La Asociación de Vecinos Afectados por el Plan Singular de Interés Regional (PSIR) 'Bosques de Santander', constituida por aquellos que viven en el barrio Rucandial de la capital cántabra, se ha organizado en varios grupos de trabajo para defender sus derechos y reclama una reunión con las instituciones públicas implicadas, como son el Gobierno de Cantabria y el Ayuntamiento de Santander.

En el seno de la asociación, se ha establecido un equipo técnico encargado de estudiar los planos del proyecto y la documentación urbanística, identificar posibles afecciones y analizar las características del proyecto.

Además, se ha dispuesto un equipo jurídico que se encargará del asesoramiento legal, del estudio de los procedimientos administrativos y la defensa de los derechos de los afectados y otro que se dedicará a todo lo que tiene que ver con comunicación y organización de acciones reivindicativas, ha detallado esta nueva asociación en un comunicado.

Con la asociación constituida, cuyo trámite registral ya ha sido presentado, persigue conseguir la paralización del proyecto urbanístico promovido por Real de Piasca y defender la continuidad de sus viviendas y de su barrio.

El proyecto 'Bosques de Santander' prevé construir en terrenos de Santander, Santa Cruz de Bezana y Camargo la construcción de 7.850 viviendas --4.710 libre y 3.140 protegida a precio asequible-- y acoger la futura Ciudad de la Justicia.

La asociación defiende “una interlocución colectiva con las instituciones y rechaza que el futuro del barrio se aborde exclusivamente mediante negociaciones individuales con la empresa promotora”.

Además, cuestiona la necesidad de destruir viviendas más de una treintena de viviendas en Rucandial para desarrollar el proyecto.

Uno de los principales motivos de oposición al PSIR es que, según los residentes, Real de Piasca ya dispone de una importante superficie de terrenos para desarrollar las miles de viviendas anunciadas sin necesidad de intervenir sobre los hogares consolidados de Rucandial.

Los vecinos cuestionan que una actuación urbanística de esta magnitud deba contemplar la desaparición de viviendas existentes cuando “hay suelo suficiente para desarrollar el proyecto sin desplazar a las familias”.

Por ello, reclaman que se justifique técnicamente la necesidad de incorporar estas propiedades y que se haga pública la documentación que sustenta la delimitación propuesta.

La asociación insiste en que su reivindicación no consiste en mejores condiciones económicas ni aceptar alternativas de realojo, sino que lo que busca es la paralización del PSIR Bosques de Santander, al que se oponen sobre el territorio y, especialmente, al que se opornen “por su impacto sobre el territorio y, especialmente, por la amenaza que representa para las viviendas y la continuidad del barrio”.

Detrás de cada PSIR hay un nombre propio, un interés privado al que los afectados atribuyen la operación de expropiación y recalificacion de sus casas y sus fincas y contra el que están dispuestos a luchar.

El PSIR de Olucas, para hacer una piscina de surf en Villaverde de Pontones beneficia a su propio promotor privado. El polígono de Solía (Federico Cobo) al fondo inmobiliario norteamericano que ahora controla Stoneshields, la promotora del Centro de Datos Altamira. Real de Piasca plantea hacer 8.000 viviendas en Santander y la plataforma contra el polígono de las Excavadas siempre ha denunciado el interés del grupo Armando Álvarez por la operación.

Los afectados por los PSIR cuestionan el interés público de estas operaciones y se han organizado en asociaciones y plataformas. Ahora se están coordinando entre ellos para actuar de forma conjunta porque consideran que esta excepción urbanística -que se lleva por delante sus casas y terrenos- se está utilizando como un negocio para beneficiar a promotores privados.

La más reciente constituida esta misma semana de urgencia, la Asociación de vecinos afectados por el PSIR Bosques de Cantabria, ya trabaja en red con la Plataforma ciudadana La Mancha Gris (PSIR de Solía y el Centro de Datos Altamira), el Grupo de Afectados por el PSIR de Laredo, los vecinos de Olucas que están en contra del proyecto, o la veterana Plataforma en Defensa de las Excavadas de Torrelavega que lleva una década de lucha contra el proyecto.

Es decir, hay movilizaciones ciudadanas en varios ayuntamientos: Astillero, Villaescusa, Piélagos, Villaverde de Pontones, Laredo, Torrelavega y Ribamontán al Monte.

El Gobierno de Cantabria ha cambiado considerablemente el criterio de los PSIR, los Planes Singulares de Interés Regional. Es decir, una excepción urbanística que permite recalificar suelo e incluso expropiar en aras del bien común.

La norma concibe esta figura para proyectos estratégicos de alcance supramunicipal “pero se está utilizando para eludir el planeamiento urbanístico ordinario de los ayuntamientos afectados”, estiman desde La Mancha Gris, la asociación contra el PSIR de Solía (polígono Federico Cobo) y la instalación del marco centro de datos Altamira. “Se vulnera la singularidad y el interés regional”, advierten.

Durante esta legislatura ha anunciado 6 PSIR de promoción privada que, en algunos casos, como la piscina de olas de surf de Villaverde de Pontones, cuestionan el interés público de la operación. ¿En qué beneficia Olucas a los ciudadanos si ni siquiera podrán acceder a ella gratis? El Gobierno de Cantabria lo justifica, en este caso, porque la comunidad puede situarse a la vanguardia del surf.

Otros, como los PSIR anunciados en Castro Urdiales o en Santander, promocionado por Real de Piasca, son operaciones básicamente inmobiliarias para construir también vivienda libre, a precio de mercado. Algo que es posible desde que PP y Vox lo aprobaron en la Ley de Simplificación Administrativa.

Ahora, el Gobierno de Cantabria puede expropiar una propiedad privada para que un promotor haga negocio construyendo viviendas.

Ese es precisamente el planteamiento del PSIR de Real de Piasca en Santander -8.000 viviendas que se llevan por delante 35 casas- o el de Castro Urdiales, donde la presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga anunció 1.700 viviendas. Un proyecto, por cierto, rodeado de silencio sobre el que no se ha dado ningún paso y que despertó los recelos de los grupos de la oposición.

“Ya no se expropia para hacer una carretera, se expropia para levantar promociones inmobiliarias privadas”, explica un afectado.

Los seis proyectos privados han levantado un sonoro rechazo ciudadano, hasta el punto de que ya casi todos tienen su plataforma de afectados. La novedad, además, es que han entrado en contacto y están empezando a funcionar de manera coordinada porque es un problema que se está intensificando en Cantabria. Una excepción urbanística que se está convirtiendo en habitual.

Hace unas semanas algunos de los afectados coincidieron en una reunión en Hazas de Cesto convocada por Cantabria No Se Vende. Las antiguas escuelas no dieron abasto para acoger a todas las personas que acudieron a la llamada

Allí fueron tomando la palabra representantes de los PSIR de Laredo, las Excavadas, Solía y especialmente Olucas. El proyecto para hacer una piscina de olas de surf un poco más lejos, en Villaverde de Pontones, que amenaza con llevarse por delante la tranquilidad y la calidad de vida de sus vecinos, según expresaron.

El rechazo a esta figura urbanística y las consecuencias sobre la vida de los vecinos desgranó historias personales y apeló al tiempo a la conciencia medioambiental y patrimonial. En este sentido, la intervención de Carlos García, en nombre de la asociación ARCA puso en evidencia que los PSIR se están ejecutando sobre los terrenos más fértiles de Cantabria, como La Pasiega o Las Excavadas.

Los ciudadanos afectados coinciden en señalar a los beneficiados de estas operaciones que se venden como interés público. La Asamblea en Defensa de Las Excavadas denunció hace años que detrás del Plan Singular de Interés Regional (PSIR) del parque empresarial de Las Excavadas hay una “maniobra especulativa” del grupo empresarial Armando Álvarez para liberar sus suelos en el casco urbano de Torrelavega.

En el caso del polígono La Solía, al que quieren bautizar con el nombre de Federico Cobo, desde La Mancha gris ven indicios de arbitrariedad, opacidad urbanísticas y conflicto de intereses en la tramitación del PSIR, para alojar las fesas 2 y 3 del proyecto Altamira, y en el Centro de Procesamiento de Datos.

Los vecinos de Ribamontán al Monte consideran que Olucas no tiene interés público, sino privado, y que solo beneficia a su promotor particular. Los afectados por el derribo de sus casas en Rucandial ven claro que el PSIR es una negocio para Real de Piasca.

Desde La Mancha Gris cuestionan la figura del PSIR incluso cuando se promueve desde lo público porque existe una duplicidad de roles en la administración autonómica “que actúa como promotor y juez al mismo tiempo”. En este sentido, explican que la empresa pública SICAN (dependiente del Gobierno de Cantabria) y la Consejería de Fomento actúan como impulsoras directas del PSIR Federico Cobo y del Centro de Datos Altamira. “Mientras que el propio Gobierno autonómico es la autoridad que debe dictar la aprobación ambiental y urbanística”, explican. Una convergencia de intereses que, en su opinión, anula la independencia de los órganos evaluadores, “provocando que los informes sectoriales se orienten a validar decisiones políticas tomadas de antemano”.

La batalla de las plataformas ciudadanas no es solo tratar de neutralizar su propio PSIR, sino cuestionar la utilización de esta excepción que debe restringirse exclusivamente a un interés público.

Vecinos y propietarios del entorno de Astillero y Villaescusa celebrarán este domingo, 27 de septiembre, una reunión que tendrá como fin crear formalmente la Asociación de Vecinos y Afectados por el PSIR 'Federico Cobo'-La Mancha Gris.

Su objetivo es dotar a los afectados de una representación frente a las administraciones públicas y sociales.

La cita tendrá lugar en la Casa de Cultura de La Concha de Villaescusa, a partir de las 18.30 horas, cuando se desarrollará una sesión informativa abierta al público. Continuará con la formalización de los socios, la ratificación de los estatutos y la elección de la junta directiva.

Así lo han informado en un comunicado los promotores de la iniciativa, quienes han aclarado que los vecinos y propietarios no están “en contra de los empresarios ni del progreso económico”, sino que, han asegurado, tienen “la mano tendida a los empresarios” con los que pretenden hacer “un frente común por el desarrollo sostenible”.

Al hilo, han censurado “la reciente campaña de noticias impulsada por el Gobierno” en la que, han criticado, “han utilizado encuentros con colectivos empresariales para intentar deslegitimar el movimiento de los afectados”, en referencia a la reunión que mantuvo este jueves el consejero de Industria, Eduardo Arasti, con los empresarios del polígono Guarnizo-Morero y de la que dio cuenta el Ejecutivo en nota de prensa.

Y para “demostrar esta voluntad de entendimiento”, han emplazado formalmente a la Asociación de Empresarios a una reunión de trabajo la próxima semana.

Según han explicado, el fin de este encuentro es exponer “de primera mano” la posición del colectivo, compartir la información disponible y colaborar activamente con los empresarios y todos los movimientos sociales en “una propuesta de desarrollo para la zona que sea negociada, sensata y sostenible”.

Rechazo a la imposición

Desde la promotora de la asociación se ha señalado que el motivo del rechazo al Proyecto Singular de Interés Regional (PSIR) no es la inversión económica, sino “la imposición de un PSIR o del Centro de Datos Altamira sin contar con los vecinos, ganaderos y propietarios directamente afectados”.

“Los afectados no están de acuerdo con que se tomen decisiones unilaterales que comprometan el patrimonio y el suelo rústico protegido”, han aseverado.

Por este motivo, tras la constitución formal de la entidad este domingo, la asociación solicitará formalmente una reunión al Gobierno de Cantabria para pedirle la retirada del PSIR y plantear la apertura de una mesa de negociación multilateral.

Dicha mesa, han indicado, “deberá integrar al Gobierno regional, los ayuntamientos afectados --Villaescusa, Astillero y Piélagos-, las asociaciones empresariales, los propietarios del suelo y los representantes vecinales para ”alcanzar una solución consensuada, razonable y sostenible“.

Más de un centenar de personas protagonizó el pasado domingo una marcha en contra del PSIR que transcurrió por los terrenos afectados entre Guarnizo y Solía.

“Esto no es una cuestión de lo que gana el Real Madrid, esto es una cuestión de lo que gana la ciudad”, aseguraba esta semana el alcalde de la ciudad, José Luis Martínez-Almeida, cuando los periodistas le pedían una valoración sobre lo que va a ganar el club merengue con la recalificación que su Gobierno aprobó en mitad de las vacaciones para sus terrenos de Valdebebas. El mandatario justificaba la operación asegurando que lo que allí se construirá provocará “atracción de talento” y “creación de empleo” en la zona.

Lo que va a ganar el Real Madrid con la recalificación son 185,49 millones de euros, solo contando con lo que pasan a valer los terrenos, sin necesidad de construir ni un solo edificio. La cifra la calcula un informe encargado por el Ayuntamiento de Madrid, necesario para la operación, que el área de Urbanismo adjudicó a dedo a la consultora Savills para poner en marcha esta recalificación. El citado estudio, al que ha tenido acceso Somos Madrid, calcula que los 172.550 metros cuadrados de aumento de edificabilidad terciaria que permitirá la recalificación valen 1.075 euros cada uno, lo que arroja la cifra antes citada.

La cantidad es mayor que el valor actual de los terrenos, calculado en 174,6 millones de euros por sus 360.000 metros cuadrados de edificabilidad en suelo deportivo. Es decir, el Real Madrid multiplicará por más de dos el valor de su parcela de Valdebebas cuando se complete la recalificación, el mayor incremento patrimonial en una operación de este tipo desde que Almeida es alcalde. Otros “pelotazos” sonados sobre los que llamó la atención la oposición fueron los planes especiales aprobados para El Corte Inglés en Méndez-Álvaro, donde la entidad comercial ingresó 29 millones de euros con la recalificación de centro comercial a oficinas, y el de la Ermita del Santo, con 64 millones de incremento de valor al convertir un antiguo centro comercial en viviendas.

La recalificación es una herramienta legal que utilizan los ayuntamientos para promover actuaciones urbanísticas a través del incremento del valor del suelo, permitiendo otros usos hasta ese momento no previstos. En el caso del Real Madrid, el equipo de Almeida le concede levantar oficinas, un hospital y hasta una universidad en terrenos de su ciudad deportiva de Valdebebas todavía sin uso. El ordenamiento le permitiría además construir viviendas de corta estancia de tipo flex living, que empiezan a abundar en Valdebebas.

Debido a lo lucrativo de la operación, el Real Madrid deberá ceder al Ayuntamiento un espacio para la construcción de equipamiento público, con 35.311,51 metros cuadrados de suelo, además de la cesión correspondiente al 5% del incremento de aprovechamiento urbanístico, que el expediente cifra en 17.400,147 metros edificables. Y deberá pagar también las cargas de urbanización necesarias para llevar a cabo el proyecto, que el estudio económico cifra en 73,5 millones e incluyen zonas verdes, urbanización interior, nuevas infraestructuras y actuaciones sobre el viario.

