El Tribunal Supremo de Estados Unidos determinó este martes que los estados no pueden prohibir las llamadas 'terapias de conversión' para cambiar la orientación sexual o la identidad de género de menores, una práctica considerada como tortura por la ONU.

El alto tribunal justificó su decisión en base a la Primera Enmienda de la Constitución, que protege la libertad de religión, expresión, prensa y reunión.

“La Primera Enmienda constituye un escudo contra cualquier intento de imponer la ortodoxia en el pensamiento o la expresión en este país”, escribió el juez Neil Gorsuch en nombre de la mayoría del tribunal.

La decisión, que se tomó por ocho votos a favor, solo contó con la oposición de la jueza progresista Ketanji Brown Jackson.

El fallo es una respuesta a la prohibición a las terapias de conversión que había fijado Colorado, uno de los 20 estados que han vetado esa práctica.

Técnicamente, la decisión del Supremo no anula la ley de Colorado, que sigue en vigor, pero envía el asunto a tribunales inferiores que muy probablemente fallarán en el mismo sentido.

En 2019, Colorado promulgó una ley que prohibía a los profesionales de la salud mental realizar cualquier práctica o tratamiento, incluyendo la terapia verbal, que intente cambiar la orientación sexual o la identidad de género de una persona.

Los infractores se enfrentan a multas de hasta 5.000 dólares (unos 4.300 euros) y pueden ser suspendidos del ejercicio de su profesión o perder el permiso.

La terapia de conversión, favorecida por algunos conservadores religiosos, busca que los menores homosexuales se identifiquen como heterosexuales y que los niños trans encajen en el género al nacer.

Esta práctica está desacreditada por organizaciones médicas y las investigaciones científicas han demostrado que la terapia de conversión es ineficaz e incluso puede ser peligrosa, generando problemas de salud mental.

El Proyecto Trevor, una organización dedicada a prevenir el suicidio en los jóvenes del colectivo LGTBI, advirtió que el fallo del Supremo es un “trágico paso atrás”.

En cambio, el grupo religioso First Liberty Institute celebró la decisión, al considerar que no se debe “censurar” la libertad de los profesionales.

La bienvenida de los organizadores del Orgullo LGTBi+ de Madrid se llenó de reivindicaciones con recuerdo a los más de 50.000 palestinos asesinados en la Franja de Gaza, de condena a la invasión de Ucrania por parte de Rusia o frente a las pseudoterapias de “conversión” o las agresiones homófobas y tránsfobas. También hubo recuerdos para Pedro Zerolo desde la plaza que lleva su nombre en el año en que se cumplen 20 años de la entrada en vigor de la Ley del Matrimonio Homosexual.

Juan Carlos Alonso, coordinador de Madrid Orgullo (MADO) y secretario general de la Asociación de Empresas y Profesionales para Gays y Lesbianas, Bisexuales y Trans de Madrid (Aegal), lanzó un mensaje muy reivindicativo en la bienvenida al Orgullo tras recordar al político socialista fallecido en 2015. Alonso tuvo palabras tanto contra el genocidio israelí en Gaza como frente a la invasión rusa de Ucrania, y señaló que “los derechos humanos no se pueden defender a la carta”.

También mencionó Alonso la última campaña de una asociación de familias numerosas madrileña en algunas estaciones de Metro de Madrid frente a las relaciones no normativas y defendió el amor libre y la libertad de la persona: “La libertad, sí, de la de verdad. Porque muchos, muchas, hablan mucho de libertad. ¿Pero sabéis una cosa? A lo que más miedo tienen es precisamente a eso, a la libertad. Y eso es el Orgullo”.

Ronny de la Cruz Carbonell, presidente de COGAM, recordó a su vez el Orgullo de Budapest, que tuvo lugar el pasado fin de semana en la capital húngara pese a los intentos del presidente ultraconservador Víktor Orbán de prohibir su celebración, “por primera vez en Europa”: “Lo arrasó todo completamente”. El representante COGAM apuntó también contra las llamadas “terapias de conversión”, que pretenden modificar la identidad sexual de personas no heterosexuales, y celebró el 20 aniversario de la aprobación de la Ley del Matrimonio Homosexual.

Paula Iglesias, recientemente elegida presidenta de la Federación LGTBi+, también celebró los 20 años de la ley promovida por Pedro Zerolo: “Muchas se dejaron la piel por algo que nos cambió la vida a todas. Dio derechos a nuestras familias, dignidad a nuestras existencias y un futuro a nuestras esperanzas”, exclamaba ante una plaza llena en el barrio de Chueca.

Iglesias defendió el derecho a amar libremente, haciendo gritar “sí, quiero” a toda la plaza de Pedro Zerolo, exigió un pacto de Estado frente a los discursos de odio así como “igualdad plena”, vivienda accesible, erradicar los estereotipos hacia las personas bisexuales o la violencia contra las mujeres lesbianas o contra las personas trans. “El Orgullo es resistencia. El Orgullo es rebeldía. El Orgullo es reivindicación. Y sobre todo el Orgullo es nuestro”, exclamaba.

Tras la bienvenida de las asociaciones, llegó el turno de la actuación de Samantha Hudson, quien se dirigió a los asistentes lanzando un alegato contra las “terapias de reconversión”: “Que no nos tomen el pelo”, “estamos aquí para quedarnos y por mucho que se empeñen no vamos a dejar de existir”, gritaba antes de arrancar su actuación.

Ya después de Samantha Hudson, subieron al escenario presentadas por La Plexy los actores y actrices Carlos González, Yenesi y Blanca Martínez Rodrigo, todos ellos participantes en la serie 'Mariliendre', de los Javis. Carlos González arrancó el pregón señalando que esta producción audiovisual “cuenta una historia de todas las aquí presentes” y que es “tan importante” porque “probablemente todes les que estamos aquí nos hemos sentido desprotegides por un sistema que atenta contra nuestra integridad con discursos alarmistas y falsos”.

“La ultraderecha habla del colectivo como si fuera una condición elegida continuamente relacionada con la lujuria, las drogas y el adoctrinamiento”, criticaba González, que cuestionaba el discurso de odio y que “lo que realmente ha aumentado ha sido el odio y las agresiones”. “Me pregunto dónde podemos encontrar un lugar donde poder existir sin tener pánico”, añadía el actor, que recordaba que “ser una persona del colectivo no es una elección, ser fóbico sí que lo es”.

Yenesi arrancaba su turno de palabra citando a Kika Lorace: “Escúchame, homosexual, que el mundo está muy mal”, antes de recordar las cifras de agresiones a personas trans en los últimos años y cargando contra la eliminación de derechos LGTBiQ+ por parte de la Comunidad de Madrid, a cuyos diputados calificaba de “nazis de mierda”.

“Porque no hay orgullo sin memoria trans, no hay orgullo sin todas las travestis, sin las no binarias que se manifestaron libremente cuando ser visible podía suponer una condena. Gracias”, proseguía Yenesi, que cuestionaba la estigmatización de parte de la sociedad o de políticos “que nos cuestionan día a día”. “Dejadnos vivir en paz. Nosotras no queremos quitarle nada a nadie. Sois vosotros, los de siempre, los del miedo, los nazis de mierda los que queréis quitárnoslo todo”, y añadía que “a pesar de todo” aquí están.

La actriz Blanca Martínez cerraba el pregón “como mujer cishetero” pero afirmando que también se siente parte del Orgullo LGTBiQ+ y que “cuando alguien ataca el Orgullo nos ataca a todas”. “Esto es una cuestión de igualdad, de derechos humanos y de libertades. Si pierde un colectivo, perdemos todas las personas como sociedad”, añadía, antes de pedir luchar “por todas las minorías discriminadas” y por quienes “no encajan en los moldes”.

Blanca Martínez recordaba las agresiones homófobas de la última semana en La Rioja o en Burgos y pedía acabar con la violencia y el odio. “¡Que nadie nos va a parar y que Madrid es nuestra!”, exclamaba ante los aplausos del público para finalizar su discurso. Tras algunas fotos, volvió a sonar en el centro de Chueca el 'A quién le importa' de Alaska y Dinarama, dando inicio a las fiestas del Orgullo de 2025.

El Congreso comenzará a tramitar una ley para castigar con penas de prisión a quienes pongan en marcha o apliquen las llamadas terapias de conversión sexual contra personas LGTBIQ+, prácticas que a menudo se dan en entornos religiosos para modificar la orientación sexual o la identidad de una persona. La toma en consideración de la iniciativa, promovida por el Partido Socialista, ha salido adelante con los votos del bloque de la investidura y el PP. Solo Vox ha votado en contra y el diputado de Unión del Pueblo Navarro se ha abstenido. La votación ha salido adelante con 311 votos a favor y los 33 en contra de la extrema derecha.

La ley registrada por el grupo socialista busca modificar el Código Penal con el objetivo de introducir penas de entre seis meses y dos años de prisión a quienes promuevan estas terapias. La última ley 4/2023 para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI, impulsada durante la legislatura por el Ministerio de Igualdad, ya recogía como infracción administrativa “muy grave” la promoción o práctica de este tipo de métodos. La idea del texto es que ahora pasen a ser consideradas como delito.

Estas pseudoterapias, que muchas veces se desarrollan en entornos religiosos y en la mayoría de los casos de forma secreta, buscan “modificar, reprimir, eliminar o negar su orientación sexual, su identidad sexual o su expresión de género, con afectación de su integridad corporal o su salud física o mental o con menoscabo grave de su integridad moral”, según la ley registrada por el PSOE. Algunos de los métodos utilizados van desde el uso de exorcismos o intervenciones espirituales hasta la castración hormonal o el “recondicionamiento” del placer.

La propuesta del PSOE establece que se use la horquilla de penas más altas cuando las víctimas fueran menores de edad, cuando se emplee violencia, intimidación o engaño, o se abuse de una situación de superioridad, necesidad o vulnerabilidad de la víctima “por razón de enfermedad, discapacidad o por cualquier otra circunstancia”. También “cuando el culpable perteneciere a una organización o asociación, incluso de carácter transitorio, que se dedicare a la realización de tales actividades” o cuando haya “fines de lucro”.

Además, contempla penas de inhabilitación especial de hasta cinco años para las personas que incurran en estas prácticas y se desempeñen en profesiones que impliquen un contacto regular y directo con menores.

