Vox ha recuperado a Fernando Paz después de que en 2019 tuviera que abandonar el partido y su cargo como candidato por Albacete por negar el Holocausto y defender las terapias de conversión para las personas LGTBIQ+. Según informa El País, el ensayista e historiador ha sido criticado por la comunidad judía por cuestionar los juicios de Núremberg. Pero recientemente ha participado en el campus juvenil de la familia europea de Vox como profesor en una escuela de formación vinculada al partido y desde diciembre es patrono de honor una organización cofundada por Santiago Abascal.

Según explica el mismo medio, dos fuentes conocedoras de las ideas de Fernando Paz consideran su regreso como una demostración del creciente radicalismo de Vox. Paz se encuentra próximo a Kiko Méndez-Monasterio, estrecho colaborador de Abascal.

“Si Vox entiende que puedo ser de alguna utilidad —algo de lo que me siento muy honrado— es porque considerará que acaso aporte más de lo que pueda restar. [...]. Por lo demás, no creo tener la importancia suficiente como para dañar el proyecto en ningún sentido”, ha confesado Fernando Paz en declaraciones a El País.

El regreso del ensayista e historiador se suma al acercamiento del partido ultra al supremacismo blanco europeo y, concretamente, a figuras como el austriaco Martin Sellner o la neerlandesa Eva Vlaardingerbroek. Por otro lado, Vox sigue teniendo como líder de su sindicato (Solidaridad) al exdirigente neonazi Jordi de la Fuente.

Fue durante la precampaña de las elecciones que se celebraron en abril de 2019 cuando salieron a la luz las posiciones de Paz que hicieron que Vox prescindiera del que fuera cabeza de lista en Albacete. Algunas de las expresiones que llegó a decir el también tertuliano de Intereconomía fueron las siguientes: “Si mi hijo dijera que es gay, trataría de ayudarle. Hay terapias para reconducir su psicología”. También ha pronunciado frases en defensa del dictador Francisco Franco: “Fue un jefe de Estado bajo cuyo mandato se produjo la gran transformación de la historia de España”.

Sin embargo, la principal razón que provocó que Paz abandonara las listas en Albacete fue un comunicado de la Federación de Comunidades Judías de España (FCJE), representante oficial de los en torno a 40.000 judíos del país, en el que la Federación expresaba su “preocupación” ante la elección de Paz como cabeza del partido en la provincia manchega, lo que calificaron como “inaceptables” sus manifestaciones “revisionistas” y “negacionistas” sobre el Holocausto. Este comunicado hacía referencia a la presentación de Paz en 2016 en la sede de Falange en Madrid de un libro escrito por el propio Fernando Paz, donde cuestionó los juicios de Núremberg. Durante la presentación, el ensayista, que llevaba una bandera franquista a la espalda, cuestionó testimonios de la Segunda Guerra Mundial y pruebas de un proceso que tuvo “cierto aire de farsa”.

En una audiencia donde pudieron expresarse más negacionistas del Holocausto, Fernando Paz no negó sus afirmaciones, pero sí lo relativizó, haciendo entender que dudaba sobre la magnitud del asunto, y añadió que las “matanzas de judíos” tuvieron un móvil más militar e ideológico que racial. Sobre las cámaras de gas, expresó que la mayor parte de los judíos murieron por arma de fuego e insistió en la necesidad de “rebelarse” frente a los “dogmas” sobre lo ocurrido.

La caída de Paz fue la primera rectificación en Vox por presión social desde su irrupción. La renuncia, que Paz siempre ha presentado como una decisión personal y no forzada por la dirección del partido, se produjo mientras Vox trataba de trabar relación con el Partido Republicano de EE UU, aliado de Israel, e intentaba borrar el estigma antisemita de la ultraderecha española para acercarse tanto a la comunidad judía local como a la derecha israelí.

La salida de Fernando Paz de Vox fue la primera ocasión en que el partido de extrema derecha respondió ante la presión social, aunque el que fuera cabeza de Albacete justificaba que fue una decisión personal. Además, esta situación se dio de manera simultánea a una época en la que Vox intentaba entablar una buena relación con el Partido Republicano de Donald Trump en Estados Unidos, un partido aliado de Israel, mientras Paz trataba de negar la historia de la comunidad judía.

El lobby español proisraelí ACOM, próximo a Vox, valoró entonces la renuncia con un mensaje de agradecimiento “a la sensibilidad” de Abascal y los suyos. Desde EsRadio, Federico Jiménez Losantos, entonces uno de los más influyentes apoyos mediáticos del partido, celebraba así la decisión: “Me parece muy bien renunciado, y si no lo hubieran presentado, mejor [...]. Me producen las mismas náuseas los comunistas que justifican el gulag como los nazis filonazis que disimulan, medio justifican, matizan los campos de concentración”.

ACOM, un lobby español proisraelí cercano a Vox, agradeció al partido su “sensibilidad” ante la decisión de prescindir de Paz después de su posicionamiento. También lo celebró Federico Jiménez Losantos, director de EsRadio, un medio que siempre ha apoyado al partido ultra: “Me parece muy bien renunciado, y si no lo hubieran presentado, mejor [...]. Me producen las mismas náuseas los comunistas que justifican el gulag como los nazis filonazis que disimulan, medio justifican, matizan los campos de concentración”.

El País ha preguntado a Paz si rectificaría algo de lo que expresó durante la presentación de su libro en 2019, a lo que ha respondido que no recuerda “con exactitud” lo que dijo, pero sí que reconoció que el Holocausto había tenido lugar, y ha calificado algunas críticas recibidas a “una intencionalidad ideológica e inquisitorial”. Sin embargo, acerca de sus afirmaciones sobre las terapias de conversión LGBT: “Siempre trataría de ayudar a un hijo mío [...]. Y si quisiera someterse a una terapia, también”. También se reafirma en lo que dijo sobre el dictador Francisco Franco.

Aunque Paz vuelve a tener protagonismo dentro de Vox, el partido de extrema derecha sigue unido por Partido Republicano de Donald Trump, y con el Likud, el partido del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, asociado a Patriots, la plataforma presidida por Abascal que agrupa a su formación con otras fuerzas como Reagrupamiento Nacional (Francia) y Fidesz (Hungría).

Sin embargo, el proceso de reintegración de Paz en el partido ha sido gradual. Según informa El País, en mayo del año pasado, Vox manifestó mediante diversas vías, como a través de Ignacio Garriga, secretario general, la prohibición de una conferencia de Fernando Paz en la Universidad de Barcelona. Y hace menos de un año, el propio Fernando Paz acompañó a Jorge Buxadé, jefe de Vox en el Europarlamento, a la inauguración de una exposición sobre el Valle de los Caídos, ahora Valle de Cuelgamuros.

Desde entonces, Paz figura como articulista en Ideas, medio fundado por la fundación Disenso, de Vox. En el último artículo de Paz, “La División Azul”, el ensayista que fue cabeza de listas en Albacete insistía en el “heroísmo” de los españoles que lucharon junto a los nazis: “Su sacrificio no fue en absoluto inútil, pues contribuyeron a la independencia de España, aunque España, ni entonces ni ahora, haya sabido retribuir su épica generosidad”, relataba Paz. Por otro lado, Fernando Paz recibe desde hace un año cobertura de Bipartidismo Stream, que es una red de canales de propaganda del partido, donde destaca la figura de Paz.

En diciembre, Paz empezó a formar parte del patronato de honor de la fundación españolista Denaes, de la que Abascal es cofundador y miembro. Además, hace poco más de un mes, la escuela de formación Issep, que está vinculada a Vox a través de figuras como Kiko Méndez-Monasterio, anunció que Fernando Paz participaría en una de las mesas de su curso de verano. En este curso también estarán presentes el eurodiputado ultra Hermann Tertsch y Samuel Vázquez, portavoz de Seguridad e Inmigración del partido.

Paz también será profesor de Historia para el próximo curso del Issep, junto a otras figuras como los diputados nacionales Carlos Hernández Quero, Rocío de Meer, Ignacio de Hoces, Carlos Flores y Manuel Mariscal, los eurodiputados Buxadé y Juan Carlos Girauta y dirigentes como José Antonio Fúster.

Al Issep pertenecen también Méndez-Monasterio y Gabriel Ariza, hijo de Julio Ariza, patrón mediático de Vox, se ha ido convirtiendo desde su apertura en 2020 en una especie de cantera del partido. Distintos representantes, técnicos y miembros de gabinetes de Vox a escala local, autonómica y nacional han pasado por el Issep, según un análisis de infoLibre. Una de las figuras más destacadas es Hernández Quero, portavoz adjunto de Vox en el Congreso, conocido por atacar a la inmigración como principal responsable de la subida de precios de la vivienda.

Fernando Paz ha participado en Cáceres en el campus organizado entre el viernes 26 y el domingo 28 de junio por el grupo parlamentario europeo Patriotas por Europa. Allí, Paz Buxadé animó a los jóvenes a enorgullecerse de ser españoles.

Cuando Paz renunció como cabeza de lista por Albacete, un dirigente de Vox afirmó que su relación con Méndez-Monasterio permitió a Fernando Paz no perder el favor de la cúpula del partido tras su renuncia: “Aunque no se le viera, siempre ha estado ahí porque es un tipo listo, con cabeza. Lo nuevo ahora es que se atreven a reivindicarlo en público porque los suyos, Buxadé y Kiko [Méndez-Monasterio], se han hecho totalmente con el partido”. En 2015 ya compartió cartel al menos en un acto con Abascal, Iván Espinosa de los Monteros y José Antonio Ortega Lara. Fernando Paz ha afirmado que ahora colabora con Vox, pero sin militancia.

Una fuente cercana a Vox ha destacado que la vuelta de Paz está relacionada con la masiva salida de “talento” dentro del partido ultra: “Se quedan sin gente y toca llamar a filas a los de siempre”. El sociólogo del CSIC Alejandro Baer, especializado en memoria, estudios de genocidio y estudios judíos ha insistido a El País: “Como otros partidos de extrema derecha en Europa, en Vox han intentado esconder sus fantasmas, lo menos presentable, en el armario una y otra vez, pero siempre acaban saliendo porque la relativización del nazismo y el fascismo es parte de su herencia ideológica. Hoy, además, lo que hace diez años no se atrevían a decir se está normalizando. Por ejemplo, la retórica volkisch de la ‘prioridad nacional’. En este contexto una figura como Paz ya no es ningún escándalo”.

Por otro lado, Juan Manuel Calvo, presidente de Amical de Mauthausen, la asociación que representa a las víctimas españolas de los campos nazis, ha sostenido: “Ante el resurgir actual de los discursos de odio de la extrema derecha, estigmatizando a determinados colectivos por cuestiones raciales, de procedencia, de género e ideológicos, no nos ha de extrañar la reaparición, una vez más, de nuevas actitudes y discursos negacionistas que vuelven a humillar a las víctimas e incrementan el dolor en su entorno familiar”.

La primera vez que Iván León acudió a una supuesta terapeuta fue por recomendación del sacerdote de su parroquia. Acababa de pasar de 1º a 2º de Bachillerato y atravesaba una etapa difícil: en casa las cosas no estaban del todo bien, su padre estaba en paro y a él le atravesaban las dudas sobre su futuro. Nunca había ido al psicólogo, así que cuando le dijeron que aquella persona podría ayudarle, le pareció bien. Lo que se encontró, sin embargo, no fue ninguna conversación a cerca de lo que le ocurría. La primera pregunta que le hizo la mujer es si salía con chicas, quiénes eran sus amigos o si hacía deporte.

Aquellas no eran preguntas inocuas. “Todo fue girando poco a poco hacia el porno, la masturbación, en si pensaba en chicos o chicas cuando lo hacía... Yo lo que supuestamente tenía que hacer era desarrollar mi masculinidad, que estaba dormida y por eso era inseguro. Me decía que tenía que hacer cosas de hombres. Nada de eso se sostenía, pero en aquel momento yo no lo vi”, cuenta Iván varios años después sobre lo que hoy sí nombra como “terapia de conversión” para personas LGTBI. En su caso, aquello se hacía llamar “itinerario” religioso y fue impartido en el Obispado de Alcalá de Henares (Madrid) bajo la dirección del polémico José Antonio Reig Plá.

