Rodrigo Rato y Figaredo, el todopoderoso vicepresidente económico de José María Aznar, está más cerca de volver a la cárcel. La Audiencia Provincial de Madrid lo condenó este viernes a cuatro años, nueve meses y un día de prisión en la causa por el origen de su fortuna. En una sentencia de 1.200 folios, el tribunal considera probado que Rato defraudó a Hacienda en tres ejercicios, intentó ocultar la procedencia ilícita de parte de su patrimonio y cobró dos millones de euros en mordidas por amañar contratos de publicidad de Bankia. 

La pena está muy por debajo de la petición que hizo la Fiscalía Anticorrupción, que solicitó 63 años de cárcel por 11 delitos fiscales, blanqueo de capitales y corrupción entre particulares. Pero abre la puerta a su regreso a prisión, donde ya estuvo durante dos años tras ser condenado por el escándalo de las tarjetas 'black' de Caja Madrid. Rato anunció este viernes que recurrirá la sentencia ante el Tribunal Supremo, por lo que el fallo no será firme hasta que se pronuncie. Entre tanto, la Audiencia podría acordar su regreso a la cárcel en caso de que aprecie riesgo de fuga, como ocurrió tras la primera sentencia de la Gürtel, donde las condenas fueron mucho más altas; o imponerle algún tipo de medida cautelar, como el pago de una fianza, sostienen las fuentes consultadas. 

En todo caso, esta segunda condena es un duro golpe para el hombre al que el PP de Aznar entronizó como el símbolo del “milagro económico español”. Tras la condena por gastar casi 100.000 euros con las tarjetas 'black' y su absolución por el fiasco de la salida a Bolsa de Bankia, el expolítico afrontó este tercer juicio con una actitud desafiante. Rechazó contestar a las preguntas de la fiscal anticorrupción, a la que acusó de haber montado una “fabulación”; y cargó contra los funcionarios que investigaron su patrimonio. “No sé de dónde sale esta gente”, “es indignante” o “nos toman por tontos”, fueron los descalificativos con los que se dirigió a los técnicos de Hacienda y al abogado del Estado durante la vista. 

Además, en la última sesión del juicio utilizó su derecho a la última palabra para defender su inocencia y señalar a los ministros de Hacienda y Justicia del Ejecutivo de Mariano Rajoy Cristóbal Montoro y Rafael Catalá como los responsables de esta última etapa de calvario judicial. Dejó caer que meses antes de su mediática detención, cuando fue introducido en un coche de los agentes de Aduanas, ambos estaban al corriente de las actuaciones de la Agencia Tributaria. 

Acusación “monstruosa”

La sentencia demuestra que los jueces que siguieron el más de medio centenar de sesiones de la vista solo han asumido en parte de las alegaciones de su abogada, María Massó, que defendió que toda la causa era un “castillo de naipes” que se derrumbaría con apenas unos “soplidos” y que calificó de “monstruosa” la acusación contra su cliente. Por contra, la fiscal Elena Lorente definió a Rato como un “señor acostumbrado a mandar”, con “extraordinario poder”, pero que hizo del blanqueo y la ocultación de fondos un “modus operandi” y que se presentó ante la Justicia como un “apátrida fiscal” para evitar su condena. 

La realidad es que el fallo limita a tres ejercicios los delitos fiscales frente la durísima acusación de la Fiscalía, que defendía que la actividad delictiva se había iniciado en 1999, cuando era ministro y vicepresidente, y había seguido desarrollándose cuando fue presidente del FMI, de Caja Madrid y de Bankia. Y le atribuía, en consecuencia, 11 delitos fiscales. 

En todo caso, la resolución considera probado que Rato cometió fraude fiscal por una doble vía. Por un lado, ocultando a Hacienda dinero que tenía en el extranjero. Y, por otro, facturando a través de sociedades instrumentales servicios que prestaba de manera personal, como su contratación como consejero asesor en Telefónica. 

La otra pata de la causa son las supuestas irregularidades de su etapa en Bankia, a cuya presidencia llegó en 2010 en medio de una lucha de poder entre Rajoy y Esperanza Aguirre, que prefería para ese puesto a Ignacio González. Rato ocupó ese cargo hasta mayo de 2012.

La Fiscalía sostuvo durante el juicio que sabiendo que los gastos de publicidad con motivo de la expansión de la marca y su salida a bolsa iban a ser elevados, Rato trató de “sacar provecho económico personal”. En la vista, Rato negó haber dado ninguna “indicación” a nadie sobre esos contratos con el argumento de que no estaba capacitado porque no era “experto en marketing ni publicidad”. 

Pero en la sentencia los jueces consideran acreditado que Rato cometió un delito de corrupción entre particulares al imponer que las agencias Publicis y Zenith se hicieran con contratos publicitarios de la entidad a cambio de una mordida de 2.022.154,52 euros. Un dinero que se repartió con Alberto Portuondo, uno de sus supuestos testaferros, también condenado a una pena de tres meses y un día de prisión y una multa de la mitad de la comisión recibida, además del decomiso de esa cantidad. 

No obstante, la Audiencia Provincial absuelve tanto a los empleados de Publicis y Zenith (y a ambas sociedades), como a algunos de sus colaboradores más fieles, que según Anticorrupción habían conformado un “grupo de presión” en la entidad. Es el caso de su secretaria personal desde 1983, Teresa Arellano; o el que fuera su ‘número dos’ en Caja Madrid, José Manuel Fernández Norniella. Los jueces entienden que no participaron en el acto corrupto.

Esta investigación se inició después de conocerse que Rato se acogió a la amnistía fiscal aprobada por el Gobierno de Rajoy en 2012. Ante el tribunal, reconoció que se había “equivocado” al acogerse a esa medida, pues pensó por error que era “el camino más fácil” para aflorar los fondos que tenía en tres sociedades en el extranjero. 

En su informe, la fiscal insistió en que “lejos de haber regularizado [fondos] ni administrativa ni, menos aún, penalmente” utilizó esa medida “como un vehículo de blanqueamiento o limpieza de las ilícitas cuotas defraudadas que arrastraba desde hacía años”. Su defensa, sin embargo, insistió en que, de esa forma, había “borrado el delito”. La última palabra la han tenido los jueces de la Audiencia Provincial, que han acreditado irregularidades aunque con la intensidad defendida por la Fiscalía. 

La condena de las 'black' y la absolución de Bankia

Rato suma esta condena a la recibida por llevarse dinero de Caja Madrid. En su caso, los 99.054 euros que gastó pasando la tarjeta 'black' con la que pagó viajes a la nieve, fiestas, alcohol y bolsos de lujo. La sentencia, confirmada por el Supremo en octubre de 2018, atribuye a él y a su predecesor, Miguel Blesa, que se suicidó en julio de 2017, el mantenimiento de un sistema que permitía a la cúpula de la entidad “disponer a su antojo” del dinero de la Caja para sus gastos personales o cualquier otro que ellos decidieran.

La existencia de estas tarjetas “black a efectos fiscales” fue desvelada en una investigación de elDiario.es en 2013. Fue condenado a cuatro años y medio de cárcel, de los que pasó algo más de dos entre rejas tras lograr la libertad condicional en febrero de 2021.

El segundo de los juicios a los que se ha enfrentado sí tuvo un buen final para el expolítico del PP. En septiembre de 2020, la Audiencia Nacional lo absolvió a él y a los otros 33 gestores acusados por delitos de estafa a los inversores y falsedad contable en la salida a bolsa de Bankia. El tribunal entendió que su desplome tras una salida fallida al mercado no se le podía atribuir al equipo directivo del banco porque las decisiones que se adoptaron estaban basadas, o incluso urgidas, por los supervisores y las nuevas leyes sobre sector financiero que se iban promulgando en España y en la Unión Europea.

Esa fue la línea de defensa que siguió durante este juicio, pues Rato nunca se ha considerado responsable de las actuaciones que llevaron a la ruina a accionistas y preferentistas. En 2012, el banco necesitó una inyección de 22.000 millones de dinero público y Rato acabó saliendo por la puerta de atrás de la mano de su amigo Mariano Rajoy, que llevaba solo unos meses en la Moncloa y tuvo que hacerse cargo del desmoronamiento de una entidad sistémica y en cuyos nombramientos había tenido mucho que ver. 

El precedente de Zaplana

La resolución contra Rato sucede a la que, hace dos meses, dictó la Audiencia de València contra otro de los hombres fuertes de Aznar: el que fuera portavoz del Gobierno y ministro de Trabajo, Eduardo Zaplana. Su condena fue más alta, de diez años y cinco meses de prisión, por las comisiones ilícitas que recibió tras intervenir en el proceso de adjudicación de la privatización de las ITV. 

Esa sentencia acredita que Zaplana cobró comisiones ilícitas durante toda su carrera política en el PP. El fallo consideró probado que el exministro, su testaferro y su contable blanquearon mordidas por un total de 16,2 millones de euros en Luxemburgo, Panamá y Andorra y le asignó una conducta “especialmente reprobable” por haber ordenado amañar esa adjudicación millonaria siendo “máximo responsable” del Gobierno valenciano.

Ha estado en el cielo y en el infierno. Ahora en el limbo de la jubilación, tras haberlo sido casi todo en el mundo político y económico -vicepresidente económico con José María Aznar, director gerente del FMI y presidente de Caja Madrid y de Bankia-, Rodrigo Rato (Madrid. 1949) vuelve con un libro, que ha escrito junto a su pareja, la periodista de El País Alicia González, para contar su visión personal de los años de agonía que sufrió España con la crisis financiera, 'Hasta aquí hemos llegado' (Editorial Península). Rato no duda en ajustar algunas cuentas con sus antiguos compañeros de Gobierno, especialmente con el que fuera ministro de Economía, Luis de Guindos, al que señala como el instigador de su defenestración para “poder pedir un rescate bancario porque España no tenía dinero en el invierno-primavera del 2012” y “el rescate tipo Grecia era inviable por el tamaño de la economía española”.

Tras pasar 23 meses en la cárcel por la condena por apropiación indebida de cuatro años y medio por el caso de las tarjetas black, que destapó elDiario.es, Rato admite que “fue un error”, pero recalca que le duele que no le aplicaran el atenuante a su pena por haber devuelto el dinero. Al final, está convencido de que su condena era una forma de cerrar ante la opinión pública la crisis: “La foto de mi entrada en la cárcel era el colofón necesario de este escándalo. Si yo no entraba en la cárcel, habida cuenta de la tragedia de Miguel Blesa, aquí no había foto. Estas cosas mediáticas necesitan una foto”. Todavía está pendiente de otro juicio por supuestos cobros indebidos de dos agencias de publicidad.

Lo primero, le quiero agradecer la entrevista, sinceramente no creía que nos la fuera a dar, elDiario.es fue el medio que publicó la existencia de las tarjetas black de Caja Madrid en diciembre de 2013, con la investigación de los correos del que fuera presidente de Caja Madrid Miguel Blesa. Tras la revelación de este medio, la dirección de la nueva Bankia encargó una auditoría interna y el Frob la puso a disposición de la Fiscalía Anticorrupción.

No es culpa de ustedes, es culpa del que filtró los correos de Miguel Blesa. Yo supongo quién fue. Es una enfermedad que tiene nuestro sistema de protección de datos: se filtran documentos confidenciales que están en procedimientos judiciales. Aunque también es la culpa del que escribió black, porque si hay algo que no es black es una tarjeta de crédito. La prueba es que se sabía cuándo y en qué habíamos gastado el dinero. Alguien hizo la gracieta con la filtración y se nos cayó el pelo.

¿Quién cree usted que hizo la filtración? 

No me voy a meter... Tengo pocas ganas de nuevos problemas.

¿Entiende que haya dudas de que al hombre al que se le atribuye el milagro económico español de la era Aznar se le escapara que el gasto de unas tarjetas debería ser fiscalizado por Hacienda?

Las tarjetas estaban declaradas en el Impuesto de Sociedades de Caja Madrid. Bankia también las declara en el año 2012 en su Impuesto de Sociedades. La información de las tarjetas no se ocultó y Hacienda estaba al tanto de su uso. En el caso de mis cargos había una parte de ellos que ponía 'Bar por la noche' y que eran en el extranjero, en ese país era de día, pero por la hora creían que era un bar por la noche. Lo que quiero decir con esto es que era una prueba realmente llena de agujeros. Hay cinco actas del Banco de España donde sale el paquete remunerativo y aparecen las tarjetas. La discusión estaba en si esos pagos, además de ser deducibles del Impuesto de Sociedades, tenían que ser aplicados en las retenciones del IRPF, pero eso nunca se supo porque no hubo investigación. No hay un acta de Hacienda que diga que esos cargos no estaban declarados.

Comprendo que en mi caso, con mi posición, estar metido en un lío así, con razón o sin ella, es lo que me lleva a entrar en la cárcel y por eso salgo a decir lo siento a la gente.

Usted señala en el libro que las tarjetas black podrían ser una chapuza, pero no era en absoluto un sistema de retribución opaco a Hacienda. ¿De verdad cree que le condenaron a cuatro años y medio de cárcel por una chapuza?

Que a mí me condenaron a cuatro años y medio por apropiación indebida es un dato objetivo. También que soy el único de todos los condenados que, habiendo devuelto el dinero, no he tenido atenuante. La jurisprudencia está llena de sentencias por actos similares pero con condenas diferentes, porque depende del criterio del juez. Los órganos judiciales son inevitablemente humanos... Ahora, a mí me duele que habiendo devuelto todo el dinero antes de que empezara la investigación no se me haya aplicado ese atenuante.

¿Cree usted que ha sido un chivo expiatorio?

La foto de mi entrada en la cárcel era el colofón necesario de este escándalo. Si yo no entraba en la cárcel, habida cuenta de la tragedia de Miguel Blesa, aquí no había foto. Estas cosas mediáticas necesitan una foto.

Pero usted trasladó ese sistema de tarjetas opacas de Caja Madrid a Bankia.

Eso fue un grave error. Bankia nos debía un dinero a un grupo de directivos por el bonus del año 2011 y utilizamos las tarjetas para cobrarlo. Ese fue el error, pero estamos hablando de 12.000 o 15.000 euros, no estamos hablando de una locura.

Con el escándalo de las tarjetas black, además de entrar en la cárcel, usted perdió trabajos e incluso le echaron de clases de yoga. ¿Sigue sintiendo esa presión?

No, todo en la vida va con su tiempo. Hay unos años de una presión terrible, pero ha bajado muchísimo. Yo sigo siendo una persona imputada y he sido condenada. Los bancos no te quieren, las agencias de inversión no te quieren, ni siquiera eres un cliente que acepten fácilmente. Acaba de salir una sentencia, que ha ganado una persona que conozco, en la que el Supremo dictamina que los bancos a personas imputadas o condenadas no los pueden echar como clientes. Además, hay un pozo negro reputacional... si sales de determinada manera en Google, olvídate. Creo que esto merecería una revisión.

