El Nudo Mudéjar de Andorra comienza un proceso de desbloqueo tras la declaración de impacto ambiental (DIA) del Mininisterio de Transición Ecológica y el Reto Demográfica, un documento que, aunque reduce el ambicioso proyecto de energías renovables de la filial de Endesa, Enel, deja la vía abierta para que la eléctrica reformule el proyecto y ponga en marcha el plan de acompañamiento comprometido tras el cierre de la central térmica de Andorra hace casi seis años, que se cobró casi 500 empleos en la zona minera turolense.

La DIA, que está pendiente de publicarse esta semana en el Boletín Oficial del Estado (BOE), ha frenado posiciones de los parques en proyecto, si bien ello no tiene por qué afectar a la potencia en términos de megavatios (MW), que quedaría en torno a dos tercios de lo previsto. La potencia de evacuación está vinculada a los 1.200 MW que generaba la térmica, pero el proyecto impulsado por Enel Green Power España (EGPE), filial de Endesa, dentro del denominado Nudo Mudéjar, solicitaba una cantidad superior, 1.844 MV —entre eólica, fotovoltaica y almacenamiento en baterías—, con lo que aspiraba a convertirse en el mayor desarrollo renovable de España. Dicho macrocomplejo quedará reducido a casi el 60% tras la DIA del Miteco, que considera ambientalmente incompatibles buena parte de las instalaciones previstas.

El plan original contemplaba siete parques eólicos, siete plantas solares fotovoltaicas (hibridadas con los parques eólicos), dos sistemas de almacenamiento con baterías, 14 subestaciones eléctricas y 154 kilómetros de líneas de alta tensión.

La inversión prevista oscilaba entre 1.300 y 1.800 millones de euros y formaba parte del concurso público convocado por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) tras el cierre de la central de carbón en junio de 2020. El objetivo era doble: descarbonizar el sistema eléctrico y compensar la pérdida de empleo en las comarcas mineras.

Sin embargo, la evaluación ambiental ha obligado a eliminar 104 de los 156 aerogeneradores proyectados, descartar por completo dos parques eólicos (Empeltre y El Castillo), suprimir una planta solar (San Martín), reducir hasta un 50% la superficie de otras cuatro plantas fotovoltaicas y recortar la mayor instalación de baterías, lo que supone que 1.000 MW quedan fuera del desarrollo inicial, tal y como informa 'Heraldo de Aragón'.

Plan garantista: impactos críticos sobre la biodiversidad

La razón del recorte es claramente ambiental por el impacto acumulativo sobre especies protegidas y espacios de alto valor ecológico. La resolución ambiental concluye que varias infraestructuras afectan a zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPA), áreas críticas y territorios de nidificación y espacios vinculados a la Red Natura 2000.

Entre las especies sensibles figuran el águila real, el águila perdicera, el alimoche, el cernícalo primilla y la alondra ricotí, algunas catalogadas como vulnerables o en peligro de extinción.

Los riesgos no se limitan a la colisión con aerogeneradores o líneas eléctricas. También se señala fragmentación y pérdida de hábitats, alteraciones geológicas y contaminación lumínica significativa en un radio de hasta 35 kilómetros. Este último aspecto es especialmente relevante porque podría comprometer la aspiración de la zona a convertirse en destino de turismo astronómico.

Además, el proyecto deberá cumplir condiciones estrictas como el soterramiento parcial de líneas de alta tensión, instalación de dispositivos salvapájaros cada cinco metros y distancias mínimas de hasta cinco kilómetros respecto a nidos y áreas de descanso de determinadas aves.

A juicio del alcalde de Andorra, Rafael Guía, el plan es “garantista” porque el respeto riguroso de estrictos parámetros ambientales puede evitar futuras judicializaciones.

