Los hongos se multiplican en un segmento preciso de Internet, aquel pliegue de la ciberesfera en el que los usuarios buscan dejarse sorprender por la naturaleza. Su influencia no es tan reducida como en principio pudiera parecer, sale a relucir en la cultura popular, la superficie de las cosas más visibles, tanto en productos mainstream de éxito masivo como en una pequeña revolución en el sector editorial.

Más allá de su tradicional asociación con las brujas y la magia, o con el universo de la psicodelia, las setas, los hongos en general, la micorriza que se expande bajo el suelo y que contribuye a levantar la vida en los bosques, hace años que atrae un creciente interés por parte de un cierto sector de la cultura. El motivo no es otro que sus características ecológicas entendidas en el sentido más literal del término, el de las relaciones que se establecen entre los seres vivos de un mismo ecosistema. Unas cualidades de interconexión con el entorno, colectividad y simbiosis que inspiran una metáfora de nuevas conexiones humanas, regeneración y crecimiento. En la era de la crisis del clima, esta idea optimista encuentra un sugerente paralelismo con las redes que se forjan en Internet.

En cuanto a su presencia en la cultura pop, tal vez el hito más relevante fue la publicación en 2020 de The Last Of Us 2, la secuela del videojuego producido por el estudio Naughty Dog. La historia necesita poca presentación gracias a su versión televisiva en HBO, protagonizada por Pedro Pascal y Bella Ramsey. Lanzada en 2023, la serie actúa como una vuelta de tuerca al género del apocalipsis zombie que conectó especialmente con una audiencia todavía traumatizada por la pandemia mundial de COVID-19. En ella, unos hongos provocan una infección letal, propulsada por su consciencia colectiva. Pese a todo, se puede argüir que The Last Of Us no es una obra sobre supervivencia, sino sobre la humanidad que prevalece en el acto de sobrevivir. Las decisiones que se toman y las que se descartan, el pensamiento colectivo frente al atomizado, la calidad de los vínculos y la forma de atenderlos son asuntos menos evidentes tal vez, pero más acuciantes en la narración.

La cuestión de qué tipo de sociedad queremos construir, por encima de si la misma debería contentarse con prolongar su existencia. Todos estos son temas que, por azar o no, tienen mucho que ver con las razones por las que los hongos y la red fúngica están hoy en el centro de las miradas de numerosos actores de la cultura. 

Una metáfora de las posibilidades de Internet

Las setas y los hongos en general se han transformado en una metáfora por sí misma en el contexto cibernético. En redes sociales masivas como Instagram es fácil encontrar cuentas con decenas de miles de seguidores como Mushroom Hunting Lover, en la que la belleza particular de los hongos atrae las miradas curiosas. También proyectos que aspiran a generar una cierta comunidad como Mushroom People o The Future is Fungi, con sus propias publicaciones, que recogen expresiones artísticas motivadas por los hongos. Pero en una red social tan crítica con las grandes tecnológicas e impregnada de valores sociales como Mastodon también es un contenido habitual marcado con su propia etiqueta, #mushtodon, en la que se pueden encontrar las fotos publicadas por usuarios fascinados ante la rareza de los hongos que encuentran en su camino. En esta red social descentralizada y sin ánimo de lucro, existen varias iniciativas similares que conectan lo digital con la naturaleza.

Hace años que el discurso investigador y crítico alrededor de Internet se deja impregnar con metáforas de lo observado en la naturaleza. No solo por la calidad de los vínculos e interacciones que desarrollamos en redes sociales, sino también por la estructura empresarial del propio paisaje de plataformas. Sobre esto escriben Maria Farrel y Robin Berjon en un artículo publicado en Noema bajo el título We Need To Rewild The Internet (Necesitamos re-asalvajar Internet). Empleando el ejemplo de la explotación agrícola agresiva del suelo frente a lo que ocurre cuando las redes ecológicas se desarrollan libremente en él, los autores evocan un Internet de otro tiempo, tal vez de factura más artesanal, que hoy tiene la capacidad de provocar una fuerte nostalgia digital. 

La de la naturaleza salvaje también es una metáfora que emplea el investigador Ben Tarnoff en su libro Internet para la gente (Debate, 2025), cuando dibuja la imagen de un centro comercial —una forma simbólica de representar las aplicaciones y estructuras de las big tech— abandonado, cubierto por plantas invasoras y nidos de aves. Su propuesta es reforestar el paisaje digital más allá del ordenamiento comercial de las grandes plataformas.

Las setas aprovechan la descomposición y creo que no se le escapa a nadie que vivimos en un momento muy descompuesto, una época de muy poca estabilidad. Fijarse en las setas, estudiarlas y tal vez querer imitarlas, implica querer buscar una manera de enraizarse allí donde parece imposible

Puede que la primera vez que se pudo leer en castellano un símil entre el papel del micelio en los bosques y las conexiones humanas trenzadas en Internet fuera en la newsletter de la escritora especializada en cultura digital Clara Timonel. Ya en 2019, en una carta titulada Sobre las hifas, Timonel hablaba de la importancia de ese Internet que transcurre invisible a los algoritmos de recomendados de las redes sociales, como la red fúngica bajo el suelo, pero extendía la metáfora a otras facetas de la vida humana, que se perciben vulnerables en un contexto de profunda crisis como el actual.

Hoy, al preguntarle a la investigadora sobre este paralelismo, Timonel cuenta a elDiario.es que en el micelio “buscamos un modelo de conectividad que sea horizontal, mutuo y sencillo. Porque el micelio, para todo lo complejo que es, en realidad no es otra cosa que una hifa detrás de otra, y eso es muy inspirador a la hora de imaginar y volver a imaginar estructuras y procesos sociales que sean justos, accionables y posibles.” En este sentido, a la autora le sirve para encontrar ánimos en el contexto actual: “Buscamos esperanza en la desolación. Las setas aprovechan la descomposición y creo que no se le escapa a nadie que vivimos en un momento muy descompuesto, una época de muy poca estabilidad. Fijarse en las setas, estudiarlas y tal vez querer imitarlas, implica querer buscar una manera de estabilizarse, de enraizarse, allí donde parece imposible. Sobrevivir y hacer algo de provecho mientras sobrevives. Los hongos son fundamentales en la cadena trófica, tan importantes que creo que tan solo hemos rascado la importancia real que tienen en los ecosistemas. Algo puede ser tremendamente importante siendo muy discreto y muy sutil.”

Estas ideas de Timonel se pueden enlazar con la tesis de fondo del ensayo de Lowenhaupt-Tsing sobre el matsutake, con lo que la antropóloga llama “la vida sin la promesa de la estabilidad”. Al hablar de este hongo, menciona su capacidad de crecer en lugares arrasados por la actividad industrial del capitalismo, incluso por bosques que han sido víctimas de un incendio. Una aspiración que la autora traslada a un mundo tal vez paralizado por el contexto de precariedad que ha de combatir a diario. Tsing habla del presente como de la estación de las setas, el otoño, repleta de posibilidades, sin la cual no hay verano ni futuro. 

Aspectos de los hongos que inspiran la metáfora

Tal vez por eso un elemento tan pequeño inspira no solo la posibilidad de un Internet algo más libre de la influencia de los algoritmos comerciales, sino la fe en la capacidad humana de resistir, colectivamente y a pesar de todo. En un artículo publicado en Psyche sobre la evidencia de la inteligencia de los hongos, el biólogo y autor Nicholas P. Money cita la capacidad de estos de descomponer materia orgánica y transmitir información sobre el entorno como principal evidencia de una forma de consciencia.

“Cuando una parte del micelio encuentra restos de madera, los nutrientes extraídos se distribuyen por toda la colonia, que orienta su crecimiento hacia localizaciones fértiles del suelo forestal”, escribe el autor del ensayo Nature Fast and Nature Slow. “El micelio opera como algo más que una simple suma de hifas individuales; es como un organismo multicelular integrado”. Y se refiere a un artículo publicado en la revista académica especializada Fungal Ecology, elaborado a partir de un experimento realizado en Alemania, para afirmar que los resultados transmiten la capacidad de “reconocimiento espacial, memoria e inteligencia” de los hongos como un “organismo consciente”.

Un árbol nunca va por libre, va con la arboleda. Una arboleda nunca va por libre, va con el bosque

En su aclamado ensayo Una trenza de hierba sagrada, la investigadora botánica Robin Wall Kimmerer dedica su capítulo sobre los nogales pecanos a hablar de la posibilidad de una inteligencia colectiva del bosque que haría que los árboles coordinen la cantidad de frutos que dan temporada tras temporada. Una cierta sincronía del bosque sobre la que la ciencia continúa aprendiendo y teorizando. “Un árbol nunca va por libre, va con la arboleda. Una arboleda nunca va por libre, va con el bosque”, escribe la autora, trazando un paralelismo con la idea de lo necesarias que son las comunidades para las personas. Esas redes asociativas o vecinales que experimentan un declive ante la transformación de los barrios de las ciudades.

En su artículo, Nicholas P. Money, apunta las sospechas de esta sincronía hacia el suelo, al micelio. “La complejidad del comportamiento de los hongos aumenta cuando interactúan con árboles y arbustos vivos respecto a madera muerta. Algunas de estas relaciones son destructivas, mientras que otras son mutuamente beneficiosas”, escribe. “Los hongos de la micorriza son cooperativos, penetran las raíces del árbol y establecen un vínculo estrecho de conexiones a través de las cuales transmiten agua y minerales disueltos a los árboles. El micelio de los hongos de la micorriza opera como una herramienta accesoria al sistema del árbol, y consigue expandirse hacia territorios más amplios gracias a los filamentos de la micorriza, más que con las propias raíces de la planta”. Esta es la explicación por la que biólogos como Money afirman que las micorrizas “sostienen la productividad de un ecosistema completo”.

Es fácil imaginar de dónde proceden las optimistas similitudes entre la red fúngica con lo que, potencialmente, podría llegar a ser Internet. Un ejemplo son los modelos de participación y gobernanza de las redes sociales que ofrece el Fediverso, una red de redes interconectadas alternativas a las mainstream y sin ánimo de lucro, o los modelos cooperativos de propiedad y gestión de las redes de banda ancha.

La idea se expande pese al escepticismo del propio Money: “Los entusiastas de los hongos reimaginan los bosques como superorganismos conectados a través de una wood-wide web [juego de palabras con world wide web]. Es una idea curiosa, pero las alusiones a Internet son problemáticas”. El investigador se muestra preocupado porque el empeño de hacer encajar a los hongos en el símil digital les atribuya características sobrenaturales que tradicionalmente sólo han hecho entorpecer su toma en consideración como objeto de estudio científico. 

Una pequeña revolución editorial

En Seamos como los hongos (Caja Negra, 2024) Yasmine Ostendorf-Rodríguez mira hacia la sabiduría sobre micología heredada de las comunidades indígenas de Centro América y América del Sur: “El entramado micélico forma un sistema ecológico fascinante y encierra una profunda utilidad como metáfora de posibles formas de pensar y organizarse”. No es el primer libro de ensayo en aproximarse científicamente a los hongos como tema de estudio. En 2020, el micólogo británico Merlin Sheldrake experimentó con su libro La red oculta de la vida (GeoPlaneta Ciencia) un inesperado éxito que llevó a su libro, —sobre la interconexión ecológica que hacen posibles los hongos en los ecosistemas naturales—, a ser traducido a varias lenguas. Aunque fue Anna Lowenhaupt-Tsing y su libro La seta del fin del mundo: sobre la posibilidad de la vida en las ruinas capitalistas (Capitán Swing), quien desde 2015 inspira muchas de las exploraciones posteriores que trasladan las lecciones ecológicas del micelio a un punto de vista social. 

En su libro, la autora aborda todos los aspectos centrales y satélites al mercado del matsutake, el hongo comestible más caro del mundo. Lowenhaupt-Tsing es capaz de fabular, partiendo de la capacidad de los hongos de transformar la materia y de crear redes de conexión que distribuyen esa consciencia del entorno, un relato para un futuro de incertidumbre social, económica y también climática. La tesis es esperanzadora ante las evidencias del fracaso de un modelo económico y social que ha precarizado a la mayoría de su población.

Durante estos últimos tres meses desde la Red de Economía Alternativa y Solidaria de Castilla-La Mancha (REAS CLM) hemos desarrollado una campaña para dar a conocer entre las entidades que formamos parte de la Economía Social y Solidaria y a cualquier empresa, organización o entidad interesada, las herramientas de Auditoría/Balance Social que tenemos a nuestra disposición con el fin de posibilitar y facilitar su puesta en marcha, además de dar a conocer al público en general los beneficios y ventajas de evaluar el cumplimiento de los valores y fines de toda organización, entidad o empresa.

Con este proyecto, denominado Auditoría/Balance Social. Impacto social, ambiental y de buen gobierno desde la Economía Social y Solidaria y financiado por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha dentro del Programa de apoyo a la creación y al empleo en cooperativas y sociedades laborales (Línea 3: Realización de acciones de formación, difusión y fomento de la Economía Social), hemos querido profundizar en las herramientas de Auditoría o Balance Social existentes, particularmente en la herramienta que utiliza Red de Economía Alternativa y Solidaria (REAS Red de Redes).

Uno de los objetivos de este proyecto ha sido formar a las personas integrantes de las entidades y empresas pertenecientes a REAS CLM en Auditoría/Balance Social para la evaluación de la actividad de acuerdo con los principios de la Economía Social y Solidaria. Para ello, hemos realizado dos sesiones formativas, en Toledo y Albacete, donde han participado empresas y entidades pertenecientes a REAS CLM. Las sesiones formativas fueron impartidas por Paula Gorini, Coordinadora de Auditoría Social de REAS RdR y Luis Enrique Espinoza., experto en Gestión y Promoción de empresas de economía social y solidaria y presidente de REAS CLM. 

Por otro lado, hemos realizado una campaña de difusión, en medios de comunicación y redes sociales, sobre los valores y principios de la Economía Social y Solidaria poniendo en valor el compromiso social y medioambiental de las empresas y entidades que formamos parte de la Economía Social y Solidaria, y sobre las herramientas de Auditoría/Balance Social. En estos meses, hemos publicado en este Blog Hacemos Economía Social de elDiario.es Castilla-La Mancha siete artículos, con contenidos diversos, pero con un hilo conductor, la Auditoría/Balance Social.  

En el artículo Auditoría/Balance Social: una década de transparencia en la economía social y solidaria hicimos un resumen de los resultados de la campaña de Auditoría/Balance Social del año 2024 de REAS, en la que estuvieron implicadas 220.021 personas. El informe resultado de la campaña refleja el contexto laboral y social de 685 empresas que facturan 850 millones de euros. En esta campaña, participó una entidad de REAS Castilla-La Mancha, Llanero Solidario, que contó su experiencia y sus objetivos de futuro en el artículo Llanero Solidario enseña el corazón. 

Con la herramienta para la Auditoría/Balance Social de REAS se analizan distintos indicadores de género, es decir, aquellos que miden el estado en que se encuentran las organizaciones en materia de equidad: nivel de brecha salarial, nivel de participación en la toma de decisiones, existencia de medidas de corresponsabilidad, utilización de políticas de lenguaje inclusivo, elaboración de planes de igualdad, entre otros aspectos. Así, publicamos un tercer artículo titulado La perspectiva feminista en el Balance social de la Economía Social y Solidaria en el que repasamos los resultados de la Campaña de 2024 en materia de género y equidad. 

En un cuarto artículo, La fiscalidad de las entidades y empresas sociales, un camino por recorrer, Cristina Muñoz Izarra de la Fundación Nexo Empleo, propuso la necesidad de que las entidades y empresas sociales, cuya naturaleza se presume no lucrativa y orientada a un cumplimiento de fines en beneficio de la sociedad, deben contar con ventajas fiscales.

Uno de los elementos fundamentales, sin el que nuestra herramienta de Auditoría/Balance Social carecería de rigor es la medición, a través de indicadores cualitativos y cuantitativos de los servicios o productos que realizan las entidades y empresas, evaluando su coherencia con los fines sociales, económicos y medioambientales. En el artículo, La sostenibilidad ecológica en la economía social y solidaria, nos centramos en nuestro compromiso medioambiental y repasamos los principales resultados, en esta materia, de la campaña de 2024.

