A la gente se le hace muy fácil eso de decir: “Bueno, y ahora con Trump, te volverás ya, ¿no?”. Y cuando digo la gente me refiero a los que no han volado del nido, no han levado las anclas, no han perdido la silla porque siguen en Sevilla, vaya.  

A la gente se le hace muy fácil, pero no. Lo de volverse es muy difícil. Y cuantas más raíces hayas echado, más complicado es arrancarlas y trasplantarse. 

La migración de retorno, como se conoce al proceso por el que los emigrantes regresa a su país de origen, no es un fenómeno aislado. En este estudio de Aldika Ndreka asegura que entre el 20 y el 55 por ciento de los migrantes regresan al país de origen. 

Las razones para el retorno son variadas, desde la nostalgia hasta otros aspectos más prácticos. Ndreka identifica cuatro principales motivos por los que los migrantes regresan, entre ellas, si el emigrante prefiere el país de origen. Siendo Andalucía un lugar donde, por muchas quejas que tengamos, sabemos que se vive bien, pues es muy difícil no vivir siempre con un pie en el “y si nos volvemos”. 

Pero ojo, no soy yo sola, o los más de 200.000 andaluces que estamos fuera de la comunidad autónoma. Según un estudio realizado en la Universidad Autónoma de Barcelona por Sonia Parella et al., esto del retorno voluntario es casi intrínseco a la experiencia migratoria. Algo con lo que nos vamos, aunque no todos consigamos volver. 

Pero, aunque parezca un asunto plenamente personal, el retorno migrante es de ámbito público. Según Ndreka, muchos países creen que se benefician cuando sus ciudadanos que han migrado vuelven, ya sea porque traen unos ahorrillos en la alforja, o porque la transferencia de tecnologías y habilidades ganadas puede ser un motor para el país de origen. 

Mi amiga la emigrante retornada me contaba que le estaba costando adaptarse de nuevo a las maneras de vivir de nuestra comunidad. Decía ella, después de muchos años de cuasi-soledad y libertad, volver a las exigencias de un grupo familiar y social puede ser extremadamente abrumador

Muchos países tienen incentivos para la emigración de retorno. De hecho, el gobierno de España tiene un subsidio para aquellos que regresen de la migración y estén en desempleo. También tiene disponible una Guía del Retorno con información muy completa de todo lo requerido para este paso. 

En su página web, la Junta de Andalucía expresa su deseo de “creación de las condiciones indispensables para hacer posible el retorno de los andaluces en el exterior que lo deseen”. Aunque no queda muy claro exactamente a qué se refieren con eso de hacer posible el retorno de los andaluces. 

En el estudio de Parella proponen un concepto que creo es acertado para describir el retorno: el sufrimiento social, en el que hay varios factores que pueden influir en este sufrimiento al retorno de migrantes.

En primer lugar, los autores dicen que “la capacidad del país de absorber o no las habilidades adquiridas en el extranjero” puede ser un motivo de este sufrimiento social. Destaco esto, que me parece muy relevante a la emigración andaluza o también llamada fuga de cerebros, en la que jóvenes muy formados nos hemos tenido que ir para encontrar trabajo de lo nuestro. Si Andalucía consigue avanzar lo suficiente como para que estas personas sientan que tienen oportunidades laborales en su campo, seguramente volverán. 

Pero lo más interesante me parece que proponen Parella et al. es que “las relaciones familiares y personales requieren nuevas dinámicas tras el retorno, lo que exige procesos de (re)adaptación, de ajuste de expectativas y gestión de conflicto”. Es algo que yo, como emigrante titular, no he vivido, pero me baso en la experiencia de una amiga que después de varios años fuera de Andalucía, regresó a nuestro pueblo. 

Mi amiga la emigrante retornada me contaba que le estaba costando adaptarse de nuevo a las maneras de vivir de nuestra comunidad. Decía ella, después de muchos años de cuasi-soledad y libertad, volver a las exigencias de un grupo familiar y social puede ser extremadamente abrumador. 

Por eso este exilio semivoluntario de tantos andaluces que nos resistimos a trabajar en hoteles o restaurantes y preferimos seguir donde nos dejó el viento es difícil de terminar. Porque ponerle el punto final al proyecto de migración está plagado de incertidumbre y desasosiego. Y porque, como decía mi abuela, p’atrás ni pa coger impulso. 

“No tenía la posibilidad de quedarme en mi casa, la única opción era irme”, asegura Rocío. Nació en un pueblo de Alicante hace 26 años y, aunque vive fuera del hogar familiar desde los 18, no fue hasta el año pasado cuando se mudó a Madrid para buscar un trabajo relacionado con lo que había estudiado en la universidad.

Rocío pertenece al millón de personas (1.074.000) de entre 25 y 39 años que han cambiado su provincia natal por otra. Como ella, más de la mitad tienen estudios superiores. Y es que la fuga de cerebros ya no se da solo hacia el extranjero: mientras una parte de España se queda sin capital joven, otras regiones lo acumulan.  

¿Quiénes pierden? La meseta central hace honor al apelativo de España vaciada y se sitúa entre las más perjudicadas por la pérdida de población joven. Así, en provincias como Zamora, Ávila, Salamanca o Teruel, 1 de cada 3 jóvenes se marcha a otras regiones, según los datos analizados por elDiario.es del Censo de Población y Vivienda de 2021 en el que se específica la provincia de nacimiento y el nivel de estudios de todos los residentes en España.

Las zonas en azul del siguiente mapa son las que tienen un mayor porcentaje de personas entre 25 y 39 años que se marchan a otros territorios. Como ves, se concentran en el interior mientras que la pérdida se reduce en la costa o en las islas. 

¿Y a dónde se van los que se marchan? Principalmente, a Madrid. En el mapa que hay a continuación se representan los flujos de jóvenes en cada provincia: las flechas azules indican a dónde se van y las amarillas desde dónde llegan. Puedes ver que la capital recibe jóvenes de todas las regiones de España. No solo eso, si pinchas en las distintas provincias verás también que se sitúa como el primer destino de la mayoría de ellas, especialmente en la España interior. 

Aunque no es el único. El mapa permite ver también algunos flujos más localizados que se dan, por ejemplo, dentro de las comunidades autónomas. En Aragón, el principal destino no es Madrid sino Zaragoza. El 30% de quienes abandonan Teruel y Huesca viven ahora en la capital aragonesa. Similar a lo que ocurre en Canarias, donde el flujo más significativo desde Las Palmas es Santa Cruz de Tenerife y viceversa.

En el sur, Málaga se sitúa como el núcleo receptor de talento junto con Sevilla y en el norte sería Álava, que consigue compensar los jóvenes que se marchan con los que llegan principalmente de Bizkaia.

A dónde migran internamente los jóvenes de cada provincia en España

Cada flecha representa el número de jóvenes (25-39 años) que han migrado a otra provincia según si se van o si llegan a la provincia

Los que se van... Los que llegan...

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Fuente: Censo de Población y Vivienda 2021

Pero de Madrid también se va gente, un 17% de los nacidos en la capital entre 1981 y 1996 viven ahora en otra provincia. Sin embargo, se mantiene como la gran receptora de esta franja de población. Los casi 200.000 jóvenes que llegan de todos los puntos de España compensan los 130.000 que se van y acaba con un “superávit” de 60.000 censados. Casi el doble que la siguiente provincia que más jóvenes recibe, Balears. 

Rocío, que vive ahora en la capital y nació en un pueblo de Alicante, siempre contempló ciudades grandes para vivir. Más por necesidad que por gusto: “Al final mi vida va a girar en torno a las oportunidades laborales y ahora que estoy en Madrid conozco a bastante gente en la misma situación. Todos han venido por temas laborales, ninguno porque diga que quiere vivir aquí”, cuenta. 

Para Luis, de 27 años y nacido en Medina del Campo (Valladolid), quedarse tampoco era una opción. En un pueblo de unos 20.000 habitantes predominan pequeños comercios y para trabajar en su sector, el de la ingeniería informática, necesitaba irse a una ciudad medianamente grande. Primero se fue a Valladolid a estudiar la carrera. Encontró su primer trabajo en Palencia y el segundo en Madrid, aunque teletrabajando. Ahora vive en Valencia. 

“En toda la zona de Castilla era muy difícil encontrar trabajo. Había pocas ofertas y las que había eran peores. En cambio, en las grandes ciudades me resultó mucho más fácil”, explica.

Entre todas las burbujas amarillas del interior, hay junto a Madrid dos puntos que también ganan población joven. Son Toledo y Guadalajara, provincias que crecen para acoger a las personas que trabajan en Madrid, pero no pueden hacer frente a los elevados precios de la vivienda que hay en la capital, según concluye un informe del Centro de Estudios Demográficos.

Y es que con el crecimiento de las grandes ciudades, viene también un encarecimiento del coste de vida. Un estudio del Banco de España sitúa a Madrid como la ciudad más cara para vivir en España, seguida de Barcelona y otras grandes áreas urbanas y turísticias.  

Un informe del think thank EsadeEcPol advierte de que es el precio que se paga por la concentración de trabajadores cualificados, porque quienes llegan de otras provincias a las grandes urbes no es solo la población más joven, es también la más formada. 

El siguiente gráfico muestra el porcentaje de jóvenes que pierde cada provincia por nivel de estudios. Los que tienen educación superior son los que más se van, por encima de la media del total de personas de entre 25 y 39 que abandonan cada región. La excepción la encontramos en las grandes urbes. 

Madrid, Barcelona o Euskadi atraen a la población con estudios superiores mientras expulsan a una parte de quienes tienen estudios básicos. Los datos de la EPA y la Encuesta de Estructura Salarial señalan que estos últimos acceden normalmente a trabajos peor remunerados que les dificultan hacer frente al mayor coste de la vida en las grandes áreas metropolitanas.

Rocío asegura que también a quienes tienen estudios superiores se les hace cuesta arriba. Cuenta que varios amigos suyos han tenido que volver a casa porque no podían hacer frente al coste de la vida en Madrid. Incluso ella misma reconoce que volvería si pudiese. “Al final, aquí, en ciudades grandes, tú estás sobreviviendo. No tienes la oportunidad de ahorrar ni de nada. En cambio si tuvieses esas oportunidades laborales en tu casa sería diferente”, asegura.

Si miramos el saldo de cada comunidad por nivel de estudios, Madrid recibe más de 80.000 jóvenes con estudios superiores y pierde 21.000 con estudios de primaria o menos. Es la misma tendencia que se da en Catalunya. Mientras, en el extremo opuesto, Castilla-La Mancha es la comunidad que más personas sin estudios recibe.

¿Y las que más talento joven pierden? Andalucía, Castilla y León y Extremadura. Entre 14.000 y 37.000 jóvenes con estudios superiores viven ahora en otra comunidad. Entre las personas que abandonaron Andalucía está Mario (25 años), que estudió Publicidad y acabó desplazándose a Madrid. 

“Me fui para estudiar un máster porque la oferta en Málaga era… ninguna. O demasiado poca. Si me hubiese quedado, no tendría las mismas oportunidades laborales porque el sector en el que estoy trabajando tampoco existe allí”, relata. 

Los datos indican que cuanto mayor es el nivel de estudios, más cobran los trabajadores. Así, la fuga de jóvenes coincide con un desequilibrio en la presencia de trabajos cualificados en las distintas zonas de España. Casi 2 de cada 3 salarios de más de 4.000 euros están en Madrid, Catalunya o Euskadi. Es decir, el 10% que más cobra de España se concentra en estas regiones mientras casi el 70% de las personas con salarios más bajos viven en el resto de comunidades. 

Si bien los motivos económicos como el empleo o el salario tienen un peso significativo en la decisión de moverse entre comunidades, investigadores del Centro de Estudios Demográficos avisan de que no es el único factor. La oferta cultural, el entretenimiento o la diversidad también influyen en la decisión de moverse. 

“Me fui de Valladolid porque me aburrí de la ciudad y dije: me voy a Valencia y empiezo una nueva vida de cero”. Así recuerda Luis su decisión de cambiar de provincia. “Se vive mucho mejor aquí y me llueven ofertas de trabajo. Si quiero crecer laboralmente, me tengo que quedar aquí o en otra ciudad grande. De momento Valencia, porque es la que me gusta”, defiende.

Mientras a Luis no se le pasa por la cabeza la idea de volver a Medina del Campo, de donde se han ido también todos sus amigos, a otros, como Mario, les gustaría regresar. “¿Que si me planteo volver? Pues claro que sí. Si tuviese un trabajo en mi sector y bien remunerado allí, obviamente volvería”, sentencia.

Desde que en 2018 se pusiera en marcha la primera edición del programa GenT, un plan impulsado por el president Ximo Puig para frenar el exilio y repatriar talento científico valenciano, la Generalitat -incluyendo la convocatoria de 2023- ha contratado a un total de 230 investigadores e investigadoras valencianas, muchos de ellos desarrollaban sus trabajos fuera de nuestro territorio. Se calcula que unos 1.300 científicos se marcharon de la Comunitat Valenciana durante la crisis económica provocada por el pinchazo de la burbuja inmobiliaria.

En concreto, este año se contratará a 38 personas -se han recibido 150 solicitudes-, que se sumarán a las 192 que ya desarrollan sus investigaciones en universidades e instituciones valencianas desde que se puso en marcha este plan, hace ya cinco años. El plan cuenta con una dotación global de 15,4 millones de euros para este ejercicio, una cantidad casi cuatro veces superior a la consignada en 2018. Para este año se ha creado una nueva línea dotada con 650.000 euros destinada a mantener el apoyo al personal que se ha estabilizado en su centro de destino.

La convocatoria de 2023 contempla veinte subvenciones Idegent, destinadas a la contratación de personal investigador doctor de excelencia; nueve subvenciones Cdeigent, para la contratación de doctores y doctoras internacionales con experiencia internacional; y otras nueve subvenciones Sejigent para la contratación de investigadores e investigadoras juniors.

En aquella primera convocatoria, dotada con 4,1 millones de euros y en la que se contemplaban contratos de hasta 70.000 euros anuales, la Generalitat contrató a 40 científicos, 25 de ellos investigadores de localidades como Corbera, Sax, Benifaió, Castellón, Valencia, Novelda o Elche que retornaron para trabajar en entidades valencianas. El programa contó con un presupuesto de 12 millones de euros el pasado año.

Algunas investigaciones

Entre los trabajos que se desarrollan gracias a este programa, se encuentra Jacobo López, que investiga el origen de la masa de los neutrinos y por qué vivimos en un universo hecho de materia sin prácticamente rastro alguno de antimateria; Fernando Maestre ha trasladado su investigación sobre los impactos del cambio climático en las zonas áridas del planeta a la Universidad de Alicante; Jorge González desentraña las funciones biológicas de los ácidos nucleicos inusuales y su aplicación como dianas terapéuticas en el tratamiento del cáncer y los trastornos neurodegenerativos; Víctor Gómez trabaja en las comunicaciones del futuro y en el concepto de mundo conectado.