En el libro explica que durante su etapa de ministro no era partidario de las amnistías fiscales, pero luego se acogió a la que aprobó Cristóbal Montoro como ministro de Hacienda del Gobierno de Mariano Rajoy. ¿No es contradictorio?

Bueno, como político, cuanto tuve responsabilidades como ministro de Economía y Hacienda, siempre he pensado que las amnistías fiscales son complicadas de hacer y políticamente son difíciles de manejar. De hecho, se ha puesto de manifiesto que esta última era una chapuza. Yo vivía en el extranjero y recibí un dinero de mi padre. Quería repatriarlo y con una amnistía fiscal era más fácil. En ese momento no tenía ningún cargo público. Puede parecer bien o mal, pero si me conviene y lo han aprobado, ellos sabrán lo que han hecho. Luego resultó que la norma estaba mal hecha, que era inconstitucional. Se filtraron mis datos. Soy el único del que se sabe que me acogí a la amnistía.

Se han conocido más casos. En elDiario.es hemos publicado los nombres de más personas que se acogieron a esa amnistía fiscal.

Puede ser, lo desconozco. Lo que seguro que no le ha pasado a nadie es que el ministro de Justicia [Rafael Catalá] comente mi caso en la televisión. El Gobierno aprueba una norma y luego... Mire, no voy a poner más ejemplos porque nos vamos a meter en líos.

Sobre la amnistía fiscal que aprueba Montoro como ministro de Hacienda llega a decir en el libro: “Me pareció que ellos [Cristóbal Montoro y Ricardo Martínez Rico] tenían claro que a algunos de los clientes podía venirles bien”, ya que anteriormente Montoro y Martínez Rico tenían un despacho de asesoría fiscal, Estudio Económico. 

Tenían un despacho de asesoría fiscal, no era una ortopedia. Cuando ellos me comentaron que la experiencia de Silvio Berlusconi en Italia había sido muy satisfactoria porque había recaudado mucho dinero, los escuché y pensé que sabían de lo que hablaban porque tenían un despacho de asesoría fiscal...

Pero en el libro parece que lo dice con segundas...

No, no lo digo ni con segundas ni con primeras. ¿Si usted es asesor fiscal y al mismo tiempo piensa que cuando sea ministro va a hacer una amnistía fiscal? Pues no me parece descabellado pensar... La verdad es que yo no lo afirmo, simplemente digo que me pareció que a sus clientes les podría venir bien porque estaban en ese negocio. No sé si alguno de sus clientes se ha acogido a la amnistía fiscal. Sería una bonita pregunta: ¿Alguno de los clientes de Estudio Económico se acogió a la amnistía fiscal? Es una pregunta que le ofrezco gentilmente.

Teniendo en cuenta las tarjetas black y que se benefició de una amnistía fiscal, entiende que haya gente que le vea como una persona poco transparente con el dinero.

Es el motivo por el que pedí perdón. He sido una figura pública privilegiada. España me ha dado unas oportunidades estupendas. He sido vicepresidente ocho años y director gerente del Fondo Monetario Internacional, que son los dos cargos más importantes que he tenido. No tendría que haberme encontrado con el problema de si en mi declaración de la renta del año 2010 se tenía o no en cuenta mi tarjeta. Son errores de juicio que he cometido, lo he reconocido en público y también en el libro.

En el libro dice que se castigó a las cajas porque financiaron todas las viviendas posibles, lo cual no deja de ser paradójico porque una parte del milagro económico de su Gobierno fue una liberalización del suelo que impulsó la burbuja inmobiliaria.

No estoy de acuerdo. Que se aumente la capacidad de producción de un bien no quiere decir que aumenta la venta, porque si fuera así no habría más que producir calcetines sin parar y se venderían todos. No es así. La liberalización del suelo lo que intenta es que haya más suelo para construir. Si se construye o no se construye no depende de la liberalización del suelo sino de la financiación. Además, el Tribunal Constitucional declaró que la liberalización del suelo que aprobamos contravenía las normas autonómicas y la suspendió. Aquí la liberalización del suelo no pasó nunca. En España se produjo un problema de endeudamiento. El stock de deuda en España se dobló en dos años. Aquí se endeudó todo el mundo hasta las cejas con casas, coches, viajes... Todo el país se endeudó de una manera terrible y explotó.

Además de los ciudadanos, lo pagaron las cajas con su desaparición. 

A las cajas se las castigó con un coste excesivo. Las cajas habían financiado el acceso a la vivienda de la clase media española y el acceso a la financiación de las pymes. La financiación a la vivienda, como estamos comprobando en estos momentos, necesita de alguna manera una participación pública. Mientras existieron las cajas era una financiación más sencilla y más barata. Las cajas no tenían accionistas, no tenían que dar dividendos, eran una competencia muy pegada al terreno. Tenían una influencia política que los bancos no tenían.

Algunos bancos tuvieron y siguen teniendo mucha influencia política.

Puede ser, pero que levante el dedo el empresario que no la tiene.

A usted le pidió la dimisión como presidente de Bankia el ministro de Economía Luis de Guindos en una cena en su despacho del Ministerio donde estaban los presidentes del Santander (Emilio Botín), del BBVA (Francisco González) y de La Caixa (Isidre Fainé). Parecía que algo de influencia política tenían.

Fue una cosa que no he visto en la vida. No iba preparado para discutir las provisiones que necesitaba Bankia con la competencia. Me citó el señor De Guindos el domingo de Resurrección del año 2012, un día malísimo para todos. Estábamos cenando, hablamos del mercado, de la marcha de la economía y, de repente, ante mi estupor, Guindos me dice que les cuente cómo está Bankia. Me negué pero él insistió, aguanté el temporal como pude. Acabó la cena y Guindos encargó al presidente del BBVA que negociara conmigo cuáles eran las provisiones que necesitaba Bankia. Claro, no me salió de las narices. El BBVA no era el financiador. Habría que recordar que este banco había sido el heredero del Banco de Crédito Local, tenía a todos los ayuntamientos en la barriga, querría yo ver las cuentas de todo eso. Aquí los pecados los sabemos todos. El gobierno en su conjunto no tenía ninguna decisión tomada. Pero de repente, se tomó, me tuve que ir y se quedaron tan contentos.

E insisto, no había precedentes de una reunión así, ni con el PSOE ni con nosotros, pero... ¿Usted ha visto precedentes de lo que pasó con el Banco de Madrid? ¿Usted ha visto precedentes de lo que pasó en la casa de Luis Bárcenas? ¿Usted ha visto precedentes a lo que ha pasado con el CNI y el señor Zaplana? Era un gobierno muy ligero.

Cuenta en su libro que Mariano Rajoy, en un debate televisivo con el candidato del PSOE Alfredo Pérez Rubalcaba, se negó a la creación del banco malo. Usted lo achaca a la presión del Santander y del BBVA, que en ese momento lo dirigían Emilio Botín y Francisco González. Recuerda que pensó: “Caray, lo que mandan Emilio y Paco”. ¿Realmente quién manda en España es la gran banca?

No lo sé. Ellos no querían un banco malo en España por la penalización de los mercados, como si no supieran cómo estaba la economía española, y porque las dos entidades no lo necesitaban. Defendían sus intereses sin incumplir la ley. Pero el gobierno lo tenía que hacer. El primero que tenía que haber planteado el banco malo fue José Luis Rodríguez Zapatero. Lo defendí como presidente de Caja Madrid y de Bankia. Hoy lo sigo defendiendo, es una necesidad para España. Que en un debate en televisión, un político de las características dialécticas de Mariano Rajoy se mojara tanto en contra del banco malo me sorprendió. Tuvo que venir la UE a obligarnos a hacer un banco malo, pero ya era tarde.

Se sintió traicionado cuando el presidente de La Caixa, Isidre Fainé, se echó atrás en la fusión Caixa-Bankia, que habían acordado inicialmente como cuenta en su libro.

No, eran negociaciones. Habían ido muy bien, aunque había algún problema por el tamaño y también tenía sus implicaciones políticas. Yo no tenía prisa o creía que no tenía prisa. Fainé trató de renegociar una parte. Era a finales de noviembre, lo dejé, y después intervino el Gobierno. El ministro De Guindos quería forzarme a una fusión con La Caixa, sin ayudas. Traté de corroborar con otras partes del Gobierno si era la posición general y me dijeron que no. Esto ocurre en enero y me echan en mayo.

En su libro apunta que Deloitte retrasó su auditoria de las cuentas de Bankia, lo que permitiría que una nueva dirección del banco rehiciera las cuentas. ¿Estaban confabulados para echarle?

Deloitte, como cualquier otro auditor, tiene la obligación legal y contractual de presentar su opinión sobre unas cuentas en una fecha. De manera informal le había dado la opinión al presidente de la Comisión de Auditoría y al interventor general de Bankia, pero se negó a dar su opinión de manera oficial. Presentamos las cuentas, sin la opinión del auditor, a la CNMV y la acción no sufrió. Si Deloitte hubiera emitido su opinión, aunque fuera con salvedades, no se hubieran podido reformular las cuentas. Pero Deloitte avaló posteriormente que la nueva dirección [con José Ignacio Goirigolzarri como presidente] reformulara las cuentas de 2011 por hechos sobrevenidos en 2012, lo que es irregular. Lo dijo la Fiscalía y el Frob en el juicio de Bankia. Hasta que a Deloitte lo imputan en el caso Bankia, sigue trabajando para la nueva dirección de la entidad. Luego los absolverían como a todos. No es lo que yo sospeche, es que la historia es así. No hace falta ser muy listo. 

También dice en el libro que el ministro De Guindos le comentó que Goldman Sachs había hecho unos cálculos sobre las necesidades de capital de Bankia mucho mayores el mismo día que le pidió la dimisión. Posteriormente, José Ignacio Goirigolzarri, ya como presidente de Bankia, explicó que Goldman Sachs había calculado esas necesidades en 19.000 millones. ¿Estaba al tanto o colaboró Goirigolzarri en la operación para desbancarle?

Las necesidades de capital de un banco europeo las fija el regulador. Por cierto, en ese momento el Banco de España tenía 15 personas dentro de Bankia a todas horas. Un banco de inversión americano puede decir lo que le dé la gana, a saber los intereses que tiene. El señor De Guindos utilizó a Goldman Sachs porque no tenía un informe del Banco de España. Una semana después, en una comparecencia de Miguel Ángel Fernández Ordóñez, que era el gobernador del Banco de España, dice en las Cortes que él no ha tenido nada que ver con el caso Bankia y que el Gobierno le ha pedido silencio. Se le exige silencio al regulador ante la mayor intervención bancaria de España y se exhibe a Goldman Sachs, que es un banco de inversión que cobra. Qué quiere que le diga.

Otra cosa que no se ha explicado. En 2017 se coloca un 7% del capital de Bankia por debajo del precio del valor en libros. Es una colocación privada confidencial a inversores institucionales cuando pocas semanas antes, la dirección de Bankia había anunciado que iba a devolver el exceso de capital que tenía.

¿Y qué papel juega el señor Goirigolzarri en todo esto?

Es el señor que acaba siendo presidente de Bankia. He hablado con él dos veces en mi vida. Tengo referencias muy buenas de él como profesional. En 2017 la cuenta de resultados es tan paupérrima que está muy por debajo de sus competidores. Es un hecho que con 25.000 millones de ayudas públicas no consiguió que sus beneficios respondieran a su tamaño, la frase es suya. Con él se nacionalizan las cajas, luego desaparecen y, en 2021, a Bankia la absorbe La Caixa.

Pero entonces, ¿fue necesario el rescate de Bankia?

No. El banco cumplió con todos los requisitos en cuanto a provisiones que se establecieron con los decretos que aprobó el ministro De Guindos. Todo lo que vino detrás fue una decisión política. El desastre de Bankia proviene de una intervención mal organizada, que es donde se produce la caída de la acción y la retirada de depósitos. Hasta ese momento, pese a las opiniones del FMI y a Francisco González, presidente del BBVA, hablando mal de Bankia, la acción se mantenía y no hubo retirada de depósitos. Las crisis bancarias se producen por pérdidas de confianza en el mercado, no por lo que opine Juanito o Pepito, por muy ministro o presidente del BBVA que sea. Cuando un Gobierno echa al presidente de un banco de mala manera, cualquier persona normal se lleva el dinero del banco.

¿Qué hubiera pasado si no me echan? No lo sé. ¿Qué hubiera pasado si me echan con unos plazos y sin escándalos? No querían eso. En el libro lo que digo es que el Gobierno quería una crisis bancaria para poder pedir un rescate porque España no tenía dinero en el invierno-primavera del 2012. Estábamos arruinados. El rescate tipo Grecia era inviable por el tamaño de la economía española. Se optó por un rescate bancario, que después no se utilizó bien.

Usted recuerda en el libro que Manuel Fraga le dijo: “Nunca se debe entrar en algo si no se tiene salida” por la posición de abstención de Alianza Popular en el referéndum de la OTAN. Pero durante todo el libro, da la sensación de en su periplo en Bankia se va metiendo en una telaraña sin salida, ¿en qué pensaba?

Me van cambiando las reglas del juego constantemente. Es una etapa que no dura ni siquiera dos años. En el verano de 2010 acepto dinero público para capitalizar Caja Madrid para la fusión con otras cajas, que son más de las que inicialmente me dicen. Mi horizonte era provisionar mucho y después pasarme varios años digiriendo esa fusión. En febrero del 2011, me cambian las reglas del juego. Tenemos que salir a bolsa. Cogemos 3.000 millones de la salida a Bolsa y más de 6.000 millones de las preferentes. Es un colchón, pero las preferentes hay que negociarlas y no iba a salir barato. Que conste que yo no di ni una preferente, me las encontré. Después, me echaron. Me podría haber ido cuando Bankia salió a Bolsa, pero no lo hice.

El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro le dijo: “Rodrigo, eres una víctima colateral”. ¿En ese momento imaginaba que ser una víctima colateral se iba a traducir en su ingreso en prisión?

En ese momento no imaginé nada porque me quedé anonadado, me lo estaba diciendo nada más y nada menos que el ministro de Hacienda. Dije: pues qué le vamos a hacer, voy al matadero. Y, efectivamente, fui al matadero. Me echaron. Me lo dijeron un domingo por la tarde y por la noche ya me habían echado. No querían que me fuera ni al día siguiente. Entonces, se derrumbó todo. Querían pedir los millones del rescate.

Llega a decir en el libro que el juez Fernando Andreu ignoró en el caso Bankia los informes del Banco de España durante cinco años.

Los pedí, pero no conseguí que los aceptara. Solo aceptó un informe del Banco de España sobre las provisiones de Bankia porque un juzgado de Navalcarnero los pidió. Nos enteramos por la prensa. Entonces no le quedó más narices al señor Andreu que aceptar un informe del Banco de España sobre provisiones, aunque no le hizo ni caso. En los escritos de la causa está que él no pidió un informe al Banco de España sobre Bankia.

¿Esa actuación es legal?

