<![CDATA[elDiario.es - Censo]]> 10 <![CDATA[Acusaciones a la alcaldesa de Calahorra: "Pasa un año sin tramitar bajas en el padrón y lo oculta pareciendo más racista que Vox"]]> Acusaciones a la alcaldesa de Calahorra: "Pasa un año sin tramitar bajas en el padrón y lo oculta pareciendo más racista que Vox"

El PSOE asegura que el Ayuntamiento de Calahorra lleva más de un año sin hacer este trámite y por eso hace ahora una "limpia de bajas" en el padrón municipal

El PSOE de Calahorra critica que “el Ayuntamiento estuvo más de un año sin tramitar bajas en el padrón municipal” a pesar de que la alcaldesa de la localidad, Mónica Arceiz, “haya pretendido lanzar una cortina de humo para proclamarse como la más racista del valle del Ebro, haciendo una limpia de bajas en el padrón municipal”.

“Lo que se ha olvidado de contar a la opinión pública, la alcaldesa de Calahorra, es que llevaba más de un año sin trasladar ninguna baja, mientras que otros Ayuntamientos, como los de Arnedo, Alfaro o Logroño lo hacen mensualmente”, afirman desde el PSOE.

Resulta “evidente” que si durante más de un año no trasladas ninguna baja del padrón, “se te van acumulando, y luego puede dar la sensación de que estás haciendo mucho trabajo de golpe”, indican.

Sin embargo, “lo único que hace la alcaldesa de Calahorra con esta conducta, es el ridículo más espantoso, formando parte de una competición en la que el único objetivo es parecer más racista que sus compañeros de Vox”.

Para el Partido Socialista “resulta patético escuchar a Arceiz, alardeando de haber limpiado bajas y dobles empadronamientos que ya no estaban en activo. No se puede hacer más el ridículo”.

Al mismo tiempo “produce estupor escuchar sus declaraciones, en las cuales no deja ningún lugar a dudas de que desconoce absolutamente la legislación. Algo que ha quedado acreditado de forma palmaria cuando ha afirmado que exigirá a cualquier extranjero que se quiera empadronar en Calahorra que lo haga con el NIE, cuando la ley dice que tiene que ser con el pasaporte”.

En cualquier caso, “las presuntas medidas anunciadas por la alcaldesa el pasado noviembre no habrían tenido ningún efecto. Según los datos aportados por la propia Arceiz, el número de extranjeros habría descendido desde noviembre en 18 personas”.

La presunta oscilación de extranjeros inscritos en el padrón ya se había producido para entonces. Así, tal y como ofreció en rueda de prensa el Ayuntamiento en enero de 2025, había 5036 extranjeros inscritos. En junio de 2025 esa cifra se habría disparado hasta los 6.798, descendiendo en noviembre a 5.284 personas, tan solo 18 más que las hoy anunciadas (5.266).

“Resulta todavía más grotesco que la alcaldesa se jacte ahora de haber dado de baja en el padrón a más de 1.500 personas cuando en noviembre reconocía desconocer a qué se debía la oscilación en el número de extranjeros en el padrón”, indican desde el PSOE.

Así las cosas, reflexionan los socialistas, la alcaldesa “presume de eficacia cuando tan solo se destapa su mala gestión. Parece además del todo incompatible presumir de haber dado de baja a 1.500 personas a las que se dieron de alta apenas unos meses antes bajo el mandato de la propia alcaldesa”.

Además, “mientras la alcaldesa se entretiene en esta competición racista, en alentar una persecución a los inmigrantes que traen riqueza a nuestra ciudad, el Centro de Formación Profesional continúa absolutamente abandonado y el Centro de Día cerrado a cal y canto, pese a llevar casi un año finalizado”.

Desde el Partido Socialista instan a la alcaldesa “que se baje de esta absurda competición por ser más racista que los de Vox, que cumpla la ley, y sobre todo, que no haga el ridículo, mientras sea alcaldesa de Calahorra”.

]]> <![CDATA[La Xunta valida 200 pisos turísticos en el casco histórico de Santiago pese a que la norma municipal los prohíbe desde 2015]]> La Xunta valida 200 pisos turísticos en el casco histórico de Santiago pese a que la norma municipal los prohíbe desde 2015

El Ayuntamiento envió en diciembre, tres años después del anterior, un nuevo requerimiento a la Axencia de Turismo de Galicia pidiéndole que iniciase en quince días los trámites para dar de baja de su censo a todas las viviendas que incumplan la normativa. Turismo insiste en estudiar caso por caso

Hemeroteca - La Xunta entorpece la acción del Ayuntamiento de Santiago para eliminar más de 600 pisos turísticos

El ayuntamiento de Santiago de Compostela ha enviado un requerimiento formal a la Xunta de Galicia para que dé de baja del Rexistro de Empresas e Actividades Turísticas (REAT) a todas aquellas viviendas turísticas que incumplan la normativa municipal. Sólo en el casco histórico de la ciudad, declarado Patrimonio de la Humanidad, y en el que esta actividad está prohibida desde el año 2015, aparecen más de 200, algo fácilmente comprobable de oficio porque en todas ellas consta su dirección. Pese a que el consistorio reclamaba iniciar el proceso en un plazo de quince días, un mes después de la solicitud sigue sin tener respuesta. Por una práctica similar a la que achacan a la administración autonómica —negarse a eliminar de su web pisos sin licencia—, el Ministerio de Consumo ha abierto un expediente a Airbnb que puede acarrear una sanción de hasta 100.000 euros para la compañía.

El requerimiento, a cuyo contenido ha tenido acceso elDiario.es, está firmado por el concelleiro de Urbanismo, Iago Lestegás. En él, se hace un exhaustivo repaso de las medidas tomadas por el ayuntamiento compostelano durante la última década, con gobiernos de tres partidos diferentes —ninguno el PP—, para poner coto a la proliferación de viviendas de uso turístico (VUTs) y de las que, tal y como indica, tuvo necesario conocimiento la Axencia de Turismo de Galicia, la responsable del REAT; hasta el momento, sin ningún resultado.

Cada una de las modificaciones normativas con las que Compostela Aberta, PSOE y, ahora, el bipartito BNG-CA, fueron restringiendo la creación de VUT se encontraron un gran eco mediático, pero además fueron publicadas en diarios oficiales, como el Boletín Oficial de la Provincia o el Diario Oficial de Galicia, e incluso alguna de ellas se comunicó al Rexistro de Planeamento de Galicia. Aún así, una y otra vez, tal y como recoge el escrito, la Axencia de Turismo de Galicia siguió inscribiendo viviendas en el REAT, tanto en el ámbito de actuación del Plan Especial de la ciudad histórica —donde estaban directamente prohibidos— como en otras zonas del municipio en las que sí pueden ubicarse siempre que cumplan determinados requisitos. Varios cientos de las censadas no lo hacen.

Lestegás, “reiterando lo ya trasladado en numerosas ocasiones”, insiste en que la actividad de esas VUTs puede contar con uno de los requisitos, el autonómico, pero no cumple la legalidad urbanística, que compete únicamente al ayuntamiento. El edil tira de jurisprudencia para respaldar que un alojamiento turístico ejerce una actividad económica y para ello es imprescindible la comunicación previa al consistorio, que será quien la habilite si no contraviene la normativa. “La Axencia Galega de Turismo, en el procedimiento regulado en los artículos 39 y siguientes, relativo a las viviendas de uso turístico (VUT) y su régimen de actividad, debe comprobar que el destino como VUT no está prohibido por la ordenación de usos del sector”, llegó a argumentar el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia ante la apelación de un particular por su exclusión del REAT.

El propio decreto 12/2017 de la Xunta, que establece la ordenación de apartamentos turísticos, viviendas turísticas y viviendas de uso turístico en Galicia, señala en su artículo 41 que, para la apertura de una vut debe presentarse una declaración responsable, que debe ser completa para ser eficaz. Acto seguido, en el artículo 42, aclara que esa declaración no exime de cumplir el resto de obligaciones exigibles en otras normas. Por tanto, Lestegás considera que lo que reclama es un simple proceso de aplicación de la ley, sin necesidad de ningún juicio subjetivo: tan sólo es necesario verificar que falta alguno de los requisitos necesarios para el inicio de actividad.

Con ese argumento, ya en noviembre del 2022, el ayuntamiento compostelano —entonces, gobernado por el PSOE— enviaba un primer requerimiento a Turismo en el que solicitaba “la baja de las VUTs carentes de título habilitante municipal de naturaleza urbanística y cancelando su inscripción en el REAT”. La respuesta de la Xunta, entonces, fue que sólo debía hacerlo cuando un sentencia judicial confirmase esa ilegalidad. En julio pasado, aseguraba que eran los ayuntamientos los encargados de comprobar si cada vivienda incumple o no su normativa. En caso negativo, explicaba a esta redacción, es el consistorio quien tiene que comunicarle el caso a Turismo de Galicia “para que podamos proceder con el expediente de baja, con audiencia a las partes”. Para ello era necesario aportar “una fundamentación jurídica que respalde la cancelación de la inscripción solicitada”.

A la hora de cerrar esta información, la Xunta no había respondido a las preguntas de elDiario.es sobre el nuevo requerimiento. Con posterioridad a la publicación, Turismo se reafirmó en sus argumentos previos y aseguró que, al igual que en ocasiones anteriores, así se lo había transmitido al ayuntamiento compostelano. Insiste en que es la administración municipal “la encargada de comprobar se las viviendas incumplen o no su normativa” y, si no lo hace, quien tiene que comunicar cada caso “para que podamos proceder con el expediente de baja, con audiencia a las partes, como ya hicimos en varias ocasiones”.

Las actualizaciones mensuales del REAT permiten comprobar la evolución de la oferta del alquiler turístico en Santiago desde que, en junio de 2024, se puso el colofón a la normativa sobre las VUTs con la aprobación de la ordenanza que cerraba la puerta a la regularización de los pisos preexistentes que venían funcionando de manera alegal.

En aquel momento, el número de viviendas destinadas a este fin en el término municipal era de 819; hoy son 752, un descenso que ronda el 8% y que se duplica en la ciudad histórica: de 250 han caído a 210 en medio año. Aún así, siguen siendo más de la cuarta parte del total.

Fuentes municipales achacan esta disminución, principalmente, a la decisión de los propietarios de regresar al mercado tradicional, tras comunicárseles que no podrían seguir con su actividad, y no tanto a la acción de la Xunta, que ha dado un número muy reducido de bajas, siempre tras sentencia judicial. La prueba, esos centenares de VUTs que, pese a no cumplir la legislación, todavía continúan inscritas en su censo.

]]> <![CDATA[Medalla de chocolate]]> Medalla de chocolate

Mientras la capital hispalense tiene 687.488 personas censadas en el municipio, la capital aragonesa suma 686.986, y queda muy lejos de los habitantes de Valencia: mi interpretación es que se trata de dos ciudades con mayor empuje económico, industrial y logístico que la nuestra

OPINIÓN - La quimera del transporte público

En el ámbito del deporte, se dice que gana la medalla de chocolate el que queda cuarto en una carrera o competición deportiva. El ganador se lleva el oro, el segundo la plata y el tercero el bronce. El que queda en cuarta posición, además de la frustración de quedarse fuera del podio, a un paso de la gloria, se lleva la medalla de chocolate.

Tras la reciente publicación de los datos del padrón municipal de habitantes que ofrece el INE, a 1 de enero de 2024 la ciudad de Sevilla retiene esa medalla de chocolate pero muy por los pelos, con sólo 500 vecinos más que la pujante y creciente Zaragoza y lejos ya de la tercera, Valencia. Mientras la capital hispalense tiene 687.488 personas censadas en el municipio, la capital aragonesa suma 686.986. En estas cifras ya sí entramos mi mujer, mis hijas y yo, que formamos parte de los 3.463 nuevos sevillanos en los que creció el censo municipal de habitantes durante 2023.

Son cifras que no tienen ninguna gran implicación práctica, que no conllevan acceso a subvenciones, ni ayudas. Pero sí que constituyen, en mi opinión, un indicador de la pujanza o parálisis de una ciudad. En el caso de Sevilla, es sintomático que a finales de siglo XX, tras la Expo, estuviera cerca de alcanzar a Valencia como tercera capital más poblada tras las dos grandes (solo 39.000 habitantes de diferencia en el año 2000). Y mantuviera una diferencia de 100.000 con Zaragoza.

En la actualidad, hay 100.000 valencianos más que sevillanos y son los maños los que están a punto de alcanzarnos. Mi interpretación es que se trata de dos ciudades con mayor empuje económico, industrial y logístico que la nuestra.

¿Saben lo que sí tiene Valencia y le falta a Sevilla, verdad? ¿Lo que también tienen otras capitales más pequeñas como Bilbao o Málaga? Correcto, lo adivinaron. Una red de metro, no una única línea con trenes insuficientes y tiempos de paso inaceptables

¿Dónde están las causas? Evidentemente, son múltiples. Una de ellas, obvia, es la necesidad urgente de actualización de nuestras infraestructuras. Podemos dar por válido el tamaño y tráfico de nuestro aeropuerto, pero necesita una mejor conexión de transporte público con la ciudad. El acceso por tren con el resto del país debería ser suficiente, pero el trazado de alta velocidad quedó anticuado y su actualización se eterniza en el tiempo mientras los operadores se multiplican y cada vez son más habituales los retrasos. La conexión con el Algarve no sé si llegará a ser realidad antes de mi vejez o muerte. Por no hablar de la insuficiente y mal explotada red de Cercanías.

Por cierto, ¿saben lo que sí tiene Valencia y le falta a Sevilla, verdad? ¿Lo que también tienen otras capitales más pequeñas como Bilbao o Málaga? Correcto, lo adivinaron. Una red de metro, no una única línea con trenes insuficientes y tiempos de paso inaceptables. Y lo peor es la situación de la red viaria. SE-40 incompleta y retrasadísima, SE-30 igualmente incompleta desde su construcción, hace más de 30 años, etc…

La apuesta decidida de varios equipos de gobierno municipal por el turismo, los hoteles y apartamentos y la política de grandes eventos hace que el mercado inmobiliario se dispare y se haga muy difícil, por no decir imposible, alquilar o comprar una vivienda

Otro punto de análisis necesario para explicar el estancamiento poblacional de la ciudad de Sevilla es, como si de una empresa se tratara, el modelo de negocio. La apuesta decidida de varios equipos de gobierno municipal por el turismo, los hoteles y apartamentos y la política de grandes eventos hace que el mercado inmobiliario se dispare y, en las zonas más codiciadas como el Centro, Triana o San Bernardo (y cada vez más Nervión o el Porvenir) se haga muy difícil, por no decir imposible, alquilar o comprar una vivienda. Por eso los nuevos residentes y las familias en formación buscan hueco en el extrarradio o, sobre todo, en poblaciones limítrofes como las del Aljarafe o en los nuevos desarrollos urbanísticos de Dos Hermanas y La Rinconada, por ejemplo.

Para combatir esta transferencia de población de la capital al área metropolitana (Sevilla lleva 30 años estancada en el límite de los 700.000 habitantes mientras sus alrededores han crecido en más de 150.000 en los últimos 20), el Ayuntamiento planea la construcción de 17.000 viviendas nuevas en los próximos tres años en áreas tan alejadas del centro como Palmas Altas o Torreblanca.

Es muy posible que la ciudad así gane vecinos, aunque el problema del vaciamiento de población local del casco histórico se mantendrá. Para lograr revertirlo, es el modelo económico el que tiene que cambiar. Una transformación que bien vendría, a buen seguro, para darle la vuelta a otro problema mucho más serio: por qué seis barrios sevillanos están entre los 15 más pobres de España.

Asumo que el problema de la falta de vivienda asequible, el de la gentrificación del casco histórico, el del modelo económico de la ciudad o el de la alarmante y escandalosa falta de infraestructuras de transporte son temas relativamente habituales en mis textos pero es que considero que explican a la perfección unas cifras de empadronamiento que son reflejo de la realidad: Sevilla es una ciudad muy bonita y maravillosa en la que cada vez es más caro vivir y a la que le faltan alternativas de negocio y de empleo al turismo y la hostelería. Valencia y Zaragoza imagino que ofrecen otras alternativas a sus vecinos que las hacen más atractivas y agradables para residir. La medalla de chocolate no debe ser ya consuelo para nadie.