Al hilo del anterior artículo, se publicó La economía social como un valor añadido a la consultoría ambiental: “No es una exigencia, es una motivación” en el que Pilar Durante y Sonia Marín, de la cooperativa de trabajo Agresta explicaron cómo trabajar en consonancia con la economía social va mucho más allá de decidir qué hacer con los beneficios; es llevar a cabo un trabajo teniendo en cuenta cada una de las variables del trabajo para que sean respetuosas e incluso con bajas emisiones de carbono

Por último, hemos recopilado y puesto a disposición de las entidades y empresas, personas emprendedoras, instituciones y público en general, una Guía de Recursos Virtual, que incluye contenidos formativos sobre Auditoría/Balance Social y herramientas y cuestionarios de autoevaluación para la Auditoría Social. En este mismo espacio, https://reasclm.org/auditoria-social/, hemos puesto a disposición del público la Guía para la Auditoría Social elaborada por REAS CLM con este proyecto.

En definitiva, la Auditoría/Balance Social es la carta de presentación de las empresas y entidades que formamos parte de la Economía Social y Solidaria. Somos referentes en transparencia y compromiso social y medioambiental y esto es posible gracias a las buenas prácticas y también a la puesta en marcha de herramientas de Auditoría/Balance social que evalúan nuestra actividad conforme a nuestros principios.

Hacer una Auditoría/Balance social a nuestras entidades y empresas nos sirve para tener un proceso continuo de auto-reflexión orientado a mejorar las prácticas organizacionales, plantearnos objetivos de mejora y establecer itinerarios para su consecución, así como contribuir al fortalecimiento de la Economía Social y Solidaria a través del reconocimiento mutuo, la búsqueda de sinergias y la cooperación entre entidades.

Además, al hacer públicos los resultados de las Auditorías/Balances sociales, presentamos ante la sociedad los valores y principios de la Economía Social y Solidaria y ponernos en valor la gestión coherente de nuestras entidades y empresas, en definitiva, enseñamos “nuestro corazón” e incidimos en la transformación social a través de esta otra forma de hacer economía.

Este proyecto de difusión nos ha servido para comprender lo anterior, para fortalecer los valores y principios que guían nuestro trabajo y nuestros proyectos, para conocer mejor las herramientas con las que contamos para autoevaluarnos y para que nos comprometamos a poner en marcha auditorías sociales en nuestras entidades.

Existen diferentes propuestas alternativas a la economía capitalista, pero sin duda, la más longeva es la Economía Social. Su primera forma empresarial fue la cooperativa, allá por el año 1844, cuando veintiocho tejedores de Rochdale, en Inglaterra, reunieron sus ahorros y alquilaron un local, en el que se creó la primera cooperativa, llegando a tener más de 90.000 socios trabajadores.

Su ejemplo se extendió y, a partir del asociacionismo de los trabajadores, aparecen cooperativas sobre mediados del siglo XIX por toda España, desde Mataró a Jerez. Ya en el siglo XX, se acuña el término Economía Social que sirve de paraguas para hacer referencia al cooperativismo y a otras organizaciones como las mutualidades, las fundaciones y las asociaciones que realizan alguna actividad económica.

El ADN de la Economía Social está en sus principios fundacionales. El primero de ellos es la primacía de las personas y del fin social sobre el capital. Esto se traduce en una gestión democrática, transparente y participativa, donde la participación en las decisiones no se fundamenta en el dinero que cada uno ha puesto en el proyecto, si no en su aportación al trabajo.

Lógicamente, la sostenibilidad de la organización requiere obtener recursos económicos, que se destinan a la retribución de las personas que trabajan y al propósito social para el que se ha creado la organización, por ello el beneficio se convierte en un medio. A esto, se une su independencia explícita de los poderes públicos. Asimismo, la solidaridad está presente, tanto de forma interna como con la sociedad, que se plasma en un fuerte compromiso con aspectos como la calidad del empleo, la conciliación familiar, la igualdad de género, o a la atención de personas en riesgo de exclusión social y el arraigo con el territorio. Estos principios rectores de la Economía Social son los que han permitido, entre cosas, que estas organizaciones hayan sido más resilientes durante las dos crisis del siglo XXI.

En España, la economía social representa el 10% de su PIB, cuenta con más de 746.000 empresas y da empleo a más de dos millones y medio

La Economía Social está presente en todos los sectores, desde la medicina a la enseñanza, pasando por la energía o la agricultura, y prácticamente en todos los países. En el caso de España, la economía social representa el 10% de su PIB, cuenta con más de 746.000 empresas y da empleo a más de dos millones y medio de personas (datos de CEPES), y en el caso de Andalucía se eleva hasta el 15% del PIB y el 7,8% del empleo (datos de la Junta de Andalucía). Para que se hagan una idea comparativa, el sector turístico en España en 2024 ha representado alrededor del 13,5% del PIB. ¿Cuánta información nos dan los medios de comunicación del turismo y cuanta de la Economía Social? Y ¿por qué se le pone el apellido de “social”?

También es la gran ausente en la educación. En la Universidad (al menos en la mayoría de los países occidentales), se explica Economía (capitalista) sin ponerle su apellido correspondiente y el modelo se fundamenta en principios diametralmente opuestos a los de la Economía (social). En las aulas se explica que el objetivo de la empresa es maximizar los beneficios, sin que esa función (matemática, por cierto) entren como variables el interés general o el desarrollo sostenible.

Además, el salario que recibe el trabajador es un “coste”, que cuanto más reducido sea, redunda en mayores beneficios, que es, como hemos dicho el único objetivo de la empresa. Por último, el papel del consumidor es generar ingresos, es decir es un medio para la acumulación de beneficios. Los valores éticos que hay detrás no se hacen explícitos, pero sin duda son claros, todos (trabajadores, proveedores, consumidores, naturaleza) son medios para el fin último, el lucro.

No estoy afirmando que las empresas no tengan que ganar dinero, lo que estoy diciendo es que todo lo demás se pone al servicio de este único fin. Además, la Economía Social es la gran ausente de los temarios, prácticamente se le dedica una página en derecho mercantil y, en algunas universidades, sólo en algunas, existe una asignatura optativa dedicada a su estudio.

Espero que algún día la Economía centrada en las personas no requiera ningún adjetivo, y tengamos la capacidad de identificar claramente que es la economía “capitalista”

La economía es una ciencia social, y en su definición mas escueta es el estudio de como una sociedad se organiza, para la toma de las decisiones sobre sus recursos y para satisfacer las necesidades de las personas. Por ese motivo me parece redundante que se le añada el apellido “social” para referirse a aquellas organizaciones que ponen en el centro a las personas, y a la sostenibilidad de la vida en general; y por el contrario, no se haga explicita la naturaleza “capitalista” de las organizaciones, donde también hay relaciones sociales, pero de explotación. Espero que algún día la Economía centrada en las personas no requiera ningún adjetivo, y tengamos la capacidad de identificar claramente qué es la economía “capitalista”.

Para conseguirlo, cada uno tiene que aportar su grano de arena, y sin duda la educación juega un papel fundamental, no sólo universitaria sino desde primaria. Alguien puede pensar, “esto es adoctrinamiento”. Desde mi punto de vista, afirmar que el papel de la empresa es maximizar beneficios, y que dicha afirmación está libre de “juicios”, sí que es lo es. En las dos hay valores éticos, la diferencia es que la propuesta de la Economía Social promueve el bien de todos, y el de la Economía CAPITALISTA, con mayúsculas, el bien de los propietarios del capital.

Entre el mundo que va surgiendo de las grandes transiciones en marcha (climática, cultural, demográfica, digital…) y las políticas públicas heredadas del viejo contrato social (también en sus impugnaciones neoliberales) se produce un desencaje sistémico. El estado de bienestar clásico fue la respuesta, pero el cambio de época altera las preguntas.

Las complejidades e incertidumbres radicales que enfrentamos requieren dinámicas fuertes de acción y protección colectiva. Los valores y las formas de instrumentar esa protección, sin embargo, exigen transformaciones que pueden explorarse a partir de un triple eje: innovar, democratizar y territorializar las políticas públicas.

Innovar (construir fraternidad)

En el núcleo de un nuevo contrato ecosocial para el siglo XXI reside la articulación de igualdad con diferencias, y de autonomía personal con vinculación comunitaria. Las brechas económicas y culturales interseccionan en desigualdades y discriminaciones. La superación de ambas requiere enlazar políticas de igualdad (predistributivas y redistributivas) con políticas de reconocimiento de diversidades de origen, género, edad o funcionales.

Los derechos colectivos, por otro lado, se reescriben desde gramáticas de autodeterminación personal; sin ellas, la igualdad esconde siempre relaciones de dominación. Pero los procesos de autonomía se inscriben en lógicas de interdependencia, solo adquieren sentido en marcos de vinculación colectiva.

Las políticas públicas, por tanto, afrontan el reto de construir comunidad, de tejer entornos cotidianos configurados por lazos de apoyo mutuo y redes de solidaridad. En la práctica, transitar este eje de innovación implicaría construir una ciudadanía social más fraternal, más republicana. Ello nos conduce a dos áreas paradigmáticas del (nuevo) estado de bienestar.

En primer lugar, la garantía de rentas. En el marco de la sociedad industrial, el salario operó como el gran dispositivo de distribución de la riqueza. El cambio de época altera los parámetros: la generación de valor deviene más social e inmaterial; la centralidad del trabajo pierde fuerza en clave cultural; y la transición ecológica fragiliza empleos y antiguos esquemas productivos.

Es aquí donde la renta básica -una prestación universal, individual e incondicional- podría jugar un papel clave en el camino hacia lógicas innovadoras de ciudadanía social. Se trata de una herramienta que desplaza el ingreso del mercado laboral al terreno de los derechos; amplía el perímetro de la desmercantilización hacia la garantía de las bases materiales de la vida.

La renda básica conecta ciudadanía social con autonomía personal, empodera frente a escenarios de dominación y genera, a la vez, condiciones para la articulación de vínculos y redes de apoyo mutuo.

En segundo lugar, los cuidados. La causa de la fraternidad se disputa, sobre todo, en el campo de los cuidados cotidianos y de las prácticas comunitarias de reciprocidad. En escenarios de innovación social, el derecho a los cuidados debería adquirir un nivel de universalidad y garantía equivalente a la salud y la educación; y las políticas públicas de cuidados un grado de centralidad homologable a las políticas clásicas del estado de bienestar.

En los instrumentos de acción se abre un abanico de posibilidades: desde prestaciones universales por crianza y redes socioeducativas de pequeña infancia, hasta fórmulas de articulación comunitaria inscritas en agendas feministas (el programa municipal ‘Vila Veïna’ en Barcelona…).

En síntesis, derechos subjetivos, políticas públicas y prácticas colectivas de cuidados que reconocen vulnerabilidades e interdependencias, pero reducen riesgos de exclusión relacional y contribuyen a fortalecer estructuras de solidaridad.

Democratizar (construir lo común)

El estado de bienestar desarrolló un esquema burocrático de gestión pública de raíz weberiana: estructuras administrativas rígidas; estandarización de servicios; y paternalismo profesional que relega a los ciudadanos a roles pasivos. La ofensiva neoliberal diseñó después el modelo de la ‘nueva gestión pública’ (NGP): transferencia de la lógica mercantil al ámbito público, externalizaciones y sustitución de ciudadanos por clientes.

Hoy, la redefinición del bienestar en clave democrática implica asumir el giro hacia lo común: superar tanto el monopolismo burocrático como la NGP y llevar la protección colectiva a lógicas de participación ciudadana. Democratizar los derechos sociales supone articular lo institucional y lo comunitario: trabajar en las intersecciones entre el potencial universalista de las políticas públicas y el potencial cooperativo de las prácticas ciudadanas.

Supone construir una esfera compartida donde enlazar coproducción de políticas, acuerdos público-comunitarios y dinámicas de acción colectiva vinculadas a la autogestión de derechos. Es un cambio de paradigma. Un estado de bienestar orientado a vertebrar lo común más que a gestionar burocracias: del welfare al commonfare.

Y de la teoría a la práctica. En el doble contexto reciente de crisis y transiciones, surge un nuevo conjunto de iniciativas sociales que operan como motor democratizador de la esfera colectiva: conectan la movilización a la construcción de lo común. Adoptan formas de ‘autonomía’ urbana (viviendas recuperadas, escuelas populares, espacios autogestionados); innovación social (crianza compartida, huertos vecinales, economía cooperativa); y apoyo mutuo (redes comunitarias ante vulnerabilidades relacionales o materiales).

La conexión entre políticas sociales innovadoras y este tipo de acción colectiva permite superar el dilema clásico en términos de institucionalidad versus resistencia; hace posible -más allá de ese binarismo- generar un espacio de articulación de estructuras público-comunitarias, tejidas en torno a tres posibles lógicas.

La lógica temática: coproducción de políticas sectoriales por medio de redes horizontales que suman recursos públicos e inteligencias colectivas (viviendas cooperativas, comunidades energéticas locales…).

La lógica infraestructural: programas de patrimonio ciudadano y gestión cívica. Los equipamientos públicos de proximidad (ateneos, bibliotecas, escuelas infantiles…) han ido configurando la geografía física del bienestar. La gestión cívica (por medio del tejido asociativo del territorio) crea las condiciones para convertirlos también en su ecosistema comunal y democrático: de servicios públicos a lugares de creación colectiva de ciudadanía (los ‘palacios del pueblo’ de Klinenberg).

La lógica vecinal: dinámicas creadoras de barrios y comunidades fuertes, con capacidades para la resolución de problemas y la mejora de condiciones de vida. Aquí, la regeneración de áreas vulnerables desde la acción sociocomunitaria, o el apoyo público a ecosistemas territoriales de economía social (el programa de ‘comunalidades urbanas’ en Catalunya), pueden considerarse estrategias de referencias.

Territorializar (construir arraigo)

La sociedad industrial generó marcos nacionales de gestión del conflicto de clases, el contrato social fraguó en el espacio de los estados. Los regímenes de bienestar se construyeron bajo instituciones centralizadas. Hacia finales del siglo XX, el esquema territorial empieza a alterarse: irrumpe la reestructuración en el espacio de políticas públicas y prácticas colectivas.

Las ciudades, en este proceso, mantienen abierta la ventana colectiva y democrática: la proximidad como espacio donde tratar de proteger sin cerrar; los gobiernos locales como palanca de protección de derechos básicos y de empoderamiento comunitario.

Se trata de fijar la agenda urbana, el bienestar de proximidad y las estrategias locales de transición verde en el núcleo del nuevo contrato ecosocial: retornar a las ciudades las lógicas de emancipación que el siglo XX había reservado a los estados. Se dibujaría, pues, el doble reto de reescribir lo común desde gramáticas de proximidad, y de reubicar en el municipalismo las herramientas clave para hacerlo posible. En síntesis, más poder en los lugares, allí donde las cosas pasan, donde late el talento colectivo para abordarlas.

Conectar ciudadanía y territorio, en la práctica, implica construir un bienestar más arraigado, más sensible a la posibilidad de cotidianidades dignas. Y es aquí donde operan con fuerza las políticas vinculadas al derecho a la ciudad. Ya en 1968, Henry Lefebvre publicaba Le droit à la ville. Su propuesta implicaba inscribir la transformación social en trazados urbanos: de calles, plazas y barrios.

Volvió con David Harvey y su Spaces of hope (2000), en días de alternativas a la globalización salvaje. Y ha estallado con fuerza en la última década, al hilo de la acción colectiva urbana a escala global: la defensa de los hábitats populares frente a dinámicas de ‘gentrificación planetaria’ (Loretta Lees).

El derecho a la ciudad, como dimensión cotidiana y comunitaria de todos los derechos básicos, gana fuerza en tanto que proyecto de reconstrucción colectiva de una ciudadanía democrática para el siglo XXI.

Se concreta en una triple dimensión de políticas entrelazadas: localizar derechos sociales (vivienda y barrios, procesos de acogida, vínculos frente a soledades); generar transiciones ecológicas urbanas (soberanías alimentaria y energética, movilidades saludables) y forjar economías comunales (redes y territorios cooperativos). En su interacción, esos tres vértices temáticos pueden dar lugar a nuevas lógicas de ciudadanía: la prosperidad compartida y arraigada en entornos habitables.

En síntesis, los procesos orientados a innovar, democratizar y territorializar lo colectivo pueden operar, en un contexto ya maduro de cambio de época, como rutas estratégicas hacia un nuevo contrato ecosocial superador del estado de bienestar clásico. El cruce de valores (intersecciones de fraternidad), las estructuras público-comunitarias (espacios de lo común) y el derecho a la ciudad (procesos de arraigo) emergen como ideas-fuerza principales.