No me pida que califique al juez. Ni que me hubiera vuelto loco.

Leyendo el libro parece que lanza un órdago a todo el sistema, desde al presidente del Gobierno hasta jueces y fiscales pasando por auditores, reguladores, bancos...

Trato de transmitir en el libro que necesitamos tener un sistema con mucha capacidad para protegernos, para regularnos, para que nos portemos bien. Echo en falta que la potestad vaya acompañada de la responsabilidad. Si la Fiscalía Anticorrupción acusa a varias personas de la salida a bolsa de Bankia y pierde, debería pagar las costas. Mientras que en este país la Administración no sea responsable de sus actos, no funcionará bien.

En otro momento del libro, cuando explica cómo le comentaron el suicidio de Miguel Blesa, escribe: “Un sistema que devora y destruye a las personas sin que a ellos les pase nada”. Pero señor Rato, desde el punto de vista de alguien de la calle usted es más sistema que nadie.

Sí, yo fui sistema, y lo intenté dejar mejor que cuando salí. El señor Blesa fue encarcelado, según los jueces, ilegalmente. Pero el juez que lo envió a prisión no fue condenado por detención ilegal, fue condenado por prevaricación, que no tiene consecuencias penitenciarias. El sistema está descompensado. ¿Por qué a la Fiscalía no se la puede condenar en costas? ¿Por qué no se condena en costas a la Agencia Tributaria?

Usted asegura que en 2013 hubo una campaña desde el diario El Mundo contra su persona. ¿Quién cree que puso en marcha esa campaña?

A la dirección del diario El Mundo le pareció que yo vendía muchos periódicos. No lo sé. Fui al juzgado, dije que se estaba filtrando mi sumario secreto, el juez recibió mi denuncia y me contestó que efectivamente era un delito, pero que como no se sabía quién lo había cometido, lo cerraba. En algún momento alguien tendrá que poner orden al tema de las filtraciones.

Explica en el libro que cuando lo trasladaron al módulo 10 de la cárcel de Soto del Real se encontró a Luis Bárcenas, Alberto López Viejo y Guillermo Ortega, condenados por la Gürtel. ¿Es la imagen de una España de abusos que termina en la cárcel?

Faltaban los condenados por los ERES de Andalucía pero tiene usted razón. Yo tengo mi opinión sobre la Gürtel: me sorprende que a una persona acusada y condenada por una comisión urbanística le condenen a 18 años de cárcel y a una persona condenada por desviar 675 millones de euros de dinero público le condenan a siete años. No puedo juzgarlo porque no conozco ninguna de las dos causas en profundidad, pero me llama la atención.

Coincidió también con los presos catalanes independentistas. Me ha llamado la atención que Oriol Junqueras le dio clases de física cuántica. ¿Llegaron a profundizar más en su relación? 

Fui un mal alumno de física cuántica y me abrió los ojos. Es una persona con una gran afición por enseñar, muy simpática y muy capaz. Nunca hablamos de política, como era obvio, ya nos conocíamos todos. ¿Para qué íbamos a hablar de política?

Cuenta en el libro que la meditación se convirtió en una parte fundamental en su vida. Llegó a la cárcel con el mantra: “Este es el mejor momento en el que puedes estar ahora mismo”.

A mí me ayudó mucho. Es un ejercicio sanador, generador de energía y de positividad. Solo podemos estar en el sitio en el que estamos en ese momento, hay que asumirlo y aceptarlo.

En el libro habla de traiciones a Fraga, el dedazo de Aznar con Rajoy, las maniobras de Rajoy, Montoro y Guindos con su presidencia en Bankia, los tejemanejes de las “niñas asesinas” para anular la etapa de Aznar... Deja una visión del PP como un nido de traidores.

No, no. He estado 30 años en el Partido Popular, donde tengo muy buenos amigos con los que he hecho cosas muy buenas, entre ellos José María Aznar. He estado en gobiernos con Aznar y Mariano Rajoy, de los que estoy muy orgulloso. No me arrepiento para nada de haber estado en el Partido Popular, al contrario. Ahora ya no estoy. No tengo grandes quejas de la política, pero la historia es la que es. No puedo contar otra.

Le queda todavía otro juicio. La Audiencia de Madrid lo acusa de delitos fiscales y corrupción por supuestos cobros indebidos de dos agencias de publicidad. ¿Qué expectativas tiene? ¿Está preparado para otra condena a penas de cárcel?

Tengo argumentos de fondo y de forma contundentes y buenas periciales. Estoy seguro de que no volveré a la cárcel.

Además de publicar un libro y promocionarlo, ¿a qué se dedica ahora?

A ser jubilado y a defenderme, que es bastante.

Miércoles 20 de julio de 2011. Un eufórico Rodrigo Rato hacía sonar la campana que daba el pistoletazo de salida a la cotización de Bankia en la Bolsa de Madrid. “Hace más fuerte a la entidad y consolida su liderato”, decía el exministro de José María Aznar tras brindar por el futuro del banco surgido de la unión de siete cajas de ahorros. Dimitió menos de un año después, Bankia necesitó 24.000 millones de rescate de dinero público y la entidad terminó por desaparecer, absorbida por Caixabank.

En los últimos días, el Tribunal Supremo ha sentenciado en firme que tampoco habrá responsables por la vía penal. Una resolución que también supone un aval definitivo al papel que jugaron los supervisores del Banco de España y la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) en un proceso que terminó con una inyección de miles de millones de dinero público que, tal y como reconoció la propia Bankia poco antes de echar el cierre, no hay perspectiva de recuperar para las arcas de todos los españoles.

El caso nació en la Audiencia Nacional un año después del tañido de la campana de Rato después de que la extinta Unión, Progreso y Democracia (UPyD) presentara una querella. Por el banquillo del juzgado pasaron los máximos responsables de la entidad y todos lanzaron el mismo mensaje: pusieron la operación en marcha con el visto bueno de los supervisores bancarios y los folletos que publicitaron la salida a bolsa para captar inversores también tenían luz verde del Banco de España y la CNMV y reflejaban la realidad de sus cuentas.

Durante un breve espacio de tiempo a lo largo del año 2017 el caso Bankia vivió un espejismo cuando la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional obligó al juez Fernando Andreu a imputar a los supervisores de la operación. Tanto del Banco de España, con su entonces gobernador Miguel Ángel Fernández Ordóñéz a la cabeza, como de la CNMV, que entonces presidía Julio Segura. Ambos formaron la lista de investigados.

Pero, tiempo después, esa misma Sala cerró las puertas del banquillo de los acusados al Banco de España y la CNMV con unos argumentos que se han mantenido incólumes hasta la sentencia absolutoria firme conocida hace unos días. Las cuentas supuestamente falseadas, dijeron entonces los jueces, eran una “ficción” en la que “no interviene el Banco de España”. Si había un auditor externo que supervisaba las cuentas, dijo también, “no parece razonable exigir a la CNMV que constatara por sus propios medios que los estados financieros que se presentaban junto al folleto representasen la imagen fiel de la entidad”.

En definitiva, hace ya un lustro los jueces dijeron que no había responsabilidades que exigir a las autoridades que supervisaron la operación más ruinosa de la historia de la banca española. “La ley penal no castiga la ausencia de actividad de la autoridad económica”, afirmaron entonces.

Una década después de la apertura del caso, el Tribunal Supremo ha certificado en firme que no hay reproches penales para Rodrigo Rato y el resto de directivos de la entidad hoy absorbida por Caixabank, y tampoco para la actuación de los organismos que supervisaron todo. “Las normas contables no dejan de resultar, como todas las otras, susceptibles de diversas interpretaciones, sin que la opción por una de ellas, máxime avalada por el Banco de España, pudiera reputarse aquí como en sí misma delictiva”, dice la sentencia del Alto Tribunal.

Unos argumentos exculpatorios que, una vez descartada la responsabilidad penal del Banco de España y la CNMV, han servido también para exonerar a los que sí tomaron directamente las decisiones. Ya dijo la Audiencia Nacional, en una sentencia que sólo recurrieron algunos accionistas minoritarios, que las decisiones sobre la salida a bolsa “fueron resoluciones enteramente contempladas por el Banco de España, que además las aprobó después de calibrar las ventajas y los inconvenientes”.

Todo, dijo la Audiencia, fue “intensamente supervisado con éxito por el Banco de España, la CNMV, el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) y la Autoridad Bancaria Europea (ABE), contando en definitiva con la aprobación de todas las instituciones”. La Fiscalía, después de pedir cárcel para los acusados, renunció a recurrir y sólo lo hicieron dos accionistas minoritarios, víctimas económicas de la debacle de Bankia.

El aval del Banco de España

La absolución generalizada que ahora ha sellado el Tribunal Supremo vino por una doble vía: por entender que las acusaciones atribuían hechos poco concretos a Rodrigo Rato y los otros 33 exdirectivos, pero también por el aval del Banco de España, la CNMV y el resto de supervisores a toda la operativa. Los jueces explican que ese aval no era una carta blanca para delinquir, pero reconocen que sí jugó un papel clave para que el caso terminara sin condenas.

Esta supervisión, dice el Supremo, “no comporta una suerte de sanación de raíz respecto de cualquier irregularidad o falsedad que las cuentas de las supervisadas pudieran contener, pasara o no desapercibida a las supervisoras”. Ni tampoco un “impedimento inamovible” para exigir responsabilidades. Pero, explican los jueces para cerrar el paso a cualquier acusación, “su intervención no resulta irrelevante”.

El papel del Banco de España y el resto de supervisores, cuestionado brevemente durante unos meses de 2017 por los jueces, se ha terminado convirtiendo en el pilar maestro, aunque no el único, de la absolución de los responsables directos de la operación.

El resultado es un punto y final definitivo por la vía ordinaria a exigir cualquier tipo de responsabilidad a los que capitanearon una salida a bolsa que terminó en un rescate público de 24.000 millones de euros, el más voluminoso de una serie de rescates bancarios cuya factura asciende a más de 70.000 millones. El propio presidente del FROB reconoció hace dos años la “escasa” capacidad para recuperar este dinero.

El folleto de la salida a bolsa

En la Justicia, las responsabilidades penales se tramitan por un camino pero, muchas veces, la vertiente exclusivamente económica se ventila por otra: la jurisdicción civil. Y en ese campo el Tribunal Supremo sí ha declarado que el folleto avalado por lo penal no tenía información precisa sobre la realidad económica de Bankia, su salida a bolsa y la oportunidad que suponía comprar acciones.

“Dicho documento contenía información económica y financiera que poco tiempo después se revela gravemente inexacta por la propia reformulación de las cuentas por la entidad emisora y por su patente situación de falta de solvencia”, afirmó la sala de lo civil del Supremo en 2016. Los pequeños inversores, dijo esa sentencia, se embarcaron en la compra de acciones de Bankia sin saber que la entidad, en realidad, estaba “al borde de la insolvencia, con unas pérdidas multimillonarias no confesadas (al contrario, se afirmaba la existencia de beneficios) y que tiene que recurrir a la inyección de una elevadísima cantidad de dinero público para su subsistencia”.

Esto, según la Sala de lo Penal del Supremo, no choca con una absolución por la vía penal. Ese caso estudió la inversión de dos minoristas y los jueces de lo civil fueron explícitos al subrayar que su condena a Bankia no implicaba que sus responsables tuvieran que responder penalmente. Son “órdenes jurisdiccionales diversos”, recuerda ahora la Sala Penal del Supremo, y uno no tiene por qué influir en el otro.

La Sala Civil afirmó que el folleto tenía “graves inexactitudes” que indujeron a error. Pero, por lo penal, la Audiencia Nacional dijo que la información del folleto era “más que suficiente para que los inversores mayoristas y minoristas se formasen un criterio razonado sobre el valor de la compañía que se estaba ofertando”. Y que, por encima de todo, se había elaborado siguiendo requerimientos del Banco de España y bajo la supervisión de la CNMV.

La ruinosa salida a bolsa de Bankia, que desembocó en un rescate bancario de 22.000 millones de dinero público, queda impune por la vía penal. El Tribunal Supremo ha decidido confirmar la sentencia que absolvió a los 34 acusados de perpetrar la operación, entre los que se encuentran el expresidente de la entidad, Rodrigo Rato, y el exministro Ángel Acebes. La Fiscalía Anticorrupción renunció a recurrir la sentencia absolutoria y los jueces del Supremo han estudiado los recursos de la Asociación Española de Accionistas Minoritarios de Empresas Cotizadas (AEMEC) y de Bochner España, las únicas que recurrieron y a las que se adhirieron otras partes.

Los jueces de la sala de lo penal explican que la sentencia absolutoria de sus compañeros de la Audiencia Nacional no consiguió identificar “conducta falsaria ni, en consecuencia, defraudatoria en el proceso de salida a Bolsa” en cuanto a los exdirectivos de la entidad “apta para integrar las figuras típicas que conforman los ilícitos penales invocados por la acusación”. 

La Audiencia Nacional dictó en septiembre de 2020 la sentencia absolutoria que ahora confirma el Tribunal Supremo, más de dos años después. Una sentencia que absolvió a 34 acusados al entender que la operación de salida a bolsa de Bankia salió adelante con información “amplia y certera” en los folletos y con la aprobación de todos los supervisores: el Banco de España, la CNMV, el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) e incluso la Autoridad Bancaria Europea (EBA).

Se trata de un proceso judicial del que también quedaron excluidos tanto la cúpula del Banco de España como también de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

El Tribunal Supremo avala estos argumentos y rechaza, por ejemplo, la responsabilidad del Banco de España. “Las normas contables no dejan de resultar, como todas las otras, susceptibles de diversas interpretaciones, sin que la opción por una de ellas, máxime avalada por el BdE, pudiera reputarse aquí como en sí misma delictiva”, explican en su resolución firme.

Para la Audiencia Nacional todas las decisiones sobre la salida a bolsa “fueron resoluciones enteramente contempladas por el Banco de España, que además las aprobó después de calibrar las ventajas y los inconvenientes” de las mismas. El proceso, además, fue “fue intensamente supervisado con éxito por el Banco de España, la CNMV, el FROB y la EBA, contando en definitiva con la aprobación de todas las instituciones”, dijo la Audiencia Nacional.

El expresidente de Bankia Rodrigo Rato ha salido este viernes, a las 18.00 horas, del centro penitenciario de Soto del Real tras obtener el tercer grado bajo control telemático. “Quiero agradecer a todos los funcionarios de Soto del Real su profesionalidad y su humanidad”, ha dicho a su salida del recinto, y ha deseado “suerte, justicia y libertad” a sus compañeros.

El juez de Vigilancia Penitenciaria de la Audiencia Nacional José Castro autorizó este jueves el progreso al régimen de semilibertad tras conocerse dos días antes la sentencia absolutoria por la salida a Bolsa de Bankia.

Rato entró la cárcel el 25 de octubre de 2018 después de que el Tribunal Supremo confirmara la condena impuesta por la Audiencia Nacional a cuatro años y medio por el caso de las 'tarjetas black' de la extinta Caja Madrid.