Y “en todos los casos, se impondrá además la pena de inhabilitación especial para profesión u oficio educativos, en el ámbito docente, deportivo y de tiempo libre, por un tiempo superior entre tres y cinco años al de la duración de la pena de privación de libertad impuesta en su caso en la sentencia, atendiendo proporcionalmente a la gravedad del delito, el número de los cometidos y a las circunstancias que concurran en la persona delincuente”, añade la ley.

“Hoy nos miran jóvenes que con apenas 15 o 16 años fueron llevados a la fuerza al despacho de un supuesto psicólogo, de un supuesto médico o sacerdote que les prometía una cura para algo que no es una enfermedad. Nos miran también mujeres lesbianas que fueron violadas con la excusa de corregir su orientación”, ha defendido el diputado socialista Víctor Gutiérrez, que ha presentado el texto en nombre de su grupo.

Gutiérrez ha argumentado la necesidad de endurecer el castigo contra estas terapias e incorporarlo al Código Penal. Entre otras cosas, ha dicho, porque son en ocasiones las familias las que empujan a este tipo de prácticas, lo que dificulta las denuncias. También ha señalado que son muchas veces las comunidades autónomas las que reciben esos avisos pero no toman las medidas adecuadas.

“¿Qué es lo que está pasando en la Comunidad de Madrid, donde se ha ejecutado el primer retroceso en materia LGTBI de la democracia que la señora Ayuso ha abierto la puerta?”, ha argumentado a continuación González. “Que se puedan practicar terapias de conversión a personas trans. Eso es lo que ha hecho la Comunidad de Madrid. Ayuso presume de que Madrid es la comunidad más libre. En Madrid cada uno hace con su vida lo que le da la gana, excepto los niños a los que usted ha dejado vendidos a sectas y a pseudoterapeutas, esos no pueden hacer lo que les dé la gana y lo que han hecho es gravísimo”, ha denunciado.

En otros lugares como en la Comunitat Valenciana, la mayoría de PP y Vox se puso de acuerdo para vaciar la ley trans autonómica y abrir la puerta a que este tipo de terapias sean voluntarias. “Han desactivado la protección contra estas terapias, han vaciado de recursos los centros de atención a víctimas, han permitido que asociaciones ultra católicas vayan a centros concertados para adoctrinar a los niños trans…”, ha acusado González al PP.

La iniciativa ha contado con el apoyo de todo el bloque de investidura, aunque algunas formaciones de izquierdas han reprochado al PSOE poca ambición en la redacción de la ley. Algunas como Sumar y Podemos han avanzado que enmendarán el texto para que no sea una ley únicamente punitiva, sino que incluya medidas de acompañamiento psicológico o educación sexual integral en las escuelas.

Vox, en contra

Tanto la derecha como la ultraderecha han asegurado estar en contra de estas terapias, pero al mismo tiempo han cargado contra esta ley que busca perseguirlas penalmente. El diputado del PP Jaime de los Santos se ha limitado a criticar que el texto sea una proposición de ley y no un proyecto del Gobierno, una decisión que a su juicio busca que no pase los informes preceptivos del Consejo General del Poder Judicial, cuyos argumentos ha avanzado- “Les diría que ¿qué es una terapia de conversión?”, ha dicho para defender a continuación la modificación de la ley trans de la Comunidad de Madrid. Pese al duro descargo de su diputado, el partido ha votado a favor del texto.

Vox ha asegurado que no está en contra de las personas homosexuales pero ha cargado a continuación contra el PSOE por pretender “proteger a personas ya protegidas”, “mandar a personas a la cárcel” y “comprar los argumentos del lobby LGTBIQ+”.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha recordado este lunes la férrea oposición que desplegó el Partido Popular, la Iglesia y otros sectores conservadores contra el matrimonio entre personas del mismo sexo, que cumple este julio 20 años. “Duele recordar las manifestaciones de una minoría que llenó de gritos y de miedo las calles. En aquel momento nos habrían llamado wokes si existiera el término y en su lugar nos llamaron amenaza, aberración y error histórico”, ha dicho en el acto que ha convocado el Ejecutivo para conmemorar el vigésimo aniversario de la ley.

Sánchez ha rememorado a quienes alertaban de que aprobar la norma “rompería las familias” y ha señalado que “al contrario, lo que hicimos fue fortalecer la sociedad y ensanchar el significado de las familias”. “Lo hicimos tanto que incluso los hijos de quienes alzaban las pancartas pueden amar libremente, pueden casarse, pueden formar la familia que sus padres y madres negaron a otros pero que ahora no podrían negarles a ellos”, ha añadido.

El presidente ha recordado a Pedro Zerolo, pieza clave en la consecución del matrimonio igualitario, y a los diputados que votaron a favor de la norma en el Congreso y ha hecho referencia a la ola ultra que a nivel global tiene en los derechos LGTBI una de sus dianas: “Este país ya eligió avanzar y no vamos a permitir que lo devuelvan al armario, al silencio y al miedo”. En este sentido, Sánchez ha nombrado a Hungría, que se enfrenta a la prohibición del Orgullo dictada por el presidente Víktor Orbán. “España no es Hungría, pero las calles de Madrid sí serán las de Budapest. Este Orgullo reivindicamos todo lo que nos queda por conquistar aquí pero también salimos por todos aquellos que no pueden alzar la voz en sus países”.

Sánchez ha nombrado también la proposición de ley que el PSOE ha registrado en el Congreso para llevar al Código Penal las terapias de conversión y castigar su promoción con penas de cárcel. Actualmente las terapias de conversión están vetadas en España en virtud de la Ley Trans aprobada en 2023, que contempla multas de hasta 150.000 euros para quienes las lleven a cabo o promocionen. El pasado enero el Ministerio de Igualdad anunció que estaba estudiando la posibilidad de convertirlas en delito después de abrir expediente a siete diócesis españolas tras la denuncia de la Asociación contra las Terapias de Conversión.

“Nunca vi tantos obispos”

El acto ha contado con la presencia de la ministra de Igualdad, Ana Redondo, el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, y el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, cuyo Gobierno aprobó la reforma del Código Civil que posibilitó las bodas entre personas del mismo sexo. El socialista se ha expresado en la misma línea que Sánchez y ha recordado la campaña conservadora que se desplegó contra el texto, con la convocatoria de manifestaciones mutitudinarias a las que asistían miembros de la Iglesia y del PP.

“Con la hipocresía y la falta de dignidad que les caracteriza nos insultaron, salieron a la calle y a mi me acusaron de ser más o menos el diablo porque iba a acabar con las familias. Había muchos obispos de la mano del PP, nunca vi tantos obispos…”, ha afirmado Zapatero antes de señalar que “han vuelto a salir 20 años después”, en referencia a la petición de elecciones que ha hecho la Conferencia Episcopal: “¿Por qué no pidió elecciones en los 40 años de dictadura de Franco, al que llevaron bajo palio?”, ha preguntado entre aplausos del público.

Zapatero, que ha evocado “la emoción” que sintió el día que el Congreso dio luz verde al matrimonio, ha participado en una mesa redonda junto a Beatriz Gimeno, que en aquel momento era presidenta de la Federación Estatal LGTBI (FELGTBI+), Guillem Montoro, primer concejal trans en el Ayuntamiento de Paiporta, y Abi Power, actriz y creadora de contenido. El acto ha sidocelebrado en el Museo del Traje de Madrid bajo el título Un país con derechos, un país con orgullo.

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, también ha intervenido en el evento y ha querido también nombrar a quienes votaron en contra de la norma, además de rememorar que los populares llegaron a llevar la ley ante el Tribunal Constitucional. “Incluso ellos han podido disfrutar y ser plenamente libres [...] Esa es la grandeza de los derechos, que todos los disfrutamos”, ha añadido. Redondo ha destacado que en 2005 España “dio un salto histórico” y desde entonces “más de 75.000 familias han podido desarrollar su proyecto vital y ser completamente libres e iguales”.

La ministra también ha señalado las leyes y discursos enarbolados por la extrema derecha que amenazan los derechos LGTBI. “Somos conscientes de que no hay derechos irreversibles”, ha afirmado. “Estaremos en Budapest, pero también estaremos dentro de nuestra país contra quienes no quieren colocar las banderas del Orgullo o quienes pretenden retrotraernos a tiempos anteriores”, ha agregado.

La mayoría de PP y Vox en las Corts Valencianes tumba una propuesta que reclama que las conocidas como terapias de conversión sexual sean consideradas delito y figuren específicamente en el Código Penal. La derecha y la ultraderecha han votado en contra de una proposición no de ley presentada por Compromís a instancias de colectivos LGTBi, después de que en la ley de acompañamiento a los presupuestos se modificaran las referencias a estas terapias.

En una de las enmiendas aprobadas a esta norma, que se aprobó hace escasas dos semanas, se refleja que “se prohíben las terapias que puedan suponer una agresión o intimidación a la persona trans”, y a renglón seguido que es “posible acogerse a acompañamiento siempre que se opte libre y voluntariamente”. La conselleria insistió en que el cambio normativo no avala este tipo de terapias. El director general de Diversidad, Stephane Soriano, aseguró que “las terapias contra las personas trans están totalmente prohibidas en la Comunidad Valenciana”. Al respecto, Compromís y el PSPV alertaron del cambio y denunciaron que “eliminan contenido sobre diversidad sexual, abriendo la puerta a las terapias de conversión y, en definitiva, desmontando las garantías de protección a las personas trans, especialmente a las infancias”

Durante el debate, celebrado en la sesión de este miércoles -las votaciones se realizan en bloque el jueves- el diputado de Compromís Francesc Roig defendió la necesidad de considerar estas supuestas terapias como delito para así facilitar la protección de las víctimas. Es algo que pide una proposición de ley orgánica registrada en el Congreso por Sumar, Podemos, ERC, BNG y Junts, a propuesta de la asociación No es Terapia, para castigar con penas de uno a cuatro años de cárcel. La diputada socialista Cristina Martínez coincidió en denunciar estos cambios, al considerar que “las mal llamadas terapias de conversión son crueles, inhumanas y no deberían haber existido nunca”. “No es terapia, es tortura”, proclamó tras anunciar su apoyo a la iniciativa de Compromís.

El PP niega que se avalen las terapias

La diputada del PP Verónica Marcos aseguró que “el PP nunca ha avalado, avala ni avalará jamás las terapias de conversión”, que “están prohibidas y seguirán prohibidas”, por lo que tachó de “bulo” las críticas de la izquierda. “Hemos tenido que poner sentido común para garantizar la supervisión médica y psicológica” con “protocolos reales”, justificó sobre los cambios en la Ley Trans que ve “ineficaz”. Pese a ello, su grupo ha votado en contra de la propuesta.