José J. Baldoví se encarga de diseñar y estudiar las propiedades que tendrán los materiales del futuro; Verónica Nieves investiga, junto a su unidad, los efectos del cambio climático en los océanos mediante inteligencia artificial; Guillem Pérez Jordá trata de averiguar cuándo y cómo, a lo largo del primer milenio, los agricultores comenzaron a cultivar frutales y hacer vino y aceite en el territorio valenciano; Fernando Hueso estudia investiga nuevas herramientas para el monitoreo preciso de la terapia de protones en tratamientos oncológicos.

Y también encontramos a Salva Ardid, que pretende incorporar mecanismos biológicos del cerebro a los algoritmos de Inteligencia Artificial para que el aprendizaje sea más flexible, robusto y explicable; Rosa Adam busca nuevas aplicaciones del grafeno como catalizador; Félix Leroy pretende desarrollar nuevos tratamientos para aliviar la interacción social asociada a las enfermedades psiquiátricas; Justo Martín-Albo, que estudia si las propiedades únicas del neutrino son las responsables de las condiciones actuales del universo; Javier Resta, que se diseña los aceleradores de partículas del futuro; Josep Canet, que profundiza en los fundamentos de la interacción luz-materia a nanoescala; o Juan Herrero, que investiga algunos de los problemas del modelo actual de física de partículas, como la naturaleza de la materia oscura y el origen de las masas de los neutrinos.

Tal y como reconocen algunos de estos investigadores, este programa de excelencia les ha permitido realizar sus investigaciones, o continuarlas, en el territorio valenciano, en unas condiciones muy competitivas, con una financiación adecuada y apoyo institucional.

Contraste con otras medidas similares

El éxito de esta iniciativa contrasta con el resultado de otras medidas similares desarrolladas en España, como las becas María Zambrano. Algunos de los científicos atraídos a España por estas ayudas públicas han renunciado a ellas por la falta de perspectivas por opciones más estables y mejor pagadas, al tiempo que aseguran sentirse engañados, ya que las condiciones que les dan las universidades difieren de las que les prometieron.

Tras casi diez años en el extranjero, Beatriz de Diego vio una oportunidad de retorno en la convocatoria de las ayudas Margarita Salas y María Zambrano, unas ayudas creadas por el Ministerio de Universidades en plena pandemia para recualificar a los científicos españoles y atraer talento investigador, tanto nacional como extranjero. Dada su experiencia, De Diego obtuvo una Zambrano, una ayuda que prometía un salario de 4.000 euros brutos al mes. Pero había letra pequeña, y ante la poca perspectiva de estabilización a futuro –los contratos duran tres años y por el momento no hay perspectiva de renovarlos– o que la universidad descuente de su salario los costes empresariales de la Seguridad Social —unos mil euros menos cada mes—, renunció a su plaza tras apenas medio año.

“Aunque ganase menos que en Estados Unidos, la Zambrano parecía un buen puente para volverme a España”, explica la científica de desarrollo del lenguaje en niños en la Universitat Autónoma de Barcelona. Pero no contaba con que iba a ganar tanto menos. “Cuando firmé el contrato mi nómina era de 1.000 euros menos de lo prometido en el BOE. Acepté porque tenía que quedarme. Lo que no imaginaba era la incertidumbre en la que te ves en España con estas ayudas; desvalorizan nuestra experiencia”. Ahora esta científica segoviana trabaja con una plaza pública de profesora ayudante doctor en la Universidad de Valladolid, un puesto “muy por debajo” de la experiencia que ella tiene, asegura. Aunque cobra “más o menos” como con la Zambrano, recibe en su cuenta hasta cinco veces menos de lo que ingresaba en Arizona.

De Diego lo dejó, pero muchos beneficiarios de una ayuda María Zambrano o Margarita Salas se han quedado. Y están en pie de guerra. Aprovechando que el ministerio redactó una convocatoria ambigua, que daba libertad a las universidades para establecer la relación laboral que quisieran con sus investigadores, la mayoría de los centros les hicieron contratos por los que pagan las cuotas empresariales a la Seguridad Social, el dinero que habitualmente pone el empleador, con los fondos de la convocatoria. Con el dinero que Manuel Castells, el ministro que puso en marcha los programas, anunció como parte de las nóminas. Los científicos creen que es ilegal y el caso está en los juzgados. Con un resultado desigual por el momento.

La Justicia de Castilla y León y la Inspección de Trabajo en Valencia han decretado que es ilegal extraer del salario de los trabajadores los costes de la cuota patronal. Según este razonamiento, solo cuatro universidades lo hacen bien y están pagando la totalidad de las ayudas que prometió el Ministerio de Universidades. Pero los rectorados también tienen una sentencia estimatoria: el TSJ de Murcia falló en su favor. El caso apunta al Supremo, que tendrá que unificar doctrina. La CRUE, que aglutina a las universidades públicas, emitió un comunicado este jueves en el que recuerda que el ministerio permitía a las universidades detraer la cuota patronal de los fondos de los investigadores y defiende esta práctica a la vez que dice que las universidades “apuestan por el desarrollo de la carrera del personal investigador en las mejores condiciones”.

Estos contratos para investigadores posdoctorales contaban con una inversión de la UE de 387,15 millones de euros para el período 2021-2023. Según indica el Ministerio, se repartieron en las universidades públicas españolas un total de 3.914 plazas: 1.218 de María Zambrano —las más prestigiosas, exigen más experiencia— y 2.696 plazas de Margarita Salas.

“Es un parche sin planificación de futuro”

Como Beatriz de Diego, Miguel Moreno llevaba un tiempo fuera y quería volver. Este paleontólogo acumulaba seis años en la Universidade Nova de Lisboa, en Portugal, cuando consiguió una María Zambrano en la Universidad de Zaragoza. Duró poco: en cuanto llegó una oferta con mayor proyección de futuro canceló la ayuda del ministerio. Aunque ahora cobra menos, recibe la ayuda Ramón y Cajal en el mismo centro y esta ayuda “tiene más garantías de consolidación y facilidades para obtener una plaza de profesor. Cobro unos 300 euros menos al mes, que se compensa con tener 14 pagas en vez de 12, aunque en el cómputo total sigo perdiendo dinero”.

Con más perspectiva, este investigador, opina que “son unas ayudas parche, sin planificación de futuro”. Además de retraer de su salario los costes empresariales de la Seguridad Social, “tampoco se paga la antigüedad, no se pueden solicitar doctorandos o liderar proyectos”. Aún así, los investigadores beneficiarios de las Zambrano consultados coinciden en que los Margarita Salas, que cobran entre 1.200 y 500 euros menos según la modalidad, son los que están teniendo más problemas económicos, sobre todo en el extranjero.

Los extranjeros que vienen a España

Las ayudas María Zambrano también se usaron con el argumento de atraer talento internacional, no solo de las personas españolas emigradas en el pasado. La brasileña Amalia Pérez era catedrática e investigadora en la Universidad de Brasilia, pero tiene raíces españolas y ya había hecho una estancia internacional en Valencia. Estas ayudas le parecieron una oportunidad para trasladarse a España junto a su familia. Obtuvo una plaza en la Universidad de Zaragoza. Sin embargo, asegura que se sintió engañada cuando vio la primera nómina: “Sabía que la oferta hablaba de euros en bruto, pero no es lo mismo esperar recibir más de 3.000 euros netos que 2.300, más aún cuando vienes con hijos”. “Vine cobrando menos que en Brasil y allí ya teníamos una casa en propiedad. Que te traten así, sumado a toda la burocracia que hay, hasta duele”, lamenta la investigadora en psicología de entornos laborales.

Te planteas si esto merece la pena. Haces un esfuerzo y mueves a tu familia para estar con el agua al cuello.Tiene un coste psicológico muy duro

Amalia Pérez — Investigadora brasileña beneficiaria de una María Zambrano

“Se me va casi todo el sueldo en el alquiler. De no ser porque mi marido trabaja no sé que sería de nosotros”, señala Pérez y espera que con la última sentencia judicial, favorable, “esto se arregle pronto”. En su opinión, lo peor “es que parece que no interesa que nos quedemos, solo ocurre si lo ofrecen desde el departamento”. “Me encanta lo que hago y soy consciente de la falta de financiación de las universidades, pero las instituciones deberían arreglarlo”, demanda. “Te planteas mucho si esto merece la pena. Haces un esfuerzo y mueves a tu familia y tu vida para estar con el agua al cuello en otro país. Cambias todo para no tener ninguna certeza. Tiene un coste humano y psicológico muy duro”.

Al peruano Renzo Espinosa, investigador de energías renovables en simulaciones con departamentos eléctricos, también le pareció una buena oportunidad trabajar en España con una de estas ayudas. “El proyecto de la Universidad Politécnica de Catalunya me interesaba mucho. Dejé mi trabajo y me mudé”, detalla Espinosa que, igual que Amalia Pérez, se marchó con su familia desde Brasil. Él se enteró de que iba a cobrar menos poco antes de venir a España: “Ya tenía los billetes comprados y habíamos vendido el coche. Cuando te enteras piensas: 'Podré con esto'”.

Preguntado por la convocatoria, dice no sentirse engañado, pero que “cuando uno es de fuera y planea las cosas no conoce los pormenores de la ley como para que te avisen a un mes de venir”. “En Brasil cobraba más y tenía un trabajo fijo. Duele apostar todo por venirte y acabar haciendo malabares con el dinero”, reflexiona e insiste en destacar que le encanta su trabajo y el departamento, pero que al darse cuenta de que “las convocatorias tenían negligencias y que te pagan menos uno no puede ser completamente feliz”.

Otros científicos han encontrado diferentes ayudas para quedarse en España. Le ha sucedido al italiano Neri Marsili, investigador de filosofía de la comunicación. Explica que una vez vio estas ayudas le pareció una buena idea trasladarse a España. Él, relata, se enteró de que le descontarían la cuota patronal poco antes de llegar, por lo que decidió buscar alternativas. “Cuando me lo dijeron no me lo creía y pensé que era ridículo y que nos engañaban”, señala el investigador, que también ha trabajado en Inglaterra.

Marsili comenzó el contrato en la UB, pero a los pocos meses lo dejó por otra de un plan de atracción de talento de la Comunidad de Madrid en la UNED, donde cobra más y tiene una duración de cinco años. “Quitando los gastos empresariales de la Seguridad Social del salario, si se compara con con otras ayudas de otros países no es competitiva. Me parece muy hipócrita que pongan estas letras pequeñas”, lamenta.

¿Calidad o cantidad?

Una crítica generalizada de las fuentes consultadas es la falta de estabilización de estas ayudas para el científico que viene del extranjero. “Han apostado más por la cantidad de oferta de plazas y no tanto por las buenas condiciones económicas, laborales y con perspectivas de futuro”, opina Beatriz de Diego, para quien la responsabilidad “es tanto del Ministerio por no ser claro como de las universidades por no ejecutar correctamente sus pagos”.

“Las María Zambrano cobran menos de lo que se les prometió, pero más que casi todos los contratos equivalentes”, subraya por su parte Miguel Moreno. Este científico opina sobre el Ministerio que como es una inyección de dinero puntual, “probablemente no se repita y no quieren ser el Gobierno que subió los salarios un año para bajarlos al año siguiente”. “Si la idea atraer a gente que tuviese un recorrido en la investigación no lo han hecho bien. Desilusiona estar así”, añade por su parte Amalia Pérez.

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Gabriela Dumitru ya tendría que haberse jubilado y, sin embargo, trabaja más que nunca. A sus 65 años, es una de los apenas dos médicos del área de neonatalogía en un hospital de Slobozia, una ciudad deprimida a cerca de dos horas en coche de Bucarest, la capital de Rumanía.

Hace tres o cuatro guardias de 24 horas todas las semanas, y cuando puede descansa una hora en un sofá en una pequeña habitación llena de fotografías de gatos. El otro médico del equipo tiene 75 años y se jubiló oficialmente hace 15. Entre los dos hacen el trabajo de cuatro o cinco médicos. Asisten unos 1.200 partos al año y cuidan de los recién nacidos que requieren cuidados especiales o tienen alguna discapacidad.

La sala de neonatología de Slobozia es solo la punta del iceberg de la crisis que asola Rumanía. En los últimos diez años, miles de médicos y enfermeros han abandonado el país en busca de un trabajo mejor pagado en los países de Europa occidental. A su vez, la grave carencia de personal médico solo es uno de los muchos ejemplos de la fuga masiva de profesionales de los países de Europa Central y Oriental desde su adhesión en la Unión Europea.

Los gobiernos tratan de lidiar con las consecuencias de esta pérdida de talento y aunque muchos representantes políticos utilizan el discurso del miedo hacia la inmigración para atraer votantes, los estudios muestran que los ciudadanos están más preocupados por las consecuencias de los que se van. En una encuesta reciente, más del 50% de los rumanos afirmaron estar preocupados por el impacto de la emigración en el país, la cifra más alta entre todos los países analizados.

Unos 3.4 millones de rumanos abandonaron el país durante los diez años siguientes a su entrada en la Unión Europea, según un estudio realizado por líderes empresariales rumanos. El Ministerio de Sanidad calcula que 43.000 médicos han salido del país durante la misma década.

Un estudio de Population Reference Bureau, con sede en Estados Unidos, pronostica que en 2050 la población de Rumanía habrá disminuido en un 22%. Según las previsiones para ese periodo, se trata de la mayor reducción de población en el mundo y se debe a una combinación de tres factores: emigración, alta mortalidad y bajas tasas de natalidad. Y la vecina Bulgaria tiene un pronóstico igualmente preocupante.

Dumitru explica que estaba previsto que una doctora se incorporara en el equipo de neonatología en noviembre, después de que el hospital financiara la formación de una residente en un hospital de Bucarest. La joven médico desapareció tan pronto hubo terminado la residencia. No es la primera vez que el hospital invierte en la formación de un médico que opta por irse tras completar sus estudios.

La primera ola de emigración se produjo antes de que Rumanía se adhiriera a la UE en 2007, con la marcha de muchos enfermeros a Italia, explica Raed Arafat, secretario de Estado rumano para situaciones de emergencia que estudió medicina y en el pasado trabajó como médico de urgencias en la ciudad de Târgu Mureș. “En Târgu Mures perdimos nuestro contingente entero de enfermeros en el espacio de dos años, lo que nos obligó a formar a otros, de los que perdimos la mitad”, recuerda.

Un año después de su entrada al mercado europeo, la crisis económica que sacudió Rumanía deterioró las instituciones del país. “Perdimos a los médicos que creíamos que nunca se irían, los más cualificados. No hemos podido recuperarnos de las consecuencias de esta situación”, afirma Arafat e indica que el país adolece de una gran carencia de médicos de urgencias y anestesistas.

Los jóvenes rumanos con más talento tuvieron la oportunidad de viajar, estudiar y trabajar en Europa Occidental, con el incentivo de mejores salarios y más oportunidades. Desde los aeropuertos de Rumanía hay docenas de vuelos diarios no sólo a Londres, París o Roma, también a muchas ciudades regionales más pequeñas donde decenas de miles de rumanos se han mudado en busca de trabajo, una fuga de talento que ha dejado enormes lagunas en el mercado laboral del país.