Desbloqueo a un plan para la comarca

Pese al varapalo, el proyecto no se paraliza. Alrededor de 800 MW han obtenido aval ambiental tras quince meses de análisis técnico y múltiples informes autonómicos y estatales, por lo que el Nudo Mudéjar seguirá siendo una de las mayores actuaciones renovables del país, aunque lejos de la magnitud inicialmente prevista.

Sin embargo, la reducción de potencia no es solo un ajuste técnico: tiene consecuencias económicas directas. EGPE había estimado más de 6.300 empleos durante la fase de construcción hasta 2029; alrededor de 500 empleos duraderos vinculados a un plan de acompañamiento industrial e iniciativas asociadas como fábricas de componentes, plantas de reciclaje de paneles solares, centros logísticos o ampliaciones turísticas.

La empresa depositó 221 millones de euros en garantías ante el ministerio para asegurar el cumplimiento de los compromisos socioeconómicos. Ahora, con el proyecto recortado casi a la mitad, el alcance real de esas inversiones queda en revisión.

No obstante, el alcalde de Andorra valora positivamente que el ministerio “haya desbloqueado el proyecto, porque era el pretexto para no desarrollar el plan de acompañamiento” que la comarca lleva esperando casi seis años. Rafael Guía recuerda que el cierre de la central generó la pérdida de casi 500 empleos directos e indirectos. Desde entonces, de los 370 trabajadores estables, muchos han sido desplazados por la empresa a otros parques pero los de las subcontratas han tenido que salir fuera a trabajar, si bien, la mayoría siguen empadronados en la localidad. “No somos optimistas, somos prudentes, porque la actividad económica no es la misma que hace cinco años”, admite Guía, quien aplaza su valoración final hasta conocer la reformulación del proyecto que deberá presentar Endesa.

‘Renovables sí, pero no a cualquier precio’

El caso del Nudo Mudéjar ilustra un punto clave de la transición energética para sustituir el carbón por renovables pero no es simplemente cuestión de instalar megavatios. La planificación debe equilibrar producción eléctrica, biodiversidad y desarrollo territorial.

El Ministerio ha optado por permitir el avance del proyecto, pero imponiendo una “compatibilidad efectiva” entre generación renovable y preservación ambiental, tal como recoge la DIA comunicada a Endesa el pasado 17 de febrero. El Boletín Oficial del Estado (BOE) publicará la declaración dos años después de que el Miteco abriese el proceso de información pública. Fuentes de Endesa, que no han querido ofrecer una valoración sobre la decisión ministerial, han confirmado que tienen un mes para analizar la declaración ambiental y trabajar en un replanteamiento, fase en la que ya se encuentran trabajando equipos de la eléctrica.

El ajuste aplicado al Nudo Mudéjar marca un precedente, del que estarán más o menos satisfechos los colectivos y plataformas que hace una semana anunciaron una demanda penal conjunta contra los macroproyectos renovables de la empresa aragonesa Forestalia, si bien el nudo de Enel, como el de otras grandes empresas, no se incluyen en las reclamaciones de un despliegue renovable que consideran prioritario, pero no a cualquier precio.

La central térmica de Andorra terminó su actividad hace ya cinco años, el 30 de junio de 2020. Los trabajos de desmantelamiento concluyeron el 31 de julio de 2024 y pusieron punto y final a una planta que marcó el desarrollo económico e industrial de la zona durante décadas. El alcalde de Andorra, Rafael Guía, valora negativamente el periodo desde el cierre, un tiempo en el que “no se ha recuperado el empleo que se perdió”. Expone que un proceso de transición justa debería ser “rápido y acompañado, no puedes cerrar un complejo que daba trabajo a mucha gente sin tener nada a cambio”. El alcalde considera que desde la empresa adjudicataria, Endesa, y desde el Ministerio de Transición Ecológica, no se ha actuado con la suficiente celeridad.