Se produce, a partir de ahí, la traducción a políticas públicas y a prácticas colectivas: renta básica y cuidados; lógicas habitacionales alternativas, infraestructuras sociales y territorios cooperativos; planes de barrios y transiciones energéticas de proximidad… Un amplio abanico donde asentar las bases de una ciudadanía social posible para el siglo XXI. Frente a la construcción reaccionaria de miedos y odios, una propuesta para explorar caminos de más democracia; para alzar -de forma discreta- utopías cotidianas de esperanza.

En el marco de la jornada ‘Las cooperativas ante el nuevo modelo de cuidados’, representantes de la Federación Andaluza de Empresas Cooperativas de Trabajo (FAECTA) se ha reunido en la mañana de este jueves con el viceconsejero de Inclusión Social, José Repiso Torres, para poner en valor el papel de las cooperativas ante un nuevo modelo de cuidados que priorice la atención “centrada en la persona” y en los empleados sobre el propio capital.

Ponentes de diversas cooperativas como Patricio Fuentes, director Centro Residencial El Buen Samaritano, y Abel Catela, director General cooperativa El Roble, han compartido con otras cooperativas y trabajadores algunos tips y recomendaciones basados en su experiencia adaptándose a su sector.

Así pues, el presidente de FAECTA, Luis Miguel Jurado, ha destacado que la implantación de este modelo va a suponer un “cambio paradigmático” en la concepción de los cuidados en nuestro sector sociosanitario, destacando ante el viceconsejero la importancia de reforzar la alianza público-privada, que se realizará “en aras de fomentar la economía social” recogida en la Estrategia Española de Economía Social (2023-2027) y en el Plan Estratégico para el Impulso y la Modernización de la Economía Social en Andalucía.

Asimismo, ha recalcado la necesidad de abrir más concursos públicos, dirigidos a empresas de economía social, donde las cláusulas sociales adquieran un papel fundamental. “Tan solo en Andalucía hay un total de 4683 empresas cooperativas que generan, 80000 empleos directos y una producción de 16.000.0000 euros, lo que representa más de un 10% del PIB”, ha detallado.

Seguidamente, su compañera María del Mar García, presidenta de FAECTA-sociosanitario, ha destacado el número de cooperativas pertenecientes a dicho sector (40), las cuales gestionan 30 centros residenciales, 29 centros de día y una gran cantidad de centros de ayuda a domicilio. Paralelamente, ha planteado al viceconsejero la principal problemática a la que se enfrenta el sector cooperativista: “las tarifas”: “Hay tantos centros de día que, con los fondos que recibimos, no alcanza a compensar la subida de salarios y suministros, más aún en un contexto en el que las contrataciones se realizan cada 4 años, ha comentado.

Ante esa cuestión, Repiso ha planteado dos problemáticas. La primera de ellas es la falta de fondos: “Hemos subido un 4,5% que, aunque parece poco, en números globales es una barbaridad de millones de euros. Es una pena que el contexto no ayude en eso, porque con esa cantidad no haces nada”. Por otro lado ha recalcado la necesidad de un Pacto de Estado que regule el sector de la dependencia.

Profesionales del sector debaten sobre la implantación del nuevo modelo

Sandra Pinzón, profesora de la Escuela Andaluza de Salud Pública, ha dicho que la atención centrada en la persona no es meramente un modelo sino una forma de actuar y ejecutar. De este modo, ha dirigido una crítica hacia el modelo tradicional por “su rigidez y falta de personalización”, argumentando que “no permite a las personas mantener el control sobre sus vidas”. En consonancia con esa afirmación, ha destacado la importancia de un cambio profundo en la cultura de la atención, que reconozca a las personas como individuos únicos, con necesidades y deseos propios.

En el plano más práctico, Patricio Fuentes, director del Centro Residencial El Buen Samaritano de Cáritas Diocesana en Málaga, ha compartido su experiencia en la creación de un entorno más hogareño en su institución. Fuentes ha hablado sobre la importancia de la formación básica inicial y el análisis participativo guiado en la implementación de la Atención Centrada en la Persona (ACP), destacando cómo estas prácticas transforman las residencias en verdaderos hogares y mejoran tanto la vida de los residentes como la de los cuidadores.

Seguidamente, Abel Castela, director de la Residencia Vicente Ferrer, ha destacado el papel crucial de las auxiliares en la implantación de la ACP, subrayando la importancia de la formación continua y la asignación de personal para generar vínculos naturales con los residentes. Castela ha explicado que sin este vínculo personal y conocimiento profundo de cada residente, es difícil ofrecer una atención verdaderamente personalizada y efectiva.

Puru Remangu arrancaba en 2019 como un hobby en Madrid de la mano de la entreguina, de La Güeria, Enar Areces González, que instalaba su base en Gijón con la pandemia. Allí se convierte en un proyecto real “del que comer”. En este tiempo de vida se ha convertido en un elemento totalmente identificable por sí mismo.

Se trata de un proyecto cultural y creativo, dentro del cual “hacemos ropa y colecciones con una identidad muy asturiana”. De ahí el eslogan 'más qu’una marca de ropa, una seña d’identidá'. Pero no ropa sin más, al uso, sino dentro de un marco donde la cultura y la tradición asturiana dan forma con un punto de vista más fresco, actual, “desde la Asturies de hoy en día. Desde lo que somos: feministas, sostenibles, gente de clase trabajadora”.

Hace cinco años era un proyecto personal, un hobby para una publicista asturiana en Madrid donde al final de la jornada, larga, muy larga en ocasiones, le explotaba la cabeza. Por eso durante un año, año y medio, no pasó de ahí tras muchos años trabajando fuera de la región. Aunque sí empezó a ser una realidad en las redes sociales que le procuraba ligar dos temas que controla: la comunicación y la creatividad. Y con la intención de aportar a la sociedad.

A partir de la pandemia es cuando empieza a tomar cuerpo, a tomárselo en serio, y eso le permitió acabar viviendo del proyecto. Puru Remangu es Enar, luego incorpora a Xicu Ariza, que también deja su trabajo, y ahora Marina Bruno, recién contratada “sobre todo por nuevos proyectos como una tienda pop-up, porque la vida no da para todo”.

Se da el caso de que muchas iniciativas relacionados con la creatividad, las manualidades y artesanías, trabajos de mujeres, se quedan en la fase de hobby o se convierten en un 'complemento a la economía'. Para cambiar esta deriva afirma Enar que hay que “poner foco. Cuando arranqué Puru Remangu en Madrid, que trabajaba en publicidad, no le podía dedicar mucho porque la publi te absorbe mucho y en un trabajo creativo la mente cansa. Al volver a Asturias con la pandemia y ya como freelance, puse el foco y dejé todo lo otro. Todos los días tenía que picar piedra”, dice.

“Puru Remangu no surge de la nada, nace de la constancia, de tener unos objetivos claros, de la perseverancia”, asegura, y reconoce que también de ciertos privilegios: “me quedé en el piso de mis padres, dejé el trabajo y tenía unos ahorros. Solo era responsable de mí misma, y eso no le pase a todo el mundo. Pero sé que hay un curro detrás de todos los días para sacarlo para adelante”.

Le queda un regusto amargo, eso sí, confiesa, por no haberlo considerado un Plan A desde el principio, “no lo planteé así porque no creí lo suficiente en ello. Al ver que tiraba y que estaba en una posición privilegiada, pude dedicar todas las fuerzas. Se puede decir que está muy mimado”.

Y eso que, confiesa, para ella son pocas las horas que le dedica a la creatividad de la marca. Es lo que tiene parir este proceso desde cero, “que te comes todos los marrones. Todo lo que hice hasta ahora es como de oficio, porque ya me dedicaba a esto”. Se refiere a la creatividad publicitaria, a la comunicación.

Y sabe que la cabeza tiene que reposar la idea, las ideas, que son muchas, y la creatividad, que es de ella. Porque no deja de ser un proyecto muy personal aunque haya también cierta diferencia entre lo que haría la Enar Areces González de la Enar Puru Remangu.

Orgullo de pueblo

“Puru Remangu era, en sus inicios, un concepto, aunque no había profundizado en ello”, relata. Pero al tener más tiempo y poder indagar en lo identitario, tira para adelante y empieza a xorrecer (crecer, florecer) como se puede leer en uno de sus modelos de tote bag. “La gente ponía el foco en que era una marca en asturiano, pero es mucho más que un idioma. Destaca las cualidades que nos hacen únicos: una lengua, una identidad como sello de marca personal” y a modo de anécdota cuenta cómo un argentino que acababa de llegar a Asturias se acercó a su tienda porque buscaba algún sitio donde “no se vendieran sólo souvenirs” pero reflejara Asturias.

Puru Remangu también es 'orgullo de pueblo'. “Aunque yo soy de pueblo, pero no la más de pueblo. Soy de L’Entregu, de La Güeria. Y la cuenca es mezcla de rural y de ese macarrismo nuestro”, ríe con la explicación. “Yo vengo de tar con les vaques con mi güelu, y también conozco la industria, que es lo que tiene el territorio en el que nací. Y yo estoy orgullosa de ese conjunto de cosas. Si no me hubiera criado donde me crié con mi güela y mi güelu no sabría lo que era Asturies, andar a la yerba, ir de romería… Yo esto lo aprendí de pequeña, ese conocimiento lo mamé”.

Yo no me meto con nadie ni con nada. El tono de comunicación que utilizo es amable, porque importa lo que se dice y cómo se dice. Podría no ser fácil si tienes en cuenta que es un proyecto en asturiano, feminista y de izquierdas

Enar Areces — Publicista y creadora de Puru Remangu

No es experta en tradición, pero cree que esas otras lecturas que se hacen de ella permiten que viva y perviva, la acercan y la renuevan y la dan a conocer a otros públicos. “Y esto pasa cuando lo enfocas desde otros puntos de vista, como Rodrigo Cuevas, como Lluci Miravalles, de Ringo Rango… La renuevas y llega a más gente y, mientras, vive”, analiza. ¿Y detractores? “Pues no me lo dicen, a la cara al menos”, ríe.

Lo bueno de Enar es que no apea la sonrisa, señal de cómo se toma las cosas: “Yo no me meto con nadie ni con nada. El tono de comunicación que utilizo es amable, porque importa lo que se dice y cómo se dice. Y yo uso este punto de vista más amigable. Y podría no ser fácil si tienes en cuenta que es un proyecto en asturiano, feminista y de izquierdas. Recibo mucho más cariño y apoyo”. También sufre la copia, pero en esto se muestra tranquila y segura: su proyecto tiene un poso y eso se nota, diferencia su buen trabajo. Y si hubiera quién la superara, pues “sería momento de ponerme las pilas”.

Una manifa de la oficialidá patrocinada

Con el diseño de la camiseta 'Repunante' el proyecto desbordó. “Yo flipé, mi padre flipó… Me decían que hiciera sudaderas. Eso lo hubiera vaciado de contenido, se quedaría sin concepto. Yo tengo que nutrir el proyecto con otras cosas. Fíjate que sacar la camisa 'María Luisa' son dos años de trabajo entre que la ideé y que la parí”, explica entre las risas de Marina Bruno, que da fe. Y se la jugó con 'Fañagüeta '(otro de sus diseños), que también funcionó muy bien, “porque no tenía nada que perder”.

“Somos una marca de andar por casa y no quiero pillarme los dedos, por eso los diseños son de prueba y error, aunque ahora ya conozco a mi público”, y así lo demuestra verlos en la calle: como ejemplo la manifestación Pola Oficialidá de 2022, que parecía patrocinada por la marca con tanta gente vistiendo sus camisetas.

“Intento que sea un proyecto pensado. No hacer por hacer, sino un diseño detrás del que haya un contenido que aporte, como pasa con 'Working class', que hay todo un trabajo de documentación detrás. Yo para hacer algo sin discurso ni concepto no lo hago. Una colección tiene que tener posu, tiene que tener algo que contar, sino queda… como corto. Así pasa con 'María Luisa'” (la camisa que imita el diseño de la indumentaria minera(.

Así define la identidad. Y es que considera que “estamos ante un punto en la vida como consumidores que buscamos algo que vaya más allá. Y no solo son diseños para la gente de Asturies, sino también para la gente de fuera, también lo demandan como lo demando yo si voy a México, a Galicia o a Euskadi. Igual que busco lo castizo de Madrid. Es la personalidad”.

El salto a Oviedo

Puru Remangu abre tienda en Oviedo. Sí, como lo oyen: el Postigo Bajo número 1 abre sus puertas como nuevo emplazamiento de esta marca que, como luce en su toldo 'es una seña de identidad“. Se estrena en la ciudad carbayona como pop-up: es decir, una tienda que permanecerá abierta temporalmente hasta finales de enero.

Dice Enar que sentía que era “tiempo de hacer algo más serio, más profesional” tras todo este tiempo trabajando con la web, desde la oficina, donde también recibían visitas aunque a veces no estuviera muy ordenado, y los puntos de venta en mercadillos. Que echaba de menos Oviedo, con todos los paquetes que mandan allí, y que la idea surgió un día conversando mientras tomaban algo.

“Fue a Xicu (Ariza, compañero de fatigas) a quien se le ocurrió lo de la pop-up. Nos apetecía mucho y de paso cambiábamos de ritmo de trabajo. Yo necesito cada poco brilli brilli porque me aburro”, confiesa con una sonrisa desde el otro lado del mostrador del nuevo local.

Este modelo no es que sea algo habitual, pero les permite probar sin arriesgar, “sin tener que recoger cable”, explica Enar. Les permite “ser coherentes” porque de esta manera no se pillan los dedos ni se meten en inversiones. Una pop-up es temporal “y, si funciona, nos quedamos. O nos vamos y aprendemos ciertas cosas estos tres meses, paramos un mes e implementamos lo aprendido. A veces no desconectamos y nos desbordamos, aunque la verdad, hacer esto fue bastante desborde, pero vamos de cara a la Navidad, que no es tan arriesgado y siempre hay gente que nos quiere conocer o nos vienen a visitar”.

Necesitaban parar y de ese parón, de no hacer mercadillos, surge el local físico: “supone mucho trabajo, al menos para una marca como la nuestra, dos días de mercadillo es una semana de curro”.

Ubicada en pleno Antiguo, en el local que anteriormente ocupaba una tienda de alimentación de las de toda la vida, buscaron también la coherencia con la identidad de la marca: feminista, sostenible y de izquierdas, de clase trabajadora. Como señala la propia Enar, “esto ye barrio, ye del rollu”.

Colaboraciones

Enar es Puru Remangu y Puru Remangu es Enar, pero evidentemente no llega a todo. Y ahí es donde entran las colaboraciones: “es que no lo abarco todo. Cuando trabajo con otros artistas les hago una propuesta y luego lo llevan a su estilo e identidad. Unimos las dos cabezas”, como ocurre con 'Pogu, perreu y pandereta', con Nievesita, responsable de la decoración de unos paneles que hay en el local. O la colaboración que surge con el Prestoso Fest y el diseño conjunto del cachu'(vaso de madera que fabricaban los cunqueiros o tixileiros).

“Si hay algo en mí que no me cuadra, lo enriquezco con el trabajo de otras personas. Igual que las fotos son de profesionales, lo que hace que todo sea más pro”, resume. Una manera de tejer redes, “de conocer a gente que no conocías y de que se incorporan a tu vida, o de dar a conocer el trabajo de esas otras personas. Hay sitio para todos, para hacer más piña. Hay espacio para más marcas y proyectos. No queremos el monopolio”, bromea, “pero que cada uno se curre su camino. El que copia… pues es inevitable. A mí me buscan a veces y me preguntan y yo ayudo a quien me contacta”.

Pero lo que tiene claro es que no quiere morir de éxito. Que busca un modelo de negocio respetuoso, no invasivo, aunque evidentemente su objetivo es vender un producto, claro, y utiliza el marketing. Pero pretende que sea más respetuoso y que quien compre es porque se siente identificada con la marca, con la idea, no por presión de un marketing directo y agresivo que te recuerda que dejaste un carrito a medias y tienes que terminar tu compra.

“Yo eso no lo quiero. En parte el éxito de Puru Remangu es por las formas que tengo. Es el caso de 'El corru', que no deja de ser una newsletter, que es marketing directo, pero yo trabajo desde la cercanía porque es ahí donde yo me siento más cómoda. Puedes tener una marca cojonuda y una comunicación de mierda, pero yo creo que muchas veces se triunfa por hacer una buena comunicación, por respetar al cliente. No tenemos una megaweb ni un megalocal en Uría. Somos gente normal, como la que viene a comprar”.