Además, acusó al anterior gobierno del PSPV, Compromís y Unides Podem, que impulsaron una norma pionera en España, de guardar las denuncias “en un cajón para que caducaran” y de “no personarse en ningún procedimiento”, mientras el actual Consell “ha remitido los casos a Fiscalía”. En su réplica, el diputado de Compromís desmintió esta afirmación, asegurando que la vicepresidenta y consellera de Igualdad, Susana Camarero (PP), “aseguró que se personaría en todos los delitos” de agresiones LGTBI y “lo han hecho en cero casos” según una respuesta parlamentaria de Presidencia.

La diputada de Vox Ángeles Criado sí defendió lo que califica como “el acompañamiento” a personas LGTBI: “Una persona que está en un periodo de confusión de identidad está en su derecho de que alguien le acompañe, si voluntariamente quiere, y puede elegir a quien le dé la gana en función de sus creencias religiosas”, argumentó la parlamentaria ultraderechista. Los parlamentarios de izquierdas afearon la intervención de Criado, calificando este ideario como “transfobia” y “fanatismo religioso”, mientras reivindicaron “la libertad de ser”. “El pecado es el que hacéis vosotros, y lo pagaréis más pronto que tarde”, lanzó Roig a la bancada ultra.

Más de un millón de ciudadanos de países de la Unión Europea se han sumado a una recogida de firmas que propone una prohibición legislativa de las llamadas “terapias de conversión” dirigidas a personas LGTBQ+ en los países del espacio comunitario y que la Comisión Europea estará obligada a estudiar una vez alcanzados los requisitos mínimos.

Presentada en enero de 2024 por la organización francesa ACT (Against Conversion Therapy), que fue fundada apenas un año antes, y promovida por el joven Mattéo Garguilo, activista contra este tipo de terapias, lo cierto es que esta iniciativa ciudadana europea ha logrado las firmas mínimas necesarias para llevar su caso ante la Comisión Europea liderada por Ursula von der Leyen en las últimas horas del plazo.

En la iniciativa se explica que este tipo de pseudoterapias, que tienen lugar en muchas ocasiones en entornos religiosos y que son secretas en la mayoría de los casos, consisten en prácticas que buscan modificar la orientación sexual o la identidad de una persona “para alinearla con las normas heterosexuales y cisgénero”. Algunos de los métodos utilizados van desde el uso de exorcismos o intervenciones espirituales hasta la “castración hormonal” o el recondicionamiento del placer.

De acuerdo con un informe del Parlamento Europeo del año 2022, se estima que el 2% de los ciudadanos LGTBIQ+ europeos han sido sometidos a alguna de estas terapias. Este porcentaje aumenta hasta el 5% cuando se estiman las personas de la UE a las que se ha ofrecido en alguna ocasión participar en una de estas terapias homófobas.

En su petición pública, ACT explica que este tipo de prácticas, alejadas del método científico, han sido calificadas como tortura por las Naciones Unidas y que actualmente ya están prohibidas en varios estados debido a su carácter “discriminatorio, degradante, dañino y fraudulento”. Para hacer frente a ello, esta propuesta que ha obtenido ya más de 1.100.000 firmas, solicita que la Comisión Europea, mediante una Directiva, añada las prácticas de conversión a la lista de eurodelitos o, como alternativa, que modifique la actual Directiva sobre igualdad (aprobada en 2008) para que se incluya una prohibición de estas prácticas.

Asimismo, piden que se emita desde la Comisión una resolución no vinculante que exija la prohibición generalizada de las terapias de conversión en la Unión Europea y que establezca normas mínimas sobre los derechos, el apoyo y la protección de las víctimas de estas prácticas en la Directiva europea sobre derechos de las víctimas.

Francia, país de origen de la iniciativa ciudadana, ha sido el que más firmantes ha aportado a la causa, con casi 600.000 solicitantes, seguido de España, con más de 140.000, Alemania, con casi 90.000, o Italia, con más de 50.000 firmas.

En el caso español, en su artículo 17, la ley trans y LGTBI, aprobada en febrero de 2023, establece de forma clara la prohibición de estas pseudoterapias: “Se prohíbe la práctica de métodos, programas y terapias de aversión, conversión o contracondicionamiento, en cualquier forma, destinados a modificar la orientación o identidad sexual o la expresión de género de las personas, incluso si cuentan con el consentimiento de la persona interesada o de su representante legal”. Sin embargo, no todos los países de la UE cuentan con legislación similar.

Además, hasta siete normas autonómicas hacen referencia a estas “terapias de conversión”, aunque en los últimos meses se han introducido modificaciones en la normativa de la Comunidad de Madrid, donde se eliminó la referencia al género, o en la Comunitat Valenciana, donde PP y Vox han pactado cambios que de facto legalizan estas prácticas si la persona afectada participa de ellas de forma “libre y voluntaria”.

El PP de Madrid ha votado en contra de una iniciativa impulsada por Más Madrid que pretendía exigir al Gobierno central que las terapias de conversión hacia personas del colectivo LGTBIQ+ sean delito. De esta forma, la formación de Isabel Díaz Ayuso se ha unido a Vox este jueves en el pleno de la Asamblea de Madrid para rechazar una Propuesta No de Ley (PNL) argumentando que con esta medida los partidos progresistas pretenden atacar a la Iglesia, después de que la Asociación Española contra las Terapias de Conversión denunciase que siete diócesis siguen acogiendo estas prácticas. El texto ha sido rechazado con 80 votos en contra y 51 a favor.

La diputada del PP Mónica Lavín ha justificado la postura de su partido asegurando que la propuesta de Más Madrid está basada en “acusaciones infundadas” contra la Conferencia Episcopal, también acusa al partido de Manuela Bergerot de “instrumentalizar” al colectivo LG TBIQ+. A pesar de criticar el texto de la medida de Más Madrid, la representante de los populares en este debate ha insistido en que “las terapias de conversación son torturas y están sancionadas por la ley”. Para los populares estas técnicas, denunciadas por la Asociación Española contra las Terapias de Conversión, “no son una realidad significativa”. Y ha añadido: “Se prohíben por si a algún fanático se le ocurre [llevarlas a cabo]”. 

La impulsora de la PNL ha sido la diputada de Más Madrid Jimena González. En su intervención, ha recordado la denuncia presentada ante el Ministerio de Igualdad por la Asociación Española contra las Terapias de Conversión, en la que señalaron a siete diócesis, entre ellas Madrid y Barcelona, además de Alcalá de Henares, Getafe, Valencia, Sigüenza-Guadalajara y Málaga. “Son auténticas torturas”, ha reivindicado González, que ha recordado que “mediante violencia psicológica” y “médica” los afectados son empujados, en muchas ocasiones, por sus propios familiares, a participar en ellas. 

Instaban a garantizar la reparación del daño ocasionado

El texto de la PNL que no ha salido adelante proponía a la Asamblea que instase al Gobierno autonómico a “poner a disposición de las posibles víctimas de los hechos denunciados todos los recursos legales necesarios con el objetivo de garantizar la reparación del daño ocasionado”. Además, pretendía urgir al “Gobierno de España a realizar las modificaciones legales oportunas para que la realización de terapias de conversión hacia personas del colectivo LGTBIQ+ pasen de ser infracciones administrativas a tener la consideración de delito”. Siguiendo el espíritu de su propuesta, González ha asegurado que con estas terapias se condena a las víctimas “a una vida llena de odio y asco hacia sí mismos”.

Por su parte, el diputado socialista Santiago Rivero ha asegurado que “muchas” de las víctimas de estas terapias son “menores de edad”, a los que se somete a técnicas de “exorcismo” y a “descargas eléctricas”. “Tendríamos que estar de acuerdo en que este tipo de prácticas son torturas”, ha insistido. Posteriormente, ha detallado que estas prácticas también conllevan el relato de “falsos testimonio de personas que presuntamente han salido de la homosexualidad”. 

Vox ya anunció en su turno de palabra que votarían en contra criticando a la formación de Bergerot, a la que acusó de “imponer” y “perseguir” sus dogmas, aspirando al “control total de la opinión”, tal y como ha expuesto la diputada de la extrema derecha María Belén González. A pesar de que la PNL se centraba en terapias de conversión del colectivo, la representante de Vox ha dirigido su intervención contra la transexualidad. Esta política ha defendido que hay que “escuchar antes de mutilar”, así como “ofrecer ayuda antes de imponer una identidad construida sobre la prisa”.

La Fiscalía Provincial de València ha incoado diligencias de investigación penal tras una denuncia presentada por Compromís contra la Fundación San Vicente Mártir de Colegios Diocesanos por las terapias de conversión sexual a personas LGTBI. Los hechos investigados, según el fiscal instructor designado en las deligencias, podrían ser constitutivos de los presuntos delitos de odio, asociación ilícita y grupo criminal. Se trata de una fundación pía autónoma, de carácter público, erigida canónicamente por el entonces arzobispo Agustín García Gasco en 1994 que agrupa a los colegios diocesanos, cuya titularidad ostenta bien directamente el Arzobispado o a través de las parroquias.

El Ministerio Fiscal investiga a la entidad por “promover formaciones en pseudoterapias de conversión homófobas en 60 centros educativos diocesanos”, según ha dicho este jueves el diputado de Compromís Francesc Roig.

El parlamentario sostiene que se trata de una “gran noticia” para “proteger a los jóvenes LGTBI”. “Los centros educativos tienen que ser espacios seguros para todas y todos. Las pseudoterapias de conversión homófobas coartan la libertad de los jóvenes”, ha abundado.

Compromís critica la inacción del Consell

Compromís denuncia la “inacción” del Arzobispado de València y de varios departamentos del Gobierno autonómico de Carlos Mazón, tales como Educación e Igualdad —en manos de los consellers José Antonio Rovira y Susana Camarero— “por no hacer nada” ante las denuncias de la formación y de las asociaciones que investigan las terapias de conversión sexual. “Desde Mazón a Rovira, pasando por Susana Camarero, aquí nadie ha movido ni un dedo y es una auténtica vergüenza que esto esté pasando”, ha dicho Francesc Roig.

