Filosofía y miembro de Menos Lectivas.

También la Formación Profesional tiene sus reivindicaciones. En las más básicas son simples: poder cursarla. Que haya plazas públicas y que estas tengan garantizadas las prácticas que estos estudios exigen para obtener el título, cosa que actualmente no sucede. La FP privada está disparada en Madrid desde hace años, con crecimientos que rozan el 1000% en los últimos años en la etapa superior, y encontrar un hueco en la pública en según qué disciplinas es prácticamente imposible por alta que sea la nota que se tenga.

Todos ellos exigen además que se reduzca la burocracia a la que tienen que hacer frente casi a diario. Esta petición no es exclusiva de la Comunidad de Madrid y tampoco es nueva. El profesorado y, sobre todo, las direcciones de los centros llevan años denunciando que cada ley que llega incorpora más trabajo burocrático a una profesión ya cargada.

“Hay muchos órganos de coordinación y de cada reunión de todos esos organismos hay que hacer un acta. Los tutores tienen que reunirse con entre 25 o 30 familias a lo largo del curso, varias veces con algunas, y rellenar un acta de cada cita. Hay que hacer una programación al principio, documentos de seguimiento de esa programación durante el curso y al final una memoria. Esto es el trabajo ordinario. Cuando un niño tiene una dificultad (autismo, con dislexia, déficit de atención, con conductas autolíticas, con un problema de salud que le impida de alguna manera asistir a clase o venir al curso, con un problema de absentismo, con un problema en casa) hay que hacer un protocolo para abordarla con la manera en la que se va a seguir. Las situaciones particulares de los alumnos, al final, llevan mucho trabajo”, explicaba el profesor Guillermo. Y no llegó siquiera a mencionar las evaluaciones ordinarias, cuando los docentes tienen que rellenar excels interminables llenos de ítems para cada estudiante.

Por último, la universidad necesita más financiación como las personas necesitan aire para vivir. Tras años de perfil bajo ante la infrafinanciación flagrante –dicen sus responsables–, en los últimos meses los rectores han cambiado de estrategia para elevar la voz y contarle a quien quiera escuchar que las universidades se desangran. Que en los últimos 15 años el Gobierno regional ha aumentado la financiación un 6% cuando la vida ha subido un 34%, tienen menos dinero en términos reales, los fondos públicos no les permiten cubrir las nóminas y apenas les da para abrir las puertas cada día. El futuro tampoco pinta mejor, advierten: el borrador de la ley de universidades que ha elaborado la Comunidad de Madrid ahonda en la privatización de los campus y establece que el Gobierno regional solo aportará un máximo del 70% de los presupuestos universitarios.

Todos ellos, cada uno por sus motivos y con la defensa de la educación pública como meta común, se verán las caras el lunes en una, esperan, gran manifestación de la tarde. Una marcha que es parte del camino, no el final, advierten. Las protestas van a seguir.

Soy una alumna del instituto público IES Zabalgana que cursa primero de Bachillerato. Los estudiantes hemos sido informados de los cinco días de huelga por los que van a pasar la mayoría de nuestros docentes: del 12 al 16 de mayo. Estos días servirán para la lucha por la mejora de sus condiciones laborales, puesto que aún no se ha llegado a ningún acuerdo al respecto. Desafortunadamente, esta iniciativa será perjudicial para todos los alumnos pero, sobre todo, para aquellos que estamos en Bachiller.

Por un lado, los cinco días de protesta están fijados en una semana de mayo que precede a nuestros exámenes finales, que determinarán nuestras notas y nuestros intentos de acceder a instituciones de enseñanza superior. Eso por no hablar de los que cursan segundo de Bachillerato, que tienen la Selectividad a la vuelta de la esquina y deben estar más formados y preparados que nunca. Los estudiantes de la Educación Secundaria Obligatoria también se verán perjudicados, debido a su necesidad de un nivel educativo digno para aquellos que se quieran presentar a un grado medio.