Coya es una pequeña parroquia rural del concejo asturiano de Piloña, con 363 habitantes empadronados en 2022 según el Instituto Nacional de Estadística (INE). Hacía más de 30 años que reclamaban un parque para la zona, pero pasaban años y alcaldías y no lo conseguían. “De hecho, hay quienes lo pedían para ellos y ahora lo solicitan casi para sus nietos”, apunta Paula Sánchez Blanco, presidenta de la Asociación Roblón de Coya. ¿Así que, qué hicieron? Pues arremangarse y ponerse ellas mismas en marcha.

Un buen día fueron a hablar con el alcalde de Piloña para contarle su idea: el propio pueblo se encargaba de gestionar su parque, contaban con un dinero para ello, y solicitaban al ayuntamiento un compromiso económico, al que accedió.

Como cuenta Paula Sánchez, siempre revierten el dinero que consiguen como asociación en el vecindario, como los bancos que colocaron tiempo atrás en diferentes zonas de Coya. Así que, por qué no hacer lo mismo con el parque en 'El Campu', un 'prao' multiusos que es zona de juegos, lugar para la foguera, las fiestas y la convivencia que se presente.

Total, que ya habían empezado a mirar catálogos de parques estándar (todos son iguales, da igual el entorno). Entonces surgió la propuesta original: la participación comunitaria, o lo que es lo mismo, la gobernanza participativa por parte de la sociedad civil.

La arquitectura colaborativa, la tercera pata

Una vecina, , la ilustradora bitxo (Laura Lara) y parte del colectivo de mediación artística Raposu Roxu, propuso intermediar junto con su compañera Eider Goñi en un proceso de mediación comunitaria donde fuera el propio pueblo quien decidiera lo que necesitaba atendiendo a los usos tradicionales del espacio y no convertirlo en un parque de corta y pega.

“Hay un montón de críos en Coya y aspirábamos a un parque básico, hasta que Laura nos propuso todo este proceso de mediación”, rememora Paula Sánchez.

En todo esto hay una tercera pata que es el estudio F5 Proyectos y Arquitectura, especializados entre su campo de acción en la arquitectura colaborativa (no en vano participan también en el desarrollo del 'cohousing Axuntase'). Y allá que 'bitxo', Jorge Alonso Nicieza, socio fundador de F5, y Aurora Hevia, en representación de Roblón de Coya, vuelven al ayuntamiento y les plantean el proyecto en una especie de intercambio donde 'Raposu Roxu' participa de manera altruista elaborando una metodología para otros posibles proyectos en otras zonas del concejo manteniendo ese compromiso económico consistorial.

Buscamos dar a las letras de 'Campu' un contenido convirtiéndolas o nutriéndolas en diferentes elementos que van desde una parrilla con forma de U, un banco que es una C, un columpio que es la A o una fuente con agua para beber y jugar con forma de M

Jaime Rojo — Arquitecto

“La idea es trabajar con código abierto, es decir, que sea replicable”, coinciden en señalar tanto la ilustradora como el arquitecto. Un proceso que arrancó en abril con diferentes grupos de trabajo en los que la gente se implicó de manera sorprendente, explican, con una participación que “nos rompió muchos prejuicios”, dice Sánchez Blanco.

Una pregunta clave: ¿Qué os gustaría que hubiera?

'Bitxo' explica el desarrollo: “teníamos una propuesta de metodología, pero queríamos que la gente participara para adaptar la propuesta a sus necesidades, de modo que creamos dos grupos de trabajo, los menores de 12 años y los mayores de 12 años. Con las criaturas trabajamos a partir del dibujo, buscando sacar una información concreta que fuera el eje central. A partir de la pregunta ”qué os gustaría que hubiera“ convertimos cada dibujo de un elemento, como puede ser el columpio, en una acción, que es columpiarse, para deshacer la idea del concepto de objeto para centrarlo en esa acción, porque sino ellos piden lo que ven”, es decir, esos parques de corta-pega.

Con los adultos se llevaron a cabo sesiones de diálogo colaborativo con mesas temáticas. “De ahí se sacaron medidas concretas, lo que no queríamos era que fuera la simple acción de votar, sino de analizar y evaluar, en el marco de una merienda de traje y con un tendal, las diferentes propuestas que las vecinas y los vecinos hicieron pensando en esas necesidades y valorando en un cuestionario qué podría ser lo más utilizado por todas las personas. La gente se implicó un montón en el diseño, no solo en las sesiones”.

Ahora, en base a las ideas consolidadas, F5 acaba de presentarles una propuesta manteniendo ese espacio multiuso e intergeneracional. “Buscaban un apoyo técnico para llevar a cabo este diseño colaborativo, que ahora se da en llamar codiseño, trabajando también con la idea de la economía circular”, aspectos en los que son expertos.

Los críos de ahora crecerán. Lo que buscamos es un espacio de utilidad para diferentes edades, no que en dos años se quede desfasado

Paula Sánchez Blanco — Presidenta de la Asociación Roblón de Coya

“Los críos de ahora crecerán. Lo que buscamos es un espacio de utilidad para diferentes edades, no que en dos años se quede desfasado”, apunta Paula Sánchez.

Recogiendo este guante, Jorge Nicieza y el arquitecto que lideró el proyecto, Jaime Rojo, diseñan este espacio que gira en torno a las letras de Campu (el nombre de esta zona) convirtiéndolas, o “nutriéndolas”, en diferentes elementos que van desde una parrilla con forma de U, un banco que es una C, un columpio que es la A o una fuente con agua para beber y jugar (y pingarse) con forma de M.

“Buscamos dar a las letras un contenido”, explica Rojo, que apunta que se trata también de una “crítica a esos espacios que se replican en todos los lugares pero sin relacionarlo con el propio lugar. Buscamos aportar o contribuir a la identidad del sitio”.

Hablábamos también de economía circular y aparece reflejada en qué parte de los elementos de este parque, que mantendrá el suelo de hierba (“nada de gomas. Ye Campu, no me pongáis nada”), serán reciclados aprovechando diferentes materiales en desuso que el propio vecindario done.

Porque generar identidad del lugar junto con la optimización de recursos son pilares básicos, junto con la gobernanza colaborativa, de este proceso pionero en el sentido de que no suele ser la sociedad civil la que proponga y actúe frente a las instituciones.

“Si viene alguien de fuera, es la que nos va a decir o poner lo que considere. Y nosotros no queremos romper con la tradición de este espacio. Aquí de guajes veníamos a jugar a voleibol con nuestras madres y padres después de cenar a las ocho de la tarde en verano, aquí se hace la fiesta, se juega al balón, se pone la foguera, la gente mayor viene a charlar y queremos que jueguen al dominó… Con la participación sabemos para qué se usaba y para qué se quiere usar”, reflexiona la joven presidenta de la Asociación, que actualmente vive y trabaja en escuelas infantiles en Alemania.

“Allí se da mucha importancia al juego, al agua, a construir… es una manera de aprender. Aquí somos muy sobreprotectores, no dejamos que se manchen, demasiados límites y barreras, sobre todo en la ciudad, que es más limitado. A veces con cuatro troncos lo pasan genial, no hace falta una gran infraestructura”, añade.

Un proyecto innovador y pionero

Este parque comunitario de 'El Campu' es un proyecto innovador y pionero que esperan que sea una realidad dentro de este año, ya que no estamos muy acostumbradas como sociedad a tomar las riendas de nuestras necesidades debido a que las instituciones son las que proveen. O no.

No hay muchas iniciativas similares a nivel estatal, y menos en lo regional, aunque no deja de haber ejemplos, como el Ecomuséu La Ponte, con iniciativas como la que elDiario.es Asturias Asturias contaba aquí. La que firma este artículo visitaba meses atrás diferentes proyectos comunitarios en las Tierras Altas Escocesas que contemplaban la construcción de un cine o de un complejo compuesto por camping y hotel y que, además de surgir de la participación ciudadana, asienta población y crea empleo. Es la sociedad civil la que es dueña y señora en la gobernanza de sus necesidades. Y esto no deja de ser una contribución social.

“Es importante que tengamos herramientas, instrumentos de participación. Y esa participación influye en un mayor cuidado, miras más por las cosas porque contribuiste a su creación. Lo sientes tuyo. Es importante encontrar ese equilibrio: si la comunidad lo hace todo y la administración se desvincula, perdemos fondos y derechos; pero también es cierto que no podemos depender para todo de las instituciones porque o no lo hacen o no queremos lo que hacen y cómo lo hacen. Y no todo tiene que salir del dinero del bolsillo de los que siempre estamos aquí”, comenta Paula Sánchez.

Todas las personas que han participado de este proyecto innovador se muestran encantadas. “La dinamización de 'Raposu Roxu' fue genial. La propuesta de F5 increíble. Todo el mundo está súper emocionado. No nos esperábamos algo así, porque aspirábamos a un parque básico”. Y el resultado es que son dueñas y dueños de sus propias decisiones en un espacio planteado para ser dinámico, para crecer, adaptarse a nuevas necesidades y a seguir siendo centro palpitante de esta pequeña parroquia piloñesa llena de vida.

Para Sara y Jorge, tercera generación en la gestión de esta granja de vacas de leche situada en pleno Parque Natural de las Marismas de Santoña, crecer es sinónimo de trabajar menos. Sin embargo, nada más conocerlos, una se da cuenta de que esa afirmación no es del todo completa. “El invento moderno de tener solo una actividad es para nosotros insostenible, no tiene sentido”, afirma Sara Martín, socia junto a su marido, Jorge Mariscal, de Granja Santa Ana. Para ellos lo sensato es diversificar, aprovechar todo lo que ofrece el espacio, no solo la leche de la cuidada ganadería de frisonas con manejo semi extensivo, sino también los limones y naranjas que se dan en abundancia en la finca de más de 40 hectáreas propiedad de su familia desde los años 50.

Pero lo que más emociona a esta pareja de granjeros activistas es hacer partícipes a los y las consumidoras, uno de los principios fundamentales del Movimiento Slow Food, que promueven desde sus años en la escuela de ingeniería agrícola donde se conocieron. “Lo que pretende Slow Food es que quien consume sea también coproductor o coproductora gracias a la consciencia y el conocimiento que adquiere acerca de lo que come. Es la única manera de cambiar los hábitos de la cesta de la compra. Así que vamos a enseñar a hacer las cosas bien, con buen gusto y de manera justa”, sentencia Jorge con decisión. Para ello, en su granja ofrecen visitas guiadas y talleres de elaboración de queso, mantequilla o repostería cántabra. Además, hay tres apartamentos junto a su propia vivienda que permiten tener una experiencia mucho más a fondo de lo que supone este tipo de vida en el rural. “Nos tiramos desde mediados de junio a mediados de septiembre sin parar, mañana y tarde”, comenta Sara con una sonrisa en la boca.

Quien visita la Granja Santa Ana no pasa por la experiencia de dar el biberón a las terneras, “porque esto no es un zoo”, explica Sara. “Igual que si vas a visitar una fábrica de tornillos no te ponen a hacerlos. Yo vivo de lo que producen las vacas y, si se estresan, al día siguiente no dan leche”.

Lo que se llevan supera las expectativas que traen, la idea preconcebida con la que vienen, ya que aprenden sobre salud, alimentación y educación

Jorge Mariscal — Granja Santa Ana

Ahora sí, aunque haya personas que lleguen a Santa Ana pensando que van a ordeñar una vaca por primera vez y se vayan sin hacerlo, quien vive una experiencia aquí sale mucho más contento de lo que llegó. “Lo que se llevan supera las expectativas que traen, la idea preconcebida con la que vienen, ya que aprenden sobre salud, alimentación y educación”, explica Jorge. “De hecho, hay personas que se sienten en deuda, nos dicen que les hemos dado mucho más de lo que han pagado”. Qué importante es distinguir entre valor y precio.

Volviendo a lo de crecer o no crecer, Sara se acaba de explicar: “Crecer para nosotros es trabajar menos para poder diversificar. Lo podemos comparar con la calefacción en el hogar: dado un nivel de confort, si subes un grado la temperatura no varía la sensación de calor, pero hay un salto significativo en el consumo de energía y en el gasto. Es decir, hay un tamaño de granja en el que estamos todas bien, en el nivel adecuado de confort –las vacas, los trabajadores, y nosotros como empresarios–. Así que cuando nos preguntan si queremos crecer decimos que no. Porque si creciéramos significaría que tendríamos que invertir y construir, y eso desequilibra el ecosistema que hemos creado. Lo ideal sería poder vivir con cuantos menos animales mejor. De hecho, si sube el precio de la leche, nosotros preferimos quitar animales”.

Una pareja de granjeros inusuales que ya no lo son tanto puesto que, además, son instigadores en Cantabria de la red de productoras y productores 'De Granja En Granja'. Se trata de una treintena de profesionales del sector primario que, como la pareja, producen alimentos cuidando del medio que nos sustenta y de las personas, y que van creando una gran comunidad de coproductores a su alrededor. Por eso, en el taller de Granja Santa Ana encontramos vinos de Bodegas Vidular, de Bárcena de Cicero, patatas fritas Vallucas, de la zona de Valderredible, o queso Picón Bejes-Tresviso de Javier Campo. Un trabajo en red que no ha hecho más que empezar.

La Fundación la Caixa abrirá el próximo 6 de septiembre el plazo de solicitud de ayudas a entidades de la economía social y organizaciones sin ánimo de lucro que desarrollan sus proyectos en Castilla-La Mancha. El objetivo es impulsar iniciativas dirigidas especialmente a personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad social para mejorar su calidad de vida y fomentar la igualdad de oportunidades.

La convocatoria está dirigida a entidades sin ánimo de lucro y entidades de la economía social que recojan explícitamente en sus estatutos que su principal objetivo es el interés o la cohesión social. Quedan excluidas de esta convocatoria las administraciones públicas. Además, las beneficiarias deben estar inscritas en el Registro administrativo correspondiente y estar domiciliadas en esta comunidad autónoma.

Este año se podrán presentar las entidades y delegaciones con convenio vigente en las convocatorias 2021 del Programa de Ayudas a Proyectos de Iniciativas Sociales de la Fundación La Caixa. Para ello, deberán justificar haber hecho un gasto equivalente al 50 % de la ayuda y presentar un informe del estado del proyecto.

La convocatoria incluye seis ámbitos de actuación. Por un lado las ayudas deben destinarse a las personas mayores y retos derivados del envejecimiento, a personas con discapacidad o trastorno mental, a la humanización de la salud, a la lucha contra la pobreza y la exclusión social, a la inserción sociolaboral y a la interculturalidad y acción social

Una sesión informativa el martes 19

La Fundación La Caixa anuncia que “próximamente” se publicarán las bases y la documentación complementaria de esta convocatoria. Mientras tanto y para resolver dudas, se realizará una sesión informativa el día 19 de julio de 2022, a las 12.30 horas. Esta sesión se podrá seguir de manera presencial en el salón de actos de la Biblioteca de Castilla-La Mancha (cuesta de Carlos V, 4, Toledo) (aforo limitado) o a través de una retransmisión en streaming.

El proceso participativo del Plan Estratégico de Economía Social de Castilla-La Mancha ha llegado a su fin y prácticamente todas las aportaciones las ha realizado la Confederación de Asociaciones de empresas de este sector en la comunidad autónoma. En esas alegaciones, este colectivo pide ampliar, de manera significativa y en una futura ley, los objetivos marcados en el borrador inicial de la estrategia presentada por la Consejería de Economía, Empresas y Empleo, aumentando el espectro de actuación y las medidas a adoptar. Algunas de ellas han sido incorporadas parcialmente al documento del Gobierno regional.

Así sucede por ejemplo en el caso de los objetivos estratégicos, donde estas asociaciones piden incorporar, en una futura ley, algunas acciones como incentivar las iniciativas de fortalecimiento a través de redes de las familias de la Economía social, especialmente cooperativas y centros especiales de empleo. A ello añaden transversalizar este sector en la Administración Pública y crear foros de diálogo permanente con el Estado; así como fomentar el cumplimiento de los criterios actualmente regulados en materia de compra responsable y reservas en la contratación, mediante cláusulas sociales.

En este sentido, en sus aportaciones piden el establecimiento de criterios de priorización en todas las convocatorias de ayuda de todas las consejerías del Gobierno regional a los proyectos presentados por empresas de la economía social, incorporándolas asimismo en la Mesa de Diálogo Social.