El parlamentario de Compromís ha vinculado a la fundación con el Arzobispado de València y ha recordado que la entidad “opera en 60 centros educativos concertados diocesanos” pagados “entre todos y todas”. “Forma parte de la extensa trama de pseudoterapias de conversión homófobas practicadas en nuestras comarcas”, ha añadido.

Roig también ha emplazado al Arzobispado de València a “ser más valientes” ante presuntos delitos “que son muy graves”. “Sobre todo esperamos que Rovira, Camarero y Mazón actúen de una santa vez, porque está en juego la integridad física y la salud emocional y mental de estos niños y niñas, porque los centros educativos tienen que ser espacios seguros”, ha concluido el diputado.

Compromís mantiene activo una página web que aporta información sobre las organizaciones y los responsables de estas prácticas y cursos.

Estas prácticas, que deberían estar erradicadas y perseguidas con todo el peso de la ley, suponen un atentado directo contra la dignidad de las personas LGTBIQ+. Son ya muchos los estudios que han demostrado que las personas sometidas a estos métodos acaban sufriendo altísimos niveles de ansiedad, depresión e incluso pensamientos suicidas. 

Y lo peor de todo es que sean precisamente algunas diócesis de la Iglesia católica en España las que continúan amparando y promoviendo estas atrocidades a pesar incluso de que siguen sin asumir, reparar y pedir perdón por la responsabilidad que tienen en la ocultación de miles de abusos a menores cometidos por sus representantes durante decenios.

Es repugnante y absolutamente inaceptable que, en pleno siglo XXI, la Iglesia católica siga protegiendo, justificando y dando cobertura a los grupos que promueven estas prácticas que suponen un insulto a los derechos humanos y a los valores de una sociedad democrática, porque no se trata de una cuestión de libertad religiosa, sino de la vulneración sistemática de los derechos más básicos de miles de personas. 

No estamos hablando de creencias o dogmas, sino de vidas humanas destruidas por la intolerancia disfrazada de una supuesta fe que no puede utilizarse como excusa para pisotear la dignidad de nadie.

Pero tan grave o más que las terapias, es la descarada permisividad con la que ciertas instituciones judiciales y políticas toleran estas prácticas ilegales, al mismo tiempo que organizaciones ultraconservadoras como “Abogados Cristianos” o “Manos Limpias” dedican su tiempo y recursos a entorpecer el avance de los derechos sociales mediante denuncias falsas, bulos y manipulaciones mediáticas. Estas asociaciones fariseas, que se autoerigen en defensoras de la moral y la decencia amparadas por la Iglesia y apoyadas por la derecha más reaccionaria del PP y de VOX, han convertido la justicia española en un campo de batalla ideológico, en un lodazal en el que algunos jueces se revuelcan jactanciosos, actuando a su dictado y conveniencia y priorizando sus intereses sobre el respeto a la legalidad y los derechos fundamentales.

Es escandaloso que mientras estas organizaciones persiguen con saña cualquier avance en materia de igualdad, las terapias de conversión sigan sin ser erradicadas y perseguidas de oficio por jueces y fiscales. Es urgente que el Estado actúe con determinación para poner fin a estas prácticas y que quienes las promueven sean llevados de inmediato ante la justicia. 

No podemos permitir que el fanatismo siga destrozando vidas, ni que la impunidad se mantenga por la complicidad de sectores judiciales y políticos que, lejos de defender el Estado de derecho, lo utilizan como arma contra la igualdad y la convivencia democrática.

El Arzobispado de Toledo, ante informaciones respecto de una supuesta investigación de la Fiscalía, ha declarado que no ha recibido denuncia o queja alguna de ningún particular o asociación al respecto de la actividad de la asociación internacional 'Courage' relativa a terapias de conversión en territorio de esta archidiócesis.

Así ha reaccionado después de que se publicara en distintos medios que la Fiscalía Provincial de Toledo ha abierto diligencias al Arzobispado de Toledo y al apostolado de la Iglesia Católica Courage International, tras una denuncia de la Asociación Española contra las Terapias de Conversión -No Es Terapia- por delitos relacionados con la puesta en marcha de este apostolado que propone “terapia basada en la castidad dirigida a personas homosexuales”.

“Frente a las afirmaciones publicadas, esta asociación declara en sus documentos fundacionales no practicar terapias de conversión alguna ni pedir a sus miembros ningún cambio de orientación sexual. Más bien, su actividad se desarrolla en clave de fortalecimiento espiritual y en la formación de grupos de amistad en los que las personas que participan libremente, siempre mayores de edad, comparten inquietud semejantes y se ayudan a vivir cristianamente”, señala el Arzobispado en un comunicado.

Cabe recordar que el movimiento 'Courage International' ha sido noticia en los últimos días, debido a una charla que se iba a impartir en Cuenca y que fue cancelada debido al rechazo social. 'No es Terapia' denunció recientemente la práctica de terapias de conversión en varias diócesis españolas, incluida la de Guadalajara.

Por otra parte, el Arzobispado de Toledo aluda a las manifestaciones recientes de monseñor Luis Argüello, presidente de la Conferencia Episcopal, que indica que la expresión “terapias de conversión es imprecisa, amplia y no científica”, algo “que la Iglesia católica no apoya y que no se encuentra dentro del ámbito d acción pastoral”.

“Este Arzobispado comparte totalmente este criterio y declara que nunca ha realizado ni piensa realizar dichas terapias”, han defendido desde la institución eclesiástica

Respeto a “las supuestas acusaciones de delitos de odio, discriminación o asociación ilícita recogidas en algunos medios”, las ha calificado de “especialmente contradictorias”, argumentando que la Iglesia, siguiendo las enseñanzas y ejemplo de Jesucristo, “busca continuamente acabar con toda discriminación injusta, haciendo objeto de su amor preferencial a todos los que la sufren”.

Finalmente, el Arzobispado de Toledo espera que “estas aclaraciones contribuyan a poner luz en esta situación”.

L'Arquebisbat de València va confirmar al docent denunciat per fer teràpies de conversió sexual a persones LGTBI, prohibides per la legislació estatal i autonòmica, al lloc de president del Centre d'Orientació Familiar (COF) 'Mater Misericordiae', segons la documentació de l'entitat a la qual ha tingut accés elDiario.es.

Els estatuts del COF, revelats per Compromís, atorguen àmplies competències a l'arquebisbat per al nomenament del president, l'exclusió dels seus membres, la formació acadèmica i fins i tot per a la dissolució de l'entitat en cas d'escàndol per actuacions de l'associació. Els estatuts, entre les finalitats i les activitats del COF, inclouen els “serveis especialitzats d'orientació, assessorament i teràpia, conduents a afavorir una vida matrimonial i familiar més equilibrada i satisfactòria”.

El llavors arquebisbe Antonio Cañizares, del sector ultraconservador de la jerarquia eclesiàstica, va decretar l'“erecció” del COF com a associació pública de fidels el 2 de maig del 2019, amb la consegüent personalitat jurídica canònica. “Exhorte tots els seus membres al fidel compliment dels fins, amb el desig que aquesta associació produisca abundants fruits en bé de l'Església Diocesana”, afirma Cañizares al document.

El mateix dia, el llavors bisbe auxiliar de València, Antonio Ros (actual bisbe de Santander), va confirmar Federico MV com a president del COF. Es tracta del docent que va reconèixer un reporter de La Sexta que duia a terme teràpies prohibides i que va presidir durant quasi dues dècades l'Associació Catòlica de Mestres de València. La Fiscalia va obrir una investigació sobre les teràpies de conversió sexual prohibides després d'un informe de la inspecció educativa remès per la Conselleria dEducació.

Després de la confirmació de Federico MV com a president del COF de València, l'actual president de la Conferència Episcopal Espanyola (llavors secretari general), va signar el 14 de maig del 2019 la diligència d'autenticació dels decrets d'erecció canònica, d'aprovació dels estatuts i de confirmació del representant legal de l'entitat.

L'actual arquebisbe de València, Enrique Benavent, de tarannà més aperturista, es va distanciar de la polèmica entitat després de l'escàndol de les teràpies de conversió sexual. L'arquebisbat va obrir una investigació interna sobre els fets denunciats i va eliminar de la seua pàgina web el contacte de l'entitat presidida per Federico MV.

El Arzobispado de València confirmó al docente denunciado por realizar terapias de conversión sexual a personas LGTBI, prohibidas por la legislación estatal y autonómica, en el puesto de presidente del Centro de Orientación Familiar (COF) 'Mater Misericordiae', según la documentación de la entidad a la que ha tenido acceso elDiario.es.

Los estatutos del COF, revelados por Compromís, otorgan amplias competencias al arzobispado para el nombramiento del presidente, la exclusión de sus miembros, la formación académica e incluso para la disolución de la entidad en caso de “escándalo” por actuaciones de la asociación. Los estatutos, entre los fines y actividades del COF, incluye los “servicios especializados de orientación, asesoramiento y terapia, conducentes a favorecer una vida matrimonial y familiar más equilibrada y satisfactoria”. 

El entonces arzobispo Antonio Cañizares, del sector ultraconservador de la jerarquía eclesiástica, decretó la “erección” del COF como asociación pública de fieles el 2 de mayo de 2019, con la consiguiente personalidad jurídica canónica. “Exhorto a todos sus miembros al fiel cumplimiento de los fines, con el deseo de que esta asociación produzca abundantes frutos en bien de la Iglesia Diocesana”, afirma Cañizares en el documento.

El mismo día, el entonces obispo auxiliar de València, Antonio Ros (actual obispo de Santander), confirmó a Federico M. V. como presidente del COF. Se trata del docente que reconoció a un reportero de La Sexta que llevaba a cabo terapias prohibidas y que presidió durante casi dos décadas la Asociación Católica de Maestros de València. La Fiscalía abrió una investigación sobre las terapias de conversión sexual prohibidas tras un informe de la inspección educativa remitido por la Conselleria de Educación. 

Tras la confirmación de Federico M. V. como presidente del COF de València, el actual presidente de la Conferencia Episcopal Española (entonces secretario general), firmó el 14 de mayo de 2019 la diligencia de autenticación de los decretos de erección canónica, de aprobación de los estatutos y de confirmación del representante legal de la entidad.

El actual arzobispo de València, Enrique Benavent, de talante más aperturista, se distanció de la polémica entidad tras el escándalo de las terapias de conversión sexual. El arzobispado abrió una investigación interna sobre los hechos denunciados y eliminó de su página web el contacto de la entidad presidida por Federico MV.