Además, la operación incluye la cesión gratuita de zonas verdes sobre las que el consistorio tendrá que actuar. Este nuevo parque, que formará parte del Bosque Metropolitano y contará con 16 hectáreas, rodea convenientemente todas las nuevas instalaciones que el club blanco podrá construir, separándolas de las grandes carreteras que rodean al complejo a través de un talud verde. También se incluye en estas cesiones el espacio verde que rodea al conocido como arroyo de la Plata, una pequeña vía de agua que atraviesa el complejo.

Un “pelotazo gigantesco” que puede superar los 500 millones

Aunque las cifras del informe económico que forma parte de la documentación del proyecto son enormes y suponen la mayor recalificación aprobada por Almeida, algunos economistas cuestionan sus cifras por considerarlas demasiado bajas. Es el caso del exdelegado de Hacienda en el Ayuntamiento de Madrid, Carlos Sánchez Mato, que pone en duda los cálculos con los que se ha elaborado. “La memoria económica es lamentable, insuficiente”, asegura el ahora profesor de la Universidad Complutense que cree que el valor real de la operación puede superar los 500 millones de euros, atendiendo al valor de otras operaciones inmobiliarias similares en la zona. El propio Florentino Pérez llegó a afirmar en su última campaña electoral, en respuesta a un proyecto de su rival Enrique Riquelme, que toda la ciudad deportiva valía más de 1.000 millones de euros.

Sánchez Mato cree que el valor real de estos terrenos aflorará en el futuro, cuando el presidente del Real Madrid ponga en marcha la entrada de capital privado en el club o bien cuando establezca algún tipo de asociación para llevar a cabo la construcción de los negocios planeados, que incluya una tasación del suelo ya recalificado. “Entonces veremos la magnitud de lo que ahora se ha aprobado”, añade. Hasta entonces la valoración de lo que considera un “pelotazo gigantesco” se eleva a los 185,49 millones de euros antes citados.

El exdelegado de Hacienda municipal considera que la operación implicará una “rentabilidad salvaje”, por lo que ha presentado una llamada de atención ante las instituciones comunitarias. En concreto ante el Comité de Peticiones del Parlamento Europeo, como adelantó El Salto este viernes. Según el documento al que también ha tenido acceso Somos Madrid, se pide investigar un posible trato de favor hacia este club privado por parte de las administraciones públicas.

Cuenta Sánchez Mato que el Real Madrid lleva persiguiendo esta recalificación desde hace años. Lo sabe de primera mano, porque se la solicitó a él mismo el propio Florentino Pérez en los tiempos de Manuela Carmena como alcaldesa. Por aquel entonces se negó a tramitarlo porque consideraba que la operación no tenía ningún interés general, como sigue considerando ahora. “Ese incremento de la edificabilidad y los usos concedidos que distan mucho de ser de interés general, porque benefician claramente a una parte”, explica en conversación con este periódico haciendo referencia a otras operaciones similares que acabó tumbando la justicia. La última, con los mismos actores, fue la del concurso para construir dos aparcamientos públicos en el entorno del Bernabéu, que el Supremo acabó tumbando por “falta de interés público”.

“¿Interesa a la ciudad que se realice un centro tecnológico o un hospital? Puede ser, pero hay mucho suelo público para desarrollar eso, el Ayuntamiento tiene terrenos para hacerlo muy cerca”, comenta Sánchez Mato sobre la posibilidad de que la Administración acometa esas inversiones y que estas no tengan que ir siempre a beneficio de un privado. “Son operaciones que me pidieron a mí hace diez años y que rechazamos porque no íbamos a hacer ningún tipo de transferencia ni modificación de uso”, reitera relacionando este caso con otros como la cesión de varias parcelas al Atlético de Madrid en el entorno del Metropolitano para el desarrollo de un gran complejo de ocio, que frenó el Ayuntamiento de Madrid durante su etapa como concejal: “Aguantamos, resistimos y no se cedieron parcelas ni al Atlético de Madrid ni atendimos a las peticiones de ampliación del Real Madrid. Porque no respondían al interés general, sino al interés del promotor privado”.

El proyecto de modificación del plan general, puntal de la recalificación de terrenos en la ciudad deportiva del Real Madrid que se encuentra desde el pasado miércoles en información pública, revela los pormenores de una operación con la que Florentino Pérez vuelve a lograr grandes ventajas para el club de la mano del Ayuntamiento de Madrid. El Gobierno de José Luis Martínez-Almeida recalifica la edificabilidad de 448.000 metros cuadrados en Valdebebas para darles un uso lucrativo: un hospital y una universidad privadas, oficinas, hoteles, comercios y hasta formatos de hospedaje temporal estilo flex living podrían aterrizar en el entorno.

El documento, cuyos detalles ha adelantado El País, refleja que la zona apenas conserva 89.000 metros cuadrados de edificabilidad para uso dotacional deportivo, frente a los 360.000 de la actual normativa. De ellos, el Real Madrid tiene construido solo unos 60.000, la mayoría ocupados por el estadio Alfredo Di Stéfano. Hasta los nuevos 532.000 metros cuadrados de edificabilidad, el resto pasan a ser 276.000 metros cuadrados para equipamiento privado y 172.550 en calidad de servicios terciarios tipo oficinas, hoteles u otro tipo de alojamientos.

Todo ello implica un mayor valor de los suelos, ahora con una valoración de 360,1 millones de euros, según un informe adjunto de la consultora inmobiliaria Savills. En ese documento recogido por El País la revalorización es notoria: fijan en 40,7 millones el precio del suelo deportivo; en 133,9 millones el dotacional privado y en 185,5 millones el terciario. El Real Madrid consuma así su propósito de convertir los terrenos baldíos de Valdebebas en un gran campus tecnológico y educativo al que añadir servicios de ocio, que no encajan en los actuales usos para los que está pensada la parcela. El nombre escogido para el entorno es Madrid Innovation District, como anunció Florentino Pérez en un acto conjunto con Almeida y la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso.

En el uso deportivo, el Real Madrid levantaría nuevos campos de fútbol y servicios vinculados (10.000 metros cuadrados), así como un “club deportivo” de 9.993 metros cuadrados. Respecto al suelo terciario, alrededor de 100.000 metros cuadrados se destinarán a edificios de oficinas y el resto a otros usos como hospedaje, recreativo y comercio de proximidad. Este último apunte cierra la puerta a que se construya un centro comercial, aunque ya se prepara otro en otro punto de Valdebebas. En cuanto al equipamiento privado, alrededor de 110.000 metros cuadrados están previsto para sanitario, caso de un hospital privado. La misma cifra para educativo, lo que parece que se traducirá en la llegada de una universidad privada. Alguna instalación cultural completará la edificabilidad de este apartado.

La entidad blanca figura como único promotor, al tener en propiedad una parcela de 1.200.000 metros cuadrados de uso vigente dotacional deportivo privado, pero ello no le impide futuras ventas. De hecho, el club ya lo hizo en la primera etapa de Florentino Pérez como presidente, a comienzos de siglo. Fue con otra gran recalificación auspiciada por el Ayuntamiento de la capital: la de la ciudad deportiva de la Castellana, donde actualmente se erigen las conocidas como las Cuatro Torres. El Real Madrid se trasladó entonces a Valdebebas, salvo su estadio, en un movimiento que reportó grandes beneficios al club y que resultó vital para la sostenibilidad en su etapa de “galácticos”. Ahora, tras el traspié de los conciertos paralizados en el Bernabéu, la recalificación podría revitalizar de nuevo las cuentas de la entidad.

La memoria económica del proyecto, del que Pérez hizo gala en los últimos comicios en el club que acabaron con su reelección, apunta a un coste de 1.200 millones euros en la construcción. Desde Cibeles auguran que las obras arrancarán en 2029, después de la aprobación definitiva que deben dar el Ejecutivo municipal y el autonómico, algo que no parece difícil dado que su éxito está garantizado siempre que se confirme la continuidad del PP en los gobiernos madrileños.

Los documentos indican que el desarrollo estaría “estabilizado” en 40 años y los primeros ingresos para los promotores llegarían en 2031. Justifican la operación aludiendo a que hasta ahora solo se ha ejecutado un 17% de la edificabilidad máxima en la parcela del Real Madrid, lo que supone una infrautilización del suelo urbano consolidado. Una situación análoga a la de otros terrenos del entorno donde no se han puesto en marcha operaciones de este calado. Mientras, los vecinos de Valdebebas (área cercana a Ifema o al aeropuerto de Barajas) ven cómo aterrizan otros grandes eventos como el Gran Premio de Fórmula 1.

La oposición critica un “pelotazo” y se pregunta “dónde está el interés general”

Los reproches de la oposición no se ha hecho esperar. Desde Más Madrid califican la información conocida de “pelotazo”, como traslada la concejala Sara Ladra: “Almeida lo ha vuelto a hacer. Ha vuelto a demostrar en pleno mes de agosto, aprovechando que media ciudad está de vacaciones, para quién gobierna realmente Madrid: para que los más ricos se hagan megarricos”. Y añade: “Unos terrenos que iban a ser para equipamientos deportivos, ahora serán más hoteles y colivings de lujo, hospitales o universidades privadas... Todo para que se forren los de siempre. Valdebebas necesita colegios y centros de salud públicos, no más hoteles y oficinas”.

“Esta recalificación nos costará más a todas y todos los madrileños: 25 millones todos los años, que no se compensarán, si lo hacen, hasta más allá del año 2033 y que no se dedicarán a otros servicios públicos esenciales que no están suficientemente dotados: limpieza, escuelas infantiles, más autobuses y más rápidos…”, subraya Ladra.

También se ha mostrado muy crítico Antonio Giraldo, portavoz socialista en la Comisión municipal de Urbanismo: “Este es otro caso de urbanismo a la carta que Almeida y Borja Carabante practican desde que empezaron a gobernar”, afirma el edil. Explica que se trata de una recalificación inmensa, que ya viene de una anterior que se hizo “por la supuesta necesidad de un equipamiento deportivo”. “Lo justifican diciendo que solo se ha desarrollado una pequeña parte de él y nos preguntamos qué justificación es que un propietario no haya cumplido con sus deberes de desarrollar su suelo”, apostilla.

“Lo que ocurre es que al Real Madrid le ha surgido una nueva oportunidad de negocio y eso puede ser consecuencia de la deuda que tiene con el Ayuntamiento después del desastre que el Consistorio le provocó al Real Madrid con los aparcamientos del Bernabéu, o sea, por la negligencia habitual del Gobierno municipal. La pregunta es dónde está el interés general de toda esta operación y la respuesta es que lo que está bien claro es el interés particular del club por el enorme y abultado volumen de ingresos, por encima de los 300 millones de euros, que va a provocar esta recalificación urbanística. Por el momento no hemos encontrado ninguna repercusión en el interés general”, concluye el concejal.

La delegada de Obras y Equipamientos del Ayuntamiento de Madrid, Paloma García Romero, ha rechazado por contra la calificación de “pelotazo”, al tiempo que ha defendido que será una actuación “buena para Madrid” y “buena para los madrileños”. Preguntada por las críticas de Más Madrid y PSOE en declaraciones a los medios tras un acto, García Romero cree que “lo que tiene que hacer es presentar alegaciones” y ha recordado que el plazo permanece abierto hasta finales de septiembre. “Es una tramitación urbanística normal y corriente”, ha manifestado, al tiempo que incide en que la modificación todavía no tiene carácter definitivo.

El presidente de la Unión Deportiva Logroñés, Félix Revuelta, quiere que la ciudad deportiva siga creciendo y para ello está proyectando una residencia para su cantera de 1.800 metros cuadrados para la que prevé una inversión entre dos millones y dos millones y medio de euros. Revuelta, una de las mayores fortunas de La Rioja y accionista mayoritario de la multinacional diétetica Naturhouse, ya ha pedido públicamente al Gobierno de La Rioja la declaración de proyecto de interés regional, lo que agilizaría los plazos para las obras. Los planes de la entidad pasan por que los futbolistas que se alojan en la residencia de Félix Revuelta en Calvo Sotelo se trasladen a la ciudad de deportiva, dejando libre la del centro para el mercado libre de alquiler.

Según han explicado desde el club, el proyecto plantea la construcción de una segunda planta en los dos edificios que tiene actualmente la UD Logroñés en la Ciudad Deportiva del barrio de Valdegastea, que se destinaría a alojar a los futbolistas de la cantera. El propio Félix Revuelta ha explicado que el proyecto contempla una capacidad de 45 habitaciones, que pueden tener de una a tres plazas cada una. Además de instalaciones como una sala de estudios, donde podrían estudiar de manera telemática, comedores y cocina.

La residencia actual para el mercado del alquiler

La idea actual es que se alojen allí los futbolistas que desde 2022 viven cada temporada en el edificio de 1914 de la céntrica calle Calvo Sotelo, 12 que rehabilitó el presidente del club, Félix Revuelta, después de comprárselo a la Cocina Económica por 800.000 euros. Los planes iniciales para los apartamentos de este edificio cuando lo adquirió en 2019 pasaban por su puesta en el mercado del alquiler y este es el uso que tendrán al trasladar a los jugadores a Valdegastea. “Es mejor para la ciudad que necesita pisos, además va a ser alquiler barato”. De hecho, varios pisos ya están en el mercado libre y algunas ya están alquilados a particulares. El presidente de la UDL justifica que el club “necesita tener controlados a los chicos”, mientras que en el centro no tienen horarios de entrada y de salida.

Además, con estas obras, Revuelta busca también ser subsede del Mundial 2030. “La Federación vino a ver las instalaciones y nos dio el ok, lo único que no dio el ok es que como no había hoteles grandes de cinco estrellas en Logroño para poder hospedarse las selecciones, habría un problema”, ha apuntado el presidente de la UDL, que asegura que con las 45 habitaciones que proyecta en la Ciudad Deportiva se podría alojar “perfectamente” un selección.

Mientras tanto, Revuelta ya ha manifestado su voluntad de empezar. “Estoy a punto, tenemos todo montado, tengo presupuestos y hemos hecho la acometida con el agua de Logroño a falta de la autorización del Ayuntamiento para conexionar”, ha dicho. Sin embargo, para ello necesita las correspondientes licencias y la recalificación del suelo para permitir su uso residencial, un camino que se acortaría con la declaración de proyecto de interés supramunicipal que ha solicitado y defendido. “Esta es una iniciativa por el bien de toda la comunidad, para los chicos de Nájera, de Haro o de Ocón”, dijo en rueda de prensa. “Podríamos poner a Logroño dentro del mapa de las ciudades deportivas de España, que ya está, pero falta la residencia”, ha defendido Revuelta a Rioja2.