Asegura que en los proyectos del Nudo Mudéjar no hay “ningún avance”, aunque se han creado dos parques solares que “nada tienen que ver con el plan de acompañamiento. Crean empleo estacional, pero a largo plazo solo se quedan seis o siete personas”. Los trabajadores de Endesa, cuando cerró la central, fueron trasladados a otros puntos de España “con la promesa de volver lo antes posible”. Sin embargo, cinco años después continúan desplazados de su lugar de residencia, tal y como denuncia Alejo Galve, líder de UGT en Teruel y ex trabajador de la central, que ahora ejerce en Cataluña: “Había un acuerdo por el que nos recolocaban, pero en el momento que pudiesen nos acercarán a la zona, queremos volver porque fue lo que se nos dijo”. Pese a esto, asegura estar aliviado porque pudieron mantener los puestos de trabajo, algo que no les ocurrió a los trabajadores de las subcontratas.

Operativa durante más de cuatro décadas, la Central Térmica de Andorra fue construida entre 1974 y 1979, dejando una huella significativa en la región de Teruel. En 2018, Endesa solicitó su cierre, y la planta cesó su actividad el 30 de junio de 2020, al no poder afrontar las inversiones requeridas por la normativa europea de emisiones. Este cese dio inicio a un complejo proceso de desmantelamiento, que concluyó en julio de 2024 e incluyó la demolición de estructuras icónicas como su chimenea y torres de refrigeración en 2023, un hecho que generó controversia por la pérdida de patrimonio industrial.

El desmantelamiento fue una operación de gran magnitud, con una inversión de 60 millones de euros y la participación de hasta 312 trabajadores, muchos de ellos de la zona.

Plan de acompañamiento

Finalizado el desmantelamiento de la central, la empresa planteó un plan de acompañamiento para alcanzar a todos los sectores afectados por el cierre. Este plan incluye el desarrollo de un programa de autoconsumo solar fotovoltaico en una decena de municipios del Nudo de Transición Justa, según exponen desde Endesa. Se plantean siete proyectos renovables hibridados, dos proyectos de almacenamiento con baterías, un proyecto de hidrógeno verde y un compensador síncrono y, por el momento, solo hay dos parques solares “que no dan mucho trabajo a largo plazo”, expone el alcalde.

Desde el Ayuntamiento aseguran que todavía no se ha puesto en marcha. El alcalde expone que Endesa explica el retraso en que no tienen las declaraciones de impacto ambiental de lo siete parques hibridados con los que se presentaron al Nudo Mudéjar: “Esperamos que el Ministerio vaya rápido porque ya llevamos mucho retraso y a la vuelta del verano puedan dar esa declaración que permita ejecutar a Endesa su plan de acompañamiento”. Considera también que esta empresa tiene una “responsabilidad histórica” con el territorio, en el que lleva instalada cincuenta años.

La empresa sostiene que entre los años 2023 y 2025 ha completado la construcción de dos plantas de generación renovable en el emplazamiento de la Central Térmica y aseguran que esperan “recibir en el próximo trimestre la Declaración de Impacto Ambiental de nuestro proyecto energético, en el que hemos colaborado con la Administración en aspectos tan relevantes como las medidas ambientales que lo acompañan. La agilidad en los tiempos de tramitación de nuestro proyecto energético por parte de la Administración, tanto central como autonómica, es una de las claves fundamentales para facilitar un rápido desarrollo del plan de acompañamiento y de la creación de empleo asociada al mismo”.

Mientras tanto, la población en la zona desciende, según explica el alcalde, en la última década han perdido 1.200 habitantes: “Desde que se empezaron a cerrar las minas, es un goteo continuo de personas de población que también repercute en los ingresos del municipio”. Galve asegura que la situación es “mucho peor que en el 2020, porque se perdió mucho empleo, no sé ha recuperado, Endesa no está cumpliendo los planes de acompañamiento, de todas las empresas que se anunciaron, no ha llegado ninguna”. Considera que ha habido “muchas promesas” desde la clase política, pero “se están quedando en papel mojado, la gente se va del pueblo para buscarse la vida”.

