Igual que la humanidad tiene patrimonios inmateriales, este redactor de ustedes tiene lo que llama premios inmateriales de periodismo. Ocasiones en las que ha comprobado que el periodismo verdaderamente sirve para hacer posible un mundo mejor.

Entre ellos, tres memorables: cuando Julia Otero me llamó por teléfono para hacerme oír el aplauso de su redacción por el artículo que publiqué en Cambio 16 –donde hacía una sección llamada 'Boquitas radiadas' similar a la magnífica 'El Catavenenos' de José María Izquierdo en este diario– en el que hacía una defensa apasionada de su profesionalidad y su trabajo tras haber sido despedida en 1999 de la Onda Cero comprada a la ONCE por la Telefónica presidida por Juan Villalonga, aquel “compañero de pupitre” de José María Aznar, favorecido por la privatización definitiva de la empresa pública de telefonía. Entre las estúpidas razones para cerrar su programa, La radio de Julia, como suelen serlo cuando la patronal quiere enmascarar un despido ideológico, aducían que era un programa “elitista e intelectualmente elevado”.

Lo que eran eran los años en los que Aznar soñaba con un macrogrupo mediático que aplastara el de Prisa de sus odiados Jesús Polanco y Juan Luis Cebrián y en el que Telefónica era la dovela central, la pieza clave del entramado, un delirio donde no cabían versos sueltos ni sospechosas de rojerío como consideraban a Julia –juzguen ustedes: en su programa eran tertulianos habituales derechistas y ultras tan notorios como Joaquín Leguina, Fernando Sánchez Dragó, Juanjo de la Iglesia, Fernando Fernández de Trocóniz, Ana Palacio, Curry Valenzuela...–. Lo más absurdo era el agravante esperpéntico de que quien lo cerraba, Telefónica, era la misma empresa que patrocinaba el programa... Como resumió Fernández de Trocóniz, diputado del PP y tertuliano del programa: “Por lo visto, ser neutral no es suficiente, quieren hooligans”.

Otro de estos galardones intangibles fueron las palabras del muftí [DRAE: “Jurisconsulto musulmán con autoridad pública, cuyas decisiones son consideradas como leyes”] de Valencia, tras leer un artículo mío en Interviú donde reprochaba amargamente a Felipe González que, una vez llegado al poder, remachara la traición al pueblo saharaui perpetrada por el franquismo que se deshacía en melenas. A la que los sucesivos gobiernos democráticos añadieron clavos al ataúd donde Marruecos asesina, exilia, encarcela, arrasa los derechos humanos de los saharauis, hasta la puntilla asestada por Pedro Sánchez el pasado marzo con nocturnidad y alevosía, hurtando el debate al parlamento y a la ciudadanía, plegándose a las ambiciones imperialistas de la monarquía alauita y despreciando el derecho internacional y las resoluciones de Naciones Unidas.

En aquella ocasión, recordaba las promesas incumplidas de un González aún en la oposición que les hizo a los saharauis en los campos argelinos de refugiados de Tinduf en 1976: “Estaremos con vosotros hasta la victoria final. Sabemos que vuestra experiencia es la de haber recibido muchas promesas nunca cumplidas. No prometeros algo sino comprometerme con la Historia”. De todo lo prometido sólo quedaba –y queda, Sánchez– en pie una verdad: “Quiero que sepáis que la mayor parte del pueblo español, lo más noble, lo más bueno del pueblo español es solidario con vuestra lucha”.

El muftí de Valencia me agradeció, emocionado, mi artículo y me condecoró: “Tu nombre está ya escrito para siempre en el dintel de nuestras puertas y nuestros corazones”.

El inicuo asesinato de Yolanda González

Y el tercer laurel virtual, sin duda el más conmovedor, fueron los abrazos y los besos entre lágrimas con que Lidia Martín, madre de Yolanda González, me agradeció que, desde Interviú, hubiéramos conseguido la extradición del fugado asesino de su hija, tras haberlo descubierto en Paraguay, protegido por la sangrienta dictadura de Stroessner.

Me lo ha recordado la lectura de ‘El boletín del director’ de elDiario.es del pasado 20 de enero. Refiriéndose al empeño informativo del periódico para desvelar las tramas de la cloaca policial-gubernamental contra el independentismo catalán, Ignacio Escolar decía: “Algunas historias, en la redacción de elDiario.es, son una larga obsesión; como la que tenía el capitán Ahab con Moby Dick. Nuestra caza de esta ballena blanca comenzó hace una década”.

La caza de nuestra ballena, negra en este caso, también duró una década. Nuestra obsesión fue, primero, desvelar a los inductores del asesinato, la ‘cadena de mando’, obstaculizada la investigación por una instrucción judicial encubridora de las complicidades y, posteriormente, cuando uno de los asesinos de Yolanda, Emilio Hellín Moro, se fugó de España, encontrar su paradero.

Además de la periodística, nos movía una determinación moral: alguna culpa habíamos tenido en el asesinato de Yolanda González. Los planes iniciales del grupo criminal eran atentar contra Interviú en Madrid, bien contra la redacción bien contra la agencia de publicidad Cinzo-Zero, del grupo Zeta, pero las medidas de autoprotección adoptadas –menudeaban las amenazas, pintadas y asaltos a kioscos en plena ofensiva de la ultraderecha por los reportajes de Xavier Vinader sobre las tramas negras en Euskadi–, así como el asesinato por la banda etarra de seis guardias civiles en Ispaster, Bizkaia, el día señalado, el 1 de febrero de 1980, hizo que cambiaran su objetivo por el asesinato de una joven indefensa, Yolanda González, 19 años, militante del Partido Socialista de los Trabajadores, a la que fascistas y policías corruptos relacionaban con los comandos de ETA en Madrid por el mero hecho de haber nacido en Bilbao, aunque su partido había repudiado públicamente la violencia terrorista.

Yolanda González, hija de inmigrantes castellanos, nació en 1961 en Deusto; militante de las Juventudes Socialistas de España desde los 16 años –promovió una huelga de brazos caídos en el colegio de monjas en que estudiaba en protesta por la matanza del 3 de marzo de 1976 en Vitoria–, a los 18 ingresó en el trotskista Partido Socialista de los Trabajadores y al alcanzar la mayoría de edad, en 1978, se independizó y se trasladó a Madrid, siguiendo a su novio, un economista de UGT diez años mayor que ella al que había conocido como profesor en una escuela de verano del PSOE. En la capital, compaginaba sus estudios de formación profesional en electrónica con un activo liderazgo estudiantil y trabajos eventuales como empleada de hogar.

1980 comenzó con una prolongada agitación estudiantil las reformas educativas del gobierno de la Unión de Centro Democrático (UCD) de Adolfo Suárez en la que Yolanda, miembro de la Coordinadora de Enseñanzas Medias, desempeñaba un papel preponderante que la había hecho caer en el radar de la ominosa Brigada Político-Social policial del franquismo, que no sería totalmente desmantelada hasta 1981. Y, por tanto, objetivo de las bandas de ultraderecha y parapoliciales infiltradas en las organizaciones estudiantiles de izquierda y fuerzas de choque y asesinas en las numerosas manifestaciones y algaradas que se sucedían.

Las tramas negras del fascismo posfranquista

Una de estas bandas fascistas era el llamado ‘Grupo (o Comando) 41’, compuesta por cinco sujetos, militantes del partido ultraderechista Fuerza Nueva (FN) –el Vox de la época–. La banda estaba a las órdenes del llamado Jefe Nacional de Seguridad de FN, David Martínez Loza, ex guardia civil y guardaespaldas personal del presidente del partido, otro individuo notorio, el notario Blas Piñar. Los asesinos materiales de Yolanda fueron el Jefe de Seguridad ‘de Distrito’ Emilio Hellín Moro, ingeniero electrónico, entonces de 33 años de edad, y el jefe ‘de Núcleo’ Ignacio Abad Velázquez, estudiante de Ciencias Químicas, que irrumpieron en la casa donde vivía Yolanda con su novio Alejandro y una compañera de militancia, María del Mar Noguerol, ambos ausentes, en el barrio obrero de Aluche; los otros tres criminales, Félix Pérez Ajero y José Ricardo Prieto, paniaguados de FN, y el policía nacional Juan Carlos Rodas vigilaron la casa y dispusieron el automóvil en el que el Hellín y el Abad, tras secuestrar a Yolanda y registrar la casa, la condujeron, entre insultos y golpes, a un camino rural de la carretera entre las poblaciones madrileñas de Alcorcón y San Martín de Valdeiglesias donde la hicieron bajar y la asesinaron a sangre fría con tres disparos a bocajarro, dos en la cabeza hechos por Hellín y un tercero de Abad, el que tenía que ser el tiro de gracia que la rematara ordenado por Hellín, que atravesó el antebrazo defensivo de una Yolanda agonizante.

El caso se resolvió rápidamente, porque el policía Rodas denunció a toda la trama al comprobar que lo que el resto de su banda le había presentado como un “interrogatorio coactivo” había sido en realidad un asesinato premeditado. Pero la instrucción recayó en otro de los jueces de desgraciada memoria, Ricardo Varón Cobos, también procedente del extinguido Tribunal de Orden Público franquista, 'reciclados' en la heredada Audiencia Nacional. Y como la de la matanza de Atocha, en manos de Rafael Gómez Chaparro, estuvo pespunteada de irregularidades, negligencias y obstáculos a las acusaciones particulares. Algunas escandalosas, como la negativa de Varón a procesar al jefe de la banda asesina, Martínez Loza, a pesar de que Hellín confesó seguir órdenes suyas, aunque, finalmente, lo tuvo que hacer por orden del tribunal superior, la Sala de lo Penal; el fiscal quería calificar los hechos de homicidio, no de asesinato y se pretendió cerrar la instrucción sin dejar a los abogados que interrogaran a los detenidos.

En Interviú recibimos el chivatazo de que en la empresa de Hellín, llamada Instituto de Estudios Electrónicos, había terminales conectadas con los servicios dizque ‘de inteligencia’ policiales y de otras instituciones del Estado; cuando los abogados acusadores lograron que el juez Varón Cobos ordenara, al cabo de meses de dilación, un registro de los aparatos electrónicos de la sede –en el primer registro, que los ignoró, se encontró un arsenal de “explosivos y armas de guerra”– no existía la empresa y no había más que polvo, colillas y papeles por el suelo...