También solicita al Ayuntamiento de Logroño que complete la urbanización de la zona “para ofrecer seguridad” mientras que el club desarrollará la incluida en sus terrenos y pide además que llegue hasta allí el transporte urbano.

Vía rápida para la recalificación del suelo

En la práctica, la declaración de Proyecto de Interés Supramunicipal, regulada por la Ley de Ordenación del Territorio y Urbanismo de La Rioja, permite al club evitar el obstáculo que supondría modificar el Plan General Municipal para la recalificación de los terrenos. Al solicitar la declaración de interés supramunicipal, el cambio de uso a residencial pasa a ser competencia directa del Gobierno de La Rioja. El Ayuntamiento no queda excluido del proceso, que es consultado y puede emitir informes, pero pierde el poder de veto: si la Comunidad Autónoma aprueba el proyecto de forma definitiva, el Consistorio logroñés queda legalmente obligado a modificar su planeamiento e integrar el nuevo uso.

Esta vía acorta además los tiempos burocráticos al unificar en un solo expediente regional los trámites ambientales y urbanísticos y blinda el proyecto. Una vez aprobada la declaración autonómica, la concesión de licencias de obra por parte del Ayuntamiento pasa a ser un mero trámite administrativo reglado. Por el momento, el Gobierno de La Rioja se ha limitado a comunicar que los técnicos están estudiando la solicitud y consideran que “no procede valorar”. Tampoco el Ayuntamiento de Logroño ha querido hacer valoraciones puesto que tras la solicitud de proyecto de interés supramunicipal señalan que ahora es el Gobierno quien tiene que decantarse y prefieren “no interferir”. Por su parte, Félix Revuelta ya ha dicho públicamente que los primeros contactos han sido “positivos”

El presidente del club defiende que el proyecto es de interés regional porque, según dice, “un niño de Cameros o de Arnedo que quiere jugar al fútbol se tiene que ir fuera y de esta forma estaría en casa”. Para la construcción de la residencia, el suelo tiene que permitir el uso residencial, aunque el presidente asegura que los terrenos van a estar siempre ligados al uso deportivo. “El proyecto que hemos presentado tanto al Ayuntamiento como al Gobierno de La Rioja es un proyecto de futuro de tener un hotel más grande de alto rendimiento, con más campos de fútbol... esto es propiedad de la Unión Deportiva Logroñés y es una propiedad que va a ser de uso deportivo”. Y subraya: “Aquí no hay interés económico, al contrario, es invertir dinero en un proyecto de futuro para la ciudad y para el deporte”.

La UD Logroñés deja ahora en el tejado del Gobierno de La Rioja el debate sobre el uso de los mecanismos autonómicos de 'vía rápida' por parte de la iniciativa privada. Al solicitar la figura de Interés Supramunicipal —concebida originariamente para proyectos públicos excepcionales o de urgente necesidad colectiva—, la entidad busca acelerar los plazos y esquivar las exigencias del plan municipal de Logroño para recalificar el suelo que tienen en Valdegastea. El Ejecutivo regional debe decidir si convalida este atajo burocrático y concede un marco de excepción a una de las mayores fortunas de la región o si exige al club someterse a los mismos cauces, controles y tiempos que rigen para el resto de proyectos de la capital.

La Comisión de Urbanismo del Ayuntamiento de Zaragoza ha aprobado este lunes, de manera inicial, la modificación aislada del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) que propiciará una recalificación a la carta en el antiguo convento de Jerusalén, junto a La Romareda. Un pelotazo urbanístico que permitirá al propietario, el inversor aragonés Bancalé, levantar hasta 220 viviendas libres de lujo, 70 de ellas de alquiler, más un nuevo vial público con aparcamientos, una residencia sanitaria y otra asistencial para personas mayores. El expediente ha contado con el respaldo de PP, Vox y la concejal no adscrita, y el rechazo de PSOE y ZeC.

Según ha detallado el consejero municipal del área, Víctor Serrano, se “va a generar un viario que acaba con la calle de fondo de saco” al ser una actuación que “no solo mejora la movilidad para los vecinos, sino que también incrementará la dotación de aparcamientos”. Además, acogerá un importante desarrollo residencial porque se generan hasta 220 viviendas, de las que 70 serán de alquiler y se edificará una residencia para personas mayores y otra residencia para personal sociosanitario, una decisión “estratégica que ha justificado por la idoneidad de la ubicación, dado el enclave frente al Hospital Universitario Miguel Servet”.

Respecto a los siguientes pasos administrativos, el responsable de Urbanismo ha indicado que se inicia una tramitación que llevará a la publicación del proyecto para someterlo a un mes de información pública. Según sus previsiones, en torno al mes de septiembre u octubre podrá volver a la Comisión de Urbanismo la aprobación definitiva de esta modificación.

Por último, Víctor Serrano ha recalcado el “fuerte” impacto económico que esta operación urbanística tendrá para las arcas municipales, ya que supondrá “un ingreso de 22 millones de euros para el Ayuntamiento”. Unos fondos que, según ha garantizado, se destinarán “íntegramente a políticas de vivienda y para poder seguir impulsando programas en materia de rehabilitación o en materia de construcción”. Como muestra de este compromiso ha recordado el anuncio realizado el pasado viernes, destacando los “más de 8 millones, cifra absolutamente récord, destinada a la rehabilitación de vivienda”.

Desde el PSOE, la concejal Ros Cihuelo ha cuestionado que el interés general alegado por el Gobierno del PP quede suficientemente acreditado. La edil socialista ha recordado que el propio consejero de Urbanismo reconoció que “no están garantizados los 100 millones de inversión, que no están garantizados los 22 millones de los que ha hablado de retorno y que no está garantizado en ningún caso el número de viviendas”. “Lo que sí que está garantizado es que son de lujo y exclusivas”, ha proseguido Cihuelo, quien ha rechazado que este tipo de promociones puedan justificarse apelando a las necesidades de jóvenes, familias o profesionales sanitarios: “Si la memoria hace expresa invocación de los jóvenes que se quieren independizar, de las familias que no pueden comprar una vivienda y de los profesionales sanitarios que están en formación, no podemos hablar de que un proyecto que es de lujo exclusivo y de acceso para muy pocos responda al interés general”, ha considerado.

El proyecto

La modificación nace de la propuesta de la mercantil Enta Properties bajo la denominación 'Proyecto Living Romareda', y que propone “modificar parcialmente” la calificación de los terrenos, asignándole una zonificación que amplíe su condición actual de equipamiento de usos terciarios y de residencial para posibilitar el desarrollo de un complejo que incluirá vivienda destinada a la venta y al alquiler, una residencia para la tercera edad y otra sanitaria.

Este espacio, que en la actualidad es un solar en desuso tras el traslado de la congregación y el derribo del convento tras una sentencia judicial, se transformaría en un eje de servicios y vivienda. “Lejos de ser un mero desarrollo inmobiliario, la modificación planteada se erige como una operación de extraordinario beneficio para el patrimonio de todos los zaragozanos. El promotor asume la totalidad de los deberes y cesiones urbanísticas derivadas del nuevo aprovechamiento, materializadas en una compensación económica al Ayuntamiento de 22.030.569 euros”, ha resumido.

Serrano ha indicado que, tal y como consideran los funcionarios técnicos municipales de Planeamiento y Rehabilitación, esta cifra supone una inyección de capital determinante. “Estamos ante una operación de regeneración urbana modélica. No solo se revitaliza una parcela obsoleta, sino que el Ayuntamiento capitaliza un retorno económico superior a los 22 millones de euros que, por imperativo legal, se deberá reinvertir íntegramente en mejorar equipamientos públicos, zonas verdes, infraestructuras y patrimonio municipal. Es una oportunidad excepcional de financiación para mejorar los barrios de Zaragoza”, ha subrayado.

A lo que no ha aludido Serrano es a las dudas que generan las cifras propuestas por Enta Properties al mismo Servicio de Planeamiento y Rehabilitación, tal y como constataron en un informe en enero. Entre ellas, la edificabilidad terciaria propuesta, de 15.595 m²: “Le corresponde un índice de edificabilidad de 1,5 m²t/m²s, por lo que la superficie edificable de la parcela es de 12.241,50 m²”, advertían entonces los técnicos. Además, tampoco ha acotado la justificación de los 22 millones de euros que propone el propietario, tal y como planteaba el mismo documento.

Viviendas

El proyecto contempla un techo de 23.850 metros cuadrados de techo (m2t) de uso residencial, lo que supondrá levantar hasta un máximo de 220 nuevas viviendas de lujo. Para asegurar un “impacto social directo”, la propuesta compromete que el 35% de este volumen, 70 viviendas, serán exclusivamente al alquiler de larga duración. El Proyecto Living Romareda reserva los mencionados 15.595 m2t –casi el 40% de la edificabilidad total– a nuevos usos de equipamiento y sector terciario. La mitad de esta superficie se destinará a crear un complejo sociosanitario para mayores de última generación, una residencia de la tercera edad cuya ubicación es inmejorable dada su accesibilidad y su vecindad con los principales hospitales de la comunidad autónoma. La otra parte restante acogerá usos terciarios compatibles como oficinas, servicios hoteleros, docencia o apartamentos tutelados, es decir una residencia sanitaria que transformará el entorno en un nodo de actividad económica, creación de empleo y servicios avanzados.

La propuesta contempla el retranqueo de las alineaciones y la ampliación del espacio público en el acceso por la calle de Jerusalén. Y además se creará un nuevo vial que conecte el paseo de Isabel la Católica con la calle de Don Álvaro de Bazán, que en la actualidad termina en fondo de saco. Esto supondrá un desahogo peatonal vital para la zona, esponjando el tránsito, mejorando la seguridad y creando una transición natural y amable frente al nuevo estadio Ibercaja Romareda.

El expediente, que ha comenzado con la solicitud de un pronunciamiento previo y discrecional por parte del Consejo de Gerencia de Urbanismo, ha superado la fase de aprobación inicial y se llevará a pleno antes de iniciar periodo de información pública y alegaciones no inferior a un mes –publicado en el BOPZ– y, finalmente, la validación definitiva.

La recalificación a la carta que dio a conocer la semana pasada el Gobierno del PP en Zaragoza para el antiguo Convento de Jerusalén, en un gran solar junto a La Romareda, ofrece más dudas aún de las iniciales al conocer las interioridades de la iniciativa. Así, la propuesta formulada la promotora, Enta Properties –del grupo inversor aragonés Bancalé–, al Ayuntamiento era de 204 viviendas de lujo y sin embargo el anuncio de Urbanismo elevó a 220 los pisos proyectados. Este aumento en el número de viviendas llega días después de una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Aragón que condena a la empresa a asumir de manera gratuita el vial que cruzará el sector. El consejero de Urbanismo desvincula ambos hechos y aclara que “los metros cuadrados edificables” del plan urbanístico “se mantienen”.

El pasado jueves, el Ayuntamiento anunció el desbloqueo del sector a través del denominado 'Proyecto Living Romareda', por el que el grupo inversor podría construir “220 viviendas nuevas” de lujo –hasta ahora, la construcción de pisos ahí no estaba contemplada–, a lo que se sumaban una residencia de mayores y otra para sanitarios, que era lo previsto en un principio. Todo ello, a cambio de un pago “máximo” de 22 millones de euros para las arcas municipales

La cronología que ha vivido este espacio de carácter religioso, aledaño al estadio de fútbol y situado en una de las zonas más caras de la ciudad, es clara en muchos aspectos, pero también guarda incógnitas.

Enta Properties adquirió el suelo a la congregación en septiembre de 2018, según consta en la escritura de propiedad, y en mayo del año siguiente, aún con Pedro Santisteve (Zaragoza en Común) de alcalde, solicitó sendas licencias de demolición y de apertura para una residencia de tercera edad. El Ayuntamiento de Zaragoza, sin embargo, dejó pasar el tiempo sin resolver estas solicitudes, lo que llevo a Enta Properties a interponer un contencioso que en enero de 2023 se resolvió a su favor: el juez revirtió la denegación por silencio administrativo de la demolición y, además, consideró que la cesión del vial previsto en el sector es onerosa –que la promotora debe cobrar por ceder el terreno– y que genera edificabilidad.

El Consistorio, ya con Jorge Azcón al frente, recurrió al Tribunal Superior de Justicia de Aragón. Y el Alto Tribunal resolvió hace dos semanas, el pasado 19 de mayo: estimó la pretensión del Ayuntamiento, confirmó la denegación de la licencia urbanística y declaró que la cesión del vial era gratuita y no generaba edificabilidad.

El informe jurídico

Para entonces ya se había redactado el informe jurídico sobre la recalificación, rubricado el 11 de mayo –aunque que da cuenta de la “sentencia no firme” del TSJA, fechada ocho días después– y que traslada la decisión “a los órganos de gobierno municipal”, en este caso el pleno. Curiosamente, el Servicio Jurídico de Ordenación y Gestión Urbanística sigue mencionado que la memoria proyecta la construcción de 204 viviendas –que incluyen “un mínimo” de 70 para alquiler y a lo que se suman 15.595 metros cuadrados de edificabilidad para el uso terciario–, y no 220 como anunció el equipo de gobierno la semana pasada.

Este martes, a preguntas de este medio, el responsable municipal de Urbanismo, Víctor Serrano, ha recordado que el proyecto se encuentra en una fase inicial y que tanto el número de viviendas definitivo como la compensación de 22 millones de “tope máximo” no serán “definitivos” hasta que se apruebe la modificación del Plan General, en una etapa posterior. “Lo que permanecerá inalterable son los metros cuadrados de residencial edificable”, ha apuntado.

Serrano ha justificado que la cifra de 22 millones de euros aparece en un “borrador” que sin embargo no ha hecho público, lo que se suma al hecho de que no conste una valoración técnica que lo sustente. “Teníamos que trabajar con una orientación de cuánto podía a suponer, y esa orientación la ha dado la jefa de Servicio”, ha afirmado el consejero, que ha remitido a un “informe definitivo” posterior en el que se valorará “ese aprovechamiento”.

Serrano ha desvinculado además el cambio en el número de viviendas anunciado de la sentencia del 19 de mayo. Ha explicado que, de ser así, habrían reducido los 22 millones de euros que en principio deberá percibir el Ayuntamiento.

Las “peores sospechas”

Quien sí se ha mostrado muy crítica ha sido la portavoz de Urbanismo del grupo municipal del PSOE, Ros Cihuelo, para quien las palabras del consejero del ramo, “lejos de aportar claridad”, lo que hacen es confirmar sus “peores sospechas”. “La falta de rigor y, sobre todo, la falta de transparencia y el oscurantismo entorno al proyecto apuntan a esa política del pelotazo urbanístico que siempre impulsa el Gobierno de Natalia Chueca”, ha denunciado.