Para permitir esta medida, el juez también tuvo en cuenta que Rato ya ha hecho frente a la responsabilidad pecuniaria derivada de su condena a 4 años y medio de cárcel por las 'tarjetas black'.

El juez concluye que en este caso se dan las circunstancias y variables que le hacen merecedor del tercer grado, “debiendo unir a ello su avanzada edad (71 años) que le permitiría, si se dan los requisitos legales, obtener la libertad condicional por esta causa, así como por las enfermedades coronarias que padece”.

El Juzgado de Vigilancia Penitenciaria de la Audiencia Nacional ha concedido este jueves el tercer grado al expresidente de Bankia Rodrigo Rato, que podrá así salir de la cárcel mediante control telemático. Esta decisión abre la puerta a que por su edad y problemas de salud pueda pedir la libertad condicional.

Una vez absuelto de la acusación por la salida a bolsa de Bankia, el magistrado José Luis Castro señala en un auto que la propia Junta de Tratamiento del centro penitenciario de Soto del Real ha propuesto por mayoría la progresión del interno al tercer grado, al entender que está capacitado para seguir cumpliendo su condena en un régimen de semilibertad y se basa en los informes emitidos por los profesiones del equipo técnico del centro penitenciario.

También ha tenido en cuenta el magistrado que Rato ya ha hecho frente a la responsabilidad pecuniaria derivada de su condena a 4 años y medio de cárcel por las 'tarjetas black'.

El juez concluye que en este caso se dan las circunstancias y variables que le hacen merecedor del tercer grado, “debiendo unir a ello su avanzada edad (71 años) que le permitiría, si se dan los requisitos legales, obtener la libertad condicional por esta causa, así como por las enfermedades coronarias que padece”.

La Audiencia Nacional ha absuelto esta semana a la antigua cúpula de Bankia que capitaneó la salida a Bolsa del banco en una desastrosa operación que concluyó con el mayor rescate financiero. La causa judicial se ha prolongado durante más de ocho años, sin esclarecer cuáles fueron las responsabilidades de que se llegara a aquella situación. La acusación popular estaba encabezada por el abogado y exdiputado de UPyD Andrés Herzog, que impulsó desde un comienzo la querella por presunto fraude en la operación y que representaba a la Confederación Intersindical de Crédito.

Gonzalo Postigo es el presidente de este sindicato de banca y se muestra crítico con la ausencia de los supervisores en la causa para haber podido tener un juicio “completo” sobre qué ocurrió para que un banco acabara saliendo a Bolsa, pese a las dudas sobre su viabilidad que emitieron los peritos del Banco de España.

Ya ha pasado un día desde que se conoció la sentencia del caso Bankia con la absolución de los 34 resultados, ¿Cómo la valora?

La valoración que podemos hacer es que la acatamos pero no la compartimos de ninguna de las maneras. Entendemos que la sentencia hace un reproche a la Fiscalía y a las acusaciones de una manera bastante vil y esto en una sentencia no debería estar. Se pueden decir las mismas cosas de una forma bastante diferente.

¿Considera entonces que este caso tendrá recorrido con recursos en el Tribunal Supremo?

El Tribunal Supremo ya ha dictado varias sentencias en el ámbito civil en las concluía que el folleto de la salida a Bolsa contenía inexactitudes y errores graves en la información que aportaba. Ahora, en la sentencia conocida esta semana se especifica que el folleto contenía información suficiente tanto para mayoristas como para minoristas. Esto es inconcebible, que la Audiencia Nacional enmiende al Tribunal Supremo. Para poder hacer el recurso hay motivos suficientes. Otra cuestión es que nosotros nos planteemos recurrir. Lo estamos analizando pero en este momento no lo vamos a hacer porque necesitamos más recursos económicos que no tenemos en este momento.

Con la sentencia del caso Bankia la Audiencia Nacional enmienda al Tribunal Supremo. Es inconcebible

¿Entiende por tanto que hay una contradicción entre lo que en su día dijo el Tribunal Supremo y lo que ahora concluye la Audiencia Nacional?

Nos ha sorprendido que haya sido así. También que aluda y argumente a través de los informes de parte, que todos sabemos que son pagados, y desprecie los informes de los peritos judiciales que eran a su vez inspectores del banco de España. Es una contradicción desde el punto de vista del rigor técnico bastante grande y grave.

¿Se ha valorado bien el papel de los gestores del banco en el proceso que concluyó con la salida a Bolsa?

La sentencia en sí ya hemos dicho que no la compartimos y prefiero no entrar a personalizar esto. Sí la analizo en su conjunto. Los informes de los peritos judiciales, que eran inspectores del Banco de España, decían que las cuentas fueron falseadas. Los informes están ahí, figuran en la causa. Bankia salió a Bolsa con unas cuentas falsas, esto lo dicen esos informes de los peritos. Si quiere uno ser mínimamente riguroso debe centrarse en los trabajos técnicos que hay ahí.

¿Cómo cree que percibe la gente una sentencia absolutoria en este caso?

Para la gente común había que fiscalizar y judicializar. Tenía que haber estado en el banquillo el Banco de España para tener un juicio completo. Es un juicio parcial. Se imputó primero a los directivos, y, tras muchos esfuerzos, también a Deloitte, la auditora. Finalmente se imputó a la cúpula del Banco de España y a la CNMV. Tuvo que ser la sala de la Audiencia Nacional quien les imputara porque el tribunal era reacio. Cuando posteriormente los sacaron de la imputación, hubo un voto particular de la magistrada Clara Bayarri, que decía que “la jefatura del Banco de España tuvo noticias directas y fehacientes de la inviabilidad del grupo y de la inidoneidad de la salida a Bolsa en la modalidad del doble banco. Consta indiciariamente acreditado a través de la testifical del jefe de inspección del banco de España”. Esto lo dijo la magistrada. La gente debe comprender que faltaba esta imputación para tener un juicio completo para haberlo visto todo.

¿Faltaban entonces los supervisores en el banquillo?

Claro, lo intentamos y estuvieron, pero al final los sacaron. Ahora, ha dado pie a que se genere esta sentencia. La Audiencia Nacional ha dicho que ellos, que no han estado en el banquillo, dieron el visto bueno a todo. Entiendo que sin ellos queda incompleta la sentencia, tenían que haber estado. Me remito de nuevo a los informes de los peritos judiciales. No tiene  nada que ver la realidad jurídica que se ha presentado en la sentencia con lo que técnicamente dicen los informes.

Una de las declaraciones esperadas en el juicio fue la de José Antonio Casaus, el inspector del Banco de España que seguía a Bankia y que alertó en unos correos de la inviabilidad de la entidad antes de su salida a Bolsa. Sin embargo, la sentencia resta credibilidad a su declaración, ¿cree que se ha perdido con ello una prueba importante para su acusación?

Me remito de nuevo a ese voto particular de la jueza Bayarri, allí se explica todo bien explicado. “La jefatura del banco de España tuvo noticias directas y fehacientes”. Es lapidario. 

¿Cómo ha sido el recorrido que como acusación han tenido que hacer en todo este proceso?

Han sido ocho años en los cuales hemos tenido que recurrir a dos crowdfundings. En el segundo no lo conseguimos y tenemos que dar las gracias al oxígeno que el Bufete Rosales nos trasladó para poder terminarla. Ha sido una labor titánica. Incluso hubo reproches a nuestro abogado y por consiguiente a nosotros también por los intentos de solicitud de imputación de Deloitte y de la jefatura del BdE y la CNMV. Pero tenían que estar. Para CIC, el Banco de España fue clave para el consentimiento de la ‘estafa’ a los inversores. Sabía, como dijo la magistrada, de la inviabilidad del proyecto y lo consintió.

El Banco de España fue clave para el consentimiento de la ‘estafa’ a los inversores. Sabía, como dijo la magistrada, de la inviabilidad del proyecto y lo consintió

¿A qué achaca que finalmente no estuvieran el Banco de España y la CNMV en el banquillo del caso Bankia?

La sala lo decidió así por mayoría, se autoenmendó. Hubo un cambio de jueces y ese voto se cambió. Yo no puedo ir más allá pero puedo imaginarme cosas.

Ustedes acabaron alineados con la Fiscalía, que cambió su acusación final añadiendo más acusados y nuevos delitos que en un principio no había incluido. Ahora, la sentencia es muy crítica con la acusación del caso Bankia y les echa en cara la ausencia de hechos concretos vinculados a los acusados. ¿Qué valoración hace de estas afirmaciones?

Ya le digo que no compartimos la sentencia. Debería leerse el escrito de la fiscal de nuevo. Nosotros al final nos adherimos al escrito de la fiscal porque fue extenso, minucioso y laborioso. Fue una sorpresa agradable para nosotros el cambio de actitud de la Fiscalía. Antes el fiscal fue Alejandro Luzón, pero eran otras circunstancias, porque hizo una exposición brillante con las tarjetas black pero después no hizo una acusación como debería haberlo hecho con la salida a Bolsa de Bankia. Fue muy floja, acusó solo a cuatro personas. Con el cambio de fiscal, cuando ascienden a Luzón a jefe de la Fiscalía Anticorrupción, a Carmen Launa, hay que felicitar el trabajo que hizo esta señora.

Bankia era un paradigma de la economía del pelotazo y del capitalismo de amiguetes

Ustedes ya participaron en la acusación de las Tarjetas Black y entonces se analizó la gestión del banco pero ahora en esta sentencia no se ha hecho. ¿Considera el caso Bankia un paradigma de lo que fue la crisis financiera?

Bankia era un paradigma, pero de la economía del pelotazo y del capitalismo de amiguetes. Toda la gestión que había en el banco estaba reflejada en los informes de los peritos y no eran nada ambles con la gestión que se hacía. Tampoco se cita en la sentencia el informe de la Intervención general de la Administración del Estado que hace un reproche bastante serio al Banco de España y a la gestión de las cajas anteriores a Bankia. Habría que analizarlo todo esto.

Para concluir, le pido un comentario personal, ¿cree que la sentencia es una oportunidad perdida para esclarecer qué salió mal en la crisis financiera?

Sí. Es una oportunidad perdida porque en la instrucción de la causa está todo lo que ocurrió, con unos informes técnicos que se ajustan a la realidad. Es una pena. Como ciudadano y trabajador del sector me preocupa la jefatura del Banco de España. Los partidos deberían plantearse cuál ha sido el papel del supervisor, que ya fue fiscalizado en una comisión parlamentaria. Se lo deberían replantear porque el Banco de España permitió esta situación y la directiva es culpable de todo lo que está ocurriendo. Tienen técnicos encomiables pero la dirección está destrozando el prestigio del Banco de España. Se ha ido al garete. Tenía un prestigio mundial. Para cualquier español la reputación del Banco de España ha quedado a la altura de un chiringuito.

Pongamos que 34 ladrones entran a pleno día en una oficina bancaria para dar el gran golpe. ¿Recuerdan aquella película, Le llaman Bodhi, donde los atracadores se disfrazan con caretas de ex presidentes norteamericanos? Pues los asaltantes de nuestra historia llevan caretas de ex ministros y ex representantes políticos cuando entran en la sucursal y revientan la caja fuerte a golpe de palanca. Llenan varios sacos con millones y salen corriendo mientras suena la alarma, sin que empleados y clientes puedan impedirlo.

Pero los acaban atrapando, gracias a varios ciudadanos que los zancadillean y los sujetan hasta que llega la policía. El día del juicio, la banda de atracadores dice en su defensa que el atraco fue autorizado nada menos que por el Banco de España y las autoridades financieras, que hicieron la vista gorda. Aún más: aseguran que esas mismas autoridades les animaron a dar el golpe, y hasta colaboraron distrayendo a empleados y clientes mientras cometían el robo.

El atraco está ahí, se ha cometido, es indudable pues han desaparecido varios miles de millones, hay testigos y ha quedado todo registrado por las cámaras de seguridad. Pero los atracadores son absueltos. Hay atraco, pero no hay atracadores. Según los jueces, el robo fue respaldado, aprobado e “intensamente supervisado con éxito por las autoridades económicas y financieras”. Además, los atracadores repartieron a empleados y clientes un folleto donde más o menos se podía entender entre líneas que aquello era un atraco, sin que nadie opusiese resistencia. Es más: el cabecilla tocó una campana para avisar de su acción.

No, ya sé que Rodrigo Rato y los otros 33 absueltos del caso Bankia no atracaron ningún banco, ni reventaron la caja fuerte con una palanca. Hicieron algo mejor, algo más sofisticado y por tanto más impune: fundaron un banco. Y luego lo sacaron a Bolsa. Es decir, siguieron al pie de la letra el famoso lamento de Mackie Cuchillo en La opera de cuatro cuartos de Brecht: “¿Qué es una ganzúa comparada con un título cambiario? ¿Qué es un palanquetazo a un banco comparado con la fundación de un banco?”

La sentencia del caso Bankia, que absuelve a los estafadores quedando demostrada la estafa, está a la altura de la corta e intensa historia del calamitoso banco que surgió del proceso de fusiones bancarias hace una década. Bankia ha sido grande en todo: la mayor operación político-financiera, el mayor pinchazo bursátil, el mayor engaño contable, la mayor estafa a los accionistas y a los ciudadanos, el mayor hundimiento de una entidad financiera, el mayor rescate bancario, la mayor sombra corrupta –pues Bankia aparece directa o colateralmente en decenas de sumarios de corrupción política, económica o financiera–, el mayor juicio a todo un consejo de administración, el mayor dinero perdido para el contribuyente, y ahora por fin uno de los mayores escándalos judiciales recientes: hay atraco, hay atracados, pero los atracadores y sus compinches que los supervisaron y autorizaron quedan impunes.

Como diría Mackie Cuchillo: “es el mercado, amigo. Es la justicia, amigo”.

Terminó el juicio del caso Bankia con todos sus protagonistas absueltos. La causa juzgaba las responsabilidades sobre la fallida salida a Bolsa de entidad surgida tras la fusión de Caja Madrid, Bancaja, y otras pequeñas cajas de ahorros. El juicio oral comenzó en 2018 en la Audiencia Nacional, pero la investigación se remonta a 2012, meses después de su rescate.

Se preveía un juicio largo pero no que se tardaran ocho años para una sentencia. Además de los 34 acusados, entre ellos el que fuera entonces presidente de la entidad financiera Rodrigo Rato, tuvieron que declarar numerosos testigos ilustres como Luis de Guindos, Miguel Ángel Fernández Ordoñez o Christine Lagarde.