Nudo Mudéjar

El Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico ha concedido más de 376 millones de euros de ayudas para apoyar 120 proyectos en la zona de Transición Justa de Aragón, con una estimación de creación de 1.447 empleos a largo plazo (empleos en construcción aparte). Además de 37 millones en ayudas sociales. En la zona de Transición Justa de Aragón son 34 los municipios que alojan proyectos que han recibido ayuda, tanto de la línea de municipios mineros, como para empresas y proyectos en zonas de Transición Justa.

Endesa ha anunciado una inversión de 1.800 millones de euros para “reavivar el tejido económico de la zona”, según fuentes de la compañía. El plan contempla la construcción de 1.843 MW de potencia renovable, que, según las mismas fuentes, generará más de 6.300 empleos equivalentes durante la etapa constructiva y 370 empleos directos vinculados al proyecto. En línea con este objetivo, Andorra transitará de la producción de energía con carbón a la generación de energía limpia, con una potencia instalada de 1.843,6 MW.

La construcción de estas instalaciones, a cargo de Endesa a través de su filial renovable Enel Green Power España, demandará una inversión superior a los 1.800 millones de euros. Desde Endesa sostienen que, junto con el plan socioeconómico, se generarán más de 6.300 empleos equivalentes hasta agosto de 2029, de los cuales más de 370 serán empleos directos ligados al proyecto renovable. Adicionalmente, una vez implementado el plan de desarrollo socioeconómico, se sumarán otros empleos estables a largo plazo. En total, la compañía y sus socios estiman que el plan generará 500 puestos de trabajo fijos y de largo plazo para 2029, superando “ampliamente los empleos directos e indirectos que generaba la central térmica”, según se ha informado.

La aportación del Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico supone un 16,76% de la inversión, un total de 2.468 millones. 2.132 millones se van a destinar al macroproyecto de hidrógeno verde Catalina.

Proyecto Catalina

En cuanto al proyecto Catalina, tanto Galve como Guía esperan que se lleve a cabo. Sin embargo, el responsable de UGT destaca que, aunque llegase a la zona, “no sería hasta 2027 o 2028, ojalá llegue con todo el empleo que prometen”. El alcalde asegura que tienen “mucha confianza” en esta fábrica de hidrógeno verde: “Estamos apoyando porque vemos que si fructificara supliría todo el empleo que se perdió, colaboramos con ellos y tenemos la esperanza de que se instale definitivamente porque es la solución real”.

Sin embargo, este proyecto también tiene voces en contra debido a su impacto ambiental, ya que consumiría entre un 8% y un 10% del abastecimiento total de agua de Aragón, según la Fundación Renovables. Los pliegos determinan que el sistema de aguas que alimente la planta tendrá un caudal de 614 m³/h que se destinarán a los sistemas de desmineralización del agua y de refrigeración. Por tanto, el proyecto prevé que anualmente se consuman 5.246.000 m³ de agua. Si se compara con el dato de consumo para sectores económicos, el consumo previsto es del 20,7% del total para esas actividades productivas y del 3,7% del total de abastecimiento de agua para Aragón. Sin embargo, desde la Fundación calculan que en la fase dos aumentaría “notablemente el consumo de agua de la zona, ya que sería necesario entre el 21% y el 42% del abastecimiento de agua a los sectores económicos”.

La previsión es que empiece a funcionar en diciembre de 2027 y su objetivo es conectar los electrolizadores de Andorra con una planta de amoníaco de Sagunto a través de una tubería de hidrógeno que aún no forma parte de los proyectos presentados. Se trata de un megaproyecto liderado por un consorcio formado por Copenhaguen Infraestructure Partners (CIP), Enagás Renovable, S.A. y Fertiberia, con una inversión total de capital asciende de 2.350 millones de euros.