Cihuelo ha continuado con sus dudas: “Si está en fase de definición y pendientes del convenio urbanístico a firmar, ¿por qué Víctor Serrano hace una presentación a casi todos los medios el miércoles si una semana después todo está en el aire? Y, sobre todo, ¿por qué lo trae a Gerencia de Urbanismo de ayer (por el lunes) cuando hoy ha tenido que reconocer que está todo sin cerrar?”, ha incidido. “La falta de rigor y, sobre todo, la falta de transparencia y el oscurantismo entorno al proyecto apuntan a esa política del pelotazo urbanístico que siempre impulsa el Gobierno de Natalia Chueca”, ha denunciado la edil socialista.

El Gobierno del PP en Zaragoza impulsará una nueva recalificación a la carta. El grupo inversor aragonés Bancalé levantará hasta 220 viviendas de lujo en el solar del antiguo convento de San Juan de Jerusalén, situado junto al estadio de La Romareda, que irán acompañadas por una residencia de la tercera edad y una residencia sanitaria.

El denominado 'Proyecto Living Romareda' –del que el consejero de Urbanismo, Víctor Serrano, ha informado personalmente a un grupo de medios entre los que no estaba invitado elDiario.es, entre otros– será abordado el próximo lunes en el Consejo de Gerencia de Urbanismo. Se trata de una modificación aislada del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) por la que la actual calificación de equipamiento de usos terciarios y de residencial se ampliará para incluir “vivienda destinada a la venta y al alquiler”, tal y como ha indicado el Gobierno municipal en boca del propio Serrano a través de una nota de prensa.

Hace tres años del derribo de este espacio, que Enta Properties –firma de Bancalé, de la que es propietario el empresario Juan Fabre– adquirió en 2019 por unos seis millones de euros. Cinco años antes el convento se había quedado sin uso al abandonar la instalación las últimas cinco monjas. Ya entonces hubo polémica: Zaragoza en Común trató a última hora de proteger el inmueble para evitar su derribo, pero la llegada del PP a la Alcaldía frustró su objetivo y la piqueta acabó con todo.

En un principio, el objetivo declarado era levantar un complejo residencial para personas mayores y una residencia de estudiantes sanitarios, aprovechando la cercanía del Hospital Miguel Servet de Zaragoza, para una inversión prevista de 80 millones de euros. Ahora, la perspectiva ha cambiado de forma ostensible.

La parcela, ha asegurado el Gobierno municipal, “consolidará un desarrollo residencial y social clave en el distrito Universidad”. El proyecto contempla un techo de 23.850 metros cuadrados de uso residencial, lo que se traducirá en la construcción de un total 220 nuevas viviendas. El Ayuntamiento pretende “asegurar un impacto social directo” al comprometer que “el 35% de este volumen”, cifrado en 70 pisos, “se destinará exclusivamente al alquiler de larga duración”.

También hay previstos nuevos usos de equipamiento y sector terciario. La mitad de esta superficie, de hectarea y media, se destinará a la creación de un complejo sociosanitario para mayores de última generación, una residencia de la tercera edad “cuya ubicación es inmejorable” dada su proximidad con el Servet y también con el Hospital Clínico. Y la otra parte acogerá “usos terciarios compatibles como oficinas, servicios hoteleros, docencia o apartamentos tutelados”, lo que el equipo de gobierno ha concretado en “una residencia sanitaria que transformará el entorno en un nodo de actividad económica, creación de empleo y servicios avanzados”.

A cambio del cambio de usos urbanísticos del suelo, que permitará al promotor ingresar mucho más dinero del previsto, Enta Properties se compromete a compensar económicamente al Ayuntamiento con 22 millones de euros. “Estamos ante una operación de regeneración urbana modélica”, ha valorado el consejero municipal de Urbanismo.

“Oscurantismo y falta de transparencia”

Menos optimista se ha mostrado la concejal socialista Ros Cihuelo, que ha lamentado “el oscurantismo y la falta de transparencia” de Natalia Chueca, “una tónica más que general propia de un gobierno del PP más interesado en los negocios y los intereses privados que en resolver los problemas reales de los zaragozanos”. Cihuelo ha admitido que hay que hacer vivienda, “pero no de cualquier forma”. “El Ayuntamiento tiene que priorizar vivienda pública y asequible. Sin embargo, operación urbanística parece que está subordinada al negocio privado. No es un proyecto de ciudad, es un expediente inmobiliario”, ha valorado.

Cihuelo ha señaldo que con esta iniciativa urbanística “el PP vuelve a plantear una modificación puntual del PGOU impulsada desde una iniciativa privada, adaptando el planeamiento urbano a las necesidades de un promotor concreto, en lugar de responder a una planificación estratégica pensada para el conjunto de la ciudad y de sus vecinos”. Para la edil socialista, el equipo de gobierno “vende 70 viviendas de alquiler como un gran avance cuando Zaragoza necesita una apuesta decidida por vivienda pública y asequible, no operaciones inmobiliarias maquilladas con un componente social limitado”. Por todo ello, ha anunciado que su grupo pedirá “la retirada del expediente” para “poder estudiarlo de forma detallada”.

Punto casi final, aunque todavía no definitivo, al culebrón del Canal de la Expo 92, en la Cartuja. PP y Vox han sacado adelante (con la oposición de PSOE y Podemos-IU) el último trámite para la recalificación urbanística de este simbólico espacio del que fue recinto de la Exposición Universal. Hasta ahora estaba reservado para actividades productivas, pensando en la ampliación de empresas del parque tecnológico de la Cartuja –ahora Sevilla TechPark–, pero ahora se cambia a uso terciario y se abre así la puerta a que se ubiquen bares, hoteles, supermercados, oficinas y hasta discotecas, como ha denunciado la izquierda.

Y esa, de partida, es la idea del propietario de los suelos, el Gobierno andaluz, que parte de estos terrenos tengan este uso para así atender las necesidades en este sentido que asegura que tiene el parque tecnológico. Lo cierto es que un suelo con un destino muy delimitado y protegido pasa ahora a ser un simple terciario, lo que dispara las opciones de venta del mismo. “Todo un pelotazo urbanístico”, lo han definido PSOE y Podemos-IU.

La operación se empezó a gestar hace casi dos años, pero ha sido ahora cuando se han limado los últimos flecos de un convenio Junta-Ayuntamiento del que sólo queda pendiente la firma para así bendecir definitivamente la recalificación. El gobierno de José Luis Sanz (PP) alega que así se recupera un espacio que lleva tres décadas abandonado y que el cambio de uso cuenta con los parabienes del Círculo de Empresarios del parque tecnológico, mientras que la Junta de Andalucía apunta que su actual calificación urbanística “lo hacía poco atractivo para la inversión”.

Ajustar a la “realidad actual”

Como muestra de ello, alega que las subastas celebradas por la Dirección General de Patrimonio del Gobierno andaluz para enajenar el Canal de la Expo “quedaron desiertas al no recibir ofertas”. Así que el cambio de uso ahora aprobado lo que hace es “ajustar la calificación urbanística de la parcela a la realidad actual”.

A cambio de allanar el camino para que la Junta pueda vender esta parcela de 40.361 metros cuadrados, uno de los espacios más recordados de la Expo pero que se quedó sin agua poco después, el Consistorio obtiene la propiedad definitiva de los Jardines del Guadalquivir de la Cartuja (con casi 80.000 metros cuadrados), que desde 2011 tiene en cesión temporal de gestión. Además, recibirá 200 plazas en el aparcamiento subterráneo que se construirá y también se queda con dos parcelas (en las calles Doña María Coronel y Simón de Pineda) valoradas en casi 1,2 millones de euros, que aporta la Junta como forma de pago por la “puesta en valor” de los deteriorados Jardines del Guadalquivir.

Y otro detalle adicional: se reconoce y autoriza de forma expresa el uso público para el tránsito por las pasarelas que cruzan el Canal de la Expo, para así garantizar el acceso ciudadano al auditorio Rocío Jurado. Es decir, que el proyecto que levante quien se haga con estos terrenos deberá respetar el derecho de paso, para que no haya sorpresas a posteriori, porque ahora la Junta lo que hará es sacar a subasta el solar sin más, y será el comprador el que se encargue del obligatorio plan especial urbanístico.

“Una necesidad imperiosa”

Eso es precisamente lo que ha reprochado el encargado de dar la réplica por el PSOE, el concejal Fran Páez, para quien el gobierno local del PP le permite a la Junta que le “endose” este trámite a terceros, “se lleva la bolsa de los caudales sin obligación, es un llave en mano”. En cuanto a las modificaciones del convenio aprobadas en el pleno, ha denunciado que han sido obligadas por los propios servicios jurídicos municipales, “está claro que había muchas prisas en dejar cerrado el camino al pelotazo que se le permite al señor Moreno Bonilla”.

El Canal de la Expo, a su juicio, es ejemplo de la “especulación urbanística” que el PP “ha implantado en el Ayuntamiento en contra de los intereses de la ciudad”. Los empresarios, ha recordado, demandan suelo para compañías de alto valor añadido, “pero van a implantar supermercados, bares y discotecas”. 

El delegado de Urbanismo, Juan de la Rosa (PP), ha incidido en la “transparencia” el proceso y le ha reprochado a las formaciones de izquierda que en realidad lo que les gustaría es que ese espacio “siga abandonado y con matorrales”. Tras incidir en que no se permitirá ningún desarrollo residencial, ha defendido que van “de la mano del Círculo de Empresarios de la Cartuja” y que este proyecto “es una necesidad imperiosa y un desarrollo fundamental para Sevilla”.

Todo ello, en un Sevilla TechPark que acoge a 575 empresas, cuenta con casi 32.000 trabajadores y genera una actividad económica que supera los 5.500 millones de euros anuales. A ello hay que sumar unas instalaciones universitarias que congregan a diario a 10.000 estudiantes.

“Paraíso para especuladores”

No ve precisamente así las cosas la concejal de Podemos, Susana Hornillo, para quien recalificar y abrir así la puerta para que lleguen hoteles, bares y oficinas es “todo lo contrario a lo que tendría que haber sido ese espacio”: apostar por la innovación científica, la investigación y la creación de empleo de calidad. “Resulta realmente preocupante la rapidez con la que este gobierno está recalificando suelo que podía usarse para usos productivos y tecnológicos, convirtiéndolo en suelo para pelotazos urbanísticos”.

“En los últimos años se ha recalificado más de medio millón de metros cuadrados de suelo industrial, algunos proyectos han sido heredados del gobierno anterior [del PSOE] pero ustedes han metido el acelerador”, le ha reprochado al PP. “Están hurtando el futuro a la ciudad, se han rendido a que sea un decorado para turistas o un paraíso para especuladores”, porque “aquí ni las VPO son de acceso libre, se especula con ellas porque se pueden descalificar a los siete años”.

Quien sí está satisfecho con lo que se va a hacer es Vox, que no sólo ha apoyado con su voto la recalificación, sino que negoció con el PP para afinar el primer convenio que se presentó hace un par de años, “que no nos gustaba”, ha señalado su portavoz adjunto, Gonzalo García de Polavieja. Y ha sido gracias a su intervención, asegura, que al final se incluyen “zonas verdes, 200 plazas de aparcamiento, se limita el uso hotelero y se incorpora el uso tecnológico”, un proyecto que contrasta con que la alternativa de la izquierda era “mantener 30 años más baldío el Canal de la Expo”.

Ecologistas en Acción de Extremadura ha denunciado una recalificación urbanística “a la carta” para desarrollar el complejo turístico de lujo 'Dehesa Espadañal' que la compañía hotelera Rosewood y la promotora Blasson impulsan entre Navalmoral de la Mata y Casatejada, en la provincia de Cáceres.

En concreto, el colectivo se ha opuesto a la recalificación de 18.000 hectáreas de suelo no urbanizable para construir esta urbanización de lujo calificada como Proyecto Empresarial de Interés Autonómico (PREMIA) por la Junta de Extremadura, lo que acortará a la mitad la burocracia del proyecto y permitirá la obtención de subvenciones directas a la creación de empleo (300 empleos directos y 1.200 trabajadores en la fase de construcción, según la empresa).

De esta superficie, casi 7.000 hectáreas están catalogadas por el Plan General Municipal de Navalmoral de la Mata como suelo no urbanizable de protección ambiental, natural y paisajística. Por ello, la organización ecologista se ha opuesto a la modificación puntual número 4 del Plan Territorial de Campo Arañuelo que, a propuesta de la promotora, implica introducir un nuevo uso, denominado asentamiento en suelo rústico, para “justificar” la legalización urbanística del residencial de lujo.

Con este cambio se permitiría, según ha advertido, la parcelación y ocupación dispersa, la dotación de infraestructuras básicas como accesos, agua, saneamiento, electricidad, instalaciones lúdicas y de restauración y la creación de caminos internos, además de las entre 120 y 150 viviendas de lujo previstas, “que implican una urbanización de la dehesa mucho mayor de la que se menciona”.

“Traje a medida”

Esta “recalificación encubierta”, ha señalado, vulnera principios fundamentales del urbanismo sostenible establecidos tanto en la legislación estatal como en la Ley de Ordenación Territorial y Urbanística Sostenible de Extremadura.

En detalle, ha apuntado, se incumple el principio de desarrollo sostenible al proponer una urbanización dispersa en suelo protegido, así como el de función social de la propiedad del suelo, “invocando un supuesto interés general para justificar un enclave residencial de élite con acceso restringido, lo que agrava la desigualdad en el medio rural”.

Tampoco se respeta, según Ecologistas en Acción, el principio de racionalidad del planeamiento dado que, a su juicio, la modificación puntual planteada responde a una demanda privada concreta, sin justificación territorial global ni evaluación objetiva de alternativas, “lo que convierte el plan en un traje a medida”.

Por último, ha añadido, se infringe el principio de no regresión ambiental porque más de un tercio del nuevo asentamiento ocuparía suelo no urbanizable protegido de protección ambiental, natural y paisajística según el Plan General Municipal de Navalmoral de la Mata.

Por todo ello, considera que se intenta “legitimar” una urbanización de lujo en suelo rústico protegido mediante una modificación “ad hoc” del Plan Territorial de Campo Arañuelo, “en abierta contradicción con los valores de sostenibilidad, equidad y racionalidad que deberían guiar la ordenación del territorio”.

Máximo dos alturas

En la presentación del proyecto el pasado marzo, que se realizó en la sede de Presidencia de la Junta de Extremadura con la participación de María Guardiola, la empresa explicó que el objetivo es situar al proyecto 'Dehesa Espadañal' como una “referencia mundial del turismo de lujo.

El presidente de Blasson y administrador del proyecto 'Dehesa Espadañal', Francisco Javier Meliá, destacó que la edificabilidad será “inferior” al 2% edificabilidad y las construcciones serán “tradicionales en un máximo de dos alturas” con “materiales autóctonos como piedra y madera, respetando la estética de las tradicionales fincas extremeñas”.