En el último año, el Gobierno ha duplicado los salarios en el sector sanitario en un intento de frenar el flujo de profesionales de la medicina que abandonan el país. Sin embargo, las dificultades para retener a los mejores son especialmente severas en muchas de las provincias rumanas, en las que el potencial económico es limitado.

En Slobozia hay pocas oportunidades y en un intento por dar una imagen dinámica, las autoridades han colgado en la plaza mayor un cartel que con grandes letras de colores forman el nombre de la ciudad. Sin embargo, lo cierto es que hay pocos atractivos para los jóvenes y desde la caída del régimen comunista apenas se han construido edificios nuevos.

El periodista del diario local Andrei Banu se encoge de hombros al ser preguntado si en Slobozia hay algo que hacer, y se ríe cuando es interrogado por si los jóvenes creen que la ciudad tiene futuro.

Pero los trabajadores cualificados no son los únicos que se han ido del país. “Tres millones de rumanos residen en el extranjero, muchos de ellos con poca formación”, indica Cristian Ghinea, vicepresidente del partido político Save Romania Union: “si no se hubieran ido la tasa de desempleo en el campo sería muy elevada”. “La verdadera tragedia es que el sistema no está cambiando lo suficiente para que quieran regresar”, lamenta. Su partido tiene intención de hacer campaña en las elecciones europeas del próximo mes con el eslogan: “Hacemos que sus hijos puedan regresar a casa”.

El Gobierno por su parte espera que el aumento de los salarios para los profesionales de la medicina permita frenar la fuga en este sector pero lo cierto es que, de momento, esta medida no está dando muchos resultados. A principios de año, la ministra de Educación, Ecaterina Andronescu, reconoció que entre 2017 y 2018 unos 10.000 médicos se fueron del país.

“La mayoría de los que se fueron del país lo hicieron por razones económicas”, puntualiza Călin Popescu-Tăriceanu, presidente del senado de Rumanía. Aunque el Gobierno ha subido los salarios considerablemente con el objetivo de “frenar esta fuga de talento tan lamentable y perjudicial”, el político reconoce que hasta la fecha los resultados no son satisfactorios.

Popescu-Tăriceanu sí esperaba que el Brexit fuera motivo para los doctores y enfermeros rumanos que trabajan en Reino Unido para querer regresar a su país. Al parecer, supo que había un enfermero que estaba recibiendo llamadas de compañeros rumanos trabajando en hospitales en Reino Unido preguntando si era verdad que se había producido una subida salarial en Rumanía.

Arafat considera que ahora el país puede tener la tranquilidad de que ya nadie se va por motivos económicos pero lamenta que el sistema cargue con una burocracia innecesaria. Los médicos que regresan se enfrentan a un papeleo que puede llevar meses. “Necesitamos un programa que facilite el retorno de estos profesionales de forma más proactiva”, señala.

En Slobozia, Dumitru reconoce que las condiciones en el hospital han cambiado de forma drástica desde que empezó a trabajar en la década de los noventa. La precariedad de esa época era una herencia del modelo de país comunista y hermético de Nicolae Ceaușescu. La doctora está satisfecha con la mejora de las condiciones salariales pero afirma que el dinero no lo es todo.

“Recuerdo que hace 25 años, cuando practicaba una cesaría tenía que limpiar al recién nacido en la repisa de una ventana desde la que se veía la nieve del exterior”, señala. “Ahora disponemos del equipo necesario y los salarios han subido. Sin embargo, el dinero no lo es todo. Si queremos que la gente se quede aquí y trabaje, tenemos que cambiar todo el sistema, incluida la mentalidad de la sociedad”, sentencia.

Traducido por Emma Reverter

El pasado 21 de febrero, el presidente del gobierno, Mariano Rajoy, afirmaba en el Congreso de los Diputados que “España tiene un nivel en ciencia de primer orden” y que “con la recuperación económica”, él y su partido seguirán “fortaleciendo este sector clave”. Rajoy respondía así a las críticas vertidas durante la sesión de control por la portavoz del PSOE, Margarita Robles, sobre la situación de los científicos españoles.

Con apenas unas horas de diferencia y a unos 2.500 kilómetros de distancia, otro presidente anunciaba su dimisión a través de su propio blog. Es Darío Vázquez, fundador y máximo representante de la Asociación de Científicos Españoles en Dinamarca (CED), una organización independiente cuyo objetivo es mejorar las condiciones de los investigadores españoles que trabajan en Dinamarca y en España.

En su carta de dimisión, Vázquez asegura que, entre otros motivos, abandona su cargo porque durante los últimos cinco años “no se ha conseguido ningún avance significativo en I+D”. Además, el coordinador del Center for Microbial Secondary Metabolites, asegura que no se siente cómodo dialogando “con un interlocutor que esté inmerso en procesos judiciales de corrupción”.

¿Qué le han parecido las declaraciones de Mariano Rajoy sobre el estado de la ciencia española?

Me parece que no se ajustan a la realidad. Es cierto que estamos entre los 10 primeros países a nivel de productividad científica, pero decir que España está apostando por la ciencia es una falta de respeto a los investigadores. Además, claro que hay científicos españoles de primer orden, el problema es que muchos están dispersos por otros países.

Usted es uno de los muchos investigadores que se han marchado ¿lo hizo por obligación?

Sí, aunque hay quien dice que es una leyenda urbana, muchos nos hemos ido porque no nos quedaba otra, con lo que decir que se está fortaleciendo el sistema de I+D es una falta de respeto para mucha gente. Y no solo para los que estamos fuera, sino también para los que están en España, que no tienen financiación estatal y tienen que buscar financiación europea para seguir a flote.

En su carta de despedida se ve cierto cansancio, ¿es así?

Sí, he sentido agotamiento. No quiero dar la impresión de que todo es negativo, porque hemos conseguido algunas cosas, pero si nos vamos a los indicadores, si vemos los presupuestos, si analizamos el número de investigadores extranjeros que van a España, la endogamia de las universidades… ves que no ha habido avance. Es estrellarse contra un muro. No es que no haya disposición para dialogar, al menos hemos abierto un canal de comunicación con la administración, pero el diálogo no tiene el objetivo de cambiar nada, da la sensación de que dialogan porque no les queda otra.

¿Ve alguna opción de cambio de rumbo?

Hoy por hoy, no. Pero no es solo cosa del gobierno actual, todos los diputados que conforman el congreso deberían ponerse de acuerdo y llegar a un gran pacto de estado por la ciencia. El problema es que no veo posibilidad alguna de que se alcance ese tipo de acuerdo a corto plazo. Yo vivo en un país en el que se llega a pactos de políticas comunes que son intocables, en sanidad, educación y ciencia. En España, mientras no se pongan de acuerdo, va a ser muy difícil mejorar las cosas.

¿Qué otras cosas de Dinamarca importaría a España?

La tolerancia cero que tienen con la corrupción. Aquí si alguien está envuelto en casos de corrupción se entiende que no es de fiar y se le expulsa de la vida política.

En su carta también habla de la corrupción del Partido Popular como motivo de renuncia

Es obvio que en el Gobierno trabaja muchísima gente que no es corrupta, pero nosotros tenemos que dialogar con los responsables de un partido que tiene abiertos procesos judiciales por corrupción y eso para mí supone un conflicto ético. Creo que los científicos no nos podemos quedar callados ante esta situación y tenemos que pedir que se cambie el interlocutor, porque el que hay ahora no es de fiar. Entiendo que mi postura es intolerante con la corrupción, pero sé que es lo que funciona, porque lo veo aquí en Dinamarca.

¿Cree que los científicos son un colectivo pasivo?

Sí, creo que en general somos un poco pasivos y como colectivo nos falta iniciativa a la hora de transmitir críticas. El diálogo siempre tiene que ser constructivo y se deben proponer soluciones, pero considero que hay cosas que están mal y que hay que señalarlas, aunque parece que no todo el mundo está de acuerdo. Hay gente que tiene mucho miedo de lo que pueda pasar si hace una critica, de que no me den el proyecto, de que no me den la plaza… Yo creo que eso es peligrosísimo, porque cuando llegamos a esta situación dejamos de ser libres, básicamente estamos a merced de personas externas para ver lo que podemos decir o lo que no.

¿Le gustaría volver a España?

Sí, claro que me gustaría volver, pero intentar regresar con una condiciones mínimas es imposible a día de hoy, entre otras cosas porque no hay una industria que pueda absorber mano de obra cualificada. La investigación en España está muy apalancada en el sector público y el sector privado en no invierte en I+D porque no lo considera necesario.

La inversión española en ciencia se ha desplomado desde 2010, hasta alcanzar niveles propios de hace más de una década. A pesar de las tímidas subidas de los últimos años, el gasto real ejecutado apenas se acerca a los valores alcanzados a finales del siglo pasado y mucho menos a la media de la Unión Europea, de la que cada vez estamos más alejados.

Pero España no solo se queda atrás en inversión pública, la inversión privada está aún más lejos de los niveles medios del continente, a pesar de que el PIB ha crecido en los últimos cuatro años. España crece, pero lo hace de espaldas a la ciencia, lo que deja a los científicos españoles ante un panorama desalentador y a nuestra economía a expensas de una nueva crisis.

“A pesar de los recortes en educación y en ciencia hemos vuelto a crecer, lo que quiere decir que España está creciendo de espaldas al conocimiento”, explica a eldiario.es el director general de la Fundación COTEC, Jorge Barrero. “Hay que recordar que fue la fragilidad de nuestro sistema productivo lo que nos hizo sufrir tanto durante la crisis y si repetimos la apuesta del pasado, seguiremos siendo débiles”.

La economía española creció un 3.1% en 2017, con lo que suma cuatro años seguidos de crecimiento, tres de ellos por encima del 3%, según los datos del INE. Sin embargo, el crecimiento de nuestro sistema de I+D no ha alcanzado esos valores, con lo que el porcentaje de gasto con respecto al PIB apenas se ha notado y sigue estando en torno a un 1,3%, muy lejos de la media de la UE, que se encuentra cercana al 2,1%.

La baja inversión de las empresas españolas

Según el informe de COTEC, publicado el pasado año, la diferencia de esfuerzo no es la misma en todos los sectores. El esfuerzo presupuestario del sector público era aproximadamente un décima inferior al de la media europea, mientras que el de las empresas españolas es poco más de la mitad del promedio de la Unión, con apenas un 0.65% del PIB frente al 1,3% de la UE.

Este dato también lo destaca otro informe publicado el pasado mes de septiembre por el Observatorio Social de la Caixa, en el que se asegura que “nuestras empresas deberían invertir casi el doble para llegar a la media europea, y casi el triple para alcanzar los valores medios de la OCDE”. A pesar de ello, destaca Barrero, “el sector privado es el que salvó la cara del I+D en España el año pasado”, con un crecimiento de un 3% que, aunque sigue siendo menor que el PIB, “ha compensado la caída en el gasto público, que es una completa anomalía en Europa”.

Además, desde el comienzo de la crisis se ha producido una concentración del gasto en I+D empresarial en un grupo cada vez más reducido de empresas. “En 2008 había el doble de empresas que declaraban actividades de I+D de las que hay ahora”, asegura Barrero. Alemania, el país que más empresas tiene entre las mil que más invierten en I+D, tiene 46 compañías que invierten más de 59.600 millones de dólares anuales, según datos de la consultora PwC, mientras que España apenas cuenta con 8 empresas, que invierten poco más de 3.300 millones.

El mercado laboral no cuenta con los científicos

“Esta diferencia es excesiva”, afirma el profesor de la UDIMA, Pedro Aceituno. “Por mucho personal que contraten las universidades o el CSIC, el principal gap a la hora de contratar investigadores está en el sector empresarial”. Como coordinador de el informe INNOVACEF que cada año analiza los niveles de confianza de los investigadores españoles, Aceituno advierte que “las expectativas de los jóvenes investigadores españoles sobre su carrera no son muy halagüeñas, pero son aún peores entre los que han estado fuera y luego han regresado”.

“Nuestra principal preocupación es que los científicos retornen, pero una vez que están aquí, no hacemos nada por retenerlos y eso es grave”, asegura Aceituno. “Tenemos gente que es válida, que quiere y tiene la capacidad de crear nuevos productos, pero no estamos siendo capaces de incentivarles con una carrera que resulte atractiva”.

Sin embargo, este economista tiene una visión optimista de la situación y considera que para resolver el problema de la I+D empresarial tiene que haber un “esfuerzo compartido” entre el Gobierno, las empresas y la comunidad científica. “Si hay voluntad por parte de todos los actores implicados se puede encontrar una solución, porque no estamos ante una situación tan compleja”.

Para intentar abordar el problema de la falta de inversión en I+D empresarial, este profesor apuesta por incentivar la contratación de científicos por parte de las empresas. “Hay una falta de cultura empresarial a la hora de contar con científicos y creo que ahí se debería centrar la acción del gobierno, potenciando programas como el Torres Quevedo”, asegura. “Si las empresas ofrecieran más puestos de trabajo para investigadores habría más flujo de científicos hacia el sector privado y esto es algo muy necesario”.

Una política científica “errática”

Barrero también considera que la incorporación de doctores al sector privado como un paso necesario y aplaude programas como el de doctorados industriales, un sistema de ayudas para la formación de investigadores en empresas. Sin embargo, también señala la falta de importancia que las empresas y el gobierno le han dado al “gran activo” que suponen los científicos españoles. “El drama no es que no seamos un país de ciencia, el problema es que lo somos, pero lo estamos perdiendo”, asegura.

La apuesta de Barrero para mejorar la inversión privada en I+D “es la compra pública de innovación, es decir, que la administración apueste por proyectos innovadores y arriesgados”. Sin embargo, el director de COTEC se muestra dubitativo con respecto a las acciones del actual gobierno en este sentido. “Estamos en un país en el que se entiende que hay que incentivar la compra de pisos, en lugar de invertir en una startup”, por lo que “hace falta un giro radical en la políticas y los presupuestos destinados investigación e innovación, porque el enfoque actual no es suficiente”.

La profesora de economía de la Universidad Carlos III, Aurelia Modrego, coincide en que las actuales propuestas del gobierno no son suficientes, ya que no ofrecen un espacio que de confianza a las empresas. “Si nuestra política científica es tan errática como la de estos últimos años, si el gobierno no da una señal clara de que realmente considera la I+D como un elemento fundamental para el desarrollo del país, difícilmente se conseguirá atraer a las empresas”.

Además, Modrego insiste en la necesidad de crear “un sistema de información” que permita saber qué medidas funcionan y cuáles no. Las empresas apenas se han aprovechado de los pocos incentivos fiscales disponibles y los créditos para I+D son la partida presupuestaria que tiene un menor porcentaje de ejecución. “Si los préstamos no se utilizan, si las medidas que hemos aplicado no funcionan en la práctica, habrá que cambiarlas”.