P.D.: Pregunta seria. ¿Por qué hay diez mil vecinos de diferencia entre las cifras de población de Sevilla capital a 1 de enero de 2024 que ha ofrecido el INE este mes de diciembre (687.488) y las que da el Ayuntamiento desde abril pasado, 697.233, con la misma fecha de referencia, (01/01/24)?        

]]> <![CDATA[Abascal inicia una gira autonómica para relanzar Vox y recuperar afiliados]]> Abascal inicia una gira autonómica para relanzar Vox y recuperar afiliados

El dirigente de la extrema derecha inicia en Asturias un periplo por España tras comprobar el bajón de afiliados y el estancamiento en todas las encuestas ante la amenaza de Alvise Pérez

Abascal no logra contener la sangría de cargos y militantes en Vox

Santiago Abascal está dispuesto a recuperar el espacio político perdido que según todas las encuestas no solo le está arrebatando el PP sino también, aunque en menor medida, el inesperado rival que le surgió a Vox en las pasada elecciones europeas: Se acabó la Fiesta (SALF), el partido del agitador ultra Alvise Pérez.

La semana pasada Abascal anunciaba su intención de iniciar una “gira” por toda España con el fin de redoblar la oposición al Gobierno de Pedro Sánchez y mantener el protagonismo político, en plena pugna por ver cuál de los tres partidos de la derecha exprime más y mejor el debate sobre la política de inmigración y sobre la financiación autonómica de Catalunya. Con esa gira el líder de Vox busca a la vez levantar los ánimos a los suyos en unos momentos en los que el censo de afiliados de Vox estaba languideciendo.

Aunque el líder de Vox ha intentado ignorar a Alvise Pérez, la dirección del partido de extrema derecha no quita ojo a los sondeos que apuntan a un notable ascenso electoral de la nueva formación. Las noticias sobre el dinero negro recibido por Pérez de las que ha ido informando elDiario.es han dado un respiro a los de Abascal dado que suponen un duro revés para la credibilidad del dirigente de SALF ante sus incondicionales. Algunos opinan, desilusionados, que su discurso de que todos los demás son corruptos menos él ha quedado desmontado.

En Vox, no obstante, saben que el verdadero rival electoral ahora es el PP, que les está 'robando' sus banderas contra Pedro Sánchez, tanto en materia de inmigración como de financiación autonómica, con la presidenta regional madrileña, Isabel Díaz Ayuso, marcándoles a todos el camino. Abascal también está viendo los 'coqueteos' del líder conservador con algunos de los aliados tradicionales de la extrema derecha europea, como la italiana Giorgia Meloni. Aunque los dirigentes de Vox niegan públicamente la preocupación por el estancamiento que les dan casi todos los sondeos, fuentes internas de Vox aseguran en privado lo contrario.

Esta preocupación se ha acentuado después de la drástica decisión tomada por Abascal de romper todos los pactos autonómicos que mantenía Vox con el PP, que conllevó para la formación de extrema derecha una sangría de abandonos de cargos institucionales y orgánicos que no estaban de acuerdo con la ruptura. Varios consejeros autonómicos desobedecieron al líder y permanecieron con esos gobiernos presididos por los de Feijóo y anunciaron que dejaban el partido.

El goteo de bajas desde entonces no cesó, aunque ya había comenzado meses antes tras la Asamblea General extraordinaria celebrada en enero, en la que el líder fue ratificado en su cargo sin oposición interna, tras la que nombró una nueva dirección en la que incluyó a los dirigentes territoriales para aplacar el malestar interno que ya se fraguaba. Pese a los intentos de calmar las aguas, ese goteo de abandonos que sigue causado rotos a Abascal. El pasado miércoles daba un portazo el diputado balear Agustín Buades, al que el partido había abierto un expediente disciplinario después de que decidiera abandonar el grupo parlamentario sin renunciar al acta.

Por entonces el partido ya había empezado a sufrir un notable descenso de afiliados, según se pudo comprobar en las cuentas de 2023 que colgó Vox en su web, la mitad del censo de afiliados no pagaban sus cuotas. Los datos son reveladores: aunque el partido tiene registrados cerca de 67.000 militantes, solo 35.000 están al corriente de pago, lo que ha supuesto para Vox además una importante merma de ingresos en ese ejercicio por este concepto. El objetivo ahora es recuperar el terreno perdido y captar nuevos afiliados y simpatizantes.

Esa gira de Abascal por España comenzó la pasada semana. El lunes pasado el líder de Vox se desplazó a Asturias, cuna del secretario general del grupo parlamentario José María Figaredo. Desde Covadonga, alertó ante sus seguidores de que “hay un intento permanente” de “desmoralizarles”. “No hay más que ver las encuestas, no hay más que ver las noticias en las que aparecemos porque muchas veces parece que Vox no existe. Y no hay más que ver los certificados de defunción de Vox que se expiden constantemente por los medios de comunicación”, lamentó.

“El intento de desmoralizarnos, de pensar que este proyecto ha fracasado ha sido una constante, pero aquí seguimos”. Abascal apeló a la historia: “Aquí empezó todo”, recordó.

El dirigente de extrema derecha se refirió a las “desigualdades” que, a su juicio, va a generar el llamado “cupo catalán”. “Nosotros hacemos una enmienda a la totalidad del sistema de las autonomías. Esa es nuestra posición. No ha dejado de serlo nunca, a pesar de que hemos gobernado en las regiones. Pero hoy una vez más se comprueba que quien actúa desde la deslealtad es el que se lleva premios”, clamó.

En ese mismo acto Abascal fue preguntado también si tenía “celos” del acercamiento de Núñez Feijóo a sus aliados europeos de la extrema derecha, poco después de la foto de Núñez Feijóo con Meloni, con la que el líder del PP mantuvo un encuentro la semana pasada en Italia ensalzando su política de inmigración.

“¿Celos?”, se extrañó Abascal. “Absolutamente ninguno. Estamos muy contentos de que nuestros adversarios tengan que reconocer que nuestros socios y aliados tiene razón y están haciendo las políticas adecuadas”, zanjó. En su opinión, será “al revés”, que el PP es el que tiene celos de su estrechísima relación que él y Vox tienen con Fratelli d'Italia y la propia Meloni. Abascal despreció que Feijóo se haya hecho esa fotografía ya que eso en su opinión “no sirve” y es “una parte más de la estafa del PP a los españoles”.

]]> <![CDATA[Abascal no logra contener la sangría de cargos y militantes en Vox]]> Abascal no logra contener la sangría de cargos y militantes en Vox

El partido de extrema derecha ha visto cómo destacados cargos y dirigentes del partido que ayudaron a arrancar el proyecto siguen abandonando la militancia al verse relegados por Abascal, al que nadie se atreve a plantar cara

Las cuentas de Vox: dos millones menos de ingresos, la mitad de los afiliados no pagan y sobresueldos para la cúpula

El descontento interno se ha instalado en Vox. La decisión de Santiago Abascal de romper todos los gobiernos que su partido mantenía con el PP ha agudizado un malestar que ya se venía fraguando meses antes, después de que algunos colaboradores viesen cómo el líder se atrincheraba en su cargo otros cuatros años tras nombrar en la Asamblea General extraordinaria, celebrada el pasado mes de enero, una nueva Ejecutiva a su medida. En ella incluyó a los líderes territoriales y a Javier Ortega Smith en una hábil maniobra para desactivar cualquier conato de configurar una alternativa a su férreo liderazgo. El dirigente madrileño había comenzado a abanderar a un grupo de críticos y era el único que en esos momentos podría haber hecho sombra al fundador de Vox.

La realidad es que desde aquella Asamblea General, adelantada varios meses por el líder, los abandonos no han cesado. Como tampoco las bajas en el censo de la formación, que asegura tener registrados cerca de 67.000 afiliados pero de los que solo unos 35.900 están al corriente de pago, es decir, que tienen plenos derechos para participar en las votaciones y consultas que convoca Vox. Según las cuentas anuales de 2023 que declara Vox, publicadas en su Web tras ser aprobadas por la dirección y refrendadas vía telemática por esos afiliados en activo, la formación recibe unos ingresos de 4,5 millones de euros por este concepto, medio millón menos que en el año anterior. Según desvela la contabilidad declarada, en 2023 tuvo 7.740 altas de afiliados pero sufrió 6.850 bajas, mientras este año ha visto cómo crecía la plataforma del agitador ultra Alvise Pérez que se ha convertido en un peligroso competidor para la formación de extrema derecha.

Esas cuentas han destapado otros detalles que no han gustado nada a los críticos, como que el partido continuó pagando en 2023 a una docena de miembros de la dirección -Santiago Abascal; Ignacio Garriga; Javier Ortega Smith; María Ruiz Solas; Jorge Buxadé; Enrique Cabanas; Pablo Sáez Alonso; Manuel Mariscal; Rosa Cuervas; Montserrat Lluís; Ignacio Hoces y Javier Cortes- unas retribuciones nada desdeñables por el ejercicio de sus funciones y que durante ese año ascendieron a 646.522,19 euros, es decir, que cada uno recibió cerca de 54.000 euros anuales de Vox y que la mitad de ellos sumaron a sus ingresos como parlamentarios.

Además Vox reconoce que ha realizado “donaciones” económicas a la Fundación Disenso, de la que Abascal es presidente: en 2023 traspasó 2,5 millones de euros, al igual que el año anterior, y en 2024 adelanta que ha aportado otro millón de euros. En este sentido algunos ex dirigentes consultados por esta redacción destacan también la “opacidad” del partido a la hora de detallar el origen de los 9 millones que pidió Vox a entidades de crédito para hacer frente a los procesos electorales, que esperaban que fuera reembolsado posteriormente por las administraciones públicas una vez pasados esos comicios. “En definitiva, se suben los sobresueldos que cobran, pierden miles de afiliados que ya no pagan, y se mantiene una deuda enorme mientras se depende del dinero público”, lamenta un exdirigente de Vox que sigue afiliado al partido porque dice que prefiere estar dentro “cuando todo esto estalle”.

Una prueba de que existe malestar interno es el desfile incesante de cargos que se han ido marchando del partido, y que se ha intensificado en los últimos meses. Y no ha sido solo por la reciente decisión de Abascal -incomprensible para algunos mandos- de romper los pactos de Gobierno con el PP al no estar de acuerdo con la política de inmigración y la acogida de menores no acompañados que han admitido los de Feijóo. Los motivos han sido también por el desencanto sufrido por el trato que han recibido del líder y la dirección del partido.

Una de las últimas dirigentes que ha dado un portazo a Abascal ha sido la exeurodiputada Mazaly Aguilar, que dejó su afiliación a mediados de agosto. Aguilar era una histórica de Vox -tenía el carné número 8 de afiliación y estaba muy bien considerada en el Parlamento Europeo por sus amplios conocimientos sobre agricultura. Pero sus pésimas relaciones con el jefe de la delegación, el todopoderoso Jorge Buxadé, la sumieron en el ostracismo y finalmente no repitió en la lista electoral cuando en 2019 fue la número dos al Parlamento de Estrasburgo. Pero Abascal no contó ahora con ella y prefirió colocar entre los tres primeros puestos de salida al exportavoz parlamentario de Ciudadanos, Juan Carlos Girauta. Aguilar ha criticado que Vox haya decidido abandonar en Europa el Grupo de los Conservadores y Reformistas Europeos (CRE), liderado por el partido de Giorgia Meloni, para integrarse en el nuevo grupo Patriotas por Europa que encabezan el húngaro Viktor Orbán y la francesa Marine Le Pen.

Meses antes, en febrero, otro de los históricos del partido, Pedro Fernández, que fue brazo derecho en el Ayuntamiento de Madrid de Javier Ortega Smith, sorprendió al confirmar que se había dado de baja de Vox alegando “motivos profesionales” -noticia que fue adelantada por Libertad Digital-, aunque no dejaba su acta en el Congreso como diputado por Zaragoza. Fernández, que es de Madrid, no figuró en la última lista municipal de Vox que volvió a encabezar Ortega Smith pero formaba parte del máximo órgano de dirección del partido hasta que el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) fue remodelado por Abascal este enero.

A finales de mayo ya se había marchado otro de los dirigentes más veteranos de Vox, el médico y diputado Juan Luis Steegmann, que no quiso recoger el acta del Congreso tras la sonora dimisión del exportavoz parlamentario Iván Espinosa de los Monteros. En su lugar entró Carla Toscano, quien poco después también abandonó ese cargo para centrarse, dijo, en su trabajo como concejal en el Ayuntamiento de Madrid.

La drástica ruptura de los pactos con el PP decidida al comienzo del verano por Abascal desató poco después la caja de los truenos entre un sector del partido que consideró un error la pérdida de ese poder institucional, de sueldos públicos y de asesores. La decisión provocó que algunos le plantaran cara y se negaran a renunciar a sus cargos y que incluso anunciaran que abandonaban la militancia en Vox. A mediados de julio lo hizo el consejero de Industria, Comercio y Empleo de Castilla y León, Mariano Veganzones.

En Extremadura, Ignacio Higuero, consejero de Gestión Forestal y Mundo Rural del Gobierno de María Guardiola, se dio también de baja del partido ultraderechista asegurando que “ya no representaba sus ideales”. “Antes era un consejero de Vox, ahora soy un consejero de la Junta de Extremadura como he sido siempre”, advirtió, lamentando que Vox “cambiara las reglas del juego a mitad del partido”. 

A ellos hay que unir la baja como afiliada de Vox de la exconsellera de Justicia e Interior, Elisa Núñez, que fue destituida de su cargo por el president de la Generalitat valenciana, Carlos Mazón, tras la ruptura de esos pactos regionales con el PP. Núñez se fue denunciando en una carta a Abascal la “deriva radical” que en su opinión está tomando la formación de extrema derecha.

El pasado julio, Carlos Pérez, concejal de Vox en el Ayuntamiento de Badajoz, confirmó públicamente que causaba baja en la formación de Abascal, a la que llegó a acusar de “pagos irregulares” de los fondos municipales a las cuentas nacionales. El concejal no dejó su acta y pasó a ser no adscrito.

También en esas fechas tuvo lugar el abandono de la militancia “por principios” del único concejal de gobierno de Vox en Canarias, Ginés González, del Ayuntamiento de Teguise. Como Pérez, González se instaló en el grupo de concejales no adscritos ,manteniendo su área y la tercera tenencia de alcaldía dentro del pacto de Gobierno municipal con el PP.  A su juicio, la dirección nacional de Vox “ha abandonado a Canarias” tras su no rotundo a una reubicación equitativa de menores migrantes no acompañados que llegan al Archipiélago.

Estos ejemplos, además de reflejar el declive que atraviesa la formación de Abascal, dejan la puerta abierta a que el goteo de abandonos continúe y otros destacados dirigentes puedan seguir la misma senda en próximas fechas. Uno de los nombres con el que se lleva especulando hace tiempo es el de Rocío Monasterio, portavoz de Vox en la Asamblea de Madrid y esposa de Iván Espinosa de los Monteros. Pero ella siempre lo desmiente cuando se le pregunta dando por zanjada esa posibilidad. “El tiempo lo dirá”, vaticina sin embargo un excompañero de la formación que la conoce bien.

]]> <![CDATA[El Gobierno central no revisará la protección del lobo hasta final de año cuando se haya actualizado el censo]]> El Gobierno central no revisará la protección del lobo hasta final de año cuando se haya actualizado el censo

Hugo Morán asegura en Oviedo que se atenderá "exclusivamente" a los datos científicos y ha recordado que hay un procedimiento reglado que es el que establece cuál es el grado de protección de cada especie

El gobierno asturiano reconoce que no tiene margen de maniobra para controlar el lobo hasta que se cambie la norma

El Gobierno central no revisará la protección del lobo hasta final de año cuando esté ya actualizado el censo de esta especie y será en ese momento cuando se adoptarán decisiones una vez que se conozca “si ha mejorado o se mantiene su evolución”. Así lo ha manifestado este viernes en Oviedo el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán.