En el apartado referente a la puesta en valor y visibilidad de la economía social, la Confederación propone un sistema de información “consistente y fiable” sobre el sector dentro de un Observatorio regional. Junto a ello, incorpora la creación de ‘partenariados’ público-privados que incrementen de forma progresiva la interacción entre empresas de esta índole. Con ese objetivo también pide la apertura de las empresas a la ciudadanía mediante jornadas de puertas abiertas y la puesta en marcha de un sello distintivo de “Empresa de Economía social”, creando un órgano mixto público-privado que verifique el cumplimiento del reglamento técnico.

Para el impulso a la actividad emprendedora y el crecimiento de las nuevas empresas de este sector, el colectivo propone acciones de sensibilización, con especial énfasis entre las personas jóvenes, con actividades en la Educación Secundaria y la Formación Profesional (FP), así como generación de materiales de difusión para la realización de seminarios, campañas y otros mecanismos de estimulación de la demanda. En ese horizonte de llegar a la juventud, también incluye un plan de trabajo con la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM) para la creación de una cátedra de Economía Social y un Master en Dirección de Empresas de Economía Social. En esta línea, pero con el objetivo puesto en toda la ciudadanía, demandan planes de formación accesibles para todas las personas, mediante acciones conjuntas con diputaciones y ayuntamientos.

Red de técnicos, empleo y colectivos vulnerables

El desarrollo de una red de técnicos con conocimientos de gestión y del tejido socio-económico de la región es también otras de las peticiones, al igual que la inclusión de la economía social en la formación reglada y acoger a las entidades del tercer sector como espacio del fomento del emprendimiento de este tipo de compañías.

El objetivo de generación de empleo comprometido con la cultura de empresa de la economía social es uno de los más destacados, y en este bloque la Confederación de Asociaciones propone revisar la línea de ayudas de para la contratación de empresas de economía social, incentivos para la incorporación de personas desempleadas en el sector, programas de formación específicos para la ciudadanía, e incentivación a la realización de cursos teórico-prácticos.

Finalmente, hay una serie de propuestas incluidas en el bloque de medidas trasversales para colectivos vulnerables. Entre ellas está la inclusión de indicadores que permitan identificar la situación y evolución de estos grupos en la economía social, así como la integración de la gestión de la inclusión y la diversidad en estas empresas.

Los incentivos para la elaboración de planes de igualdad; el impulso de medidas que favorezcan la incorporación de jóvenes, personas con discapacidad y mujeres en los equipos directivos o funcionales; la transformación digital inclusiva; los incentivos a la contratación de personas con discapacidad, y las actividades para favorecer la inserción laboral o la contratación de personas desempleadas de larga duración, son otras de las acciones incluidas por estas asociaciones en sus aportaciones al borrador.

Mientras en las calles de Colombia se respiraba un ambiente espeso, producto del cruce entre el pico más mortífero de la pandemia y un mes de paro nacional, Armando [nombre falso para proteger su identidad] recibía en el móvil una ráfaga de mensajes desconcertantes. Rappi, la poderosa empresa de servicio de reparto a domicilio, donde trabaja como repartidor desde hace año y medio, le informaba: “¡Conéctate en estos días de alta demanda y gana el triple si trabajas con la opción de auto aceptación [que implica llevar el pedido a cualquier sitio sin importar la distancia]. Aprovecha la hora de la cena y ganarás 4 mil pesos [un euro] extra!”.

Este venezolano de 23 años afincado en Medellín recuerda que en aquellas jornadas de principios de junio, cuando las movilizaciones se anunciaban más agitadas, recibía en simultáneo notificaciones sobre el cierre temporal de las oficinas de la plataforma fundada en 2015. Se trataba, dice, de una muestra más de la desconexión de la empresa con la suerte de alrededor de 50.000 repartidores en las calles de un país en estado de combustión.

Detrás del brillo de la gran start-up de reparto latinoamericana, con 360.000 repartidores activos en 9 países de la región, se asoman a partes iguales cientos de denuncias que abarcan desde el mal funcionamiento del sistema tecnológico, el algoritmo, hasta prácticas empresariales que han sido sancionadas. El gigante ha dejado por el camino tanta innovación, riqueza y poder como precariedad y explotación. Todo lo anterior englobado dentro de la llamada “economía colaborativa”.

Fuentes de Rappi tasan hoy su valor en 5.250 millones de dólares, más de 4.400 millones de euros. Pero el prestigio del primer ‘unicornio’ latinoamericano, una etiqueta que designa a las empresas tecnológicas que alcanzan los mil millones de dólares de valoración, se ha visto desdibujado paulatinamente.

Parte del nudo se halla en el mismo punto que la Ley Rider española ha tratado de desenredar para regular la actividad de empresas como Glovo o Uber Eats y que diversas sentencias en Europa y Estados Unidos han ido aclarando: ¿Cuál es el carácter legal de la relación entre los repartidores y las plataformas digitales? Un análisis publicado en marzo por la Facultad de Derecho de la Universidad de los Andes revisó 38 sentencias en 12 países, desde Sudáfrica hasta Australia, que abordaban litigios sobre el asunto. En el 79% de los casos, los jueces declararon la existencia de una relación laboral.

Las grandes plataformas alrededor del mundo, como Rappi, esgrimen invariablemente que los trabajadores no son tal porque son libres de aceptar o rechazar los servicios a domicilio. Ellos deciden, agregan, cuándo conectarse o desconectarse. Se trata de “aliados” temporales que aceptan unos “términos y condiciones de uso de la aplicación”. De esta forma, en octubre de 2020, nació en Bogotá el primer sindicato de trabajadores de plataformas digitales del país. Inspirados por sus pares argentinos, que se agremiaron en 2018, el 4 de junio se montó vía Whatsapp la primera huelga contra una plataforma en América Latina.

Rappi, ante la presión social y algunas críticas en prensa, ha introducido pequeños cambios. Hoy sus repartidores cuentan, por ejemplo, con dos pólizas de seguro que cobijan únicamente los tiempos de entrega y una cobertura básica de protección de riesgos laborales.

Enrique [también nombre supuesto], venezolano de 41 años, sufrió en mayo un accidente en moto que lo dejó al filo de la muerte cuando se desplazaba para un reparto. Dos meses y medio más tarde sigue convaleciente. Relata que el seguro que suministra Rappi ha cubierto “diez terapias y una consulta”. Un aporte insuficiente que “no se hace cargo de casi nada”. Recuerda que pasó horas al teléfono en la siempre desangelada área de ‘Soporte’, donde “nadie tuvo una voz de aliento” tras haber permanecido diez días en coma: “Es que yo estoy vivo porque dios es muy grande, hermano”.

La situación no es exclusiva de Colombia. Carolina Hevia, venezolana de 31 años, repartidora y líder sindical, señala que un “compañero en Ecuador casi pierde el pie por un bus que le pasó por encima; en Chile hubo uno que perdió la mano; y en México otro perdió la pierna. También hay chicos que han muerto por Covid”. Según Hevia, que está refugiada en Ecuador por presuntas intimidaciones y seguimientos provenientes de la empresa que ya han sido denunciadas ante la Fiscalía, en todos esos casos ha sido necesario instaurar querellas.

No menos tormentosa resultó la polémica que surgió en junio a raíz del anuncio de que la empresa solo vacunaría a 2.000 “rappitenderos”. El comunicado suponía la aceptación del vínculo laboral y rezaba: “Priorizaremos a aquellos repartidores que en el histórico, han estado conectados más tiempo en Rappi realizando órdenes, entendiendo que son quienes corren más riesgo de contagio (…)”. El Ministerio de Salud colombiano dejó claro que un decreto que daba carta blanca a las empresas para inmunizar a sus empleados estipulaba vacunar al 100% de sus efectivos. Rappi tuvo que recular.

“Si te importan tus empleados”, afirma una analista en asuntos digitales que pide el anonimato, “debes garantizar vacunas para todos. Pero no conviertas un tema de salud pública y de dignidad humana en los juegos del hambre. ¿Vas a vacunar solo a los que más entreguen? Eso es echar a la gente a los leones”.

Mostacho blanco y mercado negro

Todo comenzó con Grability, antecesora de Rappi, fundada en 2013 por Sebastián Mejía (Cali, 1985), Simón Borrero (Cali, 1984) y Felipe Villamarin (Bogotá, 1989). El proyecto giraba en torno a un estudio de software que enlazaba a través de un dispositivo móvil, y de forma novedosa y fácil, a clientes y supermercados. Compañías como Reliance, en la India, Walmart en Estados Unidos o El Corte Inglés, entre otros, adquirieron licencias. La frontera del éxito estaba cerca.

Dos años bastaron para que el trío de veinteañeros recogiera las carencias de Grability y apostara por corregirlas. En el modelo de Grability los comercios podían tardar hasta tres días en entregar la compra a sus clientes. Estaba claro que debían agilizar esa transacción con una logística propia. Así fue como Grability fue integrada en una nueva firma, Rappi. Un software actualizado que funcionaría en adelante bajo el logo de un mostacho blanco al estilo inglés estampado sobre un fondo naranja chillón. La nueva aplicación proporcionaba tres funciones básicas: la compra de productos de supermercado, enlace a una lista de restaurantes y una opción de “antojos”.

En los primeros tiempos rondaba un aire de proyecto transformador. En Halloween muchos jóvenes colombianos se disfrazaban como repartidores. La idea era seductora. Ya no se limitaba a envíos de alimentación: ahora irrumpía la promesa de llevar “cualquier cosa” que el usuario deseara, a la hora y lugar que escogiera a través de esa tecla de “antojos”. El hoy presidente colombiano, el conservador Iván Duque, la utilizaría en la campaña electoral de 2018 como ejemplo de la “economía naranja” que prometía impulsar.

Las oficinas en Bogotá se poblaron de una legión de ingenieros que no llegaban a la treintena y que, en general, desarrollaron un sentido de pertenencia casi religioso hacia la marca, hasta el punto de referirse a ella como la “universidad”. El lugar donde todo era susceptible de ser aprendido. Donde todo sucedía. A su vez, la operación fue implantada en los grandes mercados de la región: México y Brasil para empezar. Y “los niños”, afirma una fuente que pidió no citar su nombre, “duplicaron sus salarios y se comenzaron a comportar como altos ejecutivos”.

Las cosas han cambiado y los uniformes naranja han perdido lustre. Reuters denunciaba a finales del año pasado el florecimiento de un mercado negro de perfiles de repartidores falsos que se venden a través de Facebook por hasta 160 dólares cada uno. Muchos migrantes venezolanos, algunos indocumentados, apelan a este atajo cuando el algoritmo los bloquea como sanción por un mal servicio.

El sindicato de plataformas ha presentado al menos 200 acciones legales relacionadas con “bloqueos crónicos y arbitrarios a cuentas”, apunta la abogada Sandra Muñoz. Algunas han prosperado, otras no. Lo cierto es que la crisis migratoria venezolana ha expulsado a millones de personas en un continente con altas tasas de paro e informalidad. La aplicación se ha convertido en salvavidas para muchos. Se calcula que entre el 70 y el 80% de los domiciliarios de Rappi en Colombia son venezolanos que dedican tiempo completo a la empresa.

Para la Doctora en Derecho María Lorena Florez estos fenómenos son consecuencia de prácticas empresariales que afectan a los dos extremos del negocio: repartidores y consumidores. Cuenta que una queja en Rappi tarda un promedio de 18 meses en ser resuelta. “Mi impresión es que estas empresas están en una fase donde lo único que prima es lograr hacer prosperar su modelo de negocio. Invertir lo que haga falta en marketing. Y muy lejos en la escala de prioridades están los usuarios y la atención al cliente”.

Desde su punto de vista, ya es tarde para generar “códigos de conducta empresarial para estos negocios digitales”. Y en el caso colombiano, las empresas rechazan cualquier iniciativa que sea percibida como impositiva, pero tampoco “proponen modelos de autorregulación”.

La abogada Sandra Muñoz asevera que a la falta de reglamentación se une el poder económico que ha acumulado la firma. En los pocos proyectos de ley que han languidecido en el Congreso, la capacidad de incidencia política del gigante latinoamericano se ha hecho sentir: “Y no todo se reduce al tema de subordinación laboral. La operación de estas empresas aún no tiene un marco claro. Y como Rappi tiene tanto poder, no prestan atención ni al Gobierno ni a la sociedad civil”.

La Superintendencia de Industria y Comercio, por ejemplo, le impuso el año pasado la multa más alta en Colombia, algo menos de 400.000 euros, por violar las normas de tratamiento de datos de los usuarios. Desde Rappi se han limitado a informar que aceptan “todas las medidas impuestas”. Diversos analistas sostienen que sin normas claras, o leyes marco, los mecanismos de inspección laboral y empresarial serán insuficientes.

“La cultura de pedir perdón”

Juan Diego Castañeda, investigador de la Fundación Karisma, una ONG que trabaja en temas de derechos humanos y seguridad digital, asegura que la aplicación “aún no ofrece la opción de darse de baja. Tan solo se puede eliminar del móvil. Por eso sigue utilizando tu número de teléfono, el historial de compras, el correo y otros datos de forma totalmente indebida y muy poco transparente”.

Para la marca del mostacho blanco esas son batallas apenas perceptibles: “Tienen miles de quejas de usuarios y un goteo de sanciones en la Superintendencia. Pero nada de esto trasciende. En el ritmo frenético de la empresa no hay tiempo para un proceso de reflexión ni vocación de solucionar los problemas”, afirma una persona que trabajó allí, que remata: “En Rappi prima la cultura de pedir perdón, no la de pedir permiso”.

La compañía guarda silencio ante la pregunta sobre la percepción negativa de desequilibrio entre el mundo de los despachos y la precariedad de los “rappitenderos”. También sobre los motivos por los cuales aún arroja pérdidas, a pesar de las toneladas de capital inyectado por entidades tan acreditadas como el conglomerado japonés SoftBank, que invirtió 1.000 millones de dólares el año pasado.

Rappi acumuló entre 2016 y 2019 pérdidas netas por 182,8 millones de dólares, según datos de la Superintendencia de Sociedades de Colombia. Y en enero del año pasado despidió al 6% de sus empleados. El año largo de pandemia y confinamientos ha significado una mejora en el volumen de negocio de las plataformas en el mundo. Un analista con experiencia en los movimientos de Silicon Valley lanza que desde Rappi se rumorea que este año podrían, finalmente, alcanzar el tan anhelado punto de equilibrio financiero.

El reto en las oficinas de Bogotá, por lo pronto, es catapultar la marca en una súper aplicación, al estilo de la china WeChat, y seguir expandiendo como una mancha de aceite el número de usuarios activos, que hoy llega a los 20 millones en 205 ciudades de la región. Ese es el mayor activo de la empresa.

Demasiado grande para caer

RappiTravel (compra de tíquetes aéreos), RappiPay (bancarización), TurboFresh (envíos de despensa a toda prisa), RappiCash (retiro de dinero a domicilio) son solo algunos de los diversos productos disponibles en el mostrador. Desde Rappi añaden que también existe un proyecto de entretenimiento en streaming, llamado Rappi entertainment.

Los números rojos de otras plataformas de reparto, como las estadounidenses Uber Eats o DoorDaash, han levantado suspicacias sobre la solidez del modelo de negocio de estas empresas. En el caso de Rappi, explica el analista digital, la historia se repite: sigue recibiendo dinero de inversores de capital riesgo para mantener la operación; sigue creando nuevos productos; sigue incrementando su valoración, pero sin obtener beneficios. Ni dar el salto a bolsa.

Y acota con una fórmula que hizo escuela durante la Gran Recesión: “No sé qué ocurrirá a largo plazo, pero tengo la impresión de que a estas alturas ya se trata de un invento demasiado grande para dejarlo caer”.

De cualquier forma, el Doctor en economía David Bardey concede que el relato en medio mundo apunta a que las nuevas tecnologías y las legislaciones irá hallando un punto donde las empresas puedan funcionar según sus nuevas características, a la vez que los organismos políticos y los consumidores tengan herramientas para acotar y reglamentar sus operaciones.

El abogado laboralista Iván Daniel Jaramillo añade que Rappi tendrá que ajustarse a un modelo “socialmente rentable”. Porque la crisis sanitaria y los profundos estallidos sociales en la región sugieren que mantener a miles de trabajadores en la informalidad laboral y a millones de usuarios tan expuestos a un mal servicio, no será a la larga rentable para nadie.