Lo que vivió Iván fue una de las formas que han ido adoptando este tipo de métodos para modificar la orientación sexual o la identidad de género de las personas en los últimos años. Lejos de su imagen más reconocible —el encierro forzado o los intentos explícitos de “curar” la homosexualidad mediante tratamientos —, hoy parte de esas prácticas se dan en espacios disfrazados de “acompañamiento” emocional, espiritual o psicológico que comparten objetivo: 'reparar' algo que se presupone dañado.

“Hay un pensamiento compartido de que en España esto no ocurre, pero la realidad es que hay redes de personas hipermovilizadas actuando en la clandestinidad para modificar la orientación sexual o identidad de género. El problema es que sigue siendo una forma de violencia invisibilizada, que se produce de forma ajena al escrutinio público fundamentalmente en espacios religiosos o clínicos”, explica Saúl Castro, abogado de la Asociación contra las Terapias de Conversión.

Iván hace referencia al modus operandi: “El discurso se va filtrando gota a gota, hasta que acabas viendo la orientación sexual como algo traumático. El eje de todo era intentar sanar las supuestas heridas de la masculinidad a las que asociaban la homosexualidad, o como ellos lo llamaban 'atracción hacia el mismo sexo”, explica el joven, que apunta a que, en su caso, la supuesta terapeuta —bióloga de formación– le insistía en que su “problema” tenía que ver con la autoestima y la relación con los demás.

“A nivel físico no destacaba mucho, era más bien gordito, y me decía que mi herida era que en el fondo envidiaba a otros hombres que nunca llegaría a ser”, recuerda sobre las sesiones a las que estuvo acudiendo. Paralelamente, el obispado organizaba charlas o convivencias en las que se impartía esta doctrina, que tiene muchos puntos en común con el apostolado acogido en varias diócesis que el Ministerio de Igualdad ha propuesto sancionar con 75.000 euros. Su discurso atribuye también la homosexualidad a “heridas o traumas” de la infancia como abusos sexuales o carencias afectivas y promueve para las personas LGTBI un “retorno” a la heterosexualidad o vivir en castidad.

Los “límites difusos”

Este tipo de métodos han vuelto esta semana al centro de la actualidad después de que el Congreso haya dado el visto bueno, con el voto en contra de Vox y la abstención del PP, a la ley que los convierte en delito y que castiga con penas de cárcel a quienes los practiquen. La norma —que puede sufrir cambios ahora en el Senado— incluye finalmente que el consentimiento del afectado no impedirá perseguir penalmente estas prácticas, al entender que existe un fuerte condicionamiento por contextos de presión, vulnerabilidad o estigma.

Este ha sido uno de los puntos que ha provocado buena parte del choque político durante la tramitación, pero también todo lo que tiene que ver con cómo identificar hoy una terapia de conversión. La derecha ha intentado que solo sean delito las de “naturaleza coercitiva” y cuando no haya consentimiento de la víctima, algo que, de momento, ha sido rechazado por el pleno.

Durante el debate, Vox llegó a acusar al resto de grupos de querer “eliminar la posibilidad de que alguien pueda dudar de su homosexualidad” o meter en la cárcel a los sacerdotes a los que “los homosexuales acuden a pedir ayuda porque han decidido libremente que quieren vivir acorde a su fe”.

El alcance de las terapias de conversión ha sido analizado por el Experto Independiente de Naciones Unidas contra la discriminación LGTBI, que en un informe de 2020 concluye que siguen siendo una amenaza global basada en tres enfoques: médico, psicoterapéutico y religioso. El estudio denuncia que se han transformado en un “blanco móvil” para eludir las restricciones legales, de forma que los proveedores suelen “renombrar sus servicios o modificar estrategias de comunicación”. En este esfuerzo, la dimensión espiritual se ha vuelto clave: la ONU apunta a que los actores religiosos operan a menudo en un espacio “de límites difusos” pero igualmente dañinos.

“Normalmente, se camuflan más en este tipo de espacios de carácter religioso. Esto es lo que me he encontrado en consulta, lugares de culto en los que hay una apuesta clara a través de charlas, retiros, talleres y orientación de intentar que la persona no heterosexual se reconduzca”, coincide Paloma Salamanca, psicóloga experta en terapia de afirmación LGTBI.

Iván acabó en uno de ellos en 2014 porque, a pesar de que sus padres no eran religiosos, él sí participaba en la parroquia de su barrio. La captación, apunta, suele ser por diferentes vías. “Tengo constancia de que hay gente a la que se lo buscaban sus padres o familias y luego formas un poco más sutiles, que te proponen una ayuda por pasar una mala racha y acaba siendo una terapia de conversión. También había gente con problemas para aceptar la homosexualidad que acabó allí metida”, recuerda el joven, que tenía entonces 17 años y pasó otros cinco más en la diócesis rodeado del mismo discurso. Según el informe de la ONU, la inmensa mayoría de víctimas son jóvenes: el 80% tiene menos de 24 años.

Para Iván, una de las cosas más destacables es que al principio el ambiente era “muy propositivo y amigable” y apunta a lo que las voces expertas señalan como una “adaptación” de las terapias en los últimos años a través, entre otras cosas, de un nuevo lenguaje. “En un inicio el discurso es medianamente razonable, te hablan de desarrollar tu masculinidad, pero también de aprender a desarrollarte en la vida y lo venden como una ayuda y apoyo. En Alcalá jamás hablaban de curar la homosexualidad ni de esta como una enfermedad. Era más comprable”, afirma Iván.

“Tenía que confesar si me masturbaba”

Sin embargo, el abanico de conductas y prácticas “es muy amplio”, apunta Castro. En Valencia, el arzobispado suspendió la actividad de un centro de orientación familiar denunciado por intentar cambiar la homosexualidad mediante oraciones, actividad física y fármacos inhibidores del deseo sexual. La 'coach' Elena Lorenzo tendrá que sentarse en el banquillo por ofrecer cursos para “recuperar la heterosexualidad” y, en Navarra, el centro evangélico Vida Nueva, situado en Ciriza, está siendo investigado judicialmente por torturas, coacciones y explotación laboral tras la investigación de Newtral.

Varios testimonios acusan al centro de rehabilitación de grupo “sectario” y describen castigos ligados a tareas de limpieza, una férrea disciplina, vigilancia constante de su intimidad y comportamiento y prácticas que, según sus denuncias, buscaban moldearlas hacia una idea de “mujer decente”, es decir, heterosexual. El Gobierno navarro ha excluido al centro del registro de servicios sociales de la comunidad.

Mónica, que prefiere usar un nombre ficticio y es una de las denunciantes, salió de allí a los 22 años —ahora tiene 42— tras pasar una década ingresada por orden de su madre. Cuenta que, entre otras cosas, sufrió, el intento de conversión de su bisexualidad y también de su expresión de género masculina. “Un día me metieron en una sala y me dijeron que no me preocupara si empezaba a convulsionar o me salían espumarrajos por la boca porque eran los demonios saliendo. Lo que hicieron fue ponerme las manos por el cuerpo y orar largo rato para que supuestamente se fueran los demonios de la homosexualidad y la rebeldía”, afirma Mónica.

El discurso de la homosexualidad como algo negativo estaba presente de forma continua, según apunta. “Tenía que confesar si me masturbaba pensando en mujeres y me castigaban limpiando”, cuenta. En 2015, Mónica salió de allí. Preguntado al respecto, Vida Nueva niega los hechos y califica las acusaciones de “difamaciones” por parte de personas “resentidas” con el centro. Defiende que su función es la “acogida y rehabilitación” de personas en “exclusión social” y que con aquellas que no son heterosexuales “no se realiza ninguna terapia, tratamiento o programa para modificar su orientación”.

Las consecuencias de haber sufrido una terapia de conversión permanecen incluso años después, apuntan las voces expertas. Así lo remarca la ONU en su informe, en el que apunta a que los intentos de “patologizar y negar la existencia” de las personas LGTBI y “provocar autoodio” tiene efectos “profundos en su integridad y bienestar físicos y psicológicos”. Salamanca coincide: “A nivel de autoestima y legitimidad tiene un daño muy importante y se ven secuelas de tipo traumático. A estas personas al final les están empujando a ocultar o cambiar lo que son y desde ahí hay una afectación personal, social y familiar a todos los niveles”.

Iván reconoce que con los años ha podido “ir reconociendo” mucho de lo que vivió entonces y afirma que, tras salir, pensó que estaba mejor de cómo se encuentra ahora. “Me he dado cuenta de que muchos temas de autoestima o de formas de relacionarme vienen de ahí. Para ese discurso, las relaciones homosexuales siempre son de interés, de abuso y de poder así que, aunque no lo pienses de forma consciente, siempre está ahí esa amenaza. Según ellos, ser homosexual solo tenía dos caminos: o ser violentado toda la vida hasta acabar suicidándote o ser tú el corruptor de otros y tener una vida de miseria”.

O “abandonar” la homosexualidad para formar una familia heterosexual o vivir en castidad para siempre. Son las dos salidas a las que un apostolado religioso, que avalaron varias diócesis españolas, dirige a las personas LGTBI para renegar de su identidad. La iniciativa recorrió entre 2023 y 2024 iglesias y parroquias de la mano de testimonios que aseguraban haber dejado de lado su vida homosexual tras el “encuentro” con Jesús e incitaban al público a seguir sus pasos.

Tras la denuncia interpuesta a principios de año contra el apostolado, ahora el Ministerio de Igualdad acaba de acordar el inicio de un expediente sancionador con una propuesta de multa que suma 75.000 euros.

El dictamen, al que ha tenido acceso elDiario.es, considera que el proyecto incurre en una infracción muy grave tipificada en la Ley Trans y le acusa de “promoción” de métodos o terapias de conversión que tienen “por finalidad modificar la orientación, la identidad sexual o la expresión de género”. En su caso, el apostolado lo ha hecho a través de los eventos y también de material publicado en Internet en diferentes formatos. Preguntado al respecto, el Ministerio de Igualdad ha rechazado hacer declaraciones.

La sanción se dirige contra la impulsora del proyecto, a la que plantea imponer 45.000 euros de multa, y contra la empresa que sitúa como “distribuidora” y organizadora de los eventos, a la que quiere sancionar con 30.000 euros. Las charlas se celebraron en templos y centros religiosos vinculados a siete diócesis españolas y varios curas de la llamada “fachosfera católica” fueron señalados por acogerlas, pero el expediente no se dirige contra ninguna institución religiosa. Ahora, los acusados tendrán 15 días para hacer alegaciones y, en un máximo de seis meses, el Ministerio decidirá si impone finalmente la sanción.

El expediente apunta a la existencia de “una actuación sostenida, organizada y prolongada en el tiempo” dirigida a difundir un mensaje que presenta la homosexualidad “como una condición susceptible de cambio mediante prácticas de naturaleza religiosa”. El discurso se articula específicamente en diferentes formatos y es difundido “a través de testimonios personales y con la participación o apoyo de entidades eclesiásticas” dirigidos a personas LGTBI con el objetivo de “promover itinerarios” que se orientan al “abandono o la renuncia de su orientación sexual o su vida afectivo sexual”.

La propuesta de sanción llega en pleno debate sobre las terapias de conversión, después de que el Congreso haya aprobado este jueves la ley para llevarlas al Código Penal y convertirlas en delito con el voto en contra de Vox y la abstención del PP. Actualmente, están vetadas a la luz de la Ley 4/2023 para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI, que es la norma que, según el Ministerio de Igualdad, ha vulnerado el apostolado tras ser denunciado el pasado mes de enero por la Asociación Española contra las Terapias de Conversión.

El “retorno” a la cisheterosexualidad

El material analizado es un compendio de vídeos, artículos, entrevistas y charlas hechas públicas durante varios años en diferentes medios de comunicación y plataformas. La mayoría son canales católicos en los que la impulsora de la iniciativa conversa con otras personas sobre la finalidad del proyecto, en ocasiones con títulos como “Homosexualidad ¿se puede salir?”. Según ella misma explicó, su método está dirigido a quienes “quieran abandonar o dejar atrás este estilo de vida” y añadió que la mayoría “no se lo plantean” porque “se les ha inoculado que han nacido así y no van a salir”.