Con la ausencia de nuestros profesores, perderemos la capacidad de recibir parte de nuestro aprendizaje, ya que habrá elementos del temario que tendremos que dejar a un lado y otros que estudiaremos con una excesiva rapidez. Por otro lado, hablo en nombre de la mayoría de alumnos cuando afirmo que apoyamos la lucha de los docentes. Somos conscientes de que sus salarios se han mantenido en una cifra muy similar durante años, mientras que la inflación ha ido vulnerando su condición económica. Los datos demuestran que los trabajadores del sector de la educación pública han sufrido un 5,4% de reducción en su poder adquisitivo entre los años 2020 y 2024. Además, una parte del dinero del sector público destinado a la educación ha sido asignado a colegios e institutos que han mantenido su carácter concertado o incluso privado, cuyo resultado es la exclusión social de ciertos colectivos.

Otro motivo de esta demanda es el peso y la presión mental con la que cargan los estudiantes cada día careciendo de la atención psicológica que deberían poseer. Necesitamos más orientadores que puedan saciar esta necesidad de escucha, comprensión y alternativas para nuestros problemas. Por consiguiente, los estudiantes pedimos cambios en el sistema educativo público. Arreglar los problemas ya mencionados sería un gran paso para alcanzar el bien de nuestra comunidad y el hecho de llegar a un acuerdo nos resultaría muy gratificante, ya que nosotros somos una pieza clave en este conflicto. Nuestra principal reivindicación es que se nos tome en consideración y se apueste de forma real y urgente por la educación pública, la de todos, uno de los bienes sociales y humanos más importantes. 

Steilas, LAB, ELA y CCOO han valorado el “amplio seguimiento” de la huelga del profesorado de la educación pública no universitaria de Euskadi que han convocado para este miércoles, que han cifrado en el 75%. Asimismo, han pedido al Departamento de Educación que “elabore propuestas reales” para atender las demandas de los trabajadores “dejando de lado de una vez por todas los intentos de desactivar las huelgas”.

En un comunicado conjunto, los sindicatos convocantes han explicado que el apoyo a la huelga, a la que estaban llamados 27.000 docentes, ha sido “similar a las otras dos jornadas de huelga celebradas en enero”.

Steilas, LAB, ELA y CCOO han valorado el “amplio seguimiento”, que cifran en un 75%, pese a los servicios mínimos “abusivos” establecidos por el Gobierno Vasco y que a “miles de trabajadores y trabajadoras se les ha denegado el derecho a la huelga, por lo que la huelga en sí ha estado condicionada”. Asimismo, han lamentado que “tampoco ayudan” las cartas que el Departamento de Educación ha enviado a las familias o la actitud que está mostrando en las mesas negociadoras.

Los sindicatos han destacado que las movilizaciones convocadas en las tres capitales de Euskadi, bajo el lema '¡Mejora de las condiciones laborales, decididas aquí y ahora!', han reunido a “miles de docentes” para denunciar que, “a pesar de que tenemos un nuevo Departamento de Educación, tenemos sobre la mesa la misma forma de actuar que en los últimos años”.

Así, han advertido de que las condiciones laborales del colectivo de docentes de Educación “están empeorando, ya que el Departamento de Educación toma decisiones unilateralmente y las negociaciones se prolongan constantemente sin contenido significativo”.

Los sindicatos han explicado que “las huelgas y movilizaciones de enero han obligado al Gobierno Vasco a convocar dos mesas y a dar unos pocos pasos” pero todavía “quedan lejos las propuestas que respondan a las demandas” de los trabajadores.

A su entender, tanto las propuestas planteadas en la reunión del lunes como en la del martes son “insuficientes”. Según han criticado, “una vez más la intención del Departamento de Educación ha sido escenificar las negociaciones, con la intención de firmar un acuerdo en minoría” con los sindicatos que “no representan a la mayoría de la plantilla”. De este modo, han subrayado que los convocantes de las huelgas que representan al 90% del profesorado.

Por ello, han instado al Departamento de Educación a que “elabore propuestas reales, dejando de lado de una vez por todas los intentos de desactivar las huelgas”.

Los sindicatos Steilas, LAB, CCOO y ELA han convocado siete paros de dos horas en febrero, marzo y abril en la enseñanza pública de Navarra, dando así continuidad a las tres jornadas de huelga que han desarrollado durante este curso escolar para exigir mejoras en el sistema público de educación.