Las recalificaciones de Vía Hispanidad y de Montecanal han dado este jueves un nuevo paso con su aprobación inicial, en un pleno marcado por las protestas de los vecinos afectados: han denunciado el “pelotazo” que supone la primera operación, ligada a la “especulación urbanística” para recaudar 50 millones de euros con que “acometer las obras de La Romareda”. Por su parte, el consejero Víctor Serrano ha sido también protagonista, al justificar la altura de la torre contemplada (22 pisos) en que su sombra “se proyecta” sobre el Pirulí de Telefónica.

La operación en Vía Hispanidad supone convertir sendos equipamientos deportivos, el recinto que gestiona el Club de Fútbol Hernán Cortés Junquera y un skatepark, en una zona residencial en la que hay proyectadas 470 viviendas de lujo, que alojarán en torno a 1.500 personas. Con este movimiento, el Ayuntamiento de Zaragoza aspira a ingresar 50 millones de euros que necesariamente deberán ir destinados a inversiones, y que tanto los vecinos como los grupos de la oposición consideran que van a ser utilizados para financiar el nuevo estadio, para que el que las arcas municipales deben reservar al menos 76 millones de euros. A cambio, los campos de fútbol se ubicarán en Valdespartera -alejados de los actuales-, mientras que el recinto para skate se localizará en un aparcamiento situado a diez minutos a pie, en la ampliación de Gómez Laguna.

A esta actuación se suma otra en una parcela de Montecanal que también va a ser recalificada, en su caso para levantar 70 chalés. Ambas han salido adelante gracias al apoyo de Vox, que a cambio ha forzado que la tramitación sea ordinaria, lo que entre otras cuestiones supondrá aumentar el plazo para plantear alegaciones.

En nombre de los vecinos ha intervenido Pablo Asín, de la Unión Vecinal Cesaraugusta, quien ha estado acompañado por un numeroso público durante el pleno. “Supone la eliminación de equipamientos que en su día fueron cedidos al Ayuntamiento mediante junta de compensación, y repercutidos a cada vecino en el precio de sus viviendas”, ha comenzado explicando Asín.

El representante vecinal ha enumerado, además de este, todos los perjuicio que supone para los habitantes del entorno la recalificación urbanística y que les hace oponerse “firmemente” a la iniciativa. Así, ha mencionado el alejamiento de estos “espacios que promueven la práctica del deporte y el ocio”, la pérdida de calidad de vida, la “sobrecarga del centro de salud” y el “agravamiento de los problemas de tráfico” sin resolver por el contrario “los problemas de vivienda”. “Zaragoza dispone de mucho suelo municipal ya urbanizado en otras zonas, y parcelas privadas próximas al barrio que se podrían negociar”, ha valorado Asín.

Desde el punto de visto de esta Asociación, la recalificación “responde únicamente a una especulación urbanística con la que recaudar más de 50 millones de euros para acometer las obras de La Romareda”. Asimismo, genera “inseguridad jurídica” y constituye una “injusticia” dado que los vecinos adquirieron las viviendas con el PGOU en la mano, que contempla “que la parcela es suelo dotacional par equipamiento deportivo público”.

Para terminar, ha reclamado al equipo de gobierno del PP que “deje de buscar la confrontación con otros barrios” tratándoles de “insolidarios”. “Nos decepciona un Ayuntamiento que cambia el bienestar de los vecinos por dinero, eso se llama especular”, ha zanjado Asín.

Las explicaciones del consejero de Urbanismo no solo no han tranquilizado a los vecinos, sino que han llegado a provocar su indignación, hasta el punto de que la alcaldesa, Natalia Chueca, ha tenido que llamar al público al orden. En especial cuando, para justificar la torre residencial de 22 alturas que prevé el planeamiento, Víctor Serrano ha especificado que “proyectará su sombra contra la torre de Telefónica, conocida como el Pirulí”. También al inicio, cuando ha afirmado que llevaba “tiempo intentando hablar con los vecinos” pero que había sido “imposible”, algo que el colectivo de residentes niega.

Nos decepciona un Ayuntamiento que cambia el bienestar de los vecinos por dinero, eso se llama especular

Pablo Asín — Unión Vecinal Cesaraugusta

Esto, unido al hecho de que Serrano haya echado mano del Google Maps para afirmar que el futuro skatepark estará “a solo siete minutos andando” del actual -en realidad, son once los minutos que marca dicho programa-, ha llevado al concejal de Zaragoza en Común (ZEC) Suso Domínguez a tirar de ironía al afirmar: “No deja de ser divertido que ahora mismo Google Maps o la sombra del sol llegan a ser elementos de planificación urbanística en esta ciudad, nos parece una innovación muy interesante”. “Señor Serrano, que el sol va de oeste a este y las sombras son tan largas como las de Vox”, ha señalado por su parte la portavoz socialista, Lola Ranera.

En otro momento de su intervención, Serrano le ha recordado a los vecinos que ya tienen un centro cívico, como reclamaban. “Para que Zaragoza avance y progrese, necesitamos la visión global de la ciudad”, ha destacado, y ha justificado a coninuación: “Hoy Hispanidad tiene la mayor ratio de equipamientos de la ciudad y la mayor renta per cápita; lo que no tiene es el equipamiento de zona verde, pero ahora va a estar muy por encima”. “Es evidente que no se está defendiendo lo público, sino unos intereses”, ha incidido el consejero de Urbanismo. 

Por su parte, tanto el PSOE como ZEC han criticado con dureza las actuaciones previstas. “Solo esconden la intención de seguir utilizando las operaciones urbanísticas para el lucro de los de siempre y del propio Gobierno. Nos oponemos a la venta de suelo público para fines únicamente especulativos”, ha denunciado el concejal de ZEC. “Nunca en los últimos 15 años se había visto semejante especulación para hacer caja”, ha lamentado en la misma línea Ranera, que ha recordado que la actuación se inició en 2019, cuando el entonces alcalde Jorge Azcón ya pretendió llevarla a cabo, aunque la pandemia reventó -según la edil socialista- esta idea.

El pelotazo urbanístico impulsado por el Ayuntamiento de València en Banimàmet del que se beneficiarán promotoras como Rover Alcisa o Benisur Habitat SL implicará la recalificación de 340.000 metros cuadrados de suelo agrícola con el mayor grado de protección que otorga el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) del año 1988.

La alcaldesa de València del PP, María José Catalá, anunció el pasado lunes 16 de septiembre que el Ayuntamiento, “ante la preocupante falta de vivienda en la ciudad”, va a impulsar “de manera inmediata” una “nueva bolsa de suelo” que estará situada en la pedanía de Benimàmet. Así, precisó que se trata de un nuevo sector de 402.675 metros cuadrados con una edificabilidad de 461.266 metros de techo, donde se podrán construir más de 4.600 viviendas, de las que casi 1.000 serán de protección pública. Catalá aseguró más tarde a preguntas de los medios que no sería necesario recalificar suelo. “Desde luego, no tenemos que recalificar suelo, no hay huerta afectada”, dijo.

Sin embargo, tal y como recogen las fichas urbanísticas del sector, del total de la superficie a edificar unos 340.000 metros cuadrados de superficie están calificados como “no urbanizables de protección agrícola PA-1”. Según las normas urbanísticas del PGOU, esta calificación implica “protección agrícola especial para la huerta” . Eso establece un uso dominante agrícola, quedando prohibidos el resto, incluido el residencial “salvo las edificaciones tradicionales existentes”.

Precisamente, este es el motivo por el que hay que acudir a una recalificación de los terrenos, pese a que Catalá negó en varias ocasiones que fuera necesario. De no hacerlo, sería inviable culminar el desarrollo del sector que no se incluyó en el PAT de l'Horta de València, lo que también elimina trabas legales. Para llevarlo a efecto de una forma más ágil, la idea es realizar una revisión puntual de ese ámbito del PGOU.

Como informó elDiario.es, el desarrollo de esta zona parte del convenio firmado el 5 de octubre de 2007 entre la Generalitat Valenciana, con Francisco Camps a la cabeza, y el Ayuntamiento, con Rita Barberá como alcaldesa, por el cual se acordó el soterramiento de las vías del metro a su paso por Benimàmet. Según recoge el documento, la obra se financiaba al 50% por ambas administraciones y el Consistorio se comprometió a recalificar los terrenos aledaños, en concreto 342.00 metros cuadrados de suelo agrícola, con el objetivo de destinar los aprovechamientos urbanísticos a financiar parte de la operación.

Para ello, Barberá inició una revisión del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) que además de este sector incluía otros 10 en zonas de huerta como La Punta, Campanar, La Torre, Forn d'Alcedo, Castellar, Pinedo o Faitanar. En total se iban a recalificar 450 hectáreas de huerta con la idea de levantar 30.000 nuevas viviendas, (20.000 de renta libre y 10.000 protegidas), además de zonas verdes y espacios dotacionales.

Ante esta expectativa de urbanización, los terrenos fueron cambiando de manos, adquiridos por promotoras en algunos casos. Tal y como comprobó in situ elDiario.es, en la actualidad la mayor parte del ámbito de actuación es suelo degradado utilizado en algunas zonas como aparcamiento y solo existe huerta productiva en la franja ubicada entre el Camí Nou de Paterna y la autovía.

El procedimiento administrativo avanzó hasta que en 2014 salió a exposición pública, un proceso en el que se presentaron nada más y nada menos que 22.400 alegaciones, quedando las respuestas a las mismas en manos del Ejecutivo de izquierdas surgido en 2015 de las urnas, formado por Compromís, PSPV y València en Comú, con Joan Ribó como alcalde y el socialista Vicent Sarriá como concejal de Urbanismo. El nuevo equipo de Gobierno optó entonces por sacar de la revisión del PGOU nueve de los once sectores aprobados por el PP, cuyos terrenos quedaron integrados como huerta protegida en el PAT de l'Horta de València. De esta forma se evitó la destrucción de dos millones de metros cuadrados de suelo agrario.

Sin embargo, sí que se mantuvieron los desarrollos de La Punta y de Benimàmet. En el primer caso, al ser una parcela más cercana a la Ciudad de las Artes y las Ciencias y al núcleo urbano y porque solo se urbanizaban un tercio de los terrenos, recuperando la huerta en los dos tercios restantes. En el caso de Benimàmet, por tratarse de suelos degradados y existir una obligación vinculada al convenio urbanístico firmado con la Generalitat en 2007. Con todo, fuentes socialistas aseguran que diversos promotores presionaron en el pasado mandato para que se aprobara el plan urbanístico de Benimàmet como una revisión puntual del PGOU, de forma que se agilizaran los plazos, una opción que fue rechazada por la entonces edil de Urbanismo, Sandra Gómez: “Aquella operación se paralizó porque se consideraba que había bolsas de suelo más que suficientes para cubrir las necesidades sin tener que recalificar suelo agrícola”, explican.

Consultadas fuentes municipales del equipo de Gobierno al respecto, insistieron en que “ese suelo, con la revisión del PGOU, que mantuvo y validaron durante ocho años Compromís y el PSPV, es urbanizable”, algo que se contradice con lo que establecen las fichas urbanísticas. Desde Compromís consideran que “es necesario construir vivienda y también, por supuesto, proteger la huerta cultivada” y añaden: “En València quedan solares urbanos pendientes de construir para consolidar la ciudad y pensamos que eso es una mejor opción que hacer una recalificación”.

Según la documentación recabada por este diario a través del Registro de la Propiedad, las promotoras Rover Alcisa y Benisur Habitat SL poseen al menos una parcela cada una, de las más extensas del sector, en ambos casos flanqueadas por otras parcelas de propietarios privados. Todos ellos deberán hacer frente a las cargas urbanísticas que establezca el Ayuntamiento.

En concreto, la parcela de Rover Alcisa cuenta con una extensión de dos héctareas, lo que supone unos 20.000 metros cuadrados (cuatro campos de fútbol) y fue adquirida en noviembre de 2017. El documento registral refleja un pago en concepto de Impuesto de Transmisiones Patrimoniales de 16.700 euros. Teniendo en cuenta que supone entre un 8 y un 10% del coste de la transacción, la promotora habría abonado en torno a 167.000 euros por los terrenos. Rover Alcisa figura en la lista de empresas que financiaron la campaña de 2007 de Rita Barberá con hasta 60.000 euros, según recoge la sentencia de la pieza separada A del 'caso Taula'. Contactada por este diario, la promotora no ha hecho comentarios.

Por su parte, Benisur Habitat SL, que también ha preferido no hacer comentarios a esta redacción, tiene al menos una parcela de una hectárea, es decir, unos 10.000 metros cuadrados (dos campos de fútbol) que adquirió en diciembre de 2017.

“En eso da igual el partido que esté, se unen entre ellos. Llevamos dos años con estos y con los otros tardamos cinco años en hacer L'Alqueria del Basket. ¿No me meto más, no?”.

Así ironizó el propietario del Valencia Basket, Juan Roig, sobre la lentitud de los procesos administrativos para la tramitación del futuro pabellón Arena.

Sin embargo, la realidad es que solo han pasado nueve meses desde que la promotora Licampa S. L., creada específicamente para llevar adelante el proyecto, lo presentó ante los responsables del Ayuntamiento de València.

En concreto, fue el pasado 18 de julio cuando la mercantil solicitó formalmente la modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) para cambiar la calificación del suelo en el que se construirá de uso dotacional educativo a sistema general de servicios públicos de uso deportivo.

Desde entonces, se han recabado informes de todos los servicios municipales competentes para aprobar el informe ambiental (noviembre del año pasado) paso previo imprescindible a la modifación efectiva del PGOU.

Sin embargo, el pasado mes de marzo Licampa S. L. presentó una modificación del proyecto que afecta principalmente al aparcamiento del recinto, que como novedad tendrá una parte en altura, lo que implicará levantar un edificio en parte del actual parking ubicado junto al pabellón de la Font de Sant Lluís.

Esto ha obligado a realizar un segundo informe ambiental del proyecto, el cual se aprueba este viernes en la junta de Gobierno local del Ayuntamiento, según han informado fuentes municipales.

Las mismas fuentes han explicado que en ese momento se iniciará la modificación del PGOU, cuya aprobación está prevista para el pleno de abril. Después se abrirá un periodo de alegaciones de 45 días y tras esta fase, pasará a la Generalitat para su visto bueno definitivo.

“Esperamos que para verano esté todo resuelto, un año después de la presentación del proyecto, lo que supone un plazo bastante razonable para una operación urbanística que implica la recalificación varios terrenos”, han comentado.

Y es que, el proyecto incluye la construcción de un nuevo colegio en una parcela ubicada en la avenida de Amado Granell con Ángel Villena para trasladar el actual centro educativo les Arts.

Aunque en un principio se contempló un traslado provisional con barracones durante las obras al verse afectado por la construcción del parking subterráneo y su posterior rehabilitación, finalmente se ha optado por construir un centro nuevo en la mencionada parcela, donde estaba previsto un nuevo campo de rugby.