Justo cuando se ha iniciado el proceso de absorción de Bankia por CaixaBank, que da la puntilla a la posibilidad de recuperar los 24.000 millones de euros que se utilizaron para rescatar a la entidad, los acusados han sido absueltos. Estor fueron los protagonistas de una farsa que arruinó a miles de personas:

El consejo de administración de Bankia:

Rodrigo Rato: El que fuera ministro de Economía y director gerente del FMI se convirtió en presidente de Caja Madrid y, posteriormente, de Bankia, cuando sucedió a Miguel Blesa. Era el principal encausado. Fiscalía y Abogacía pedían cinco años de cárcel para él por estafa de inversores. Las peticiones llegaron hasta los 12 años en el caso de las acusaciones populares, que añaden los delitos de falseamiento de cuentas y administración desleal.

José Luis Olivas: Expresidente de Bancaja, ocupó tras la fusión la vicepresidencia del consejo tanto en BFA como, posteriormente, en Bankia. Se le acusó de conocer perfectamente la situación crítica de la entidad de realizar operaciones al frente de Bancaja con “falta de racionalidad económica”. La Fiscalía y la Abogacía solicitaron 4 años de cárcel y la acusación popular, 12 años.

Francisco Verdú: Consejero delegado de Bankia, su nombre se hizo conocido dentro del caso de las tarjetas black por ser el único consejero de la entidad que rehusó utilizar las tarjetas opacas. Las peticiones de cárcel iban desde los 2 años y siete meses a 12 años.

José Manuel Ferández Norniella: Miembro del consejo durante el proceso de la salida a Bolsa y exdirectivo de Caja Madrid. Para él, la petición de condena por parte de la Fiscalía y la Abogacía del Estado fue de tres años y de la acusación popular de 12 años.

El resto los presentes en el banquillo de los acusados estaban por parte de la acusación popular, pero no por la Fiscalía y la Abogacía del Estado, cuyos escritos se limitaban a los cuatro directivos anteriormente citados. En todos estos casos, se enfrentaban a acusaciones como falseamiento de cuentas, administración desleal y estafa a inversores, con peticiones de penas que alcanzaban los 12 años

Arturo Fernández: El que fuera directivo de la patronal madrileña CEIM afrontaba su segundo juicio sobre su paso por el consejo de Caja Madrid y Bankia. Ya fue condenado a seis meses meno un día de prisión por gastar más de 37.000 euros con esta tarjeta.

Alberto Ibáñez: Antiguo directivo de Citigroup para España y Portugal y desarrolló parte de su vida profesional en la banca de inversión Salomon Brothers, así como otros cargos en Colonial, asesor de KPMG o Banco Ibérico.

Javier López Madrid: El conocido como compi yogui de los Reyes es yerno del empresario y exministro Juan Miguel Villar Mir. Fue condenado por el caso de las tarjetas black a 6 meses menos un día de cárcel. Además de la salida a Bolsa de Bankia también tendrá que afrontar el juicio de la púnica.

Araceli Mora: Catedrática de Economía Financiera, Mora fue vocal del consejo de Bankia y ha ocupado distintos cargos de asesora en materia de normativa financiera y contable como en el European Accounting Association o en el Colegio de Economistas.

José Antonio Moral Santín: Fue dirigente de Izquierda Unida en Madrid y presidente de Telemadrid durante los años noventa. Fue condenado a cuatro años de prisión por el caso de las black.

José Manuel Serra Peris: Fue secretario de Estado de Industria con el Gobierno de José María Aznar. Se le consideró posteriormente persona de la confianza de Olivas. Está imputado en el caso Lezo, por su paso como vicepresidente y consejero del Canal de Isabel II.

Antonio Tirado Jimenez: Alcalde de Castellón entre 1979 y 1987. Posteriormente ocupó distintos cargos en Caja Castellón o Bancaja.

El Consejo de administración de BFA

Ángel Acebes Paniagua: Uno de los rostros más conocidos en el juicio. Se trata del exsecretario general del PP y ministro de Administraciones Públicas, Justicia e Interior durante los gobiernos de Aznar. En la actualidad es consejero de Iberdrola.

Francisco Baquero: Consejero de Caja Madrid a propuesta de CCOO, sindicato al que estaba afiliado. Baquero, condenado a más de 3 años de cárcel por las black.

Pedro Bedia: Otro representante de CCOO en la antigua caja madrileña. También fue condenado por las tarjetas black a 8 meses de prisión.

Rafael Ferrando: Vocal en el consejo de BFA, Ferrando era uno de los llegados desde Bancaja al grupo bancario en su creación.

José Rafael García Fuster: Otro político del PP en el consejo de BFA. Fue diputado en las Cortes Valencianas, concejal en Valencia y senador a finales de los años noventa, posteriormente entró en Bancaja.

Jorge Gómez Moreno: Fue diputado socialista en la Asamblea de Madrid. Gómez Moreno fue condenado a 3 años y 2 meses de condena por el caso de las black.

Agustín González González: Político del Partido Popular, partido con el que fue alcalde del Barco de Ávila y presidente de la diputación. Posteriormente llegó a ser presidente de Caja Ávila, entidad que pasó a ser parte de BFA.

Jesús Pedroche Nieto: Realizó su carrera política en el PP y llegó a ser presidente de la Asamblea madrileña, consejero de presidencia con Alberto Ruiz Gallardón y concejal en la capital. Miembro del Opus Dei, fue condenado a 10 meses de prisión por el caso de las black.

Remigio Pellicer Segarra: Miembro del consejo de Bancaja a propuesta del PSPV. Es un empresario que ha centrado su carrera en el mundo del mueble.

José María de la Riva Ámez: Condenado a tres años de prisión por el caso de las black. Histórico directivo del PSOE en la política local madrileña.

Estanislao Rodríguez-Ponga: Otro de los antiguos directivos de Caja Madrid que fue condenado a tres años y dos meses de cárcel por las tarjetas black. Inspector de Hacienda en excedencia, estuvo vinculado a empresas ligadas a El Corte Inglés y a los consejos de compañías como Testa.

Mercedes Rojo-Izquierdo: Fue secretaria de Esperanza Aguirre y terminó como consejera de Caja Madrid. Condenada a 10 meses de prisión por las black.

Ricardo Romero de Tejada: Condenado a un año menos un día de prisión por el caso de las black. Fue alcalde de Majadahonda y secretario general del PP de Madrid.

Juan Manuel Suárez: Fue presidente de la Cruz Roja en España durante más de 20 años, hasta el año 2015. Fue presidente de la Caja Insular de Canarias, entidad que se incorporó a BFA. Aseguró que no tenía conocimientos suficientes de banca para dirigir una entidad.

Ángel Villanueva: Ocupó distintos cargos directivos en Bancaja.

Directivos

Estaban acusados por las acusaciones populares a hasta 12 años de cárcel por delito de falseamiento contable y de estafa de inversores en concepto de cooperadores necesarios.

Sergio Durá: Fue interventor general de Bankia, a la que llegó después de la salida a Bolsa de la entidad.

Miguel Ángel Soria Navarro: Fue directivo en el área de auditoría interna de Bankia.

Ildefonso Sánchez Barcoj: Fue el directivo de Bankia que más gastó con las tarjetas opacas de Bankia: 484.100 euros, pero fue condenado a un año menos un día de cárcel porque devolvió el dinero. Era el director financiero de la entidad.

Auditor

Deloitte

Francisco Celma: Al igual que los directivos de Bankia, este auditor de Deloitte se enfrentaba hasta a 12 años de cárcel por delitos de falseamiento contable y estafa de inversores en concepto de cooperador necesario.

Personas jurídicas

Tanto Bankia como BFA estaban acusadas de estafa de inversores.

La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha acordado absolver a los 34 acusados en el juicio por la salida a Bolsa de Bankia, entre ellos el expresidente de la entidad y del FMI, Rodrigo Rato, por delitos de estafa a los inversores y falsedad contable.  

La sentencia destaca que la salida a Bolsa contó con la aprobación de todos los supervisores -Banco de España, CNMV, FROB y EBA-, que el folleto contenía una “amplia y certera” información financiera y no financiera y destaca que en el juicio solo se expusieron actitudes genéricas de los acusados y no actos concretos.  

La operación de salida a Bolsa de Bankia concluyó en el mayor rescate financiero de la historia de España y se inyectaron en la entidad más de 22.000 millones de dinero público para salvar al banco, procedente de la fusión de siete cajas de ahorros, entre ellas Caja Madrid. La entidad recibe esta sentencia mientras se encuentra inmersa en su fusión con CaixaBank para crear la mayor entidad financiera del país.

La Audiencia Nacional destaca que la salida a Bolsa contó con la aprobación de todas las instituciones  “tanto la decisión de salir a Bolsa como la determinación de hacerlo con la estructura de doble banco fueron resoluciones enteramente contempladas por el Banco de España, que además las aprobó después de calibrar las ventajas y los inconvenientes que dichas decisiones conllevaban”, para luego determinar que “lo que resulta evidente a todas luces es que el proceso que culminó con la salida a Bolsa de BANKIA fue intensamente supervisado con éxito por el Banco de España, la CNMV, el FROB y la EBA, contando en definitiva con la aprobación de todas las Instituciones.”

En relación al folleto de la salida a Bolsa, se afirma que el mismo contenía una amplia  y certera información financiera y no financiera indicándose al respecto: “en definitiva, la información financiera incluida en el Folleto era más que suficiente para que los inversores mayoristas y minoristas se formasen un criterio razonado sobre el valor de la compañía que se estaba ofertando, una información que había sido elaborada con la supervisión y obedeciendo a los requerimientos del Banco de España, siendo luego refrendada por la CNMV al registrar el Folleto”. 

La Sala recuerda que el Fiscal, en sus conclusiones provisionales manifestaba que la información económica y financiera que Bankia suministró al mercado con ocasión de la salida a Bolsa “no puede calificarse materialmente de falsa en la medida de que no vulneraba la normativa entonces vigente y cumplieron las exigencias del regulador, que llegó a autorizar expresamente algunas decisiones contables” aunque “no contribuyeron a que la imagen fiel de la entidad luciera adecuadamente”.

Respecto a la información no financiera suscrita en el folleto, la sentencia indica que “se describen hasta 36 riesgos a la inversión en acciones de Bankia que eran destacados en el primer punto del resumen de su contenido”. Añade que “la descripción de los riesgos exhaustiva y clara contiene también una advertencia que cualquiera entendería”.

La Sala especifica que estos riesgos no eran los únicos a los que el emisor podría hacer frente en el futuro: “podría darse el caso de que futuros riesgos, actualmente desconocidos o no considerados como relevantes, pudieran tener un efecto en el negocio, los resultados o la situación financiera, económica o patrimonial del Emisor o en el precio de cotización de sus acciones. Asimismo, debe tenerse en cuenta que dichos riesgos podrían tener un efecto adverso en el precio de las acciones del Emisor, lo que podría llevar a una pérdida parcial o total de la inversión realizada debido a diversos factores, incluyendo los riesgos a los que se encuentra sujeto el Banco que se describen en el presente apartado y en otros del Documento de Registro”.

Contó con el visto bueno de los reguladores

La sentencia sostiene la bondad del folleto y refiriéndose a Bankia, manifiesta la “parece difícil concebir que cualquier entidad bancaria, después de contar con el beneplácito del Banco de España, de la CNMV, del FROB y de la EBA sobre la idoneidad de su salida a Bolsa y la adecuación del Folleto informativo a la realidad, recele de todos estos pareceres y proclame la necesidad de adoptar prevenciones ante compañías publicitarias que, como en el caso de BANKIA, resalten la potencia de la entidad, referenciando el elevado número de empleados, de oficinas de cajeros, y su elevada cifra de activos totales, datos que eran ciertos.”

La sentencia se apoya repetidamente en el papel que jugaron los supervisores desde la creación del nuevo banco con la fusión de las cajas de ahorros, donde destacaban Caja Madrid y Bancaja. La integración, apunta la sentencia, “estuvo impulsada por las autoridades económicas y monetarias, en el marco de un proceso intensamente supervisado por el Banco de España, que avaló sin cortapisas su viabilidad, conociendo a la perfección la situación de las Cajas por las inspecciones e informes de los que fueron objeto”. 

Respecto a otro de los puntos calientes del juicio, la fiabilidad de las cuentas de 2011 que tuvieron que ser corregidas y acabaron presentando unas pérdidas millonarias para la entidad, se manifiesta en la sentencia que ya el Fiscal, en las conclusiones provisionales mantenía en dichas cuentas, “no podían considerarse como tales, en sentido estricto, precisando que solo lo eran aquellas que, tras su formulación en el plazo máximo de tres meses contados a partir del cierre del ejercicio social han sido revisadas y verificadas por el Auditor de cuentas y aprobadas por la Junta General, de tal manera que solo después, cuando se depositan en el Registro Mercantil dentro del mes siguiente a su aprobación, las cuentas son públicas”. Por ello las que son objeto de este procedimiento, “ni fueron objeto de auditoría ni se aprobaron por las Juntas Generales de BFA y de BANKIA. Por lo tanto, jurídicamente no llegaron a ser ”cuentas anuales“ y no pueden constituir el objeto material del delito de falsedad por carecer de potencialidad lesiva, habida cuenta que no estuvieron a disposición de los usuarios de la contabilidad (accionistas, acreedores, inversores…), esto es, nunca entraron en el tráfico jurídico mercantil.”

A lo largo de su sentencia los jueces resaltan en varios apartados la ausencia de actos concretos atribuidos a los acusados. Según el tribunal, esa falta de  menciones concretas a las personas que se sentaban en el banquillo fue nota predominante durante el juicio y así se establece en la sentencia: “resulta también destacable la ausencia de menciones especificas a las personas acusadas, que se sentaron en el banquillo destinado para ellos, por parte de los numerosos testigos que, después de haber prestado exhaustivas declaraciones en fase de instrucción, lo volvieran a hacer en juicio, y también por parte de los peritos, o de referencias documentales etc. de contenido incriminatorio. En el acto del plenario nadie los nombró, ni para bien ni para mal, de manera que la mayoría de las personas acusadas, cayeron en el olvido en el transcurso del Juicio Oral, solo recordadas sus identidades por el Ministerio Público en el trámite de conclusiones definitivas para dirigir ahora su acusación contra los que antes acusó y, además, contra los que no acusó, miembros de  las Comisiones de Auditoría y Cumplimiento de BFA y BANKIA sin que sepamos a ciencia cierta en base a qué obedeció tal cambio de postura ostentada por la Acusación Pública”.

Rodrigo Rato, José Luis Olivas, José Manuel Fernández Norniella, Ildefonso Sánchez Barcoj y Francisco Celma estaban acusados por los delitos de falsedad contable y estafa a inversores, pero según la sentencia “los hechos concretos y suficientemente acreditados (...) brillan por su ausencia”. Respecto a los miembros del consejo de administración, donde se encontraba el exministro Ángel Acebes, la sala concluye que “no se detalla ni un solo dato que puedan conducirnos a albergar siquiera la mera creencia fundada de que estos acusados hicieron dejación de sus funciones”.