Según denuncia la Fundación Renovables en su informe ‘Proyectos de H2, ¿El tamaño importa?’, en los pliegos no aparece qué tecnología de electrolizador se implantará, lo que afecta al consumo eléctrico de la planta. Para hacer frente al consumo eléctrico necesario, tendrán que “instalar más capacidad renovable en la zona, la suficiente como para que las energías limpias supongan el 90% de electricidad de la red, de acuerdo con la normativa, o la planta se verá obligada a realizar acuerdos de compra de electricidad”.

La fase 2 está prevista en 2030 y aumentaría en cinco o seis horas el tiempo de funcionamiento de la planta, lo que supondría “en el mejor de los casos, las tecnologías renovables tendrían que estar funcionando prácticamente todas las horas del año (8.342 h de 8.760 h) y en el resto de los casos las exceden, lo que hace que resulte imposible que los electrolizadores funcionen únicamente con la energía proporcionada por estas plantas”. En el informe consideran que sería necesario “hacer un acuerdo de compra de energía o instalar más renovables con sistemas de almacenamiento” y, si se mantiene la misma proporción de energía eólica y solar con la que cuenta el proyecto actualmente, “supondría la instalación del equivalente al 20% de la potencia eólica y fotovoltaica actual en España, para un único proyecto de producción de hidrógeno”.

“Un documental que hay que ver, digerir, reflexionar y después comentar”, así es como define Ana Asión, historiadora del arte y descendiente de la Puebla de Híjar, su último documental ‘Luz de gas’ del que es directora y guionista. Una obra audiovisual que enseña “la realidad del declive del sector energético del Bajo Aragón y las consecuencias para los pueblos de alrededor”. Todo ello desde distintos prismas entre los que Asión diferencia, por ejemplo, el impacto social en aquellos que ven desaparecer su trabajo, el freno económico que supone para la zona o la defensa del patrimonio industrial. “Esto tenía que ir más allá de contar que iba a desaparecer y que nos íbamos a quedar sin todo esto. Tuve muy claro desde el principio que tenía que mostrar todas las miradas y los puntos de vista que había tras este asunto”, destaca la directora. 

El proyecto nace en el Departamento de Bellas Artes de la Universidad de Zaragoza con el anuncio del cierre definitivo de la Central Térmica de Andorra a finales de junio de 2020 como detonante. Cuando ven la noticia lo tuvieron claro y Asión confiesa que “algo había que hacer” porque, como historiadoras, “su papel es documentar para que la historia del carbón no se olvide”. El proceso de producción hasta el estreno duró “más de un año” porque como la directora reitera “era necesario incluir la caída de las tres torres de refrigeración el 13 de mayo de 2021”. Lo que no sabía es que pocas semanas después del estreno, Endesa -propietaria de la Central andorrana- iba a anunciar que en febrero derribarían la gran chimenea de 343 metros de altura. “Desde que me enteré he reflexionado mucho, en principio no me planteo incluir una nueva parte en el documental porque ya plasma esa idea de que más pronto o más tarde toda la infraestructura iba a terminar desapareciendo”, denuncia. 

El camino de la transición justa

Una de las fuentes del documental es la historiadora Pilar Biel y apunta que en 1941 se crea el Instituto Nacional de Industria y empieza la búsqueda de zonas con “alto contenido en carbón”. El territorio del Bajo Aragón cumplía con ese punto y es así como comienza la historia minera con explotaciones en varios municipios como Ariño y alrededores. Todas ellas han visto como el ascensor que bajaba a los mineros o los vagones para trasladar el carbón dejaban de funcionar y se les “prometió una transición justa para no perder a los cientos de trabajadores”. Sin embargo, algunos antiguos empleados denuncian en varias secuencias que “de momento todo se ha cerrado y siguen esperando”. 

El cese de la mina de Ariño en 2019 es el punto de partida del relato audiovisual de Ana Asión. Una historia que le queda muy cerca a la directora porque su padre trabajó en ese espacio “cerca de 40 años”. Algunos empleados, que testifican en el documental, coinciden en que el proceso de cierre fue “abrupto” y se dio de “un día para otro”. Tanto que uno de ellos recuerda que recibió una llamada que decía “que esa tarde ya no había que ir”. Desde que la actividad minera terminó en este municipio “se han perdido decenas de habitantes”, según aparece en los datos de los censos y afirma el alcalde, Joaquín Noé. 