Sin las posibilidades investigadoras de juez y fiscal, ni los abogados ni los periodistas pudieron subir al escalón superior al del Jefe Nacional de Seguridad de FN. Ni siquiera consiguieron que instructor y fiscalía calificaran de organización criminal al grupo salvaje, a pesar del nombre propio –Grupo (o Comando) 41– y de haber reivindicado el asesinato en nombre del Batallón-Vasco Español, uno de los que denomino 'gales antes del Gal', y, como en este caso, la justicia dictaminó que Yolanda había sido ejecutada por un “comando incontrolado”.

El 3 de junio de 1982, la Audiencia Nacional condenó a Hellín a 43 años; a 28 a Ignacio Abad; a 6 a Pérez Ajero, Prieto y Martínez Loza y sólo 3 meses para el 'cantor' Rodas por su denuncia y colaboración con la justicia.

Asesino fugado y encontrado

A pesar de que Hellín había protagonizado dos intentos de fuga –uno de la cárcel de Alcalá de Henares durante la instrucción, de la que huyó a punta de pistola con una decena de presos comunes; el otro, ya condenado, de la prisión de Cartagena–, el juez de vigilancia penitenciaria de Valladolid le concedió el 20 de febrero de 1987 un permiso de seis días, que aprovechó, naturalmente, para huir con destino entonces desconocido.

Por qué esos intentos de fuga no fueron objeto de sendos procesos –de la huida definitiva no se le pudo juzgar por haber olvidado las 'abnegadas autoridades' incluirlo en la petición de extradición– es otra de las incógnitas nunca resueltas del caso, como tampoco el millón de pesetas que recibió para su huida. El propio asesino dio una pista al diario paraguayo ABC Color, en unas declaraciones mientras estaba pendiente de ser extraditado a España: “Empecé a escribirles cartas amenazándoles con que, si no cumplían lo pactado [su excarcelación], diría la verdad de lo ocurrido, quiénes estaban detrás de nosotros y a quién entregábamos la información que recabábamos”. Tenían sensación de impunidad: según desveló El Periódico de Catalunya del 2 de junio de 1981, Hellín escribió una carta a los padres de su compinche Abad en la que decía: “El juez está en buena disposición hacia nosotros y la gestión que se ha hecho ante el fiscal general ha dado buen resultado”.

Tras la fuga, tuvimos una emotiva entrevista con la familia de Yolanda González. En Interviú nos juramentamos para encontrar el asesino y, como aquel que dice, pusimos precio a su cabeza. Fue tarea prioritaria de uno de los grandes reporteros de investigación de aquella escuela que fue el semanario Interviú, José Luis Morales. Al cabo de tres años, en 1989, el trabajo dio frutos: Hellín estaba refugiado en Paraguay, protegido por la dictadura de Alfredo Stroessner y, según averiguaron Morales y el desaparecido fotorreportero Gustavo Catalán, otro grande, con el conocimiento de las autoridades diplomáticas españolas y consulares del país sudamericano, donde se habían registrado al menos la mujer y los hijos del asesino. Al gobierno de González, a su ministerio de Asuntos Exteriores y a la judicatura española no les quedó más remedio que dejar de mirar para otro lado, como solían desde que huyó, y mirar donde señalaba el Yo Acuso de Interviú: tuvieron que pedir la extradición del miserable, que fue detenido por la Interpol cuando tuvo que volver a la capital paraguaya desde su nuevo refugio, en la Argentina, para traspasar sus empresas de informática a un testaferro.

Mientras se tramitaba la extradición, el golpista Stroessner, tras 35 años de dictadura, fue víctima de otro golpista, su consuegro y socio el general Andrés Rodríguez Pedotti, que no dudó en extraditar a Hellín. A pesar de que el tratado de extradición excluía los delitos políticos, preparaba la primera visita a Asunción de los reyes de España y la devolución de aquel desecho humano a las cárceles españolas era una cortesía obligada. No obstante ser su némesis, Hellín no tuvo empacho en concederle una entrevista a la corresponsal de Interviú en Colombia, Concha Minguela, durante su viaje en avión de vuelta al trullo patrio, escoltado y vigilado por maderos españoles; en sus declaraciones “no mostraba un ápice de arrepentimiento. Vino a decir que hizo lo que tenía que hacer”, recordaba el hermano pequeño de Yolanda, Asier González...

Un desgraciado colofón

En 1990, diez años después de su crimen, Hellín volvió a la cárcel de la que se había fugado. Los periodistas podíamos pasar página y la familia y amigos de Yolanda González encontrar un mínimo consuelo en la justicia restaurada. Lidia, la madre de Yolanda, nos trajo a la Redacción compotas y mermeladas caseras como las que le mandaba a su hija. Endulzamos su memoria entre abrazos y lágrimas.

No sabíamos que aún nos quedaban tragos amargos. Los largos tentáculos del crimen político, del tráfico de influencias, de los intereses espurios lo devolvió a la calle, al género humano, sólo cinco años después, en 1995, tras haber cumplido 14 de los 43 años de su condena, en los que incluso se le contabilizaban los tres años de fugado... el nulo pudor de la política entendida de la peor manera, la que, en tercer grado penitenciario, le permitió crear una empresa, New Technology Forensics, especializada en peritaje informático criminal y contratar con gobiernos centrales y autonómicos, asesorando al Servicio de Criminalística de la Guardia Civil, impartiendo cursos de formación a guardiaciviles, Policía Nacional, Ministerio de Defensa, Ertzaintza y Mossos d’Esquadra, y trabajando en investigaciones judiciales de terrorismo y delincuencia... Y, recientemente, ser contratado por Laura Borràs, la expresidenta del Parlamento catalán, para sus líos judiciales del procés. “Un hondo hartazgo”, resume la familia de Yolanda. Como cualquier persona bien nacida, bien informada.

El letrado de la familia, el esforzado abogado de causas nobles Mariano Benítez de Lugo, tuvo que demandar al Estado para que el Gobierno reconociera en 2000 que Yolanda era lo que ya sabíamos todos, sus asesinos, cómplices e inductores también: víctima del terrorismo.

En 2017, Irene Vigil Noguerol, la hija de María del Mar Noguerol, compañera de militancia con la que Yolanda y su novio compartían piso en Madrid, escribió un sentido relato, “Mientras tú existas”, en su memoria:

“Ese invierno Lidia le había traído tarrinas de compotas y mermeladas. Y también le había regalado un precioso jersey, un jersey que llevaba la noche que la asesinaron…

Mi madre y ella eran compañeras de piso en aquella época. Afortunadamente, mamá llegó tarde a casa aquella noche... Quizás de no ser por esa casualidad la habrían matado también…

No te he podido conocer nunca, pero tu nombre y tu historia han estado siempre muy presentes en mi casa. No llegué a conocerte nunca porque unos hijos de puta te mataron aquella noche de febrero. Tenías más o menos mi edad. No he podido conocerte pero creo que me entiendes si te digo que te quiero, que te admiro, que yo también te recuerdo. Sé que estás viva en muchos corazones, que existes en cada una de las que deseamos un mundo mejor.

Estés donde estés, en mi corazón o en cualquier otro, en mi memoria y en la de todos los que te conocieron, gracias. Tú nos das fuerzas para seguir luchando. La libertad es un derecho civil y social. La vida es un derecho. La memoria de quienes han muerto defendiendo la justicia y la bondad, también“.

Y como en otras ocasiones, en otros aniversarios, este redactor de ustedes escribió el año pasado en su ‘muro’ de Facebook: “Descansa en paz, Yolanda. Tu sacrificio contribuyó a fortalecer la democracia en Transición, nos sirvió para aprender la miseria que a menudo esconde la 'razón de estado' y señalarnos qué son, qué quieren, cómo actúan los fascistas enemigos de la libertad: los de entonces, los de hoy, los de mañana”.

¡Buenos días!

¿Cómo estás? La patronal ha desenterrado el hacha de guerra y prevé una legislatura con una fuerte conflictividad por las medidas del acuerdo de Gobierno de coalición entre PSOE y Sumar, especialmente la relativa a la reducción de la jornada laboral. Estamos hablando de una medida de gran calado: la rebaja de la jornada a 37 horas y media alcanzaría a más de 12 millones de trabajadores. En esta información hicimos una radiografía del empleo para explicar cuánto trabajamos en España. 

Poco después de hacerse pública la medida, las patronales CEOE, Cepyme y ATA emitieron un comunicado muy duro en el que señalaban que las propuestas del acuerdo entre ambas formaciones políticas se han hecho “a espaldas de los interlocutores sociales y con un afán intervencionista evidente y que es un atropello al papel constitucional de los agentes sociales”. Este fue el pistoletazo de salida. Posteriormente, la patronal de las empresas de gran consumo cargó contra la propuesta asegurando que “va a destrozar la competitividad”.

La bronca está servida. La vicepresidenta segunda en funciones y líder de Sumar, Yolanda Díaz, salió a defender la reducción y aseguró que la intención del Gobierno es que las decisiones se tomen en el marco del diálogo social. Además, ha recordado que las patronales también se opusieron a la subida del SMI o a la reforma laboral y que, posteriormente, se pactaron. “Todo el mundo está a favor. Ni el PP pudo decir que está en contra”, ha insistido. La realidad es que al Partido Popular el anuncio de esta propuesta lo ha dejado con el pie cambiado, sin decir si está en contra o a favor, aboga por la “semana flexible”, aunque tampoco aclaren de qué se trata. 

Con esta empanada del PP, la patronal se ha puesto en marcha para tratar de tumbar la medida. De momento, ya han asegurado que la reducción de jornada va a tener un “impacto negativo” para la actividad de las empresas, para el crecimiento de la economía y, por supuesto, para la creación de empleo en España.

Por cierto, qué bueno es Bernardo Vergara, nuestro historietista. No te pierdas sus viñetas.

Cada vez que habla sube el pan

No hay conflicto entre dar beneficios empresariales y ser socialmente responsable. Dar beneficios es sano

Ana Botín — Presidenta del Banco Santander 

Pues claro, señora Botín, dar beneficios es sano, pero repartirlos es mucho más saludable para todos. A nivel global, el Santander ganó 8.143 millones de euros en los nueve primeros meses de 2023. Solo en España, hasta el tercer trimestre el beneficio ha sido de 1.868 millones, un 68% más. Pese a estas ganancias estratosféricas, el banco se queja de los impuestos que paga y ha denigrado el nuevo impuesto a la banca que PSOE y Sumar han anunciado que prorrogarían en su nuevo acuerdo de Gobierno. 