Si bien el arzobispado de València ha tratado de desvincularse del organismo denunciado por el escándalo de las terapias de conversión sexual a personas LGTBI, los estatutos del Centro de Orientación Familiar (COF) 'Mater Misericordiae' vinculan de lleno el polémico ente a la jerarquía valenciana de la Iglesia Católica. El arzobispado se limitó a anunciar una investigación interna. Sin embargo, los estatutos de la entidad, desvelados este martes por Compromís, otorgan al arzobispo, Enrique Benavent, importantes competencias de control de la entidad. El nombramiento del presidente, la exclusión de sus miembros, la formación académica y la sede del COF dependen directamente del arzobispo. También la disolución de la entidad en caso de “escándalo” por actuaciones de la asociación.

El COF se rige bajo la “alta dirección” del arzobispo. De hecho, al arzobispado le corresponde el derecho de visita e inspección de “todas las actividades” de la asociación, la capacidad de suprimir o disolver la propia entidad e incluso el cambio de presidente. “Cuando lo exijan graves razones, el Arzobispo diocesano podrá designar un comisario que, en su nombre, dirija temporalmente la asociación”, según rezan los estatutos.

Entre las “graves circunstancias” figura el “escándalo producido por actuaciones de la asociación”. Tras las denuncias sobre las terapias de conversión sexual de un docente en un centro católico, prohibidas por la legislación autonómica y estatal, la Fiscalía abrió diligencias de investigación penal después de que la Conselleria de Educación aportara un informe de la inspección educativa.

El docente en cuestión, Federico M. V., que reconoció a un reportero de La Sexta que llevaba a cabo terapias prohibidas, preside el COF. También presidió durante casi dos décadas de la Asociación Católica de Maestros de València. 

El arzobispado retiró de su página web los datos de contacto de la polémica entidad después de que elDiario.es desvelara que, a pesar de su investigación interna y de la denuncia de la Conselleria de Educación, seguía ofreciendo el teléfono de Federico M. V. 

Los estatutos del COF indican que la entidad nace con una doble personalidad jurídica: civil y canónica pública, sin ánimo de lucro y “erigida en la Archidiócesis de Valencia”. Fueron firmados ante notario el 2 de mayo de 2019, durante la anterior etapa del arzobispo Antonio Cañizares, por el canciller-secretario José Francisco Colomer Castelló.

La vinculación directa del COF con el arzobispado aparece en varios artículos del documento. Empezando por su domicilio social (en un edifico de la calle de las Avellanas), vinculado al Arzobispado de València. “Cualquier cambio de dirección deberá contar con el beneplácito del Obispo Diocesano y ser notificado previamente a la secretaría general del Arzobispado de Valencia, la cual lo notificará al Registro de Entidades Religiosas del Ministerio de Justicia”, rezan los estatutos.

Entre los fines y actividades de la entidad destacan los “servicios especializados de orientación, asesoramiento y terapia, conducentes a favorecer una vida matrimonial y familiar más equilibrada y satisfactoria”. Además, el COF también se centra en la formación “religiosa y moral de los fieles”, con la prioridad de la “vivencia del matrimonio cristiano, de acuerdo con los principios evangélicos y la doctrina de la Iglesia Católica”, además de la evangelización de “todas aquellas personas que soliciten sus servicios, sin distinción alguna”. 

La “formación permanente”, a cargo de la UCV

La entidad se encarga de la “formación permanente” de sus miembros en coordinación con la sección española del Pontificio Instituto Teológico Juan Pablo II, dependiente del Vaticano y cuya sede en España corresponde a la Universidad Católica de València (UCV), un centro privado propiedad del arzobispado.

Fuentes de toda solvencia conocedoras de las interioridades del ente vinculan ese ámbito formativo al máster universitario de Ciencias del Matrimonio y la Familia de la UCV, en el cual ejerce como docente (de la asignatura ética y sexualidad) Juan Andrés Talens Hernandis, un reverendo que, a su vez, es asesor del COF y director del Secretariado para la Defensa de la Vida del arzobispado, que agrupa, además del ente presidido por Federico M. V., a entidades centradas en atacar el derecho al aborto. El COF, según sus estatutos, también imparte cursos de orientación al matrimonio “para quienes voluntariamente lo deseen”.

Los miembros del COF, ya sean de pleno derecho (con voz y voto en las asambleas) o meros colaboradores o simpatizantes deben ser “avalados” por, al menos, dos asociados para luego ser admitidos por la junta directiva. Quedan excluidos los aspirantes que “rechacen públicamente la fe católica” o que hayan incurrido en una censura de excomunión impuesta o declarado, entre otros supuestos de inadmisión.

Presidente “confirmado” por el arzobispo

La asamblea general, reunida una vez al año, elige a los miembros de la junta directiva y al presidente del COF, que debe ser “confirmado” por el arzobispo o por el obispo auxiliar o vicario general con mandato especial para ello, “si procede”. Eso sí, los estatutos de la entidad excluye para el puesto de presidente a quien desempeñe cargos de dirección en partidos políticos sindicatos e instituciones similares en el ámbito municipal, provincial o autonómico.

Por su parte, los miembros de la junta directiva “están llamados, según su propia condición, a llevar una vida santa y a trabajar para que el mensaje divino de salvación alcance a todos los hombres”. Las competencias del presidente incluyen la tarea de “comunicar” al arzobispado la composición de la junta directiva, además del estado anual de las cuentas. Por lo demás, la asamblea también está capacitada para acordar las modificaciones del estatuto “antes de que sean presentadas a la aprobación del arzobispo diocesano”.

El administrador del COF —“obligado a cumplir su función con la diligencia de un buen padre de familia”— se encarga de “rendir cuentas cada año al Arzobispo” de las cuentas para su revisión por parte de los organismos diocesanos competentes, en particular el consejo de asuntos económicos. Además, el consiliario (una suerte de consejero eclesiástico) resulta nombrado por el arzobispo, “previa consulta a la junta directiva, si lo estima oportuno”.

La entidad se financia con las cuotas de sus socios, donativos, subvenciones públicas o privadas o “cualquier otro rendimiento lícitamente adquirido y tributado a Hacienda, si es el caso”.

La diócesis de Cuenca ha decidido finalmente recular y cancelar la charla del movimiento ultracatólico 'Courage International', prevista para este martes 21 de enero en la capital provincial. Lo ha hecho con un breve comunicado, y tras una concentración de protesta, organizada por la asociación transfeminista NosOtras de Cuenca.

El Obispado conquense justificaba el domingo el evento, ahora cancelado, asegurando que según 'Courage International' se trataba de “una acción pastoral” que excluye “cualquier tipo de terapia reparativa o conductual” y que solo buscaba “acompañar a las personas que libremente lo deseen y que quieran vivir de modo coherente su fe en su propia situación”.

Eso es algo muy distinto a lo que sostienen distintos expertos de todo el mundo, que rechazan las prácticas de esta asociación y colectivos como la Asociación NosOtras. “Se trata de una organización ultracatólica nacida en los Estados Unidos en los años 70 que propone la castidad como camino específico para las personas LGTB”.

Su portavoz Estefanía Prior celebra la decisión del Obipsado de Cuenca, pero advierte: “Los derechos fundamentales o se luchan o se pierden”. “No se puede dar por sentado que nuestros derechos se van a mantener, y más con la ola reaccionaria que está creciendo en los últimos meses. No podemos dar por sentado snuestros drechos o los defendemos, o los perdemos”, señala Prior a elDiarioclm.es.

Fuentes de la Consejería de Igualdad han señalado a este medio que charlas de este tipo “no tienen cabida ni moral ni legalmente”. El Gobierno regional estudia lo ocurrido en Cuenca y en Guadalajara para seguir trabajando en que “los derechos de las personas LGTBI sean respetados”.

'Courage International' es un movimiento fundado en 1978 en Estados Unidos para “tratar” la homosexualidad, que ha recibido críticas por todo el mundo, ya que ha llegado a comparar la homosexualidad con el alcoholismo. Tiene presencia en varios países, incluida España, donde está presente en las diócesis de Canarias, Toledo, Getafe y Alcalá. La charla que iban a realizar en Cuenca iba a suponer el primer paso para tener presencia también en el ámbito de esta provincia.

Algunas de sus prácticas aparecen en la denuncia por la supuesta promoción de ‘terapias de conversión’ en siete diócesis españolas que ya tramita el Ministerio de Igualdad y que, para obispos como José Ignacio Munilla de la diócesis Orihuela-Alicante, “no existen”, sino que son “un constructo ideológico del marxismo para impedir a la Iglesia acompañar pastoralmente a las personas con inclinaciones homosexuales, ayudándoles a vivir la virtud de la castidad”.

La asociación cultural NosOtras organizó el domingo una concentración para protestar contra la charla que finalmente se ha cancelado. Leyeron un comunicado en el que denunciaban la “la constante instigación que sufren las personas LGTBIQ+ por parte del sector reaccionario de la institución eclesial”.

“Queremos recordar que somos personas normales, que no necesitamos tratamiento ni conversión ni vivir una vida más ni menos casta que otras personas”, afirmaban. La iglesia católica admite que no puede “secundar ni participar ni recomendar tratamientos de este tipo”, ya que están prohibidos por la Santa Sede, una decisión que desde Cuenca, “lógicamente aceptan y comparten, plenamente”.

Estefanía Prior, de la asociación conquense, explica que ahora lo que esperan es que el Obispado de Cuenca pueda maniestarse en contra de “cualquier tipo de efecto” en la sexualidad de las personas LGTBI, “incluida la castidad”. “Otra cosa es que se promulgue para su comunidad, en general, pero no específicamente para las personas LGTBI. Esto es lo que nos falte por saber”.

Aunque “agradecen” que la diócesis finalmente decida manifestarse en contra de las terapias de conversión, recuerdan que ya lo hizo la Santa Sede y el Papa, “hace ya tiempo”. “Tenemos que decir que la movilización conquense funciona, tiene éxito y estamos de enhorabuena, porque hemos conseguido para esta formación que nunca debió tener lugar”, resalta Prior.

Sin embargo, mantendrán la convocatoria de este martes, frente a la parroquia San Fernando, en la que participarán otros colectivos como Familias TRANSformando Castilla-La Mancha. “Hemos sentido frustración, enfado y preocupación. Porque el mensaje que se traslada, una vez más, es que las personas LGTBI tenemos algún tipo de problema. Pero somos normales y no necesitamos ningún tipo de tratamiento ni actuación sobre nuestra sexualidad. Tenemos que trasladar el mensaje de que no estamos enfermos, que nuestras vidas y nuestra sexualidad es perfectamente normal”, recalca Prior.