Para ello, se cambiará también su calificación, pasando de suelo deportivo a educativo. En el terreno que ocupa actualmente el colegio se llevará a cabo la operación inversa, por lo que pasará a ser de uso deportivo para que se pueda ubicar en el futuro el campo de rugby previsto.

Una vez aprobada definitivamente la modificación del PGOU, comenzará el concurso público para adjudicar definitivamente el proyecto, aunque no se prevé que se presente ninguna otra promotora además de Licampa S. L.

Desde la Concejalía de Patrimonio, la cual liderará este proceso, han asegurado que ya han empezado a trabajar en los trazos generales del concurso para tenerlo avanzado una vez la operación urbanística esté finalizada.

Si nada cambia, Motril (Granada) tendrá pronto un nuevo gran supermercado y una tienda de deportes. Apenas a unas decenas de metros de estas dos grandes tiendas quedarán los miles de chirimoyos que rodean la parcela, encajonada entre terrenos rústicos no urbanizables. La Fiscalía y el Seprona investigan desde abril estas construcciones en unos terrenos a los que el Ayuntamiento cambió la clasificación urbanística en 2016.

Entre las chirimoyas de las parcelas colindantes, la promotora Godoy Durán está construyendo las naves comerciales para un supermercado Mercadona y un Decathlón. Los terrenos, en la zona sur de Motril, lindan con una zona comercial instalada hace 25 años y una gasolinera, de un lado, y con fincas agrícolas por todos los demás. Entre 2014 y 2016 dejaron de estar protegidos por albergar cultivos tradicionales, y pasaron a ser el destino de las nuevas superficies comerciales.

El Ayuntamiento, primero bajo el Gobierno del PP y en manos del PSOE desde 2015, tuvo que reclasificar los terrenos acudiendo a una figura novedosa: un proyecto de innovación del PGOU. Todos los grupos políticos, excepto IU, estuvieron de acuerdo y votaron a favor en un Pleno celebrado en noviembre de 2016.

El proyecto de innovación, el proyecto de urbanización y las licencias urbanísticas han sido impugnados ante los juzgados de lo contencioso, y el pasado 22 de octubre la Fiscalía ordenó al Seprona que investigue la calificación y clasificación del suelo y si las obras comenzaron sin licencia o se excedieron de la licencia concedida. Sin embargo, las denuncias no han paralizado los trabajos, que siguen avanzando a buen ritmo. Las nuevas naves comerciales ya son visibles, encajadas en una especie de península comercial que se adentra en las plantaciones de chirimoyas.

En abril de 2014, el Ayuntamiento inició el expediente para aprobar una innovación del PGOU, que incluía la reclasificación de una parcela de 21.830,56 metros cuadrados de no urbanizable con protección agrícola a urbanizable de uso terciario. “La reclasificación es una barbaridad. Motril tiene un montón de terrenos ya clasificados sin desarrollar para suelo comercial”, señala Isidoro Albarreal, de Ecologistas en Acción, que igual que la Asociación en Defensa del Comercio Motrileño, lleva años oponiéndose a esta construcción. La asociación anticorrupción AMAyT también ha llevado el asunto a la jurisdicción contencioso-administrativa.

El PGOU de Motril reserva casi 220.000 metros cuadrados para el desarrollo de suelo comercial, siguiendo un modelo de expansión policéntrico. Sin embargo, el Ayuntamiento decidió ubicar estas dos nuevas grandes superficies junto a otro supermercado y en terrenos que debía reclasificar de rústicos (no urbanizables) a urbanos.

Según una fuente del servicio urbanístico del Ayuntamiento, la reclasificación fue una decisión política y una “cuestión de oportunidad”: “Te presentan [el promotor] una propuesta de ampliación de un parque existente. Los suelos comerciales que hay en el PGOU no son solares, están en ladera y el coste de urbanización está estimado en diez millones de euros”. “O se pone aquí o no se pone. Y se decide que se ponga”, añade esta fuente, que pide conservar el anonimato, en relación a cómo se gestó la operación.

En 2016, el arquitecto de la promotora Ángel Gijón también dio a entender en Ideal que Mercadona y Decathlon habían exigido instalarse en ese lugar, que por entonces no era urbanizable: “Las empresas, lógicamente, quieren estar donde ya está el foco comercial consolidado de Motril (…) El grupo Godoy Durán ha apostado fuerte por Motril y compraron esos centros a precio de urbano”.

La alcaldesa de Motril, la socialista María Flor Almón, no ha respondido a las llamadas y mensajes de este diario. Tampoco la promotora Godoy Durán ha devuelto la llamada de este medio. Decathlon y Mercadona remiten al ayuntamiento y la promotora, respectivamente.

Un Plan de Movilidad con normas obsoletas

Los ecologistas han calificado la operación de “pelotazo urbanístico”. Para quienes se oponen a la ubicación, parece que alguien se hubiese empeñado en encajar en ese preciso lugar las nuevas tiendas. La tramitación de la innovación del PGOU, necesaria para la concesión de las licencias, precisa de varios documentos oficiales que contienen datos incorrectos, imprecisos o, cuando menos, muy dudosos.

Por ejemplo, el informe de sostenibilidad económica asegura que el coste de la actuación para las arcas públicas será de cero euros. La obra no genera población y los gastos de alumbrado o jardines corren a cargo del promotor, porque se ha constituido una entidad de conservación. Sin embargo, el informe tampoco recoge la probable extensión de alguna línea de autobús, ni los gastos de limpieza y recogida de basuras. 

También es indispensable un plan de movilidad que asegure que las nuevas instalaciones son accesibles y pueden ser evacuadas en caso de necesidad. El acceso a este futuro centro comercial se limita a un carril de vía estrecha por sentido (3,55 metros de ancho, con arcén de 40 centímetros), que no podrán ser ampliados sin expropiar a los dueños de las fincas agrícolas colindantes. Además, un acueducto romano protegido, que en Motril llaman El Candelón, limita en ese punto concreto cualquier posibilidad de añadir carriles. Todo el tráfico deberá ser canalizado por esta carretera en dirección al núcleo urbano o a la N-340, lo que según sus opositores provocará el caos circulatorio.

El Estudio de Tráfico, aportado por la propia promotora, despacha estas cuestiones utilizando una normativa desactualizada que rebaja considerablemente las exigencias realmente vigentes. Así, el plan alude a la Ley del Comercio Interior de Andalucía sin tener en cuenta la modificación de 2014, y utiliza el Manual de Capacidad de Carreteras del año 2000, y no el de actualizado en 2010.

Se contienen en el plan datos que llaman la atención: por ejemplo, la velocidad media se calcula en 65 km/hora, cuando en gran parte se trata de zona urbana (limitada por tanto a 50 km/hora), ignora los accesos a fincas rústicas que parten de la estrecha vía que desemboca en el centro comercial, parte de datos que reducen en un 31% el tráfico que se midió en 2007 e ignora que la densidad de tráfico prevista obliga a construir un paso a distinto nivel, para lo que sería necesario expropiar suelo.

El resultado es que, según un informe de parte aportado al procedimiento contencioso, el plan de movilidad no analiza correctamente la capacidad de la red viaria para soportar el tráfico del futuro centro comercial. Según este informe, no se ha evaluado el riesgo para la seguridad vial que supone encajar dos tiendas de gran afluencia en un lugar adonde sólo se puede llegar por una estrecha carretera de acceso a fincas de chirimoyas. Además, se advierte que será difícil aplicar los planes de evacuación para casos de emergencia, lo que debería haber impedido la aprobación del proyecto y la concesión de las licencias.

Metodología “un tanto peculiar”

Los incumplimientos del plan movilidad motivaron que la Dirección General de Movilidad de la Junta de Andalucía opusiese objeciones rotundas al proyecto. En un informe de 18 de julio de 2014, el jefe del servicio de planificación alertó de que el estudio de tráfico recibido no cumplía con la Ley del Comercio Interior, y que la metodología seguida era “un tanto peculiar” porque no se basaba en “ratios de generación de viajes por clientes (superficie comercial) y trabajadores” sino que empleaba un procedimiento que consiste en suponer que se van a generar los mismos viajes que en la superficie contigua. Alertaba de que parte de la información no estaba documentaba y que había “elementos cuando menos a justificar”.

El promotor ha corregido y ampliado el Plan de Movilidad, pero no consta que la Dirección General de Movilidad haya dado su visto bueno. Además, el informe de la Junta de Andalucía alertaba de una cuestión incorregible: situar un centro comercial de gran afluencia en ese lugar no seguía los criterios de la Ley de Comercio Interior.

Desde el servicio de urbanismo del Ayuntamiento recalcan que el proyecto cuenta con la aprobación de la Dirección General de Comercio de la Junta de Andalucía, que debe dar el visto bueno en última instancia. “Todo, absolutamente todo, se ha hecho conforme a la legislación vigente”, insisten.

Los trabajos podrían estar terminados en unos meses, antes de que la Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia examine la posible acumulación de los procedimientos y legalidad de la innovación del PGOU, y la Fiscalía concluya su investigación. De momento, los obreros trabajan a buen ritmo para terminar cuanto antes.

La nueva ley del suelo de la Comunidad de Madrid rebajará las limitaciones legales de la actual para impedir reclasificaciones de terrenos forestales destruidos por incendios o agresiones ambientales. PP y Ciudadanos va a permitir con su mayoría parlamentaria que se mantenga el artículo 26 del proyecto presentado por el Gobierno de Cristina Cifuentes en 2016.

Ese artículo elimina la referencia a los 30 años que marca la ley autonómica actual como barrera para evitar que se cambie el uso y poder construir. Un blindaje contra los incendios intencionados y la posible especulación urbanística con esos suelos quemados que ahora PP y Ciudadanos apoyan que desaparezca. Este punto de la ley ya se ha debatido, según fuentes parlamentarias, en la ponencia abierta en la Asamblea de Madrid con este resultado. Aunque aún podría volverse a él porque el dictamen todavía no está cerrado, recuerdan desde Ciudadanos. 

La nueva redacción, enmendada sin éxito por PSOE y Podemos, remite en su lugar a la ley nacional de Montes, que incluye el periodo de las tres décadas pero desde 2015 también una excepción que da alas a las comunidades para “cambiar el uso forestal cuando concurran razones imperiosas de interés público de primer orden”.

Estas “razones imperiosas” no están definidas en el articulado reformado con Miguel Arias Cañete como ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. Detrás de esta polémica modificación legal estaba Federico Ramos, secretario de Estado de Medio Ambiente pero antes director general de Medio Ambiente cuando Esperanza Aguirre era presidenta de la Comunidad de Madrid.

Ramos tuvo que dimitir a principios de 2016 por el caso Acuamed, aunque ya no estaba en Medio Ambiente sino en Presidencia. “Ramos se llevó el galardón de haber modificado la normativa ambiental para reducir la protección del medio natural. Y en el Ministerio hizo lo mismo: tocó la ley de costas, la de patrimonio...”, explica María Ángeles Nieto, de Ecologistas en Acción. 

En Ecologistas critican la decisión de PP y Ciudadanos de relajar las restricciones como un “retroceso”. “Es una actuación anacrónica. El resto de países avanzan hacia una mayor protección, hacia incluir el medio ambiente en las normativas de forma trasversal, pero aquí vamos hacia atrás. Los incendios intencionados para reclasificar suelo se habían desterrado. ”No tiene ninguna justificación ni social ni ambiental. Y es una muestra más de que la Comunidad de Madrid lleva gobernando para casos puntuales desde 2003, para que determinada finca no tenga problemas para recalificar. Es esa forma de hacer leyes para que no haya problemas con nadie“, opina Nieto. 

La diputada de Podemos que participa en la ponencia de la ley del suelo, Laura Díaz, asegura que la referencia al “interés público” puede ser un “coladero”. “Ya tenemos experiencia en Madrid sobre las situaciones excepciones. El campo de golf de Chamberí se pudo construir porque fue declarado de interés público”, recuerda. La justicia, tras años de lucha vecinal y judicial, terminó ordenando el derribo de la infraestructura. Díaz también critica que vaya a sustituirse una “legislación proteccionista” por otra que lo es menos: “la protección con la nueva redacción queda muy devaluada”. Para el PSOE, mantener esa protección es también “una línea roja”, según el diputado Rafael González Montoya. 

La Consejería de Medio Ambiente defiende que la “interpretación realizada por Ecologistas en Acción es errónea y no responde al contenido del proyecto de ley”. Fuentes del departamento aseguran que la nueva norma, al contrario de relajar, “amplía los supuestos en los que se aplican estas condiciones ya que lo amplía a suelos que no estén protegidos por el planeamiento”. 

La redacción de la nueva ley madrileña, que según el PP podría ser aprobada en la Asamblea en dos o tres meses, también borra de su articulado la referencia a los terrenos que han sufrido “agresiones ambientales”. Bajo este paraguas entrarían, por ejemplo, los vertidos sobre suelos o la destrucción de la cubiertas vegetales por actuaciones ilícitas. Con la ley actual si algo así sucede en un terreno no urbanizable protegido tiene la misma protección que si se hubiera calcinado por un incendio. Pero con la futura no será así, de manera que los suelos dañados por estas agresiones quedan expuestos a ser reclasificados en cualquier momento, sin blindaje alguno. 

La ley del suelo es uno de los grandes proyectos de legislatura del PP en Madrid. Fue presentado por la expresidenta Cifuentes como una de sus banderas pero su tramitación está siendo larga y espaciada en el tiempo. El proyecto presentado por el Gobierno tiene casi 300 artículos, que se están revisando uno a uno en una ponencia en la Asamblea de Madrid de la que saldrá la redacción definitiva de la norma, solo apoyada por Ciudadanos. 

El alcalde de València, Joan Ribó, ha reaccionado este miércoles y se ha alineado con los vecinos del Cabanyal en su rechazo al borrador del Plan Especial del Cabanyal-Canyamelar (PEC) proyectado por el equipo de arquitectos redactor (contratados tras ser adjudicatarios de la licitación pública), por prever la construcción de 1.500 viviendas a costa de zonas verdes y deportivas consolidadas en el barrio.

Así, tan solo unas horas después de la asamblea convocada este martes por la tarde por la asociación de vecinos y la plataforma Salvem el Cabanyal, Ribó se ha manifestado respecto a las actuaciones planteadas en el parque del Doctor Lluch del Cabanyal, sobre las que el vecindario se ha manifestado en contra.

“Se trata de un plan que todavía está en elaboración”, ha recordado el alcalde, quien ha señalado que tampoco le satisface. “Ya lo manifesté en la reunión de la Junta de Portavoces de gobierno del lunes pasado”, ha explicado Ribó, para afirmar además que entiende “perfectamente las reivindicaciones de la gente del Cabañal, porque una zona verde es una zona fundamental y se debe conservar”.