Las cuatro organizaciones, que representan a la mayoría sindical en la enseñanza pública, han señalado que en la última jornada de huelga, el pasado 30 de enero, “miles de profesores y profesoras volvimos a salir a la calle para comunicar al departamento de Educación que estamos cansadas e indignadas con su actitud, y es que no tiene ninguna intención de negociar de verdad sobre las necesidades reales que tiene la educación pública ni de conseguir la inversión necesaria para llevarlas a cabo”.

Los sindicatos han convocado los paros distribuidos por comarcas, de forman que llaman a los profesores a secundar la movilizaicón el 19 de febrero en Baztan-Bidasoa, el 26 de febrero en Tierra Estella, el 12 de marzo en Sakana-Larraun-Leitzaldea, el 19 de marzo en Sangüesa-Pirineos, el 26 de marzo en la Ribera, el 2 de abril en la Zona Media, y el 9 de abril en la Comarca de Pamplona.

En una rueda de prensa que han ofrecido los cuatro sindicatos, Unai Álava, de CCOO, ha explicado que van a llevar a cabo una campaña a favor de la educación pública con el lema 'Hezkunta publikoaren alde - Muévete por la pública' y “en las próximas semanas acudiremos a todas las comarcas de Navarra”.

El objetivo de esta visita a las comarcas, según ha señalado Oihane Jordana, de LAB, es “escuchar al profesorado, definir entre todos y todas las necesidades y soluciones que necesita la educación pública”, y “reivindicar en la calle las inversiones y medidas necesarias para conseguirlas”. Así, prevé realizar “numerosas asambleas en las diferentes comarcas de Navarra”. También realizarán concentraciones coincidiendo con las jornadas de paro.

Oihane Jordana ha explicado que las cuatro organizaciones sindicales participaron el pasado jueves en la primera reunión del pacto educativo con el departamento y ha afirmado que “se nos volvió a decir que prácticamente no hay dinero para nuestras reivindicaciones, que únicamente habrá una partida para llevar a cabo el pacto”.

Unai Álava ha destacado que “tener reuniones con el departamento para hablar sobre el pacto educativo no es lo mismos que negociar” y ha señalado que “llevamos varias convocatorias de huelga con una serie de reivindicaciones que no necesariamente tienen que estar en este pacto”.

El representante de CCOO ha indicado que los sindicatos están “abiertos a negociar” y “más que líneas rojas, tenemos que tener estándares de calidad, un plan con lo que el profesorado nos demanda, y no vemos que eso tenga reflejo con lo que nos traen a las mesas”. “Lo que hay no es suficiente”, ha señalado.

La Junta de Andalucía tiene previsto sacar casi 8.000 plazas en las oposiciones de este año para todos sus cuerpos docentes, que incluyen Infantil, Primaria, Secundaria, enseñanzas de idioma y artísticas y Formación Profesional. La cifra no es oficial, pero se da ya por segura en ámbitos docentes y sindicales. Un aluvión de plazas que, sin embargo, está provocando resquemor entre los interinos, un colectivo muy numeroso y condenado a la extinción sin apenas posibilidades de supervivencia, según se quejan algunos de ellos.

Advierten de que la Junta quiere corregir el problema del histórico abuso de temporalidad sacando miles de plazas de golpe en el momento más inoportuno: con unas oposiciones abiertas justo en un año donde la mayoría de comunidades autónomas no tienen procesos selectivos en el cuerpo más numeroso, el de maestros. Prevén que el “efecto llamada” desde Andalucía, con la oferta más nutrida de todo el país, provoque una escabechina entre docentes con muchos años de trabajo los colegios andaluces.

“Es una traición. Andalucía ha hecho dos procesos de estabilización ridículos y ahora saca todas esas plazas en una macrooposición para toda España”, protesta Javier Hernández, secretario del Sindicato Independiente de Interinos Docentes en Andalucía (IIDEA).

Aunque no es oficial, un documento filtrado por los sindicatos anticipa la convocatoria por el sistema de acceso libre de 7.840 plazas en total, 3.244 de ellas para Secundaria y 4.390 para el cuerpo de maestros. Aquí se incluyen las de Primaria: un total de 1.492, cuando las vacantes informatizadas para interinos que salen cada verano rondan las 1.500. La previsión anticipada en verano por la anterior consejera, Patricia del Pozo, es que entre este año y el que viene se oferten 14.000 plazas docentes.