“España ha reducido considerablemente su base investigadora en los últimos años, tanto en el sector público como en el privado”. Así lo reconoce el Informe Nacional RIO 2016, publicado por el Observatorio Observatorio de Investigación e Innovación de la Comisión Europea (RIO, por sus siglas en inglés). Los datos indican que España ha visto reducido su número de investigadores en más de un 9%, lo que coloca a nuestro país por debajo de la media Europea y en cifras de hace una década. Los motivos son diversos: se han marchado fuera, han dejado la actividad, se han jubilado...

Según el informe (PDF), “el número total de investigadores ha pasado de 134.653 en 2010 a 122.437 en 2015”, una cifra que “supone un retroceso en sus recursos humanos a los niveles del año 2007”. La tendencia comenzó durante el último año de mandato de Rodríguez Zapatero y continuó con los recortes en investigación con el gobierno de Mariano Rajoy.

Estas cifras hacen que científicos e ingenieros españoles tan solo supongan un 5,9% de la población activa en España, al igual que Francia y Rumanía, pero lejos del 7% de la media Europea y de las tasas cercanas al 10% de países como Suecia, Reino Unido o Finlandia. En la cola de la UE se sitúan Hungría (4,5%), Italia (4,1%) y Eslovaquia (3,2%).

No es la primera vez que una institución alerta sobre estos datos. A principios de este mismo año un informe publicado por la Alianza 4U, formada por las universidades Carlos III de Madrid, Autónoma de Barcelona, Autónoma de Madrid y Pompeu Fabra, resaltaba la “importante pérdida de recursos del sistema científico español”, que situaba en un 10%.

Igualmente, sindicatos como CCOO o la Confederación de Sociedades Científicas (COSCE) han alertado en numerosas ocasiones del deterioro del sistema de I+D español, algo que mantiene a España lejos de la media europea.

Envejecimiento de la comunidad investigadora

El nuevo informe también ha señalado las “importantes dificultades” a las que se enfrentan los investigadores jóvenes a la hora de acceder o progresar en el mundo académico, lo que “se traduce en una fuerza de trabajo académica cada vez más envejecida”. En este sentido, el documento destaca que “el número de académicos con más de 50 años que trabajan en las universidades españolas pasó del 38,5 % en el período 2008-2009 al 45,5 % en el período 2014-2015”.

Esta situación también ha sido alertada por diversos colectivos e instituciones durante los últimos años e incluso el Consejo Económico y Social de España emitió un informe el pasado año en el que se afirmaba que “el envejecimiento de las plantillas de los centros de investigación y las universidades públicas está poniendo seriamente en cuestión la viabilidad del sistema español de Ciencia y Tecnología”.

Desde RIO consideran especialmente relevante el desequilibrio que existe entre la oferta y la demanda de recursos humanos en el ámbito de la investigación y la innovación, dado que la proporción de nuevos doctores sigue creciendo y ha pasado del 1,79% en 2010 al 2,28% en 2014, “cifra sustancialmente mayor que la media de la UE de los 28 (1,1 en 2013)”. 

Caída del gasto en I+D a niveles de 2006

Esta pérdida de personal cualificado está íntimamente ligada a los recortes llevados a cabo durante el último lustro. A pesar de que la tendencia a la baja del presupuesto estatal para gasto público en I+D se ha detenido en los últimos dos años, el informe recuerda que los recortes han provocado que los niveles presupuestarios hayan “descendido a niveles similares a los del 2005-2006”, lo que supone el principal problema de la ciencia española.

El gasto empresarial en I+D ha seguido una tendencia similar al del gasto público y también ha ido disminuyendo desde 2009. Aunque creció ligeramente en 2015, se encuentra por debajo de los niveles de 2006 y, según el informe, “considerando estas tendencias, es poco probable que se alcance el objetivo del gasto bruto en I+D del 2% para 2020”.

La mitad del presupuesto no se ejecuta

Desde el Observatorio de Investigación e Innovación también se señala la no ejecución de gran parte de los presupuestos nacionales de I+D. Según cita el informe, “los niveles de ejecución continúan disminuyendo desde 2006”, pasando del 96,2% en 2006 al 51,9% en 2015. Es decir, se presupuesta y luego no se gasta.

Tal y como han señalado en diversas ocasiones tanto la Confederación de Sociedades Científicas, como el sindicato CCOO, la no ejecución del presupuesto se debe al progresivo aumento de la partida de recursos no financieros, que son créditos y préstamos que apenas son utilizados y que, por lo general, vuelven a las arcas del estado.

En los pasados presupuestos generales se produjo un recorte de un 2,6% de los recursos no financieros, que corresponden a ayudas y subvenciones para proyectos de investigación, mientras que los recursos financieros han sufrido una subida del 9,2% y ahora suponen un 60% de la inversión total en I+D+i.

Reino Unido ha iniciado el procedimiento de separación de la Unión Europea. Este nuevo escenario presenta muchas dudas sobre cómo se van a abordar todos los proyectos que hasta ahora se llevaban a cabo conjuntamente y abre un periodo de incertidumbre para los trabajadores extranjeros que se encuentran actualmente en el país, entre los que hay cerca de 5.000 científicos españoles. Hablamos sobre esta situación y sobre la posibilidad de que estos investigadores terminen volviendo a España con la presidenta de la Sociedad de Científicos Españoles en Reino Unido (CERU), María Jiménez Sánchez, que trabaja como investigadora en el King’s College de Londres.

Hace unas semanas Theresa May firmó la carta para activar el Brexit. ¿Cómo están viviendo los científicos españoles esta situación?

Pues la verdad es que estamos viviendo un periodo de mucha incertidumbre y, aunque vamos conociendo un poco más del proceso, aún faltan muchas cosas por decidirse. En la CERU hemos hecho una encuesta entre los socios y la verdad es que los resultados muestran que la mayor parte cree que el Brexit puede afectarles de manera bastante importante tanto a nivel profesional como personal.

¿En qué sentido?

Parece que el Gobierno británico ha optado por un Brexit un poco más duro de lo que hubiéramos querido, lo que aquí llaman el hard Brexit. Esto implica que no habrá libertad de movimiento para los trabajadores comunitarios y estas restricciones de movilidad pueden traer problemas para muchos investigadores, porque entre un contrato y otro puede que no puedan permanecer en el país. Además, esto elimina la facilidad que tenían los españoles para venir y puede que dificulte el proceso que tendrían que seguir las universidades, los centros de investigación o las empresas para contratar investigadores que no sean británicos.

¿Y eso no preocupa a la comunidad científica británica?

Mucho. Reino Unido cuenta con un 28% de académicos que no son británicos y un 16% son de la UE, aunque en los centros de prestigio este porcentaje supera el 20%. La primera ministra Theresa May ha asegurado que la ciencia va a seguir siendo una prioridad en el Reino Unido y que va a seguir tratando de atraer el talento extranjero. Obviamente el Gobierno tiene que hacer esfuerzos por preservar a estos investigadores, porque somos mano de obra muy cualificada y que venimos ya formados. Aunque todo esto es bastante hipotético.

¿Cuántos investigadores españoles hay en Reino Unido?

Según los datos de las universidades británicas unos 3.500 investigadores españoles trabajan en la universidad, pero estos números no tienen en cuenta los centros de investigación fuera del ámbito universitario, ni los centros privados. Teniendo en cuenta esto estimamos que hay unos 5.000 investigadores españoles trabajando actualmente en Reino Unido.

¿Han encontrado apoyo entre los científicos británicos?

Sí, desde la comunidad investigadora y universitaria el mensaje es muy positivo y muy favorable a Europa, porque saben que dependen de ellos para mantener el nivel que han tenido hasta ahora. Las universidades ya han dicho en varios comunicados que están dispuestas a mantener el nivel de internacionalización que han tenido hasta ahora y están ayudando mucho a los investigadores extranjeros, ofreciendo apoyo e información en varios aspectos legales, como dar asesoramiento para conseguir la residencia permanente.

Supongo que también estarán preocupados por perder la financiación europea.

Por supuesto. Si Reino Unido no está en la UE, los científicos que trabajen aquí tendrían muchas limitaciones a la hora de pedir financiación europea, que es un porcentaje bastante importante. Además, no solo es financiación, también se limitaría la participación en los proyectos colaborativos. El Reino Unido se podría quedar fuera de los grandes consorcios de investigación, lo que afectaría muchísimo a la competitividad de la ciencia británica, que ahora mismo es uno de los líderes europeos y mundiales.

Por último, estar fuera de la UE no es solo estar fuera de la financiación y de los proyectos, sino que también implica quedarnos sin la opción de optar a algunas ayudas individuales muy prestigiosas como las del European Research Council. Esto significa que muchos investigadores de gran nivel preferirán investigar desde países en los que sí se pueden pedir estas ayudas.

¿Esta situación de incertidumbre le ha hecho pensar en volver a España?

No, a corto plazo no voy a volver, porque ahora mismo tengo un contrato de cinco años que me permite formar mi propio grupo de investigación y contratar personal y esto es una oportunidad que no existe en España ahora mismo. Creo que aquí las condiciones son muchos mejores y las posibilidades de encontrar este tipo de ayudas para investigadores jóvenes son prácticamente inexistentes en España.

Pero están los contratos Ramón y Cajal.

Sí, es el equivalente en España, pero esos contratos te dan un salario y apenas algo de financiación para realizar un proyecto, mientras que aquí el Gobierno se asegura de que tengas las condiciones necesarias para desarrollar tu investigación.

Entonces ¿cree que España no tiene las condiciones adecuadas para atraer de nuevo a los investigadores?

Creo que España claramente tiene un problema, porque no tiene las condiciones para acoger a investigadores y no es para nada tan competitivo como el Reino Unido. Ahora mismo muchos científicos españoles se tienen que ir fuera y, en muchos casos, los que se van ni pueden ni quieren volver y eso no lo podemos ignorar.

El gobierno dice que no hay fuga de cerebros, que lo que hay es “movilidad”.

No estoy de acuerdo con la afirmación de que la fuga de cerebros no existe. Está claro que es bueno que haya movilidad, porque la ciencia es internacional. Yo me vine a hacer un posdoc en el Cambridge Institute of Medical Research porque quería mejorar mi experiencia, viendo nuevos laboratorios y nuevas formas de trabajar. Pero la movilidad tiene que tener un balance neto positivo y eso no sucede en España. El problema no es solo que no vuelvan los españoles, sino que, como he dicho antes, somos incapaces de atraer talento. La idea es que al menos entren los mismos que se van, que España se convierta en un país al que los mejores investigadores quieran ir porque haya medios y ese no es el caso.

¿Y en Reino Unido es más fácil?

Sí, aunque no hay que olvidar que la ciencia es muy competitiva y que no es fácil conseguir una plaza, pero al menos aquí el investigador que es bueno tiene cabida, mientras que en España lo tiene más difícil.

Entonces ¿cree que habría que fomentar la inversión en ciencia en España?

Sí, pero no solo porque se te escapen cerebros y hayas perdido la inversión realizada en formar a esa persona, es porque si inviertes en investigación, inviertes en el futuro del país. Crear una red de investigación potente es fomentar la economía y ser más competitivos, que es a lo que tendríamos que aspirar.

La sociedad de la que todos formamos parte no deja de sorprendernos con sus profundas contradicciones. Se valoran aspectos como la honradez, la honestidad, la sinceridad y la transparencia, pero el éxito social, o al menos el económico, lo alcanzan con mucha frecuencia los tramposos, los mentirosos y los egoístas. Diseñamos un complejo entramado de leyes para impartir justicia y luego nos las saltamos. Decimos, orgullosos, que las leyes son iguales para todos y luego permitimos que el que tiene dinero, pertenece a la Casa Real o es un alto cargo civil o eclesiástico se libre de una cárcel y unas sanciones que nos hubieran caído sin ninguna duda a cualquier otro miembro de la sociedad.

Pero últimamente estamos alcanzando límites históricos de cinismo social: elegimos democráticamente a políticos que han mentido y no hacemos nada para destituirlos cuando nos siguen mintiendo. Como es bien sabido, se ha incluso acuñado un término nuevo para justificar la mentira. Lo llamamos ahora posverdad. Es el término que refleja esa tendencia creciente según la cual la gente está dispuesta a dar más crédito a las emociones y creencias personales que a los hechos objetivos. Como apuntó Javier Gallego en su programa de radio ‘Carne Cruda’, esto es newspeak en toda regla: cambiar los significados de las palabras para manipular, tal y como George Orwell predijo en su obra maestra 1984.

Sorprendentemente, la sociedad de la posverdad es la que más se apoya en la tecnología, los hallazgos y los hechos que la ciencia aporta o demuestra. Cuando escribimos en medios como este, lo hacemos con la motivación de contribuir a una sociedad cada día más capaz de hacer análisis objetivos de la evidencia, y de tomar decisiones sobre la base del conocimiento. El esfuerzo de hacerlo se ve más que compensado con el saludable debate que se genera. Pero cuando vemos que un político dice blanco y luego negro sin que los hechos objetivos hayan cambiado, y que eso no acarrea dimisiones ni pérdida de apoyo o credibilidad, el científico que escribe en estos medios no sabe si cortarse las venas o dejárselas largas.

¿Cómo es posible que hace poco los políticos hablasen de que los científicos exiliados en el extranjero eran una leyenda urbana y ahora los mismos científicos exiliados son embajadores de la ciencia española? El cabreo al respecto que Amaya Moro-Martín desarrolla en la revista Nature está más que justificado. Los hechos no cambian, pero los políticos los usan con descaro a su antojo, los ignoran, los tergiversan y no pasa nada. Estos tipos de acciones provocan que seamos el hazmerreír en círculos científicos internacionales, y que la “Marca España” no se identifique con la brillante investigación desarrollada por muchos españoles en el extranjero, sino con las excusas ridículas que el Gobierno que los ha expulsado del país fabrica para tapar la vergonzosa emigración masiva de talento científico, la famosa “fuga de cerebros” (ya sabéis, esa leyenda urbana…).

A estas alturas, los lectores informados sabemos que esta cortina de humo solo repite otras anteriores que trataron de maquillar y justificar la “fuga de cerebros”. Algunos periodistas denuncian estos tipos de actitudes, pero al final todo queda como material para la “maldita hemeroteca”. Con demasiada frecuencia esas versiones alternativas y discordantes se reducen a bromas y a comentarios en los pasillos de oficinas y mercados donde se acaba con frases como “qué morro tienen estos políticos”, “de estos no te puedes creer nada.” Y la vida sigue. Y los mentirosos siguen en sus puestos, mintiendo.

La constante de gravitación universal, crucial para cuestiones como la determinación de la masa de objetos celestes como el sol o los planetas, es una de las constantes físicas medidas con menor precisión. Pero a ningún físico se le ocurre decir hoy que su valor es una cosa y mañana otra y aún otra diferente dentro de un mes. Mientras no cambie nada, básicamente mientras el Universo siga siendo el que es y nuestras estimaciones se hagan de la misma manera, la constante de gravitación universal será la misma y tendrá el mismo grado de precisión o incertidumbre.