Con estos beneficios, la banca todavía no ha empezado a remunerar como debería los depósitos de sus clientes. La prueba es que las familias se han convertido en los mayores tenedores de letras del Tesoro en agosto, con 20.348 millones. Buena parte de los exorbitantes ingresos vienen por la subida de los tipos de interés de las hipotecas, por eso no es extraño que la banca reciba un aluvión de cancelaciones de hipotecas que superan a los nuevos préstamos para vivienda.

En lugar de discursos sobre la responsabilidad corporativa bastaría con que las empresas actuaran de una forma más decente con sus empleados y sus clientes. Por ejemplo, que no se tengan que llegar a condenar al Banco Santander por acceder sin permiso a la cuenta bancaria de una trabajadora a la que despidió o que no ocurra que se multe con 1,6 millones al BBVA por incluir a una anciana en el fichero de morosos por la deuda de los ladrones de su bolso o que no se dé la situación de que un hotel despida a una limpiadora por bajar su rendimiento días después de enterrar al bebé que esperaba. La cantidad de cosas que se podrían hacer pensando más en las personas y un poco menos en los beneficios.

 El Gráfico

Siguiendo con lo sano de los beneficios empresariales, lo realmente saludable para la sociedad española sería que los tributos de los ganancias de las compañías recayeran en nuestro país, pero no es así del todo. España pierde casi un 16% del impuesto de sociedades por la fuga de beneficios corporativos generados dentro de nuestras fronteras a Países Bajos, Luxemburgo o Suiza y a paraísos fiscales oficiales, como las Islas Vírgenes Británicas, la de Man o la de Jersey. Son alrededor de 4.000 millones lo que nuestro Estado deja de ingresar, aunque en la mayoría de los casos no se considera evasión por parte de la Unión Europea. España recaudó algo más de 32.000 millones de euros por el impuesto de sociedades en 2022. Una cifra que, como explicó elDiario.es, tiene distintas fugas. “Por la vía de evasión a zonas grises, en el límite de la legalidad”, se escapa cerca de un 13% del impuesto de sociedades, según los datos reunidos por el Observatorio Fiscal de la UE. Aquí tienes más información sobre cómo las empresas buscan vías en otros países para pagar menos impuestos en España.

Esta información es relevante porque influye directamente en los niveles de desigualdad de España. Tras la pandemia, una de las principales cuestiones económicas ha sido cuándo y qué países recuperaban el nivel de PIB previo a la COVID, una carrera que apenas ha atendido a si esa recuperación se distribuía equitativamente o si dañaba al medioambiente. “La riqueza de los grupos más privilegiados económicamente, como el 0,01% más rico, ha crecido sustancialmente en este mismo periodo de tiempo, casi triplicando el crecimiento económico experimentado por la mayoría de la sociedad”, explican los autores de un informe que va más allá del PIB: la economía crece, pero apenas el 4% de los más ricos proviene de padres pobres.

El Dato

108.158 euros

Fue el sueldo de José Luis Martínez-Almeida como alcalde de Madrid en 2022. Madrid, Barcelona y Bilbao son las tres únicas ciudades cuyos alcaldes cobran más de 100.000 euros. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, cobró 86.542 euros durante el año pasado. Hay nueve regidores que en 2022 superaron el sueldo de Pedro Sánchez, según la Información Salarial de Puestos de la Administración (IPSA), que recoge el Ministerio de Hacienda y Función Pública. En esta información con buscador puedes averiguar cuánto cobra tu alcalde entre 7.000 regidores de nuestro país.    

Entrepreneur

Seguimos con empleados públicos, porque también hay 'entrepreneurs' en la Administración Pública, por supuesto que los hay. Además, son gente que nace de pie. Incluso cometiendo errores graves, no se sabe cómo (o sí se sabe), renacen como ave fénix. Estamos hablando de Juan Casillas, uno de los tres inspectores del Banco de España que cobraba en metálico a decenas de opositores a los que daba clases particulares para preparar las oposiciones, como reveló una investigación de elDiario.es. A pesar de lo publicado, Juan Casillas siguió como inspector. Pues bien, este señor acaba de ser nombrado jefe de Inspección de Banca del Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (Sepblac). Hay gente que nace de pie. En este enlace hay muchos más detalles y más información sobre el nombramiento de Juan Casillas en el organismo antiblanqueo de capitales.

Esta semana también podríamos haber incluido entre nuestros 'entrepreneurs' favoritos a José Luis Casero, un granadino ex empleado de Goldman Sachs en Polonia, al que la Securities Exchange Commission (SEC) de Estados Unidos está rastreando las propiedades en España ya que le acusa de haber ganado ilegalmente “al menos” 471.725 dólares (unos 447.000 euros) usando información privilegiada. Un tribunal neoyorquino condenó a Casero a devolver el dinero, más otros 14.330,89 dólares en intereses, y le multó con la máxima cantidad posible: 1.415.176,95 dólares. En total, el granadino tiene que pagar 1.901.233,49 dólares (1,8 millones de euros). No compareció ante la Justicia de EEUU. Aquí más información sobre las andanza de José Luis Casero. 

Bien público

Solo los más ricos esquivan la inflación. Como en la anterior crisis, hay un grupo de personas que ni se ha despeinado. Ni sienten ni padecen la fuerte subida de precios. Esta semana en 'Bien común', la sección en la que os mostramos las investigaciones y las informaciones más elaboradas de elDiario.es, os traemos un profundo reportaje con datos sobre cómo las familias que están en la mitad con menos ingresos han subido su consumo en más de 100 euros al mes entre 2019 y 2022 mientras el 10% más rico lo reduce en 80 euros. Para tener una idea de cómo se vive: el 10% más rico dedica 120 euros de cada 1.000 a restaurantes y hoteles, 82 euros más al mes proporcionalmente que el 10% más pobre. Para que luego vengan con indecentes rebajas de impuestos para los que más tienen. Aquí tienes esta información llena de datos de Ahinoa Díez.

Nos gusta la competencia

Ahora una serie de artículos de la competencia que nos han parecido interesantes:

Aquí acabamos por esta semana. Ya llevamos varios desesperantes días asistiendo a la masacre que está ocurriendo en Gaza. Es bastante frustrante como se asesinan diariamente a civiles, incluidos niños, sin que el mundo termine diciendo basta. Me gustaría pensar que cuando nos volvamos a ver el jueves que viene la situación ha mejorada algo, pero con personajes como Benjamín Netanyahu hay pocas esperanzas. Si tienes una propuesta o idea nos puedes escribir a contraoferta@eldiario.es.   

¡Buena semana!

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El 1 de febrero de 1980 fue secuestrada, torturada y asesinada por la extrema derecha la líder estudiantil y militante del Partido Socialista de los Trabajadores Yolanda González cuando acababa de cumplir 19 años. El pasado domingo recibió un homenaje público en la plaza de su Bilbao natal nombrada en su honor, y próximamente será objeto de distintos actos de reconocimiento en Madrid: el jueves 2 de febrero en Alcorcón, el viernes 3 en Vallecas, y el fin de semana en Campamento, en los jardines que llevan su nombre (todos ellos organizados por la Asamblea Yolanda González y la participación de distintos colectivos vecinales, antifascistas, familiares y amigos de Yolanda).

La icónica fotografía de una joven González jovencísima, de rostro sereno y ojos inmensos, se ha convertido en un icono del movimiento que reclama la memoria de los crímenes sangrientos de la extrema derecha y el Estado durante la Transición. El asesinato de Yolanda González fue objeto de revisión en 2013 en el documental Yolanda en el país de los estudiantes, dirigido por Isabel Rodríguez y, en 2018, por el libro No te olvides de mí, escrito por el periodista Carlos Fonseca. La reivindicación de su memoria no ha hecho sino crecer durante los últimos años, haciéndose sitio en la toponimia madrileña con unos jardines en Aluche (calle Escalona), que llevan su nombre desde 2015. Allí se instaló también en 2018 una placa que reza:

“Yolanda González Martín fue una líder estudiantil, trabajadora y militante del Partido Socialista de los Trabajadores. Luchó por la democracia real, la justicia y los derechos sociales y laborales. En febrero de 1980 fue secuestrada en su casa, en el barrio de Aluche, y asesinada por un comando fascista. Tenía 19 años. Estos jardines están dedicados a su recuerdo, que sigue vivo. 1961-1980”

Una de las confirmaciones de que la reivindicación de la figura de Yolanda se ha hecho hueco en los últimos años es la atención que ha merecido por parte de los herederos de sus asesinos. La placa ha sido vandalizada por grupos de extrema derecha en diversas ocasiones…pero los propios vecinos han acudido raudos a limpiarla o han exigido que se repusiera cuando ha hecho falta.

“El crimen más brutal de la transición” y los otros asesinatos de la extrema derecha a recordar

Quizá una de las claves del reconocimiento social del caso de Yolanda es su crudeza. La fueron a buscar a su casa, la llevaron a un descampado y le descerrajaron tres tiros. El periodista Carlos Fonseca tituló el libro sobre el caso “el crimen más brutal de la Transición.” También suma el impacto que tuvo en su época –aunque luego fue cayendo en el olvido– y la controvertida actualidad alrededor de Emilio Hellín Moro, uno de sus asesinos. Todo ha contribuido, junto con el impulso de familiares, compañeros y asociaciones memorialistas, a que la imagen de la joven Yolanda sea recordada cada principio de año.

Al cumplir los 18 años, Yolanda (Bilbao, 20 de enero de 1961-Madrid, 1 de febrero de 1980) se muda a Madrid con su pareja Alejandro Arizkun, que viene a la capital para asumir responsabilidades políticas. Viven junto a otra compañera de partido en un piso de Aluche (calle Tembleque). En la capital, compagina las labores de la militancia con el trabajo como limpiadora doméstica y los estudios de formación profesional en Vallecas, donde se implicará en la lucha estudiantil dentro de la Coordinadora de Estudiantes de Secundaria.

El asesinato de Yolanda se llevó a cabo en represalia a un sangriento atentado de ETA en Euskadi, en el que murieron seis guardias civiles. Estaba (erróneamente) señalada como miembro de la banda terrorista entre el profesorado franquista de su instituto por ser vasca. La información llegó al grupo de Hellín (seguramente a través de los servicios de Inteligencia), encargado de ejecutar la venganza.