IIDEA cree que al menos la mitad del total deberían haberse incorporado a los procesos de estabilización de 2023 y 2024, porque corresponden a las ofertas de empleo público de 2022-2024.

Huelga de interinos la próxima semana

El sindicato fue constituido el pasado verano para representar exclusivamente a los interinos, ante la sensación de que sus reclamaciones quedan postergadas en la agenda. Cuenta ya con unos 400 afiliados, según aseguran. Calculan que en Andalucía hay unos 20.000 docentes interinos y bolsas con unos 60.000 integrantes en total.

En noviembre reunieron a unas mil personas en una manifestación en Sevilla, y ahora acaban de convocar a los interinos e interinas de Andalucía a una huelga los próximos 5 y 6 de febrero, que harán extensiva a los miércoles y jueves de cada semana hasta que la Consejería, al menos, escuche sus reivindicaciones. Reclaman que se suspendan las oposiciones de este año.

Por ahora, la falta de sintonía es total: la Consejera de Educación, Carmen Castillo, ha dicho esta semana que no entendía los motivos de la protesta. La consejera esgrimió el argumento de la estabilización: “Quien quiera ser maestro o profesor en el sistema público andaluz ahora tiene la oportunidad. El modo en el que incorporamos a los docentes son las oposiciones”.

Desde IIDEA replican que tiene trampa porque la estabilización, obligada por sentencia del Tribunal de Justicia Europeo, se ha hecho mal. “Se vende la convocatoria como algo muy positivo, una oferta de empleo público, pero se esconde que van a dejar a miles de personas con años de experiencia en la calle, por un problema que han creado ellos abusando de la figura temporal que no han resuelto. Es un ERE encubierto”, denuncia Hernández, quien acumula ahora cuatro años como interino y teme que el próximo curso irá a la calle.

Casi 4.000 plazas para maestros

Según la recopilación de IIDEA, este año sacan oposiciones al cuerpo de maestros Galicia (que tiene lengua cooficial, y por tanto hay mayor restricción de acceso), Baleares (donde ocurre lo mismo), Cantabria (con pocas plazas e inscripción cerrada del año pasado), Canarias (que está pendiente), Ceuta y Castilla y León, la más amplia, con 700 plazas. “El resto no convocan. La oferta de Andalucía para maestros es de más de 4000, la siguiente es Castilla y León, 700. ¿Dónde va a venir ir madrileño, un murciano, un valenciano…? Todas las academias están preparando para Andalucía”.

En Secundaria sí habrá oposiciones en todo el territorio, pero el problema se habría ido generando con la convocatoria consecutiva de tres procesos, en 2023, 2024 y 2025.

La consejería rebate que vaya a producirse efecto llamada. Asegura que “va a haber oposiciones en todas las comunidades autónomas”, una verdad a medias porque obvia que sólo seis convocan las más numerosas (del cuerpo de maestros), y que ninguna alcanza ni de lejos la oferta de la andaluza.

En la Junta no ven problema. “En los procedimientos de oposiciones libres de estos años, el 90% de las plazas las han conseguido docentes andaluces”, resalta un portavoz de la consejería, que fija para el mes que viene la convocatoria con las plazas definitivas y las fechas de las pruebas, que serán en junio, si nada cambia.  

En 2018, estando en la oposición, el PP pidió el aplazamiento las oposiciones para el cuerpo de profesorado de música “para que esta convocatoria coincida con el resto de las comunidades”, según defendió con vehemencia Carmen Crespo, por entonces portavoz en Educación de los populares andaluces.

Valoración de los sindicatos

La Junta esgrime también el consenso con los sindicatos representados en la mesa sectorial. Ninguno apoya las movilizaciones y todos subrayan su apuesta por el empleo público estable y las oposiciones como forma de acceso. No pueden decir otra cosa.