A preguntas de los periodistas, Morán ha rechazado que se pretendan “anticipar respuestas cuando no hay un conocimiento” sobre la situación de esta especie que ahora está incluida en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial y Catálogo Español de Especies Amenazadas (Lespre).

Ha asegurado que se atenderá “exclusivamente” a los datos científicos que se extraigan cuando haya concluido el censo de esta especie y ha recordado que hay un procedimiento reglado que es el que establece cuál es el grado de protección de cada especie, que debe corresponder a la situación existente en cada momento, y debe hacerse con base al conocimiento científico.

El último censo sobre la población del lobo en España es del año 2014 y sobre esos datos se elaboró el informe enviado a Bruselas cinco años después.

El secretario de Estado se ha desplazado al Principado donde ha analizado la llegada de pellets de plástico procedentes del buque Toconao a las costas asturianas.

]]> <![CDATA[La población de Balears crece en más de 20.000 personas en 2023 y se acerca a los 1,2 millones de habitantes]]> La población de Balears crece en más de 20.000 personas en 2023 y se acerca a los 1,2 millones de habitantes

Entre los municipios más poblados, Palma se sitúa en cabeza con 423.350 personas censadas en 2023 -gana 7.410 habitantes en un año-, Calvià está en segunda posición con 53.162 (+704 habitantes) y por detrás quedan Eivissa con 51.996 (+1.281), Manacor 46.395 (+1.043) y Santa Eulària des Riu 41.228 (+680).

La imparable evolución demográfica de Balears y Canarias dispara la presión sobre sus recursos

La población de Balears ha aumentado en 20.602 personas durante este último año y ya cuenta con 1.197.261 residentes en 2023, frente a los 1.176.659 de 2022 --lo que representa un incremento del 1,75%--.

Estos son los datos que se extraen de las cifras oficiales de población de los municipios españoles de acuerdo con la Ley de Bases de Régimen Local, publicados este martes por el Instituto Nacional de Estadística.

Divididos por sexos, los municipios de las islas cuentan con 595.216 hombres --9.520 más que el año pasado-- y 602.045 mujeres --11.082 más--.

Entre los municipios más poblados, Palma se sitúa en cabeza con 423.350 personas censadas en 2023 --gana 7.410 habitantes en un año--, Calvià está en segunda posición con 53.162 (+704 habitantes), por detrás quedan Eivissa con 51.996 (+1.281), Manacor 46.395 (+1.043) y Santa Eulària des Riu 41.228 (+680).

Proporcionalmente, los incrementos poblacionales más destacados en los municipios Baleares se han producido en Estellencs, al pasar de 336 a 359 habitantes en 2023 (+6,84%); seguido de Arany, de 912 a 963 habitantes (+5,59%); Lloret de Vistalegre, de 1.514 a 1.589 (+4,95%) y Es Mercadal, de 5.676 a 5.939 (+4,63%).

Entre los tres municipios baleares que pierden población se encuentran Sant Francesc en Formentera, que lidera la lista y pasa de 11.418 habitantes en 2022 a 11.171 en 2023 --pierde 247--; seguida de Valldemossa, 2.037 con habitantes (-48); y Puigpunyent, 2.055 habitantes (-20).

Por islas, en Menorca los municipios más poblados en 2023 son Ciutadella con 31.443 habitantes (aumenta 632), Maó con 29.902 (+457) y Alaior con 9.748 (+142).

En Mallorca, además de Palma y Manacor, figuran Marratxí en tercera posición, con 39.440 personas (+538); cuarta es Llucmajor, con 39.040 (+318); y quinta Inca 34.577 (+484).

Por su parte, las otras dos localidades más pobladas de Eivissa son Sant Josep de sa Talaia, donde viven 29.506 personas (+693); y Sant Antoni, con 28.237 residentes (+806). Por último, Formentera ha visto como en el último año su población bajaba un 2,17%, como ya se ha mencionado.

Así, Balears en los últimos 10 años habría ganado cerca de 85.600 residentes y en los últimos 20 años alrededor de 250.000 personas, lo que supone un incremento de población del 26,38%.

]]> <![CDATA[Las principales ciudades extremeñas ganaron población en 2022, pero la comunidad perdió 2.500 habitantes]]> Las principales ciudades extremeñas ganaron población en 2022, pero la comunidad perdió 2.500 habitantes

La población creció en 104 de los 388 municipios de la región, pero disminuyó en 275

Extremadura fue la única comunidad autónoma donde la población cayó en 2022, con un descenso de 2.502 personas, que sitúa el censo a fecha 1 de enero de 2023 en 1.054.306 habitantes, según los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Por provincias, la de Badajoz sufrió un descenso de 1.802 personas que deja un total de 666.049 habitantes, mientras Cáceres solo retrocedió en 700 personas, hasta los 388.257 ciudadanos.

No obstante, los principales municipios han experimentado aumentos en la población, de modo que la ciudad de Badajoz tiene censados 150.716 habitantes (133 más), Cáceres 96.195 (785), Mérida 59.563 (186), Plasencia 39.725 (134), Don Benito 37.524 (158) y Almendralejo 33.865 (244) a 1 de enero de 2022.

En este sentido, creció la población en 104 de los 388 municipios de Extremadura, en 9 se mantuvo la misma población y en los 275 restantes se produjo un descenso.

Además, el 15,9% de la población extremeña habita en municipios de 2.001 a 5.000 habitantes.Asimismo, el 58,4% del total residía a 1 de enero de 2023 en el mismo municipio en el que nació, más que en el conjunto nacional, que registra un 44%. Por su parte, la población extranjera creció un 10,7% en la región.

Respecto a la edad media, la población extremeña aumentó en 0,3 años en comparación al ejercicio anterior y se sitúa en 45,50 años, 44,19 años en España.

Cataluña, a la cabeza

En cuanto al resto de comiunidades autónomas, el mayor aumento de población se produjo en Cataluña, que recibió 140.140 personas, seguida de la Comunidad de Madrid y Comunitat Valenciana.

En términos relativos, los mayores aumentos de población se dieron en Comunitat Valenciana con un 2,1%, Illes Balears y Comunidad de Madrid con un 1,9% en ambas.

A nivel provincial, las que más crecieron durante el último año fueron Alicante y Guadalajara, ambas en un 2,5%, y Gerona con un 2,3%.

Por su parte, Jaén, con un 0,6%, y Zamora, con el mismo porcentaje, son las dos provincias que experimentaron mayor retroceso, por encima del cacereño y pacense.

Más de 48 millones de habitantes

En ámbito nacional, el censo situó la cifra de población de España en 48.085.361 habitantes a 1 de enero de 2023, con un crecimiento de 598.634 personas en un año.

Del total de habitantes en 2023, el 87,3% tenían nacionalidad española y el 12,7% nacionalidad extranjera, lo que supuso un 10,5% más de extranjeros que el año anterior.

Los extranjeros más numerosos a esta fecha fueron los marroquíes, 893.953; los rumanos, 629.755; y los colombianos, 453.911.

Entre las principales nacionalidades, los mayores aumentos de población durante 2022 se dieron entre los ciudadanos de Colombia, que aumentaron en 142.391 personas. Le siguen Ucrania, con 83.401 más y Venezuela, con un incremento de 64.498.

Por contrapartida, los mayores descensos fueron los de Rumanía, de 9.742 personas, Reino Unido, de 7.328, y Bulgaria, de 3.061.

En términos relativos, el mayor incremento se registró entre los ciudadanos de Ucrania, de un 75,9%, mientras Bulgaria presentó el mayor descenso, de un 2,6%.

Por municipios, el 40,1% de la población residía en 2023 en municipios mayores de 100.000 habitantes, el 20% en municipios menores de 10.000 habitantes, y únicamente el 3 por ciento en municipios con menos de 1.000 habitantes.

Así, en 4.725 de los 8.131 municipios existentes a 1 de enero de 2023, lo que supone el 41,9% del total, la población aumentó o se mantuvo durante 2022.

Si consideramos las principales ciudades, los mayores incrementos del año 2022 en términos relativos se produjeron en Torrevieja, del 6,8%, Estepona, del 4,6% y Benidorm, del 4,3%.

Por el contrario, los mayores descensos se registraron en Linares y Cádiz, de un 1,1&, y Puertollano, de un 0,8%.

]]> <![CDATA[Cómo tu ocupación influye en dónde vives: el mapa de los empleados, pensionistas y estudiantes, calle a calle]]> Cómo tu ocupación influye en dónde vives: el mapa de los empleados, pensionistas y estudiantes, calle a calle

Analizamos la distribución de los vecindarios con más trabajadores, pensionistas, rentistas o parados, que dibuja las brechas de actividad entre campo y ciudad, centro y periferia o zonas pobres y ricas

Si 100 personas representaran a todos los mayores de quince años que viven en España, aproximadamente 46 estarían trabajando y dados de alta en la Seguridad Social, 9 estarían apuntados al paro, 19 estarían cobrando una pensión de jubilación o invalidez permanente, 7 estarían estudiando en la universidad, el bachillerato o cursos de formación profesional y los 18 restantes estarían sin estudiar ni trabajar, viviendo de las rentas o como empleados en la economía sumergida.

Esta proporción cambia completamente en cada provincia, ciudad y barrio, según el análisis de los datos preliminares del censo de 2021 realizado por elDiario.es. Los datos difundidos por el Instituto Nacional de Estadística (INE) descifran, por primera vez, a qué se dedican los residentes de cada sección censal, la unidad geográfica más pequeña disponible en España. Es decir, una especie de EPA en cada vecindario o calle. Las cifras, trasladadas a un mapa, dibujan miles de brechas territoriales que señalan cómo la ocupación de cada persona influye en el lugar donde vive. 

¿Hay en tu barrio más empleados o más pensionistas? ¿Es una zona universitaria o hay más gente inactiva? Descubre en el siguiente mapa cómo se distribuyen los empleados, pensionistas, parados y estudiantes en tu ciudad.



Fuente: INE, Agencia Tributaria


Los datos del Censo de Población y Viviendas de 2021 difundidos por el INE están basados exclusivamente en registros administrativos. Es decir, han ido identificando la ocupación de las personas en función de si estaban dados de alta en la Seguridad Social (empleados), si estaban inscritos como demandantes de empleo en el SEPE (parados), si estaban matriculados en enseñanzas educativas oficiales (estudiantes) o si cobraban una pensión de jubilación o invalidez permanente en España (pensionistas).

El proyecto censal ha identificado como inactivos a todas aquellas personas de las que no se pudieron encontrar registros públicos. En este grupo estarían incluidos los rentistas, personas que viven de ingresos financieros o inmuebles; NiNis, que ni estudian ni trabajan; los que viven de la economía sumergida, como algunas empleadas de hogar; o jubilados que residen en España pero reciben una pensión de un país extranjero.

Pero, ¿a qué se dedican la mayoría de los españoles? En el 97% de las secciones censales, los trabajadores dados de alta en la Seguridad Social son el grupo mayoritario. Sin embargo, hay vecindarios en los que los pensionistas, parados u otros inactivos son el grupo más numeroso. 

Hemos visitado cuatro calles de toda España para intentar explicar las brechas de actividad en ciudades como Madrid, Barcelona, Valencia o Sevilla. ¿Cómo es vivir en un barrio donde la mayoría de los residentes son pensionistas? ¿O una isla de parados? ¿Y en una zona universitaria?

Madrid

La urbanización de pensionistas

Cómo se ve la calle
Pensionistas 10% SSSS 40%
Cómo se ve en el mapa

Foto: Carmen Martínez. Fuente: INE

Francisco pasea por la avenida principal del Sector III, en Getafe. Le acompaña su cuñado, su hijo empuja la silla de ruedas. Lleva cuarenta años viviendo en este barrio: “desde que lo inauguraron en los ochenta”, cuenta. Como él, centenares de personas encontraron su hogar hace varias décadas en esta zona residencial.

Este barrio está repleto de colegios: en la avenida principal hay varios centros, academias de idiomas y un conservatorio profesional de música. “Cuando se construyó el barrio se necesitaban muchas escuelas, porque las familias que residían aquí tenían varios hijos”, explica Ana Torres, directora del Centro Cívico Sector III.

En torno al 40% de las personas mayores de quince años que viven en estos adosados son pensionistas. Vecinos cuyo “chalet” se construyó entre 1979 y 1988, formaron su familia y se asentaron en este barrio a quince kilómetros al sur de Madrid. Como Francisco, los primeros residentes se mudaron a los nuevos adosados de Getafe con menos de treinta años. Cuatro décadas después, son estos mismos vecinos (ya jubilados) los que conviven en el barrio. 

“Al principio, este barrio periférico tenía mucha vida, pero la gente ha ido envejeciendo. Ahora son fundamentalmente pensionistas”, explica Ana Torres. La media de edad del Sector III ha aumentado considerablemente, teniendo en cuenta que los más jóvenes se han trasladado al barrio colindante. La edad es clave: a partir de los 65 años, entre el 60 y el 70% de la población cobra una pensión. El porcentaje, sin embargo, disminuye con los más jóvenes, como se ve en el gráfico.



En el barrio colindante hay unas seis mil viviendas con apenas diez años de antigüedad llenas de familias jóvenes (en su mayoría, hijos de los vecinos del Sector III) y con una tasa de ocupación por encima del 80%. “Han construido un barrio nuevo aquí al lado que nos está dando la vida, antes no había gente joven”, comenta Mari Carmen, vecina de Sector III desde hace más de treinta años. 

Unos luchan por rejuvenecer las aulas de los colegios, las mesas de los bares y las calles del barrio. Otros buscan la comodidad de la ciudad y la cercanía al núcleo escolar. En las zonas cercanas a las grandes universidades se han levantado ciudades para estudiantes, en su mayoría menores de 25 años. La diferencia de edad se refleja en el estilo de vida, pero también en las fachadas, los negocios y las calles.

Barcelona

Una burbuja para estudiantes en la periferia

Cómo se ve la calle
Estudiantes 3% SSSS 15%
Cómo se ve en el mapa

Foto: Victòria Oliveres. Fuente: INE

Mientras espera a que termine el programa de lavado de su ropa, Iker consulta las redes sociales frente a la lavandería de la Vila Universitària, el barrio con más estudiantes de España. Este conjunto de bloques de edificios es un complejo residencial para estudiantes situado a tan solo unos metros de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), en la periferia de la capital catalana.

“El año pasado vivía en Cerdanyola del Vallès”, la localidad más cercana a esta universidad, “pero este año conseguí plaza en la Vila y me gusta más”, explica este universitario de Pamplona. Con un 25% de estudiantes entre la población de más de 15 años, es la sección censal con el porcentaje más elevado de España. Constan 384 registrados en el último censo de población difundido por el INE, aunque la realidad es que muchos no están contabilizados al seguir empadronados en casa de sus padres.

También viven allí Enrique y Andrea, que se juntan para desayunar en la terraza del bar. “Me gusta la vida aquí porque tienes a los amigos muy cerca, cosa que no pasaría si viviéramos en una ciudad”, cuenta Andrea, que se mudó el curso pasado desde Almería para estudiar Medicina. “Además, puedes traer a amigos a tu piso, no hay restricciones como en una residencia”, añade Enrique, madrileño que ha empezado este año la misma carrera.

Aunque en la Vila Universitària se ven tanto chicos como chicas, las mujeres son mayoría entre los estudiantes empadronados en este vecindario (63% de los alumnos censados). Una tendencia que se repite en el resto del país. El porcentaje de mujeres entre 16 y 24 años de esta franja de edad que están estudiando supera por casi cinco puntos a los hombres. En cambio, el porcentaje de hombres menores de 25 años que tienen un empleo es mayor que el de mujeres, como se observa en el siguiente gráfico. 