Sin embargo esa gran parte de nuestra sociedad actual, aparentemente instalada en la posverdad (decimos aparentemente porque todavía nos resistimos a creerlo del todo) no tiene ningún problema con actitudes equivalentes a que, en el telediario, un político dijera un día que su grupo calcula la masa de Marte empleando veinte decimales para la constante de gravitación universal, al día siguiente razonara que la masa de Marte no puede ser calculada, para unos días después decir que en realidad no existe ninguna razón para calcular la masa de Marte y, pasados unos meses, indicar un valor para la masa de Marte de 6,421 x10^23 kg, que es exactamente lo que figura en las enciclopedias y libros de texto desde hace décadas, y que no coincide con el primer valor que anunciaron.

En el mundo científico las mentiras acaban descubriéndose tarde o temprano. En el mundo de la política, generalmente también. La diferencia es que en el mundo científico la mentira tiene consecuencias más o menos fulminantes para el mentiroso descubierto, mientras que en el mundo de la política no pasa nada. ‘Nada de nada’. Ni legal, ni social, ni económicamente. Ni siquiera en los apoyos internos y externos ni en sus niveles de credibilidad. Claro que nos estamos refiriendo a una versión de país de la que muchos nos sentimos avergonzados y que anhelamos cambiar.

¿Cómo puede un político mostrarse escéptico del cambio climático, unos años después proclamarse preocupado, buscando soluciones al respecto frente a Europa y el mundo entero, y poco después llamar por teléfono al nuevo presidente de EEUU y expresar todo su apoyo a un mandatario decidido a imponer recortes brutales a las agencias que cuidan de la salud pública, el medio ambiente y el control y mitigación del cambio climático y sus impactos? ¿Cómo es posible que un político así, que incumple más del 80% de sus promesas electorales, que niega la evidencia de corrupción en su partido, que llama a las cosas por el nombre de lo que no son y que siempre culpa de los problemas a los demás partidos, haya sido elegido una y otra vez presidente de su partido y de nuestro país? ¿En qué parte de valorar la honestidad, sinceridad y transparencia nos hemos perdido?

La revista científica Nature ha publicado la lista de los 10 científicos más relevantes del año. Entre los nombres de los investigadores estaba el del astrofísico catalán Guillem Anglada-Escudé (Terrassa, 1979), por haber liderado el descubrimiento del planeta habitable más cercano a la Tierra. Un mundo que fue bautizado como Próxima b y que podría estar cubierto de agua. Hablamos con este  profesor de la Universidad Queen Mary en Londres sobre su descubrimiento y sobre la situación que vive la ciencia en Reino Unido y España.

Uno de los científicos del año ¿qué tal sienta?

Pues la verdad es que muy bien, aunque personalmente prefiero que se le dé más importancia al equipo y a toda la infraestructura científica de la que depende todo esto. No quiero que la gente se lleve la idea equivocada de que basta con contratar a un científico, cuando en realidad es necesario el esfuerzo de mucha gente.

¿Pero estaréis contentos?

Sí, aunque para nosotros lo importante era encontrar este planeta al que llevábamos mucho tiempo buscando. Cuando lo encontramos sabíamos que era un resultado que tendría mucho impacto. Espero que al menos esto nos sirva para conseguir más financiación para otros proyectos que ya tengo en mente.

¿Como cuáles?

Lo que hemos hecho hasta ahora es detección, pero lo que queremos hacer es caracterización, analizar si estos planetas tienen vida y para hacer eso necesitamos instrumentos un poco mejores de los que tenemos ahora. Es el momento de desarrollar nuevas tecnologías para poder tener imagen directa de estos planetas e investigar sus atmósferas.

Pero no podemos viajar ¿para qué buscamos planetas tipo Tierra?

Uno de los objetivos es entender cuál es nuestro lugar en el cosmos y entender por qué nuestro planeta es habitable y cuánto tiempo va a serlo. Intentar comprender si es realmente una cosa rara y preciosa o si los planetas habitables están en todos sitios. Por otro lado también está la componente motivacional, porque se especula con que podríamos enviar sondas en algún momento a estos planetas, sobre todo a los más cercanos a la Tierra, y esto ayuda a fijar un rumbo a largo plazo. Sin un objetivo claro, sin un rumbo no sabes hacia donde caminar.

¿Crees que verás una sonda llegar a Próxima b?Próxima b

Va a ser difícil, pero es plausible. Extrapolando tecnologías que tenemos ahora, quizás de aquí a 40 años podamos hacer algo. Ahora parece que hay un empuje que puede llevar a una explosión de una nueva carrera espacial, solo que en esta ocasión no son dos potencias que compiten, sino que son los pioneros, los exploradores, las empresas privadas o la gente quienes pueden sacar esto adelante. Hay conocimiento acumulado suficiente como para que haya pequeños grupos que se puedan ir organizando y a veces eso es más fácil que hacerlo a través de los gobiernos. 

Antes has hablado de financiación ¿crees que el Brexit dificultará el acceso a fondos europeos?Brexit

Sí, esto es algo que nos preocupa muchísimo. Aunque la ventaja de las ERC [becas del Consejo Europeo de Investigación] es que las puedes pedir e implementarlas en otra institución y eso es lo que tiene pensado mucha gente en Reino Unido. Hay muchos científicos que, si la consiguen, tal y como pintan las cosas lo más probable es que se las lleven a otros países.

Eso será un palo importante para la ciencia británica

Por supuesto, hay que tener en cuenta que el Reino Unido es uno de los grandes beneficiarios del programa ERC y el Brexit va a ser un hachazo brutal. Además, las ERC son muy importantes hoy en día porque son la única forma de hacer investigación dinámica, moderna y de reacción rápida, porque las agencias de investigación son muy programáticas y no dejan mucho espacio a la innovación.

Pero Theresa May ha prometido una mayor inversión en ciencia

Aquí nadie ha celebrado esa información, porque aquello fue simplemente una constatación de algo que ya se sabía, no ha sido una inyección nueva de financiación debida al Brexit. Además, toda la incertidumbre que se vive actualmente está haciendo que se pierda frescura. Es un poco lo que ha pasado en España desde 2008, lo que está firmado y aprobado, se saca adelante, pero el gobierno no está abierto a comprometerse a cosas nuevas.

¿Te planteas volver a España?

Sí que me lo he planteado. Mi mujer, que también es científica, y yo hemos estado buscando cosas, pero es que en los últimos tres años no ha habido nada de nada. Además, aquí tengo un grupo montado, tengo becas, dinero para proyectos… Si la oferta es ir allí para empezar de cero, sería un poco duro. Y eso si consiguiéramos algo, que tampoco está nada claro. 

¿Hay mucha competencia para volver?

Sí, la cola es muy grande ahora mismo. Hay un tapón de gente muy buena que no es fácil de solucionar. La gente se ha ido porque no hay una trayectoria profesional clara, no hay un plan a largo plazo.

El Ministro de Exteriores ha asegurado en que “irse fuera enriquece”ha asegurado

Sí, claro, cuando te vas te lo venden como formación, cuando en realidad es un vete porque aquí no hay nada y ya veremos si en algunos años sale algo. Pero si no sale, gracias y hasta luego. Fíjate, el otro día nos pasaron una encuesta en la que preguntaban que cómo nos iba a los españoles científicos que estábamos de “estancia” en el extranjero. En España todavía se tiene esa visión paternalista de “los niños que se vayan de estancia a ver cómo les va”. No estamos de estancia, estamos viviendo, trabajando y produciendo fuera de España.

¿Qué tendría que cambiar para que España sea un lugar más atractivo para los científicos?

Sobre todo que haya planes para mantener proyectos a largo plazo. No es solo mantener a un investigador, es un equipo, los técnicos, las instalaciones, todo eso que tiene que estar asegurado y no lo está. Una de las cosas en las que estoy bastante metido es en el proyecto Cármenes. Un espectrógrafo para buscar planetas que está funcionando en Calar Alto y que es igual de bueno o mejor que el que hemos utilizado. Es un proyecto hispano-alemán y cuando se acabó la construcción, como no había dinero para nada más, los ingenieros se quedaron en la calle. Alemania lo aprovechó y se llevaron a los mejores. Eso ha ocurrido varias veces en España, es algo bastante característicos del modelo español. Cuando se acaba un proyecto, se entrega y los encargados de las construcción se van a la calle.

La coordinadora general del PPCV, Eva Ortiz, ha apuntado este lunes que el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, “debe trabajar más y dejarse de tantos anuncios vacíos que luego nunca cumple”, en referencia al programa para frenar “la fuga de cerebros” y conseguir que los jóvenes valencianos que se han marchado al extranjero a trabajar puedan regresar a la Comunitat que el jefe del Consell anunció el Día de Navidad.

Ortiz ha criticado en un comunicado que “el Consell anuncia planes para el futuro pero sin hacer nada en el presente, como el anunciado plan para recuperar talento emigrado, otro brindis al sol sin ninguna concreción real”, ha lamentado.

A su juicio, se trata de “anuncios mediáticos, campañas de Nadal, y mucha palabrería para intentar tapar la falta de gestión real que se evidencia en la mayor precariedad social, el caos en el sector educativo o la deficitaria gestión en sanidad que ya empieza a repercutir en un peor servicio al paciente”, ha destacado.

“Puig no transmite ningún entusiasmo” ha explicado la popular, quien ha añadido que el Gobierno valenciano es “lento y perezoso”, está “falto de entusiasmo e ilusión” y “solo piensa en aumentar el peso del sector público, con más gasto, más agencias nuevas, organismos, entes públicos y funcionarios”.

Ortiz ha agregado en esta línea que el Ejecutivo autonómico “genera desconfianza y ahuyenta a los inversores, incapaz de articular medidas eficaces que mejoren la vida de los ciudadanos, más allá de crear puestos para sus amigos enchufados, aumentando la desigualdad social”.

La también diputada ha señalado que “la raíz del problema está en la incapacidad de los actuales gestores”, que deben “gobernar, trabajar, dejarse de tantas vacaciones, gestionar, priorizar, negociar, no llorar y esperar que alguien solucione sus problemas, que parece es lo único que sabe hacer Puig”.

“Camarillas” Y “peleas internas”

La popular ha dicho además que “la negación de la existencia de dos gobiernos dentro del Consell es el reconocimiento implícito de la existencia de bandos, camarillas, peleas internas y trabajo duplicado en las consellerias, donde hay altos cargos que ni siquiera se dirigen la palabra entre sí”, ha criticado.

“Ese es el resultado del mestizaje, la evidencia de un Consell que, tras año y medio, se ha demostrado incapaz en la gestión. A los hechos nos remitimos -ha puntualizado Ortiz-, con un Puig maniatado por su vicepresidenta -Mónica Oltra- y un Consell que ha abandonado a su suerte a la gente que sufre y lo está pasando mal”.

El Gobierno valenciana tratará de frenar la “fuga de cerebros”. El president de la Generalitat, Ximo Puig, ha avanzado este domingo la puesta en marcha del plan GenT (Generació Talent) para el retorno del talento a la Comunitat Valenciana de jóvenes que emigraron por falta de oportunidades, que estará dotado con unos 40 millones de euros.

Puig, en una entrevista en la Cadena Ser, ha anunciado que la Generalitat planteará a principios de 2017 un programa para la recuperación del talento, a través de fondos europeos fundamentalmente.

El plan contará con una dotación presupuestaria de unos 40 millones de euros, según han concretado fuentes de la Generalitat.

El objetivo es que los jóvenes que están en el exilio laboral puedan volver a la Comunitat Valenciana y reforzar “la adaptación tecnológica para la transformación del modelo productivo”, ha señalado.

La intención es recuperar el talento emigrado por falta de oportunidades y ponerlo al servicio de las empresas valencianas mediante un plan que están desarrollando de forma conjunta las Consellerias de Economía y de Educación, según la Generalitat.

Puig ha reconocido que la situación ha mejorado en la Comunitat Valenciana pero “sin tirar cohetes”, si bien hay 50.000 personas que han encontrado trabajo, y se ha eliminado el copago farmacéutico y el social.

“La acción del Gobierno ha ayudado a muchas personas a mejorar su situación pero estamos muy lejos de donde tenemos que llegar, porque existe cerca de un 20 % de paro o muchas personas con salarios por debajo de lo que tienen que ser”, ha manifestado.

“Trabajo en el extranjero porque el sistema español no tiene lugar para mí”. El físico Iván Agulló es uno de los muchos jóvenes investigadores españoles que han tenido que emigrar para labrarse un futuro en el mundo científico. Casos como el de Agulló o el del biólogo español que ha sido contratado en Princeton, tras haberle sido denegadas becas en España hasta en 10 ocasiones, no son puntuales, sino que son un reflejo de la precariedad laboral del sistema de I+D español.

El caso de Agulló, que se marchó de España al inicio de la crisis, es especialmente llamativo, ya que tan solo dos años después de haber emigrado se convirtió en el primer español en recibir el prestigioso premio de la Gravity Research Foundation. Un galardón que han recibido grandes nombres de la física como Stephen Hawking, Roger Penrose o el premio Nobel George Smoot. Además, el mes pasado recibió el premio CAREER de la National Science Foundation y hace tan solo unos días, la Sociedad Internacional de Relatividad General y Gravitación anunció que concedía a este físico el premio a joven investigador de 2016.

El mito de la movilidad

Sin embargo, para sorpresa algunos e indignación de muchos, el argumento del gobierno de Mariano Rajoy ante la pérdida de científicos jóvenes ha sido negar la mayor, asegurando que no existe fuga de cerebros sino “movilidad”. El propio exministro de Educación Wert se refería a esta situación asegurando que “el hecho de que haya jóvenes con capacidad y voluntad de movilidad” y “que quieran ensanchar sus horizontes profesionales, nunca puede considerarse un fenómeno negativo”.

El propio Agulló reconoce que se fue con la idea de adquirir experiencia internacional, “pero al poco de irme se me cerraron las puertas y, como muchos otros, me quedé fuera”. Además, este investigador destaca que, a pesar de que le gustaría volver, las condiciones laborales y los recursos para investigar que tiene en su actual puesto de trabajo en la Universidad Estatal de Louisiana “no las conseguiría en España” y que le “sería mucho más complicado ser competitivo al mismo nivel que ahora”.

Precariedad laboral y falta de oportunidades

El problema, tal y como señala Agulló, no se encuentra solo en los que se van por falta de oportunidades o en busca de experiencia internacional, sino también en la precariedad laboral a la que se enfrentan los que están en España o que han intentado regresar.

“Yo me fui a Brasil con una beca de investigación y cuando se me terminó me ofrecieron quedarme allí y seguir trabajando, pero por problemas personales decidí volver a España”, cuenta a eldiario.es Marta Medina. Sin embargo, esta ingeniera de 31 años tuvo que abandonar la carrera investigadora ya que “actualmente no veo oportunidades para retomarla”.

Para ponerle cifras a esta situación de precariedad laboral, la Confederación de Sociedades Científicas de España (Cosce) realizó un informe el pasado mes de enero en el que se asegura que el envejecimiento de plantillas y la falta de inversión en recursos humanos “están llevando al sistema de ciencia a un debilitamiento del que será difícil recuperarlo”. 