De hecho, como ha dicho el alcalde, la presidenta de la Junta de Distrito del Marítim, Glòria Tello, ya explicó en la asamblea vecinal esta misma posición.

“Eso no quiere decir –ha añadido el primer edil- que el plan no sirva para nada, sino que se debe adaptar y respetar los elementos claves que plantean los vecinos: debemos intentar profundizar en la idea de permeabilizar el Cabañal hasta el mar, y asimismo respetar la zona verde, que es una iniciativa muy razonable”, ha comentado.

“Se trata de una idea que compartimos todos los grupos que integramos en Equipo de

Gobierno, y hemos de trabajar en esas coordenadas“, ha concluido el alcalde.

Los vecinos, por su parte, acordaron en la asamblea aponerse al inicio de la tramitación del plan tal y como está concebido por el equipo redactor, petición que apoyarán de una recogida de frimas, tal y como avanzó eldiario.es.

Como un jarro de agua fría. Así ha caído entre los vecinos el primer borrador del nuevo Plan Especial del Cabanyal-Canyamelar (PEC), cuyo espíritu es rehabilitar y revitalizar.

Sin embargo, este proyecto que viene a sustituir de forma definitiva el proyecto del anterior Gobierno del PP, que preveía la prolongación de la avenida Blasco Ibáñez a través del barrio, la consiguiente destrucción de 1.500 viviendas y la ruptura de la trama histórica del barrio, tampoco gusta a los residentes, al menos tal y como se plantea inicialmente.

Al respecto, el portavoz de la plataforma Salvem el Cabanyal, Faustí Villora, ha explicado que según se desprende de los documentos colgados en la web del PEC, se han proyectado 1.500 viviendas que podrían afectar a las zonas deportivas que están actualmente en uso (campo de fútbol y pistas de tenis) y al parque de Doctor LLuch, “un pulmón verde para el barrio ya que es el jardín más grande que tenemos y el más importante, con 40 años de antigüedad y un gran valor patrimonial y botánico”.

Villora ha lamentado que, pese a participar en las diferentes mesas de trabajo participativas referentes a la elaboración del plan, “la información la estamos sacando con pinzas, de hecho, los documentos iniciales se presentaron en octubre y nosotros nos enteramos de que estaban publicados a finales de diciembre”.

Ante esta situación, junto a la asociación de vecinos del barrio han convocado una asamblea vecinal este martes a las 19.30 horas en el Ateneo Marítimo para informar al vecindario de las líneas generales del PEC y de las sugerencias que remitirán a los arquitectos redactores del mismo, contratados tras ser adjudicatarios de la licitación pública para la redacción del Plan.

“Las sugerencias pasan por la oposición frontal a que se recalifiquen zonas verdes o deportivos para construir vivienda nueva, entre otras cosas, porque entendemos que el barrio ya cuenta con una bolsa de 2.600 casas vacías que se pueden recuperar”, ha explicado Villora, quien ha añadido que iniciarián una campaña de recogida de firmas para dar apoyo a estas sugerencias.

El dirigente vecinal ha comentado que han solicitado varias veces explicaciones de la ubicación de estas nuevas viviendas proyectadas, sin haber obtenido respuestas claras: “Hemos inviado a la asamblea al equipo de arquitectos del PEC para que puedan dar una explicación detallada, pero desconocemos si vendrán”.

Juantxu Bazán, uno de los fundadores del partido municipal CastroVerde (CV) de Castro Urdiales, analiza la situación política que vive el municipio tras la reciente decisión de esta formación de romper su pacto de gobierno con el PSOE, su socio al frente de este Ayuntamiento desde las elecciones municipales de 2015. Asimismo, se muestra crítico con la actuación en estos dos años de legislatura, tanto del hasta hace una semana equipo de gobierno, como del propio partido del que se dio de baja hace más de un mes.

Denuncia el “abandono del ideario verde, la marca de CV en sus inicios” y califica de “pésima noticia” la ruptura del acuerdo, ya que pone a Castro en un escenario de “incertidumbre, sin mayoría estable, de gobernabilidad incierta y de dudosa legitimidad democrática”.

“El gobierno del Ayuntamiento queda a merced del PRC, y lo siento mucho, pero no puedo desviar mi análisis de que hay un convenio urbanístico por medio que afecta a intereses personales del portavoz regionalista, Jesús Gutiérrez”, recalca Bazán, en referencia a la posible recalificación del terreno de la fábrica de Lolín, de la que el propio concejal es propietario.

¿Qué valoración le merece la decisión de CastroVerde de romper el pacto de Gobierno con el PSOE?la decisión de CastroVerde de romper el pacto de Gobierno con el PSOE

Romper un pacto es la consecuencia de un gobierno municipal que fracasa, por lo tanto, es una pésima noticia que nos coloca en un escenario de incertidumbre, sin mayoría estable, de gobernabilidad incierta, y de dudosa legitimidad democrática. Sé que lo que digo es muy fuerte, pero no se concibe que un alcalde y un equipo de gobierno alcancen el poder gracias a la suma de dos partidos, con un apoyo electoral del 45% (algo que a mí siempre me pareció insuficiente), y que siga adelante con un apoyo de solo el 30% del electorado, prescindiendo de los concejales del PSOE, el partido que fue considerado entonces por CastroVerde como “el mejor compañero de viaje”. ¿Y quién va a ser ahora el compañero de viaje de CastroVerde? Pues, paradojas de la vida, ahora resulta que quien tiene en sus manos la gobernabilidad del Ayuntamiento es Jesús Gutiérrez y el PRC que, con sus cuatro concejales, va a manejar el Ayuntamiento a su criterio.

Habla de fracaso del gobierno municipal. ¿Cuáles han sido los principales errores que a su juicio ha cometido el partido y el hasta ahora equipo de Gobierno, integrado por ambos grupos?

Fracaso de gobierno municipal y fracaso de los dos partidos que lo sostenían, CastroVerde y el PSOE local. Es difícil hacer un diagnóstico sin conocer toda la casuística, y sin saber cómo han sido las relaciones dentro del gobierno. Cuando se construye un pacto entre diferentes es previsible que haya discrepancias, por lo que un buen pacto debe contemplar un buen procedimiento para resolver conflictos, y es ahí donde los partidos, CV y PSOE, han sido ineficaces. CastroVerde, tras la ascensión al poder municipal, queda muy debilitado como partido, casi angustiado por las tareas de gobierno de un Ayuntamiento muy complicado, muy desorganizado, que tiene que afrontar problemas muy graves y de urgencia social.

Toda la energía de CastroVerde se traslada al Ayuntamiento con los cargos electos, y el partido queda inerme, sin capacidad para afrontar las tareas de partido, y sin capacidad para alimentar las tareas de gobierno. Y el PSOE local, gobernado por una gestora, tampoco ayuda a esas tareas de gobierno y, cuando ha habido discrepancias, en vez de sembrar paz ha alentado discordia. Todo esto en un contexto en el que las desavenencias se airean en los medios de comunicación, con lo que se transmite a la ciudadanía una imagen de descontrol y de desencuentro, de que no hay un equipo de gobierno. Lo que hay es un gobierno sin equipo, de yuxtaposición de concejalías, cada uno con su área de gestión, en la que no ha habido una auténtica cooperación entre el PSOE y CV. Y si no hay cooperación, ni liderazgo, ni mediación, al final surge la desconfianza, el enfrentamiento y la ruptura.

Ha hecho especial hincapié en su blog en los problemas urbanísticos, destacando el depósito de agua en el monte Cueto y la recalificación del terreno de la fábrica de Lolín. ¿Cuál cree que debería ser el procedimiento a seguir en ambos casos?en su blog

En las cuestiones urbanísticas, como en todas las que tengan relevancia, lo que se echa en falta es la participación ciudadana. Al equipo de gobierno le ha debido dar un ataque de amnesia y aquello que fue seña de identidad de CastroVerde, la participación ciudadana y el trabajo con los movimientos sociales, ha caído en el olvido.

La decisión de aprobar la construcción del depósito de aguas en el monte Cueto permite la consolidación de 600.000 metros cuadrados de suelos urbanizables en la zona de la Loma y Santullán de Castro Urdiales, que son resultado de la especulación urbanística que vivió nuestro municipio en la década del 2000. Esto se hace con la sana intención de solucionar el problema de abastecimiento de agua de los vecinos de una de las urbanizaciones pero se comete el error, desde mi punto de vista, de pretender solucionar un problema puntual trasladando el modelo de crecimiento urbanístico del pasado sin plantearse otro tipo de alternativas.

En cuanto a la decisión de aprobar la recalificación de la parcela de la fábrica de Lolín, en la que curiosamente es dueño el concejal Jesús Gutiérrez, portavoz del grupo municipal del PRC, es resultado de la convicción, para mí bastante retorcida, de que el Urbanismo es un negocio entre partes, el dueño y el Ayuntamiento. Tal y como reclamábamos cuando CastroVerde estaba en la oposición, es imprescindible abordar dos cuestiones de suma importancia: primero, abrir un proceso de participación ciudadana y elaborar un plan estratégico para definir el futuro que queremos con nuestro municipio, y segundo, proceder a la Revisión del Plan General. Tanto en un caso como en otro la reunión de expertos y ciudadanos debe ser la fuente de inspiración en la toma de decisiones.

Menciona a Jesús Gutiérrez y el convenio y recalificación de la fábrica de Lolín con la que ha sido muy beligerante. ¿Cree que CastroVerde apoyará esa recalificación?

El equipo de gobierno ya ha aprobado inicialmente el convenio urbanístico, y CastroVerde como partido no se va a oponer a lo que hayan decidido sus concejales. Peor aún, CastroVerde ha hecho suyo un discurso en que el traslado de la fábrica de Lolín, y la recalificación de la parcela para transformarla en un centro comercial se presenta como una oportunidad que favorece el interés general, porque quita a una fábrica del casco urbano y crea puestos de trabajo. En mi blog explico que esto es una falacia que es necesario desmontar. Hay que dejar claro cuál es la secuencia de este negocio, en la que, primero, el propietario Jesús Gutiérrez, acuerda con un grupo comercial la venta de la fábrica y su posterior traslado a un polígono industrial, pero que, para que el negocio sea viable y rentable, hay que recalificar el solar que deja la fábrica de 'industrial' a 'comercial'.

Aquí es donde viene la segunda parte, la de formalizar un convenio urbanístico en el que el Ayuntamiento se compromete a modificar el Plan General. Vamos a ver, esto es un negocio para revalorizar un suelo, y a esto lo hemos llamado siempre 'especulación urbanística', por lo tanto, ¿qué tiene que ver esto con el interés general? Si lo que se pretende es mantener los puestos de trabajo, que dejen la fábrica donde está. Si lo que se pretende es quitar las fábricas del casco urbano, de acuerdo, vamos a hacerlo, pero con todas, no solo con la de Lolín, a través de la revisión del Plan General y con una propuesta de regeneración de la zona de Brazomar.

Por otro lado, el hecho de que yo haya denunciado que la fábrica se apropió de suelo público, y que se hayan metido aprovechamientos urbanísticos por encima de lo que permite el Plan General, o la más que discutible posición en la que una de las partes sea dueño de la fábrica y al mismo tiempo concejal del Ayuntamiento, no parece que haya provocado ninguna reflexión ni en CastroVerde ni en el equipo de gobierno.

¿Es conocedor de más casos, tanto en las bases del partido como entre sus votantes, de descontento y decepción por las políticas llevadas a cabo por CastroVerde y su forma de gobernar?

Hay que decir que entrar a gobernar un Ayuntamiento como el de Castro es tremendamente difícil, y lo más probable es equivocarse teniendo en cuenta que arrastramos unos déficits de recursos y de servicios y unas carencias organizativas que hacen que sea complicado. Han sido muy llamativos casos como el de la OCA (Ordenanza Reguladora de Aparcamiento) en el que 16 trabajadores tuvieron que irse a la calle por no renovar el contrato a tiempo, o el de varias trabajadoras de la Residencia Municipal a las que se retuvo el pago de su nómina durante dos meses, cuestión que finalmente desató las hostilidades entre los concejales del PSOE y el alcalde, y que han dado al traste con el pacto de gobierno.

En ningún caso debe entenderse que han sido decisiones arbitrarias pero la población ha apreciado falta de diligencia. Hay que recordar que CastroVerde entra en el Ayuntamiento con el propósito de hacerlo eficiente, y hasta ahora la población no parece percibirlo. El hecho de que en dos años no se haya aprobado el presupuesto municipal es un indicador de mala gestión, este es un dato objetivo. Sin embargo, también hay que reconocer que ha habido actuaciones muy acertadas que han activado la obra pública y que han ido por el camino de racionalizar la gestión de los servicios municipales. Son algunos pequeños pasos que han sido enturbiados por los grandes titulares en los que los detractores de CastroVerde aprovechan para pedir cabezas.

En cuanto a las decepciones de la militancia, es muy significativo que en el asunto del contrato del CastroBus, también muy controvertido y sobre el que pende la incertidumbre de su continuidad, muchas de las personas que apoyaron y votaron a CastroVerde en Sámano ahora se estén manifestando en la calle contra las decisiones del equipo de gobierno protestando por el recorte de la línea regular a las núcleos rurales más alejados. La militancia de CastroVerde en Sámano se ha ido del partido. Vuelvo a insistir en lo mismo, el equipo de gobierno y CV pueden errar o no en sus decisiones, pero lo que ha creado el desconcierto y la desilusión, es que se esté cultivando un estilo de gobierno en el que no se cuenta con los vecinos.

¿Diría que CastroVerde ha traicionado su ideario político? Si es así, ¿cuáles diría que han sido las causas, después de haber llevado a cabo una oposición tan férrea en la pasada legislatura y tras la ilusión suscitada con los buenos resultados obtenidos en las elecciones municipales de 2015?

No, yo no hablaría de traición, eso quizás sea muy fuerte. No ha habido traición porque el cambio de orientación de las políticas de CastroVerde ha sido apoyado por el propio partido, a mi pesar. Lo que sí ha habido es un abandono del ideario verde, que es la marca del partido en sus inicios, hacia posiciones más posibilistas, propias de un partido independiente y localista en el que la ecología brilla por su ausencia. De hecho, CastroVerde rompe las relaciones hace tres años con Equo, el partido verde que fue su referencia en sus comienzos. Así que cuando CV se presenta en las elecciones de 2015 ya ha soltado todo el “lastre verde” y presenta un programa electoral que no tiene nada que ver con el de 2011. Finalmente gana las elecciones, lo que indica una estrategia acertada para alcanzar el poder, pero quizás desacertada en cuanto que se pierde el relato que le dio la credibilidad de ser un partido diferente a los tradicionales. Lo más difícil en política es administrar el éxito, y con CastroVerde en el poder, y la enorme ilusión que se despertó, al final se ha producido un divorcio inexplicable entre la formación política y la ciudadanía, porque no se han cultivado los procesos de participación ciudadana que se prometieron en el programa electoral.