El complejo de pisos compartidos y estudios cuenta con dos bares, un supermercado, una lavandería, una copistería y hasta una autoescuela, además de una zona deportiva con piscina. La Vila Universitària se inauguró hace tres décadas, tras acoger una parte del personal de los Juegos Olímpicos de Barcelona'92. Desde entonces el complejo ha cambiado tanto como la sociedad. Lo sabe bien Ángel, que lleva 13 años trabajando en Pupurri, la copistería y tienda “de todo un poco” de la Vila. Explica que antes en ese local también había un ciber y un locutorio, pero lo cerraron “porque los estudiantes ya no lo necesitan”.

También conoce bien el lugar Miquel, camarero del Frankfurt de la Vila desde hace dos décadas. “Antes los jóvenes venían al bar y se conocían, ahora se conocen por internet y después vienen al bar”, cuenta Miquel. En este bar se organiza cada jueves un karaoke para los estudiantes que residen allí, pero también para otros jóvenes de la zona. “Este lugar es un polo de atracción para otra gente que sabe que aquí va a encontrar un ambiente joven”, añade Miquel. 

Cuando terminan los estudios universitarios, la mayoría de estos jóvenes no se quedan viviendo en estas zonas. Un nuevo tipo de barrio ha surgido en España para aglutinar a estos profesionales cualificados que quieren tener hijos y casas más amplias que en el centro: los PAU.

Sevilla

PAUs: familias jóvenes y muchos trabajadores

Cómo se ve la calle
Ocupados 30% SSSS 60%
Cómo se ve en el mapa

Foto: Ana Ordaz. Fuente: INE

Las características son inconfundibles: en el extrarradio de la ciudad, grandes bloques de pisos de nueva construcción delimitadas por avenidas de dos y tres carriles en cada sentido, fachadas impecables, amplias calles peatonales en la mayoría de ocasiones sin apenas comercio de proximidad ni servicios, muchos coches, islas de zonas verdes, familias jóvenes con niños pequeños por doquier y un nivel de renta acomodado. Está usted en un PAU.

Los PAU (Programa de Actuación Urbanística) fueron un modelo que tuvo su auge a partir de los años 2000 en España. En la parte nueva del barrio de Sevilla Este, edificada a partir de 2010, padres y madres en la treintena salen a pasear con sus carritos y pequeños. ¿A qué se dedican estas familias? Una pareja, farmacéutica y fisioterapeuta; otra, con tres hijos, ambos profesores. En esta zona, la tasa de ocupación es extremadamente alta: hasta el 81% de la población está empleada. 

Una de las explicaciones a este fenómeno se encuentra a escasos kilómetros de estas urbanizaciones: el aeropuerto de Sevilla y las bases de Airbus, la fábrica de aviones civiles y militares. Un padre joven cuenta: “Casi todos los que vivimos por aquí [las edificaciones más nuevas y próximas al aeropuerto] nos dedicamos a la aeronáutica”.

Una breve encuesta a pie de calle por el vecindario revela cómo la gran mayoría de la población cuenta con estudios superiores y está ocupada en empleos cualificados, mientras que los desempleados y pensionistas son minoritarios. Una tendencia que se repite en los PAU de todas las ciudades y que tiene directa relación con el nivel de estudios. 

El perfil de quienes se mudan a estos nuevos barrios es población de entre 25 y 39 años con estudios superiores, un perfil que en el conjunto del país alcanza el 76% de ocupación. La relación es clara: a mayor nivel de estudios, más empleabilidad, más pensiones, menos paro y menos inactivos.



Una situación que contrasta con la de los barrios más pobres del país, donde predomina el desempleo y la economía sumergida. A nivel general, la tasa de ocupación de la población de esa misma franja de edad que no se sacó el graduado escolar o inferior se reduce hasta el 36%, el paro aumenta del 9% al 13% y la población inactiva se dispara del 12% al 48%.

Valencia

Isla de paro en barrios sin recursos

Cómo se ve la calle
Parados 3% SSSS 20%
Cómo se ve en el mapa

Foto: Carmen Martínez. Fuente: INE

María y Rosa (nombres ficticios), de unos sesenta años de edad, llevan más de tres décadas viviendo en La Coma (Paterna). Prefieren no desvelar su verdadera identidad cuando cuentan los problemas de convivencia del barrio. “Ahora está tranquilo porque están todos durmiendo”, explica Rosa. Son las once de la mañana de un viernes y apenas hay vida en la calle: un grupo de jóvenes sentados en un banco y unos pocos trabajadores municipales limpiando las calles, llenas de chatarra y montones de basura de la noche anterior.

En 1988, La Coma y otras ocho zonas de la comunidad fueron declaradas Barrios de Acción Preferente (BAP). Esta iniciativa de la Generalitat Valenciana busca superar situaciones de pobreza persistente y desequilibrios sociales con actuaciones como apoyo a domicilio, integración social o ayuda económica. Actualmente, este distrito valenciano registra un porcentaje de adultos en paro por encima del 30%.

En esta misma zona, el 60% de la población mayor de quince años apenas tiene estudios: solo el graduado escolar o menos. Julia (nombre ficticio) lleva más de veinte años viviendo en La Coma y ha desempeñado diferentes cargos en los centros educativos y fundaciones de la zona. Bajo este pseudónimo cuenta que los jóvenes no quieren estudiar. “Viven en un gueto y no aspiran a nada más. Solo conocen esa vida”, explica. 

Además, el porcentaje de personas inactivas supera el 20%, considerablemente por encima de los barrios colindantes. “La delincuencia de este barrio lo pone todo mucho más difícil. No tienen trabajo porque se dedican a actividades ilegales como la droga o la chatarra”, añade María. Las tres vecinas confirman que la economía informal y los subsidios están presentes en el barrio valenciano desde que tienen memoria.

El fenómeno se repite en todo el país. Los barrios más pobres se llenan de parados registrados en el SEPE y personas de las que no se encontró información sobre su ocupación en los registros públicos: gente que vive de la economía sumergida y personas que ni trabajan ni estudian, principalmente.

Estos cuatro barrios señalan cómo tu ocupación influye en dónde vives. Y al revés, como donde vives (o naces) condiciona lo que haces. En el siguiente gráfico puedes ver cuáles son las comunidades con mayor número de secciones censales con altas proporciones de ocupados, pensionistas, parados, estudiantes e inactivos.


¿Dónde están los barrios y pueblos con más personas de cada grupo?

Porcentaje de las secciones censales en cada comunidad autónoma según el porcentaje de ocupados, pensionistas, parados, estudiantes e inactivos entre su población de más de 15 años

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]]> <![CDATA[España prefiere la costa: así ha cambiado la población de cada provincia desde 1900]]> De Madrid a Teruel y Las Palmas: cómo han cambiado las provincias preferidas para vivir desde 1900

Analizamos la evolución del ranking de provincias más pobladas de cada década entre 1900 y 2021 que señala cómo han cambiado los lugares preferidos para vivir de los españoles

Mapa - La España sin niños: solo uno de cada diez municipios vio más nacimientos que funerales en 2021

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Entre 1900 y 2021, la población en España se ha duplicado al pasar de 19 a 47 millones de habitantes. Sin embargo, su distribución por todo el territorio ha cambiado mucho más 👇
Este es el ranking🥇 de provincias ordenadas según el número de habitantes registrados en el censo de 1900.

En el primer puesto, Barcelona era la provincia más poblada con poco más de un millón de residentes.
Madrid🌆, aunque empezó en el tercer puesto de territorios más poblados en el siglo XX, ha ido escalando por encima de Valencia y Barcelona; y es la provincia más poblada desde los años 80.
La evolución del ranking de provincias más pobladas desde 1900, con datos de los últimos 13 censos recopilados por elDiario.es, señalan cómo han cambiado los lugares favoritos para vivir de los españoles.

El color muestra (entre 1900 y 2021) las que caen 4+ puestos, caen 1-3 p., suben 1-3 p. y suben 4+ p.
Aunque la población española se ha duplicado en el último siglo, una decena de provincias tienen hoy menos residentes que en 1900.

Zonas interiores de la España vaciada donde ahora vive menos gente que antes de la Primera Guerra Mundial.
Con el éxodo rural de los años 50, muchas provincias del interior comenzaron a perder población a favor de desplazamientos a las urbes.

El caso de Castilla y León muestra esta migración. La única provincia que ha subido puestos en el ranking de más pobladas es la central: Valladolid.
La población rural se concentró en el sector servicios de las grandes ciudades. Un fenómeno que ha ido en aumento a lo largo de las décadas.

En 1900, la población de las tres principales provincias apenas superaba el 14% sobre el total nacional; hoy ya superan el 32%.
1900
14%
1960
22%
2021
32%
Otras grandes capitales como Zaragoza también absorbieron la población del resto de provincias. Mientras que la capital aragonesa ha duplicado la población desde 1900, Huesca y Teruel tienen menos residentes que hace más de un siglo.
Galicia es otro ejemplo de cómo se formó la España Vaciada. Sus dos provincias costeras (Pontevedra y A Coruña) se han mantenido en la primera mitad del ranking desde 1900, mientras que Lugo y Ourense han tenido un declive constante desde los años 50.
La evolución contrasta con la cordillera industrial del norte. Entre los años 50 y 80, Euskadi, La Rioja, Cantabria, Asturias y Navarra escalaron en el ranking de provincias favoritas para vivir de los españoles.

En estas zonas el éxodo estaba atraído por la industria donde el empleo en el sector secundario estaba varios puntos por encima de la media nacional.
La diferencia con las megaurbes es que estas zonas industriales han frenado su crecimiento desde entonces. De 1981 a 2021, Gipuzkoa ha crecido solo un 4%, Bizkaia ha perdido un 3% de su población y Asturias hasta un 10%.
El desarrollo económico que se inició en los 60 con la apertura de la dictadura trajo el turismo. Con él, sol y playa🏖️.

Los archipiélagos fueron los grandes beneficiados de crecimiento gracias también a las mejoras de conectividad y avances en el transporte.
Baleres, Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas están entre las seis provincias que más multiplicaron su población en el último siglo.

De hecho, en 1900, Las Palmas era la tercera provincia con menos población de toda España. En los años 70, escaló hasta la mitad de la tabla; y, actualmente, es la undécima región con más población de todo el país.
También las zonas costeras se vieron favorecidas frente al interior de la Península. Una concentración que se intensificó al calor de la burbuja inmobilaria y el boom migratorio.
Esta tendencia se ve bien en el sur. En Andalucía, el crecimiento de población varía entre las provincias de costa y de interior.

Mientras que Cádiz, Málaga o Huelva han subido en el ranking provincial, Córdoba y Jaén han caído entre los lugares preferidos para vivir, especialmente desde los años 50.
La región vecina, Extremadura, totalmente interior, ha experimentado desde los años 50 un declive poblacional. Cáceres tiene en la actualidad casi un 30% menos de población que entonces.
Esta diferencia entre el interior y la costa se ha dado de una forma similar en el Levante. Por ejemplo, en Catalunya durante primera mitad de siglo todas las provincias exceptuando Barcelona perdieron posiciones entre las más pobladas.

A partir del desarrollo costero y turístico, Girona y Tarragona escalaron en el ránking hasta estar entre las 20 más pobladas del país.
En Lleida, en cambio, sin el impulso del turismo, el crecimiento fue mucho menor. Su población ha aumentado solo un 35% en los últimos setenta años.
El crecimiento costero también favoreció el crecimiento del resto de la zona mediterránea. Especialmente en Alicante y Murcia, donde la burbuja inmobiliaria intensificó la densidad de población.

Aunque están en posición similar que a inicios del siglo XX, entre los años 50 y la actualidad la población de Murcia o Valencia se ha duplicado.
En las últimas décadas, uno de los nuevos fenómenos que han surgido es la expansión de las áreas metropolitanas a otras provincias.

Son los casos de las dos provincias de Toledo y Guadalajara, en Castilla-La Mancha, que han subido de puesto entre las preferidas para vivir desde 1990 al entrar dentro del área de influencia de Madrid.
En 120 años, la distribución de la población española se ha transformado completamente: más costera, más concentrada, más urbana.

Las proyecciones para los próximos 50 años del Instituto Nacional de Estadística (INE) estiman un mayor trasvase de las provincias interiores a Madrid, Barcelona y los grandes núcleos turísticos. ¿Dónde vivirán los españoles del futuro?

El INE ha publicado los resultados preliminares del Censo de Población y Viviendas de 2021. Por primera vez, el censo está basado exclusivamente en registros administrativos. Es decir, ha sido una operación estadística invisible en el que la población no ha cumplimentado ningún cuestionario censal.

La comparación de los datos de este último censo con los 12 anteriores, recopilados a partir de los documentos históricos por elDiario.es, permiten trazar un primer boceto de cómo ha cambiado la distribución de la población española por el territorio en el último siglo.

Aunque la clasificación de provincias por número de residentes permite conocer qué lugares han subido y bajado en la clasificación de “favoritas para vivir”, los números brutos también señalan cuándo ganaron y perdieron población. En el siguiente gráfico puedes consultar cuántos habitantes tenía cada provincia en cada década y cómo varió la población respecto al censo anterior.


En qué década ganaron o perdieron población las provincias españolas desde 1900

Evolución de número de habitantes registrados en cada provincia según los censos publicados en cada década

Cae la población 5% o más desde anterior censo
Cae 0-5%
Sube 0-10%
Sube 10%+
Selecciona una prov.

Fuente: INE


Madrid, Las Palmas, Barcelona, Santa Cruz de Tenerife y Alicante son las cinco provincias en las que más ha crecido la población en el último siglo. En todas el número de residentes se multiplicó por cuatro desde 1900 y señalan las claves del cambio en la distribución de la población por el territorio. Más concentrados en mega urbes urbanas –Madrid y Barcelona– que amplían sus áreas de influencia incluso a las provincias limítrofes y en zonas costeras urbanizadas como Canarias y la costa del Mediterráneo.

Explora en el siguiente gráfico el ranking de provincias más pobladas en cada década desde 1900 hasta 2021. Haz click encima y destaca tu provincia.


Así han ido cambiando las provincias preferidas para vivir en España

Evolución del ranking de provincias más pobladas de España en cada censo desde 1900 hasta la actualidad

Caen 4+ puestos desde 1900
Caen 1-3 p.
Suben 1-3 p.
Suben 4+ p.

]]> <![CDATA[Extremadura, una de las tres comunidades que perdió población en el primer semestre]]> Extremadura, una de las tres comunidades que perdió población en el primer semestre

La región perdió 1.562 habitantes pese a recibir 2.222 nuevos

La población extremeña se redujo en 1.562 personas en el primer semestre, ya que las 3.027 personas que perdió por el mayor número de muertes que de nacimientos y las 757 que se perdieron por la migración interior, no se han podido ser compensadas por las 2.222 nuevas que llegaron a Extremadura.

Según las cifras publicadas por el Instituto Nacional de Estadística (INE) que incluyen los saldos migratorios además del vegetativo, a fecha 1 de julio de 2022 había en Extremadura 1.051.738 habitantes frente a los 1.053.317 de la misma fecha de 2021, un 0,15 por ciento menos.

Extremadura fue una de las tres únicas comunidades que perdieron población en el primer semestre junto con Castilla y León y Asturias y una de las tuvo menos saldo migratorio exterior, junto a La rioja y Cantabria.

En el conjunto del país, la población aumentó en 182.141 personas, un 0,38 por ciento, hasta 47.615.034 habitantes. El crecimiento se debió a un saldo migratorio positivo de 258.547 personas, que compensó un saldo vegetativo negativo de 75.409 personas.

La decisión de instalarse en España de miles de colombianos, venezolanos y ucranianos -estos últimos a consecuencia de la guerra- logró, en el primer semestre de 2022, compensar la crisis demográfica española en un periodo en el que en España murieron más habitantes de los que nacieron.

Según la Estadística de Migraciones y Cifras de Población del primer semestre de 2002, numero total de habitantes se situó en 47.615.034 (el valor máximo de la serie histórica) debido, fundamentalmente, a la llegada de inmigrantes.