“Queremos reunir a las siete asociaciones que actualmente componen la confederación para identificar los principales retos, preocupaciones y estrategias que tienen las familias de la Economía Social sobre la mesa”.

Este es el objetivo del I Encuentro Regional de la Economía Social de Castilla-La Mancha que se celebrará este viernes, 7 de mayo, en el salón de actos de la delegación territorial de la ONCE en Castilla-La Mancha en Toledo, según explica su presidente Juan Miguel del Real.

Es un paso más en la visibilización de este colectivo desde que se constituyese a finales de 2020 la Confederación de Asociaciones de la Economía Social de Castilla-La Mancha.

“Con esta puesta en común de esos retos esperamos poder trasladarlos a la Administración regional que asumió el compromiso de poner en marcha este año el Plan Estratégico de la Economía Social”, explica Del Real.

Un compromiso adquirido en primera persona por la consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco, durante el acto de constituciones de la Confederación a finales del pasado año y que implicará modificar la Ley regional de Cooperativas.

No es una reivindicación nueva en un sector que agrupa a 1.000 empresas y entidades con más de 175.000 socios que dan empleo a más de 21.500 trabajadores, de los que 3.500 son personas con discapacidad. Su facturación agrupada supera los 2.846 millones de euros.

“Esa estrategia es muy necesaria en una región como la nuestra por el peso tan importante y estratégico de la economía social en sectores como el agroalimentario, la economía solidaria, los centros especiales de empleo o la inserción social”.

El encuentro de este viernes será una primera toma de contacto para después “ahondar” a través de distintas sesiones monográficas “con cuestiones más concretas” para definir la hoja de ruta.

Sobre todo, porque, dice Del Real, “la percepción de los ciudadanos hacia la Economía Social ha cambiado con la pandemia. Nos ha enseñado la importancia de lo nuestro, de los proyectos regionales. Hay un cambio de perspectiva que tenemos que aprovechar porque juega a nuestro favor”.

Después están los retos prácticos. “No solo nos interesa que se nos reconozca, sino que tienen que producirse políticas activas de apoyo a este modelo de empresa. Hay que alinear recursos”.

Entre esos recursos está la posibilidad de acceder a los fondos europeos de recuperación post COVID, a través de la Confederación Empresarial Española de la Economía Social (CEPES) pero Del Real reconoce que “todavía hay muchas incertidumbres” sobre estas ayudas.

En todo caso, recuerda que las propuestas que se han trasladado al Gobierno de España “coincidirán con medidas trasversales de economía sostenible o la transformación digital, entre otras. Esperamos que haya proyectos específicos para el colectivo y que se superen esas incertidumbres sobre el cómo y cuando de los fondos”.

El Libro Blanco de la Economía Social

El catedrático de Organización de Empresas de la Universidad de Castilla-La Mancha, Felipe Hernández Perlines presentará este viernes las principales conclusiones del Libro Blanco de la Economía Social.

El documento ya fue presentado el pasado mes de marzo y con Hernández Perlines también pudimos intercambiar impresiones en una reciente entrevista telemática en nuestro espacio ‘Hacemos Economía Social’.

“La Economía Social es el motor más importante que tiene ahora Castilla-La Mancha”, asevera Juan Miguel del Real, sobre todo “ahora que se habla tanto de la sostenibilidad ambiental o social. En este modelo confluyen todos estos aspectos de una forma muy evidente. Si hablamos de la recuperación la Economía Social tiene que ser palanca clave. Si hablamos de resiliencia, también muy de moda, hemos sido muy capaces en los momentos de mayor dificultad económica de adaptarse, de mantener empleo y ser flexibles, abanderando cambios”, reivindica.

En la agenda a corto plazo de la Confederación de Asociaciones de la Economía Social de Castilla-La Mancha, este viernes se concretarán las líneas de actuación dentro del proceso de reflexión estratégica y “estamos organizando seminarios específicos”, detalla el presidente.

Por ejemplo sobre el papel de la Economía Social en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030. Tenemos que mostrar nuestra aportación a la sociedad“. Después se organizará otro para presentar los principales casos de éxitos de las distintas familias de la Economía Social en la región, todavía sin fecha debido a las restricciones por la pandemia.

Actualmente las siete instituciones que conforman la Confederación Regional de Empresas de Economía Social son Cooperativas Agro-alimentarias Castilla-La Mancha, la Asociación de Centros Especiales de Empleo de Iniciativa Social de Castilla-La Mancha (FEACEM CLM), el Consejo Territorial de Castilla-La Mancha de la ONCE, la Unión de Cooperativas de Enseñanza de Castilla-La Mancha (UCEC-M), la Asociación de Empresas de Inserción de Castilla-La Mancha (ASEIRCAM), la Asociación de Cooperativas de Trabajo Asociado (CLAMCOOP) y la Unión de Cooperativas de Transportes de Castilla-La Mancha (FECOMANCHA). No obstante, la organización está abierta a la entrada de otras organizaciones de la economía social.

Desde el mundo académico, pero con la colaboración de numerosos colectivos, asociaciones, entidades y Administración regional, ya es una realidad el Libro Blanco de la Economía Social de Castilla-La Mancha. Se trata de una extensa obra de análisis, estadísticas e investigaciones sobre este sector, cada vez con mayor implantación en la comunidad autónoma. De hecho, es el primer documento de estas características que se realiza en la región. Su presentación ha hecho patente los distintos ámbitos de colaboración desde los que se ha fraguado, bajo la coordinación y tutela de la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM). Ahora, el Libro Blanco supone el “punto de partida” para un desarrollo aún mayor de la economía social y como documento base para la puesta en marcha de políticas públicas.

La consejera de Economía, Empresas y Empleo del Gobierno autonómico, Patricia Franco, ha participado en la presentación en Toledo, que precisamente ha sido la Capital Europea de la Economía Social en 2020. La Dirección General de Autónomos, Trabajo y Economía Social, con su titular, Eduardo del Valle, a la cabeza, ha colaborado en el proyecto de redacción de la obra, que la consejera considera “magnífica” tras más de un año de elaboración. Según ha dicho, con este documento “estamos consiguiendo entre todos mantener esa Capitalidad viva” y a ello ha añadido el anuncio de que el Ejecutivo regional desarrollará durante este año una Estrategia de Economía Social en Castilla-La Mancha.  

En este sentido, también ha afirmado que el proyecto contribuye a “visibilizar” el papel de la economía social, hasta hace poco una “gran desconocida”, y asumir con ello “los retos que tenemos por delante sobre todo en cuanto a su impregnación en las zonas rurales”. Ha detallado asimismo que supone igualmente el reflejo del “crisol de entidades” que componen este sector y “un espacio de información comparada que va a permitir trabajar estrategias en todo el país y el enriquecer ese trabajo de cara al futuro”.

Hacia una sociedad “que no deja a nadie atrás”

Tras mencionar la importancia que en la economía social cumplen cooperativas vitivinícolas, sociedades laborales, centros especiales de empleo, entidades del tercer sector o cooperativas de trabajo asociado, entre otras muchas, la consejera ha concluido afirmando que “hay mucha tarea por delante” pero sobre todo “compromisos y ganas de trabajar juntos” para impulsar este sector. El Libro Blanco y la futura estrategia contribuirán a “una sociedad moderna, sostenible, que no deja a nadie atrás, que apuesta por nuestra zonas rurales y por nuevos modelos económicos para que los desequilibrios generados por las crisis tengan el menor impacto posible, no solo en la economía, sino también en el ámbito social”.

El rector de la UCLM, Julián Garde, quien firma uno de los prólogos del documento, también ha estado presente en esta puesta de largo del Libro Blanco. Ha agradecido a todos los colaboradores y colaboradoras, profesorado, entidades y asociaciones que lo han hecho posible, y ha mostrado su orgullo por que el proyecto haya salido de la Universidad, lo que “debería ser así en muchas facetas”. De igual forma, ha destacado su importancia como herramienta que reivindica el papel de la economía social como mecanismo de gran utilidad para la cohesión territorial y la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

Este documento nació del impulso del Centro Internacional de Investigación e Información sobre la Economía Pública, Social y Cooperativa (CIRIEC-España), cuya presidenta, Adoración Mozas Moral, ha querido subrayar por su parte la multiplicación de tipología de entidades en este sector. Es el motivo por el que ha considerado que la misión de los investigadores y académicos es “estudiarnos y caracterizarnos para salvaguardar los criterios que nos definen” y “que las políticas públicas puedan dirigirse de manera concreta a las entidades de este ámbito”. El Libro Blanco contribuye a ello por ser una “foto fija” de la realidad.

La importancia de la economía colaborativa la ha defendido también Jose Luis Monzón, director general de Civio y también colaborador de la obra. Ha señalado que la Unión Europea ya elabora un Plan de Acción para la economía social, por lo que forma parte del organigrama de muchos gobiernos. “Ya está en las agendas políticas”, ha remarcado, coincidiendo con la necesidad de que haya una “autoidentificación” por parte de los propios actores y entidades, sobre todo ahora que desde el ámbito universitario se ha desarrollado una “delimitación conceptual clara”.

“El Libro blanco no solamente constituye una recopilación de datos estadísticos sobre la economía social que permiten defender su importancia cualitativa, sino que también cuantitativamente los datos son muy relevantes, porque en toda Castilla-La Mancha este colectivo representa más del 8% del empleo asalariado del sector privado y más del 10% en voluntariado”, ha precisado.  Y por ello, considera que ahora supone un “signo de esperanza” contar con un proyecto que debe tener “continuidad”.

“Un pilar de la economía”

Así lo ha destacado también Inmaculada Carrasco, profesora de la UCLM y coordinadora del Libro Blanco junto al catedrático Felipe Hernández Perlines. Supone, ha dicho, el primer intento de poner en conjunto las cifras más relevantes de las familias que componen la economía social en la región, para calibrar su importancia y “contribuir a darles visibilidad”. Este documento realiza por tanto un análisis minucioso del marco jurídico, evolución, contexto histórico y tipologías, pero de todos ellos ha destacado el papel de la economía social en entornos especialmente despoblados, donde fija población y crea riqueza local.

“La economía social es un pilar de la economía de Castilla-La Mancha. El valor social trasciende el mero valor económico, las entidades del sector cumplen una importantísima misión en la fijación de población. Supone una forma diferente de emprender, más resiliente, con profundas raíces sociales. Con este trabajo queremos un punto y seguido, desearíamos que fuera un punto de partida para futuras colaboraciones”, ha concluido. Eso mismo ha destacado Felipe Hernández Perlines: el Libro Blanco debe ser la base para futuras investigaciones y un “documento de obligada consulta” para las administraciones.

Por último, también ha intervenido en la presentación Juan Miguel del Real, presidente de la Confederación de Asociaciones de Empresas de Economía Social de Castilla-La Mancha, que vio la luz hace dos meses en representación de todas las familias del sector. “Es una obra importante para que la economía social impregne todos los pilares de la región, ya que en Castilla-La Mancha tiene un papel más allá de lo económico, a la hora de sostener el desarrollo rural y fijar población, creando valor y riqueza en los momentos más complicados. El Libro Blanco hacía falta y ahora nos queda un largo camino por recorrer para que la economía social consiga un mundo mejor”, ha concluido.

“Ambientea es una cooperativa sin ánimo de lucro y de iniciativa social”. Así describe a la entidad una de sus creadoras, Laura Puerto Moreno. Nos vamos hasta Albacete para conocer de cerca a esta empresa, una de las que en Castilla-La Mancha basa su actividad en la Economía Social Solidaria. 

Y es que, tal y como nos cuenta Puerto, todas las líneas de trabajo de Ambientea responden a los pilares de este modelo empresarial. “Estamos enfocados al medio ambiente, al desarrollo sostenible, al cooperativismo, a la economía circular, a la educación ambiental… Todo lo que hacemos va en ese sentido”. “Por ejemplo, uno de los últimos cursos que hemos hecho ha sido de voluntariado ambiental. Y seguimos intentando mejorar. En el ámbito de la cosmética hemos cambiado el almacenaje de plástico por vidrio”. 

Desde su creación en 2013, Ambientea ha evolucionado mejorando y adaptándose a los cambios sociales, al tiempo que consolidaba sus principios solidarios en las tres líneas de trabajo que componen su actividad: la educación ambiental, el ecoturismo y la cosmética ecológica. 

“La parte de educación ambiental la realizamos en el Espacio de Ecología de Albacete, con actividades para todos los públicos. Desde los coles, que normalmente vienen pero con la pandemia lo hemos suspendido, hasta colectivos y asociaciones, pasando por grupos interesados entre los que organizamos cursos de este tipo sobre agricultura ecológica o jardinería”, explica Puerto quien nos cuenta que las rutas “de turismo activo” se encuentran en este momento paralizadas debido a la pandemia. 

La entidad albaceteña está formada por tres personas: Laura Puerto Moreno, Luis Gil Sevilla y Antonio Molina González. Entre ellos se reparten cada una de esas líneas de trabajo.

Tras 7 años de negocio, Puerto reconoce que “realmente fácil no es nada”. Echando la vista atrás y haciendo balance, quien es ingeniera técnica forestal asegura “que lo más difícil es entrar en el mercado”. “Cuesta que la gente te conozca. Hemos hecho cursos y actividades que tienen muy buena acogida y otros, como las escuelas de verano, que cuesta mucho difundirlos entre la ciudadanía”. 

Por ello actualmente, y sobre todo a raíz de la crisis sanitaria, tienen un reto: la digitalización. “Queremos mejorar en comunicación y en marketing y saber llegar a la gente para que nos conozcan”. En este trabajo de difusión ya han avanzado gracias a su integración en REAS (Red de Redes de Economía Alternativa y Solidaria) de Castilla-La Mancha. “Con REAS hemos podido ampliar la gente que nos conoce. El networking, el conocer a otras entidades y estar en contacto con ellas, trabajar en proyectos comunes… Es más fácil tener a gente que te respalda mediante el asociacionismo porque tienes más fuerza”. 

El equipo de Ambientea ha consolidado su apuesta por el comercio online sobre todo para su línea de cosméticos “sin químicos y con el aceite de caléndula como ingrediente principal que hacemos y producimos nosotros mismos”.

“No tenemos un horario que hay que cumplir”

Actualmente, las tres personas que componen Ambientea están dadas “de alta en régimen general como trabajadores, no como autónomos”. Cada una de ellas tiene sus objetivos y según ellos se autoorganizan. “Yo coordino el vivero y la educación ambiental y Luis y Antonio se centran más en el tema de la cosmética natural”, detalla Puerto. “Cómo trabajamos cada uno en una línea, nos organizamos como queremos. No tenemos un horario que hay que cumplir”. 

La buena comunicación dentro del equipo y el apoyo mutuo ha hecho que en la entidad la conciliación sea una realidad. “Si alguien no ha podido, nos hemos apoyado porque tenemos una buena organización. En temas puntuales, si hemos tenido un proyecto concreto en el que nos faltaba personal, hemos contratado a alguien más pero para entrar a la dinámica normal de la empresa no”. 

Según el equipo de Ambientea su éxito radica en la suma de todas las ventajas que ofrece la Economía Social y Solidaria, un modelo que antes o después se impondrá como el más fructífero.

“Realmente todas las empresas de alguna manera tienen que ir encaminándose al tema de la economía social porque no cabe otro sistema, incluso aquellas que no estén en la Economía Social”, concluye Puerto. “Actualmente no cabe plantearse una empresa que no tenga en cuenta el tema ambiental o que no se plantee objetivos de sostenibilidad o de menos contaminación. Toda empresa tiene que tomar metas y objetivos que les lleven a la economía social.”

Hoy presentamos el amplio proyecto conquense de 'La Entreverá' que nació hace ya ocho años (dos como proyecto piloto) debido a la extendida demanda entre los productores agro-ecológicos de Cuenca y también para superar las “peculiaridades” de Castilla-La Mancha a la hora de comercializar. En una amplia y dispersa región como la castellanomanchega, muchos de estos empresarios necesitaban una herramienta que gestionase la logística y la distribución de sus productos.

Así lo relata una de sus socias, María Andrés, que forma parte de este modelo cooperativo de trabajo asociado donde los socios trabajadores llevan el peso de la empresa, pero que también busca “visibilizar a los socios colaboradores, tanto a consumidores y consumidoras como a productores y productoras”, explica.