Sin embargo, entre líneas se admite el problema. “Nosotros pedimos en diciembre al ministerio que ejerza un liderazgo para que se vuelva a la coordinación que se perdió en 2010”, señala Elena García, presidenta del sector de Educación de CSIF Andalucía. “Lamentamos que la falta de coordinación pueda provocar que en lugar de 35.000 aspirantes, sean muchos más, si es que ocurre ese posible efecto llamada”.

También Ustea ha pedido a la Consejería que los procesos selectivos sean a la vez. “La respuesta de la Junta siempre ha sido la misma: el volumen de docentes de Andalucía es muy superior a la de las demás y por lo tanto ellos van a seguir convocando cuando lo estimen”, explica un portavoz de este sindicato.

En Andalucía, los interinos rondan el 20% del total de docentes, lejos aún del objetivo del 8%. Según las cifras que CSIF recopiló poco antes de Navidad, 23.604 de los 112.433 docentes andaluces son interinos. Un 20,99%, con provincias donde la tasa supera el 20% como Almería (26,49%), Cádiz (30,22%) o Huelva (31,75%). “Es lógico que exista un porcentaje, porque hay bajas, maternidades y paternidades, pero no que el 25% sea una plantilla inestable. Eso no es bueno para el sistema, el alumnado y los aspirantes”, lamenta García.

En todo caso, García subraya que las plazas que salieron a estabilización atendían a los criterios de la ley 20/21, aprobada para una situación extraordinaria y puntual. Por el contrario, las que saldrán ahora en oposición libre son plazas de reposición de jubilaciones o fallecimientos, sin posibilidad de estabilización extraordinaria. Esa oportunidad ya pasó.

“Esta controversia vuelve a mostrar que la Consejería no está a la altura de miras que necesita Andalucía: ni sacan las plazas públicas que necesita nuestra comunidad, cerca de 20.000 según nuestro estudio, ni se acercan al 120% de las plazas permitidas por reposición, ni apuestan por la estabilidad del personal interino de nuestra comunidad”, señala Diego Rodríguez, de CCOO.

6.000 plazas estabilizadas en los últimos años

Andrea Sanz, que preside el sindicato IIDEA, es interina desde 2015. Desde entonces ha trabajado sin interrupción como profesora de Francés en un instituto de Secundaria. Para ella el problema no es tan inmediato, pero vaticina que llegará en 2026. Hasta entonces, la previsión es que salgan apenas 25 plazas en concurso-oposición. “No ha habido estabilización. Tampoco en Historia de Secundaria y ahora sacan casi 400 plazas. ¿Por qué no las reservan para estabilización?”.

En los últimos años la consejería ha estabilizado 6.113 plazas en total (Primaria, Secundaria, Escuelas de Idiomas, Conservatorios de Música y Artes Escénicas, Formación Profesional, Artes Plásticas) en dos procesos de estabilización: 3.287 en un concurso de méritos puro (de esas, 820 para el cuerpo de maestros) y 2.826 mediante concurso-oposición (2030 para maestros).

Para IIDEA, es una estabilización escasa y muy abierta, de modo que han logrado plaza por concurso de méritos personas que no eran docentes, pero acumulaban puntos por otros trabajos en la administración, o docentes procedentes de otras comunidades autónomas. El resultado, denuncian los interinos, es que se han estabilizado plazas, pero no a los docentes que las ha ocupado durante años en abuso de temporalidad, lo que contravendría el espíritu de la norma y de la sentencia europea.

“No estabilizaron lo que tenían que estabilizar (sobre todo en 2023), y ahora esas plazas salen todas de golpe dejando a los interinos sin vacantes, solo algunas residuales de sustituciones para interinos de muchos años de tiempo de servicio. El resto irá a la calle”, lamenta Hernández.

El nuevo sindicato denuncia también que la escasez de los procesos de estabilización ha provocado un crecimiento desmedido de las bolsas de interinos, que este año se hincharán aún más por la previsible afluencia masiva desde otros puntos del país. Aunque saquen buenos resultados, muchos no podrán trabajar porque la competencia es ya enorme, y lo será cuando la bolsa se infle aún más. El resultado será un gasto económico inútil, la frustración generalizada y el crecimiento del problema, vaticinan.