Entre enero y junio de 2022, el número de extranjeros creció en 172.456 (un 3,1 %) hasta los 5.579.947, con lo que suponen el 11,7 % de quienes habitan en España. De esas 172.456 personas, 60.142 (un 19,1 % más) llegaron desde Colombia, 48.396 lo hicieron desde Ucrania (45,8 % más) y 31.703, desde Venezuela (14,4 % más).

El aumento de población residente en España del primer semestre es resultado de un saldo migratorio positivo de 258.547 personas, es decir, que hubo 478.990 inmigraciones procedentes del extranjero y 220.443 emigraciones con destino al extranjero.

Ese saldo migratorio positivo, advierte Estadística, fue mucho mayor al del primer semestre de 2021 y mantienen la tendencia creciente observada hasta 2019, que se vio afectada en 2020 y 2021 por la COVID-19. Y resultó suficiente para compensar el saldo vegetativo negativo de 75.409 habitantes (158.816 nacimientos frente a 234.225 defunciones).

Aunque en menor medida, también aumentó la población de nacionalidad española en 9.685 personas. Esta evolución fue resultado de un saldo vegetativo negativo (de 95.422 personas), unido a un saldo migratorio positivo pero casi nulo (241 personas) y a las adquisiciones de nacionalidad española (105.639 ).

Si solo se contabiliza a los españoles nacidos en España, el primer semestre de este año la población se redujo en 71.257 personas.

Al desglosar los datos de entradas y salidas de España se observa que de las 478.990 personas que optaron por establecer su residencia en España (un 137,9 % más que en el primer semestre de 2021), 37.209 eran españoles, mientras que de las 220.443 que se fueron (un 11,7 % más) 36.968 también lo eran.

En cuanto a la emigración, 183.475 salidas fueron protagonizadas por extranjeros y 36.968 por españoles, de los que 22.850 habían nacido en España.

Los datos sobre migración exterior de extranjeros reflejan que el saldo migratorio de la población con nacionalidad extranjera, que viene siendo positivo desde 2015, fue de 258.306 personas durante el primer semestre.

Frente a los colombianos, ucraniana y venezolanos, principales nacionalidades de inmigrantes extranjeros, los mayores descensos fueron los de los ciudadanos rumanos (11.751 personas menos), británicos (8.381 menos) y chinos (5.058 menos).

Pese a estas cifras la comunidad extranjera mayoritaria sigue siendo la marroquí, con 770.610 ciudadanos viviendo en España, seguida de la procedente de Rumanía (619.833), Colombia (375.528), Reino Unido (307.443) e Italia (306.621).

La llegada de inmigrantes ha beneficiado a la mayoría de las comunidades autónomas entre enero y junio de este año. Catorce de ellas han visto cómo aumentaba su población.

Los mayores incrementos en términos relativos se dieron en Comunidad de Madrid (0,82 %), Illes Balears (0,68 %) y Comunitat Valenciana (0,66 %).

]]> <![CDATA[La imparable evolución demográfica de Balears y Canarias dispara la presión sobre sus recursos]]> La imparable evolución demográfica de Balears y Canarias dispara la presión sobre sus recursos

Desde 2001, la población balear ha aumentado en un 33,5%, mientras que la canaria ha subido un 21,9%. Ambos territorios se encaminan hacia un crecimiento poblacional con serias repercusiones en materia sanitaria, educativa y de vivienda, así como sobre el consumo de energía o de agua

Masificación en Mallorca: “Ya no puedo ni vivir en mi isla”

“La cuantificación de la población es el punto de partida y un elemento clave de la planificación y la toma de decisiones públicas”, señala el Consejo Económico y Social (CES) de Balears en uno de sus informes acerca de la evolución demográfica en las islas. El Instituto Nacional de Estadística (INE) apunta a que tanto el archipiélago balear como Canarias se encaminan hacia un crecimiento poblacional con serias repercusiones en materia sanitaria, educativa y de vivienda así como sobre el consumo de energía o de agua, una olla a presión teniendo en cuenta que la insularidad, per se, ya implica numerosas limitaciones en cuanto al abastecimiento de recursos.

Desde el año 2001, periodo a lo largo del cual se han sucedido ciclos tanto de expansión como de contracción económica, el aumento de la población total en ambas comunidades es constante. Los expertos precisan, sin embargo, que el aumento de la población no ha llevado aparejado consigo un incremento de la riqueza per cápita, al tiempo que apelan a abordar esta cuestión con rigor para evitar su utilización con tintes xenófobos e impedir que la población más vulnerable se convierta en negativo en el foco del debate.

Las estadísticas apuntan a que, desde 2001 a 2021, la población de Balears se ha incrementado en un 33,5% (+294.381 personas), de acuerdo a los datos manejados por el Instituto Balear de Estadística (Ibestat), mientras que en Canarias ha subido en un 21,9% (+391.578), según el Instituto Canario de Estadística (Istac). Por su parte, el INE estima que, desde el año 2000, en términos absolutos, en España ha aumentado la población en casi siete millones de personas -un 17,9%-, mientras que en el archipiélago balear lo ha hecho en casi 326.000 -un 38,5%-, más del doble que a nivel nacional. Es la cifra más elevada en todo el Estado. Sólo en los últimos cinco años, Balears ha visto incrementada su población en 68.101 habitantes.





Sin embargo, como señala el 'Estudio sobre la prospectiva económica, social y medioambiental de las sociedades de Balears en el Horizonte 2030', coordinado por el catedrático de Historia e Instituciones Económicas de la Universitat de les Illes Balears (UIB) Carles Manera y elaborado de forma conjunta con el CES, este incremento de la población se ha producido de modo muy desigual entre unas franjas de edad y otras. Así, entre 2006 y 2017 el total de población de Balears creció un 16,5% y, mientras el grupo de edad de 55 años o más crecía un 33,5 %, el grupo de edad de entre 20 y 34 años cayó un 14,2%, lo que implica un desplazamiento de las generaciones más jóvenes y numerosas de los nativos hacia edades más avanzadas. El envejecimiento de la población se traslada, de este modo, a la población activa y a la población ocupada.

Descienden las tasas de natalidad

Los expertos señalan que una parte de este importante envejecimiento generalizado de la población se explica por las bajas tasas de fecundidad, tanto en Balears como en el conjunto de España. Advierten, en este sentido, de que seguirán siendo bajas en los próximos años. Se prevé que el archipiélago mantendrá unas cifras de unos 36 hijos por cada 1.000 mujeres en edad fértil hasta 2030, mientras que para el país en su conjunto se pasará de 36,6 a 39,1 hijos anuales. 

Como apunta el CES en su informe 'El reto demográfico de Balears', a la hora de analizar estos datos debe tenerse en cuenta el fenómeno turístico en una comunidad autónoma sometida a una fuerte presión humana durante los meses de temporada alta. En el archipiélago, la estacionalidad concentra la actividad económica en los meses de verano coincidiendo con el máximo número de visitantes mientras, a su vez, el turismo influye de forma drástica sobre los recursos de las islas.

Para cuantificar la población flotante, que aglutina tanto a las personas empadronadas en un determinado territorio como las que residen permanente o temporalmente en él y que no están inscritas, el índice de presión humana (IPH) permite estimar la población presente en un territorio, independientemente de los datos oficiales de población, como el padrón. En el caso de Balears, el Instituto Balear de Estadística (Ibestat) contabiliza las entradas y salidas diarias de personas por puertos y aeropuertos y recoge la carga demográfica real que soporta a diario cada una de las islas que integran el archipiélago.

Índice de presión humana: dos millones de personas en un solo día

Así, ante una población residente de 1.171.543 personas en 2019, el número de personas en el mismo día en las islas alcanzó un valor máximo el 5 de agosto de 2019, con 2.039.687, lo que representa un aumento del 74%, de acuerdo a los datos recogidos y analizados por el CES. En agosto, el valor mínimo de la población total fue de 1.843.049, un 57% más. En 2021, último año disponible, se concentraron 1.824.142 personas en un solo día. En diferentes días de la primera quincena de agosto, las islas de Menorca y Eivissa soportan una presión máxima de población que dobla, y en el caso de Formentera casi triplica, la población residente.

En agosto, las islas de Menorca y Eivissa soportan una presión máxima de población que dobla, y en el caso de Formentera casi triplica, la población residente

El fenómeno de la estacionalidad se solapa, según el CES, con la heterogeneidad de la localización de la población residente entre las diferentes islas y dentro de cada isla, lo que configura un modelo de presión humana claramente anisótropo, como apunta el 'Estudio sobre la prospectiva económica, social y medioambiental de las sociedades de Balears en el Horizonte 2030', coordinado por el catedrático de Historia e Instituciones Económicas de la Universitat de les Illes Balears (UIB) Carles Manera y elaborado en colaboración con el CES. En concreto, doce de los 67 municipios de las Islas concentran el 71% de la población empadronada, entre los que sobresale Palma, que concentra el 36%.

Respecto a la evolución demográfica en los últimos años, a partir del año 2005 destaca el intenso crecimiento de las Pitiüses. Formentera ha registrado las variaciones más elevadas del archipiélago: alcanzó el 8,4% en 2008, mientras que Eivissa también ha crecido por encima de la media balear hasta el 2018, año a partir del cual Mallorca, Menorca e Eivissa han crecido en torno al 2%; en cambio, Formentera ha perdido población. Si tenemos en cuenta la evolución de los últimos cinco años, Balears ha crecido en su conjunto a una media de un 1,2% anual, Mallorca lo ha hecho con la misma intensidad, Eivissa ha crecido un 1,5%, Menorca un 0,7% y Formentera un 0,1.

Aumento de la población en 2035

En este contexto, las proyecciones del INE, elaboradas con una metodología homogénea para todas las comunidades autónomas de acuerdo con los criterios de la Oficina Estadística de la Unión Europea (Eurostat), apuntan a que en 2035 la población balear habrá aumentado un 18,7% (hasta las 1.390.671 personas) frente al 1,8% del conjunto de España (48.284.479 habitantes). La tasa acumulativa de crecimiento anual de Balears para este período será, por tanto, doce veces mayor que la de la totalidad del país. Según estos cálculos, Balears será la comunidad autónoma que más crecerá en términos relativos en todo el Estado.

Los expertos aseveran que una de las problemáticas que podría agravarse debido a estos incrementos es la del acceso a la vivienda, un factor de riesgo que, añaden “está aumentando como resultado de las presiones a que está sometido el mercado de la vivienda (dificultades de acceso a crédito, aumento del alquiler turístico, nuevas necesidades como consecuencia de las nuevas estructuras sociales y lazos familiares) y que excluye a muchas personas del mercado inmobiliario, tanto de compra como de alquiler”. Hay un incremento notable, además, de la proporción de población que vive en hogares con carencia material y de la población que tiene dificultades para llegar a final de mes.

Sí, hay que emitir menos gases de efecto invernadero y consumir menos energía, (...) pero hay que mirar hacia la clase más rica

Macià Blázquez — Catedrático de Geografía de la UIB

Macià Blázquez, catedrático de Geografía de la Universitat de les Illes Balears (UIB) y quien desde hace años se encuentra volcado en la investigación sobre el turismo, su globalización, la planificación territorial y su relación con la conservación de la naturaleza y la sostenibilidad, advierte de que un análisis crítico de la presión demográfica “sin más nos puede llevar a promover la xenofobia”. Blázquez apela a abordar propuestas de decrecimiento justo y plantear, en este sentido, un acuerdo “democrático y planificado” teniendo en cuenta el caudal per cápita. “Sí, hay que emitir menos gases de efecto invernadero y consumir menos energía, pero no le puedes pedir a alguien que vive en un suburbio y se traslada en transporte público que emita menos gases. Hay que mirar hacia la clase más rica”, subraya en declaraciones a elDiario.es.

En esta línea, el docente señala que debe propiciarse un sistema “más igualitario y más distributivo”: “Ahí es donde la intervención de la Administración pública se hace necesaria”. Al respecto, sostiene que debe promoverse un turismo social que “tenga una base amplia y no sea elitista”.

Imagen del aparcamiento situado junto a playa virgen de Cavalleria, en Menorca
Imagen del aparcamiento situado junto a playa virgen de Cavalleria, en Menorca

La situación de Canarias

Mientras tanto, el crecimiento poblacional de Canarias se ha convertido en un tema de preocupación para el Gobierno regional, especialmente por los problemas de movilidad y de alquiler que afectan en mayor medida a las islas capitalinas, Gran Canaria y Tenerife. Por ello, el Parlamento canario prevé analizar esta cuestión en los próximos meses en una comisión que contará con expertos y con las propuestas de los distintos partidos políticos.

Según datos oficiales del Instituto Canario de Estadística (ISTAC), Canarias presenta una densidad humana de 293 habitantes por kilómetro cuadrado. Sin embargo, el crecimiento es desigual por islas. Así, Lanzarote, en 2001 contaba con una población de 103.044 personas, mientras que en 2021 contabilizaba 156.189 (un 51% más). Del mismo modo, Fuerteventura es otra de las islas que mayor incremento poblacional ha experimentado: si en 2001 contaba con 66.025 residentes, en 2021 ascendía a 119.662, lo que supone un incremento del 81%.

El director del Departamento de Geografía e Historia de la Universidad de La Laguna (ULL), José León, explica a este periódico que, en el caso de estas dos islas, las más orientales de Canarias, el crecimiento poblacional se disparó desde los años 70 con la llegada del turismo tras solucionar los problemas históricos de agua que arrastraban debido a la aridez de ambas islas. De hecho, en 1964 se inauguró en Lanzarote la primera desaladora de Europa, lo que permitió su crecimiento económico.

Vista aérea del municipio turístico de Arona, en Tenerife
Vista aérea del municipio turístico de Arona, en Tenerife

En Gran Canaria y Tenerife también se ha registrado un aumento de residentes en los últimos 20 años. El año pasado, la isla del Teide presentaba un total de 927.993 habitantes y en 2001 contaba con 744.076 (un crecimiento en 20 años del 17,9%). Por su parte, Gran Canaria en 2021 contabilizaba 852.688 y en 2001, 755.489, lo que supone un incremento del 12,8%. En las islas occidentales, el crecimiento ha sido menor. El Hierro contaba en 2021 con 11.298 personas residiendo en la isla y hace 20 años con 9.423 (una diferencia de 19,8%). La Gomera contabilizaba el año pasado 21.734 residentes y en 2001, 18.890 (un 15% más). La Palma no solo no ha crecido, sino que ha perdido residentes (disponía en 2021 de 83.380 personas censadas y en 2001, 84.319, en lo que supone un descenso del 1,1%).

Por ello, José León insiste en que el crecimiento poblacional de Canarias es desigual y pone énfasis en el caso de La Palma, donde ha disminuido y en otros períodos ha quedado estancada. Se trata de una isla que vive principalmente del sector primario y con menor peso del turismo en el cómputo global del archipiélago.

No obstante, dentro de una misma isla también se producen diferencias. Municipios alejados de la capital de la isla como Artenara (Gran Canaria) cuenta con apenas once niños en su escuela y 1.046 personas censadas, de las cuales no todas viven en este pueblo. El presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, mencionaba recientemente el caso de otros municipios en similar situación como Fasnia, Arafo o Tejeda, que han ido perdiendo población en los últimos años.

Una economía poco diversificada

El geógrafo José León insiste en no utilizar el término “sobrepoblación”, que considera “obsoleto” y cree que no describe la situación de las islas. El experto remarca que Canarias cuenta con una cifra “casi crónica” de desempleo que ronda el 20%. Sin embargo, lo achaca a la falta de diversificación económica. También remarca que precisamente por ese aumento de población, esta comunidad autónoma recibe recursos de Europa para ser destinados entre otras cuestiones a planes de empleo.