La línea conductora del proyecto es la alimentación. “Es una forma de entender el consumo y la forma de alimentarse”. Esta cooperativa de trabajo asociado que componen cinco personas y sesenta socios colaboradores entre productores y consumidores, quiere potenciar “la cultura” de la economía social y solidaria como forma de emprendimiento, pero también de vida y de consumo sostenible en un territorio caracterizado por la despoblación y ávido de proyectos y de gente emprendedora.

Se mueven en La Mancha, en Cuenca capital y llegan a Albacete, en cuanto al consumidor final. “Todos pueden serlo, cualquier ciudadano y no solo los socios de la cooperativa”, explica María Andrés. Desde 2015 hacen repartos a domicilio, a grupos de consumo y a profesionales y cuentan con una tienda obrador en Cuenca, donde se puede comprar y degustar.

Cuentan con un amplio catálogo de productos, cada vez mayor, y por eso ya diseñan una nueva web para mejorar su visibilidad y su canal online, aunque si hablamos de logística, funcionan como una red colaborativa. “Nosotros mismos hacemos el reparto. Vamos a las huertas y aprovechamos ciertos lugares para hacer cruce de productos”. 

Y cuando el tiempo no acompaña para la huerta castellanomanchega, se nutren de productos de la huerta valenciana. También colaboran con proyectos cooperativos similares en la vecina comunidad autónoma y están iniciando colaboración con ‘Madrid Kilómetro Cero’. “Queremos generar nexos también con la Comunidad de Madrid o en la Comunidad Valenciana. Y que todo sea nuestro: producción, distribución…”, explica.

También apuestan por fomentar su línea de comida preparada y además forman y asesoran a nuevos proyectos en cuanto a artesanía o seguridad alimentaria, etc

Recientemente se han incorporado a REAS Castilla-La Mancha, la Red de Economía Alternativa y Solidaria en la región. “Es una herramienta que te facilita las cosas. Es como un filtro. El mercado lo absorbe todo y no todo cabe, al menos dentro de nuestro valores” que pasan por la promoción de la agroecología, la salud y la justicia “a través del consumo consciente de alimentos, el trabajo colaborativo y la producción de cercanía”.

“Nos permite estar en la toma de decisiones, ejercer de alguna manera de lobby para tener voz. Solos no podemos”.

Poco a poco, la moda sostenible se va haciendo hueco en las grandes citas de la pasarela en Madrid. Estos días se celebra en los espacios Loom Salamaca, Espacio triple y en el Ayuntamiento de Rivas, la Circular Sustainable Fashion Week (CSFW), la semana del diseño sostenible, que por quinto año consecutivo coloca en el cartel a decenas de nuevos nombres de creadoras y creadores textiles, aspirantes a competir en un futuro con la gran industria de la moda. De momento su trabajo es poco conocido entre el gran público, y la tendencia cultural al consumo rápido y constante dificulta su entrada en el mercado. La moda sostenible va mucho más allá del diseño, la técnica y la ropa: “Se trata de hacer una reconversión profunda de la manera en la que producimos y consumimos para que sea compatible con el cuidado del medioambiente”, explica Paloma G. López, directora de la CSFW.

En su última Conferencia sobre Comercio de Desarrollo (UNCTAD), la ONU advirtió de que la industria de la moda es la segunda más contaminante del mundo, solo por detrás de la del petróleo, y halló a lo largo de sus investigaciones que, por ejemplo, confeccionar unos pantalones vaqueros requiere del uso de unos 7.500 litros de agua, el equivalente a la cantidad que bebe una persona promedio en siete años. “Produce más emisiones de carbono que todos los vuelos y envíos marítimos internacionales juntos”, señalaba la ONU en su informe.

“No podemos mirar hacia otro lado con estos datos sobre la mesa”, apunta la directora del evento. “Tenemos tanta ropa fabricada que si detuviésemos la producción no pasaría nada”. Hay residuo textil, dice, como para vestir a todo el mundo durante décadas sin tener que producir más ropa. Las marcas que ha llevado a su pasarela desarrollan su trabajo en torno a la sostenibilidad y la economía circular. Para dar a conocer la relación que existe entre todo ello y en qué consiste, realmente, esto de la moda amable con el medioambiente, además de las pasarelas han organizado la primera semana de febrero un Congreso que, bajo el rótulo ‘Diálogos para el cambio’, ha congregado a través de la pantalla a reconocidos nombres de expertos contra el cambio climático, investigadores y personalidades del mundo de la política.

Entre ellos, la activista Carry Somers, que a principios de este año navegó más de 2.000 millas desde Galápagos hasta la Isla de Pascua para investigar la contaminación química tóxica y los microplásticos, David Sandoval, presidente de Greenpeace España, o la exalcaldesa de Madrid, Manuela Carmena. Cuando Paloma López impulsó estas charlas era consciente de que “todavía hay que explicar la sostenibilidad desde un sentido amplio porque algunos conceptos son nuevos para muchos”.  

Creadoras sostenibles

Una de las diseñadoras llamadas a participar en la CSFW ha sido Elena de Frutos, dedicada a la alta costura y a la confección de vestidos de novia, con casi 30 años de experiencia en el sector. “He llegado aquí después de muchas idas y venidas, de cerrar muchos negocios porque no eran competitivos frente a un Zara. Además en aquel momento casi nadie hablaba de sostenibilidad, más bien me trataban como a una loca que pertenecía a una secta o algo así”. Lamenta que todavía sigue siendo una cuestión muy desconocida e ignorada, y por eso la parte más difícil de su trabajo no es ni encontrar los materiales para sus creaciones, ni las técnicas para trabajarlos, ni pensar cómo reciclarlos: “lo más difícil es venderlo”. “No puede haber un cambio en la industria si no cambiamos la manera en que concebimos comprar. El mercado actual se basa en el consumo continuo, a las empresas les interesa, por lo tanto no se van a movilizar para facilitar la transformación, tiene que salir de los consumidores y de pequeños diseñadores como nosotras”.

Después de terminar sus estudios y pasar por varias etapas, abrir y cerrar un taller, una tienda física y una tienda online, De Frutos se ha hecho un hueco que parece más o menos estable entre la alta costura sostenible. “Me dedico a la ropa a medida porque es lo que mejor funciona y porque me permite más creatividad”. Hace apenas un año que ha iniciado también un proyecto con vestidos de novia en el que ofrece a las clientas reciclar los antiguos vestidos de madres o amigas para darles una nueva vida. “Lo más sostenible es lo que ya está hecho, así que si ya hay un vestido yo lo transformo en otro sin utilizar ningún material nuevo”.

Señala, como Paloma López, que la sostenibilidad en la moda va mucho más allá de la ropa y se trata de una forma de vida y de valores que tienen como objetivo último el respeto al medioambiente. “Tenemos que parar esta forma de consumir y empezar a pensar en términos colaborativos frente a la competitividad del sistema actual”. Coincidiendo con la clausura de la semana de la moda sostenible, y con el día de San Valentín, una fecha para ensalzar los lazos y los compromisos, el próximo 14 de febrero la CSFW va a celebrar la 'Pasarela 17', donde ningún creador o creadora será protagonista, ni tendrá más visión sobre las demás porque “se van a mostrar todos los diseños mezclados y van a participar las 17 marcas que han colaborado con el proyecto”, explica la directora. “Queremos representar que el reto que tenemos delante es tan grande que necesita del trabajo en equipo de todos los estamentos y sectores de la sociedad para conseguirlo. Si no construimos alianzas, lo vamos a tener crudo”.

Economía circular

 “La economía circular es una rama que pretende cerrar el ciclo en el uso de recursos que hacemos de la naturaleza”, explica Paloma López. “Ahora hay una economía extractiva, es decir, cogemos las materias primas, las transformamos, las usamos y después las tiramos, las convertimos en residuos”. Pero la “economía regenerativa” de la que habla la directora de la CSFW trata de “o bien alargar la vida del producto o bien estudiar cuál es la forma de devolverlo a la naturaleza en las mejores condiciones posibles”. Se trata de ampliar el capital natural biológico que la acción del ser humano está destruyendo. 

Desde sus inicios, Elena de Frutos ha huido de “la temporalidad” a la hora de confeccionar sus colecciones. “Hago ropa pensada para que dure años, de calidad, e incluso que pueda transformarse. Lo consigo buscando tejidos ecológicos que se adaptan a las formas y que dan a la ropa la mayor durabilidad posible”. Cuenta que para esta colección ha trabajado con seda de gusanos extraída de forma no violenta, es decir, dentro del respeto a los procesos naturales del animal. “Para hacer la seda normal se coge el capullo con el gusano y se somete a temperaturas muy elevadas, así que lo mata. La seda que utilizo se extrae del capullo cuando el gusano ya se ha convertido en mariposa y ha salido”. También ha expuesto prendas tejidas con lana 100% natural, reciclable y biodegradable, o triacetato, una materia prima que proviene de la extracción de la pulpa de la celulosa, y otros materiales obtenidos de bosques sostenibles.

Mitos sobre la moda ecológica

Elena de Frutos aprovecha la entrevista para desmontar algunos mitos que planean sobre la moda sostenible, como que “lo ecológico es mucho más caro o que es ropa demasiado casual sin diseño. No es verdad, el precio, aunque puede haber una pequeña diferencia, no es mucho más elevado, y, por otra parte, sí hay diseño, muchos tipos de prendas distintas para diferentes tipos de personas”. López añade que “las prendas que compramos en cualquier tienda vienen con obsolescencia programada, por eso cuestan diez euros, para que dentro de un tiempo vuelvas a comprar. Nos obligan a seguir consumiendo. Sin embargo, las marcas sostenibles trabajan con un nivel de exigencia en cuanto impacto medioambiental y social en sus creaciones que sube un poco los precios de la ropa, pero no tanto como se cree”.

Por otro lado, De Frutos reconoce que la desfavorable situación económica de mucha gente “influye” en las compras, pero cree que el motivo por el que a la moda sostenible le cuesta generar nuevos clientes tiene más que ver con los valores del “sistema capitalista agresivo” que con los precios. “La desigualdad es un problema a todos los niveles, es cierto que hay mucha gente que no puede acceder a estas prendas, pero tampoco a las de Zara”. Hay un cambio, asegura, hacia las opciones de segunda mano, de las que ha proliferado en los últimos años el número de establecimientos, pero para que se consolide esta tendencia hace falta, bajo su punto de vista, que se generen entornos alternativos donde se tenga conciencia medioambiental y poco a poco se vaya haciendo extensible a un gran conjunto.

“Creo que eventos como la CSFW son un gran empuje. Normalmente estas marcas se sostienen en pequeños proyectos con economías de subsistencia. No tenemos los medios para lanzarnos al mercado con la solvencia de empresas más grandes, así que en este momento te diría que es imposible que una marca pueda hacer sola el camino, necesitamos unirnos para poder transitar, tejer redes. De momento la colaboración nos está funcionando muy bien”.

Ambas coinciden en ser conscientes de que, como todo cambio profundo en una sociedad, la explosión del mercado de lo sostenible vendrá precedida de un largo proceso. “No es necesario que sea radical. Hay que ir quitando capas, descubriendo, tomando conciencia… Nuestro discurso no es purista, entendemos las dificultades de cada uno y simplemente ofrecemos las herramientas para transitar ese cambio”.

El derecho a una alimentación nutritiva y culturalmente adecuada, accesible y producida de forma sostenible y ecológica es lo que se conoce como soberanía alimentaria. Castilla-La Mancha, en el desarrollo de su nueva Ley del Estatuto de las Personas Consumidoras, quiere ahora regular y fomentar este concepto de manera que todos y todas podamos decidir libremente un sistema alimentario y productivo propio. Para ello, está elaborando un decreto que actualmente se encuentra en consulta pública previa.

El Gobierno regional recuerda que en la normativa de personas consumidoras también se establece el consumo responsable y sostenible como aquel que se realiza de forma moderada y reflexiva, basado en decisiones libres, y con arreglo a criterios sociales, laborales y ambientales.

Con estos elementos, la Consejería de Desarrollo Sostenible quiere propiciar políticas informativas, formativas y educativas que fomenten el consumo responsable, así como en el marco del cooperativismo de consumo, la economía social y solidaria, los circuitos cortos de comercialización y el consumo de alimentos locales producidos de forma ecológica y estacional. Todo ello, “siempre que no suponga discriminación que pueda generar comportamientos anticompetitivos”.

Así, mediante el nuevo decreto, busca asimismo el ordenamiento de las distintas iniciativas de soberanía y sostenibilidad alimentarias que se lleven a cabo en la región, las garantías de calidad y seguridad que deben exigirse en la comercialización de los productos, así como los criterios para su acreditación y registro, de forma que puedan sus actividades puedan ser reconocidas y amparadas mediante los procedimientos que se consideren oportunos.

Por otra parte, se pretende con el fomento de estas iniciativas asegurar una oferta suficiente y adecuada a las expectativas e inquietudes de la demanda de las personas consumidoras de la región, creando conexiones y redes que faciliten el acceso a los alimentos y la participación en procesos de sostenibilidad, a través de una relación directa, colaborativa y comprometida entre productores locales y personas consumidoras.

Ordenamiento y registro de iniciativas

El Ejecutivo castellanomanchego explica que dado que la actualidad existen ya iniciativas de soberanía y sostenibilidad alimentarias de ámbito local, es preciso no sólo su ordenamiento sino también su fomento, “de forma que puedan extenderse y también ampliar su ámbito de actuación mediante la configuración de nuevas redes distribuidas por todo el territorio regional”. Por otra parte, argumenta que su aprobación se considera oportuna en la medida que coadyuva y contribuye, de manera contingente, en la consecución de los objetivos de otras políticas públicas concurrentes de la Junta de Comunidades de Castilla- La Mancha, en los ámbitos económico, ambiental y social. 

Otros objetivos de la norma son también organizar un registro de iniciativas, redes y entidades que operen en el ámbito de la soberanía y la sostenibilidad alimentarias; regular los derechos y obligaciones de las iniciativas reconocidas; prever mecanismos de control y supervisión de las iniciativas acreditadas y la aplicación de medidas que procedan en su caso; y contribuir al reto demográfico creando redes que favorecen la fijación de población en el medio rural.

Como Capital Europea de la Economía Social, la ciudad de Toledo acogió recientemente un acto conmemorativo de las empresas de inserción. Son aquellas que contratan a personas en exclusión, procedentes de centros penitenciarios o de situaciones de empleo de larga duración, derivadas a través de las entidades sociales para trabajar ahí de manera temporal y consolidar un puesto de trabajo en el mercado laboral ordinario de cara al futuro. En Castilla-La Mancha son ocho las que se agrupan en torno a la Asociación regional de Empresas de Inserción (ASEIRCAM) y las que están sobreviviendo a la crisis sociosanitaria, demostrando la “resiliencia” de la economía social.

Rafael López es el presidente de esta asociación y el director de la Fundación El Sembrador de Albacete, dedicada a este sector. Nos cuenta cómo el colectivo lleva casi 10 años en pie desde que nació fruto de la necesidad de las empresas de inserción de tener un ámbito de reivindicación, pero también de compartir las experiencias. “A lo largo de este tiempo hemos ido capeando dificultades pero también ayudándonos los unos a los otros para seguir fomentando este tipo de iniciativas”.

Son pocas las empresas de inserción de esta comunidad autónoma, pero no resulta extraño puesto que no fue hasta 2018 cuando se aprobaron ayudas específicas, lo que ha dificultado el crecimiento de los proyectos, que no buscan solo la rentabilidad económica, sino también la social. En esta región operan en sectores que van desde la hostelería hasta el medio ambiente y la producción textil. “No competimos en condiciones de igualdad con el resto de empresas del sector en las que lo que prima es el beneficio y la persona está al final. Trabajamos en el mismo mercado pero las herramientas no son las mismas, y la persona está al principio de todo”.

La regulación estatal de estas iniciativas data del año 2007 y establece los requisitos para poder formar parte de los registros autonómicos. Por ejemplo, al menos el 51% del capital social de la empresa tiene que estar impulsado por una entidad social durante los tres primeros años, y el 30% de los trabajadores tienen que venir de itinerarios de inserción, un porcentaje que debe ser el 50% a partir del cuarto año.

Los trabajadores y trabajadoras tienen un certificado de exclusión elaborado por los servicios sociales y deben firmar, junto con el contrato laboral, un acuerdo de inserción mediante el cual están de seis meses a tres años mejorando su empleabilidad hasta que se considere que tienen la preparación suficiente para trabajar en una empresa ordinaria. Se facilita a los contratados y contratadas que hagan frente a posibles cargas familiares, que terminen los estudios o que se saquen en carné de conducir. Así lo pactan con los servicios sociales y con la empresa en cuestión, y a lo largo del tiempo se va evaluando si se ha superado la situación de exclusión.