Una situación similar vive Andorra tras el desmantelamiento de la Central Térmica, después de cerca de cuatro décadas produciendo energía. En sus inicios se construyó un barrio minero “con todo tipo de servicios” y diferentes instalaciones para quienes llegaban a trabajar, pero ahora poco a poco “se van deteriorando”. “Con la llegada de la Central, Andorra pasa de 2000 a 6.000 habitantes y sube hasta más de 9.000 para mantenerse y cuando ha cerrado estas cifras han empezado a bajar y no parece tener fin”, explica un trabajador que estuvo una treintena de años en el espacio de Andorra y con el que Ana Asión cuenta en su producción. 

Uno de los testimonios “más duros de grabar y ver”, tal y como cataloga Asión y parte del público, es el de una joven que vive en Andorra. Cada día ve como hay menos infraestructuras o ambiente en el municipio y que la situación de los jóvenes para quedarse ahí “es muy complicada”. “La gente solo ve como cierran la térmica, pero la realidad va más allá porque a los jóvenes nos cuesta cada vez más encontrar trabajo para quedarnos aquí por mucho que queramos y no hay relevo generacional”, explica con contundencia. Incluso, la directora cuenta que no puede olvidar el mensaje de esta joven sobre que “se está yendo todo el mundo de Andorra porque no hay posibilidades”. 

Para todos aquellos que se van y también los que se quedan, las tres torres y la chimenea eran lo que les marcaba desde decenas de kilómetros “la llegada a casa”. “No recuerdo Andorra sin la silueta de las torres, perdemos una seña de identidad que significa el final de lo que hemos sido y el hito de decir ya estoy en casa. Hubo algo grande de lo que vivimos y ahora no queda nada”, revela una de las participantes en el documental. Ahora queda un museo minero con algunas máquinas de la Central Térmica para que los visitantes puedan revivir el trabajo que realizaban allí dentro. 

El alcance del documental

Para Ana la grabación de este documental “ha sido un reto”, pero se encuentra “satisfecha con el resultado final”. Además, considera que permite entender “todo lo que ha pasado” y ver la importancia de las minas y los pueblos a nivel social. El título -‘Luz de gas’- comenzó siendo algo provisional para terminar reflejando “la realidad que se vive ahora respecto a la minería”. “Nos gustó cuando lo dijo una compañera y dijimos vamos a usarlo hasta que se nos ocurra otro. Pero conforme he ido leyendo sobre el efecto luz de gas he encontrado paralelismos con lo que está pasando. El querer ensombrecer o esconder algo como si no hubiera pasado es lo que ahora se está haciendo con la industria minera”, reflexiona Asión. 

La pieza audiovisual se estrenó en el mes de noviembre, por ejemplo, en Samper o Escatrón, dentro de unas jornadas por el patrimonio de la Comarca del Bajo Martín. Hace apenas una semana se pudo disfrutar de su proyección en el Cine Maravillas de Teruel, ya está programada para el 4 de marzo en la Puebla de Híjar y queda por confirmar Zaragoza, que “será pronto”. La respuesta del público está “superando las expectativas” de Ana Asión, que recibe los aplausos del público en cada final y ve que cada vez más gente quiere presentarlo en distintos espacios. 