Finalmente, ¿considera que es posible que funcione un gobierno en solitario de CastroVerde? ¿Qué se puede esperar para los dos años de legislatura que restan? ¿Ve factible una moción de censura impulsada por alguno de los grupos de la oposición?

No, no lo creo, ojalá me equivoque pero no creo que un gobierno en solitario vaya a funcionar mejor que lo acontecido hasta ahora. Lo más probable es que el PSOE haga una oposición contundente, y la del PP va a ser sin duda despiadada. Tampoco creo que haya moción de censura para echar a CastroVerde de la alcaldía porque nadie va a querer asumir la responsabilidad de gobernar un Ayuntamiento en las condiciones de crisis municipal que atravesamos. Por lo tanto, el gobierno del Ayuntamiento queda a merced del PRC, y lo siento mucho, pero no puedo desviar mi análisis de que hay un convenio urbanístico por medio que afecta a intereses personales del portavoz regionalista. Espero, sinceramente, que CastroVerde no caiga en la tentación de hacer un intercambio de favores porque hay argumentos jurídicos como para rechazar ese convenio urbanístico. En breve presentaremos con EQUO Cantabria escrito de alegaciones para demostrarlo.

En los dos años que vienen, la situación es de difícil equilibrio para CastroVerde, pero también es muy negativa para el conjunto de la ciudadanía por lo que habría que hacer algo. ¿El qué? Francamente, no lo sé. Lo único que se me ocurre es apelar a la responsabilidad de todos los partidos y recomponer una nueva mayoría aunque eso signifique que alguien se tenga que ir para casa. Sé que es pedir demasiado, sobre todo cuando la cultura política que vivimos es otra: la de la competitividad y la del enfrentamiento. Cuando CastroVerde ya ha tomado la decisión unilateral de romper el pacto, es muy difícil que se abra paso la reflexión, la consulta y la cooperación.

El turismo es un fenómeno en alza desde hace décadas. En el mundo hemos pasado de 25 millones de turistas en el año 1950, a 1087 millones en 2013. Con unas previsiones que ascienden a unos 1.800 millones para 2030. En algo más de 60 años el tránsito de turistas se ha incrementado en un 4.284% [“La ciudad negocio. Turismo y movilización social en pugna” de China C. Cabrerizo, 2016. Cisma Editorial]. Si ponemos en relación determinados sucesos históricos como el aumento en los precios del petróleo, el atentado contra las Torres Gemelas o crisis sanitarias como la gripe aviar, observaremos que tienen un impacto y duración muy limitada. Los mayores impactos los observamos sobre patrones geográficos, esto es, no desciende significativamente el número de turistas, sino que se modifican los destinos. Pero incluso estos cambios son limitados en el tiempo, no suponiendo una alteración definitiva sobre un territorio.

En nuestro país, en la actualidad el tránsito turista se ha visto incrementado debido a los conflictos en los países del Mediterráneo, así como los atentados en Francia. El número de turistas ha crecido un 4,95 %, llegando a 68 millones de pernoctaciones. En Madrid cada año batimos récord de visitantes y pernoctaciones, en 2015 fueron 8,9 millones de visitantes según la Encuesta de Ocupación Hotelera del INE y seguimos creciendo en torno al 6% anual.

Limitar el incremento del turismo a través de regulaciones de ámbito municipal no parece una opción viable dado que sus causas son profundas y tienen un carácter global. En cierto sentido, estamos hablando del derecho a la libre circulación de las personas que en una de sus manifestaciones lo es también para las turistas. La incorporación de muchos millones de personas al fenómeno turístico ha venido para quedarse. Dicho esto, defenderemos como necesaria la intervención pública sobre el turismo: desde enfoques urbanísticos y ecológicos, operando sobre las consecuencias para la ciudad en términos de ocupación y explotación del territorio urbano, así como en el impacto y la transformación en las dinámicas de los lugares, patrones de ocio y de consumo, etc…

Primera consecuencia: la burbuja en los precios de alquiler en las grandes capitales, especialmente en los centros de las ciudades. Tomaremos como referencia los casos de Madrid y Barcelona aunque encontraremos situaciones análogas en ciudades como Ámsterdam, París, Nueva York, San Francisco... Los precios de alquiler de ambas ciudades se encuentran en la actualidad en máximos históricos, ya por encima de la época del boom inmobiliario [Para una información más detallada se puede consultar el último informe elaborado por Idealista.es del cual se extraen los datos], elaborado por Idealista.es con fuertes diferencias entre barrios, siendo en los del centro el incremento de precios mucho más acusado. En Barcelona, el precio por m² es de 17,4 € (18,5% más que doce meses antes) y el de Madrid es de 13,8 € (un 14,6% de crecimiento anual).

Este fuerte aumento responde a diversos factores. Para empezar, ante un mercado tan estrecho, con falta de oferta, cualquier incremento de la demanda produce fuertes efectos sobre los precios. El aumento de la precariedad vital, en términos de salarios y derechos laborales, condiciona la capacidad de acceso a una vivienda en propiedad para grandes capas de la sociedad, al imposibilitar el acceso al crédito hipotecario. Otra dimensión de la precariedad es el arraigo sobre el territorio: la hipermovilidad en el mercado laboral y la falta de oportunidades en determinados territorios, conlleva una transformación en la formación de los hogares. Hogares con más incertidumbre y lazos menos estables sobre el lugar concreto suponen un aumento del alquiler como patrón de acceso a la vivienda.

Dicho esto, consideramos que determinados regímenes de tenencia o acceso, como el alquiler frente a la compra, pueden ser deseables. Sobre todo si detrás de ese cambio se encuentran diferentes intervenciones públicas sobre el mercado inmobiliario. Cada vez se hace más necesario ampliar sustancialmente el parque residencial público en alquiler y otras modalidades de acceso a la vivienda de carácter cooperativo.

El número de hipotecas firmadas confirma estas tendencias. A pesar de que está creciendo desde hace 25 meses, según el INE, lo hace desde totales muy bajos. En base a estos mismos datos, en 2015 se firmaron 244. 827 hipotecas sobre viviendas. En el año en el que la burbuja inmobiliaria comenzó a desinflarse, el 2006, fueron 1.768.198. Si no hay cambios drásticos en la situación económica, la tendencia será al incremento de hipotecas aunque sin llegar a cifras de antes de la crisis.

El elemento más novedoso que influye directamente en la burbuja del alquiler en los centros de las ciudades es la silenciosa reconversión de hogares en apartamentos turísticos. La opacidad y la invisibilidad del fenómeno han permitido una implantación muy agresiva, saliendo a la luz cuando barrios enteros ya se habían visto transformados en grandes complejos de apartamentos turísticos. Sólo en Airbnb podíamos encontrar 19.000 anuncios en Barcelona este verano. Los distritos de l'Eixample y Ciutat Vella concentran más de la mitad de la oferta, siendo más de la mitad de ellas –además– viviendas enteras. Madrid no va a estar a salvo del fenómeno, en los próximos meses el Ayuntamiento presentará un estudio de impacto de las viviendas turísticas en el centro de la ciudad que –creemos– no se alejará mucho de las tendencias de Barcelona.

Para ser conscientes del papel que la invisibilidad ha jugado en su implantación, hagamos el ejercicio de imaginarnos lo que habría supuesto en términos de noticias, trámites administrativos, decisiones urbanísticas municipales y contestación social, el anuncio en algunos de los mencionados barrios de la transformación del número de viviendas en plazas hoteleras, en hoteles. Los trámites administrativos –informes, estudios, planes especiales, licencias, etc.– necesarios hubieran servido para modificar y limitar las propuestas. Además, la lógica contestación social también podría haber supuesto un impedimento y una limitación a este tipo de operaciones. La invisibilidad del fenómeno no sólo dificulta la capacidad de controlarlo sino que es una condición para que su crecimiento sea tan rápido.

La transformación de los barrios de los centros de las ciudades que opera tras la proliferación de los apartamentos turísticos, pone de manifiesto algo fundamental y es que la ciudad no son sólo los flujos, los mercados, sus calles o, en general, el espacio público. La ciudad está compuesta, en igual medida, por hogares que no pueden entenderse únicamente como una sucesión de espacios privados, inmutables y estáticos frente a lo que en la ciudad ocurre. Los hogares constituyen una dimensión central de lo urbano, en tanto que espacios donde la vida se desarrolla, pero también, y sobre todo, por su relación en las dinámicas de la ciudad. Este fenómeno, como decíamos, supone un ejemplo paradigmático de ello pues pone de manifiesto elementos fundamentales de los lugares que tienen que ver con la identidad y con un entramado de anclajes que generan sentidos fundamentales en la vida urbana.

La sustitución de una población arraigada en un territorio por otra flotante, transforma sustancialmente los barrios. Quien va a estar en una ciudad unos pocos días busca la localización, la existencia de tiendas donde abastecerse con horario comercial amplio, alternativas de ocio, restauración y bares... Al interior de los bloques su carácter temporal e intercambiable genera incomodidad y cierta sensación de inseguridad. Gente no conocida entrando y saliendo de las viviendas contiguas a la propia transforma esa percepción de intimidad, donde antes había un patio de vecinos ahora hay un hall de un hotel.

El incremento de viviendas de uso turístico lleva asociado cambios en el zócalo comercial de los barrios más afectados y un efecto rápido de expulsión al interno de los portales. Los patrones de vida de las poblaciones permanentes entran en contradicción con los ritmos más despreocupados de los turistas. La hostilidad del espacio, unido a la oportunidad económica de convertir tu vivienda en un apartamento turístico, retroalimentan el fenómeno.

El sociólogo Daniel Sorando y el arquitecto Álvaro Ardura llaman la atención sobre el proceso de sustitución de población, transformación productiva y apropiación de determinados espacios, que afecta sobre todo a los centros de las grandes ciudades y que conocemos como “gentrificación”. Un elemento fundamental que explica este fenómeno es la existencia de un parque inmobiliario deteriorado que hace más suculenta su rehabilitación, pues la diferencia de precio que se genera debido a su ubicación es muy elevada. Esa subida de precios acelerada es la que genera la expulsión de los anteriores habitantes, en favor de otros cuyas rentas y gustos culturales van modificando las dinámicas, negocios y precios del conjunto del barrio.

Pero, ¿qué pasa cuando en lugar de sustitución de una población por otra la sustitución es de una población por una no-población permanente? ¿Es parte del mismo fenómeno o es otra alternativa capitalista a la propia gentrificación? Frente a procesos observados anteriormente, la actual dinámica puede estar expulsando población debido a una burbuja de precios de alquiler pero esta población no está siendo necesariamente sustituida por pobladores con mayor renta, quizá, sencillamente, está siendo sustituida por turismo.

En este punto llegamos a otra consecuencia: el despoblamiento. En Barcelona, Ciutat Vella ha perdido un 11% de sus habitantes en diez años de boom turístico, mientras la población de la ciudad se mantenía estable. El fenómeno de los apartamentos turísticos genera una dinámica que se retroalimenta así misma: cuántos más hay, más habrá. El aumento en los precios hace que para muchas personas los alquileres sean impagables y para los propietarios de vivienda residentes cada vez resulta más rentable reconvertirla en apartamento turístico y cambiar de barrio.

Así, los grandes inversores –incluidas las cadenas hoteleras– cada vez se van a ver más incentivados para entrar en este mercado. Además, los cambios en el zócalo comercial y los problemas de convivencia y de gestión del ocio nocturno incentivan el abandono del centro y la conversión de viviendas en plazas hoteleras.

La concentración es otra clave fundamental pues la ubicación prima frente a cualquier otra consideración. Pongamos por caso un apartamento de 30 m² en el barrio de Lavapiés. Mientras que reconvertido en apartamento turístico ese tamaño parece adecuado para una pareja durante un fin de semana, como hogar permanente resultaría pequeño, la rentabilidad en uno y en otro caso será muy distinta. Si no lo ordenamos, este fenómeno tendrá –ya está teniendo– más intensidad en barrios como el Raval o Lavapiés que en otros.

Entonces, ¿se puede influir de alguna manera en el fenómeno? ¿Qué papel juegan las administraciones? ¿Qué hay que regular?

En los últimos años la práctica totalidad de las grandes ciudades europeas han regulado, con mayor o menor fortuna, distintos aspectos del alquiler de viviendas turísticas. Nos encontramos desde enfoques que buscan nítidamente acabar con este tipo de alquileres hasta otros que buscan ordenarlo y establecer unos mínimos ingresos y controles fiscales.

En nuestra opinión, el papel de la regulación no debe ser otro que el de intentar garantizar que el número de hogares en los distritos centrales se mantenga estable y el mercado de vivienda en alquiler funcione con normalidad. Es decir, entender las viviendas como derecho fundamental, que sigan cumpliendo la función de vivienda y no pasen a ser plazas hoteleras por la puerta de atrás. Debe además evitar la acumulación de viviendas dedicadas a esta actividad en ciertas zonas, buscando una mejor distribución por la ciudad, evitando subidas artificiales en los precios de alquiler en algunos barrios que pueden llevar a la expulsión de buena parte de las vecinas y vecinos y al despoblamiento.

Para eso podemos establecer cuatro líneas de intervención o buscar una combinación de las cuatro:

 — Establecer un número máximo de días anuales en los que una vivienda se puede alquilar con fines turísticos. Ámsterdam sitúa el máximo en 60 días, por encima de esto el negocio debe registrarse como un Bed & Breakfast.

— Establecer una duración mínima para cualquier tipo de alquiler residencial. Nueva York ha situado el mínimo en 30 días y con su nueva regulación parece buscar un mayor grado de cumplimiento.

— 'Zonificar' la ciudad y establecer restricciones en los espacios más colmatados. Quizá este tipo de enfoque sea el más interesante para una ciudad como Madrid.

— Desincentivar fiscalmente la actividad. Acordar con las plataformas comercializadoras el cobro de tasa turística municipal –como en la práctica totalidad de capitales europeas– y compartir los datos fiscales con la Agencia Tributaria.

Nuestra ciudad no puede aplazar más tiempo este debate. Nos encontramos ante un fenómeno de crecimiento exponencial que puede echar por tierra cualquier otra política pública de vivienda, sobre todo en algunos barrios. Debemos enfrentarlo desde enfoques situados en cada realidad específica, para ser capaces de articular una inteligencia social que genere respuestas concretas. El peor escenario sería abordarlo desde grandes discursos que tal vez puedan reconfortarnos, pero que no permiten desplegar estrategias que vayan recuperando la ciudad.

Sara Porras Sánchez. Politóloga, investigadora en temas urbanos

Jorge García Castaño. Concejal de Centro y Chamberí en el Ayuntamiento de Madrid