La acusación particular en este caso estaba ejercida por el FROB, propietario actualmente del 60% de la entidad y responsable del rescate financiero que se hizo sobre el grupo, a través de la Abogacía del Estado. Por su parte, como acusaciones populares se encontraban la Confederación Intersindical de Crédito, cuyo abogado era el exdiputado de UPyD Andrés Herzog; la Confederación General del Trabajo (CGT), o la asociación de consumidores Adicae, entre otros.

La sentencia es especialmente crítica con la actitud de la Fiscalía durante el juicio oral. El Ministerio Fiscal había presentado un escrito de acusación previo al juicio en el que señalaba únicamente a cuatro de los acusados, entre ellos Rato. Sin embargo, al terminar el juicio oral, presentó un nuevo escrito en el que ampliaba la petición de condenas para esos cuatro acusados y señalaba a otra decena. La sentencia señala que “llaman poderosamente la atención” las diferencias entre un escrito y otro, y critica la argumentación llevada a cabo por la Fiscalía en su segunda acusación. “En suma, en la muy novedosa acusación del Ministerio Público mantenida en sus conclusiones finales, que tanto se apartó de las formuladas provisionalmente, lo que también resultó llamativo para este Tribunal es que tan radical cambio no se fundamentó en actividad probatoria alguna practicada en el plenario, complementaria o distinta de la llevada a efecto en el transcurso de los cinco años que duró la instrucción de la causa”, apunta la sentencia.

El portavoz de Más País en el Congreso de los Diputados, Íñigo Errejón, ha anunciado este martes que después de meses trabajando con la organización 15MpaRato y en respuesta a la decisión de la Audiencia Nacional su grupo va a registrar esta semana “un paquete de reformas contra los abusos de la banca” que busca “proteger a pequeños ahorradores de los productos tóxicos” y “reformar los organismos reguladores”. “Se tiene que acabar la impunidad de los consejeros”, ha añadido Errejón, que ha mostrado su “preocupación y pesimismo” por la autorización de la fusión de Caixabank y Bankia por parte del Estado. “Estamos dando pasos atrás”, ha asegurado en rueda de prensa en el Congreso, según informa Iñigo Aduriz.

La defensa de Bankia en el juicio sobre la salida a Bolsa busca hacer una limpia en las 26 acusaciones particulares que están presentes en la causa. El abogado, Joaquín Burkhalter, ha asegurado que existe una “reinante confusión” entre las acusaciónes y ha solicitado a la sala que dirima quiénes están realmente “legitimados” a participar en las acusaciones.

En concreto, Burkhalter ha solicitado a las partes que presenten la justificación de los requisitos para participar: haber comprado acciones durante la salida a Bolsa y no haber acudido a la solución extrajudicial de recompra de acciones por parte de Bankia. En este sentido, ha cifrado que únicamente 205 personas físicas y jurídicas se encuentran en esta situación.

El letrado ha llegado a asegurar que “ante la situación de indefinición” pretende “ayudar a la sala” a deshacer la “reinante confusión”. Para ello, requiere a las partes que presenten justificante de compra de las acciones y los poderes que tienen los distintos abogados para estar presentes.

Bankia se encuentra imputada como persona jurídica en la causa debido a las acusaciones vertidas por la acusación particular y la popular. Tanto la Fiscalía como la Abogacía del Estado dejaron fuera tanto a BFA como a Bankia de la causa. La compañía ha asegurado que a aquellos que están legitimados les vuelve a ofrecer el pago de la indemnización a cuenta de la fianza de 12 millones presentada por la entidad en el presente juicio. “No alcanza los 2 millones de euros”, asegura.

El abogado de Bankia ha solicitado que quienes no cumplan con los requisitos sean “expulsados” de la causa. En concreto, ha criticado el caso de Adicae. Según el letrado la asociación dice representar a 1.400 personas para quien pide 800 millones de euros de indemnización. Sin embargo, defiende que “30 personas estarían legitimadas”. “Resulta imprescindible que se aclare a quién representan”, ha subrayado.

Además, el letrado ha asegurado que se produce un proceso de “indefensión” y de “vulneración de derechos” por la forma en que se han desarrollado los escritos de acusación. Al igual que han hecho otras defensas durante las dos primeras jornadas del juicio en la Audiencia Nacional, Bankia ha criticado que no se concretan las causas para estar acusados en el proceso.

En línea con otros abogados, Bankia busca de este modo reducir las acusaciones presentes en el caso al asegurar que existe “confusión sobre la legitimación” de algunas de estas partes. Para ello, se está abogando en repetidas ocasiones por solicitar la aplicación de la doctrina Botín. El anuncio de la Fiscalía en la primera jornada de que se reservaba el derecho a aumentar la acusación incluyendo falsedad de cuentas a la estafa a inversores, puede complicar esta vía.

También ha participado el abogado defensor de BFA, la matriz de Bankia. El letrado ha asegurado que “hay nulidad del auto de acusación” y ha solicitado que se está produciendo una “vulneración de derechos”. “Si no se me atribuye un hecho concreto no puedo defenderme”, ha añadido criticando la supuesta inconcreción de las acusaciones particulares y populares. Además, ha defendido que la contabilidad de la sociedad cumplía con las exigencias de la ley, “según ha señalado la Fiscalía”.

En la segunda jornada también ha participado la defensa del único directivo de Bankia imputado, Sergio Durá, quien ha criticado que en la mayoría de los escritos de acusación “ni siquiera se le cita”. “El escrito debe dejar claro los delitos y la documentación que así lo prueben”, defiende. Durá es el interventor general de Bankia, entró tras la salida a Bolsa y se encargó de las cuentas de 2011 y su posterior reformulación.

La Fiscalía Anticorrupción ha llegado al juicio del caso Bankia con el primer contraataque preparado. A la estrategia con la que algunas defensas abrieron la vista, pedir que dejen el banquillo sus representados en aplicación de la doctrina Botín, la fiscala Carmen Launa sorprendió con el anuncio de que no descarta ampliar su acusación al final del juicio contra todos los procesados, lo que haría imposible la aplicación de la jurisprudencia citada, a la que dio nombre un fallo del Supremo sobre el expresidente del Banco Santander.

De acuerdo a la doctrina Botín, aquel que no sea acusado por los perjudicados del presunto delito o por la Fiscalía no se sentará en el banquillo solo porque así lo pida una acusación popular. En el caso Bankia, Anticorrupción aprecia un delito de estafa a los inversores únicamente en Rodrigo Rato y tres de sus colaboradores. Deja fuera así a otros 27 consejeros, a Bankia y al BFA. La acusación popular, liderada por el abogado Andrés Herzog en representación de CIC, pide más de 12 años de cárcel para los 34 acusados por esa estafa a los inversores y también por un delito de falsedad en las cuentas con las que Bankia salió a bolsa.

Así las cosas, las defensas que intervinieron en la primera sesión del juicio fueron pidiendo la aplicación de la doctrina Botín para sus representados. Bankia alegará cuando llegue su turno que ha devuelto el dinero de las acciones a casi todos los minoristas y que tiene una provisión para los que restan. Eso supondría que los 13 inversores que se presentaron este lunes en el juicio -aproximadamente la mitad de los que están personados- podrían perder su condición de acusación particular. Sin acusación de la Fiscalía y tampoco de perjudicados, la aplicación de la doctrina Botín podría abrirse paso y ser aplicada por el tribunal.

Sin embargo, y de forma sorpresiva, la fiscal Carmen Launa aprovechó la intervención que abrió el juicio advirtiendo al tribunal que se reserva la posibilidad de que el desarrollo de la vista cambie la percepción de Anticorrupción hasta el momento y que la acusación contra cuatro directivos por estafa a los inversores se amplíe para los 34 acusados a ese delito y a otro más, el de falsedad documental.

Las cuestiones previas que presentan las partes se resuelven al término de su enunciado o al final del juicio. En la Audiencia Nacional, los tribunales suelen optar por la primera opción. De esta forma, si el presidido por Ángela Murillo optara por la aplicación de la doctrina Botín, Bankia y otros 29 acusados podrían haber abandonado el banquillo. El movimiento de Anticorrupción arruina esa posibilidad. Pero es que además, según han informado a eldiario.es fuentes fiscales, Launa se va a oponer en una próxima intervención directamente a la aplicación de la doctrina Botín.

Para explicar la relevancia del giro de Anticorrupción es necesario recordar que el fiscal del caso, Alejandro Luzón, siempre se opuso a extender los cargos más allá de Rato, Francisco Verdú, José Manuel Fernández Norniella y José Luis Olivas. Luzón fue nombrado fiscal jefe de Anticorrupción en el verano de 2017 y se vio obligado a dejar el caso en manos de Launa. La decisión de hoy, consensuada por ambos, evita la imagen de Bankia fuera del banquillo de los acusados en el juicio que abrirá la caja negra de la crisis financiera.

La Fiscalía ha sido la primera en tomar la palabra en el juicio que debe dirimir las responsabilidades sobre la nefasta salida a Bolsa de la entidad, que posteriormente tuvo que ser rescatada con más de 22.000 millones de dinero público. “Avanzamos que, eventualmente, cabría la posibilidad de que modificáramos las conclusiones definitivas considerando que los hechos relativos a los estados contables en las cuentas cerradas a 31 de diciembre de 2011 podrían ser subsumibles en un delito de falsedad contable del artículo 290 del Código Penal”, apuntó Launa.

Contra la acusación popular

Las defensas de los encausados que ya han presentado sus cuestiones previas, como las de José Antonio Moral Santín o Ángel Acebes, entre otros, han solicitado que se anule el auto de apertura de juicio oral en el que se les incluyó. Para ello, los letrados han solicitado que se tenga en cuenta la doctrina Botín.

Los abogados de los encausados están coincidiendo en atacar a la acusación popular. “Se deben excluir del proceso, sus escritos de acusación son vagos e inconcretos”, ha llegado a señalar el abogado de Arturo Fernández y Agustín González.

De este modo, la argumentación de las defensas se basa en señalar la presunta falta de legitimidad que tienen estas acusaciones populares en el juicio del caso Bankia. “Es una acusación ilegítima contraria a las normas procesales”, ha defendido uno de los letrados que han tomado la palabra en la presentación de las cuestiones previas. Además, han criticado que hayan incluido acusaciones que no estaban contempladas en el auto de procedimiento abreviado.

En esa idea han coincidido el resto de abogados, solicitando a la sala que se declarase la “nulidad” del auto de apertura, como ha señalado la defensa de Javier López Madrid. “La Abogacía y la Fiscalía solicitaron sobreseimiento de la causa, en este momento lo único válido es la solicitud de no condena”, ha apuntado el abogado defensor del encausado Rafael Ferrando, quien ha añadido que se está produciendo “una vulneración de los derechos fundamentales” de su defendido.

El abogado de Ángel Acebes ha asegurado que la doctrina Botín ya provocó que la Audiencia Nacional no enjuiciara a la cúpula de la CAM, otra de las principales cajas rescatadas en plena crisis financiera. El letrado ha criticado además la presencia de su defendido en el banquillo al asegurar que fue una causa “contra un adversario político” presentada, entonces, por UPyD.

La fiscal Anticorrupción Carmen Laguna ha planteado la posibilidad de ampliar a falsedad documental la acusación de falsificación de las cuentas que presenta contra Rodrigo Rato y otros tres directivos de Bankia, así como atribuir el nuevo delito a los otros 31 procesados, a los que hasta ahora no atribuye delito alguno.

En su intervención durante las cuestiones previas, Laguna ha asegurado que, dependiendo de lo que ocurra durante la vista, la Fiscalía podría incorporar el delito de falsedad documental en su escrito de conclusiones. Durante la instrucción, el Ministerio Público se ciñó al delito del falseamiento de las cuentas en el que habrían incurrido únicamente Rodrigo Rato, Francisco Verdú, José Manuel Fernández Norniella y José Luis Olivas.

La fiscala Laguna representa al Ministerio Público en sustitución de Alejandro Luzón, quien participó en toda la instrucción y fue nombrado fiscal jefe de la Fiscalía Anticorrupción en julio de 2017. La posibilidad de ampliar a falsedad documental los cargos es una decisión consensuada en Anticorrupción, según fuentes de la misma.

“Avanzamos que, eventualmente, cabría la posibilidad de que modificaramos las conclusiones definitivas considerando qeu los hechos relativos a los estados contables en las cuentas cerradas a 31 de diciembre de 2012 podrían ser subsumibles en un delito de falsedad contable del artículo 290 del Código Penal”, ha asegurado Laguna. La fiscal ha atribuido la posibilidad del cambio de criterio de la Fiscalía a una reciente sentencia del Tribunal Supremo, de febrero pasado.

Han pasado más de siete años desde que se produjera la nefasta salida a Bolsa de Bankia que acabó provocando el mayor rescate financiero producido en España con más de 22.000 millones de euros de dinero público. Ha arrancado este lunes el juicio que debe dirimir las responsabilidades en este proceso con un nombre propio que destaca sobre el resto, el de Rodrigo Rato.

Con más de una hora de retraso ha arrancado el esperado juicio sobre el conocido Caso Bankia. Un total de 34 acusados se sientan desde este lunes en el banquillo. Son los consejeros de Bankia, de BFA, algunos directivos y el auditor de las cuentas durante el proceso de salida a Bolsa de la entidad financiera, todavía hoy controlada por el Estado a través del FROB.

Entre los acusados se encuentra el exministro y ex secretario general del PP, Ángel Acebes. Su defensa ha asegurado que la apertura de juicio oral contra él ha sido “un hecho controvertido” y ha apuntado que ha habido un “trato desigual” hacia su persona. En concreto, acusa a UPyD, partido que inició la denuncia por la salida a Bolsa de Bankia, de incluir la acusación contra Acebes como “una acusación contra un oponente político.

El abogado del exministro ha apuntado que Acebes fue consejero de la entidad desde días después de la salida a Bolsa y su dimisión se produjo meses después, antes de la reformulación de las cuentas. “No intervino en la creación de Bankia ni en la salida a Bolsa de la entidad”, ha apuntado.

Al igual que la defensa de Acebes, las de otros encausados han solicitado la nulidad del auto de apertura de juicio oral, al entender que no existe legitimación en algunas acusaciones, asegurando que son “vagas” o “inconcretas”.

Los encausados han ido llegando desde primera hora de la mañana a la sede de la Audiencia Nacional en San Fernando de Henares (Madrid), donde se han encontrado con media docena de protestantes que les han recibido al grito de “chorizos” o “devolved lo pagado”. Seis de ellos, en la cárcel por el caso Bankia, han llegado en torno a las 9 y media de la mañana en un furgón de la Guardia Civil.

El juicio se prolongará durante siete meses y, según lo previsto, las declaraciones de los acusados arrancarán en enero, aunque podrían adelantarse a la próxima semana. Además, pasarán por la sala decenas de testigos entre los que se encuentran Luis de Guindos, José Ignacio Goirigolzarri, Christine Lagarde, o Miguel Ángel Fernández Ordoñez.