Los nacimientos en el archipiélago canario se sitúan en mínimos históricos y es la tercera comunidad donde más descendió la natalidad en los primeros seis meses del año

Otro dato destacable en un análisis del aumento poblacional de Canarias es que la natalidad se ha estancado. “Ha descendido globalmente tanto que la mortalidad es más elevada que la natalidad. De modo que el crecimiento vegetativo ya es negativo y si no tuviésemos inmigración, las Islas estarían perdiendo población”, afirma León. Según los últimos datos del INE, los nacimientos en el archipiélago se sitúan en mínimos históricos y es la tercera comunidad donde más descendió la natalidad en los primeros seis meses del año. El crecimiento de personas censadas radica en la inmigración, fundamentalmente de personas procedentes de Europa y América Latina.

El docente recuerda que es necesario abordar este debate con rigor para evitar que se utilice con tintes xenófobos y remarca que en una economía abierta los puestos de trabajo son ocupados por las personas con mayor cualificación y formación. Los datos de pobreza de Canarias están muy vinculados a esa falta de diversificación económica.

Precisamente, sobre el turismo y el modelo económico de Canarias invitan a reflexionar varios expertos. Mientras Balears ya ha puesto freno a la creación de nuevas plazas turísticas, Canarias no se plantea actualmente este debate. Mientras, apuesta por atraer teletrabajadores y se ha marcado el reto de cerrar el año con 14 millones de visitantes. El geógrafo Alejandro Armas, que ha estudiado el impacto del alquiler vacacional en diversos municipios de Canarias, sostiene que en lugar de hablar de “sobrepoblación” habría que hablar de “decrecimiento” en el sector turístico.

Por ello, apuesta por no construir más hoteles y hacer planes de rehabilitación hotelera. En cuanto al objetivo de atraer teletrabajadores, Armas recuerda que las viviendas de alquiler vacacional se concentran en determinados municipios donde se genera una presión en el mercado de vivienda. A ello se suma la inflación y la falta de medidas que garanticen el acceso a este derecho, como las políticas de construcción de vivienda pública o al alquiler. Ejemplo de ello son Adeje (Tenerife), las zonas metropolitanas de esta isla o La Oliva (Fuerteventura), municipio español que presenta más domicilios turísticos con respecto al total y donde los vecinos son incapaces de encontrar un alquiler accesible.

]]> <![CDATA[El número de explotaciones agrícolas disminuye en la región, pero aumenta la superficie utilizada, según el INE]]> El número de explotaciones agrícolas disminuye en la región, pero aumenta la superficie utilizada, según el INE

El Instituto elabora el nuevo censo agrario que actualiza los datos de 2009 al 2020 y señala que el número de mujeres jefas de explotación aumentó un 22%

El número de explotaciones agrícolas en Castilla-La Mancha se redujo en un 7,78% en 2020 respecto al anterior censo, de 2009, hasta las 112.886 explotaciones, según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE).

Estos datos revelan que a nivel nacional el número de explotaciones se redujo un 7,6% en 2020 respecto al anterior censo, hasta las 914.871 explotaciones, al tiempo que la mano de obra en las explotaciones agrícolas disminuyó un 7,7%. La reducción del número de explotaciones se extiende a todo el territorio nacional, con la excepción de las Comunidades Autónomas de Andalucía y La Rioja, siendo algo más intensa en la cornisa Cantábrica.

Por su parte, la Superficie Agrícola Utilizada (SAU) estimada ha subido tanto a nivel nacional como regional. Así en Castilla-La Mancha ha crecido un 3,74%, lo que supone que las explotaciones han pasado de las 33,42 hectáreas de media en el año 2009 a los 37,60 hectáreas en el 2020.

Estas cifras están por encima de la media nacional. Así, la SAU nacional era en el 2009 de 23,9 millones de hectáreas, con un aumento un 0,7%. Como resultado, la superficie agrícola utilizada (SAU) media por explotación creció un 7,4%, al pasar de 24,56 hectáreas a 26,37.

El mayor incremento entre la SAU destinada a cultivos al aire libre corresponde a los frutales, otros leñosos y olivar, con alzas del 23,8%, 19,8% y 14,4%, respectivamente.

Por el contrario, los de huertos y pastos permanentes se redujeron un 10,5% y un 10,1%, respectivamente. Asimismo, la superficie de cultivo en invernadero creció un 42,1%, alcanzando casi 65.000 hectáreas.

Por su parte, la Orientación Técnico Económica (OTE) que concentró mayor número de explotaciones en 2020 fue la de cultivos leñosos, con 511.762 explotaciones agrícolas, el 55,9% del total, seguida de la de agricultura general, con 162.769 explotaciones (17,8%).

Asimismo, la tierra arable concentró el 48,9% del total de la SAU al aire libre en 2020, mientras que los pastos permanentes supusieron el 31,6% del total y los cultivos leñosos el 19,5%. El olivar fue el cultivo con mayor peso dentro de los leñosos, con el 10,3% del total.

Castilla y León, Aragón y Extremadura fueron las comunidades con mayores tamaños medios por explotación en 2020, con 63,02, 53,75 y 43,73 hectáreas, respectivamente. A continuación, se situaron Comunidad Foral de Navarra, Comunidad de Madrid, Castilla-La Mancha y Cantabria, todas con valores superiores a la media nacional.

Presentación del censo agrario
Presentación del censo agrario

Los cultivos predominantes en Castilla-La Mancha son el olivar y el viñedo y en cuanto a la ganadería, en La Mancha predomina el porcino, pero también destacan las aves, el ovino y el caprino.

Aumentan las jefas de explotación

Por otro lado, el total de jefes de la explotación disminuyó un 7,6% en 2020. El número de mujeres jefas de explotación aumentó un 22% entre 2020 y 2009, representando un 28,6% del total, mientras que el número de hombres jefes de la explotación decreció un 15,8%. En Castilla-La Mancha, actualmente el porcentaje es de 28,1.

Por su parte, cuando el jefe es distinto del titular, el número de mujeres jefas aumentó un 72,2%, mientras que el de hombres disminuyó un 26,4%. Asimismo, la mano de obra en las explotaciones agrícolas se redujo un 7,7% en 2020 respecto al anterior censo agrario.

La mano de obra del titular bajó un 3,7% y la referida a los familiares del titular un 49,8%. Por el contrario, la mano de obra contratada aumentó un 16,3% y la subcontratada un 13,9%.

En relación a las medidas de desarrollo rural, el 37,6% de las ayudas concedidas en el año 2020 correspondió a zonas con limitaciones naturales.

Se trata de pagos para compensar a los agricultores por la totalidad o una parte de los costes adicionales y las pérdidas de ingresos como consecuencia de las limitaciones que supone la producción agrícola en la zona en cuestión.

Por su parte, un 31,5% de las ayudas estuvo vinculada a agroambiente y clima y un 11,4% a la agricultura ecológica.

]]> <![CDATA[La Junta habla de "duplicidades" en el censo para las elecciones al campo y la oposición de "pucherazo"]]> La Junta habla de "duplicidades" en el censo para las elecciones al campo y la oposición de "pucherazo"

Agricultura detecta solicitudes duplicadas de electores de entidades como Asaja y Apag, según la consejera

Las elecciones al campo extremeño serán el 8 de mayo

La consejera de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio, Begoña García, ha defendido que han sido “tremendamente escrupulosos” a la hora de elaborar el censo provisional para las elecciones al campo, que se celebrarán el 8 de mayo, pero Ciudadanos y PP han denunciado la desaparición de ese listado de 1.200 electores, lo que, a su juicio, parece “un pucherazo”.

Bernal ha comparecido en el pleno de la Asamblea para explicar el procedimiento electoral que determinará la representatividad de las organizaciones profesionales agrarias legalmente constituidas en Extremadura, a instancias de Cs, en una propuesta impulsada conjuntamente con Unidas por Extremadura dada su condición de grupos minoritarios, si bien la coalición no comparte su contenido.

La titular de Agricultura ha detallado que el censo inicial facilitado por la Tesorería General de la Seguridad Social contiene 10.889 personas físicas mayores de edad, con vecindad en Extremadura, afiliadas a la Seguridad Social y en situación de alta como trabajadores agrarios por cuenta propia o autónomos. A este censo se han presentado 1.116 reclamaciones de personas físicas hasta la fecha, de las que se han resuelto favorablemente 739 que se han incluso ya en el censo provisional que asciende a 11.628 electores.

Se van a excluir por presentación fuera de plazo seis y someter a subsanación, por cometer errores o no aportar toda la documentación requerida 371, de las que 133 ya se han remitido, por lo que quedan por cursar 238 que se están enviando durante esta semana a esas personas físicas, ha precisado.

En cuanto a las personas jurídicas, cuyo plazo de inclusión finalizó el 14 de enero, frente a las 48 solicitudes registradas en las elecciones de 2017, a la consejera le llama la atención que para estas elecciones han pedido su inclusión alrededor de 470 y tras revisar unas 200 hasta la fecha, se han detectado solicitudes “duplicadas”, con objeto social que no es agrario, muchas de ellas de “venta de bebidas alcohólicas, construcción o energías renovables” o que no acreditan el 50 % de esta actividad.

“En todos estos casos hablamos de solicitudes presentadas por entidades colaboradoras como APAG Extremadura Asaja, Asociación Profesional de Agricultores y Ganaderos (APAG) y Agro Gestión Integral SL, y no acreditan su representación ni presentan solicitudes firmadas”, ha manifestado.

Reclamaciones al censo definitivo

García Bernal ha remarcado que al censo definitivo, que se publica a los 10 días del inicio del procedimiento electoral, también se pueden presentar reclamaciones, que deben estar resueltas en 10 días y que pueden ser recurridas en tres días. Se trata, ha dicho, de un proceso que ofrece “plenas garantías democráticas” y que persigue que “toda aquella persona que por su condición tenga derecho a ser electora en estas elecciones pueda hacerlo”.

Una vez que esta primera fase haya transcurrido, ha explicado, se procederá a la convocatoria del procedimiento electoral en un decreto aprobado en Consejo de Gobierno, al que seguirán todos los pasos que marca la ley, desde la formalización de la Comisión Central, Juntas Provinciales, hasta el cierre del censo, habilitación del voto por correo, relación de mesas electorales y presentación de candidaturas por parte de las organizaciones agrarias, en sus respectivos plazos.

Ante las críticas de la oposición, Begoña García ha aseverado que cuando “se habla de pucherazo, se habla de delito electoral”, por lo que ha invitado a Cs a retirar esta acusación o llevarla a los tribunales, a lo que el diputado de la formación naranja Fernando Baselga ha contestado que no lo descarte en caso de que no se incluyan y puedan votar las personas que han “desaparecido” del censo, “entre otros los directivos de Asaja”, en relación a las elecciones de 2017.

En su intervención, Baselga ha criticado falta de transparencia en este proceso por, entre otras cuestiones, la imposibilidad, según dice, de consultar el censo provisional y ha asegurado que su partido lo único que quiere es que “las elecciones se hagan con limpieza”.

La diputada del Grupo Popular Mercedes Morán, quien ha coincidido con Cs en la ausencia de 1.200 electores, “la mayoría votantes de Asaja”, ha afirmado también que “algo de pucherazo parece que hay”. “Solo le falta esconder una urna detrás de la cortina para que gane las elecciones el candidato amigo, porque quieren resultados que les sean cómodos”, ha dicho.

Desde Unidas por Extremadura, su portavoz, Irene de Miguel, ha explicado que no están de acuerdo con la propuesta de Ciudadanos pero creen en su derecho de poder presentarla de ahí que la hayan impulsada de forma conjunta por la aritmética parlamentaria, como han hecho otras muchas iniciativas.

“Decir que hay pucherazo y fraude electoral cuando estamos hablando de censo provisional me parece demasiado”, ha matizado De Miguel, según la cual su formación será la primera en denunciar si estas elecciones “no se desarrollan con garantías suficientes”, pero ha reclamado que “se deje de manipular, desinformar e instrumentalizar” al sector primario por “intereses partidistas”, porque “lo que se hace es perjudicar al campo”. 

]]> <![CDATA[Pamplona pierde población en el último año por primera vez desde 2014]]> Pamplona pierde población en el último año por primera vez desde 2014

Los datos del padrón del 1 de enero de 2021 recogen 208.537 personas empadronadas frente a las 209.672 que había en 2020

Chivite cree que es "cuestión de días" que el consejero del PNV Manuel Ayerdi sea imputado por el Supremo en el 'caso Davalor', lo que le obligará a dimitir

Pamplona ha perdido población en el último año por primera vez desde 2014. Los datos del padrón del 1 de enero de 2021 recogen 208.537 personas empadronadas frente a las 209.672 que había en 2020. Este descenso de 1.135 habitantes representa el 0,5% de la población total.

La caída ha sido mayor entre los hombres que entre las mujeres, a pesar de tener menos peso en las pirámides de población. De las 209.672 personas empadronadas en 2020, 99.393 eran hombres y 110.279 mujeres y el descenso ha sido de 693 hombres y 442 mujeres. Los datos del 1 de enero de 2021 sitúan la diferencia en 98.700 hombres y 109.837 mujeres, ha explicado el Consistorio pamplonés en una nota recogida por Europa Press.

Las cifras del padrón, publicadas en la web municipal www.pamplona.es entre los datos de la población de la ciudad, rompe la tendencia de crecimiento registrada desde el año 2014. Ese año Pamplona sumó 197.781 habitantes, tras tres años de descenso de empadronados (en 2012 Pamplona tenía 199.066 habitantes).

En 2015 la ciudad se recuperó hasta los 197.945 habitantes, subió a 199.403 en enero de 2016 y superó el hito de los 200.000 habitantes durante ese año, hasta llegar a 201.311 empadronados en enero de 2017. Los años siguientes continuó la tendencia con 203.382 personas empadronadas en 2018 y 206.070 en 2019.

Un 13,2% de población inmigrante

Las personas inmigrantes empadronadas en Pamplona suman 27.540 con 13.587 hombres y 13.953 mujeres, lo que representa el 13,2% de la población total. Ha tenido un descenso de 355 personas ya que el año pasado eran 27.895 (13.784 hombres y 14.111 mujeres).

Analizando las pirámides de Pamplona de población total e inmigrante y comparándolas por cohortes de edad se observa que la base es mayor en la de población inmigrantes con 1.278 menores de 5 años, así como la concentración de más personas en la franja que va de 35 a 39 años con un total 3.574. En cuanto a la población mayor de 99 años, en la población inmigrante únicamente hay 3 personas.

Los barrios en los que más personas inmigrantes viven son Rochapea (3.845), Milagrosa-Arrosadia (3.707), Iturrama (2.551), San Jorge (2.501), San Juan (2.313), Ensanche (2.018) y Txantrea (2.102).

Si se tiene en cuenta el porcentaje de población inmigrante respecto al total del barrio el resultado varía ya que Milagrosa-Arrosadia cuenta con un 21%, Buztintxuri-Euntzetxiki con un 21%, San Jorge con 20% y Etxabakoitz con un 20%. El resto de barrios se aproxima, con variaciones, a lo que es la media del 13,2% respecto al total de Pamplona.

La mayor parte de la población tiene entre 40 y 59 años

Por otra parte, la pirámide de población de Pamplona presenta una base estrecha con 7.947 personas empadronadas de menos de 5 años, sin apenas diferencias entre sexos: 3.943 niños y 4.004 niñas. A partir de esa edad se va ampliando, alcanzando su mayor amplitud de 45 a 49 años con 16.013 habitantes, 7.865 hombres y 8.148 mujeres. En la parte alta, la pirámide vuelve a estrecharse hasta llegar a 99 personas mayores de 99 años.

Esta forma es similar en muchos de los barrios de Pamplona, aunque tiene variaciones. Por ejemplo, en Azpilgaña la mayor franja de edad es de 60 a 64 años seguida de la de 25 a 29; en Buztintxuri-Euntzetxiki destacan los menores de 5 a 9 años; en Ermitagaña-Mendebaldea quienes tienen alrededor de 70 años igual que en Iturrama, mientras en Mendillorri son los de la década anterior, y en Milagrosa-Arrosadia la mayor franja no es de 45 a 49 años sino de 35 a 39 años. En San Jorge hay un estrechamiento de los 20 a los 30 años y en San Juan de los 60 a los 70.