Emilio Hellín parecía un tipo normal, tenía familia y una academia de electrónica en el centro de Madrid. Era, además, militante de Fuerza Nueva, donde dirigía el Grupo 41 del distrito de Arganzuela, a las órdenes del Guardia Civil retirado David Martínez Loza. La secuestraron en la casa de Aluche, se la llevaron en coche a un descampado de la carretera de San Martín de Valdeiglesias, a la altura de Alcorcón –escoltados por policías en activo–, y allí Hellín e Ignacio Abad la asesinaron disparándola en la sien. Dejaron su cuerpo abandonado en una cuneta.

Al día siguiente, el cadáver fue encontrado por unos transportistas y el paseo fue reivindicado por el Batallón Vasco Español a través de un comunicado que en realidad había grabado el propio Hellín, por orden de sus superiores, en su academia de Malasaña. A su compañera de piso, Mar Noguerol, la llevó la policía a reconocer su cuerpo, y su familia, en Deusto, se enteró por la radio. Para sus compañeros, además de dolorosos, fueron momentos de incertidumbre, señalados como posibles miembros de la banda terrorista.

Sin embargo, la respuesta social al crimen fue rotunda. El velatorio de Yolanda González, en su escuela de Vallecas, se convirtió en un acto multitudinario, como el posterior funeral en la iglesia Dulce Nombre de María, que derivó en una marcha de nuevo hacia la escuela.

Hellín y Abad fueron detenidos una semana después por la delación de uno de los policías que les había escoltado, y se encontró un arsenal en la academia de Hellín. Tiempo después éste, que fue condenado a 43 años de prisión, se fugó con su familia al Paraguay del general Stroessner aprovechando un permiso penitenciario. Será extraditado en 1990 a España, donde cumplirá cinco años más de prisión antes de salir de la cárcel. Posteriormente, convertido en Luis Enrique Helling, empieza a trabajar como asesor para las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Actualmente, su empresa sigue siendo requerida para el peritaje informático en casos mediáticos, como el de Laura Borràs, presidenta de Junts per Catalunya, Cristina Cifuentes o el juez Alba, entre otros. Estos hechos, han sido reiteradamente lamentados por la familia de Yolanda González.

No todas las víctimas de la extrema derecha durante aquellos años son tan recordadas como Yolanda, aunque muchos de ellos también buscan su hueco en la memoria colectiva del antifascismo. El homenaje del día 3 de febrero en Vallecas, de hecho, reivindicará también las figuras de Ángel Almazán y Vicente Cuervo. Almazán, militante del Partido del Trabajo de España, fue detenido en una manifestación que pedía la abstención en el referéndum sobre la Ley de Reforma Política de 1976 y murió a los pocos días por los golpes de la policía. En el atestado policial alguien escribió que estaba bebido y se golpeó contra una farola.

 El asesinato de Cuervo se produjo, de hecho, solo diez días después del de Yolanda, en los aledaños de un mitin ilegal de Fuerza Nueva en Vallecas (había sido prohibido por la cercanía del asesinato de la joven vasca). Un tiro a bocajarro acabó con la vida del joven anarquista, cuya figura ha sido mucho menos conocida que la de Yolanda González o los asesinados durante la Semana Trágica.

Los datos que ofrece el historiador Gonzalo Wilhelmi hablan de 233 víctimas ocasionadas por la violencia política estatal entre los años 1975 y 1982, de las cuales 156 fueron víctimas de miembros de las fuerzas de seguridad del Estado y 77 de la extrema derecha en connivencia con aparatos del mismo. Los datos que manejan otros investigadores, como Sophie Baby, son parecidos. Muchos de ellos aún reclaman un lugar en la memoria y el homenaje que cada año se brinda a Yolanda González en también un jalón en el camino de su reconocimiento colectivo..

No es una figura especialmente conocida. No es fácil encontrar a alguien que sepa responder a la pregunta de quién fue Yolanda González, estudiante de 19 años secuestrada y asesinada a tiros en un acto terrorista perpetrado por militantes del partido de ultraderecha Fuerza Nueva en 1980. Una placa en el madrileño barrio de Aluche trata de preservar su memoria, pero ha sufrido ya cuatro ataques desde que fue instalada el pasado 18 de noviembre en los jardines del mismo nombre.

El cartel primero fue ultrajado con el dibujo de una esvástica que cubrió de negro lo escrito en esa placa: “Yolanda González Martín fue una líder estudiantil, trabajadora y militante del Partido Socialista de los Trabajadores. Luchó por la democracia real, la justicia y los derechos sociales y laborales. En febrero de 1980 fue secuestrada en su casa, en el barrio de Aluche, y asesinada por un comando fascista. Tenía 19 años. Estos jardines están dedicados a su recuerdo, que sigue vivo. 1961-1980”.

La cruz gamada que tachaba la inscripción fue limpiada por los propios vecinos. La siguiente vez los métodos fueron más expeditivos. Arrancaron la placa de cuajo. De nuevo, una vecina la rescató para el barrio de un contenedor. Se volvió a soldar al poste, y de nuevo fue pintada y descuajada. Fue sustituida por un cartel plastificado de color verde con el mismo texto, acompañado de dos ramos de flores. Tampoco hubo compasión con la respuesta del barrio. En el poste solo quedan ahora los plásticos de las flores. El letrero que señala los jardines también ha sido atacado con pintura. El nombre de Yolanda González ha sido descubierto de nuevo por los vecinos, disolviendo la pintura y dejando un goteo negro bajo el letrero.

“Es inaudito lo de estos ataques”, comenta Francisco Ruiz, vicepresidente y responsable cultural de la Asociación de Vecinos de Aluche. “No tienen sentido, quizá sean por desconocimiento o ignorancia, de que era una chica adolescente asesinada por terroristas... Es tan de cajón...”, se lamenta tratando de encontrar alguna explicación a la obstinada realidad. Desde la asociación llevaban años reclamando a las autoridades municipales algún espacio que honrase a la joven asesinada. “Vivía en un piso pequeñito en el cruce de la calle Tembleque con Maqueda. Más del barrio no podía ser. Forma parte de una época muy concreta en un barrio de clase obrera, trabajadores”, reflexiona.

El barrio aún mantiene esa identidad combativa y contestataria. En un paso de cebra junto al parque no hay versos como los que abundan en otras zonas de Madrid. Aquí la pintada junto a la acera dice: “Fuera casas de apuestas”. Ruiz prosigue: “Ella era una joven estudiante, asesinada de una forma tan vil por terroristas. No quiero ni imaginar lo que ocurriría en las redes sociales o en los telediarios si se atacase una plaza con el nombre de una víctima de ETA  de una manera tan recurrente”, añade.

Las razones del ataque también resultan incomprensibles para el periodista y escritor Carlos Fonseca, que se ha aproximado de forma exhaustiva a la figura de Yolanda y al crimen que acabó con su vida en el libro No te olvides de mí. Yolanda González, el crimen más brutal de la Transición (Planeta). “No le encuentro ninguna explicación, que una chica de 19 años, asesinada hace 39 años y a la que sencillamente se le recuerda en una placa, en unos jardines que llevaban dos años con su nombre, y que haya gente que de manera tan persistente la este arrancando no tiene explicación tanta inquina... La mayoría de la gente no sabe quién es”, señala el autor. Y es cierto. En uno de los bancos de los jardines una mujer se entretiene con un libro de sudokus bajo el sol. No reconoce el nombre que bautiza el espacio. “No sé quién es. Será una concejala...”, aventura. Tampoco sabe nada de los ataques a la placa. “Aquí lo atacan todo, hay mucho vandalismo”, se queja. Pero este vandalismo tiene un componente ideológico.

En otro banco Stefan y Catalina charlan al sol mientras la hija de ambos juega en los columpios. Él ha leído sobre los ataques a la placa en la prensa, pero ignora que se encuentra en el escenario de los mismos. “La gente parece que hace el mal por el mal ¿a quién se le ocurre quitar la placa? A lo mejor es alguien joven, que no sabe nada”, comenta ella. Por un lateral del parque pasea Encarni, vecina del barrio desde que nació hace 52 años. “Sé cómo se llama el parque, pero ni idea de quién era ella”, y repara en ese momento de la ausencia de la placa. “No la había leído nunca”, dice. “Resulta extraño porque no hay gente de esta ideología en el barrio, ni pintadas de símbolos nazis, por no haber no hay ni banderas de España en los balcones”, señala mientras lleva la vista a los bloques de pisos cercanos. “Que la arranquen me genera mucho rechazo, me da rabia. Si no sabemos las cosas con placa, imagínate sin ella. Se borran”, sentencia antes de apurar el paso. “¡Tengo que hacer la comida!”. Desde el Ayuntamiento, especialmente el concejal del distrito de Latina Carlos Sánchez Mato, se ha reiterado que la placa será repuesta cuantas veces sea necesario.

Cerca de los jardines, Sara Muñoz, de 24 años, pasea a su perro junto a un amigo. “¿No fue una víctima de ETA?”, arriesga al ser preguntada por Yolanda González. “Si nos ponemos a pensar que lo que pasa con la placa de Yolanda González ocurriera con una placa de una víctima de ETA, habría tenido más repercusión y ella también es víctima del terrorismo, de extrema derecha. Es un vandalismo con un notable matiz ideológico. No es un acto sin más. Tiene su lectura política y hay un delito recogido que habla del respeto a las victimas del terrorismo. Interior debe tomar nota, lo que no se debe permitir es que estos actos sigan”, reflexiona Fonseca. De la misma opinión son en la asociación de vecinos. “El peligro de que vayan a más si no se actúa con contundencia aumenta. Hace años se atacaba todos los años el árbol constitucional plantado por los vecinos. Lo cortaban y lo dejaban en la puerta de la asociación. Nosotros lo denunciamos a la policía. Es tan obsesivo que debería ser investigado”, señala Ruiz.

“No es un hecho aislado, obviamente el contexto influye. Es cierto que vivimos en España con la irrupción de un partido de extrema derecha con la que da la sensación de que hay una vuelta, un renacer, no se como llamarlo, de nostálgicos de la dictadura... Pero estamos hablando de una chica que llevaba un año en Madrid, que era representante de la escuela de Formación Profesional de Vallecas, pero no era una persona significada políticamente que fuese líder de nada. Fue como otros muchos jóvenes que luchaban por asentar las libertades que intentábamos ganar”, medita Fonseca.