El consejero delegado del Grupo Villar Mir, Javier López Madrid, fue condenado por la Audiencia Nacional a seis meses de prisión por el uso de una tarjeta ‘black’ de Caja Madrid. Además, se sentará en el banquillo por el fraude en la salida a bolsa de Bankia, de la que también fue consejero. Pero fue en el marco del caso Gürtel, en la pieza separada de la caja B del PP nacional, donde se sinceró el pasado 18 de diciembre acerca de su paso por los Consejos de Administración de la entidad rescatada. “Maldita la hora en que entré, solo perdimos 21 millones de euros y llevo dos juicios. Está fenomenal”, ironizó molesto ante el juez.

En ese momento, López Madrid respondía a las preguntas del fiscal del caso de la caja B, Antonio Romeral. Éste se interesaba por una de las afirmaciones de Ignacio González en uno de los ‘pinchazos’ del caso Lezo, incorporados recientemente por su interés para la causa a la de la financiación irregular del PP nacional. González asegura en esa grabación que él “colocó” a López Madrid en Caja Madrid.

Amigos, presuntos cómplices en la financiación irregular del PP de Madrid, López Madrid e Ignacio González son sospechosos de estar implicados en una mordida a cambio de la adjudicación del tren de Navalcarnero al Grupo OHL, del que es dueño Juan Miguel Villar Mir, el suegro del empresario. López Madrid fue detenido el 21 de abril pasado, dos días después que el expresidente de la Comunidad. Permanece imputado en Lezo y también en el caso Púnica, igualmente como sospechoso de la financiación irregular del PP local.

“Se hace también una referencia por el señor González a la amistad que mantiene con usted y dice que él le vino a colocar, entre comillas, en Caja Madrid”, afirma el fiscal Romeral en el audio de la declaración. Y López Madrid contesta: “Mire, yo entré, maldita la hora que entré, maldita la hora que entré, sólo perdimos 21 millones de euros y llevo dos juicios, está fenomenal, con el señor Arturo Fernández en representación de los empresarios. Me llamó el señor Arturo Fernández en representación de los empresarios. Si el señor González tuvo algo que ver en eso, no lo sé. Pero ojalá no me hubieran invitado por los empresarios y ojalá hubier dicho que no”.

López Madrid está pendiente de los recursos que el Tribunal Supremo debe resolver sobre las condenas de la Audiencia Nacional por el uso de las tarjetas ‘black’. La Fiscalía pidió el pasado mes de octubre que el Alto Tribunal confirme íntegras las penas. Anticorrupción no acusa a López Madrid en la causa de la salida a bolsa de la entidad, pero sí lo hacen las acusaciones populares, que piden hasta cinco años de cárcel para el empresario. Por tanto, López Madrid se sentará en el banquillo de los acusados en uno de los juicios más relevantes de 2018.

López Madrid ya se refirió a su paso por Caja Madrid y Bankia durante el juicio de las tarjetas ‘black’. En la última pregunta de su abogado expuso que no tiene sentido aprovecharse de 30.000 euros del plástico opaco cuando su “grupo familiar” y él mismo habían invertido más de 20 millones de euros en la salida a bolsa de Bankia.

“Lo mantuvimos porque nos dijeron que lo mantuviéramos. Lo hemos perdido todo. Todo. Soy la misma persona que decidió invertir, que decidió mantener la inversión y que perdió los 20 millones de euros, la misma persona que se supone que se aprovechó de un esquema para beneficiarse de 30.000 euros. Es lo único que quería dejar de manifiesto”, dijo al tribunal.

Otra vez con Felipe VI

En los días de mayor polémica por los gastos con la tarjeta 'black' de los consejeros, López Madrid recibió el apoyo de los reyes de España a través de mensajes de texto en su móvil, según reveló eldiario.es.

El rey Felipe VI y López Madrid coincidirán en el próximo Foro de Davos entre el 23 y 26 de enero próximo. Ambos integrarán la delegación española a la cumbre económica compuesta por políticos y empresarios. López Madrid consejero delegado del Grupo Villar Mir, representará al grupo comandado por su suegro.

Por el Gobierno español viajarán Luis de Guindos y Alfonso Dastis y en el capítulo de empresarios también estarán Josu Jon Imaz (Repsol), Ignacio Sánchez Galán (Iberdrola), Juan Luis Cebrián (Prisa) o Agustín Delgado (IBM), entre otros.

Tras la publicación de los mensajes de apoyo al después condenado López Madrid por parte de los reyes en marzo de 2016, la Casa del Rey se limitó a contestar que esa relación de amistad ya no existía.

A las anteriores imputaciones de López Madrid hay que sumar la existente contra él en un juzgado de Madrid por acoso a la doctora Elisa Pinto, quien también está imputada en otro juzgado por la denuncia que el empresario interpuso con posterioridad.

El exministro Ángel Acebes y los empresarios Javier López Madrid y Arturo Fernández se han adherido a la petición formulada por tres exconsejeros de Bankia para que se les aplique la conocida como doctrina 'Botín' y evitar sentarse en el banquillo de los acusados por el falseamiento de las cuentas de la entidad previa salida a Bolsa.

En sus escritos presentados ante el Juzgado Central de Instrucción número 4 de la Audiencia Nacional y a los que ha tenido acceso Europa Press, los que fueran miembros del Consejo de Administración de Bankia piden el archivo de sus causas exponiendo que ni el Ministerio Fiscal ni la acusación particular que ejerce el FROB formulan acusación contra ellos.

Se acogen así a la doctrina bautizada con el apellido del banquero Emilio Botín que evitó ser juzgado por un caso de cesiones de crédito de acuerdo con una sentencia del Tribunal Supremo en 2007 que limitaba la acción de las acusaciones cuando la Fiscalía y los perjudicados solicitaran el sobreseimiento de la causa.

Todos ellos se adhieren a la petición formulada el pasado 18 de noviembre al juez instructor por los exmiembros del Consejo de Administración de la entidad Jesús Pedroche, Estanislao Rodríguez-Ponga y Mercedes Rojo que solicitaron que se aplicara la doctrina Botín. Los tres fueron condenados en la Audiencia Nacional en febrero de este año por el uso fraudulento de las tarjetas 'black' de Caja Madrid.

En el caso del exministro del Interior Ángel Acebes, su letrado alega que no se le acusa por el delito de fraude de inversores sino por estafa en las cuentas de BFA --matriz de Bankia-- y recuerda que de su actuación no se puede derivar ninguna responsabilidad penal ya que su incorporación a la entidad fue posterior al debut bursátil del banco en julio de 2011.

Aunque el juez sentará en el banquillo a 32 personas físicas, el fiscal Anticorrupción Alejandro Luzón ejerció su acusación contra cinco: el presidente de la entidad Rodrigo Rato, para el que pide cinco años de cárcel, su 'número dos' José Luis Olivas y los exconsejeros José Manuel Norniella y Francisco Verdú Pons. A todos ellos se les imputa fraude de inversores.

Oposición de la Confederación Intersindical de Crédito

La acusación popular que ejerce la Confederación Intersindical de Crédito (CIC) se opone a la pretensión de los consejeros procesados al entender que no es cierta la premisa de que solo fue perjudicado por los hechos el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) pues el delito de falsedad contable conlleva un ilícito penal de naturaleza “supraindividual, colectivo o difuso”.

Los acusados piden la nulidad del auto con fecha de 17 de noviembre por el cual el magistrado de la Audiencia Nacional Fernando Andreu dictaba apertura de juicio oral contra 32 personas físicas además del Banco Financiero y de Ahorros (BFA), Bankia y la auditora Deloitte por la inclusión de datos falsos en el folleto informativo que aprobó el Consejo de Administración del banco previo a su debut bursátil.

La Audiencia Nacional ha decidido que Miguel Ángel Fernández Ordoñez y el resto de la cúpula del Banco de España que llegaron a estar imputados en el caso Bankia no respondan ante ello en el banquillo de los acusados. La Sala de lo Penal ha ratificado este viernes la decisión del juez instructor, Fernando Andreu, y ha rechazado el recurso de las acusaciones para que sean juzgados Fernández Ordoñez, Fernando Restoy, así como otros antiguos responsables del Banco de España y la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

De este modo, los responsables de la supervisión de la salida a bolsa de Bankia escapan del banquillo. Andreu dictó en mayo auto de pase a procesamiento contra 34 personas el pasado mayo y dejó a las citadas fuera. La acusación popular, ejercida por la Confederación Intersindical de Crédito (CIC), y el 15MpaRato recurrieron la decisión, en contra del criterio del fiscal Anticorrupción, el hoy jefe de esa Fiscalía especial, Alejandro Luzón. 

De este modo, se sentarán finalmente en el banquillo Rodrigo Rato, José Luis Olivas, Francisco Verdú, José Manuel Fernández Norniella, Ángel Acebes, Javier López Madri o Arturo Fernández, entre otros. También se juzgará a la propia entidad por delitos de falsedad en las cuentas anuales y fraude de inversores. 

En cuanto a la auditora Deloitte, la Sección Tercera de la Sala de lo Penal ha revocado la decisión de dejarla fuera del banquillo. La auditora, sobre la que pesaba una acusación por responsabilidad civil, pasa a ser acusada penalmente y se sentará en el banquillo. 

La Sala, en una de sus resoluciones, aborda el recurso de la CIC en el que pedía sentar en el banquillo a los responsables de la CNMV Julio Segura y Fernando Restoy, así como del Banco de España Pedro Comín, Pedro González, Mariano Herrera, Jerónimo Martínez Tello, Javier Aríztegui y Miguel Ángel Fernández Ordoñez.

La CIC argumentaba la omisión de valoración del expediente aportado por el Banco de España, el 2 de diciembre de 2016, por el que autorizó a que todas las cajas de ahorros fundadoras del SIP de Bankia cargaran todos sus deterioros en reservas, permitiendo que arrojaran beneficios en su último ejercicio en vez de “significativas pérdidas”, así como los correos electrónicos y las declaraciones del Inspector Casaus.

En relación con la responsabilidad del Banco de España, el Tribunal razona que el supervisor “no dio una carta blanca para cargar las pérdidas contra reservas, en términos de colaboración o acto de auxilio, la autorizaba en la medida que fuera justificada en buena forma”.

La Audiencia Nacional ha concluido que la elaboración de las cuentas es una obligación “exclusiva y excluyente” de los Administradores y la actuación del Banco de España, como órgano supervisor, nunca podría encajar en términos penales de cooperación o complicidad.

“La naturaleza de las competencias que asume el Banco de España sólo podrían encajar en una infracción penal de otra naturaleza que no es la dolosa por acción, como exige el tipo del artículo 290 del Código Penal, imprescindible para sostener el concierto delictivo, sino en la dolosa comisión por omisión, pero también con gran dificultad pues el tipo del artículo 290 Código Penal se explica caracterizando la mendacidad contable por el daño final a la economía que propició ayudas millonarias, no se halla tipificada en armonía con el artículo 11 como una infracción del deber legal de vigilancia”, dice el auto. 

En el mismo sentido, el tribunal también exonera de responsabilidad penal a los dos responsables de la CNMV, porque aun considerando que las cuentas eran mendaces, según argumenta el auto, “la pretendida ausencia de diligencia por los máximos responsables de la entidad también se predica su atipicidad penal pues la ley penal no castiga la ausencia de actividad de la autoridad económica, que hubiera integrado la omisión de decisiones dando lugar a impedir la salida a Bolsa”.

Respecto a Deloitte, el instructor exoneró a la consultora de responsabilidad penal al considerar que la naturaleza particular de las sociedades profesionales, otorgaba una autonomía e independencia del socio auditor, Francisco Celma, respecto a Deloitte. La Sala no comparte el criterio del juez y acuerda extender la responsabilidad penal a la Consultora al entender que no tiene acogida esa autonomía profesional entre Celma y Deloitte.

“Socio y sociedad constituyen la misma unidad jurídica, de modo que la firma cuenta con un Control de Calidad Interno, y un Manual de Cumplimiento Normativo que comprende Políticas generales para todas las líneas de servicio, y se alega que existen Políticas de nivel 2 para la línea de auditoría” un planteamiento teórico, según añade el tribunal, que por el momento no justifica la exoneración de la responsabilidad penal.

Clara Bayarri, a favor de juzgarles

El auto contiene un voto particular de la magistrada Clara Bayarri en el que defiende que se proceda contra los responsables del Banco de España y la CNMV y considera “precipitada” la decisión de la mayoría puesto que los indicios tomados en cuenta para llamares a declarar como investigados se han confirmado y aumentado. Entre esos indicios menciona la propia declaración de Fernández Ordóñez o el tercer informe pericial de Víctor Sánchez Nogueras, que índice que la “tesis de la clara y consciente participación de los responsables” de ambos organismos tanto en el delito de falsedad contable como en el de estafa a inversores.

“Existen indicios múltiples, concurrentes y razonables de criminalidad que permiten inferir que los máximos dirigentes del Banco de España y la CNMV avalaron y propiciaron con pleno conocimiento la falsedad contable más que detectada previamente a la salida a Bolsa de Bankia, a sabiendas del grave perjuicio que con ello se iba a causar a los inversionistas, que era evidente iban a ser minoritarios, en estafa de inversores”, sostiene Bayarri.

Acebes, al banquillo

En relación con Ángel Acebes, la Sala rechaza todos los argumentos esgrimidos en su recurso y mantiene su responsabilidad penal. El tribunal indica que el auto de Andreu recoge el conocimiento previo que los encausados, entre ellos el recurrente, tenían del verdadero estado financiero de la entidad que dirigían y administraban, así como “de las múltiples y relevantes falacias contables”.

El auto concluye que Acebes fue “un miembro activo en la realización de actos necesarios para la perfección de hechos punibles de perfección sucesiva (hechos complejos) determina la responsabilidad del sujeto activo como autor por la totalidad del hecho”.

El tribunal señala que las cuentas fueron “las por él formuladas y aprobadas, de no haberse formulado y aprobado, no podrían haberse presentado”. Y la pretensión de exculpación- añade-  porque la presentación de las cuentas formuladas por el recurrente se verificara con posterioridad por otro Consejo de Administración del que ya no formara parte “es inatendible, pues ello no determina la ausencia de tipicidad del hecho parcial, pues éste es indispensable y absolutamente necesario para la perfección del delito”.

Otro de los autos notificados hoy rechaza el recurso de Javier López Madrid y señala la intervención del apelante en cuanto a la reformulación de las cuentas anuales de 2011, donde expresamente dice que las cuentas se formularon sin borrador de auditoría, “lo cual es una circunstancia por lo menos atípica”.

La Confederación Intersindical de Crédito (CIC), acusación popular en el caso Bankia, ha presentado ya su recurso para intentar que la Audiencia Nacional siente en el banquillo a los responsables del Banco de España y la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). En su escrito reprochan al juez Fernando Andreu sus “malabarismos o piruetas jurídicas” para exculpar a los supervisores y le acusan de haber obviado pruebas clave durante el proceso.