En otro momento, ella afirma que quienes supuestamente han dejado de ser homosexuales “retornan a una heterosexualidad” después de “sanar las heridas”. “Retornan al estado natural”, añade.

En general, el objetivo de las publicaciones es “la difusión del apostolado” y de documentales y testimonios asociados al mismo. Entre otros, está el documental difundido desde el año 2022 en distintas plataformas y que, según el expediente, “propone y promociona” un proceso de “retorno” a la cisheterosexualidad “de tipo religioso” mediante la castidad o el “acercamiento” a Dios.

El vídeo atribuye el origen de la identidad LGTBI a “experiencias traumáticas de la infancia”, como abusos sexuales, carencias afectivas, sentimientos de inferioridad o baja autoestima, así como a la influencia del entorno, los medios o “la normalización” de la diversidad sexual. En este marco, el documental incluye los testimonios de tres hombres que “pretenden evidenciar la posibilidad de modificar la orientación sexual” siempre que exista “un compromiso firme” con el objetivo de “desarrollar atracción hacia personas del sexo opuesto y conformar un proyecto vital de carácter heterosexual y familiar”.

A este ecosistema multimedia se le añade la más de una decena de eventos organizados en siete diferentes diócesis —Archidiócesis de Madrid y Barcelona y las Diócesis de Getafe, Sigüenza-Guadalajara, Valencia, Jérez de la Frontera y Málaga— coincidiendo con fechas cercanas al Orgullo. Los eventos, bajo títulos como “De la 'vida gay' a la vida en Cristo”, se dirigían sobre todo a jóvenes, familias y personas “con dudas” sobre su orientación o identidad sexual y en ellos participaron supuestos “exhomosexuales” que asociaban “experiencias de sufrimiento, rechazo, soledad y confusión personal” a su anterior identidad LGTBI.

Según consta en el expediente, la base de su discurso es que lograron modificar su orientación o identidad “tras un encuentro con Cristo y un proceso de carácter religioso”, de forma que presentaban esta supuesta modificación “como una transformación vinculada a la fe, la oración y el acompañamiento espiritual”. “En definitiva, se difundía la idea de que la homosexualidad o la identidad trans pueden superarse o modificarse mediante la práctica religiosa”, apunta el texto.

Una “estrategia organizada”

Todo lo analizado hace concluir a la Dirección General para la Igualdad Real y Efectiva de las personas LGTBI, organismo encargado del expediente, que los eventos “no constituyen actuaciones aisladas o meramente testimoniales” sino que formaron parte de una “estrategia organizada de divulgación” de mensajes y discursos “asimilables” a las terapias de conversión, “con capacidad de incidir en la dignidad, la integridad moral y el libre desarrollo de la personalidad de las personas destinatarias, especialmente en contextos de vulnerabilidad o conflicto personal”.

Uno de los encuentros fue celebrado en una parroquia de Ciempozuelos (Madrid), en el que participó un hombre que aseguró haber descubierto con médicos, psiquiatras y otros católicos “que lo que había provocado” su homosexualidad fueron “heridas y traumas”, por lo que decidió “dejar el mundo gay” y “ofrecerle” su castidad “a Dios”, algo que, afirmó entonces, “no es poca cosa después de tener un trastorno sexual”.

El apostolado al que propone sancionar el Ministerio de Igualdad ahora se reviste en todos sus vídeos e intervenciones públicas de “acompañamiento y apoyo”.

El pleno del Congreso ha dado el visto bueno este jueves a la ley que castiga con penas de cárcel las terapias de conversión LGTBI. El texto, presentado por el PSOE hace justo un año, ha contado con los votos a favor de 178 diputados y 32 en contra, los de Vox. El Partido Popular se ha abstenido. La norma pretende incorporar al Código Penal este tipo de métodos que buscan cambiar la orientación sexual o identidad de género de las personas y contempla penas de prisión de seis meses a dos años para quienes “los apliquen o practiquen”.

Promover terapias de conversión es considerado actualmente una infracción administrativa muy grave, con multas de hasta 150.000 euros, según la Ley Trans de 2023. La norma que se debate en el Congreso pretende “elevar la respuesta” y “dar un paso más” para incorporarlas al Código Penal debido a se consdieran “una de las formas más graves de ataque y denigración del colectivo LGTBI”. El objetivo, según los grupos que han apoyado el texto, es fundamentalmente que se convierta en una herramienta “disuasoria” de este tipo de métodos.

Tanto la ministra de Igualdad, Ana Redondo, como el diputado del PSOE Víctor Guitérrez han celebrado el “paso adelante” que supone la norma, que ha llegado al pleno a las puertas del Orgullo LGTBI. “A estas personas les hicieron creer que era un error, pero el error no eran ellas, lo eran la vergüenza que les impusieron, el silencio y la impunidad”, ha afirmado Gutiérrez, que ha reivindicado la ley como una forma de “cerrar una puerta que nunca debió estar abierta, la de la culpa y el miedo” que “les hicieron sentir” a quienes les dijeron “que había algo malo en ellos”.

El texto propone la inclusión de las terapias de conversión en el artículo 173 del Código Penal, que persigue las torturas y los delitos contra la integridad moral. El objetivo es castigar con pena de prisión y/o multa de ocho a 12 meses a quien “aplique o practique” actos, métodos, programas, técnicas o procedimientos “de aversión o conversión” destinados a “modificar, reprimir, eliminar o negar” la identidad de una persona “aún con su consentimiento o el de su representante legal”.

Con esta redacción llegará la norma al Senado después de haber estado varios meses en la Comisión de Igualdad, donde el debate ha girado entre otras cosas en torno al consentimiento. Finalmente, la ley establecerá que estas terapias sean perseguidas independientemente de que la persona que acuda a ellas lo haga con consentimiento y por su propio pie, un extremo contra el que se han opuesto ferréamente tanto el Partido Popular como Vox.

El diputado popular Jaime de los Santos ha asegurado que la ley “es necesaria” pero ha defendido la validez del consentimiento apelando a Miguel Ángel Blanco, asesinado por ETA en 1997, y a la ley del solo sí es sí. “El consentimiento está en la base de nuestro Estado y es imprescindible. ¿Consistió Miguel Ángel Blanco que le quitaran la vida?”, ha preguntado antes de culpar al Gobierno de la salida de “violadores y pederastas” de la cárcel debido al “sectarismo” de la Ley de Garantía Integral de la Libertad Sexual, que ha calificado de “ley nefasta” de la que “fue base el consentimiento”.

El “acompañamiento psicológico y espiritual”

El objetivo del PP es que se prohíban las terapias de conversión, pero solo las de “naturaleza coercitiva” y dejando fuera aquellas que se practican con el consentimiento de la víctima. Su propuesta, presentada vía enmiendas que no han salido adelante, introduce así una interpretación más restrictiva y delimita como delito solo aquellas intervenciones que impliquen “violencia física, psicológica o moral”, abriendo una excepción explícita para el “acompañamiento psico-social o espiritual” que no persiga modificar la identidad y cuente con el consentimiento de la persona que acude.

En la misma línea se ha expresado Vox, que diferencia entre “tratamientos forzados contra la integridad física y psicológica” y el hecho de “acudir a un psicólogo o sacerdote” a los que “los homosexuales acuden a pedir ayuda porque han decidido libremente que quieren vivir acorde a su fe”. En estos casos, “no estamos hablando de terapias forzadas”, ha apuntado la diputada María Ruiz Solá, que ha acusado a los grupos de “eliminar la posibilidad de que alguien pueda si quiera dudar de su homosexualidad”. “Lo que quieren es que nadie cuestione ssus preceptos sobre la homosexualidad o la transexualidad”, ha añadido.

Para el PSOE, Sumar y el resto de los socios, la propuesta de la derecha implica dificultar la persecución de prácticas que habitualmente se presentan como “ayuda” o “asesoramiento” pero que en el fondo buscan también modificar la identidad de una persona aunque de forma más sutil. “Señorías, no existe consentimiento libre cuando lo que está en juego es una práctica que nace de la presión social, familiar y religiosa para corregir identidades, cuando la persona está inmersa en un entorno que le dice que es un error”, ha señalado Bel Pozueta, de Bildu.

En el mismo sentido se ha expresado el PNV, que ha apuntado a que el ordenamiento jurídico “reconoce que el consentimiento no legitima cualquier actuación contra la persona y que existen límites cuando están en juego otros derechos”, en palabras de Maribel Vaquero. “Estas terapias no son una ayuda, un acompañamiento o una opción terapéutica. Son violencia ejercida contra personas por ser quiénes son. Durante demasiados años ha habido jóvenes encerrados en despachos, consultas o grupos de prisión escuchando que su identidad era un problema o una desviación y su manera de vivir tenía que ser corregida”, ha sostenido Teresa Jordà, de ERC.

Los socios han celebrado la aprobación de la norma, pero todos han reprochado al PSOE que haya votado en contra de la enmienda impulsada por Sumar, ERC, Bildu, BNG y Compromís que reclamaba ayudas económicas y la garantía de una alternativa habitacional a las víctimas de las terapias de conversión. “Somos muchos los que queríamos ir más allá porque sabemos qué pasa después de la violencia, cuando una persona es rechazada por su familia o se le expulsa de su casa. La justicia no consiste solo en castigar al que hace daño, también en garantizar que las víctimas puedan reconstruir sus vidas”, ha defendido Jordà.

La posición de Junts es la que ha estado en duda hasta estos últimos días, después de haber mostrado dudas sobre la redacción del texto. La parlamentaria Pilar Calvo ha aclarado que su grupo suma sus siete votos “a que el Código Penal haga justicia con las personas LGTBI”, pero también ha defendido como una oportunidad la tramitación en el Senado “para encontrar el consenso”. Su apuesta es un texto que “aclare qué es o no una terapia de conversión” con el objetivo de que “los espacios de ambigüedad no sean espacios para la injusticia”. “Tenemos que hallar un redactado que acote el espacio de interpretación sin abrir la puerta a la impunidad”, ha remachado sobre el “acompañamiento por parte de psicólogos o psiquiatras”.

“Soy del PP y maricón”

Los populares han utilizado su intervención para erigirse como baluarte de los derechos LGTBI pese a que ha votado en contra de todas las leyes estatales en materia LGTBI, desde el matrimonio igualitario de 2005 a la Ley Trans de 2023, según ha recordado la parlamentaria de Sumar Tesh Sidi. De los Santos se ha revindicado como un gay “orgulloso” de militar en la formación conservadora y ha “agradecido” a Alberto Núñez Feijóo “no mirar a nadie por a quién ama o con quién se acuesta”. “Soy del PP y maricón y me siento muy orgulloso de ambas cosas”, ha dicho en un momento del debate especialmente tenso.

De los Santos ha asegurado que su formación “celebra el Orgullo” y que, en los pactos de Gobierno, “pone sus líneas rojas” en la “defensa de los derechos del colectivo”, ha dicho al respecto de sus acuerdos con Vox. “Allí donde gobierna [el PP], celebra nuestros derechos con determinación y vehemencia”, ha añadido poniendo como ejemplo Madrid o Valencia, a pesar de que los Ejecutivos de estas dos comunidades han recortado las leyes LGTBI autonómicas y de que en muchos territorios en los que gobierna el bloque de la derecha, esta se niega a colgar la bandera arcoíris durante el Orgullo.

Los grupos han llegado a un primer acuerdo para sacar adelante la ley que castiga con penas de cárcel las terapias de conversión LGTBI. La Comisión de Igualdad del Congreso ha aprobado este miércoles por la tarde el dictamen de la norma que lleva al Código Penal este tipo de prácticas que buscan cambiar la orientación sexual o identidad de género La ley tendrá que seguir ahora su tramitación en el pleno, donde podrá ser sometida aún a cambios.

Promover terapias de conversión es considerado actualmente una infracción administrativa muy grave, con multas de hasta 150.000 euros, según la Ley Trans de 2023. La norma que se debate en el Congreso pretende “elevar la respuesta” y “dar un paso más” para incorporarlas al Código Penal debido a que “no estamos ante casos aislados, sino ante una de las formas más graves de ataque y denigración del colectivo LGTBI”, justifica la propuesta.