“Arturo Ruiz (asesinado de un disparo de un ultraderechista en 1977 en una manifestación contra la Amnistía), Carlos González (asesinado con 21 años en 1976 al finalizar una concentración tras el primer aniversario de los últimos fusilamientos franquistas), Mari Luz Nájera (fallecida tras ser golpeada por un bote de humo lanzado por la policía en las protestas por la muerte de Arturo Ruiz), Vicente Cuervo (asesinado en 1980 tras un mitin ultraderechista en Vallecas)”. Fonseca recita los nombres casi de carrerilla y lanza una reflexión sobre el relato plácido y modélico de la Transición que se quiere legar a las próximas generaciones. “Hubo muchos estudiantes que murieron y de eso no se cuenta nada, y aunque fue un periodo lleno de logros, tiene también sus sombras. Se ha hecho una tabla rasa y las cosas que no nos gustan se ha decidido no hablar de ellas. Tenemos la idea de que la democracia fue otorgada por una élite política, reducida al rey Juan Carlos y a Adolfo Suárez, pero fue conquistada por gente que como Yolanda”, valora.

¿Por qué Yolanda se ha convertido en un símbolo, siendo tantos los estudiantes muertos por las balas al aire o asesinados por comandos ultraderechistas? “Su muerte encierra circunstancias de especial crueldad. Una chica vasca de 19 años recién cumplidos. La vigilan, la secuestran haciéndose pasar por policías, la llevan a  un descampado en la carretera entre Alcorcón y San Martín de Valdeiglesias y la pegan a sangre fría dos tiros en la cabeza. No hay otro caso que reúna circunstancias de tal brutalidad. Hay una serie de circunstancias que recuerdan a los paseos de los falangistas en la Guerra Civil, y no hay otro que se le aproxime. Es símbolo de aquella generación de diecimuchos, veintipocos, y que se echó a la calle para afianzar las frágiles libertades que acabábamos de recuperar. Conviene no olvidar que la  Operación Galaxia y el 23-F ocurrieron en ese tiempo”, recuerda Fonseca que reivindica “una deuda de justicia y de memoria” con las víctimas de la extrema derecha en la Transición. “Tenemos un recuerdo con las víctimas de ETA, la década de los 80 fue la más sangrienta, pero nos hemos olvidado de las víctimas de los grupos ultra, que actuaban con la connivencia o la complicidad de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado”, asegura. De hecho, el condenado a 43 años de cárcel por la muerte de Yolanda, Emilio Hellín Moro, fue contratado en diversas ocasiones para impartir cursos a las fuerzas de seguridad, tanto de la Guardia Civil como de la Policía Nacional entre los años 2006 y 2011 con su empresa News Technology Forensics.

Hasta la colocación de una nueva placa en los jardines que reemplace la anterior, aún persiste la que los propios vecinos colocaron en 2013 en la estatua de La chica que lee, junto a la estación de Cercanías de Aluche. “Es una obra de un escultor asturiano, que nos pareció que podíamos asociar al recuerdo de Yolanda. Es una joven que lleva cuadernos como una estudiante, como Yolanda. Entonces no tenía un sitio propio”, señala Ruiz. “A Yolanda González y a todos los asesinados por el fascismo. No os olvidamos”, reza. Y no la olvidan. Desde la asociación preparan unos actos con los que contestar a los ataques a la placa. “Quizá sean en febrero, en el 39 aniversario de su muerte. Seguiremos luchando y reivindicando su memoria”, avisa Ruiz.

La placa que recuerda a Yolanda González, líder estudiantil asesinada por la extrema derecha en 1980 cuando tenía solo 19 años, ha vuelto a ser atacada. Esta vez, la han arrancado de cuajo. 

La placa serigrafiada con el nombre de Yolanda González, da nombre a estos jardines en el distrito de La Latina y se ha convertido en un objetivo para la extrema derecha, al menos en tres ocasiones ha sido pintada, arrancada y mancillada. 

Carlos Sánchez Mato, concejal y presidente del distrito, ha compartido en su perfil de Twitter dos imágenes en las que se aprecia el vandalismo al que se ha visto sometido la placa conmemorativa. 

Desde el Ayuntamiento de Madrid han aclarado que la placa será repuesta tantas veces como sea necesario.

El primer ataque fue respondido por los propios vecinos del distrito de Latina, que se concentraron recientemente con decenas de placas dedicadas a la memoria de la líder estudiantil.

Yolanda González fue secuestrada el 1 de febrero de 1980 en su domicilio, situado en la calle Tembleque, en el barrio de Aluche. Los secuestradores consiguieron engañarla mostrando carnés falsos y haciéndose pasar por policías.

La Audiencia Nacional condenó a Emilio Hellín Moro a 43 años de cárcel por asesinato, allanamiento de morada, detención ilegal, depósito de armas de guerra, armas de defensa, municiones, tenencia de explosivos, falsificación de DNI y uso público de nombre supuesto.

La placa en recuerdo a la líder estudiantil Yolanda González, asesinada por la extrema derecha en 1980 cuando tenía 19 años, ha vuelto a ser atacada con una pintada. Se trataba de una lámina que ya había sido repuesta: la original apareció arrancada y mancillada con una esvástica hace unas semanas.

Así lo ha indicado el concejal-presidente del distrito, Carlos Sánchez Mato, quien en su perfil de Twitter ha publicado una imagen con la placa pintada de negro. “Continúan atacando la placa conmemorativa de Yolanda González. Pero es inútil”, ha escrito el dirigente, a lo que ha añadido: “Esos cobardes no tienen pintura en el mundo para ensuciar la memoria de quienes lucharon contra la intolerancia y la dictadura”.

El primer ataque fue respondido por los propios vecinos del distrito de Latina, que se concentraron recientemente con decenas de placas dedicadas a la memoria de la líder estudiantil.

Yolanda González fue secuestrada el 1 de febrero de 1980 en su domicilio, situado en la calle Tembleque, en el barrio de Aluche. Los secuestradores consiguieron engañarla mostrando carnés falsos y haciéndose pasar por policías.

La Audiencia Nacional condenó a Emilio Hellín Moro a 43 años de cárcel por asesinato, allanamiento de morada, detención ilegal, depósito de armas de guerra, armas de defensa, municiones, tenencia de explosivos, falsificación de DNI y uso público de nombre supuesto.

Por estos delitos fue condenado y pasó algunos años en prisión, aunque consiguió huir del país aprovechando un permiso. Se acogió al amparo que le dio el Gobierno de Paraguay. En los años 90 fue deportado a España, cumplió la condena que le restaba y salió en libertad en 1996.

A Yolanda González no la mataron, la ejecutaron. Nacida en Bilbao, tenía 19 años cuando el 2 de febrero de 1980 dos miembros del comando Grupo 41 y del partido ultraderechista Fuerza Nueva la sacaron de su casa en Madrid, la llevaron en coche a un descampado y la descerrajaron dos tiros en la cabeza. Así quedó probado en la sentencia que condenó a Emilio Hellín e Ignacio Abad tiempo después.

Yolanda sólo era una estudiante comprometida –militaba en el Partido Socialista de los Trabajadores- y su crimen provocó un fuerte impacto en los años de la Transición, una época en la que también otros jóvenes murieron a manos de las fuerzas de seguridad o de grupos ultraderechistas.

El periodista Carlos Fonseca (Madrid, 1959), autor de otros libros como Trece rosas rojas, ha recordado ahora su caso en el libro No te olvides de mí (Planeta) en el que reconstruye el asesinato, la investigación y la fuga de Hellín a Paraguay a través de conversaciones con amigos, familiares, abogados, periodistas y políticos que lo vivieron. Con un fin: que aquellos episodios no queden en los márgenes de la Historia.

¿Cómo vivió el asesinato de Yolanda González?

Yo tenía 20 años. Trabajaba por las mañanas en un banco y estudiaba Periodismo en la Complutense por la tarde-noche. Y lo recuerdo como el de Arturo Ruiz, Carlos González, Mari Luz Najera… Las muertes de estudiantes por disparos al aire de la policía o por grupos ultras al final de las manifestaciones eran bastante habituales.

¿Por qué entonces el caso de Yolanda? Es una chica de 19 años que lleva un año en Madrid porque se ha enamorado de un chico mayor que ella. Y es la época en la que la dictadura no se acaba de ir y la democracia no acaba de llegar y hay una ilusión colectiva por el cambio. Ella puede representar a esa generación de jóvenes, porque su asesinato es especialmente trágico.

Siempre se dijo que las fuerzas del Estado pudieron estar involucradas en este asesinato, pero nunca se probó. En el libro tampoco desvela mucho más acerca de qué pudo pasar, más allá de lo que ya se ha publicado.

Hay una historia que me merece la pena contar, pero no me planteo si esta historia tiene que derribar al Gobierno o de si de aquí tiene que salir algo… Pero no nos engañemos. Si digo que en aquella época había miembros de la policía, la guardia civil o el ejército que se oponían y no veían con buenos ojos el tránsito de la dictadura a la democracia y que tenían connivencias con grupos de extrema derecha, no descubro nada.

Se demostró con los asesinatos de los abogados de Atocha y también con el caso de Yolanda. Todos los integrantes del Grupo 41 son miembros de Fuerza Nueva. Todo indica que en este crimen y otros había connivencia de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Igual que creo que en la Justicia había también jueces que no actuaron con la suficiente diligencia en esto y otros casos.

Y el responsable era el Gobierno de Adolfo Suárez.

Sí, entonces estaba el Gobierno de Adolfo Suárez, pero ojo, aunque Franco muere en 1975 eso no significa que al día siguiente ya vivíamos en una democracia. Yo creo que a pesar de esas connivencias, el Gobierno de Suárez sí estuvo interesado en que el crimen se aclarara. Quienes se habían implicado en aquel cambio hacia la democracia pretendían asentar ese cambio y todos estos atentados lo ponían en peligro. Tanto que tuvimos una intentona golpista con la operación Galaxia y luego un año después el 23F.

¿Qué imagen tiene de Emilio Hellín? Un hombre que comete este asesinato, se fuga de la cárcel varias veces, se escapa a Paraguay y después de volver a cumplir condena empieza a trabajar como informático para las fuerzas de seguridad del Estado ya a partir de los años 2000, según la investigación que llevó a cabo José María Irujo en 2013. De hecho, se armó un buen escándalo ya con Jorge Fernández Díaz en Interior.