Mendillorri gana habitantes mientras el Ensanche los pierde

En general, en todos los barrios las oscilaciones entre personas empadronadas en 2020 y 2021 no son importantes, salvo en dos: Mendillorri gana 2.652 habitantes y el Ensanche pierde 1.792. Las zonas más pobladas son Rochapea con 26.731 habitantes (262 más), Ensanche con 24.571 frente a 26.363 el año pasado, Iturrama que pierde 568 habitantes y queda en 23.094, San Juan con 20.102 (20.390 en 2020) y Txantrea que prácticamente queda igual (19.952 personas empadronadas en 2020 y 19.577 en 2021).

A continuación, se sitúan Milagrosa-Arrosadia con 17.822 personas (pierde 437), Ermitagaña-Mendebaldea con 17.031 (tenía 17.314 en 2020), Mendillorri que sube de 11.124 personas empadronadas a 13.776 y San Jorge que se mantiene en 12.332 personas (12.413 el año pasado).

Los barrios menos poblados son Casco Viejo con 11.580 frente a 11.529 de 2020, Buztintxuri-Euntzetxiki este año 9.076 y 9.131 el pasado, Azpilagaña que pierde 140 y se queda en 7.458 y Etxabakoitz que baja de 5.469 a 5.387.

]]> <![CDATA[Recopilar datos oficiales étnico-raciales para medir el racismo: un debate estancado en España que gana fuerza en Europa]]> Recopilar datos oficiales étnico-raciales para medir el racismo: un debate estancado en España que gana fuerza en Europa

Colectivos antirracistas piden al Gobierno recopilar datos étnico-raciales en el censo para medir la discriminación, pero el debate no llega a las instituciones como ocurre en Portugal, Francia y otros países vecinos

Durante la pandemia, informes oficiales de distintos países del mundo han alertado de una mayor incidencia de la COVID-19 entre la población racializada. En EEUU, un 55% de los infectados son negros e hispanoamericanos. En Reino Unido, una investigación ordenada por el gobierno alertó de una mayor tasa de mortalidad por la enfermedad entre los ciudadanos pertenecientes a minorías. En España, como en otros países europeos, es imposible confirmar una tendencia similar: la inexistencia de estudios demográficos desglosados por etnia/raza lo impide.

En medio de una ola global de protestas contra el racismo tras la muerte de George Floyd en Estados Unidos, colectivos antirracistas de distintos países de Europa se chocan con la falta de estudios estadísticos para denunciar con datos la discriminación que sufren cada día. En el último mes, han aumentado las voces de activistas, políticos y académicos que piden encontrar una vía segura para incluir en el censo una categoría de etnicidad.

Mientras el debate sobre la recolección de este tipo de información oficial -delicada por los usos discriminatorios del pasado- ha entrado en las instituciones de países vecinos como Portugal y Francia, en España permanece estancado a pesar de ser una las reivindicaciones clave de los colectivos racializados.

“¿Por qué no plantear con calma y constructivamente el debate sobre las estadísticas étnicas?”, escribió Sibeth Ndiaye, portavoz del Gobierno francés, en una columna publicada este mes en Le Monde. “Porque hemos hecho del universalismo la base de nuestras leyes, pero, incapaces de medir y mirar la realidad tal como es, permitimos que florezcan fantasías”, destacó la política franco-senegalesa, quien denunció haber sufrido “el racismo ordinario”. Su artículo ha dividido al Gobierno galo: el presidente Emmanuel Macron ha respondido que “no es el momento” de crearlo, mientras otros ministros apoyan el desarrollo de estudios demográficos con matices diferentes a los planteados por Ndiaye.

En Portugal, el Gobierno impulsó en 2017 un proceso de consultas con el objetivo de encontrar un camino para recoger datos étnico-raciales en los censos. El Ejecutivo luso creó un Grupo de Trabajo que ha recomendado la inclusión de una pregunta voluntaria sobre si el ciudadano es negro, blanco, gitano o tiene rasgos asiáticos. La población respondería a dicha cuestión de manera voluntaria, una fórmula para sortear las limitaciones impuestas por la Constitución del país. La propuesta, sin embargo, ha sido rechazada por el instituto estadístico del país para los estudios demográficos de 2021.

La Comunidad Negra, Afrodescendiente y Africana ha denunciado en repetidas ocasiones la “invisibilización” de la población no blanca generada por la falta de datos desglosados por origen étnico o racial, pero el debate no llega a despegar en España. El Ministerio de Igualdad, desde su Dirección General de Igualdad de Trato y Diversidad Étnico Racial, aseguran estar “trabajando en ello”, sin ofrecer más detalles al respecto.

Desde el Observatorio Español del Racismo y la Xenofobia (OBERAXE), dependiente de Inclusión, destacan que la legislación de protección de datos de las personas la UE y en consecuencia la de España, “no permite incluir en el censo el origen étnico o racial, la religión o la orientación sexual” -en Europa lo permite si es con consentimiento-. “Para hacer estudios que describan, por ejemplo, la situación socioeconómica o la discriminación en determinados colectivos se utilizan otros métodos como muestreos que no requieren conservar datos que identifiquen individualmente a las personas”, detallan fuentes del Observatorio, que ponen como ejemplo la encuesta EU-MIDIS de la Agencia Europea de Derechos Fundamentales.

Desde el departamento dependiente de Inclusión consideran “necesario profundizar en la realización de estudios en España” en la línea de la FRA.

Hasta ahora, el Instituto Nacional de Estadística (INE) “no se ha planteado formalmente” introducir el origen étnico en las encuestas ni en los censos, admite un portavoz del organismo a eldiario.es. La falta de iniciativa se debe, según detallan las mismas fuentes, a la “baja demanda” de este tipo de información en España, a los límites existentes en la legislación en materia de protección de datos y a las dudas sobre la “aceptación por parte de la sociedad” a la hora de responder a preguntas sobre su etnia o raza.

Uno de los límites: la Ley de Protección de Datos

Los estrictos límites establecidos en la normativa de Protección de Datos a la recolección de información con criterios étnicos o raciales es uno de los principales obstáculos. El reglamento europeo prohíbe el tratamiento de datos personales que revelen ciertos temas considerados sensibles, como el origen étnico o racial, las opiniones políticas, orientación sexual, entre otros; siempre que no exista “consentimiento”. La legislación española, sin embargo, va más allá, e impide la recogida de esta información aunque exista autorización.

“A fin de evitar situaciones discriminatorias, el solo consentimiento del afectado no bastará para levantar la prohibición del tratamiento de datos cuya finalidad principal sea identificar su ideología, afiliación sindical, religión, orientación sexual, creencias u origen racial o étnico”, indica la Ley Orgánica de Protección de Datos.

Samuel Parra, abogado experto en Protección de Datos, destaca la “dificultad” que presenta la normativa española para, como en el caso de la intención de Portugal, introducir una pregunta voluntaria en el censo para reflejar la diversidad étnica de la población. El especialista cita dos vías posibles para realizar este tipo de estudios oficiales. Una de ellas es la realización de ficheros anónimos. La otra, la creación de una normativa concreta para permitir la recolección de esta información sin autorización -con una serie de límites-, un extremo delicado al que también se oponen colectivos antirracistas.

La organización gitana Kale Amenge lleva años reivindicando la creación de un censo que desglose la información por origen étnico/racial, siempre que su elaboración cuente con el criterio de las minorías y se realice a partir de información anónima y voluntaria. “Pedimos la recolección de estos datos como arma política: es necesario saber cuántos somos”, sostiene Cayetano Fernández, miembro de la organización. “Genera recelo porque históricamente hemos sufrido dos intentos de genocidio. El hecho de saber que puede haber un censo, que incluya donde vives o tu nombre, genera miedo; pero si hay voluntad política se puede hacer de manera anónima y haciéndonos formar parte del proceso”, sostiene.

Desde el INE recuerdan que la Ley 12/89 de la Función Estadística Pública, que rige la actividad del organismo, “ya establece que los datos de origen étnico serán estrictamente voluntarios y se debería advertir de ello a los entrevistados en cualquier encuesta”. Esto no ocurre con la información que, en general, se puede solicitar en los cuestionarios del INE, cuya respuesta por parte de los ciudadanos es obligatorio, apuntan las mismas fuentes.

Fernando Barbosa, profesor de Antropología en la Universidad Complutense de Madrid, destaca la necesidad de abrir el debate en España. “Varios académicos manifestamos hace tiempo una preocupación seria sobre la dificultad de analizar los efectos del racismo estructural en nuestras sociedad”, sostiene el académico. “Ahora, hemos podido ver cómo en Inglaterra el impacto de la COVID-19 ha sido mayor en grupos comunitarios minoritarios, más expuestos, debido a una desventaja histórica acumulada. Sin embargo, en España no es posible detectarlo”, sostiene el experto, que defiende la creación de una legislación para regular el uso de la categoría étnico-racial en los censos.

En su visita a España en 2018, el Grupo de Expertos de la de las Naciones Unidas sobre Afrodescendientes recogió decenas de denuncias de discriminación institucional y social en España, a través de organizaciones y testimonios, pero ninguna podía ser analizada de manera estadística debido a la falta de información oficial al respecto.

Según concluyó el equipo de especialistas, la inexistencia de datos étnicos “impide encontrar soluciones eficaces contra el racismo y la exclusión social” en España. La ONU recomendó “vivamente” al Gobierno que “recoja, recopile, analice, difunda y publique datos estadísticos fidedignos, desglosados según criterios étnicos, sobre la base de la autoidentificación voluntaria”.

Más allá de los obstáculos técnicos ligados a la incorporación de datos étnico-raciales a los estudios demográficos, la falta de voluntad también ha sido clave en la ausencia de este tipo de censos: “En las numerosas reuniones que el INE ha tenido con usuarios y expertos durante los años que el proyecto del censo lleva expuesto no se ha planteado nunca la incorporación de esta pregunta”, confirman fuentes del Instituto Nacional de Estadística.

]]> <![CDATA[Ciudadanos reconoció en 2014 el derecho de los candidatos de tener el censo de afiliados que ahora les niega]]> Ciudadanos reconoció en 2014 el derecho de los candidatos de tener el censo de afiliados que ahora les niega

La dirección del partido esgrime ahora que la Ley sobre Protección de Datos impide que los candidatos a las primarias accedan a los listados de afiliados

La Comisión de Garantías del partido de Rivera reconoció a un afiliado en 2014 que no había causa que justificara esa negativa

Los aspirantes a primarias defendieron sin éxito que contactar con los afiliados por correo era la mejor manera de dar a conocer sus proyectos en la campaña interna

La dirección de Ciudadanos ha negado sistemáticamente el acceso al censo de afiliados con derecho a voto a los candidatos en las primarias para que pudieran dirigirse a sus compañeros de partido, explicarles sus propuestas y pedirles el voto. Ha sido una de las quejas recurrentes de los aspirantes en todos estos procesos internos, en los que los rivales de las apuestas del aparato siempre se han quejado de las dificultades para hacer campaña. La excusa que ha puesto últimamente el partido de Albert Rivera es que no lo permite la Ley sobre Protección de Datos. No siempre fue así. Hace cinco años Ciudadanos reconoció que esta no era una causa que justificara tal negativa.

Según una resolución enviada a un afiliado tras su impugnación de unas elecciones internas celebradas en la agrupación de Madrid en julio 2014, la Comisión de Garantías reconocía ese derecho de los candidatos en el apartado cuarto de los Fundamentos de Derecho al sentenciar:

“Esta Comisión de Garantías tiene que dar la razón a (nombre del reclamante que omitimos) en el sentido de que toda votación requiere la publicación del censo electoral de cualquier elección, y expuesto en el colegio electoral pertinente, a pesar de que para el supuesto que nos ocupa ha sido estudiado en esta Comisión y validada la votación por esta Órgano”.nombre del reclamante que omitimos

“Se tomarán la medidas oportunas para que, en lo sucesivo, no vuelva a darse esta situación”, se añadía en el mismo apartado.

Pese a la resolución de la Comisión de Garantías, el partido ha hecho caso omiso a su propia resolución plasmada en el citado escrito, al que ha tenido acceso eldiario.es. De hecho, a lo largo de estos últimos años han sido muchos los candidatos que han exigido al partido que se les facilite el censo, pero siempre sin éxito y con la misma excusa, que eso sería vulnerar la ley. 

Uno de las candidatos a las recientes primarias de Castilla La Mancha, José Ramón de Lorza, está convencido de que el partido no dice la verdad. En las reclamaciones que envió a la Comisión de Garantías por el procesos que a él le afecta, explica que tanto el artículo 9.1 -en su último párrafo- de la vigente LO 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal y Garantía de los derechos Digitales, como el artículo 9.2.d) del Reglamento Europeo de Protección de Datos lo permite. Dicho artículo, con respecto a los censos, dice: 

d) el tratamiento es efectuado, en el ámbito de sus actividades legítimas y con las debidas garantías, por una fundación, una asociación o cualquier otro organismo sin ánimo de lucro, cuya finalidad sea política, filosófica, religiosa o sindical, siempre que el tratamiento se refiera exclusivamente a los miembros actuales o antiguos de tales organismos o a personas que mantengan contactos regulares con ellos en relación con sus fines y siempre que los datos personales no se comuniquen fuera de ellos sin el consentimiento de los interesados. 

Estas quejas vienen también motivadas porque, según el reglamento, los aspirantes a encabezar las listas electorales apenas tienen dos días para hacer campaña interna. Ante las protestas -que llegaron esta vez hasta el Consejo General, máximo órgano del partido- la dirección al final accedió a ampliar ese plazo a una semana, al menos en los procesos para designar a los candidatos a las autonómicas.  Pese a todo, muchos de los que se presentaron a esas primarias insistieron en pedir el censo para poder comunicarse directamente por correo a los afiliados, independientemente de sus visitas a las agrupaciones. Los gastos salen de sus bolsillo y muchos no pueden permitirse el lujo de viajar. “Es que muchos ni se enteran de que existimos”, lamentan. 

La alternativa que les ofreció el partido a los que insistieron fue que enviaran sus mensajes a los electores a través de la secretaría de Organización. Pero a De Lorza la idea le pareció “una intromisión inaceptable pues la relación elector/candidato ha de ser directa y libre sin intervención de tercero alguno ya que en éste caso si bien no es el partido quien elabora y controla el mensaje, sí controla a quién se lo envía, cómo y cuando no garantizándose ni la igualdad de oportunidades ni la neutralidad del partido pues es éste, y no el candidato, quien debe controlar estas comunicaciones”. 

El censo creciente y menguante en Andalucía

La realidad es que el censo de Ciudadanos es todo un misterio. Ha ido menguando y creciendo por etapas, sobre todo en vísperas de elecciones internas. De hecho, ni siquiera se sabe la cifra exacta porque en el partido cada vez reconocen una distinta. La última fue facilitada a esta redacción el 12 de marzo: 32.000 afiliados “aproximadamente” a nivel nacional de los cuales 25.500 lo son “con derecho a voto”.  eldiario.es lleva semanas pidiendo este dato desglosado por autonomías y provincias. Pero hasta la fecha, pese a la insistencia, el partido ha evitado responder. Conocer el censo provincial es importante para saber en cuáles de las agrupaciones se deben convocar primarias y en cuales no. Los estatutos reformados de Ciudadanos establecen que solo en aquellas en donde haya más de 400 afiliados es obligatoria su celebración.

Pese a esa opacidad, se sabe que una de las comunidades en dónde la formación más ha crecido durante los últimos cuatro años ha sido Andalucía: 27.021 inscritos, de los cuales 20.473 son simpatizantes y 6.548 afiliados con derecho a votar, según datos de la dirección autonómica. Sin embargo, en dos de las provincias con mayor censo, Sevilla  y Almería no hubo primarias para elegir a los candidatos a la alcaldía, algo que extrañó a muchos dirigentes del partido. En Sevilla se explicó que había 464 militantes inscritos, “pero sólo 376 con derecho a voto”. En Almería primero se dijo que había 412 militantes y habría primarias pero luego el partido rectificó y tampoco las hubo al asegurar que solo 344 afiliados estaban al corriente de pago, es decir, 56 por debajo del mínimo estatutario. Al final, la Ejecutiva nacional fue la encargada de elegir a dedo a sus candidatos para las alcaldías de las ocho capitales de Andalucía.