La ley propone su inclusión en el artículo 173 del Código Penal, que persigue las torturas y los delitos contra la integridad moral. El objetivo es castigar con la pena de prisión de seis meses a dos años al que “aplique o practique” actos, métodos, programas, técnicas o procedimientos “de aversión o conversión” destinados a “modificar, reprimir, eliminar o negar” la identidad de una persona.

Los grupos alcanzaron posturas el pasado 17 de mayo y casi hasta este miércoles han estado negociando para lograr el apoyo de Junts al texto, que junto al PNV mostró dudas sorbe algunos puntos de la redacción, según fuentes parlamentarias. Finalmente, la norma ha salido adelante con el voto en contra de PP y Vox y ha incorporado una enmienda transaccional que suma a la redacción una frase que apunta a que será independiente el consentimiento de la persona afectada para que la terapia sea considerada perseguible. También añade multa de ocho a 24 meses para quien lleve a cabo estos métodos.

“Criminalizar las terapias es la única manera de frenarlas”, ha justificado el diputado Víctor Gutiérrez, del PSOE, partido impulsor de la iniciativa. “Son una forma de violencia, de tortura psicolóica y a veces física, que han aprendido a adaptarse y se disfrazan de consultas, grupos de acompañamiento o de retiros espirituales”, ha proseguido. Gutiérrez ha señalado que “ninguna persona LGTBI tiene que ser reparada ni corregida” y ha cargado contra los recortes de las leyes LGTBI y Trans que PP y Vox han llevado a cabo en algunas comunidades como Madrid o Valencia. “Lo que han hecho con eso es abrir la puerta a las terapias de conversión a las personas trans”, les ha dicho.

“Un paso incompleto”

Por su parte, los socios del Gobierno han coincidido en reclamar al PSOE una mayor ambición de la norma y que no solo se limite al abordaje penal. “No basta. Cuando se envía a un retiro a un chico de 16 años para corregirle, decide denunciar y se queda solo sin familia y sin recursos, ¿qué le vamos a ofrecer? ¿Qué pasa después? La condena penal es imprescindible, pero no paga un alquiler y no garantiza la independencia económica”, ha afirmado la diputada de ERC Teresa Jordà.

A lo mismo se ha referido Tesh Sidi, de Sumar, que ha apuntado a la “victoria a medias” que supone la votación de este miércoles y ha afeado al grupo parlamentario socialista su oposición a la enmienda que propone ayudas económicas y la garantía de una alternativa habitacional a las víctimas de las terapias de conversión. Una medida que, junto a ERC y Sumar, apoya Compromís y EH Bildu y que se mantendrá viva de cara al pleno.

En este sentido, Bel Pozueta, diputada de Bildu, ha recordado que Naciones Unidas califica estos métodos como “tortura” y ha lamentado que la ley sea “exclusivamente” una reforma penal. “Nuestro grupo no es punitivista, no creemos que la respuesta a todas las violencias pase por endurecer el Código Penal”, ha afirmado la parlamentaria, que ha definido la votación como “un paso incompleto”.

La oposición de PP y Vox

El Partido Popular, que en su momento votó a favor de la toma en consideración de la ley, se ha opuesto al dictamen porque a pesar de afirmar que la formación “comparte el principio básico de que ninguna persona debe ser sometida a prácticas coercitivas que atenten contra su integridad física o moral”, el grupo apela a la “seguridad jurídica” que a su juicio no garantiza la norma. “Apostamos por una regulación más garantista, precisa y respetuosa con los principios fundamentales del Estado de derecho”, ha afirmado Sofía Acedo.

Los populares mantendrán por eso vivas sus enmiendas en el pleno del Congreso, con las que buscan entre otras cosas sustituir el término “identidad de género” por el de “identidad sexual” en todo el texto o incorporar al artículo del Código Penal la coerción como elemento clave con el objetivo de “delimitar con rigor y proteger las actuaciones de acompañamiento y apoyo legítimas” a las personas LGTBI.

También Vox ha afirmado estar en contra de las terapias de conversión, pero “entendiéndolas como tratamientos forzados e impuestos”, ha afirmado María Ruiz Solás, que asegura que la ley pretende “limitar libertades” y el Gobierno busca “imponer su ideología a golpe de Código Penal”. La diputada ha defendido “la libertad y el derecho de los padres para velar por sus hijos” y ha acusado a los grupos que apoyan la norma de “acabar con la libertad de las personas homosexuales al acabar con el consentimiento”, ha dicho en referencia a la enmienda incorporada al texto.

La ley que pretende llevar al Código Penal las pseudoterapias de conversión contra personas LGTBI está a punto de pasar su primera prueba en el Congreso. Tras el acercamiento de posturas al que llegaron hace tres semanas, los grupos debatirán y votarán este miércoles el dictamen en la Comisión de Igualdad. Aun así, quedan flecos pendientes y continúa negociándose la redacción definitiva de una norma que busca endurecer la respuesta frente a estas prácticas, dirigidas a tratar de modificar la orientación sexual o la identidad de género.

Sobre la mesa hay una enmienda transaccional en la que confluyen el PSOE, impulsor de la ley, Sumar, ERC, Compromís, BNG y Bildu, a la que, según fuentes parlamentarias, ya se ha sumado el PNV. Los grupos de izquierdas intentan ahora que Junts dé también el visto bueno para que una primera versión del texto salga adelante. Según las mismas fuentes, las dudas versan sobre la intención de incorporar a la redacción una frase que apunta a que será independiente el consentimiento de la persona afectada para que la terapia sea considerada perseguible. El partido catalán no ha respondido a las preguntas de este medio.

Los grupos, sin embargo, confían en que de la Comisión de Igualdad salga este miércoles una primera versión con el mayor consenso posible. El Congreso inició el trámite en junio del año pasado con 311 votos a favor, incluidos los del Partido Popular, que no ha adelantado qué hará este miércoles. La enmienda transaccional que se está negociando incorpora, además, a la pena de cárcel una multa de ocho a 24 meses, algo que no figuraba en la redacción inicial.

Promover terapias de conversión es considerado actualmente una infracción administrativa muy grave, con multas de hasta 150.000 euros, según la Ley Trans de 2023. La norma que se debate en el Congreso pretende “elevar la respuesta” y “dar un paso más” para incorporarlas al Código Penal debido a que “no estamos ante casos aislados, sino ante una de las formas más graves de ataque y denigración del colectivo LGTBI”, justifica la propuesta.

La iniciativa considera que, “a pesar de los avances”, está todavía “pendiente” una actuación “más enérgica” contra estas terapias pseudocientíficas, consideradas un riesgo grave para la salud física y mental de las personas LGTBI. La ley propone su inclusión en el artículo 173 del Código Penal, que persigue las torturas y los delitos contra la integridad moral. El objetivo es castigar con la pena de prisión de seis meses a dos años al que “aplique o practique” actos, métodos, programas, técnicas o procedimientos “de aversión o conversión” destinados a “modificar, reprimir, eliminar o negar” la identidad de una persona.

Así consta la redacción en el informe de la Ponencia, al que ha tenido acceso elDiario.es, sobre el que previsiblemente se harán cambios este miércoles debido a que los grupos mantienen todavía varias enmiendas vivas. El texto incluye una salvaguarda en la exposición de motivos acordada el pasado 17 de mayo a raíz de una transaccional del PSOE que aclara que la respuesta penal “no está referida” a los métodos o técnicas que “proporcionen apoyo y comprensión” y se apliquen conforme a los estándares profesionales internacionales.

“Un paso importante”

La Federación Estatal LGTBI+ (FELGTBI+) se muestra optimista con este primer paso en el Congreso y asegura que, si esta ley llega finalmente a ser aprobada —tras la Comisión de Igualdad deberá pasar por el pleno del Congreso y el Senado—, supondrá “un paso importante en la protección de la integridad de las personas LGTBI+”, explica su presidenta Paula Iglesias. Aunque desde 2023 las prácticas de conversión están prohibidas en España, las sanciones “son fácilmente asumibles por organizaciones” que, en ocasiones, “están financiadas internacional o eclesiásticamente”, prosigue Iglesias, que justifica la necesidad de la respuesta penal.

La presidenta de la FELGTBI+ también avala que se incorpore a la redacción que la pena de cárcel sobre las terapias podrá ser impuesta aunque exista consentimiento de la persona LGTBI o de su representante legal. “Establecer la nulidad del consentimiento es esencial. En estos casos, el consentimiento está viciado, ya que se da desde una situación de vulnerabilidad y desde un contexto hostil que es usado por un supuesto profesional para ofrecer una salida en forma de sufrimiento”, explica Iglesias.

Varios son los casos que se han hecho públicos en los últimos años. En 2025 el Ministerio de Igualdad inició una investigación tras la denuncia de la Asociación Española Contra las Terapias de Conversión contra siete diócesis españolas. La denunciaba señalaba específicamente a un proyecto llevado a cabo en al menos 13 parroquias entre 2023 y 2024 bajo la idea de que la homosexualidad es fruto de un trauma y que puede cambiarse. La iniciativa prescribía una vida “en castidad” y prácticas religiosas diarias para alcanzar ese supuesto objetivo.

Otro de los casos con más trascendencia pública ha sido el de la 'coach' Elena Lorenzo, que según adelantó elDiario.es, será juzgada por delito de odio para responder por artículos y vídeos de 2022 en los que patologiza la homosexualidad y oferta cursos de “coaching de identidad” para superarla.

Su nombre trascendió por primera vez en 2016 cuando fue denunciada ante la Comunidad de Madrid por promover, en esencia, terapias contra la homosexualidad. La multa de 20.000 euros que le impuso el ejecutivo regional tras años de procedimiento terminó anulada por defectos de forma pero, en paralelo, un juzgado abrió un proceso penal contra ella por el que la Audiencia Provincial de Madrid la sentará en el banquillo próximamente.

La 'coach' Elena Lorenzo se sentará en el banquillo acusada de un delito de odio por fomentar terapias de conversión para homosexuales. La Audiencia Provincial de Madrid, según ha podido saber elDiario.es, ha avalado el futuro enjuiciamiento de esta mujer al entender que las afirmaciones que hace en su página web y sus cursos sobre la homosexualidad pueden llegar a constituir un delito. La acusada, mientras tanto, defiende que sus expresiones han sido “malinterpretadas o sacadas de contexto” y que esta decisión no resuelve el fondo del asunto. Una web en la que se ofrecía para “recuperar la heterosexualidad” de sus clientes y ayudarlos a superar el inexistente “Trastorno Obsesivo Compulsivo Homosexual”.

Elena Lorenzo Rego se presenta como una 'coach de identidad' y en su página web presume de que lleva más de una década “trabajando” con hombres y mujeres que “experimentan atracción hacia personas de su mismo sexo y desean vivir su heterosexualidad plenamente”. Su nombre trascendió por primera vez en 2016 cuando fue denunciada ante la Comunidad de Madrid por promover, en esencia, terapias contra la homosexualidad. La multa de 20.000 euros que le impuso el ejecutivo regional tras años de procedimiento terminó anulada por defectos de forma pero, en paralelo, un juzgado abrió un proceso penal contra ella por delito de odio.

Fue la Asociación Española Contra las Terapias de Conversión la que llevó la página web de esta 'coach' a la Fiscalía de Madrid en 2023 al entender que había podido incurrir hasta en cuatro ilícitos del Código Penal. Además del delito de odio, la denuncia inicial planteó también la posibilidad de que hubiera incurrido en intrusismo profesional, un delito publicitario y otro de asociación ilícita. El Ministerio Público entendió que, al menos, podía ser acusada del primer delito por su forma de abordar la homosexualidad como algo a tratar desde el punto de vista patológico.

Tres años después de la apertura de diligencias y de que Lorenzo declarase varias veces como imputada la Audiencia Provincial de Madrid ha confirmado su auto de pase a procedimiento abreviado por un posible delito de odio. Los jueces, según ha podido comprobar este periódico, rechazan el principal argumento de la supuesta terapeuta para evitar el banquillo: que sus palabras e iniciativas sobre la homosexualidad no han sido bien entendidas. “Se han interpretado erróneamente sus afirmaciones”, explicaba en su recurso ahora rechazado.