Por eso, han decidido mantener esta protesta el martes 21 de enero, para incidir en que al colectivo LGTBI “no le queda más remedio que seguir en las calles”. “Los derechos humanos se defienden o se pierden”, remata Prior.

Este medio se ha puesto en contacto con la Conferencia Episcopal para conocer su posición ante estas 'terapias de conversión' y, en particular sobre el acto previsto en Cuenca, sin obtener respuesta al respecto, de momento.

El Ministerio de Igualdad ha abierto este martes un expediente sancionador tras la denuncia presentada por la Asociación contra las Terapias de Conversión contra siete diócesis españolas por acoger este tipo de prácticas dirigidas a intentar modificar la orientación sexual o identidad de género. La denuncia fue interpuesta el pasado 30 de diciembre y en ella se acusa a las diócesis de Madrid, Barcelona, Alcalá de Henares, Getafe, Valencia, Sigüenza-Guadalajara y Málaga, además de a personas físicas, una empresa y una fundación, de vulnerar la conocida como Ley Trans.

El departamento dirigido por Ana Redondo, que se ha reunido con el abogado y presidente de la entidad, Saúl Castro, “va a analizar el contenido” de la denuncia con el objetivo “de estudiar las acciones a impulsar en el marco de sus competencias”, ha explicado el ministerio a través de una nota de prensa.

La denuncia es por la “comisión activa” o por omisión de infracciones administrativas “muy graves” de la Ley 4/2023 para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI, que por primera vez a nivel estatal persigue “la promoción o práctica” de este tipo de métodos o programas “con independencia del consentimiento que pudieran haber prestado” sus víctimas o sus representantes legales. Lo considera la norma una infracción muy grave con multas que van desde los 10.001 a los 150.000 euros.

En la denuncia se señala al proyecto Transformados, que, según la asociación, se ha llevado al menos a 13 parroquias entre los años 2023 y 2024. “Se trata de una iniciativa que ha promovido también documentales para la práctica de la conversión con la idea de que la homosexualidad no es una orientación sexual natural, sino que es fruto de distintos traumas en el desarrollo de la identidad y de la madurez”, aseguró en su momento Castro, que asegura que la iniciativa consiste en que las personas homosexuales vivan “en castidad” y lleven a cabo prácticas religiosas diarias, entre ellas, la lectura de la Biblia, rezos diarios, asistencia a misa y confesión, para que “el amor que buscas en personas de tu mismo género sea sustituido por el amor que te da Dios”.

En el escrito de denuncia aparecen varios miembros del sector más ultra de la Iglesia y que buscan frenar cualquier atisbo de apertura en el interior de la misma. Por su parte, los obispos de Madrid y Barcelona se han desmarcado de las terapias y han asegurado que no han dado permiso para que se lleven a cabo.

Los detalles de la denuncia han sido este martes trasladados en la reunión mantenida con representantes del ministerio, entre ellos, el director general para la igualdad real y efectiva de las personas LGTBI+, Julio del Valle, que ha destacado “la necesidad de abrir un debate social sobre lo que significan las terapias de conversión” y ha puesto el foco en los efectos que tienen: “Pueden acarrear consecuencias psicológicas a lo largo de toda la vida, afectando a su vida afectivo-sexual”, ha dicho al finalizar el encuentro.

Son miembros de la 'fachosfera clerical', el grupo de sacerdotes que utiliza las redes sociales para arremeter contra las reformas del papa Francisco, atacar cualquier atisbo de reforma en la Iglesia o desear “el infierno” a los que no piensan como ellos. Han sido cuestionados –con más o menos éxito– en sus diócesis, pero ello no les ha impedido hacer su propia iglesia 'paralela' a través de la red. Pese a sus diferencias, mantienen algunos puntos en común. Uno de ellos, el rechazo a cualquier apertura al colectivo LGTBIQ+ en la Iglesia, y su apoyo a las terapias de conversión, condenadas por Roma y, al menos sobre el papel, por la Conferencia Episcopal.

De hecho, aparecen juntos en la denuncia presentada el pasado 30 de diciembre por la Asociación Española contra las Terapias de Conversión y el Ministerio de Igualdad, y que también afecta a siete diócesis: Barcelona, Madrid (que se han desmarcado públicamente de estas prácticas), Getafe, Sigüenza-Guadalajara, Valencia (cuyo Arzobispado, a preguntas de elDiario.es, asegura que “no está en ese tipo de prácticas”), Alcalá de Henares y Málaga, así como a dos instituciones: Media Salud Comunicación SL, dirigida por Marta Sanz Lovaine; y la Fundación Nueva Evangelización para el siglo XXI, editora de uno de los medios que les da cobijo, Religión en Libertad.

¿Quiénes son? Ni más ni menos que el sacerdote argentino, e hijo del conocido como 'carnicero de Salta', Javier Olivera Ravasi; quien fuera hasta hace unos meses delegado de Medios del Obispado de Getafe, Julián Lozano; el sacerdote e influencer de Madrid, Jesús Silva; o el valenciano Juan Andrés Talens, ya implicado este verano en la denuncia a un profesor de Valencia por intentar “curar la homosexualidad” de sus estudiantes, que además es el director del Secretariado para la Defensa de la Vida del Arzobispado de Valencia.

Entre los implicados también aparecen algunos miembros de Courage, una institución que defiende que la homosexualidad es una enfermedad y que, como tal, tiene cura. Implantada en las diócesis de Getafe y Alcalá, de momento no ha conseguido permiso de actuación diocesana en Madrid. En total, a lo largo de 94 páginas de denuncia, se señalan al menos 13 actos organizados en torno al proyecto Transformados en cinco comunidades autónomas.

Algunos centros, como Buenafuente del Sistal (Guadalajara), se han desmarcado de las terapias, asegurando que ellos no han organizado nada parecido. Cuestión distinta es que en sus instalaciones se hayan podido producir, sin que se hubiera solicitado permiso para ello, aducen.

Transformados se define como un apostolado dirigido a “aquellas personas con tendencia o atracción hacia el mismo sexo que pueden, por medio de un camino de conversión o de cambio de vida, volver de vuelta a sus orígenes biológicos”, según se detalla en la denuncia. En este sentido, Transformados insta al rechazo y negación de la orientación sexual propia por considerar la homosexualidad como un resultado de traumas, confusiones, heridas emocionales o presión social por los medios de comunicación y la cultura.

Julián Lozano es uno de los protagonistas absolutos de las sesiones llevadas a cabo en Getafe. Ha llegado a colgar en su canal de YouTube varias de las 'charlas' denunciadas. La primera de ellas se llevó a cabo en la parroquia Santa Maravillas de Jesús de Getafe el 20 de junio de 2023; la segunda el 12 de marzo de 2024 en la iglesia Santa María Magdalena de Ciempozuelos. En declaraciones a la cadena Ser, fuentes de la diócesis de Getafe reconocieron la celebración de los dos eventos, pero han negado categóricamente que se tratara de terapias de conversión porque, por ejemplo, “no se hacía acompañamiento”. Además, aseguran que “solo fueron testimonios de acercamiento a la fe de personas que previamente no eran católicas”. Posteriormente, la diócesis emitió un comunicado, de apenas una frase, en el que “reitera y subraya su rechazo a las terapias de conversión para personas homosexuales”.

Lozano ha 'contestado' a la denuncia en un hilo de X en el que asegura que se compartieron “dos testimonios de conversión”. “Se trata de una conversión a la fe en Cristo. No se habla para nada de ningún tipo de terapia”, añade, subrayando que hablaron “dos personas que experimentaron atracción al mismo sexo, que vivieron múltiples relaciones homosexuales, y a las que el encuentro con Cristo ordenó el corazón y la vida entera”. El sacerdote finaliza asegurando que cuenta en su canal de YouTube con otros vídeos similares porque “no hay nada que esconder. No hay odio. Hay libertad para exponer la mirada de la Iglesia y la acción de Dios”.

Con respecto a Juan Andrés Talens, según la denuncia, el 28 de junio de 2023, día del orgullo LGTBIQ, la Parroquia de San Miguel y San Sebastián de Valencia, de la que es párroco, acogió un evento donde dos “exgays sanados” relataron sus testimonios ante 150 personas para afirmar que es posible “iniciar una terapia de conversión de la orientación sexual basada en la abstinencia y la práctica religiosa”. Talens también presentó el libro de otro sacerdote, Óscar García Mulet, Crecer como niños, crecer como niñas, que justifica todas estas terapias. Un volumen prologado, por cierto, por el omnipresente obispo Munilla. 

Por su parte, el editor de Religión en Libertad, Álex Rosal, publicaba en su web un escrito en el que calificaba la denuncia de “disparatado bulo” que“ ha generado una grave difamación” y negando que las conferencias incluyan “ningún tipo de terapia”.

Saúl Castro, presidente de No es Terapia y responsable de la denuncia, asistió a tres eventos organizados por Transformados. Dos de ellos en la parroquia de San Ildefonso de Madrid, y otro en Ciempozuelos. “Me parecieron esperpénticos”, recuerda en conversación con elDiario.es. “Se escuchaba una versión absolutamente sesgada y estigmática de lo que sería 'la vida gay', como una existencia inherentemente infeliz, marcada por la violencia sexual, las drogas y la promiscuidad, así como por las malas relaciones familiares y el rechazo social”, explica.

“Me pareció horrendo que usaran esos testimonios para justificar que el apostolado de castidad transformado ofrece una alternativa a la vida de desgracias e infelicidad que nos tocaría a los homosexuales si vivimos con libertad y normalidad nuestra identidad”, recalca Castro, quien muestra su preocupación por el número de asistentes, más de un centenar, y las preguntas que se hicieron “a los ex homosexuales intervinientes, sobre cómo ayudar y convencer a sus amigos gays para salir de esa vida”.

Obispos progresistas “hacen la vista gorda”

“Claramente, eran unos eventos para captar a víctimas y promover entre ellas estas terapias religiosas de conversión”, sostiene Saúl Castro, quien ve “normal” que muchos de los sacerdotes implicados pertenezcan a la ultraderecha eclesial. “Lo que me sorprende es que obispos socialmente vistos como más progresistas hagan la vista gorda y no implementen medidas para garantizar que estos eventos no se lleven a cabo en sus instalaciones y bajo su abrigo”.