Igualmente, el sindicato CCOO ha realizado varios informes que indican que el CSIC perdió más de 4.000 trabajadores solo entre 2011 y 2013 y que el parque de investigadores ha caído un 10% respecto a 2010. Desde el sindicato también se alerta de que se ha producido una “reducción masiva de las plantillas de jóvenes investigadores”, lo que conlleva que haya “plantillas envejecidas mientras los jóvenes emigran”.

El trabajo gratis, una lacra del sistema de I+D español

Además, entre las características más “llamativas” del sistema de I+D español en lo que respecta a los jóvenes investigadores, Javier Sánchez Perona, portavoz del colectivo Ciencia con Futuro, destaca el hecho de que “es muy habitual que haya personas que estén trabajando sin cobrar”. Según cuenta a eldiario.es este científico titular del CSIC, “es tan habitual que por ahí hemos pasado todos, ya que en algún momento de nuestra carrera hemos estado trabajando gratis”.

Sánchez reconoce que “esta situación no es nueva”, pero que “es peor que hace cinco años”, ya que los recortes han afectado al número de contratos que los investigadores principales de los proyectos pueden convocar. “Al haber menos proyectos, hay menos contratos y hay una mayor tendencia a que se admita a personas que trabajan sin cobrar”, concluye este investigador.

La situación puede llegar a extremos como el de Medina, quien asegura que trabajó gratis en los cuatro proyectos en los que participó en España y afirma que “el único lugar donde me han pagado por investigar ha sido en Brasil”.

Las elecciones de hoy marcarán el fin del período más negro para la ciencia española desde el inicio de la democracia. En ese período, el enorme esfuerzo hecho por los científicos y las instituciones para elevar nuestro país al nivel investigador que le corresponde por su nivel socio-económico y cultural ha sido revertido por una batería de contrarreformas basadas en la premisa de que la ciencia es uno de tantos lujos que los españoles no podemos permitirnos en tiempos de crisis.

En la década que precedió al inicio de la crisis, España había aproximado lentamente su inversión en I+D a la media europea, llegando a ser tan solo un 26% inferior a ésta. Desde entonces, el gobierno desanduvo este camino, y para 2013 nuestra inversión ya era un 35% menos que la media europea. El efecto fue más dramático para el personal investigador, que en 2008 era prácticamente igual a la media europea (tan solo un 2% menos) y en 2013 ya era un 10% inferior a ésta. ¿El motivo? Entre 2010 y 2013, España redujo su inversión anual en I+D en 1700 millones y permitió que perdiéramos más de 10.000 investigadores. La mayoría de esos investigadores han abandonado la actividad científica para siempre o han salido del país, aunque los altos cargos del gobierno desprecien estas cifras calificándolas de “leyenda urbana”. Un esfuerzo titánico para formar a este capital humano dilapidado o simplemente regalado a nuestros países vecinos.

Estos recortes se produjeron a pesar de la elevada eficiencia de nuestra I+D. Los bajos salarios, bipolaridad laboral (largos periodos de precariedad seguidos de estabilidad sin rendición de cuentas), escasez e impredecibilidad en la financiación, falta de planificación en la creación y desarrollo de las universidades y centros públicos de investigación, asfixiante burocracia, escaso interés empresarial y ausencia de políticas efectivas de fomento de la I+D privada, no impidieron que la producción científica y tecnológica española se midiera en clave de igualdad con las de los países de nuestro entorno socioeconómico. Además, nuestra actividad científica y tecnológica mostraba, al igual que la de otros PIIGS, niveles de eficiencia (productividad/euro) iguales o superiores a los de los países del G8.

Estos recortes no solo afectaban a partidas que representaban cantidades perfectamente asumibles de dinero, tanto por su cuantía (hay que recordar que tan solo los 1.350 M€ de la indemnización por el almacén Castor hubieran pagado todo el recorte anual en I+D; los 3.400 M€ que se “perdonaron” a las eléctricas, o los 4.500 M€ que habrá que pagar por el rescate de las autopistas, hubiera bastado para pagar este recorte durante dos años) como en relación al valor añadido que aportan. Lo más grave es que han supuesto una grave descapitalización (humana, logística y de infraestructuras) de nuestro sistema de I+D. Para evitar gastar decenas de miles de euros, se han cerrado para siempre laboratorios e infraestructuras científicas como estaciones de campo que habían costado millones de euros – y que volverá a costar millones de euros levantar, si algún día vuelven a estar disponibles. Los supuestos ahorros han significado en realidad un grave derroche de dinero.

Con todo, lo más reprochable ha sido el clima de acoso institucional a la I+D. En los últimos cuatro años, los investigadores que aún no han dejado el país no solo han tenido que enfrentarse a reducciones severas en la financiación. Se han enfrentado a una desconfianza injustificada e injustificable sobre el uso de los fondos de investigación. Una manifestación trágica de esta desconfianza han sido las absurdas y complejas auditorías a las que han sometido a proyectos terminados (y ya justificados y en su día auditados), muchos de ellos concluidos hasta cinco años antes. En estas auditorías se pedía re-justificar cada gasto de acuerdo a normas que no respetaban las que estaban en curso en el período de vigencia del proyecto o en el momento de entregar las cuentas – una fuente de inseguridad jurídica que subordina la legalidad al beneficio (las consultoras privadas que ejecutaban estas auditorías ganan un porcentaje del dinero “recuperado”). Como si los ladrones y los corruptos fueran los investigadores.

Se han enfrentado a la desconfianza de sus gestores científicos, que los han ahogado en una burocracia que ha pasado de asfixiante a completamente paralizadora. Se han enfrentado al capitalismo de amiguetes, que iba imponiendo la canalización de cada vez más elementos del gasto de I+D a empresas únicas, que al facturar como monopolios inflaron los precios y redujeron las prestaciones. En este momento, por ejemplo, todo el equipamiento (incluyendo el material informático) del CSIC se compra en servicios centrales, lo que supone comprar equipos obsoletos a precios extravagantes y en condiciones abusivas. En este momento, todos los viajes de la administración están monopolizados por Viajes Halcón que, completamente infradotada de personal y sometida a un procedimiento increíblemente burocrático, obliga a los investigadores a perder cuatro o cinco días de trabajo para sacar un solo billete de avión o tren.

Se han enfrentado a un discurso que, en nombre de la falsa “excelencia”, justificaba aún mas recortes en la financiación. Esta etiqueta está siendo utilizada para agrupar a la investigación de calidad (pero no “excelente”) con la más mediocre o deficiente, y adelgazarla poco a poco – olvidando que la “excelencia” es tan solo la impredecible punta del iceberg de una gran masa de investigadores de calidad.

Es difícil decir si todo esto ha sucedido por desidia, incompetencia o ideología. Pero lo más importante no es esto. Lo más importante es que la I+D española ha sido herida de gravedad y que costará mucho reparar el daño hecho. Y, sobre todo, que si se mantienen las políticas descritas, no podrá sobrevivir a una segunda legislatura. Si no cambiamos radicalmente el rumbo, nuestros investigadores seguirán dejando el país, y nuestra investigación estará condenada a la irrelevancia. España perderá definitivamente la oportunidad de convertirse en un proveedor de tecnología y conocimiento. Volveremos a nuestra histórica posición de consumo de conocimiento generado en otros países, con un sector productivo centrado en los servicios.

A todos nos toca decidir ahora si, en esas condiciones, se podrá levantar la economía.

Tengo 37 años y soy una de las muchas enfermeras que están trabajando en Reino Unido. Hace ya 3 años que emigré a Inglaterra en busca de un trabajo estable y digno, un trabajo que me permitiera hacer planes más allá de la fecha de finalización de mi enésimo contrato de trabajo en algún hospital público de España. Ya 3 años intentando balancear mi vida entre dos países, ganar esto sin perder aquello, difícil balance.

Para trabajar en Reino Unido como enfermera es obligatorio estar registrada en el NMC. El registro es un proceso lento y tedioso que cuesta unos 300€ y 5 meses de burocracia, más unos 150€ anuales de cuota de mantenimiento.

Se habla mucho del número de enfermeras que hemos emigrado al Reino Unido, pero pocas veces se dan números concretos, a pesar de que éstos son fáciles de obtener. Gracias a la Freedom of Information Act 2000 británica, Ley de Libertad de Información, cualquier persona puede solicitar información a los organismos públicos.

Según datos del NMC, el número de enfermeros españoles registrados desde el año 2008, momento en que empezó la mal llamada “crisis”, hasta la actualidad ha pasado de 970 a 6.606, un incremento del 581% en 7 años.

Este brutal incremento no es casual. Las reformas laborales aplicadas por el PSOE primero y el PP después, conllevan que cada vez más trabajadores nos veamos abocados al desempleo, a la precariedad laboral y a la emigración. En paralelo, las políticas sanitarias implantadas por los sucesivos gobiernos centrales y autonómicos van encaminadas a infra-financiar la sanidad pública, para conseguir un trasvase de pacientes y dinero del sector público al privado. Ejemplo de esto es la contratación de menos personal sanitario del necesario y el cierre de camas hospitalarias, de manera que se crean listas de espera interminables y crece el enfado entre la ciudadanía, beneficiando así la contratación de seguros de salud privados.

España está a la cola de los países europeos en el ratio enfermero-paciente, hecho que conlleva un deterioro del servicio, reflejado en un aumento del riesgo para la salud. En un estudio publicado en The Lancet se concluyó que en los hospitales donde las enfermeras tienen un nivel de estudios superior y cuidan a 6 pacientes en lugar de cuidar a 8, la mortalidad es un 30% inferior. No estamos hablando de tardar unos minutos más en administrar un analgésico para calmar el dolor, estamos hablando de salvar vidas.

Las precarias condiciones laborales y el obsoleto sistema de contrataciones del sistema sanitario público español son también un incentivo para la emigración: contratos de 3 meses para cubrir las vacaciones de verano, contratos de unos pocos días en Navidad o Semana Santa, contratos incluso de un único día, llamadas a las 8 de la mañana para entrar a trabajar ese mismo día en un servicio en el que nunca has trabajado, etc.

Pero España no es el único país con un incremento importante del trasvase de enfermeros hacia UK, estamos entre los 5 primeros, junto con Portugal, Chipre, Italia y Rumanía. Una vez más, comprobamos el resultado de las políticas extractivas de los países ricos del norte de Europa hacia los países pobres del sur.

Todo esto no sería posible sin la colaboración de los sindicatos sentados en la mesa sectorial de sanidad, quienes firman los convenios que nos abocan a la precariedad laboral continua y al desempleo indefinido. Tampoco nos olvidemos que desde los Colegios Provinciales de Enfermería se promueve la contratación de enfermeros para países del norte de Europa, mientras que desde el Consejo General de Enfermería se desvía la atención con la “prescripción enfermera”. Todas piezas necesarias de un mismo puzle con un objetivo común.

Pero, ¿puede España permitirse perder más de 6.000 enfermeros? Hay 21.000 enfermeras desempleadas y las expectativas son peores. No es que España se lo pueda permitir, es que le interesa. ¿Cómo creen ustedes que va a bajar el gobierno central el número de desempleados si no es a costa de quienes emigramos?

Y no sólo es que nos utilicen para mejorar los números del paro, es que las emigrantes les importamos tan poco, que nos han robado nuestro derecho a la sanidad pública, nos han robado nuestro derecho a votar y nos han robado incluso nuestro derecho a retornar en condiciones dignas.

Mientras escribía este texto he comprado mi billete de avión para ir a casa durante las vacaciones de invierno. En Marea Granate nos volverán a llamar de una docena de programas de televisión para recabar testimonios de aquellos emigrantes que no podrán pasar la Navidad junto a su familia, como si nosotras sólo echáramos de menos a nuestros seres queridos durante esos 15 días. En un superficial anuncio navideño, unos chavales con maleta a las puertas de emigrar decían “…pero volveremos”. Yo les pregunto a ustedes… ¿En serio creen que vamos a volver?

Algunas tenemos claro que al gobierno central no le importa perder el gran capital económico que supone una emigración masiva de ciudadanas debido a las nefastas políticas laborales y sociales. Ahora sólo nos queda preguntarnos, ¿le importa a la sociedad española la gran pérdida humana que la emigración conlleva? Ya sabemos que al gobierno central les sobramos, ¿y a ustedes?

El Banco de España cree que la economía española afronta “la posibilidad del inicio de una significativa fuga de cerebros que podría exacerbar los efectos de la crisis” si se prolonga en el tiempo.

La advertencia figura en un reciente documento de trabajo del supervisor, que señala que el denominado “efecto red” (el entramado de relaciones de apoyo que se teje entre las comunidades de expatriados) puede estar “comenzando a tener importancia para los españoles que han emigrado”, lo que constituye “una potencial amenaza para la economía española”.

Ese efecto protector de las comunidades de españoles en el extranjero “todavía” no está operando, pero “como aprendimos de la rápida creación de redes de extranjeros en España que vinieron atraídos por el boom de la construcción, este es un fenómeno que podría desarrollarse de forma rápida e independiente a la evolución futura del desempleo”.

Las advertencias o “comentarios” del supervisor figuran en un estudio titulado 'España: ¿de la inmigración a la emigración?' que acaba de publicar el organismo y que analiza los flujos migratorios durante la recesión y apunta algunos de sus posibles efectos “en el futuro crecimiento potencial” de la economía española.

El documento subraya que las salidas de emigrantes desde el país “empezaron a aumentar en 2007, cuando el crecimiento del PIB en España comenzó a desacelerarse” y, desde 2010, suman más de 400.000 por año (algo menos del 10 por mil de la población total), “lo que supone, tanto en términos absolutos como relativos, el más alto nivel de emigración en la historia española”.

“Más jóvenes y con mayor nivel educativo”

Aunque esa emigración récord “se debe principalmente a la alta movilidad de los ciudadanos extranjeros” que habían llegado al país en los años de bonanza, el estudio incide en que los emigrantes que han abandonado España desde 2008 “son más jóvenes y con mayor nivel educativo que los españoles que se quedan”.

En el primer semestre del año pasado (último dato disponible en la Estadística de Migraciones del INE), 206.492 personas abandonaron España con destino a algún país extranjero. Supuso un descenso del 21%, pero el total de españoles (nacidos en España o nacionalizados) que emigraron en esos seis meses aumentó un 15,4%, hasta 42.685 personas. La tasa de paro entre los jóvenes de 16 a 24 años cerró 2014 en el 51,8%, según la última Encuesta de Población Activa (EPA) del INE. El paro juvenil (813.700 personas) más que duplica la tasa general, que se situó en el 23,7%.

Los firmantes del estudio son Mario Izquierdo, Juan Francisco Jimeno y Aitor Lacuesta, de la Dirección General del Servicio de Estudios del organismo que preside Luis María Linde. En el Boletín Económico del Banco de España del pasado septiembre, estos mismos autores ya se pronunciaban en una línea similar aunque sin referirse a la citada “fuga de cerebros”, concepto que, en el caso de los científicos, y pese a lo que reflejan las estadísticas del INE, el Gobierno considera “sobredimensionado”.