La Audiencia Provincial de Madrid entiende que el caso de Elena Lorenzo debe zanjarse en un juicio y no de forma previa. Negar ahora que su página web constituya un delito de odio contra los homosexuales y archivar la causa de plano, dice el tribunal, sería prematuro y constituiría una “predeterminación” de la sentencia del caso. Desde la defensa de la 'coach' Elena Lorenzo apuntan, de hecho, a que la Audiencia Provincial no entra a valorar el fondo del asunto ya que el delito de odio es “esencialmente valorativo” y que tres de los delitos planteados por la acusación han sido descartados por el momento.

Terapias prohibidas por ley

El rechazo institucional a las denominadas “terapias de conversión” es transversal a las instituciones autonómicas, estatales e incluso europeas. El Parlamento Europeo lleva una década mostrando su condena “enérgica” contra este tipo de prácticas. Casi una decena de comunidades autónomas prohíben estas terapias bajo amenazas de sanción y, a nivel estatal, la Ley Trans y LGTBI aprobada en 2023 también las proscribe. Su promoción o práctica es considerada una infracción administrativa muy grave y acarrea multas de 10.0001 a 150.000 euros.

La Comunidad de Madrid, entonces gobernada por Cristina Cifuentes, fue la primera autonomía en aprobar una norma de protección al colectivo LGTBI que prohibía este tipo de prácticas. Una ley que dividió internamente al PP madrileño y que llegó en 2016. Elena Lorenzo Rego fue la primera persona denunciada, en aquel entonces por la asociación Arcópoli, por ofrecer este tipo de falsas terapias.

Su caso tardó años en tramitarse por parte de la Comunidad de Madrid y terminó con una sanción de 20.000 euros impuesta en 2019. Una multa que fue anulada poco después por defectos formales y que, según ha sabido elDiario.es, acaba de ser enterrada de forma definitiva por la sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid. En 2021 los jueces ya tumbaron la multa porque la Comunidad de Madrid pasó demasiado tiempo analizando el caso y vulneró los derechos de Lorenzo. Más recientemente los magistrados han rechazado la petición de la Asociación Española Contra las Terapias de Conversión de reabrir el expediente al entender que no están legitimados para pedirlo.

La causa contra Elena Lorenzo es el primer caso conocido de una supuesta terapeuta que ofrece un tratamiento contra la homosexualidad en llegar a juicio por la vía penal. Pero no es la única de estas terapias que ha sido denunciada públicamente, algunas de ellas incluso vinculadas a la Iglesia. Tal y como reveló en exclusiva elDiario.es en 2019, el obispado de Alcalá de Henares ofreció cursos y legales y clandestinos para curar la homosexualidad. Unas prácticas que el ejecutivo regional de Isabel Díaz Ayuso mantuvo impunes al no imponer ninguna sanción a pesar de que son prácticas prohibidas por la ley madrileña.

El año pasado la Asociación que ejerce la acusación popular en este caso también presentó una denuncia ante el Ministerio de Igualdad contra varias diócesis españolas que ofrecen este tipo de terapias de conversión. Diversos curas pertenecientes a la 'fachosfera católica' también han sido denunciados por participar en este tipo de terapias aún activas.

La Comisión Europea va a urgir a los países de la UE para que prohíban las denominadas 'terapias de conversión' para personas LGBTIQ+. Bruselas señala que estas prácticas homófobas “se basan en la idea falsa de que las personas LGBTIQ+ están enfermas”. Además detalla que estas intervenciones son “dañinas y pueden provocar perjuicios psicológicos y físicos duraderos”. En la actualidad, solo ocho países de los 27 que conforma la UE han prohibido este tipo de actuaciones discriminatorias: España, Bélgica, Alemania, Grecia, Francia, Chipre, Malta y Portugal.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, comentado que estas acciones homófobas “no tienen cabida en nuestra Unión. La UE se sitúa con orgullo junto a la comunidad LGBTIQ+ y reafirma su visión de una Unión de la igualdad, un lugar donde todas las personas puedan vivir con libertad y autenticidad”.

“A todas las personas LGBTIQ+ que han sufrido bajo estas prácticas: no había nada malo en vosotros. Nunca necesitaron ser 'arregladas'. Son perfectas exactamente tal y como son. Y la Unión Europea está con ustedes”, ha declarado la comisaria europea de Igualdad, Hadja Lahbib. 

Según el informe de la Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, “el 24% de las personas LGBTIQ+ en la UE ha sufrido este tipo de prácticas, incluidas violencia física y sexual, abuso verbal y humillación. Esta cifra casi se duplica en el caso de las mujeres y hombres trans”.

Varios organismos europeos e internacionales se han opuesto públicamente a las prácticas de conversión, entre ellos la Asociación Médica Mundial en 2013, la Asociación Mundial de Psiquiatría en 2016 y la Asociación Europea de Psiquiatría en 2022.

La medida que pone en marcha la Comisión responde a la iniciativa “Prohibición de las prácticas de conversión en la Unión Europea”, que fue presentada en Bruselas el pasado 17 de noviembre de 2025, tras haber reunido 1.128.063 firmas de ciudadanos verificados.

El Parlamento Europeo, en su resolución sobre la situación de los derechos fundamentales en la Unión Europea adoptada el 29 de abril de 2026, “condena las prácticas de conversión, como aquellas destinadas a cambiar, reprimir o suprimir la orientación sexual, la identidad de género y/o la expresión de género de una persona, como violaciones de los derechos fundamentales”. En esta resolución, la Eurocámara instaba a la Comisión a presentar una propuesta de acto legislativo que establezca una prohibición de las prácticas de conversión en toda la UE en todos los Estados miembros.

“A todos los Estados miembros: prohíban las prácticas de conversión”

“La Comisión Europea está enviando un mensaje claro, sin ambigüedades, a todos los Estados miembros de esta Unión: prohíban las prácticas de conversión. Ahora. Ocho Estados miembros ya han prohibido estas prácticas. Han demostrado que es posible hacerlo. Estamos aprovechando ese impulso y exhortando al resto a seguir ese ejemplo”, ha declarado Lahbib.

España aprobó la prohibición de las terapias de conversión dentro de la conocida como Ley Trans, aunque estos actos homófobos aún no están reconocidos como un delito. El Congreso comenzó a tramitar una ley para castigar con penas de prisión a quienes pongan en marcha o apliquen las llamadas terapias de conversión sexual contra personas LGTBIQ+. La toma en consideración de la iniciativa, promovida por el Partido Socialista, ha salido adelante con los votos del bloque de la investidura y el PP. Solo Vox ha votado en contra y el diputado de Unión del Pueblo Navarro se ha abstenido. 

En España, además de a nivel del Estado, hay siete comunidades autónomas que prohíben estas pseudoterapias homófobas: Madrid, Andalucía, Aragón, Canarias, Cantabria, Castilla-La Mancha, Comunitat Valenciana y La Rioja.

El Tribunal Supremo de Estados Unidos determinó este martes que los estados no pueden prohibir las llamadas 'terapias de conversión' para cambiar la orientación sexual o la identidad de género de menores, una práctica considerada como tortura por la ONU.

El alto tribunal justificó su decisión en base a la Primera Enmienda de la Constitución, que protege la libertad de religión, expresión, prensa y reunión.

“La Primera Enmienda constituye un escudo contra cualquier intento de imponer la ortodoxia en el pensamiento o la expresión en este país”, escribió el juez Neil Gorsuch en nombre de la mayoría del tribunal.

La decisión, que se tomó por ocho votos a favor, solo contó con la oposición de la jueza progresista Ketanji Brown Jackson.

El fallo es una respuesta a la prohibición a las terapias de conversión que había fijado Colorado, uno de los 20 estados que han vetado esa práctica.

Técnicamente, la decisión del Supremo no anula la ley de Colorado, que sigue en vigor, pero envía el asunto a tribunales inferiores que muy probablemente fallarán en el mismo sentido.

En 2019, Colorado promulgó una ley que prohibía a los profesionales de la salud mental realizar cualquier práctica o tratamiento, incluyendo la terapia verbal, que intente cambiar la orientación sexual o la identidad de género de una persona.

Los infractores se enfrentan a multas de hasta 5.000 dólares (unos 4.300 euros) y pueden ser suspendidos del ejercicio de su profesión o perder el permiso.

La terapia de conversión, favorecida por algunos conservadores religiosos, busca que los menores homosexuales se identifiquen como heterosexuales y que los niños trans encajen en el género al nacer.

Esta práctica está desacreditada por organizaciones médicas y las investigaciones científicas han demostrado que la terapia de conversión es ineficaz e incluso puede ser peligrosa, generando problemas de salud mental.

El Proyecto Trevor, una organización dedicada a prevenir el suicidio en los jóvenes del colectivo LGTBI, advirtió que el fallo del Supremo es un “trágico paso atrás”.

En cambio, el grupo religioso First Liberty Institute celebró la decisión, al considerar que no se debe “censurar” la libertad de los profesionales.

La bienvenida de los organizadores del Orgullo LGTBi+ de Madrid se llenó de reivindicaciones con recuerdo a los más de 50.000 palestinos asesinados en la Franja de Gaza, de condena a la invasión de Ucrania por parte de Rusia o frente a las pseudoterapias de “conversión” o las agresiones homófobas y tránsfobas. También hubo recuerdos para Pedro Zerolo desde la plaza que lleva su nombre en el año en que se cumplen 20 años de la entrada en vigor de la Ley del Matrimonio Homosexual.

Juan Carlos Alonso, coordinador de Madrid Orgullo (MADO) y secretario general de la Asociación de Empresas y Profesionales para Gays y Lesbianas, Bisexuales y Trans de Madrid (Aegal), lanzó un mensaje muy reivindicativo en la bienvenida al Orgullo tras recordar al político socialista fallecido en 2015. Alonso tuvo palabras tanto contra el genocidio israelí en Gaza como frente a la invasión rusa de Ucrania, y señaló que “los derechos humanos no se pueden defender a la carta”.

También mencionó Alonso la última campaña de una asociación de familias numerosas madrileña en algunas estaciones de Metro de Madrid frente a las relaciones no normativas y defendió el amor libre y la libertad de la persona: “La libertad, sí, de la de verdad. Porque muchos, muchas, hablan mucho de libertad. ¿Pero sabéis una cosa? A lo que más miedo tienen es precisamente a eso, a la libertad. Y eso es el Orgullo”.

Ronny de la Cruz Carbonell, presidente de COGAM, recordó a su vez el Orgullo de Budapest, que tuvo lugar el pasado fin de semana en la capital húngara pese a los intentos del presidente ultraconservador Víktor Orbán de prohibir su celebración, “por primera vez en Europa”: “Lo arrasó todo completamente”. El representante COGAM apuntó también contra las llamadas “terapias de conversión”, que pretenden modificar la identidad sexual de personas no heterosexuales, y celebró el 20 aniversario de la aprobación de la Ley del Matrimonio Homosexual.

Paula Iglesias, recientemente elegida presidenta de la Federación LGTBi+, también celebró los 20 años de la ley promovida por Pedro Zerolo: “Muchas se dejaron la piel por algo que nos cambió la vida a todas. Dio derechos a nuestras familias, dignidad a nuestras existencias y un futuro a nuestras esperanzas”, exclamaba ante una plaza llena en el barrio de Chueca.

Iglesias defendió el derecho a amar libremente, haciendo gritar “sí, quiero” a toda la plaza de Pedro Zerolo, exigió un pacto de Estado frente a los discursos de odio así como “igualdad plena”, vivienda accesible, erradicar los estereotipos hacia las personas bisexuales o la violencia contra las mujeres lesbianas o contra las personas trans. “El Orgullo es resistencia. El Orgullo es rebeldía. El Orgullo es reivindicación. Y sobre todo el Orgullo es nuestro”, exclamaba.