La sensación de injusticia se acrecienta por el hecho de que, a diferencia de lo que ocurre en otras comunidades autónomas, en Andalucía las plazas se distribuyen de forma igualitaria por tribunales, en lugar de integrar un listado común. De esta forma, un 9 puede servir para obtener plaza o no, según la competencia en cada tribunal.

Un componente de incertidumbre que se suma a un “alto grado de subjetividad y aleatoriedad” y escasa transparencia. “Todo esto va a provocar que interinos con 10 o 15 años de servicio, con varias oposiciones aprobadas y con notas altas, se queden en la calle”, concluye Hernández.

La Asamblea Menos Lectivas, junto con los sindicatos CGT, CNT y STEM, lleva a cabo este lunes una entrega de reclamaciones dirigidas a los diferentes responsables de cada Dirección de Área Territorial (DAT) para exigir la reversión de los recortes a la educación pública, entre otras cuestiones y denunciar situaciones de incumplimiento de la legalidad vigente en los centros.

De este modo se recogen distintas problemáticas como la sobrecarga de horas lectivas, ratios excesivas, falta de profesionales de atención a la diversidad, clases en barracones o cierre de grupos en favor de la concertada. Una de las portavoces del colectivo Ana Vicenti explica que esta tarde van a realizar una “entrega simbólica” de todas estas reclamaciones.

Además, apremian a tener una respuesta en un plazo de 15 días a los directores de área territorial (las zonas educativas en las que se divide la región): Marcos Rafael Moreno Sánchez (DAT este), Coral Báez Otermín (DAT capital), José Macías Velázquez (DAT oeste), Enrique Gutiérrez López (DAT sur) y Lavinia Llamedo Valle (DAT norte).

“Pedimos una fecha concreta de reunión para comenzar a abordar todo lo recogido en las reclamaciones. Queremos que la Comunidad de Madrid nos escuche, y si el consejero de Educación no nos hace caso, pediremos soluciones a los directores de área”, ha afirmado Leticia, maestra de Pedagogía Terapéutica.

La plataforma docente, que cuenta ya con más de 180 asambleas constituidas en diversos centros, pretende escalar la presión con acciones como esta. “Estamos cansadas de que se sucedan reuniones en la Mesa Sectorial en las que no sabemos lo que pasa, y de las que lo único que nos llega es el absoluto desprecio de [el consejero de Educación, Ciencia y Universidades, Emilio] Viciana por la educación pública. Exigimos al Consejero que escuche las demandas de las docentes en activo, que conocen bien las necesidades de sus centros” señala Paloma, profesora de lengua.

Planean realizar una “gran manifestación”

Así, los docentes afirman que continuarán su agenda de movilizaciones con una oleada de reclamaciones a la que se sumarán el próximo mes las familias y la organización de una gran manifestación ciudadana con todos los sectores y etapas de la educación, mientras siguen construyendo la caja de resistencia hacia huelgas contundentes.

Al término de la entrega, los docentes se desplazarán a la cercana Plaza Pedro Zerolo para poner en común las reivindicaciones recopiladas en las reclamaciones de cada centro.

El acto va en línea con las diversas movilizaciones que se han producido por parte del mundo educativo a lo largo de este año. Ha habido varias concentraciones, huelgas y manifestaciones, la última de las cuales se produjo el pasado 21 de noviembre en la capital y acogió a más de 5.000 docentes.

A ella acudieron tanto los sindicatos de la Mesa Sectorial (CC.OO., UGT, CSIF y ANPE), que fueron los convocantes, como la asamblea Menos Lectivas, que no participa en las negociaciones con el consejero del ramo, pero que está movilizándose también.

La exigencia principal, aunque no la única, se evidencia en el nombre de la asamblea: bajar las horas lectivas de los docentes. En Secundaria, la petición es reducirlas de 20 a 18, mientras que, en Primaria, de 25 a 23. La primera de las demandas sí que fue aceptada por Viciana, pero la segunda no ha sido planteada en la mesa de negociación hasta la fecha.

Más allá de las horas lectivas, reclaman también acelerar la bajada de ratios, reducir la burocracia, la equiparación salarial con otras comunidades y la libre elección de jornada, entre partida o continua.