El escrito de 43 páginas lleva la firma de Andrés Herzog, el abogado que inició la causa con UPyD y ha continuado en el proceso defendiendo los intereses de la CIC. Su recurso se dirige hacía la Sala de lo Penal, que en otras ocasiones ha discrepado del juez y ha obligado a imputar a los cargos del Banco de España y la CNMV. Es la última oportunidad de la acusación popular para que se les juzgue.

Para ello, la acusación pone el foco en que se han pasado por alto pruebas fundamentales. “Amnesia” del juez, llega a decir el escrito, que se sorprende de las nulas referencias al tercer informe pericial que señala la responsabilidad de los supervisores en la salida a Bolsa de Bankia con unas cuentas falseadas. “¿Para qué encargó el juez instructor un tercer informe pericial (…) si luego no lo toma en consideración en absoluto?”, se pregunta la acusación.

El juez tampoco menciona en su auto los correos del inspector que alertó sobre las cuentas de la entidad, sostiene el recurso, ni tampoco su declaración como testigo en la fase final del proceso. José Luis Casaus solo aparece mencionado en una ocasión en los 253 folios del escrito del juez, como recuerda la CIC, a pesar de haber quedado demostrado que advirtió del fracaso de la venta de Bankia en los mercados en unos emails que llegaron a los altos cargos del Banco de España.

Por ello, la acusación reprocha al juez que el auto que exculpa a los reguladores contenga “malabarismos o piruetas jurídicas” para exonerarles “de cualquier tipo de responsabilidad”, pese a que, defienden, ha quedado acreditado que hubo “actuaciones y acuerdos que se fueron adoptando básicamente para crear una apariencia de solvencia y solidez del proyecto empresarial de BFA-Bankia de la que realmente se carecía”.

La CIC también se muestra molesta por el “desdén” con el que Andreu les trató en su auto, en el que les acusaba de un “empeño” en criminalizar la salida a Bolsa y en sentar en el banquillo a los reguladores con pocos argumentos. “Es simplemente absurdo”, responde la acusación popular, porque en su opinión “si Bankia se presentaba al mercado como viable, sólida y solvente era gracias precisamente al previo falseamiento contable continuado de sus cuentas, del cual eran también plenamente conscientes los organismos supervisores”.

Así, insisten en que Miguel Ángel Fernández Ordóñez, ex gobernador del Banco de España, su segundo, Javier Aríztegui, o Fernando Restoy, exvicepresidente de la CNMV, entre otros, deben ser juzgados por la Audiencia Nacional. La inviabilidad de Bankia “fue maquillada mediante un deliberado falseamiento contable, realizado de forma continuada, del cual son responsables (como no podía ser de otro modo) las personas encargadas de la supervisión de dichas entidades, máxime si como ocurre en el presente caso consta acreditado que conocían de sobra la verdadera situación financiera y patrimonial de las mismas”, insiste la CIC.

Andreu propuso el pasado día 11 que se juzgase a Rodrigo Rato y a otras 33 personas por falsificar las cuentas de Bankia en su salida a Bolsa, pero consideró que ni el Banco de España ni la CNMV ayudaron a cometer ese fraude. Su actuación, dijo, “podría ser objeto de examen y de exigencia de responsabilidad en otros foros, mas no en este, al carecer de relevancia penal”.

“No existe el más mínimo indicio de que tuvieran intervención alguna en la comisión de los delitos investigados”. El juez Fernando Andreu dedica la parte final de su auto sobre el caso Bankia a argumentar por qué los responsables del Banco de España y de la Comisión Nacional de Valores (CNMV) no deben ser juzgados por su responsabilidad en la salida a bolsa de la entidad. La acusación popular no se da por vencida e intentará que los supervisores acaben sentados en el banquillo.

La Confederación Intersindical de Crédito (CIC), la acusación popular que logró que se imputase, entre otros, a Miguel Ángel Fernández Ordóñez, ya ha anunciado recurso. El colectivo 15paRato, también acusación popular, estudia presentarlo. El juez propone juzgar a 34 personas por el falseamiento de las cuentas de Bankia, pero exculpa al Banco de España y la CNMV al considerar que hicieron bien su trabajo y argumenta que no se les puede reprochar que apoyasen la venta de la entidad en los mercados.

En su auto, el juez es especialmente duro con la CIC. “La acusación ha puesto todo su empeño en intentar criminalizar” la autorización de la salida a Bolsa, una decisión que para Andreu “podría ser objeto de examen y de exigencia de responsabilidad en otros foros, mas no en este, al carecer de relevancia penal”. Se castiga si “los estados financieros -de Bankia- se encuentran disfrazados bajo una apariencia de solvencia”, no la decisión de sacarla a Bolsa, sea esta “incorrecta o errónea”.

El abogado de la CIC, Andrés Herzog, tacha de “sorprendente” que el juez asuma los informes de los peritos, salvo en lo referente a la implicación del Banco de España y la CNMV. “Es una decisión incomprensible”, dice, porque esos peritos apuntaron a que las decisiones de “ingeniería contable” de Bankia se hicieron “con la autorización del Banco de España.

La CIC fundamentó sus acusaciones contra el Banco de España en los correos firmados por el inspector del Banco de España José Antonio Casaus. Semanas antes de la salida a Bolsa de Bankia redactó una serie de emails enviados a sus superiores en los que alertaba de un futuro fracaso. Y acertó, porque un año después la entidad tuvo que ser rescatada con 22.400 millones de dinero público.

En base a esos correos, la acusación popular pidió la imputación de los superiores de Casaus que habían ignorado sus advertencias, hasta llegar al entonces gobernador del Banco de España. Miguel Ángel Fernández Ordóñez, su segundo, Javier Aríztegui, y los cargos intermedios que recibieron las advertencias, pero que las despreciaron, declararon a mediados de marzo. En sus informes finales los supervisores apenas incluyeron referencias a los pormenorizados análisis de su inspector, que durante su declaración ante el juez dijo que nunca recibió respuesta a esos emails.

Aquellas declaraciones plantearon dos relatos enfrentados sobre la quiebra de Bankia. El de los altos cargos del Banco de España, que culparon a la segunda recesión de echar al traste una entidad con las cuentas saneadas, y el de Casaus, que aseguró que Bankia y su matriz, BFA, estaban condenadas al fracaso por esta fórmula doble para separar activos tóxicos. Añadió que nadie le desmintió su análisis: “Nadie me discutía que el grupo (BFA-Bankia) estaba muerto”.

Entre esos dos relatos, el juez se inclina por el del inspector. Incluye en su auto que sus advertencias sobre el futuro de Bankia se demostraron acertadas, la entidad quebró porque las cuentas estaban falseadas. Pero no es suficiente para imputar a los supervisores: “En este procedimiento no se investiga si la decisión de salida al parquet de la entidad fue acertada o, como premonitoriamente indicaba el inspector del Banco de España D. José Antonio Casaus, errónea”.

De hecho, el juez se ha negado en el auto con el que concluye la investigación a las últimas peticiones de la CIC. Habían solicitado que declarasen como testigos el inspector del Banco de España José Antonio Delgado y el jefe de Regulación Contable de dicha Entidad, Jorge Pérez Ramírez. “Se consideran innecesarias a la vista del cúmulo de actuaciones”, sostiene Andreu.

Herzog cree que el juez se equivoca con sus reproches hacia la CIC, que son “valoraciones no jurídicas” que la acusación popular ha soportado desde el inicio del proceso: “Ha sido una constante con la que hemos tenido que luchar”.

El recurso que interpondrá en nombre de la CIC lo resolverá la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional. Es la esperanza de la acusación, que en otras ocasiones ha visto como esos jueces fallaban contra el criterio de Andreu durante la instrucción del caso. Esa sala les imputó el pasado mes de febrero y obligó al juez a tomarles declaración por los “múltiples, bastantes y concurrentes” indicios de criminalidad. “Por pura coherencia tiene que estimar el recurso”, confía Herzog.

Simona Levi, portavoz del colectivo 15paRato, confirma que su intención es recurrir, aunque precisa que aún tienen que estudiar bien el auto de Andreu. “Queremos reafirmar que hay un diseño sistémico en la salida a Bolsa de Bankia, no es sólo el problema de unos pocos banqueros”, señala. En su opinión, la decisión de juez de exculpar al Banco de España y a la CNMV destierra del caso que hubo “una clara connivencia” entre poderes políticos y económicos para la venta en los mercados de la entidad.

Herzog va más allá y advierte de que un juicio sin el Banco de España “quedaría absolutamente cojo”. “El resto de acusados derivarán responsabilidades hacia el Banco de España, que no estará presente, con riesgo de que el procedimiento quede en nada”, alerta.

Siempre he pensado que hubo un malentendido con la foto icónica de Rodrigo Rato tocando la campanita en la salida a Bolsa de Bankia: creíamos que era un gesto festivo, y en realidad era un toque de alarma. Como en los pueblos, cuando hay un incendio y doblan las campanas para avisar a la gente, Rato daba el campanazo para que todo el mundo se pusiese a cubierto una vez soltado el banco a su suerte. “¡Sálvese quien pueda!”.

Pero los pequeños inversores no huyeron, creyeron que era una campana festiva y acudieron a comprar, convencidos de que aquello era un buen negocio: cómo no iba a serlo, si lo avalaba el Gobierno, lo validaban los supervisores, lo compraban con gusto los inversores institucionales, y lo voceaban los directores de oficina, en tiempos en que los clientes todavía nos fiábamos de ellos a ciegas. Un buen negocio, y una ganga, pues Bankia rebajó el precio de la acción un 60% justo antes de salir.

“Hazte bankero”, anunciaba alegre la campaña publicitaria, y 300.000 pequeños inversores se convirtieron en “bankeros”. Desde entonces, “bankero” ha quedado en el lenguaje popular como sinónimo de pringao, primo, el que paga el pato de la fiesta de los banqueros sin k. Así fue: nada más tocar la campana empezó a hundirse el banco y el valor de la acción, hasta acabar en el rescate un año después. Como tocó nacionalizar Bankia, hemos acabado siendo todos “bankeros”, pagando tanto el rescate como la devolución del dinero a los accionistas estafados.

Quién iba a pensar que aquella salida a Bolsa era un bluf, que sus cuentas estaban maquilladas, sus activos sobrevalorados y sus carteras podridas de ladrillo tóxico… Pues si repasan la prensa de aquel 2011, hay cientos de artículos que ponían en duda que Bankia valiese lo que decía. Yo mismo publiqué uno el mismo día del campanazo, avisando de que si tardaba dos días más, no colocarían las acciones ni regaladas. Y no lo recuerdo ahora para presumir de listo, al contrario: si yo, que soy un analfabeto financiero, veía que el rey bancario estaba desnudo, qué no verían los expertos, y qué no sabrían los supervisores del Banco de España o la CNMV.

Pero ahora va el juez y dice que no, que los supervisores no se enteraron de la trampa. Se ve que el gobernador del Banco de España se conformó con leer el folleto de oferta de acciones, que presumía de “muy saludable solvencia” y “prometedores beneficios”. Cómo iba a pensar el Banco de España que aquello era publicidad engañosa (como denunció 15MpaRato; lo cuentan en el muy interesante “Votar y cobrar”). Tan crédulo era el supervisor bancario que desoyó a sus propios inspectores.

Creíamos que el Banco de España se dedicaba a esas cosas, a supervisar, revisar cuentas y vigilar que los bancos no nos la cuelen. Y resulta que no, que el Banco de España era tan incauto como los pequeños accionistas. Otro pringao, vaya, otro “bankero”.

El juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu ha dado por concluida la instrucción sobre la salida a bolsa de Bankia, y ha dictado auto de procesamiento contra un total de 34 personas, entre las que está el ex presidente de la entidad Rodrigo Rato. El magistrado exculpa al Banco de España y a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) al considerar que no ayudaron al falseamiento de las cuentas de la entidad.

El auto, contra el que cabe recurso, procesa también a otras personas con responsabilidad en la entidad, como José Luis Olivas, Francisco Verdú, José Manuel Fernández Norniella, Ángel Acebes, Javier López Madrid (el compiyogui) o Arturo Fernández. También se juzgará a la propia entidad por delitos de falsedad en las cuentas anuales y fraude de inversores. También se juzgará al auditor externo, Francisco Celma, por sus informes favorables elaborados sobre los estados financieros de Bankia, durante los meses de la salida a Bolsa. 

El juez, sin embargo, no cree que Deloitte (que si será responsable civil), la CNMV y, en especial, el Banco de España tuviese ninguna responsabilidad en la salida a Bolsa de Bankia con unas cuentas falseadas. No participaron en el hecho delictivo, sostiene Andreu, en contra de los defendido por la acusación popular, que ejerce la Confederación Intersindical de Crédito.

El caso se cierra ahora tras cinco años de investigación. Las partes disponen de un mes para solicitar la apertura de juicio oral o el sobreseimiento del caso. El auto es recurrible en la Sala de lo Penal, que, en contra del criterio del juez, sí que consideró oportuno investigar la responsabilidad de los altos cargos del Banco de España y la CNMV, entre los que están Miguel Ángel Fernández Ordóñez, Javier Aríztegui o Fernando Restoy.

El magistrado recuerda que el delito de falsedad en las cuentas anuales se imputa a quien falsea los balances y cuentas anuales, como hicieron los administradores de Bankia y su matriz, BFA. Fueron ellos quienes “aprobaron unas cuentas maquilladas sobre la verdadera situación de las entidades que administraban, que no reflejaban la imagen fiel de las mismas”, refleja el auto.

El escrito del juez Andreu considera que los consejeros investigados falsearon la información económica que contenía el folleto informativo elaborado para la salida a Bolsa. Le acusación popular sostuvo durante el proceso que los supervisores del Banco de España y la CNMV tuvieron responsabilidad en la salida a Bolsa por no detectar ese falseamiento de las cuentas.

En concreto, la Confederación Intersindical de Crédito señaló a los responsables del Banco de España, que vigilaron todo el proceso de salida a bolsa, y que, como se comprobó durante la investigación, recibieron avisos internos de que los datos que ofrecía Bankia no se correspondía con la realidad de sus cuentas. Uno de sus inspectores alertó del fracaso que supondría la operación, pero sus advertencias se perdieron en una maraña de altos cargos, que las tamizaron en sus informes finales.

El juez reprocha a la acusación popular que no haya explicado bien “el criterio que ha seguido para imputar a los miembros de ambas instituciones”. En el caso de la CNMV, el juez cree que no parece razonable exigirle “que constatara por sus propios medios que los estados financieros incluidos en el folleto y avalados por el auditor representasen la imagen fiel de la entidad”.

En cuanto al Banco de España, Andreuel reitera que no fue decisión suya la salida a Bolsa, aunque no se opusiera a ella y que “no ha participado en la ficción de aparentar solvencia donde no la había”. No se castiga la incorrecta o errónea decisión de salir a Bolsa, una cuestión que “podría ser objeto de examen y de exigencia de responsabilidad en otro foros, más no en éste, al carecer de relevancia penal”.