Tras la bienvenida de las asociaciones, llegó el turno de la actuación de Samantha Hudson, quien se dirigió a los asistentes lanzando un alegato contra las “terapias de reconversión”: “Que no nos tomen el pelo”, “estamos aquí para quedarnos y por mucho que se empeñen no vamos a dejar de existir”, gritaba antes de arrancar su actuación.

Ya después de Samantha Hudson, subieron al escenario presentadas por La Plexy los actores y actrices Carlos González, Yenesi y Blanca Martínez Rodrigo, todos ellos participantes en la serie 'Mariliendre', de los Javis. Carlos González arrancó el pregón señalando que esta producción audiovisual “cuenta una historia de todas las aquí presentes” y que es “tan importante” porque “probablemente todes les que estamos aquí nos hemos sentido desprotegides por un sistema que atenta contra nuestra integridad con discursos alarmistas y falsos”.

“La ultraderecha habla del colectivo como si fuera una condición elegida continuamente relacionada con la lujuria, las drogas y el adoctrinamiento”, criticaba González, que cuestionaba el discurso de odio y que “lo que realmente ha aumentado ha sido el odio y las agresiones”. “Me pregunto dónde podemos encontrar un lugar donde poder existir sin tener pánico”, añadía el actor, que recordaba que “ser una persona del colectivo no es una elección, ser fóbico sí que lo es”.

Yenesi arrancaba su turno de palabra citando a Kika Lorace: “Escúchame, homosexual, que el mundo está muy mal”, antes de recordar las cifras de agresiones a personas trans en los últimos años y cargando contra la eliminación de derechos LGTBiQ+ por parte de la Comunidad de Madrid, a cuyos diputados calificaba de “nazis de mierda”.

“Porque no hay orgullo sin memoria trans, no hay orgullo sin todas las travestis, sin las no binarias que se manifestaron libremente cuando ser visible podía suponer una condena. Gracias”, proseguía Yenesi, que cuestionaba la estigmatización de parte de la sociedad o de políticos “que nos cuestionan día a día”. “Dejadnos vivir en paz. Nosotras no queremos quitarle nada a nadie. Sois vosotros, los de siempre, los del miedo, los nazis de mierda los que queréis quitárnoslo todo”, y añadía que “a pesar de todo” aquí están.

La actriz Blanca Martínez cerraba el pregón “como mujer cishetero” pero afirmando que también se siente parte del Orgullo LGTBiQ+ y que “cuando alguien ataca el Orgullo nos ataca a todas”. “Esto es una cuestión de igualdad, de derechos humanos y de libertades. Si pierde un colectivo, perdemos todas las personas como sociedad”, añadía, antes de pedir luchar “por todas las minorías discriminadas” y por quienes “no encajan en los moldes”.

Blanca Martínez recordaba las agresiones homófobas de la última semana en La Rioja o en Burgos y pedía acabar con la violencia y el odio. “¡Que nadie nos va a parar y que Madrid es nuestra!”, exclamaba ante los aplausos del público para finalizar su discurso. Tras algunas fotos, volvió a sonar en el centro de Chueca el 'A quién le importa' de Alaska y Dinarama, dando inicio a las fiestas del Orgullo de 2025.

El Congreso comenzará a tramitar una ley para castigar con penas de prisión a quienes pongan en marcha o apliquen las llamadas terapias de conversión sexual contra personas LGTBIQ+, prácticas que a menudo se dan en entornos religiosos para modificar la orientación sexual o la identidad de una persona. La toma en consideración de la iniciativa, promovida por el Partido Socialista, ha salido adelante con los votos del bloque de la investidura y el PP. Solo Vox ha votado en contra y el diputado de Unión del Pueblo Navarro se ha abstenido. La votación ha salido adelante con 311 votos a favor y los 33 en contra de la extrema derecha.

La ley registrada por el grupo socialista busca modificar el Código Penal con el objetivo de introducir penas de entre seis meses y dos años de prisión a quienes promuevan estas terapias. La última ley 4/2023 para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI, impulsada durante la legislatura por el Ministerio de Igualdad, ya recogía como infracción administrativa “muy grave” la promoción o práctica de este tipo de métodos. La idea del texto es que ahora pasen a ser consideradas como delito.

Estas pseudoterapias, que muchas veces se desarrollan en entornos religiosos y en la mayoría de los casos de forma secreta, buscan “modificar, reprimir, eliminar o negar su orientación sexual, su identidad sexual o su expresión de género, con afectación de su integridad corporal o su salud física o mental o con menoscabo grave de su integridad moral”, según la ley registrada por el PSOE. Algunos de los métodos utilizados van desde el uso de exorcismos o intervenciones espirituales hasta la castración hormonal o el “recondicionamiento” del placer.

La propuesta del PSOE establece que se use la horquilla de penas más altas cuando las víctimas fueran menores de edad, cuando se emplee violencia, intimidación o engaño, o se abuse de una situación de superioridad, necesidad o vulnerabilidad de la víctima “por razón de enfermedad, discapacidad o por cualquier otra circunstancia”. También “cuando el culpable perteneciere a una organización o asociación, incluso de carácter transitorio, que se dedicare a la realización de tales actividades” o cuando haya “fines de lucro”.

Además, contempla penas de inhabilitación especial de hasta cinco años para las personas que incurran en estas prácticas y se desempeñen en profesiones que impliquen un contacto regular y directo con menores.

Y “en todos los casos, se impondrá además la pena de inhabilitación especial para profesión u oficio educativos, en el ámbito docente, deportivo y de tiempo libre, por un tiempo superior entre tres y cinco años al de la duración de la pena de privación de libertad impuesta en su caso en la sentencia, atendiendo proporcionalmente a la gravedad del delito, el número de los cometidos y a las circunstancias que concurran en la persona delincuente”, añade la ley.

“Hoy nos miran jóvenes que con apenas 15 o 16 años fueron llevados a la fuerza al despacho de un supuesto psicólogo, de un supuesto médico o sacerdote que les prometía una cura para algo que no es una enfermedad. Nos miran también mujeres lesbianas que fueron violadas con la excusa de corregir su orientación”, ha defendido el diputado socialista Víctor Gutiérrez, que ha presentado el texto en nombre de su grupo.

Gutiérrez ha argumentado la necesidad de endurecer el castigo contra estas terapias e incorporarlo al Código Penal. Entre otras cosas, ha dicho, porque son en ocasiones las familias las que empujan a este tipo de prácticas, lo que dificulta las denuncias. También ha señalado que son muchas veces las comunidades autónomas las que reciben esos avisos pero no toman las medidas adecuadas.

“¿Qué es lo que está pasando en la Comunidad de Madrid, donde se ha ejecutado el primer retroceso en materia LGTBI de la democracia que la señora Ayuso ha abierto la puerta?”, ha argumentado a continuación González. “Que se puedan practicar terapias de conversión a personas trans. Eso es lo que ha hecho la Comunidad de Madrid. Ayuso presume de que Madrid es la comunidad más libre. En Madrid cada uno hace con su vida lo que le da la gana, excepto los niños a los que usted ha dejado vendidos a sectas y a pseudoterapeutas, esos no pueden hacer lo que les dé la gana y lo que han hecho es gravísimo”, ha denunciado.

En otros lugares como en la Comunitat Valenciana, la mayoría de PP y Vox se puso de acuerdo para vaciar la ley trans autonómica y abrir la puerta a que este tipo de terapias sean voluntarias. “Han desactivado la protección contra estas terapias, han vaciado de recursos los centros de atención a víctimas, han permitido que asociaciones ultra católicas vayan a centros concertados para adoctrinar a los niños trans…”, ha acusado González al PP.

La iniciativa ha contado con el apoyo de todo el bloque de investidura, aunque algunas formaciones de izquierdas han reprochado al PSOE poca ambición en la redacción de la ley. Algunas como Sumar y Podemos han avanzado que enmendarán el texto para que no sea una ley únicamente punitiva, sino que incluya medidas de acompañamiento psicológico o educación sexual integral en las escuelas.

Vox, en contra

Tanto la derecha como la ultraderecha han asegurado estar en contra de estas terapias, pero al mismo tiempo han cargado contra esta ley que busca perseguirlas penalmente. El diputado del PP Jaime de los Santos se ha limitado a criticar que el texto sea una proposición de ley y no un proyecto del Gobierno, una decisión que a su juicio busca que no pase los informes preceptivos del Consejo General del Poder Judicial, cuyos argumentos ha avanzado- “Les diría que ¿qué es una terapia de conversión?”, ha dicho para defender a continuación la modificación de la ley trans de la Comunidad de Madrid. Pese al duro descargo de su diputado, el partido ha votado a favor del texto.

Vox ha asegurado que no está en contra de las personas homosexuales pero ha cargado a continuación contra el PSOE por pretender “proteger a personas ya protegidas”, “mandar a personas a la cárcel” y “comprar los argumentos del lobby LGTBIQ+”.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha recordado este lunes la férrea oposición que desplegó el Partido Popular, la Iglesia y otros sectores conservadores contra el matrimonio entre personas del mismo sexo, que cumple este julio 20 años. “Duele recordar las manifestaciones de una minoría que llenó de gritos y de miedo las calles. En aquel momento nos habrían llamado wokes si existiera el término y en su lugar nos llamaron amenaza, aberración y error histórico”, ha dicho en el acto que ha convocado el Ejecutivo para conmemorar el vigésimo aniversario de la ley.

Sánchez ha rememorado a quienes alertaban de que aprobar la norma “rompería las familias” y ha señalado que “al contrario, lo que hicimos fue fortalecer la sociedad y ensanchar el significado de las familias”. “Lo hicimos tanto que incluso los hijos de quienes alzaban las pancartas pueden amar libremente, pueden casarse, pueden formar la familia que sus padres y madres negaron a otros pero que ahora no podrían negarles a ellos”, ha añadido.

El presidente ha recordado a Pedro Zerolo, pieza clave en la consecución del matrimonio igualitario, y a los diputados que votaron a favor de la norma en el Congreso y ha hecho referencia a la ola ultra que a nivel global tiene en los derechos LGTBI una de sus dianas: “Este país ya eligió avanzar y no vamos a permitir que lo devuelvan al armario, al silencio y al miedo”. En este sentido, Sánchez ha nombrado a Hungría, que se enfrenta a la prohibición del Orgullo dictada por el presidente Víktor Orbán. “España no es Hungría, pero las calles de Madrid sí serán las de Budapest. Este Orgullo reivindicamos todo lo que nos queda por conquistar aquí pero también salimos por todos aquellos que no pueden alzar la voz en sus países”.

Sánchez ha nombrado también la proposición de ley que el PSOE ha registrado en el Congreso para llevar al Código Penal las terapias de conversión y castigar su promoción con penas de cárcel. Actualmente las terapias de conversión están vetadas en España en virtud de la Ley Trans aprobada en 2023, que contempla multas de hasta 150.000 euros para quienes las lleven a cabo o promocionen. El pasado enero el Ministerio de Igualdad anunció que estaba estudiando la posibilidad de convertirlas en delito después de abrir expediente a siete diócesis españolas tras la denuncia de la Asociación contra las Terapias de Conversión.

“Nunca vi tantos obispos”

El acto ha contado con la presencia de la ministra de Igualdad, Ana Redondo, el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, y el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, cuyo Gobierno aprobó la reforma del Código Civil que posibilitó las bodas entre personas del mismo sexo. El socialista se ha expresado en la misma línea que Sánchez y ha recordado la campaña conservadora que se desplegó contra el texto, con la convocatoria de manifestaciones mutitudinarias a las que asistían miembros de la Iglesia y del PP.

“Con la hipocresía y la falta de dignidad que les caracteriza nos insultaron, salieron a la calle y a mi me acusaron de ser más o menos el diablo porque iba a acabar con las familias. Había muchos obispos de la mano del PP, nunca vi tantos obispos…”, ha afirmado Zapatero antes de señalar que “han vuelto a salir 20 años después”, en referencia a la petición de elecciones que ha hecho la Conferencia Episcopal: “¿Por qué no pidió elecciones en los 40 años de dictadura de Franco, al que llevaron bajo palio?”, ha preguntado entre aplausos del público.