En su estudio de septiembre, esos tres expertos ya advirtieron de que “la persistencia de flujos importantes de emigración podría llegar a tener un efecto significativo sobre el crecimiento potencial de la economía española, lo que enfatiza la necesidad de maximizar los esfuerzos encaminados a reducir la elevada tasa de paro, así como a propiciar un marco laboral que facilite el regreso futuro de las personas que han emigrado durante la crisis”.

Ese informe apuntaba que “los españoles muestran una propensión creciente a emigrar en el periodo más reciente y parecen responder de manera similar a los factores que influyen en la emigración de los extranjeros, las tasas de empleo de origen y en el país de destino”. “En lo que respecta tanto al tamaño como a la composición de la población activa por nivel educativo, el cambio de signo del saldo migratorio puede tener implicaciones relevantes” y, en concreto, “podría llegar a tener un efecto significativo sobre el crecimiento potencial de la economía española”, advertían.

El reciente artículo del presidente del CSIC, D. Emilio Lora-Tamayo, en el que se defiende que es razonable circunscribir el problema de la “fuga de cerebros” a la salida de funcionarios de plantilla del CSIC, no falta a la verdad con el restringido conjunto de datos al que premeditadamente limita su análisis, pero sí adolece de una grave falta de perspectiva. Dice la verdad, pero no toda la verdad de lo que está pasando en la I+D española y, en particular, en el CSIC. Su justificación de las causas (la crisis) es fácilmente rebatible y su análisis de las consecuencias es injustificadamente optimista.

En este artículo queremos dar una visión más completa de la difícil situación de la I+D y del CSIC, analizar sus causas y sus muy probables consecuencias y rebatir su inevitabilidad. Pero, antes de empezar, es conveniente dejar meridianamente clara la importancia de la I+D para nuestra sociedad.

Pasadas por fortuna las épocas de conquistas e invasiones, son solamente dos los caminos que permiten progresar a las naciones: la explotación de los recursos naturales, cuando los hay, y la I+D. El primer camino es ancho y fácil de tomar y lo siguen, entre otros, Rusia, Arabia Saudita, Venezuela, Libia y, en gran medida, España (pues dependemos, aún más tras la crisis, del turismo de sol y playa y la producción agrícola). El segundo es más estrecho y requiere perseverancia. Lo siguen, entre otros, los países escandinavos, Suiza, Holanda, Alemania, EEUU, Corea... y a él se están incorporando las llamadas economías emergentes (China, India, Brasil…). El primero a menudo acaba en un abismo, cuando los recursos naturales se agotan o cuando no hay más costa que urbanizar. El segundo tiene un recorrido mucho más largo, y de él dependemos además para saltar por encima del abismo de la sobreexplotación de los recursos, haciendo la agricultura más productiva y resistente, evitando epidemias, aumentando la eficiencia de los combustibles… Además, llevan a sociedades más educadas, libres y pacíficas. Pero es un camino que exige constancia para no descolgarse del pelotón de vanguardia, porque de lo contrario luego tocará redoblar el esfuerzo para reengancharse con recursos menguantes (por la menor competitividad de la economía) - y eso, a menudo, es imposible.

Por muchas vueltas que le demos, no hay más que esas dos opciones, y sólo la segunda es una auténtica garantía de futuro. Es posible salir de la crisis sin I+D, pero sólo para recaer. Si de verdad se cree en el potencial transformador de la ciencia y la cultura, como debería creer un Presidente del CSIC, no se pueden maquillar ni justificar los recortes - como ningún padre justificaría, incluso en medio de una crisis económica, una pausa de varios años en la educación de sus hijos: porque es su único futuro.

La descapitalización de nuestra I+D

Pero analicemos cuál es la situación real de nuestra I+D y del capital más importante de que disponemos: nuestro capital humano.

Es importante destacar, en primer lugar, que los efectos de la crisis económica sobre la I+D española se han producido en un contexto de pérdida de competitividad de la I+D europea. La UE está perdiendo competitividad en I+D a toda velocidad - ya que la intensidad de su gasto en ese concepto (esto es, el % del PIB invertido), que ya era inferior a la media de la OCDE y muy inferior al de EEUU y Japón hace 20 años, ha sido igualado o superado por el de los países emergentes (como China y Corea, respectivamente) durante las dos últimas décadas. Además, durante la crisis, esa pérdida de competitividad ha sido mucho más pronunciada en España (y otros países del sur) que en el resto de la OCDE. Mientras que el moderado incremento del gasto público en I+D de los países de la OCDE (casi un 10% entre 2008 y 2012) permitió compensar primero el descenso del gasto privado, e impulsar después su recuperación (de forma que acabó creciendo cerca de un 8% entre 2009 y 2012), la fuerte caída del gasto público en España (que solo entre 2010 y 2012 descendió a los niveles de 2007) exacerbó primero la caída del gasto privado y limitó después su recuperación.

Esta pérdida de competitividad ha agravado el retraso histórico que apenas habíamos empezado a superar en España. La carencia de capital humano de la que partíamos era tan grave que, incluso en el año previo a la crisis (cuando, según nuestra Secretaria de Estado de I+D Carmen Vela, estábamos viviendo por encima de nuestras posibilidades y “cada capital de provincia tenía un parque tecnológico”), España no sólo invertía mucho menos en I+D que sus vecinos europeos: también dedicaba muchos menos recursos humanos. En 2012, antes de los recortes de 2013 y 2014, España tenía 7.17 investigadores por cada 1000 empleados (“researchers per thousand employment”, datos de la OCDE), menos que los 8.24 de Alemania, 9.68 de Bélgica, 9.24 de Francia o 7.95 del Reino Unido (y menos de la mitad que los de los países punteros: 16.1 en Finlandia o 15.0 en Israel). Y esto en un país con un desempleo récord, con lo que las cifras de investigadores per cápita son aún peores.

Es sobre esa carencia histórica de capital humano que debemos juzgar la pérdida de personal investigador. Una pérdida que, la llamemos “movilidad exterior” o “fuga de cerebros”, tiene muchas más dimensiones que las que el presidente del CSIC y nuestro ministro de educación están dispuestos a reconocer. Incluso aceptando su marco de análisis, restringido a los investigadores de plantilla (funcionarios), lo primero sería reconocer el brutal descenso del número de incorporaciones. El número plazas convocadas en los organismos públicos de investigación descendió desde 681 en 2007 a 15 en 2013. En el CSIC, cayó desde 986 en el quinquenio 2004-2008 (casi 200 anuales) a 140 en el quinquenio 2009-2013 (menos de 30 anuales). Eso hace que 170 científicos que haría falta seguir incorporando para aproximarse a los demás países desarrollados, abandonaran “virtualmente” el CSIC cada año. Científicos inexistentes o no computables para el Presidente del CSIC, pero excelentes investigadores de carne y hueso, que o bien trabajaban en centros del CSIC (con los contratos Ramón y Cajal ideados justamente para “rescatar cerebros fugados”, por ejemplo) o bien lo hacían en otros centros o en otros países y podrían haber ingresado en el CSIC y contribuido a nuestro progreso y que no lo han hecho.

Pero la realidad es aún peor, porque además se ha producido una tremenda pérdida neta de personal científico funcionario. Desde 2012 se han repuesto menos del 10% de las jubilaciones. En ausencia de cifras oficiales, se puede estimar la pérdida neta de investigadores funcionarios por este motivo así: si se han convocado, en promedio, 30 puestos anuales, han debido jubilarse al menos 300, por lo que se han perdido unos 270 al año.

Estas cifras se suman a los 18 investigadores que han optado por irse al extranjero y los 29 que han cambiado de institución que son los únicos contabilizados por el Presidente del CSIC. Éstas son unas cifras tremendamente significativas porque se trata de investigadores con plaza permanente, grupos ya consolidados y fondos para la investigación (algunos muy sustanciosos) que pierde el CSIC. El traslado en esas condiciones requiere una tremenda inversión personal e intelectual y sus causas conocidas (la inoperante burocracia del CSIC, su falta de flexibilidad y de adaptación a la competición internacional, entre otras) merecerían ser explicadas y corregidas rápidamente, pero en vez de esto, se les quita importancia.

¿Estamos en condiciones de seguir perdiendo personal investigador? ¿Podemos permitirnos desperdiciar la inversión estructural hecha, con gran esfuerzo, en formar y dotar grupos (muchas veces gracias al dinero europeo) dejando que se vayan? ¿Estamos en condiciones de afrontar el enorme coste de oportunidad de interrumpir o no iniciar líneas de investigación, dejando que sea fuera donde se aproveche ese capital humano, y tratando de reiniciarlas (a toro pasado ya, como siempre) dentro de unos años?

Y, sobre todo, ¿podremos atraer ese capital en el futuro, compitiendo con países que tienen mejores condiciones y salarios? ¿Y de afrontar los costes de arranque (“start-up costs”) necesarios para reiniciar y dotar prácticamente de cero nueva líneas de investigación competitivas? Y, con esos mimbres, ¿cuándo estaremos en condiciones de transformar esas líneas de investigación en economía productiva? ¿Cuándo podremos crear las condiciones necesarias para facilitar el verdadero emprendimiento?

La situacion es dramática, no solo para quienes se tienen que ir, y ni siquiera para quienes no podrán ni querrán volver nunca, sino para la comunidad científica que se queda (sin poder trabajar por falta de recursos y de personal, a pesar de haber sido competitivos hace nada) y para la sociedad que depende de ellos para innovar y ser competitiva.

¿Adelgazar para ganar eficiencia?

Confundir esta situación con argumentos acerca de la baja eficiencia de la I+D española, como hizo en su momento la Secretaria de Estado Carmen Vela, es además notoriamente falso. Por dos motivos.

Primero, porque si bien una parte considerable de la plantilla de nuestras Universidades y OPIs no están a la altura de lo que sería exigible, y está consumiendo recursos que serían vitales para grupos que sí son productivos, la realidad es que (incluso en esas condiciones) la productividad por euro de los PIIGS es igual o superior a la de otros países del G8. Sorprendente, pero cierto. ¿El motivo? Solo podemos especular. Probablemente, porque en todos los países hay ineficiencias, y en el nuestro hay muchas, pero también hay muchos investigadores que estiran hasta el infinito los magros recursos y las jornadas de trabajo. Bien lo saben nuestros “socios” europeos - que, a pesar de la crisis, están hinchándose a contratar españoles, griegos y portugueses (y menos mal que están ellos para hacerlo).

Segundo, porque nuestros líderes se han llenado la boca de excelencia, pero ni siquiera han sido capaces de aprovechar la crisis para eliminar peso muerto (ese pequeño pero significativo porcentaje de investigadores que no hacen su trabajo y, en algunos casos, apenas pisan sus centros) y retener a los mejores. Como sale más barato, o molestan más, han optado por dejar que se vayan los más competitivos.

¿Era inevitable la reducción de los presupuestos de I+D?

Queda por discutir un último argumento: el de la falta de recursos causada por la crisis, que según el discurso oficial, habría hecho inevitable la reducción del personal investigador del CSIC causando la “fuga de cerebros”.

Este argumento palidece ante la comparación de las partidas de I+D con cualquier otra partida presupuestaria, particularmente las susceptibles de mal uso por nuestros gestores públicos (como la construcción o alquiler de edificios e infraestructuras). Aparentemente hay dinero para cualquier cosa: con el dinero que ha costado el cambio de sede de la CNMV, considerado injustificado por el Tribunal de Cuentas, los investigadores indios han mandado una sonda a Marte. También hay dinero para las fundaciones de los partidos y para sus “juventudes”. Hay dinero para armas aunque no se incluya en los PGE. Hay dinero (200 M€) para contratar a una consultora americana que nos diga qué hacer para que flote un submarino ya presupuestado en 500 M€. Éste es el típico gasto consecuencia directa de la falta de inversión en I+D (esos consultores podrían haber sido de una empresa española), pero no se acaba ahí: aun sin saber cómo harán para que funcione el submarino, parece claro que los 2000 M€ reservados para todo el programa (4 submarinos) es insuficiente y que habrá que gastar al menos 700 M€ más.

La indemnización a la empresa privada ACS por el fiasco del almacén Castor (1350 M€), otra consecuencia directa de nuestro mal uso del conocimiento experto, bastaría para cubrir todo el presupuesto del CSIC (recortado de 800 a 600 M€ entre 2010 y 2013) durante más de 2 años. Las indemnizaciones por el fiasco de las autopistas de peaje (entre 650 y 1300 M€) cubrirían ese mismo presupuesto durante uno o dos años. Los sobrecostes del almacén temporal de residuos nucleares serían suficientes para que el CSIC reviviera y para poner una sonda en Júpiter, por lo menos, y evitaría, al tiempo, que sigamos careciendo de empresas y personal capaces de hacer bien ese tipo de obras.

El programa Ramón y Cajal (el más prestigioso de nuestra I+D) tiene, en cada convocatoria, una previsión de gasto de 5 años de contratos para los seleccionados. Este año, está previsto contratar a 175 investigadores por 5 años, con una previsión de gasto de unos 50 M€. Esa cantidad equivale a la que se gastarán los ayuntamientos de Madrid o Barcelona en asesores nombrados a dedo (casi 12 M€ anuales, 60 M€ en 5 años, en cada uno de ellos) y a menos de un tercio de lo gastado en la misma partida por los 6 mayores ayuntamientos de España (34 M€ al año, 170 M€ en 5 años).

No es que no haya dinero: es una cuestión de prioridades. La ciencia y el I+D (y la cultura en general) no están entre las prioridades de nuestros dirigentes, que no ven más allá del código penal.

Lo mismo ocurre con las subvenciones a las energías renovables, o a la industria del cine, o muchos otros ejemplos. En España se subvencionan un montón de cosas. Se subvenciona a las eléctricas de mil maneras diferentes, la compra de coches, el diesel agricola, etc. Es una cuestión de prioridades, no de que las subvenciones fuesen o no sostenibles. Todos estamos pagando las subvenciones a la compra de automóviles, pero a nadie le parece mal, porque no le dejan ver lo que le cuesta que el vecino se compre un coche nuevo, pero le ponen muy claro lo que le ha subido el recibo de la luz. Ambas sirven para mantener puestos de trabajo en un momento difícil - pero ¿cuál de las dos promete asegurar la creación de puestos de trabajo en el futuro?

Dinero hay. Hay que decidir bien en qué gastarlo.

Tomás Ortín y Luis Santamaría son, respectivamente, secretario y presidente de la Asociación para el Avance de la Ciencia y la Tecnología en España (AACTE)

El escritor argentino Jorge Luis Borges decía que los lugares se llevan, que los lugares están en uno. De la mano de miles de isleños que han visto cercenadas sus expectativas laborales por la crisis económica y la precariedad de los empleos, Canarias ha viajado y se ha instalado en el último lustro en multitud de rincones del mundo.

Son sobre todo jóvenes que dejan atrás la familia y los amigos, los pilares sobre los que se ha sustentado su vida hasta ese momento, para aventurarse en lo desconocido e intentar labrarse un porvenir desde otras latitudes. Perder para tener la oportunidad de ganar.