Sobre los comunicados de Lozano y Religión en Libertad, que “vienen a reconocer abiertamente que promovieron el apostolado ‘Transformados’ pero se escudan en que no promueve ninguna terapia de conversión porque los métodos para anular y modificar la sexualidad no implican tratamientos médicos ni psicológicos”, Saúl Castro reitera que el concepto ‘terapias de conversión’ también incluye, según Naciones Unidas, “los enfoques religiosos”, como los que se planteaban en las charlas.

De hecho, la propia Marta Sanz “reconoce que este enfoque es ilegal y que no puede decir abiertamente que ofrecen acompañamiento para salir de la castidad porque si no, en España, le quitan el vídeo”, recalca el presidente de No es Terapia, quien muestra su confianza en que la denuncia tenga su recorrido porque “es irrefutable que difundían terapias religiosas de conversión basadas en la castidad. Es tan irrefutable que, de hecho, hasta algunos de los propios denunciados lo reconocen”. Pese a no tratarse de un delito penal en España, las penas a las que se pueden enfrentar los denunciados es al cierre de las mercantiles y de sus webs, la prohibición de contratar con la administración y multas de entre 10.001 y 150.000 euros.

Castro no está solo: el pasado viernes, CRISMHOM, el colectivo cristiano LGTBI+H de Madrid, emitió un comunicado en el que manifiesta “su pleno rechazo a cualquier práctica que busque la supuesta conversión o reversión de la identidad o la orientación de las personas LGTBI”, al tiempo que, “agradecemos y apoyamos la labor realizada por No es terapia en la defensa de nuestros derechos fundamentales como seres humanos”. “Oramos por todas las personas que son víctimas de estas situaciones, y por la conversión de quienes son victimarias”, concluye el comunicado de los cristianos LGTBI de Madrid.

Toda la información en www.religiondigital.org

Las falsas 'terapias de conversión' dirigidas a personas homosexuales para “cambiar su sexualidad” no cuentan con el respaldo de los dos cardenales más cercanos al Papa Francisco en España. Ni el ex presidente de la Conferencia Episcopal Española (CEE) y arzobispo de Barcelona, Juan José Omella, ni el vicepresidente de los obispos y prelado de Madrid, José Cobo, “han dado permiso para las terapias de conversión”, tal y como han señalado fuentes oficiales de ambas diócesis a preguntas de elDiario.es después de que se conociera la denuncia presentada el pasado 30 de diciembre ante el Ministerio de Igualdad por la Asociación Española contra las Terapias de Conversión. La denuncia señala a siete diócesis, entre ellas Madrid y Barcelona, además de Alcalá de Henares, Getafe, Valencia, Sigüenza-Guadalajara y Málaga.

El Arzobispado de Madrid ha dejado claro que “no se ha dado permiso” para este tipo de terapias, y añade que “se desmarca de la organización de estas iniciativas y de cualquier empresa privada que las lleve a cabo. Del mismo modo, la diócesis recuerda que ”las terapias ya han sido rechazadas por la Santa Sede, que instó en 2021 a no secundar, participar ni recomendar estos tratamientos“, e insiste en que la Iglesia de Madrid contempla, en su proyecto pastoral, ”el acompañamiento a las personas con orientación sexual diversa y a sus familiares“, en consonancia con lo estipulado por el Papa Francisco en su texto Amoris Laetitia.

Igual de rotunda se muestra la diócesis de Barcelona, que ha expresado su “disconformidad con estas terapias de conversión, especialmente las que se hayan podido organizar en territorio diocesano”, al tiempo que “se desmarca de la organización de estas iniciativas que presuntamente están vinculadas a dos empresas privadas que no tienen ningún vínculo con la archidiócesis de Barcelona”.

En la demanda, a la que ha tenido acceso elDiario.es, se señala al proyecto Transformados, de Media Salud Comunicación S. L., y la Fundación Nueva Evangelización para el siglo XXI, que han llevado al menos a 13 parroquias de cinco comunidades autónomas charlas con varios supuestos exgais que pasaron por dichas terapias. Alguno de ellos, incluso, acabó convirtiéndose en sacerdote.

El arzobispado barcelonés, dirigido por el cardenal Omella, además añade que “la Santa Sede condenó estos tratamientos hace unos años y recientemente el papa Francisco reiteró su preocupación por estas prácticas en una reunión con un grupo de prelados”.

Del mismo modo, consultada por elDiario.es, la diócesis de Valencia, otra de las implicadas en la denuncia, subraya que “no está en ese tipo de prácticas”. Sin embargo, fuentes de la diócesis de Getafe consultadas por la cadena SER han reconocido la celebración de dos eventos (en los que participaba quien fuera su director de Comunicación, Julián Lozano), pero han negado categóricamente que se tratara de terapias de conversión porque, por ejemplo, “no se hacía acompañamiento”. Además, aseguran que “solo fueron testimonios de acercamiento a la fe de personas que previamente no eran católicas”.

El presidente de la Asociación Española contra las Terapias de Conversión, Saúl Castro, explicó cuando interpuso la denuncia que la organización ha estado presente en algunos de los actos. “Se trata de una iniciativa que ha promovido también documentales para la práctica de la conversión con la idea de que la homosexualidad no es una orientación sexual natural, sino que es fruto de distintos traumas en el desarrollo de la identidad y de la madurez”, asegura.

Según su explicación, la terapia de conversión Transformados consiste en que las personas homosexuales vivan “en castidad” y lleven a cabo prácticas religiosas diarias, entre ellas, la lectura de la Biblia, rezos diarios, asistencia a misa y confesión, para que “el amor que buscas en personas de tu mismo género sea sustituido por el amor que te da Dios”. Desde la Asociación explican que la terapia asegura que si se llevan a cabo las prácticas de manera continuada se puede “reparar” la homosexualidad y dan “ejemplos” de “supuestos homosexuales” que “dejaron de serlo”. “Recomiendan específicamente asociaciones que acompañan a personas homosexuales que supuestamente quieren dejar de serlo”, critica Castro.

Toda la información en www.religiondigital.org

La Asociación Española contra las Terapias de Conversión ha formulado una denuncia ante la Dirección General para la Igualdad Real y Efectiva de las Personas LGTBI+ del Ministerio de Igualdad contra varias diócesis españolas, entre las que se encuentra la de Sigüenza-Guadalajara, así como contra personas físicas y una empresa y una fundación por llevar a cabo terapias de conversión dirigidas a las personas homosexuales para “cambiar su sexualidad”. El proyecto en cuestión se llama 'Transformados'.

El presidente de la asociación, Saúl Castro, explica que su organización tuvo conocimiento de los hechos desde el año 2023, cuando comenzaron con la investigación, a raíz de una serie de panfletos en los que se invitaba a personas del colectivo LGTBI a acudir a los eventos para “que escucharan otras formas posibles de vivir su sexualidad”. La asociación ha estado presente en algunos actos y además ha podido tener acceso a otros a través de los canales de redes sociales de las diócesis.

“Se trata de una iniciativa que ha promovido también documentales para la práctica de la conversión con la idea de que la homosexualidad no es una orientación sexual natural, sino que es fruto de distintos traumas en el desarrollo de la identidad y de la madurez”, asegura Castro, que ha presentado la denuncia contra varias personas físicas, entre ellas los responsables del proyecto 'Transformados' y también contra vicarios de la Diócesis de Getafe y también contra una serie de diócesis: la Archidiócesis de Madrid, la Diócesis de Alcalá de Henares, la Diócesis de Sigüenza-Guadalajara, la Archidiócesis de Valencia y el Obispado de Málaga.

La denuncia es por la “comisión activa” o por omisión de infracciones administrativas “muy graves” de la Ley 4/2023 para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI, según el documento al que ha tenido acceso elDiarioclm.es y adelantó encastillalamancha.es. El artículo 17 de dicha ley prohíbe las terapias de conversión y señala como infracciones “muy graves” la promoción o práctica de métodos, programas o terapias de aversión, conversión o contracondicionamiento, que tengan por finalidad modificar la orientación sexual, la identidad sexual, o la expresión de género de las personas, con independencia del consentimiento que pudieran haber prestado las mismas o sus representantes legales.

“Entendemos que se está promocionando un postulado de represión y anulación de la homosexualidad, bien, a través de la supuesta sanación de las heridas y la recuperación de la heterosexualidad y la orientación sexual de las personas homosexuales”, destaca Castro.

Abstinencia o castidad

Castro señala que la terapia de conversión 'Transformados' consiste en que las personas homosexuales vivan “en castidad” y lleven a cabo prácticas religiosas diarias, entre ellas, la lectura de la Biblia, rezos diarios, asistencia a misa y confesión, para que “el amor que buscas en personas de tu mismo género sea sustituido por el amor que te da Dios”. Desde la Asociación explican que la terapia asegura que si se llevan a cabo las prácticas de manera continuada se puede “reparar” la homosexualidad y dan “ejemplos” de “supuestos homosexuales” que “dejaron de serlo”. “Recomiendan específicamente asociaciones que acompañan a personas homosexuales que supuestamente quieren dejar de serlo”, critica Castro.

Además de esto, se propone “vida en castidad” como la “única vía posible” para que las personas homosexuales “puedan ser felices”, según relata la denuncia. La asociación ha identificado 13 eventos de este tipo entre los años 2023 y 2024, uno de ellos en el Monasterio de Buenafuente del Sistal en el Parque Natural del Alto Tajo, en Guadalajara. “Todos ellos durante el mes de la celebración del Orgullo LGTBI”, añade Castro. La asociación también incluye en la denuncia a los medios de comunicación que han difundido los eventos.

La diócesis niega que estuviera en la programación

Desde la diócesis de Sigüenza-Guadalajara se ha negado que esta actividad se haya celebrado en el monasterio. El portavoz Alfonso Olmos ha asegurado en la Cadena Ser haber pedido la programación de las actividades realizadas en Buenafuente del Sistal, y ha señalado que dicha actividad “no aparece”. elDiarioclm se ha puesto en contacto con la diócesis, pero ha rechazado responder.

“En Castilla-La Mancha, las terapias de conversión están prohibidas desde antes de la entrada en vigor de la ley trans”, explica el presidente de la Asociación Española contra las Terapias de Conversión. Por eso lamenta que este tipo de eventos pone de “manifiesto” que las prohibiciones “no funcionan” porque “ni siquiera sirven para disuadir a quienes hacen estos actos de violencia contra las personas LGTBI”.