Emilio Hellín era hijo y hermano de guardias civiles. Tenía muy buenos contactos en los cuerpos de seguridad, circunstancia de la que él mismo se ufanaba. Cumplió su condena y por tanto no se le puede negar que tiene derecho a rehacer su vida. Pero lo que sí resulta llamativo es que alguien que ha participado en un asesinato que tuvo tanto impacto termine siendo contratado por el Ministerio del Interior para hacer labores de asesoramiento y formación de las fuerzas de seguridad. No digo que sea ilegal, pero moralmente es reprochable.

Después aquellas informaciones de Irujo, el Gobierno también pasó someramente por el caso, De hecho, ahora ya no hay ninguna información al respecto.

Fernández Díaz dio unas contestaciones irrelevantes en el Congreso. Se reunió con la familia, pero pasada la efervescencia de aquellos días y la indignación, no se hizo nada. Yolanda todavía no ha sido reconocida como víctima del terrorismo. Y el asesinato fue reivindicado por el Batallón Vasco-Español, que es un poco el precedente de los GAL. Yo creo que ahí hay una carencia democrática notable.

De hecho, el libro se titula No te olvides de mí, y en él insiste en que ya no sólo Yolanda, sino otros jóvenes como Arturo Ruiz, Carlos González, Mar Luz Nájera están prácticamente olvidados.No te olvides de mí

Totalmente. Los que lo conocen son las personas que vivieron de manera directa, su familia, sus amigos, los compañeros de militancia política, pero preguntas a gente de veintitantos años y no sabe nada. Yo tengo ahora 59 años, y entonces estaba en la facultad y hay cosas que sí se te quedan grabadas. Pero preguntas por la calle y no lo conoce nadie. Y no ha pasado hace tanto.

A veces hablamos de la memoria histórica como si fuese algo circunscrito a la Guerra Civil y la inmediata posguerra, pero tenemos cuarenta años de dictadura y una Transición, que yo creo que se ha vendido demasiado beatíficamente, y no nos acordamos de nada.

De aquello quizá sólo se recuerdan los asesinatos de los abogados de Atocha porque han sido más homenajeados. Pero ¿por qué estos muertos siguen siendo considerados como de segunda fila?

No lo sé. Cuando matan a Yolanda por la capilla ardiente pasan representantes del PSOE, del PCE, sindicatos, pero ninguno de la UCD o el Gobierno, cosa que sería impensable ahora ante un hecho de esta envergadura. Pero no sé por qué tenemos una memoria tan débil.

También era gente, en el caso de los abogados de Atocha, que tenía un partido detrás, el PCE, que pugnaba por su legalización, pero detrás de Yolanda había un grupo de extrema izquierda pequeñito, era una estudiante de 19 años… no había detrás un gran respaldo. Y queda ahí en los márgenes de la Historia.

También llama la atención que, como recuerda en el libro, en aquellos años, políticos socialistas como Juan Barranco lucharon por esclarecer estos casos. Pero luego llegó el Gobierno socialista y se atenuó bastante.

Sí, ahora tenemos un debate sobre la memoria histórica, que está muy bien, pero hay cosas que habría que haber hecho en los años ochenta y bajo mi punto de vista, Felipe González. Yo ahora a una Comisión de la Verdad no le encuentro mucho sentido. Hubiese tenido sentido en los ochenta. Me extraña que en todo el país no tengamos un museo que nos hable de algo tan fundamental.

Ahora se pretende que sea en el Valle de los Caídos.

A Franco se le debería haber exhumado en los años ochenta. Es anacrónico que haya un monumento a mayor gloria del dictador. Pero no veo que el Valle de los Caídos se pueda reconvertir en centro de reconciliación. Eso se construyó para lo que se construyó y es a mayor gloria de los vencedores. No lo puedes convertir en un centro de reconocimiento.

Me parece que puede ser un centro que explique que esto se construyó por el bando de los vencedores y explicarlo. Pero no como un lugar de reencuentro porque no lo es. Auschwitz no es un sitio de reencuentro sino ejemplo de barbarie del nazismo.

Hablemos de periodismo, porque en el libro relata la investigación de José Luis Morales en Interviú y cómo encontró a Hellín en Paraguay. Así se consiguió saber dónde estaba y su extradición a España. Cuesta encontrar ahora reportajes que sirvan para algo.

Eso, que sirvan para algo. A mí me tildarán de periodista amortizado…, pero creo que el sentido del periodismo es el mismo hace cuarenta años que ahora. Es decir, se trata de que contemos lo que pasa contextualizándolo, y sobre todo, intentando dar respuestas a algunas cosas y siendo incómodos al poder.

Ahora lo que prima, sin embargo, es la inmediatez, ser el primero en dar la noticia aunque esa noticia esté mal escrita, mal contada o no esté contextualizada. Eso perjudica al periodismo. Hay excepciones porque ha habido informaciones que han hecho dimitir a una ministra y a una presidenta de Comunidad, y ese es el periodismo que dignifica la profesión. Pero no el del click con un titular llamativo.

Por cierto, ¿cómo recuerdan sus amigos a Yolanda?

Han pasado 40 años pero lo siguen teniendo muy presente. Aquella vivencia es algo que no se olvida. Es muy emotivo hablar con ellos, porque no hacen relato de hechos sino impregnado de sensaciones.

También es muy llamativo el compromiso político de aquellos jóvenes de finales de los setenta. Ahora también hay politización, pero leyendo el libro se nota que las distancias son grandes.

Entonces había una batalla para recuperar las libertades y se salía de un túnel de 40 años. Ahora hay una democracia consolidada, que podrá gustar más o menos, pero la situación no tiene paragón.  Y mucha de esa gente ha acabado evolucionando.

Por ejemplo, Enrique del Olmo, que fue el primer secretario del PST está en el PSOE. Otros como Rosa Torres milita en COBAS, un sindicato que se fracturó de CCOO, que es más rojo… Algunos siguen con las convicciones de entonces y otros han evolucionado y se han incorporado a los partidos del sistema.  

Yolanda empezó militando en el PSOE y se marchó porque le parecían unos revisionistas y ella era troskista. Pero claro, tienes 19 años, luego la experiencia vital va limando aristas. Por desgracia no se sabe qué hubiera pasado después.

Emilio Hellín Moro, pèrit contractat per l'advocat d'una de les acusades del cas Taula, i condemnat a 43 anys de presó per l'assassinat de l'estudiant Yolanda González, ha sigut expulsat de la investigació pel magistrat del Jutjat d'Instrucció nº18 que tramita el cas. Hellín havia sigut contractat per l'advocat José María Corbín -cunyat de Rita Barberá- amb l'objectiu d'anul·lar els enregistraments de la Unitat Central Operativa (UCO) de la Guàrdia Civil en la recerca sobre el finançament il·legal del PP de la ciutat de València.

Hellín, ultradretà pertanyent a Fuerza Nueva, va ser condemnat per segrest, tortura i assassinat en 1980 de la jove estudiant de 19 anys, militant del Partido Socialista de los Trabajadores, amb l'argument que era membre d'ETA. Va ser a la presó al costat d'altres membres del denominat Batallón Vasco Español d'extrema dreta.

El mateix assassí -que posteriorment s'ha fet cridar Luis Enrique Helling- ha treballat en diverses ocasions com a assessor per a la justícia i cossos de seguretat de l'Estat, fet que ha sigut criticat i repudiat pels familiars de la víctima. En aquesta ocasió va ser contractat per a desacreditar els enregistraments que la UCO va realitzar a l'exregidora de València, María José Alcón, on admetia el pagament de comissions per a finançar de manera il·legal al PP de la ciutat.

Però el seu treball va estar embolicat en la polèmica des del primer dia després que Hellín intentara introduir l'original de l'enregistrament de la UCO en el seu ordinador, negant-se a açò la Fiscalia Anticorrupció davant el perill que accedira a una altra informació sensible, i provocant finalment la suspensió de la sessió. El jutge va recordar en el seu moment que “per raons excepcionals, s'ha privat de la seua disposició [l'àudio original] a les parts, i que es va autoritzar en termes amplis, permetent l'auxili a les parts autoritzades del perit a la seua elecció”.

Després dels intents de desacreditar l'àudio el magistrat va rebutjar que s'aportara cap informe pericial sobre els enregistraments de la UCO incorporades al sumari. Així el jutge va advertir que “qualsevol informació pericial que amb tal caràcter i rellevància es vulga introduir en la causa haurà de proposar-se al jutge i es durà a terme, pel perit que judicialment es designe”.

En l'acte conegut ara, datat el dia 13 de febrer, el jutge instructor valida les escoltes que van ser realitzades amb el sistema SITEL de la Guàrdia Civil, sistema avalat pel propi Tribunal Suprem, i amb açò aparta definitivament del procés a Hellín. En l'acte el magistrat determina finalment que “no existeix d'ofici incertesa ni sospita alguna que els funcionaris policials realitzaren l'escolta i lliuraren l'objecte de les mateixes de manera il·legal, fora del període autoritzat per aquest instructor, o manipularen la còpia informàticament certificada (és a dir, immodificable)”.

Emilio Hellín Moro, perito contratado por el abogado de una de las acusadas del caso Taula, y condenado a 43 años de cárcel por el asesinato de la estudiante Yolanda González, ha sido expulsado de la investigación por el magistrado del Juzgado de Instrucción nº18 que tramita el caso. Hellín había sido contratado por el abogado José María Corbín -cuñado de la fallecida Rita Barberá- con el objetivo de anular las grabaciones de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en la investigación sobre la financiación ilegal del PP de la ciudad de València.

Hellín, ultraderechista perteneciente a Fuerza Nueva, fue condenado por secuestro, tortura y asesinato en 1980 de la joven estudiante de 19 años, militante del Partido Socialista de los Trabajadores, con el argumento de que era miembro de ETA. Fue a la cárcel junto a otros miembros del denominado Batallón Vasco Español de extrema derecha.

El mismo asesino -que posteriormente se ha hecho llamar Luis Enrique Helling- ha trabajado en diversas ocasiones como asesor para la justicia y cuerpos de seguridad del Estado, hecho que ha sido criticado y repudiado por los familiares de la víctima. En esta ocasión fue contratado para desacreditar las grabaciones que la UCO realizó a la exconcejal de València, María José Alcón, donde admitía el pago de comisiones para financiar de manera ilegal al PP de la ciudad.