El Instituto Nacional de Estadística (INE) prevé que en la próxima década más de 13.000 personas abandonarán las Islas cada año en el camino del exilio económico que ya emprendieron entre 2012 y 2013 Davinia Sánchez, Noé Rodríguez, Tara Niño y Simón Rodríguez, cuatro jóvenes canarios con estudios superiores en Veterinaria que decidieron hacer las maletas, cruzar el charco y tratar de forjarse un futuro mejor a más de 7.000 kilómetros de distancia, en Ecuador, un país en la mitad del mundo. Talento en fuga.

Davinia Sánchez

Licenciada en Biología y doctora en Sanidad Animal, esta grancanaria de 31 años ha logrado escalar y ocupar puestos de responsabilidad en la Universidad Nacional de Chimborazo (UNACH), ubicada en la ciudad de Riobamba, en la sierra andina.Además de impartir docencia, Davinia trabaja en un proyecto de investigación para mejorar la calidad de la carne de la cobaya, una exquisitez en Ecuador, donde se denomina cuy. También da cursos de formación a profesores e investigadores.

Davinia emigró en abril de 2012, apenas tres meses después de doctorarse en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC). Lo hizo decepcionada con la empresa en la que había estado trabajando desde que finalizó sus estudios. “Me habían ofrecido un puesto para dar cursos de manipulación de alimentos por las Islas. Me pidieron que me hiciera autónoma y que les pasara las facturas de los billetes de avión y los coches de alquiler. Los cursos me los pagaron dos meses después de empezar, pero se hicieron los locos con los billetes y el coche”, cuenta.

La opción de irse a Ecuador se le presentó en Fuerteventura en forma de correo. Una universidad del país andino buscaba doctores y ofrecía un sueldo de 1.700 dólares y un billete de ida y vuelta. “No conocía mucho de las características de la universidad ni del lugar, sólo que el 70% de las casas no tenía agua potable, pero vi que en Canarias no tenía ninguna oportunidad, que en mi trabajo no me podía desarrollar profesionalmente y que no estaba ganando nada. No me lo pensé mucho y me fui. No tenía nada que perder”, afirma Davinia.

Aterrizó en Jipijapa, un cantón de aproximadamente 65.000 habitantes en la provincia de Manabí, en la franja costera de Ecuador. Davinia asegura que la acogida fue buena, que encontró las puertas abiertas en un país que estaba intentando crecer a través de una ''revolución en la Educación“. Sin embargo, se topó con un sistema excesivamente burocratizado y con una gestión que no duda en calificar de ”desastrosa“. Los contratos se retrasaron y la joven grancanaria se vio obligada a frenar su actividad investigadora por la falta de proyectos y de medios en la universidad de la costa ecuatoriana.

Hastiada tras diez meses en esta situación, Davinia viajó a la sierra, donde se crían las cobayas, para seguir formándose con vistas a una futura investigación sobre la carne de este animal. Allí le llegó una nueva oportunidad laboral. En Riobamba contactó con un amigo que trabajaba en una de las dos universidades de esta ciudad de 260.000 habitantes, también conocida como la cuna de la nacionalidad ecuatoriana.

''Antes de llegar a su universidad me llevó a la otra, a saludar a un compañero que también trabajaba en un postgrado. Cuando llegué, me encontré a la vicerrectora de investigación, me preguntó y sobre la marcha me ofreció un contrato. Era extremadamente bueno. Aproveché y vi las instalaciones, era otro mundo“, relata. Después vendría la visita a la segunda universidad, la de su amigo, y otra oferta, la segunda en menos de 24 horas. Eligió la primera y en dos semanas se instaló en la sierra.

''Hay mucha diferencia entre la costa y la sierra. En la costa son más de vivir el día a día, pase lo que pase, y en algunas zonas hay mucha inseguridad. La sierra es muchísimo más segura, la gente es más sistemática, más culta y, por lo menos, hay procedimientos en los trámites burocráticos“, asevera Davinia, que reconoce que el nivel formativo en Ecuador es aún muy bajo. ”Forman más técnicos que pensadores y no conciben eso de hacer un gran esfuerzo para sacar las cosas adelante, se limitan a cumplir su horario“, dice.

La joven doctora grancanaria descarta el regreso a las Islas en un futuro próximo. Se ve viviendo en Ecuador, por lo menos, la próxima década. ''No termino de ver la posibilidad de volver. Si me hubiera quedado, no habría podido avanzar. En Ecuador me dan proyectos, dirijo a personas, doy cursos... Eso me da currículo y me va a ayudar para que cuando vuelva por lo menos pueda competir con lo que ya hay aquí“, sentencia Davinia, que ha aprovechado las fiestas navideñas para casarse con su pareja y para intentar cerrar algunos acuerdos de colaboración con la ULPGC.

Noé Rodríguez

“A pesar de las cosas negativas que pueda tener Ecuador, a diferencia de España aquí sí puedo vivir dignamente de mi profesión”. Noé Rodríguez enarbola un discurso muy crítico con los dirigentes políticos españoles, a los que acusa de falta de sensibilidad, talla y aptitud. Se considera un exiliado a quien forzaron a partir de una tierra hacia la que siente un gran apego.

Noé se licenció en Veterinaria por la ULPGC en 2006 y se doctoró en la misma universidad en 2012. A finales de ese año, recién cumplidos los 29, viajó a Ecuador tras un intento fallido de acceder a una universidad chilena. Entonces trabajaba de comercial en una empresa de higiene ambiental y químicos. ''La posibilidad surge a través de un compañero, también doctor, que iba a irse y me avisó por si me podía interesar. Me dio el contacto y escribí un correo justo cuando ya tenía planes y billetes para irme a Irlanda a indagar sobre trabajo. En cuestión de horas me respondieron y tuve que decidir si iba o si me quedaba“, recuerda.

Los inicios en el país andino no pudieron ser más complicados. Noé se instaló en la provincia de Bolívar, en el centro de Ecuador, donde comenzó a trabajar en una universidad estatal. Durante el tiempo en el que permaneció en este centro se sucedieron los atrasos en los contratos y los pagos e incumplimientos de las condiciones que había pactado antes del viaje. Además le imponían unas exigencias que, según explica, no podían ser cumplidas por las deficiencias que presentaba la universidad.

En septiembre del año pasado decidió marcharse de Bolívar y encontró acomodo en Riobamba junto al mismo compañero que le había avisado de la oportunidad de ir a Ecuador. Actualmente trabaja en la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo, universidad en la que imparte docencia en la carrera de Ingeniería Zootécnica. Mientras busca financiación para realizar una investigación sobre las vicuñas, un mamífero originario de los países andinos, la universidad le ha asignado la dirección y el asesoramiento de dos tesis de grado, requisito necesario para que los estudiantes puedan titularse como ingenieros zootecnistas.

''A nivel de investigación está todo en pañales en Ecuador (la inversión en I+D+i es de casi el 0,50%, similar a Canarias). El nivel de los estudiantes de la universidad ecuatoriana es muy bajo con respecto a la media de España, de lo cual es responsable sobre todo la educación preuniversitaria. Ello supone que muchas veces se tiene que adaptar la docencia al nivel de lo que sería un instituto en España“, relata Noé, quien matiza, no obstante, que el país se encuentra inmerso en un proceso de reestructuración que ha llevado incluso al cierre de algunas universidades que no cumplían los requisitos mínimos.

En su opinión, estos cambios repercutirán con el tiempo en la mejora progresiva del nivel de educación superior del país: “Ecuador está intentando hacer un esfuerzo importante para que se fomente la investigación, partiendo de cero, todo lo contrario de lo que ocurre en España con las políticas erróneas tan evidentes que fomentan los iluminados que nos desgobiernan”.

En cuanto a la forma de vida, Noé reconoce que le han impactado los contrastes y que le cuesta entender algunos aspectos del temperamento de los ecuatorianos. “Supone una lucha diaria porque no encuentras toda la formalidad a la que uno está acostumbrado, muchas veces veo una falta de conciencia de responsabilidad en muchos ámbitos y existe eso que aquí llaman viveza criolla, que básicamente es aprovecharse de las situaciones sin importar quien salga perjudicado, lo cual te exige estar siempre alerta”.

Este joven emigrante grancanario anhela regresar a las Islas, pero en su horizonte más cercano sigue apareciendo Suramérica. “No se me quita de la cabeza volver desde que la situación mejore, pero creo que no será en un tiempo inferior a diez años. Quiero dedicarme a alguna actividad que me permita vivir dignamente y feliz, aunque no esté relacionado con la docencia o la investigación”, señala el joven doctor, que echa de menos a la familia y a los amigos, pero también “un cachito de queso curado de cabra, una romería y echar una parranda con la guitarra y el timple”.

Mientras aguarda a que llegue la oportunidad de volver a su tierra, Noé se ha fijado tres objetivos para aprovechar su estancia en Ecuador: aprender, hacer currículo y ahorrar.

Simón Rodríguez y Tara Niño

Una trama de película de cine negro sorprendió a esta pareja grancanaria nada más llegar a su destino: la ciudad de Jipijapa, la misma en la que había aterrizado un año antes Davinia.

Simón Rodríguez (35 años) y Tara Niño (32), licenciados en Veterinaria los dos y doctora en Reproducción Animal ella, comenzaron a trabajar en la universidad de este cantón de la franja costera de Ecuador en mayo de 2013. Un mes antes, un profesor había fallecido tras recibir un disparo en la cabeza en la puerta de su casa. En junio, el fiscal que investigaba este suceso también fue asesinado a balazos.

Poco después se supo que el profesor estaba realizando pesquisas sobre un desfalco de dinero público en la institución universitaria y que había rechazado un intento de soborno de las altas instancias. El rector del centro y dos de sus hijos fueron señalados como los autores intelectuales del crimen del fiscal y acabaron en la cárcel. La universidad fue intervenida.

“Ahora están empezando a rodar cabezas de los altos cargos, Hay profesores que llevan más de un año sin cobrar y se han puesto en huelga. Lo nuestro ha sido estar en un sitio equivocado en el momento menos indicado”, explican Simón y Tara, ya en Gran Canaria tras siete convulsos meses en Jipijapa, la localidad originaria de los famosos sombreros panameños.

La pareja había decidido seguir los pasos de algunos de sus compañeros de carrera y emprender el viaje al país andino de la mano de un intermediario ecuatoriano residente en Madrid. “Me convenció el sueldo”, afirma tajante Tara. La universidad le ofrecía un puesto como docente investigadora por 2.000 dólares al mes, un sueldo muy alto para el nivel de vida en la región. Simón también fue contratado como personal técnico docente.

Por esas fechas él trabajaba en una ONG como captador de socios y ella como veterinaria de campo, en régimen de autónomos. ''Vivíamos con 300 euros en una casa de mis padres, sin pagar alquiler“, asevera Tara. ''Aquí no se valora el título, allí va delante de ti”, apostilla.

La enrevesada trama de corrupción que sacudió la universidad no fue el único sobresalto que padecieron en Jipijapa. A finales de noviembre les rescindieron el contrato tras descubrir que el intermediario les había llevado a Ecuador mediante un convenio firmado de forma “irregular”.

A pesar de estas experiencias negativas, Simón extrae una lectura positiva de su aventura ecuatoriana y recuerda con especial cariño una de sus últimas anécdotas en el país, ya en el camino de regreso: ''El taxista que nos llevaba nos dijo que había escuchado en la radio que en la parroquia (barrio) de Julcuy, donde yo trabajaba, estaban empezando a comercializar carne de cabra. Fue un proyecto que armé yo dentro de una actividad de vinculación en la comunidad, en la que se vuelca de forma práctica en la sociedad todo el potencial de la universidad. Ellos tenían la cabra como quien tiene a un perro, no sabían qué darle de comer, no tenían esa cultura. Yo intenté echarles un cable para cambiar esa visión y de lo poco que conseguí fue que empezaran a generar economía por ellos mismos“.

Actualmente los jóvenes grancanarios tienen sobre la mesa dos ofertas de empleo para regresar a Ecuador, una de ellas en Quito, la capital, y otra en Cuenca, en la sierra, donde las condiciones son mucho más favorables que en la costa. Tara ha solicitado una beca Prometeo para retomar su actividad investigadora en el terreno de la reproducción animal y una universidad de Cuenca ya ha mostrado interés en incorporarla a su plantilla.

''Sólo me plantearía volver con la beca. Son 4.500 dólares libres de impuestos durante un año. Los seis primeros meses te dan hasta 500 dólares para pagar hospedaje, hasta 1.000 para pasajes y 3.000 para la sanidad, además de pagarte congresos“, apunta Tara.

Simón reconoce que le gustaría más quedarse en la Isla, pero tampoco le importaría regresar a Ecuador si las condiciones son ventajosas. ''Hablando con los compañeros, todos coincidimos, llegamos a la misma conclusión. Nadie quiere irse de su tierra porque sí, es por necesidad, por las circunstancias económicas o porque a tu país no le interesas, nadie estaría aguantando esto si en España te brindaran la oportunidad de un trabajo digno“, zanja.

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Esto se escribió en 1865, pero bien podrían actualizarse los “realejos” que con la devaluación, los recortes y el aumento del IVA, prácticamente quedaríamos igual que hace más de un siglo.

No sólo protestan los médicos, los profesores, los estudiantes, los profesionales de la cultura, sino también los científicos. Aquellos estudiosos que siempre parecen alejados de la órbita real, cuyo conocimiento está fuera de nuestras fronteras del conocimiento, a los que se les ve con un respeto reverencial, pero desconocido. ¿Somos realmente conscientes de lo que supone que los científicos españoles griten que vivimos un panorama desolador o que nos estamos jugando el progreso del país?

El gobierno juega con la débil memoria de los españoles y también con un ánimo de incapacidad de que “nosotros no estamos preparados para competir científicamente con otras potencias”. Por eso, los recortes se realizan de forma drástica sin que acaben de asumirse con la misma rebeldía que en educación y en sanidad, porque seguimos pensando que la Ciencia y la Cultura sólo se la pueden permitir los ricos, y que en épocas de vacas flacas, no podemos “gastar” en ciertos lujos.

A la ciencia le falta financiación adecuada, pero también concienciación social para saber cuánto nos jugamos. ¿Cómo es posible que sea más importante para salir de la crisis un Eurovegas que un proyecto científico? ¿Acaso podríamos entender nuestro hábitat social sin la ciencia y la tecnología?

Pero el gobierno, con Wert a la cabeza - que como buen sociólogo sabe que la educación constituye la principal herramienta de un gobierno para “someter” a la ciudadanía – trata de imponer la “fe” antes que la “razón”, “las cuentas” antes que “los cuentos”, “la segregación” antes que la “cohesión”.

Lamentablemente, esta crisis económica no sólo está produciendo una desigualdad social imparable e inmoral, sino que también está dividiendo al mundo en dos orillas: las potencias que tengan en su mano el conocimiento y, por tanto, el progreso y la riqueza, y los países que rebajen su calidad de vida, sus perspectivas de futuro y su bienestar social.

Ahí nos encontramos nosotros: con una apuesta por un empleo barato y alienante, con una fuga de cerebros impresionante, y con unos valores éticos confusos y desordenados.