“Es una manifestación de que nuestro sistema jurídico no está dando una respuesta correcta a la gravedad de las terapias de conversión como violencia dirigida hacia el colectivo LGTBI”, resalta Castro. Fuentes de la consejería de Igualdad castellanomanchega, aseguran que se han puesto en contacto con representantes de la diócesis para conocer exactamente lo que ha ocurrido, aunque resaltan que no han recibido ninguna denuncia.

Compromís ha desvelado este lunes el contenido de talleres destinados a alumnos de 1º y 2º de ESO en centros diocesanos valencianos que niegan la homosexualidad, usan terminología de la extrema derecha, y aluden a las polémicas terapias de conversión sexual de personas LGTBI, prohibidas por la ley autonómica. El diputado de Compromís Francesc Roig ha hecho público un dossier de materiales didácticos, elaborado por la psicóloga Lourdes Illán Ortega, “que ha creado terapias de conversión basadas en posturas acientíficas” y es asimismo formadora de la Fundación San Vicente Mártir de colegios diocesanos.

La formación valencianista ha hecho público pare del material impartido. “Son auténticas torturas para personas LGTBI”, ha afirmado Roig, quien también ha anunciado que Compromís denunciará ante la Fiscalía los hechos. El parlamentario autonómico denuncia que se trata de una “trama” y no de “casos aislados”. También ha lamentado la inacción de la Conselleria de Educación, dirigida por José Antonio Rovira.

Los “talleres de la vergüenza”, tal como los ha definido, promueven “abiertamente” las terapias de conversión sexual a personas LGTBI, prohibidas por la ley autonómica. “Se dice que es posible reparar la homosexualidad y se niega la existencia de las personas LGTBI”, afirma Francesc Roig, quien destaca que están dirigidos a alumnos de 12 y 13 años, una etapa clave en el desarrollo de la sexualidad de los adolescentes.

Los materiales, según el diputado de Compromís, se han usado en los 60 centros diocesanos de la provincia de València. El diputado Francesc Roig, acompañado por el portavoz Joan Baldoví, ha puesto un ejemplo clarificador: “entre el material de formación del profesorado se quejan de que en los años 70 del siglo pasado la homosexualidad dejó de considerarse un trastorno psicológico y psiquiátrico por la 'presión del lobby gay' y que esto prohíbe que se estudie 'la forma de ayudar a las personas con AMS [Atracción Sexual hacia el mismo Sexo]”. O sea que se quejan de que se ponen trabas para curar lo que consideran una enfermedad. Es vergonzoso y también ilegal porque atenta contra el artículo 7 de la Ley LGTBI valenciana“.

En los documentos para el profesorado preparados por Lourdes Illán también se apela a trabajar en clase la “terminología sexual correcta” y que los docentes de los centros explican que los términos homosexual, gay o lesbina no son correctos, que hay que utilizar el concepto AMS y que solo hay dos maneras de ser persona: hombre o mujer.

El portavoz de políticas LGTBI de Compromís en las Corts Valencianes ha destacado que “el material elaborado para el profesorado contempla auténticas aberraciones respecto a las indicaciones que hay que dar al alumnado y sugiere que se comentan cuestiones que literalmente dicen: ”Aunque a ti no te guste hacer lo que se supone que hacen los hombres, eso no te ha de separar del grupo de chicos y no te metes en otro grupo, ya que eso te lleva a ir con chicas.....Esto es como si soy valenciano y con 10 años me voy a vivir a Andalucía y al regresar unos años más tarde hablo con acento andaluz. He perdido identidad y me ven como ‘el andaluz’. Pues en el caso de la sexualidad pasa lo mismo, ya que entre los chicos soy la nenita y entre las chicas el tío“.  

Roig ha asegurado que “estos centros concertados no son espacios seguros para el alumnado LGTBI, a los cuales se les niega su existencia y actuaremos con contundencia”.

La formación ha denunciado la inacción del Consell que preside Carlos Mazón y ha exigido que la inspección educativa “intervenga y que se envíe de oficio a la Unidad Especializada de Orientación en Igualdad y Diversidad en todos estos centros”.

Compromís mantiene en la red el espacio web noestamosenfermas.com donde se pide colaboración a la ciudadanía para denunciar estas actuaciones y ayudar a las víctimas que han sufrido estas pseudoterapias homófobas.

Mazón defiende la actuación “al primero minuto” del Consell

El president Carlos Mazón ha asegurado este lunes que la Generalitat que dirige ha reaccionado “al primero minuto” cuando ha tenido una denuncia sobre posibles terapias de conversión sobre estudiantes homosexuales, llevando el caso a la Fiscalía.

“Yo le agradecería a Compromís que durante los ocho años que ha estado en el Gobierno de la Generalitat hubiera hecho todo esto, porque durante ocho años no hizo absolutamente nada”, ha denunciado.

Por contra, ha destacado que el Consell actual, en cuanto ha tenido “la más mínima denuncia, como el caso de Alaquàs”, lo ha puesto en manos de la Fiscalía de manera inmediata.

La Conselleria de Educación anunció en julio que iba a denunciar ante la Fiscalía las terapias de conversión sobre estudiantes homosexuales que supuestamente ejercía un docente del colegido concertado Madre Josefa Campos de Alaquàs (Valencia) y que han sido denunciadas por varios alumnos.

“Somos nosotros los que hemos reaccionado al primer minuto y Compromís durante ocho años que estuvo la Generalitat no trasladó nada”, ha reprochado Mazón, quien ha señalado que, “a lo mejor, desde la sede de Compromís tienen más medios que toda la Generalitat junta”.

Mazón ha insistido en que la única administración que se ha puesto en marcha ante cualquier denuncia ha sido la suya y ha afirmado: “Agradecería a Compromís que si tiene algún dato, lo ponga a disposición de la Generalitat, en vez de hacer política con ello”.

El diputado de Compromís y portavoz de igualdad LGTBI, Francesc Roig, ha denunciado este viernes que los colegios diocesanos de Valencia cuentan con un protocolo de actuación para alumnos LGTBI basado en las teorías de las pseudoterapias de conversión y hace referencia a problemas de “maduración” en niños, niñas y jóvenes trans y homosexuales. También se utilizan conceptos “muy extendidos” entre los defensores de las pseudoterapias de conversión como por ejemplo “la atracción o proyección” hacia el mismo sexo o “deseo de cambio de sexo”, en lugar de homosexualidad o realidades trans.

Tal y como denuncia la formación valencianista, el protocolo fue creado, entre otros, por la Asociación Católica de Maestros de la Provincia de Valencia, de la cual fue presidente durante 17 años Federico Mulet, acusado de practicar pseudoterapias de conversión en un centro de Alaquàs.

El 'Protocolo de acompañamiento para la maduración integral de la persona en su identidad sexual masculina y femenina' contempla la creación de equipos “de acompañamiento e intervención” en cada centro educativo, que tendrán que detectar casos y diseñar planes de intervención individualizados que pueden incluir la derivación hacia “especialistas externos” o “el apoyo espiritual de sacerdotes expertos en el tema”.

De entre las acciones formativas a incorporar en los centros se señalan aquellas “relacionadas con varias problemáticas que se plantean en el crecimiento y maduración sexual del alumnado: la relación con la figura paterna y materna, la relación con los iguales, el abuso y la violencia en edades tempranas, etc.”. Roig ha querido recordar que las “pseudoterapias de conversión basan su actuación en situar la causa de la homosexualidad en estas supuestas causas”.

“Policía homófoba y transfoba”

Según el protocolo, es responsabilidad de toda la comunidad educativa informar a los responsables cuando se ven “indicios de que algún alumno no se identifica con su sexo”, así como “prestar especial atención a los comportamientos que requieran de acompañamiento en la maduración integral de la persona”. Como indicadores de eficacia del protocolo se especifica abiertamente “la aceptación del alumnado de su condición psicosexual masculina o femenina” o el conocimiento por parte del profesorado de las “necesidades y carencias de la persona y su posible relación con el desorden de identidad sexual”.

Para Roig, “estamos ante una auténtica policía homófoba y transfoba presente en colegios diocesanos, con el único objetivo de perseguir y adoctrinar a niños, niñas y jóvenes LGTBI. Creemos que este protocolo puede haber sido el instrumento para derivar alumnos hacia las pseudoterapias de conversión, utilizando el eufemismo de acompañamiento o intervención de especialistas externos”. “El marco teórico del que nace este protocolo es el de considerar que las personas LGTBI lo somos porque tenemos algún problema de maduración, y que es responsabilidad del centro actuar porque volvemos a responder al modelo de hombre o mujer cis heterosexual”, sostiene el diputado de Compromís.

La propia Fundación San Vicente Mártir avisa en los centros que las personas seleccionadas para formar parte de estos equipos tienen que tener una “sensibilidad hacia el tema con clara identidad católica”, incidiendo en qué “elegir a las personas adecuadas es crucial para este tema”. Según Roig, esto demuestra que el objetivo “no es hacer un acompañamiento pedagógico basado en la evidencia científica, sino al perseguir el alumnado LGTBI en base a las pseudoteorías que nos considera personas enfermas o con problemas de maduración”.

El protocolo contraviene la legislación

Pero no solo eso, el diputado de Compromís ha enfatizado que el protocolo indica que “hay que hacer listas de niños y niñas LGTBI y que las tienen que comunicar a la Fundación de colegios diocesanos”. El documento “choca” en varios apartados con la normativa, como por ejemplo la Ley Trans o Ley LGTBI valencianas. Así, “se impide a las niñas y niños trans usar los lavabos y vestuarios, el uniforme o el nombre según su identidad de género y los obliga a usar aquel contemplado en la documentación del registro civil”.

“Queremos poner en valor que hemos tenido conocimiento de la existencia de estos protocolos gracias a una denuncia ciudadana a través de nuestra web. Agradecemos a todas las que nos estáis haciendo llegar información tan valiosa y exigimos a la Consellería que se pronuncie de una vez por todas a favor de crear la comisión de investigación que investigue esta trama homófoba y acabe con todas las prácticas que van contra la dignidad de las personas LGTBI. Exigimos también que en Las Cortes se cree una Comisión de investigación sobre este tema tan grave. Todos los centros educativos tienen que ser espacios seguros para todas y todos, también para las jóvenes LGTBI”, ha concluido Roig.