Pero su trabajo estuvo envuelto en la polémica desde el primer día después de que Hellín intentara introducir el original de la grabación de la UCO en su ordenador, negándose a ello la Fiscalía Anticorrupción ante el peligro de que accediera a otra información sensible, y provocando finalmente la suspensión de la sesión. El juez recordó en su momento que “por razones excepcionales, se ha privado de su disposición [el audio original] a las partes, y que se autorizó en términos amplios, permitiendo el auxilio a las partes autorizadas del perito a su elección”.

Tras los intentos desacreditar el audio el magistrado rechazó que se aportara ningún informe pericial sobre las grabaciones de la UCO incorporadas al sumario. Así el juez advirtió que “cualquier información pericial que con tal carácter y relevancia se quiera introducir en la causa deberá proponerse al juez y se llevará a cabo, por el perito que judicialmente se designe”.

En el auto conocido ahora, fechado el día 13 de febrero, el juez instructor valida las escuchas que fueron realizadas con el sistema SITEL de la Guardia Civil, sistema avalado por el propio Tribunal Supremo, y con ello aparta definitivamente del proceso a Hellín.

Este documento contiene cierta crítica a la actitud e intenciones de la defensa afirmando que “no hay inconveniente a que quieran conocer más acerca de esos metadatos, aunque no han expresado la motivación y fundamento de ese interés tan especioso, pero siempre y cuando el acceso a los datos del disco se lleve a cabo con los medios informáticos de este juzgado, y mediante procedimiento que asegure la imposibilidad técnica de obtención de copia de la información”.

Finalmente el juez acredita la validez de la grabación asegurando que “no existe de oficio incertidumbre ni sospecha alguna de que los funcionarios policiales realizaran la escucha y entregaran el objeto de las mismas de manera ilegal, fuera del periodo autorizado por este instructor, o manipularan la copia informáticamente certificada (es decir, inmodificable)”.

Pero además desliza una advertencia sobre la estrategia de la defensa sobre querer invstigar la actuación policial, al manifestar que “de quererse sostener lo contrario como elemento de exculpación o de defensa, cualquier pretensión en tal sentido debe motivarse claramente y expresar las razones o indicios que den sentido (y valorará este instructor) a convertir en objeto de investigación en esta causa lo que no lo es: la actuación policial. Y si esa diligencia llegara a admitirse y comportara análisis e informe pericial, este instructor nombrará perito que garantice la imparcialidad, sin merma de las facultades de designación que tienen las partes”.

El titular del juzgado de Instrucción número 18 de València rechaza que se aporte ningún informe pericial sobre las grabaciones de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil incorporadas al sumario de caso Taula donde se investiga la presunta financiación del PP de València, como habían pedido las acusaciones.

El juez también descarta que la petición de la Fiscalía Anticorrupción de aportar a la causa los antecedentes penales del perito contratado por el cuñado de Rita Barberá, Emilio Hellín, asesino condenado de la estudiante Yolanda González en 1981.

El instructor del caso Taula considera que Hellín no ha intervenido para elaborar un informe pericial propiamente dicho porque “solo autorizó una diligencia de reconocimiento y comprobación acerca de datos técnicos contenidos en un dispositivo del que, por razones excepcionales, se ha privado de su disposición a las partes, y que se autorizó en términos amplios, permitiendo el auxilio a las partes autorizadas del perito a su elección”.

Emilio Hellín acudió al juzgado a petición de las defensas para comprobar la grabación en que la exconcejal de Cultura, Maria José Alcón, confirma a su hijo el pago de comisiones para la financiación ilegal del PP de València. El escándalo saltó al conocerse que Hellín, contratado por el abogado de la defensa José María Corbín y cuñado de la difunta Rita Barberà, había sido un activo miembro de la extrema derecha y asesino condenado de Yolanda González.

El magistrado considera que “cualquier información pericial que con tal carácter y relevancia se quieta introducir en la causa deberá proponerse al juez y se llevará a cabo, por el perito que judicialmente se designe”.

El titular del Jutjat d’Instrucció número 18 de València rebutja que s’aporte cap informe pericial sobre les gravacions de la Unitat Central Operativa (UCO) de la Guàrdia Civil incorporades al sumari de cas Taula on s’investiga el presumpte finançament del PP de València, com havien demanat les acusacions.

El jutge també descarta que la petició de la Fiscalia Anticorrupció d’aportar a la causa els antecedents penals del pèrit contractat pel cunyat de Rita Barberá, Emilio Hellín, assassí condemnat de l’estudiant Yolanda González el 1981.

L’instructor del cas Taula considera que Hellín no ha intervingut per a elaborar un informe pericial pròpiament dit perquè “només va autoritzar una diligència de reconeixement i comprovació sobre dades tècniques contingudes en un dispositiu que, per raons excepcionals, s’ha privat de la seua disposició a les parts, i que es va autoritzar en termes amplis, permetent l’auxili a les parts autoritzades del pèrit a elecció seua”. Emilio Hellín va acudir al jutjat a petició de les defenses per comprovar la gravació en què l’exregidora de Cultura, Maria José Alcón, confirma al seu fill el pagament de comissions per al finançament il·legal del PP de València. L’escàndol va saltar en conéixer-se que Hellín, contractat per l’advocat de la defensa José María Corbín i cunyat de la difunta Rita Barberà, havia estat un membre actiu de l’extrema dreta i assassí condemnat de Yolanda González.

El magistrat considera que “qualsevol informació pericial que amb tal caràcter i rellevància es vulga introduir en la causa haurà de proposar-se al jutge i es durà a terme pel pèrit que es designe judicialment”.

“Una vez más un asesino convicto y confeso, miembro del ultraderechista Batallón vasco-español y de Fuerza Nueva, condenado a 43 años por el secuestro, tortura y asesinato de una joven de 19 años, sigue prestando servicios para instituciones y altas esferas del poder”. Familiares y amigos de Yolanda Gozález, asesinada en 1980, han expresado así su denuncia de la actividad de Emilio Hellín, uno de sus asesinos, como perito ante los tribunales.

A raíz de la contratación de Hellín por el cuñado de la difunta alcaldesa Rita Barberá, el abogado José María Corbín, como perito de los concejales imputados por la supuesta financiación ilegal del PP de Valencia, los familares y amigos de Yolanda González se quejan de que Emilio Hellín Moro, “escondido bajo el nuevo nombre que se construyó, Luis Enrique Helling”, sea presentado “por la defensa de los encausados del PP valenciano como el gran experto que les va a ayudar a que se haga justicia”.

Tras recordar que Hellín “eludió una y otra vez la acción de la justicia, fugándose de la cárcel en tres ocasiones hasta conseguir una fuga exitosa en Paraguay al amparo y trabajando para el dictador Stroessner”, los familiares y amigos de Yolanda González exigen “una vez más el cese inmediato de cualquier tipo de contratación de Emilio Hellín Moro para actuaciones ante la justicia y otras instituciones y cuerpos de seguridad del Estado”.

La denuncia se refiere a que Hellín ha sido contratado en diversas ocasiones para impartir cursos a las fuerzas de seguridad. Asier González Martín, hermando de Yolanda González, y Mar Noguerol, compañera de la estudiante asesinada, apuntan al remitir el comunicado del grupo de amigos y familiares que el incidente en el juzgado de Instrucción número 18 de Valencia “es especialmente grave al conocerse desde 2013 por la investigación periodística de Jose María Irujo, que Luis Enrique Helling es en realidad el asesino de Yolanda González”.

“Pese a saberlo, la defensa del PP ha ocultado la identidad de la persona que iba a practicar la prueba pericial hasta el mismo momento de irse a realizar”, añaden Asier González y Mar Noguerol, que recuerdan: “Hemos mantenido estos años la lucha por la justicia, investigación y responsabilidades en el asesinato de Yolanda, y contra el trato de favor hacia su asesino”.

La concejala del Partido Popular en el Ayuntamiento de la Vall d’Uixò, Yolanda González, asegura que nunca se lucró a costa del municipio ocupando un cargo público, como advierte el equipo de gobierno. Según defiende, cuando su empresa obtuvo los pagos de 24.000 euros por prestar el servicio de acondicionamiento físico a los agentes de la Policía Local, Guardia Civil y Protección Civil, ella todavía no se dedicaba a la política local en calidad de concejala.

Así, González aclara que en cuanto “me propusieron poner mis conocimientos al servicio de la Vall, presenté voluntariamente la renuncia a la prestación del gimnasio de mi familia”. Ese anuncio se produjo con fecha 27 de marzo de 2015, según consta en un escrito del registro municipal, en el que aparece la firma del gerente de la sociedad Shotokan Sports comunicando la finalización de la vinculación. Esto es, antes de tomar posesión. La munícipe advierte, además, que el documento lo entregó a todos los ediles en comisión informativa, en la que ofreció las correspondientes explicaciones.

Cabe recordar que la semana pasada, el concejal de Hacienda y Policía, Javier Ferreres, denunció que el PP había ocultado un informe técnico de 2011, en el que se avisaba sobre la irregularidad de un contrato. El documento hacía referencia al pago de esos 24.000 euros a cargo del ayuntamiento, en las épocas de Isabel Bonig y Óscar Clavell como alcaldes, y ponía en duda la legalidad de la adjudicación y de la prestación del servicio.

El regidor socialista explicaba que la vinculación con la empresa de González no podía haberse prolongado más de un año al considerarse un contrato menor, salvo que hubiese salido a concurso público, algo que nunca ocurrió. De esta forma, en un procedimiento cerrado al que no pudieron acceder el resto de gimnasios de la localidad, el ayuntamiento, en ese momento gobernado por el PP, desembolsó 6.000 euros por ejercicio durante cuatro años.

En el informe también se cuestionaba la viabilidad del servicio. Incluso, el funcionario consideraba excesivo el precio por el uso que hacían los agentes de seguridad de la instalación deportiva.

En unos pocos meses, el próximo 2 de febrero, se cumplirán 35 años del secuestro y posterior asesinato a manos del ultraderechistas Emilio Hellín en Madrid de la joven estudiante bilbaína Yolanda González. Durante todas esas décadas, la historia que rodeó a la muerte de Yolanda, el juicio de los acusados, el periplo por las cárceles y fuera de ellas de su asesino -incluidas dos fugas de la prisión y la colaboración en materia de inteligencia con dictaduras latinoamericanas como la de Stroessner en Paraguay- ha sido truculenta. Pero también lo han sido los últimos capítulos de una historia, la de la dignidad de Yolanda González, que su familia se niega a enterrar. No parecen ser de la misma opinión algunas instituciones de este país, gobernadas por el PP.