Rafael López deja claro que, aunque trabajan en varios sectores, el principal producto “son las personas” y es “por lo que se nos debe valorar a final de año”. Considera fundamental que no haya injerencias de entidades que busquen solo rentabilidad económica y para ello la asociación apuesta por reformar una ley estatal que está “obsoleta”. Por ejemplo, explica que debería contemplar mayor agilidad a la hora de realizar los certificados de las personas en inserción para dar mayor rapidez a las contrataciones, ya que es uno de los motivos que impiden a estas empresas responder en el mercado “con la urgencia que sería deseable”.

Una bolsa cada vez más grande de desempleados con formación

También opina que el sistema de perfiles de personas a las que pueden contratar es muy rígido, cuando actualmente ese margen se podría ampliar, sobre todo por la crisis sociosanitaria derivada de la pandemia de COVID, que ha dejado en paro a personas que tienen un nivel de formación importante pero que ahora se han quedado en situación de exclusión. “Esa bolsa cada vez es más grande y con perfiles cada vez más normalizados, por lo que deberíamos adaptarnos a estas nuevas realidades”.

Precisamente la adaptación está siendo la receta de estas empresas para sobrevivir a la crisis. “La verdadera complicación es lo que está por venir. Estamos sufriendo como todas las empresas porque a fin de cuentas estamos en el mercado”, subraya. Por ejemplo, en El Sembrador una de las líneas de inserción es la hostelería y ahí “estamos pasándolo muy mal”. Son estructuras escasas en número de puestos de trabajo pero tienen programas de inclusión muy eficaces, con gente que sale “muy preparada”, pero “ahora lo que estamos intentando es mantener las estructuras y servir al resto de la sociedad manteniendo nuestros puestos de trabajo y no cerrando”.

“Para nosotros ya es un logro que sigamos abiertas, dando ejemplo de cómo la economía social está demostrando que es mucho más resiliente que otros sectores y apostando por mantener los puestos de trabajo por encima de todo”, remarca. Sin embargo, consideran que aunque el respaldo administrativo, en el caso del Gobierno de Castilla-La Mancha, se ha incrementado desde la línea específica de apoyo de 2018 y las nuevas ayudas, serían deseables más acciones para cubrir el déficit de productividad en los trabajos en inserción y también para los técnicos de acompañamiento.

El presidente de ASERICAM precisa asimismo que, debido al tipo de contratación, es necesario mantener una relación directa con los servicios sociales y con los servicios de empleo, y que en ese sentido, facilitaría el trabajo de estas empresas que hubiera un protocolo de actuación tal y como está regulado en el decreto del registro autonómico. “Eso lo vamos salvando con la gran profesionalidad de los trabajadores sociales y de los servicios de empleo” y también con un manual de acompañamiento elaborado por la Federación de Asociaciones Empresariales de Empresas de Inserción (FAEDEI) donde se establecen las orientaciones al respecto.

“Estamos invirtiendo en toda la sociedad, por justicia social, porque la gente tiene derecho a tener un trabajo, pero además es que hay un retorno económico. Un trabajador de una empresa de inserción genera 6.082 euros de media a la sociedad, porque deja de tener ayudas finalistas y empieza a producir”, argumenta.    

Ante todo, insiste en que se trata de un recurso escaso y que necesitan el apoyo de las entidades sociales pero también de la Administración. “Una persona que ha estado 20 años en prisión no va a rendir igual, por ejemplo de camarero, que el de la cafetería de en frente, donde han cogido al mejor camarero posible. Eso tenemos que cubrirlo, porque ni el mercado ni la sociedad están preparados para pagar un poco más en una cafetería solo porque hay un valor social añadido. Debería ser así, por una cuestión ética, pero no lo es y necesitamos respaldo para esa función social”, concluye.

Son 1.000 empresas y entidades con más de 175.000 socios que dan empleo a más de 21.500 trabajadores de los que 3.500 son personas con discapacidad y su facturación agrupada supera los 2.716 millones de euros.

Son los avales que la recién creada Confederación de Economía Social de Castilla-La Mancha presenta ante la sociedad regional que quiere visibilizar y aprovechar para convertirse en “motor de la recuperación” post pandemia.

La iniciativa llevaba ya tiempo sobre la mesa y ha eclosionado en este 2020, coincidiendo con el hecho de que Toledo ostente, durante este año, la capitalidad Europea de la Economía Social. “Somos de las pocas regiones que no tenemos una organización representativa y transversal de toda la Economía Social”, ha explicado el presidente del colectivo, Juan Miguel del Real.

La irrupción de la crisis sanitaria ha ralentizado los tiempos, pero antes de que termine el año el colectivo espera presentarse formalmente en sociedad e incluso está previsto que la Confederación Empresarial Española de la Economía Social (CEPES) celebre su Junta Directiva en Toledo a la que se incorporará la entidad castellanomanchega.   

Los objetivos de la Confederación de Economía Social de Castilla-La Mancha pasan por defender y promover los intereses de este colectivo emprendedor que, además, aspira a formar parte de las mesas de interlocución económica y política en la región.

Les avala, apunta Juan Miguel del Real, “el peso de la economía social en la región” y que la ciudadanía todavía conoce poco. “Ahora la sociedad valora mucho el compromiso social, la sostenibilidad económica y ambiental. Esos son nuestros valores. Nos han acompañado siempre y no todos lo saben”.

Cooperativas agroalimentarias, cooperativas de trabajo asociado, de enseñanza, cooperativas de consumo, empresas de inserción, centros especiales de empleo, las propias cajas rurales, la Red de Economía Alternativa y Solidaria de Castilla-La Mancha (REAS), instituciones como la ONCE… Todas ellas entran dentro del amplio concepto conocido como Economía Social.

Pero de momento, no todas forman parte de la recién creada confederación regional. “Es una organización abierta. Ahora mismo hay seis miembros, como promotores, y nos falta por incorporar por ejemplo a las cooperativas de consumo, el cooperativismo de crédito…Vamos a ir sumando”.

Los impulsores de la iniciativa han sido las Cooperativas Agro-alimentarias Castilla-La Mancha, la Asociación de Centros Especiales de Empleo de Iniciativa Social de Castilla-La Mancha (FEACEM CLM), el Grupo Social ONCE, la Unión de Cooperativas de Enseñanza de Castilla-La Mancha (UCEC-M), la Asociación de Empresas de Inserción de Castilla-La Mancha (ASEIRCAM) y las Cooperativas de Trabajo Asociado por medio de la Cooperativa Impulso Cooperativo. El 25 de noviembre celebraron la Asamblea General Constituyente.

Su primera Junta Directiva estará presidida por Juan Miguel del Real, en representación de Cooperativas Agro-alimentaria, José Martínez, en representación de la ONCE como vicepresidente, Pedro Jesús Sáez, en representación de FEACEM CLM como secretario y como tesorero Rafael López, en representación de ASEIRCAM, junto a las otras siete vocalías de las que dispondrá en el futuro.

Toledo, Capital Europea de la Economía Social 2020

Este año, Toledo ostenta la Capitalidad Europea de la Economía Social. Es “una oportunidad muy importante para conseguir el objetivo de visibilizar este tipo de economía. La pena ha sido que hayamos tenido un año como este. Había muchos actos programados que requerían presencialidad para lucir y ha quedado eclipsado”, lamenta Del Real.

Este mismo viernes, la ciudad acoge las jornadas europeas 'La economía social para una recuperación inclusiva, sostenible y justa' en las que ha participado la ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz.

Ante este foro y también en el ámbito regional la Confederación de Economía Social de Castilla-La Mancha defiende la necesidad de avanzar en una estrategia para la región. La consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco, ya anunció la intención de su departamento de ponerla en marcha.

El mensaje para el nuevo rector de la UCLM: "La Economía Social es poco conocida en los institutos o la universidad. Está bien estudiar la empresa tradicional pero hay otras formas de hacer empresa. No debe haber primera y segunda división"

“Es importante que haya una hoja de ruta pactada con el sector de la Economía Social y que se alineen esfuerzos y recursos”. Y en este sentido esperan tanto “apoyo económico” como participar en los foros de decisión regional. “Venimos a sumar, no a desplazar a nadie, pero queremos tener presencia en las mesas de diálogo social para aportar nuestra forma de hacer de forma transversal”, ha aclarado.

En este sentido, en la entrevista mantenida con elDiarioclm.es ha aprovechado para felicitar al nuevo rector de la UCLM, Julián Garde, y fijar también posición. “Uno de los retos de la Economía Social está relacionado con la Educación. Es poco conocida cuando se enseña en los institutos o en la universidad. Está bien estudiar la empresa tradicional, las sociedades mercantiles, las sociedades anónimas...Son muy importantes pero hay otras formas de hacer empresa. No debe haber primera y segunda división en cuanto a modelos”

La Economía Social y “resiliencia” ante las crisis económicas

Juan Miguel del Real recuerda cómo durante la crisis de 2008 las empresas de Economía Social lograron sortear mejor que otras la debacle económica. “El cooperativismo y el resto de entidades tuvimos un menor índice de mortalidad empresarial e incluso tasas positivas de creación de empleo, todo lo contrario a lo que ocurría en otras empresas”.

Lo achaca a la “capacidad de autogestión que nos permite ser muy flexibles. Somos entidades muy resilientes, capaces de adaptarnos rápidamente al cambio”. Sin embargo, las consecuencias económicas que pueda tener la pandemia también está en el punto de mira del sector. “Tenemos mimbres que nos permiten sumar resistencias pero cuando las hay, las crisis afectan a todos”.

Además, esperan ser partícipes de los proyectos que puedan desarrollarse gracias a las ayudas europeas del Plan de Recuperación post COVID, los conocidos como fondos Next Generation. “Nuestro arraigo en el territorio y por la prevalencia de las personas sobre el capital social podemos ser un motor muy importante para el desarrollo de esos proyectos tractores que pretenden cambiar las cosas porque son estructurales”.

En este sentido recuerda que “no hay que hablar solo de emprendimiento individual porque el colectivo, el que se realiza a través de empresas de economía social es mucho más potente y multiplicador a la hora de movilizar recursos y dotar de servicios al medio rural”.

En particular se refiere a la necesaria “digitalización” necesaria en varios sectores, como el agroalimentario. “Será un eje en el que todos vamos a participar porque la pandemia nos ha enseñado que ya no es futuro, es presente”. 

Juan Miguel del Real cree que la Economía Social es, además, “una de las palancas más importantes” para luchar contra la despoblación. Y es que, recuerda, “la presencia en el territorio y la no deslocalización” forman parte de esta filosofía empresarial. “Allí donde nos asentamos estamos con las personas, normalmente no nos marchamos si las cosas van mal y los beneficios se quedan en el territorio. Aquí no hay fondos de inversión. Lo que se genera aquí, poco o mucho, se queda aquí”.

Los alrededores de la Altenbraker Straße amanecieron hace unos días con carteles en todos los portales. En ellos se leía sobre la apertura del primer supermercado en Berlín de la cadena Robin Hood Store. “¿Descontento con el sistema económico? ¡Ahora proponemos un cambio!”, se lee en los mensajes de promoción de esta iniciativa.

No puede decirse que la filial de Robin Hood Store que acaba de abrir sus puertas en el multicultural barrio berlinés de Neukölln sea un supermercado convencional. Hablar con sus responsables, de hecho, hace pensar que su iniciativa tiene más que ver con el activismo político que con la actividad empresarial. “Comprar como activismo”, es uno de los lemas de esta flamante cadena de supermercados. Actualmente hay dos tiendas, la de Berlín y otra en Brandeburgo, el Land que envuelve a la capital germana.

Yurek y Mattis, dos veinteañeros alemanes que están detrás del lanzamiento de estas tiendas, reciben a elDiario.es a las puertas de su nuevo local de Neukölln. Durante semanas han estado preparando el establecimiento con sus propias manos. Han acondicionado el suelo, pintado paredes, instalado estanterías y, en definitiva, puesto a punto un pequeño supermercado de productos ecológicos que no tiene nada que envidiar a cualquier otra tienda del estilo.

“Una ventaja que tenemos es que sabemos hacer muchas cosas por nosotros mismos. La tienda la hemos levantado nosotros solos, también a nivel informático nos hemos ocupado de hacer el código para el sistema informático de la tienda, de la página web y, en suma, de muchas cosas en las que normalmente uno tiene que poner mucho capital si uno no tiene ni idea”, explica Yurek.

“Esto nos ha permitido rebajar muchísimos los costes. En total, hacer esto nos ha costado 20.000 euros. Si hubiéramos tenido que pagar por lo que hemos hecho, el precio habría sido mucho mayor”, añade Yurek a las puertas de la tienda, al tiempo que saluda clientes y atiende dudas de quien se ocupa de la caja registradora.

Ni él ni Mattis han cursado estudios universitarios. Son emprendedores autodidactas y, a simple vista, más activistas que hombres de negocios. Actualmente hay seis personas que trabajan a tiempo completo en las tiendas. Sin embargo, los Robin Hood Stores están concebidos de modo que tienen las puertas abiertas al trabajo de quienes son “miembros”.

Éstos pagan 50 euros de señal por esa membresía, además del 1% de sus ingresos anuales. Si lo prefieren, “pagan” trabajando tres horas al mes en la tienda. A cambio, los “miembros-trabajadores” de la tienda de productos ecológicos y de calidad prémium tienen acceso a esos alimentos a un precio rebajado. Se ahorran un 20% en cada compra.

300 miembros en pocos días

A finales de esta semana, cuando la tienda de Berlín apenas llevaba abierta unos días, el número de “miembros” iba camino de llegar a los 300. “Hay potencial para que crezcamos de forma exponencial”, apunta Yurek. La crisis del coronavirus no asusta a estos empresarios atípicos.

“En el sector de la alimentación la crisis no ha tendido un impacto como en otros sectores”, señala Mattis. “Si el coronavirus nos afecta a nosotros de alguna manera es que nos ha limitado a la hora de organizar eventos que permitan a nuestra comunidad conocerse, hacer cosas juntos y crecer más rápido”, abunda este otro iniciador de la cadena activista de supermercados.

La filosofía de estos supermercados va más allá de crear una comunidad. De fondo, Yurek, Mattis y compañía se plantean la cuestión de “qué hacer con los superávits que se generan en la sociedad”. “¿Los ponemos en manos de unos pocos o hacemos que reviertan hacia la mayoría?”, se interroga Yurek mientras Mattis asiente.

Ambos tienen una respuesta tan clara que por eso han lanzado los Robin Hood Stores. Por lo pronto, un 5% de lo que genera su supermercado se dona a organizaciones que luchan contra el cambio climático y la pobreza extrema, concretamente a la organización ambientalista Coolearth y de lucha contra la pobreza GiveDirectly. El 95% se reinvierte en las tiendas. La idea es que los beneficios que generan no vayan a individuos en particular.

“Si un 3,4% de los beneficios económicos que se generan fueran a parar a donaciones a lo Robin Hood contra la pobreza, no habría más pobreza extrema en el mundo”, sostienen los responsables de las Robin Hood Stores. Ellos hablan de fundar, con iniciativas como la suya, “un nuevo sistema económico”.

“Robando el mercado” a los otros supermercados

Preguntados sobre la relación que guarda su concepto de supermercados con la célebre figura del folclore medieval inglés, Yurek y Mattis ríen de primeras. Pero no les cuesta encontrar una respuesta desafiante y orientada a la competencia. Alemania es el país de los supermercados. Grandes cadenas de éxito internacional son alemanas. Por ejemplo, Lidl o Aldi.

Paralelamente, aquí también hay una considerable variedad de grandes cadenas de supermercados que ofrecen productos ecológicos como los que venden Yurek y Mattis. Denn's, Bio Company o Veganz son sólo algunas de las más conocidas. Pero “esas empresa, si siguen como han hecho hasta ahora, pertenecen al pasado. No son las empresas sostenibles que el mundo necesita”, dice Mattis.

“Nosotros robamos el acceso al mercado a esas otras empresas, les robamos parte del mercado, nuestro supermercado podría estar ocupado por otro local de una cadena de supermercados diferente”, añade Yurek. “Tal vez, en el futuro, deje de haber empresas como Bio Company porque les hemos impedido seguir creciendo. Así que... sí, les quitamos el camino hacia el negocio a través del crecimiento de nuestro movimiento”, concluye.