Zapatero, que ha evocado “la emoción” que sintió el día que el Congreso dio luz verde al matrimonio, ha participado en una mesa redonda junto a Beatriz Gimeno, que en aquel momento era presidenta de la Federación Estatal LGTBI (FELGTBI+), Guillem Montoro, primer concejal trans en el Ayuntamiento de Paiporta, y Abi Power, actriz y creadora de contenido. El acto ha sidocelebrado en el Museo del Traje de Madrid bajo el título Un país con derechos, un país con orgullo.

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, también ha intervenido en el evento y ha querido también nombrar a quienes votaron en contra de la norma, además de rememorar que los populares llegaron a llevar la ley ante el Tribunal Constitucional. “Incluso ellos han podido disfrutar y ser plenamente libres [...] Esa es la grandeza de los derechos, que todos los disfrutamos”, ha añadido. Redondo ha destacado que en 2005 España “dio un salto histórico” y desde entonces “más de 75.000 familias han podido desarrollar su proyecto vital y ser completamente libres e iguales”.

La ministra también ha señalado las leyes y discursos enarbolados por la extrema derecha que amenazan los derechos LGTBI. “Somos conscientes de que no hay derechos irreversibles”, ha afirmado. “Estaremos en Budapest, pero también estaremos dentro de nuestra país contra quienes no quieren colocar las banderas del Orgullo o quienes pretenden retrotraernos a tiempos anteriores”, ha agregado.

La mayoría de PP y Vox en las Corts Valencianes tumba una propuesta que reclama que las conocidas como terapias de conversión sexual sean consideradas delito y figuren específicamente en el Código Penal. La derecha y la ultraderecha han votado en contra de una proposición no de ley presentada por Compromís a instancias de colectivos LGTBi, después de que en la ley de acompañamiento a los presupuestos se modificaran las referencias a estas terapias.

En una de las enmiendas aprobadas a esta norma, que se aprobó hace escasas dos semanas, se refleja que “se prohíben las terapias que puedan suponer una agresión o intimidación a la persona trans”, y a renglón seguido que es “posible acogerse a acompañamiento siempre que se opte libre y voluntariamente”. La conselleria insistió en que el cambio normativo no avala este tipo de terapias. El director general de Diversidad, Stephane Soriano, aseguró que “las terapias contra las personas trans están totalmente prohibidas en la Comunidad Valenciana”. Al respecto, Compromís y el PSPV alertaron del cambio y denunciaron que “eliminan contenido sobre diversidad sexual, abriendo la puerta a las terapias de conversión y, en definitiva, desmontando las garantías de protección a las personas trans, especialmente a las infancias”

Durante el debate, celebrado en la sesión de este miércoles -las votaciones se realizan en bloque el jueves- el diputado de Compromís Francesc Roig defendió la necesidad de considerar estas supuestas terapias como delito para así facilitar la protección de las víctimas. Es algo que pide una proposición de ley orgánica registrada en el Congreso por Sumar, Podemos, ERC, BNG y Junts, a propuesta de la asociación No es Terapia, para castigar con penas de uno a cuatro años de cárcel. La diputada socialista Cristina Martínez coincidió en denunciar estos cambios, al considerar que “las mal llamadas terapias de conversión son crueles, inhumanas y no deberían haber existido nunca”. “No es terapia, es tortura”, proclamó tras anunciar su apoyo a la iniciativa de Compromís.

El PP niega que se avalen las terapias

La diputada del PP Verónica Marcos aseguró que “el PP nunca ha avalado, avala ni avalará jamás las terapias de conversión”, que “están prohibidas y seguirán prohibidas”, por lo que tachó de “bulo” las críticas de la izquierda. “Hemos tenido que poner sentido común para garantizar la supervisión médica y psicológica” con “protocolos reales”, justificó sobre los cambios en la Ley Trans que ve “ineficaz”. Pese a ello, su grupo ha votado en contra de la propuesta.

Además, acusó al anterior gobierno del PSPV, Compromís y Unides Podem, que impulsaron una norma pionera en España, de guardar las denuncias “en un cajón para que caducaran” y de “no personarse en ningún procedimiento”, mientras el actual Consell “ha remitido los casos a Fiscalía”. En su réplica, el diputado de Compromís desmintió esta afirmación, asegurando que la vicepresidenta y consellera de Igualdad, Susana Camarero (PP), “aseguró que se personaría en todos los delitos” de agresiones LGTBI y “lo han hecho en cero casos” según una respuesta parlamentaria de Presidencia.

La diputada de Vox Ángeles Criado sí defendió lo que califica como “el acompañamiento” a personas LGTBI: “Una persona que está en un periodo de confusión de identidad está en su derecho de que alguien le acompañe, si voluntariamente quiere, y puede elegir a quien le dé la gana en función de sus creencias religiosas”, argumentó la parlamentaria ultraderechista. Los parlamentarios de izquierdas afearon la intervención de Criado, calificando este ideario como “transfobia” y “fanatismo religioso”, mientras reivindicaron “la libertad de ser”. “El pecado es el que hacéis vosotros, y lo pagaréis más pronto que tarde”, lanzó Roig a la bancada ultra.

Más de un millón de ciudadanos de países de la Unión Europea se han sumado a una recogida de firmas que propone una prohibición legislativa de las llamadas “terapias de conversión” dirigidas a personas LGTBQ+ en los países del espacio comunitario y que la Comisión Europea estará obligada a estudiar una vez alcanzados los requisitos mínimos.

Presentada en enero de 2024 por la organización francesa ACT (Against Conversion Therapy), que fue fundada apenas un año antes, y promovida por el joven Mattéo Garguilo, activista contra este tipo de terapias, lo cierto es que esta iniciativa ciudadana europea ha logrado las firmas mínimas necesarias para llevar su caso ante la Comisión Europea liderada por Ursula von der Leyen en las últimas horas del plazo.

En la iniciativa se explica que este tipo de pseudoterapias, que tienen lugar en muchas ocasiones en entornos religiosos y que son secretas en la mayoría de los casos, consisten en prácticas que buscan modificar la orientación sexual o la identidad de una persona “para alinearla con las normas heterosexuales y cisgénero”. Algunos de los métodos utilizados van desde el uso de exorcismos o intervenciones espirituales hasta la “castración hormonal” o el recondicionamiento del placer.

De acuerdo con un informe del Parlamento Europeo del año 2022, se estima que el 2% de los ciudadanos LGTBIQ+ europeos han sido sometidos a alguna de estas terapias. Este porcentaje aumenta hasta el 5% cuando se estiman las personas de la UE a las que se ha ofrecido en alguna ocasión participar en una de estas terapias homófobas.

En su petición pública, ACT explica que este tipo de prácticas, alejadas del método científico, han sido calificadas como tortura por las Naciones Unidas y que actualmente ya están prohibidas en varios estados debido a su carácter “discriminatorio, degradante, dañino y fraudulento”. Para hacer frente a ello, esta propuesta que ha obtenido ya más de 1.100.000 firmas, solicita que la Comisión Europea, mediante una Directiva, añada las prácticas de conversión a la lista de eurodelitos o, como alternativa, que modifique la actual Directiva sobre igualdad (aprobada en 2008) para que se incluya una prohibición de estas prácticas.

Asimismo, piden que se emita desde la Comisión una resolución no vinculante que exija la prohibición generalizada de las terapias de conversión en la Unión Europea y que establezca normas mínimas sobre los derechos, el apoyo y la protección de las víctimas de estas prácticas en la Directiva europea sobre derechos de las víctimas.

Francia, país de origen de la iniciativa ciudadana, ha sido el que más firmantes ha aportado a la causa, con casi 600.000 solicitantes, seguido de España, con más de 140.000, Alemania, con casi 90.000, o Italia, con más de 50.000 firmas.

En el caso español, en su artículo 17, la ley trans y LGTBI, aprobada en febrero de 2023, establece de forma clara la prohibición de estas pseudoterapias: “Se prohíbe la práctica de métodos, programas y terapias de aversión, conversión o contracondicionamiento, en cualquier forma, destinados a modificar la orientación o identidad sexual o la expresión de género de las personas, incluso si cuentan con el consentimiento de la persona interesada o de su representante legal”. Sin embargo, no todos los países de la UE cuentan con legislación similar.

Además, hasta siete normas autonómicas hacen referencia a estas “terapias de conversión”, aunque en los últimos meses se han introducido modificaciones en la normativa de la Comunidad de Madrid, donde se eliminó la referencia al género, o en la Comunitat Valenciana, donde PP y Vox han pactado cambios que de facto legalizan estas prácticas si la persona afectada participa de ellas de forma “libre y voluntaria”.

El PP de Madrid ha votado en contra de una iniciativa impulsada por Más Madrid que pretendía exigir al Gobierno central que las terapias de conversión hacia personas del colectivo LGTBIQ+ sean delito. De esta forma, la formación de Isabel Díaz Ayuso se ha unido a Vox este jueves en el pleno de la Asamblea de Madrid para rechazar una Propuesta No de Ley (PNL) argumentando que con esta medida los partidos progresistas pretenden atacar a la Iglesia, después de que la Asociación Española contra las Terapias de Conversión denunciase que siete diócesis siguen acogiendo estas prácticas. El texto ha sido rechazado con 80 votos en contra y 51 a favor.

La diputada del PP Mónica Lavín ha justificado la postura de su partido asegurando que la propuesta de Más Madrid está basada en “acusaciones infundadas” contra la Conferencia Episcopal, también acusa al partido de Manuela Bergerot de “instrumentalizar” al colectivo LG TBIQ+. A pesar de criticar el texto de la medida de Más Madrid, la representante de los populares en este debate ha insistido en que “las terapias de conversación son torturas y están sancionadas por la ley”. Para los populares estas técnicas, denunciadas por la Asociación Española contra las Terapias de Conversión, “no son una realidad significativa”. Y ha añadido: “Se prohíben por si a algún fanático se le ocurre [llevarlas a cabo]”. 

La impulsora de la PNL ha sido la diputada de Más Madrid Jimena González. En su intervención, ha recordado la denuncia presentada ante el Ministerio de Igualdad por la Asociación Española contra las Terapias de Conversión, en la que señalaron a siete diócesis, entre ellas Madrid y Barcelona, además de Alcalá de Henares, Getafe, Valencia, Sigüenza-Guadalajara y Málaga. “Son auténticas torturas”, ha reivindicado González, que ha recordado que “mediante violencia psicológica” y “médica” los afectados son empujados, en muchas ocasiones, por sus propios familiares, a participar en ellas. 

Instaban a garantizar la reparación del daño ocasionado

El texto de la PNL que no ha salido adelante proponía a la Asamblea que instase al Gobierno autonómico a “poner a disposición de las posibles víctimas de los hechos denunciados todos los recursos legales necesarios con el objetivo de garantizar la reparación del daño ocasionado”. Además, pretendía urgir al “Gobierno de España a realizar las modificaciones legales oportunas para que la realización de terapias de conversión hacia personas del colectivo LGTBIQ+ pasen de ser infracciones administrativas a tener la consideración de delito”. Siguiendo el espíritu de su propuesta, González ha asegurado que con estas terapias se condena a las víctimas “a una vida llena de odio y asco hacia sí mismos”.

Por su parte, el diputado socialista Santiago Rivero ha asegurado que “muchas” de las víctimas de estas terapias son “menores de edad”, a los que se somete a técnicas de “exorcismo” y a “descargas eléctricas”. “Tendríamos que estar de acuerdo en que este tipo de prácticas son torturas”, ha insistido. Posteriormente, ha detallado que estas prácticas también conllevan el relato de “falsos testimonio de personas que presuntamente han salido de la homosexualidad”. 

Vox ya anunció en su turno de palabra que votarían en contra criticando a la formación de Bergerot, a la que acusó de “imponer” y “perseguir” sus dogmas, aspirando al “control total de la opinión”, tal y como ha expuesto la diputada de la extrema derecha María Belén González. A pesar de que la PNL se centraba en terapias de conversión del colectivo, la representante de Vox ha dirigido su intervención contra la transexualidad. Esta política ha defendido que hay que “escuchar antes de mutilar”, así como “ofrecer ayuda antes de imponer una identidad construida sobre la prisa”.