Hellín fue condenado a 43 años de cárcel por el asesinato de Yolanda, aunque solo cumplió 14 finalmente. Y este especialista en el campo de las telecomunicaciones y la telefonía móvil usó la estratagema de cambiar de identidad tras obtener la libertad condicional para huir de su pasado. Y facturar desde su empresa para la que trabajaba como instructor -New Technology Forensics- al Ministerio del Interior hasta 140.000 euros por cursos dados fundamentalmente a guardias civiles -aunque también a algunos policías- gracias a los 15 contratos firmados entre 2006 y 2011, cuando los socialistas estaban en el poder,según precisó el Ejecutivo popular al destaparse el escándalo.

Esa al menos fue la información que se trasladó a los medios desde el actual Ministerio del Interior, encabezado por Jorge Fernández Díaz, bastantes meses después de que una investigación periodística desvelara el 24 de febrero de 2013 que Emilio Hellín Moro respondía en realidad al nombre de Luis Enrique Hellín y que se dedicaba a realizar cursos de formación a diferentes policías.

Como declaró en junio del pasado año el hermano de Yolanda, Asier González, en una entrevista en eldiarionorte.es, el Ministerio del Interior solo puso excusas primero y silencio, después. “Estuvimos reunidos con el jefe de gabinete del Ministerio del Interior el ocho de marzo [de 2013]. Al principio nos dijeron que no sabían nada, que se la habían colado. Como que había sido un despiste. Y sus palabras exactas fueron ”No tenemos ningún interés“; las repitio varias veces. Se refería a que no tenía ningún interés en que esto quedase impune. Pero, visto el silencio desde entonces, al final no sabes si lo que no tienen es interés en remover la mierda”.

La familia recuerda con orgullo las muestras de solidaridad de la sociedad, de los viejos amigos y amigas de Yolanda y las declaraciones institucionales que se aprobaron tanto en el Parlamento vasco -dado que Hellín, miembro del Batallón Vasco Español (BVE) cuando asesinó a González, también dio un curso de 45 horas a cuatro agentes de la Ertzaintza sobre obtención y análisis de datos almacenados en móviles y recuperación de datos borrados-. O las iniciativas mayoritarias en el Congreso de los Diputados. O la única vez que el ministro ha dado alguna explicación en la Cámara, a preguntas de la diputada de Amaiur Onintza Enbeita, en la sesión del 13 de marzo, menos de un mes después de que se destapara el escándalo.

Fernández Díaz aprovechó su intervención para situar los contratos en la etapa socialista y para cargar contra la izquierda abertzale. “Lo que lamento profundamente en relación con el hecho del que trae causa su pregunta es que se vincule a su grupo y a su persona con la reparación de la memoria de Yolanda González. No se merece ella que sea usted la que levante la bandera de su causa en esta Cámara”, dijo entre aplausos, según recoge el acta de la sesión. “No se pueden pedir explicaciones por un contrato público y ls relaciones con un criminal convicto y confeso que ha cumplido condena hace 30 años, y simultáneamente arropar a terroristas de ETA”.

Posteriormente, en julio de ese mismo año, se volverían a reunir con el mismo jefe de gabinete, que amplió a la familia algunos datos del caso de las cursos impartidos por Hellín a agentes del orden. “Para nosotros es una anomalía inaceptable en democracia que este asesino confeso se dedique ahora a dar cursos de formación a las distintas policías del Estado”, remarcó la familia tras el encuentro.

La pregunta que todo el mundo se hace desde entonces es cómo es posible que esto haya podido ocurrir durante tantos años en pleno siglo XXI. ¿Conexiones que perviven del viejo régimen franquista en los aparatos policiales? ¿Laxitud y falta de controles desde las instituciones? En cualquier caso, la maquinaria del control parlamentario del Ejecutivo no se paró con las explicaciones del ministerio, con un contenido abiertamente insuficiente tanto para la familia, como para la oposición. De hecho, prácticamente todos los grupos en el Congreso de los Diputados -PSOE, CIU, PNV, IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural y el Grupo Mixto, entre ellos Amaiur, BNG y ERC- exigieron el pasado 21 de abril la comparecencia del ministro del Interior para que explicara “las actuaciones que ha llevado a cabo o está llevando a cabo para esclarecer el hecho de que un condenado por el secuestro y asesinato en 1980 de Yolanda González Martín haya mantenido contratos y colaborado con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, así como sobre las responsabilidades que, en su caso, se deriven y las medidas que ha adoptado para evitar que casos como este vuelvan a producirse”.

Pero el manto de silencio se mantiene. La cosa parece no haber cambiado. De hecho, la última iniciativa de control parlamentario en relación con este caso fue tumbada, según explican fuentes del Grupo socialista en la Cámara alta, por la Mesa del Congreso, el pasado 6 de mayo gracias a la mayoría de la que goza el PP. De nuevo los mismos grupos exigían que se esclarecieran los hechos que dieron lugar a esos contratos y las responsabilidades públicas que dichas contrataciones hubieran podido generar. El rodillo popular enterró la iniciativa, pero no la antorcha de la memoria de Yolanda González, que su familia, con su hermano Asier González a la cabeza, y sus amigos de lucha antifranquista mantienen encendida.

Amigos, familiares y compañeros Yolanda González, asesinada por el ultra Emilio Hellín, recuerdan a esta líder estudiantil en su barrio natal de Bilbao.

Denuncian "la impunidad" de la que ha disfrutado su asesino, que 33 años después se dedica a formar policías a cargo del erario público.

"Yolanda luchó por una causa, la mataron por una causa y esta causa todavía existe. La lucha continúa y nosotras seguiremos luchando", afirma una joven líder estudiantil.

Fue un instante para la denuncia. Un momento para recordar la lucha por la transformación social a la salida del franquismo y unirla a las movilizaciones actuales en contra de los recortes y en defensa del Estado del bienestar. Pero sobre todo, el homenaje celebrado anoche en el barrio bilbaíno de Deusto, lugar donde nació Yolanda González, fue un momento para el reencuentro. Militantes del Partido Socialista de los Trabajadores (PST) -una minúscula escisión trostkista del PSOE en la que militó Yolanda González hasta que dos disparos del ultraderechista Emilio Hellín acabaron con su vida en febrero de 1980 en Madrid-, decenas de amigos, familiares como su hermano Asier, su compañero sentimental de la época, Alex Arizkun, su compañera de lucha Itziar Manteca... Todos quisieron estar en el salón de actos del Centro Bidarte de Deusto, que se quedó pequeño para tanto recuerdo, homenaje, solidaridad y denuncia.

La pancarta que presidía el acto con el lema “Investigación, Justicia, Responsables: Ayer y hoy contra la impunidad del fascismo y la complicidad del Estado” pretendía unir y hacer un paralelismo entre la situación de 1980, con un Emilio Hellín liderando un comando del Batallon Vasco Español (BVE) que asesinó a Yolanda, y 2013, con el mismo “aparante honorable individuo”, en palabras de Asier González, dedicado a asesorar e impartir formación a las fuerzas de seguridad del Estado. Desde 1994.

Cada uno de los que participaron en la mesa redonda aportaron su vivencia personal en una etapa en la que mucha gente pensó que se podía transformar de arriba a abajo las estructuras del franquismo y alumbrar una “democracia de verdad”. Itziar Manteca compartió luchas con Yolanda, a la que definió como “una militante revolucionaria, aunque ahora no está de moda decirlo. Reivindico una lucha que no ha perdido vigencia”, subrayó Itziar. Sobre todo porque “en esta pseudodemocracia no hay nada seguro. Ni que el fascismo no venga de nuevo cuando le salga del moño o del tricornio”, expresó de manera gráfica Itziar. Recordó su etapa en la que ambas se sumaban en Euskadi a las luchas obreras. Fruto de aquella solidaridad, unos trabajadores del Metal del Goiherri devolvieron la moneda en forma de regalo: una cadena con un lauburu que Yolanda llevaba orgullosa durante el año que pasó en Madrid.

Alex Arizkun echó la vista atrás y compartió con los presentes cómo se enamoró de aquellos “ojos vivos, inquietos, profundos, que buscaban con curiosidad todo lo que le rodeaba”. Desgranó aquella época de compromiso con Yolanda, la “firmeza de sus convicciones, con una madurez muy llamativa”. Una etapa en la que había poco espacio para el ocio y mucho para la militancia a tiempo total. Arizkun recordó que Yolanda, con 19 años cuando fue secuestrada y asesinada, era la única mujer matriculada en el Instituto de Electrónica en el barrio madrileño de Vallecas. Casualidades de la vida, su asesino era un experto en electrónica, algo que le ha servido para asesorar hoy en día a las policías españolas, autonómicas y a la policía local de Madrid. El compañero sentimental de Yolanda denunció la impunidad que ha rodeado a Hellín, pero puso los toques más íntimos de Yolanda: sus lecturas de Baroja, Carpentier o Tolstoi, su gusto por las pinturas negras de Goya o el recuerdo de aquel jersey violeta -el color de la lucha feminista- que le regaló su madre Lidia y que llevaba el día que fue asesinada por dos balas en la cabeza disparadas por Hellín.

“Seguiremos luchando”

Pero nadie quiso ayer limitarse a un “recuerdo nostálgico”. Su hermano habló de la “batalla democrática” en la que todos se han embarcado para denunciar la impunidad de Hellín y de todos esos “Hellines que se mueven en las instituciones. Queremos conocer quiénes son los que le han introducido” de nuevo en el mundo policial. Asier reconoció que se han “reabierto muchas heridas”, pero apuntó que ha preferido quedarse con la solidaridad y con el “reencuentro de unos ideales que nos están uniendo a todos”.

El presente lo puso una joven líder estudiantil que ahora se moviliza en la calle contra la reforma Wert. De la Ribera de Deusto, como Yolanda, la joven Ane Morales denunció la Lomce y negó con rotundidad que vaya a servir para “luchar contra el fracaso escolar” como proclama el ministro. Con una intervención íntegramente en euskera, arrancó los aplausos del público cuando se emocionó al vincular su lucha con la de Yolanda y no pudo reprimir unas lágrimas. “Yolanda luchó por un causa, la mataron por una causa y esta causa todavía existe, y esa misma lucha continúa.. y que nosotras y nosotros seguiremos luchando”.