]]> <![CDATA[Suárez-Quiñones defiende que los censos de especies que se pueden cazar en Castilla y León "son fiables"]]> Suárez-Quiñones defiende que los censos de especies que se pueden cazar en Castilla y León "son fiables"

El consejero de Medio Ambiente apela a la "soberanía" de las Cortes para aprobar esta semana la Ley de Caza, tras los autos judiciales de suspensión de la actividad

Recuerda que los autos del Tribunal Superior de Justicia se han recurrido al Tribunal Supremo y espera que se pueda volver a cazar en abril

Juan Carlos Suárez-Quiñones no desvela si continuará en la política tras las elecciones autonómicas de mayo

Los autos que ha emitido el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León que han llevado a la paralización de la caza en la Comunidad están basados en la consideración de que la Administración autonómica no contaba con un censo fiable de las especies cinegéticas, lo que provocó la denuncia de grupos ecologistas y esa decisión del Tribunal Superior. A unos días de que se apruebe en el último pleno de las Cortes de Castilla y León la modificación de la Ley de Caza para sortear esos autos judiciales, el consejero de Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones cree que los datos que maneja sobre el número de especies cazables “son fiables” y apela ahora al pronunciamiento del Tribunal Supremo de los recursos planteados por la Junta de Castilla y León.

Juan Carlos Suárez-Quiñones ha defendido este lunes en León que las Cortes de Castilla y León puedan “ejercer su soberanía” para llevar a cabo esa modificación de la ley, que saldrá adelante, en principio, con los votos a favor de Partido Popular, Partido Socialista y Ciudadanos, así como con la abstención de Podemos y el voto en contra del único procurador de Izquierda Unida-Equo. Algunos grupos ecologistas, como el Pacma, autor de la última denuncia contra la Ley de Caza podrían de nuevo, con el mismo argumento del censo, recurrir ante los tribunales la aprobación de esa modificación de la norma en Castilla y León.

“Tendrán que explicar las razones por las que creen que Castilla y León no puede utilizar su soberanía”, ha señalado el consejero de Fomento y Medio Ambiente quien ha comentado que “no es cierto que se haya tirado abajo nada” desde un punto de vista judicial con respecto a la Ley de Caza porque “no hay sentencia firme que determine que los datos que la Junta maneja, de numerosas fuentes, diga que esos datos no sean correctos”. Por eso, se ha recurrido al Tribunal Supremo los autos del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León que anulan la Orden y el Reglamento de la Ley de Caza, y ahora falta que esa instancia superior “se pronuncie”.

Mientras tanto, Suárez-Quiñones cree que, tras la aprobación este miércoles de la Ley de Caza, la actividad en Castilla y León se podría retomar en el mes de abril. El consejero ha insistido en que los datos sobre el censo de especies en la Comunidad “son fiables” y se reúnen en un “informe de casi 400 folios”, recogidos de “fuentes como entidades ecologistas, personal público y fuentes fiables” por lo que “son datos suficientes”. “Ese famoso mantra de que no se poseen datos adecuados es, en absoluto, incorrecto”. Del mismo modo, ha reiterado que la conservación de las especies es “la primera misión de la Consejería de Medio Ambiente”. “Precisamente porque nos preocupamos por la conservación de las especies, la caza es imprescindible, aparte de las cuestiones económicas o de salud humana”, ha afirmado.

El consejero ha señalado que el control de las “especies más fuertes” mediante la caza es necesario para evitar el “embastecimiento del medio natural”, lo que “exige un control” que la Junta de Castilla y León está llevando a cabo “de una forma exquisita”. “Pacma ha promovido este desaguisado porque no les interesa el control de las especies”, ha comentado Juan Carlos Suárez-Quiñones.

Suárez-Quiñones no desvela su futuro

El consejero de Fomento y Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León también ha comentado su presente y su futuro en la política. El presente pasa por la asunción, desde la semana pasada, de la Consejería de Agricultura y Ganadería, que ha abandonado Milagros Marcos para poder concurrir como cabeza de lista del Partido Popular por Palencia a las elecciones generales y optar a un escaño en el Congreso de los Diputados. Las competencias que deja Milagros Marcos las asume “fácilmente” Suárez-Quiñones, que considera que Marcos ha hecho “un trabajo extraordinario” y ha dejado “muy ordenada” la Consejería. “Es un papel muy fácil de defender y un camino que tenemos que seguir”.

Sobre su futuro, Juan Carlos Suárez-Quiñones no ha determinado si continuará en la política autonómica después de las elecciones del 26 de mayo. “Nos quedan unos meses y gobernamos como si fuera el primer día”, ha comentado el consejero, partidario de “no estar guardando las cosas para marchar”. Son unos “meses muy relevantes”, ha dicho, tanto para la Consejería de Fomento y Medio Ambiente como para la de Agricultura y Ganadería. Eso sí, ha advertido de que continuará “vinculado al servicio público”, sin desvelar si en el plano político o con un regreso al ejercicio de la magistratura.

]]> <![CDATA[Ciudadanos trata de zanjar su primera gran crisis sin explicaciones públicas y con amenazas de suspensión a los denunciantes]]> Ciudadanos trata de zanjar su primera gran crisis sin explicaciones públicas y con amenazas de suspensión a los denunciantes

La dirección del partido adelanta que no habrá más resoluciones que el acta de la Comisión de Garantías, que concluye que no ha habido anomalías

"Intentan apagar el incendio echando más gasolina al fuego", "son muy torpes", opinan varios denunciantes a los que se amenaza con expedientes de expulsión

Un grupo de afiliados se está organizando y no descarta acudir a los tribunales si el partido no abre una investigación y da explicaciones sobre el caso de Castilla y León

Ciudadanos no logra aplacar la tormenta desatada en el partido por las irregularidades detectadas en las primarias y el pucherazo de Castilla y León que llegó a investir candidata a la Junta a Silvia Clemente, hasta que su contrincante, Francisco Igea, amenazó con llevar la votación interna a los tribunales. La crisis le ha estallado a Albert Rivera de ronda por las televisiones en plena precampaña para las generales y se ha agravado tras las amenazas de la dirección del partido a los denunciantes, a quienes ha advertido de que abrirán expedientes disciplinarios que podrían derivar en su expulsión, si el ruido continúa.

La Comisión de Garantías del partido, que invoca Rivera en cada una de sus comparecencias para dar a entender que los sistemas de control han funcionado -a pesar de que nada se había detectado hasta que el rival de Silvia Clemente impugnó la votación- ha decidido dar carpetazo a las denuncias de unos cuantos afiliados sin más explicaciones.

“Han intentado apagar el incendio echando más gasolina al fuego”, “son muy torpes”, replican los afectados, que avisan que no se van a callar.

Al estupor que han causado estas advertencias a los candidatos que se atrevieron a denunciar un posible fraude en las elecciones internas se ha sumado la perplejidad de parte de las bases al ver que el partido tampoco parece dispuesto a investigar ni dar explicaciones sobre el 'pucherazo' de Castilla y León. El origen de esos 82 votos considerados finalmente nulos, y el autor o autores de ese claro intento de favorecer a la exdirigente del PP, Silvia Clemente, la candidata de aparato, sigue siendo un misterio. “Alguien debe asumir responsabilidades”, coinciden en señalar los candidatos consultados.

Sin embargo, nada apunta en esa dirección. Fuentes de la dirección del partido adelantan que no habrá más resoluciones que las facilitadas ya en el acta de la Comisión de Garantías, que dictaminó que no había detectado “ninguna anomalía” en ninguno de los procesos puestos en duda -van ya por la docena- y validó los resultados de todas esas primarias. Las mismas fuentes de la dirección afirman a eldiario.es “desconocer” si hay alguna investigación en marcha sobre el caso concreto de Castilla y León.

Según alegan, “la Comisión de Garantías es un órgano independiente” que trabaja internamente y no tiene que dar explicaciones públicas. Además, añaden que si se pusiera en marcha una investigación, su resultado se lo comunicarían únicamente a Francisco Igea, que es al único al que consideran “legitimado” para conocer ese -hipotético- dictamen porque “los errores” detectados en esas primarias las puso el diputado en conocimiento del partido “dentro del plazo establecido de cinco días”.

“Y se le dio la razón. Hubo un error que se subsanó”, aseguran las mismas fuentes del equipo de Rivera. Los demás “reclamantes”, según afirman, no estaban en el plazo reglamentario y aún así recibieron aclaraciones según la dirección del partido.

Mientras Ciudadanos intenta dar por cerrada la crisis, la preocupación entre algunos dirigentes del partido por el daño que pueda causarles este asunto en vísperas electorales no se oculta. Porque, además, no es la primera vez que el partido se encuentra con una situación similar tras los procesos de primarias. “Llueve sobre mojado”, señala uno de los participantes en primarias.

Este afiliado, que prefiere guardar el anonimato, asegura que ya en 2015 se incumplió el reglamento de primarias en unos procesos donde ganaron los independientes a los afiliados, “algo evidentemente muy extraño”. Entonces -explica- se elegían en primarias los puestos 1 al 5, el 1 con avales -Rivera en Madrid, Girauta en Barcelona-. “En cuanto al resto, el reglamento recogía lo natural: el candidato más votado obtenía el puesto 2, el siguiente el 3...”. “Pues bien, la aplicación informática, incumpliendo dicho reglamento de primarias, permitía al candidato ”autolimitarse“. En un desplegable debían indicar el número máximo al que aspiraban: '2', '3', '4' o '5'. ”¿Qué hizo Francisco de la Torre en Madrid? Autolimitarse al 2. ¿Qué hizo Marta Rivera de la Cruz? Autolimitarse al 3. ¿Qué hizo Miguel Gutiérrez? Autolimitarse al 4. ¿Qué hizo Patricia Reyes? Autolimitarse al 5“, cuenta.

“¿Qué hizo Toni Roldán en Barcelona? Autolimitarse al 2. ¿Qué hizo Elena Faba? Autolimitarse al 3. ¿Qué hizo José Manuel Villegas? Autolimitarse al 4. ¿Qué hizo Nuria González-Sáenz? Autolimitarse al 5”. De esta forma todos salieron elegidos como deseaba la dirección, concluye.

Un grupo de afiliados no descarta ir a los tribunales

La indignación entre la militancia es tal que, según ha podido saber eldiario.es, un grupo de afiliados se está organizando con el fin de judicializar el caso. De momento, van a esperar a ver si el partido cambia de estrategia y se da cuenta de que no puede cerrar este caso del 'pucherazo' “como si no hubiera pasado nada”.

Varios de los denunciantes también advierten de que no se van a conformar con “los parches” de la dirección. Van a continuar dando la batalla, explican.

José López, el afiliado de Cantabria y rival de Félix Álvarez, Felisuco, se declara “perplejo” ante los intentos del partido de dar carpetazo a las denuncias. Cree que esta crisis “ la han cerrado en falso”.

López denunció que Felisuco, el candidato del ‘aparato’, recibió hasta 20 votos en una misma IP, 13 votos en otra y una serie de más de media docena, en otras, lo que le pareció “raro”. “A mí el partido no me ha dado explicaciones sobre estos votos extraños, que es lo que pedía, información complementaria. El acta de Garantías incluye el caso de Cantabria pero dentro de un colectivo y no aclara nada”.

A su juicio, lo peor ya no es eso sino que no hayan investigado “ya” lo que ha ocurrido en Castilla y León con esos 82 votos nulos. “Queremos saber si se está investigando porque hay que averiguar lo que ha pasado y ver si hay algún responsable”.

Sobre la posibilidad de que el partido le abra un expediente disciplinario, dice: “Me río. No entiendo cómo una comisión de garantías tiene la osadía de decir eso. Que me vayan a abrir un expediente es una insensatez , está fuera de lugar y de tono”. Pese a ello asegura que no se siente ·amenazado“. ”A mí no me asustan“.

López no descarta “seguir adelante por la vía judicial” si el partido insiste en cerrar así la crisis. Mientras tanto adelanta que va “a dar la batalla hasta el ultimo minuto”. “Son muy torpes. Hacer esto en plena campaña es de torpes . Es el momento más inoportuno porque les quema en vísperas de unas elecciones tan cruciales”.

En parecidos términos se despacha José Ramón de Lorza, el afiliado de Guadalajara que trasladó al partido sus quejas por las irregularidades que detectó en las primarias de Castilla La Mancha, en las que se enfrentó a la oficialista Carmen Picazo. A él ni siquiera le ha llegado el dictamen de la Comisión de Garantías. “También sigo esperando que me llegue alguna notificación de mi caso concreto, que hasta ahora no me ha llegado. No me conformo con este dictamen global”, apunta. De momento va a esperar a ver si Garantías le hace caso. “No tengo ninguna prisa”, ironiza.

Pero con lo que ha visto hasta ahora cree que le están dando “una oportunidad fantástica para poner en conocimiento de la opinión pública cómo funciona realmente Ciudadanos”. “No se puede ir de regeneracionista y luego hacer esto, es incompatible”, añade.

Sobre la posibilidad de que le abran un expediente coincide con López: “Me trae sin cuidado que me echen del partido. Es que si veo que esto sigue así, nadando en esta ciénaga, el que se va soy yo, porque es vomitivo”.

En Madrid, el afiliado de Las Rozas, Juan Carlos Bermejo, que se enfrentó a Ignacio Aguado en las primarias a la Comunidad de Madrid califica de “muy grave” la decisión de la dirección de cerrar las numerosas irregularidades que se han denunciado en las primarias. “La Comisión de Garantías se supone que es un órgano que tiene que ser receptivo a las reclamaciones de los afiliados. Lo que debería de hacer es profundizar para conocer quiénes son los que han manipulado los votos”, señala.

Bermejo vuelve a advertir de que si en el plazo de unas semanas no le aclaran los datos que ha pedido – las IPs de los ordenadores y las horas de las votaciones- y no explican bien lo que ha pasado en Castilla y León, “me iré del partido”. “Pero sigo confiando en que lo hagan”. De hecho, ha solicitado una entrevista con los responsables de la secretaría de Organización la semana que viene en donde espera que le resuelvan al menos sus dudas.

]]> <![CDATA[El Gobierno creará un censo nacional de víctimas del franquismo y la Guerra Civil]]> El Gobierno creará un censo nacional de víctimas del franquismo y la Guerra Civil

El Ministerio de Justicia inicia los trámites para centralizar la información de aquellos que "padecieron persecución o violencia durante aquella etapa histórica"

Existen algunas bases de datos elaboradas por comunidades autónomas. La ONU ha criticado la fragmentación y dispersión sobre la materia

El plazo de aportaciones públicas para la redacción de la normativa está abierto hasta el 27 de marzo

El Ministerio de Justicia ha iniciado los trámites para crear un censo nacional de víctimas del franquismo y la Guerra Civil. La base de datos debe recoger a aquellos que “padecieron persecución o violencia durante aquella etapa histórica”, explica el ministerio en un comunicado.

El proyecto supone la elaboración de un archivo central que recoja la información disponible sobre “las desapariciones forzadas” y permita “establecer estadísticamente la tipología de las víctimas en función de la distinta naturaleza de la represión sufrida”. Justicia añade que esta iniciativa responde a un mandato de la ley de memoria histórica “por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas a favor” de estas víctimas.

El Gobierno abre así un periodo de aportación pública hasta el 27 de marzo. Actualmente existen algunos censos elaborados por diferentes comunidades autónomas. La ONU ha reprochado a España la falta de una centralización sobre esta materia y criticado la “fragmentación y dispersión” de la información disponible. El Ministerio ha señalado que el censo tratará de incluir las circunstancias de las víctimas: “uerto en combate, detenido-desparecido, exilio, reclusión en centro de internamiento o campo de concentración”

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