La Fiscalía Provincial de València ha incoado diligencias de investigación penal tras una denuncia presentada por Compromís contra la Fundación San Vicente Mártir de Colegios Diocesanos por las terapias de conversión sexual a personas LGTBI. Los hechos investigados, según el fiscal instructor designado en las deligencias, podrían ser constitutivos de los presuntos delitos de odio, asociación ilícita y grupo criminal. Se trata de una fundación pía autónoma, de carácter público, erigida canónicamente por el entonces arzobispo Agustín García Gasco en 1994 que agrupa a los colegios diocesanos, cuya titularidad ostenta bien directamente el Arzobispado o a través de las parroquias.

El Ministerio Fiscal investiga a la entidad por “promover formaciones en pseudoterapias de conversión homófobas en 60 centros educativos diocesanos”, según ha dicho este jueves el diputado de Compromís Francesc Roig.

El parlamentario sostiene que se trata de una “gran noticia” para “proteger a los jóvenes LGTBI”. “Los centros educativos tienen que ser espacios seguros para todas y todos. Las pseudoterapias de conversión homófobas coartan la libertad de los jóvenes”, ha abundado.

Compromís critica la inacción del Consell

Compromís denuncia la “inacción” del Arzobispado de València y de varios departamentos del Gobierno autonómico de Carlos Mazón, tales como Educación e Igualdad —en manos de los consellers José Antonio Rovira y Susana Camarero— “por no hacer nada” ante las denuncias de la formación y de las asociaciones que investigan las terapias de conversión sexual. “Desde Mazón a Rovira, pasando por Susana Camarero, aquí nadie ha movido ni un dedo y es una auténtica vergüenza que esto esté pasando”, ha dicho Francesc Roig.

El parlamentario de Compromís ha vinculado a la fundación con el Arzobispado de València y ha recordado que la entidad “opera en 60 centros educativos concertados diocesanos” pagados “entre todos y todas”. “Forma parte de la extensa trama de pseudoterapias de conversión homófobas practicadas en nuestras comarcas”, ha añadido.

Roig también ha emplazado al Arzobispado de València a “ser más valientes” ante presuntos delitos “que son muy graves”. “Sobre todo esperamos que Rovira, Camarero y Mazón actúen de una santa vez, porque está en juego la integridad física y la salud emocional y mental de estos niños y niñas, porque los centros educativos tienen que ser espacios seguros”, ha concluido el diputado.

Compromís mantiene activo una página web que aporta información sobre las organizaciones y los responsables de estas prácticas y cursos.

Estas prácticas, que deberían estar erradicadas y perseguidas con todo el peso de la ley, suponen un atentado directo contra la dignidad de las personas LGTBIQ+. Son ya muchos los estudios que han demostrado que las personas sometidas a estos métodos acaban sufriendo altísimos niveles de ansiedad, depresión e incluso pensamientos suicidas. 

Y lo peor de todo es que sean precisamente algunas diócesis de la Iglesia católica en España las que continúan amparando y promoviendo estas atrocidades a pesar incluso de que siguen sin asumir, reparar y pedir perdón por la responsabilidad que tienen en la ocultación de miles de abusos a menores cometidos por sus representantes durante decenios.

Es repugnante y absolutamente inaceptable que, en pleno siglo XXI, la Iglesia católica siga protegiendo, justificando y dando cobertura a los grupos que promueven estas prácticas que suponen un insulto a los derechos humanos y a los valores de una sociedad democrática, porque no se trata de una cuestión de libertad religiosa, sino de la vulneración sistemática de los derechos más básicos de miles de personas. 

No estamos hablando de creencias o dogmas, sino de vidas humanas destruidas por la intolerancia disfrazada de una supuesta fe que no puede utilizarse como excusa para pisotear la dignidad de nadie.

Pero tan grave o más que las terapias, es la descarada permisividad con la que ciertas instituciones judiciales y políticas toleran estas prácticas ilegales, al mismo tiempo que organizaciones ultraconservadoras como “Abogados Cristianos” o “Manos Limpias” dedican su tiempo y recursos a entorpecer el avance de los derechos sociales mediante denuncias falsas, bulos y manipulaciones mediáticas. Estas asociaciones fariseas, que se autoerigen en defensoras de la moral y la decencia amparadas por la Iglesia y apoyadas por la derecha más reaccionaria del PP y de VOX, han convertido la justicia española en un campo de batalla ideológico, en un lodazal en el que algunos jueces se revuelcan jactanciosos, actuando a su dictado y conveniencia y priorizando sus intereses sobre el respeto a la legalidad y los derechos fundamentales.

Es escandaloso que mientras estas organizaciones persiguen con saña cualquier avance en materia de igualdad, las terapias de conversión sigan sin ser erradicadas y perseguidas de oficio por jueces y fiscales. Es urgente que el Estado actúe con determinación para poner fin a estas prácticas y que quienes las promueven sean llevados de inmediato ante la justicia. 

No podemos permitir que el fanatismo siga destrozando vidas, ni que la impunidad se mantenga por la complicidad de sectores judiciales y políticos que, lejos de defender el Estado de derecho, lo utilizan como arma contra la igualdad y la convivencia democrática.

El Arzobispado de Toledo, ante informaciones respecto de una supuesta investigación de la Fiscalía, ha declarado que no ha recibido denuncia o queja alguna de ningún particular o asociación al respecto de la actividad de la asociación internacional 'Courage' relativa a terapias de conversión en territorio de esta archidiócesis.

Así ha reaccionado después de que se publicara en distintos medios que la Fiscalía Provincial de Toledo ha abierto diligencias al Arzobispado de Toledo y al apostolado de la Iglesia Católica Courage International, tras una denuncia de la Asociación Española contra las Terapias de Conversión -No Es Terapia- por delitos relacionados con la puesta en marcha de este apostolado que propone “terapia basada en la castidad dirigida a personas homosexuales”.

“Frente a las afirmaciones publicadas, esta asociación declara en sus documentos fundacionales no practicar terapias de conversión alguna ni pedir a sus miembros ningún cambio de orientación sexual. Más bien, su actividad se desarrolla en clave de fortalecimiento espiritual y en la formación de grupos de amistad en los que las personas que participan libremente, siempre mayores de edad, comparten inquietud semejantes y se ayudan a vivir cristianamente”, señala el Arzobispado en un comunicado.

Cabe recordar que el movimiento 'Courage International' ha sido noticia en los últimos días, debido a una charla que se iba a impartir en Cuenca y que fue cancelada debido al rechazo social. 'No es Terapia' denunció recientemente la práctica de terapias de conversión en varias diócesis españolas, incluida la de Guadalajara.

Por otra parte, el Arzobispado de Toledo aluda a las manifestaciones recientes de monseñor Luis Argüello, presidente de la Conferencia Episcopal, que indica que la expresión “terapias de conversión es imprecisa, amplia y no científica”, algo “que la Iglesia católica no apoya y que no se encuentra dentro del ámbito d acción pastoral”.

“Este Arzobispado comparte totalmente este criterio y declara que nunca ha realizado ni piensa realizar dichas terapias”, han defendido desde la institución eclesiástica

Respeto a “las supuestas acusaciones de delitos de odio, discriminación o asociación ilícita recogidas en algunos medios”, las ha calificado de “especialmente contradictorias”, argumentando que la Iglesia, siguiendo las enseñanzas y ejemplo de Jesucristo, “busca continuamente acabar con toda discriminación injusta, haciendo objeto de su amor preferencial a todos los que la sufren”.

Finalmente, el Arzobispado de Toledo espera que “estas aclaraciones contribuyan a poner luz en esta situación”.

L'Arquebisbat de València va confirmar al docent denunciat per fer teràpies de conversió sexual a persones LGTBI, prohibides per la legislació estatal i autonòmica, al lloc de president del Centre d'Orientació Familiar (COF) 'Mater Misericordiae', segons la documentació de l'entitat a la qual ha tingut accés elDiario.es.

Els estatuts del COF, revelats per Compromís, atorguen àmplies competències a l'arquebisbat per al nomenament del president, l'exclusió dels seus membres, la formació acadèmica i fins i tot per a la dissolució de l'entitat en cas d'escàndol per actuacions de l'associació. Els estatuts, entre les finalitats i les activitats del COF, inclouen els “serveis especialitzats d'orientació, assessorament i teràpia, conduents a afavorir una vida matrimonial i familiar més equilibrada i satisfactòria”.

El llavors arquebisbe Antonio Cañizares, del sector ultraconservador de la jerarquia eclesiàstica, va decretar l'“erecció” del COF com a associació pública de fidels el 2 de maig del 2019, amb la consegüent personalitat jurídica canònica. “Exhorte tots els seus membres al fidel compliment dels fins, amb el desig que aquesta associació produisca abundants fruits en bé de l'Església Diocesana”, afirma Cañizares al document.

El mateix dia, el llavors bisbe auxiliar de València, Antonio Ros (actual bisbe de Santander), va confirmar Federico MV com a president del COF. Es tracta del docent que va reconèixer un reporter de La Sexta que duia a terme teràpies prohibides i que va presidir durant quasi dues dècades l'Associació Catòlica de Mestres de València. La Fiscalia va obrir una investigació sobre les teràpies de conversió sexual prohibides després d'un informe de la inspecció educativa remès per la Conselleria dEducació.

Després de la confirmació de Federico MV com a president del COF de València, l'actual president de la Conferència Episcopal Espanyola (llavors secretari general), va signar el 14 de maig del 2019 la diligència d'autenticació dels decrets d'erecció canònica, d'aprovació dels estatuts i de confirmació del representant legal de l'entitat.

L'actual arquebisbe de València, Enrique Benavent, de tarannà més aperturista, es va distanciar de la polèmica entitat després de l'escàndol de les teràpies de conversió sexual. L'arquebisbat va obrir una investigació interna sobre els fets denunciats i va eliminar de la seua pàgina web el contacte de l'entitat presidida per Federico MV.

El Arzobispado de València confirmó al docente denunciado por realizar terapias de conversión sexual a personas LGTBI, prohibidas por la legislación estatal y autonómica, en el puesto de presidente del Centro de Orientación Familiar (COF) 'Mater Misericordiae', según la documentación de la entidad a la que ha tenido acceso elDiario.es.

Los estatutos del COF, revelados por Compromís, otorgan amplias competencias al arzobispado para el nombramiento del presidente, la exclusión de sus miembros, la formación académica e incluso para la disolución de la entidad en caso de “escándalo” por actuaciones de la asociación. Los estatutos, entre los fines y actividades del COF, incluye los “servicios especializados de orientación, asesoramiento y terapia, conducentes a favorecer una vida matrimonial y familiar más equilibrada y satisfactoria”. 

El entonces arzobispo Antonio Cañizares, del sector ultraconservador de la jerarquía eclesiástica, decretó la “erección” del COF como asociación pública de fieles el 2 de mayo de 2019, con la consiguiente personalidad jurídica canónica. “Exhorto a todos sus miembros al fiel cumplimiento de los fines, con el deseo de que esta asociación produzca abundantes frutos en bien de la Iglesia Diocesana”, afirma Cañizares en el documento.

El mismo día, el entonces obispo auxiliar de València, Antonio Ros (actual obispo de Santander), confirmó a Federico M. V. como presidente del COF. Se trata del docente que reconoció a un reportero de La Sexta que llevaba a cabo terapias prohibidas y que presidió durante casi dos décadas la Asociación Católica de Maestros de València. La Fiscalía abrió una investigación sobre las terapias de conversión sexual prohibidas tras un informe de la inspección educativa remitido por la Conselleria de Educación. 

Tras la confirmación de Federico M. V. como presidente del COF de València, el actual presidente de la Conferencia Episcopal Española (entonces secretario general), firmó el 14 de mayo de 2019 la diligencia de autenticación de los decretos de erección canónica, de aprobación de los estatutos y de confirmación del representante legal de la entidad.

El actual arzobispo de València, Enrique Benavent, de talante más aperturista, se distanció de la polémica entidad tras el escándalo de las terapias de conversión sexual. El arzobispado abrió una investigación interna sobre los hechos denunciados y eliminó de su página web el contacto de la entidad presidida por Federico MV.