Esta es la historia de este territorio turolense, pero la directora reconoce que siempre ha pensado que “lo local es lo universal”. “Sabía que un caso particular como este iba a ser más cercano para quienes lo conocen y lo han vivido. Pero yo también quiero que si lo ve cualquier persona pueda asimilarlo y entenderlo porque es una realidad que ha pasado en otras partes del mundo”, destaca Asión. Esto no hubiera sido posible sin la producción ejecutiva de José Ángel Delgado, la dirección de fotografía y edición de Gabi Orte, Fernando Sanz como ayudante de dirección, Carlos Laforga en el papel de ayudante de producción y Laura Asión encargada del diseño gráfico. Todos ellos han trabajado para que en la oscuridad de las butacas se escuche aquello que Joaquín Carbonell cantó en ‘En el carbón es todo negro’ hace décadas y que sirve en la actualidad: “si no hay niños no hay zapatos, y el zapatero se irá. La plaza no tiene gente, se viste de soledad”. 

El 13 de mayo el Bajo Aragón histórico decía adiós a una de sus principales señas de identidad; las torres de refrigeración de la Central Térmica de Andorra desaparecían en cuestión de segundos del paisaje del que habían formado parte los últimos 40 años. Casi 300 kilos de explosivos fueron necesarios para borrar del mapa a las tres gigantes. A su mediático final asistieron representantes de Endesa, hasta quince medios de comunicación diferentes y vecinos de la localidad andorrana y alrededores. 

La demolición de estas torres dejaba huérfano al otro gran símbolo de la central, la chimenea, que con 343 metros es la segunda estructura de hormigón más alta de España y supera en altura incluso a la icónica Torre Eiffel de París. Sin embargo, si los planes de desmantelamiento continúan según lo estipulado, la chimenea será historia el próximo año, cuando está prevista su demolición.

Como ya ocurriera tras el cierre de la central en 2020, las voces a favor de preservar esta infraestructura –ahora solo la chimenea– se han alzado tanto en la provincia como fuera de ella e incluso han surgido propuestas enfocadas a dar una “segunda vida” al patrimonio industrial. Es el caso del artista aragonés, Miguel Ángel Arrudi, que propone convertir la chimenea en una especie de teleférico panorámico desde el que contemplar el paisaje con unas vistas privilegiadas. 

Ya en 2019, Arrudi proponía dar un nuevo uso a las torres de refrigeración convirtiéndolas en eje de un parque escultórico. Ahora se centra en la figura de la chimenea, para la que ha ideado una especie de funicular con cápsulas panorámicas que asciendan y desciendan por la estructura. Estas cápsulas estarían equipadas con climatización y equipo de emergencia y tendrían capacidad para entre seis y doce personas. El recorrido total que harían los usuarios sería de 850 metros —contando la subida y la bajada— y en tiempo supondría unos 15 o 20 minutos. Un trayecto lento para poder “ver y disfrutar de todo el paisaje del Bajo Aragón y las cuencas mineras a vista de pájaro”, relata. 

Su idea con este proyecto es dotar a la chimenea de una utilidad que justifique al menos parcialmente sus elevados gastos de mantenimiento, ya que es una de las razones que argumentó en su día Ignacio Montaner, director general de Endesa en Aragón, por las que no se contempla la preservación de la chimenea. “Particularmente soy de la opinión de reutilizar de forma razonada los elementos definidos como patrimonio industrial, darles nuevos usos, y así contribuir con la economía circular de la que tanto se habla”, señala Arrudi.

El proyecto, que ha titulado Cautivos del olvido, pretende ser no solo un atractivo turístico, sino también didáctico, por este motivo Arrudi incluye en el conjunto aulas para escolares y talleres y menciona la posibilidad de crear un centro de documentación sobre las nuevas energías. Sostiene que esta nueva utilidad de la chimenea podrá compaginarse con las nuevas plantas de energía renovable que albergará el entorno una vez se adjudique el Nudo Mudéjar. “Mantener la chimenea supondrá, al mimo tiempo, mostrar el cambio sustancial del paisaje en pos del denominado Reto Demográfico, la Transición Justa y el Desarrollo Sostenible y de alguna manera justificarlo”, apunta.

Además, Arrudi propone que la estructura de la chimenea se habilite para albergar antenas y sistemas de telecomunicaciones modernos. Por otro lado, en el exterior se llevaría a cabo una intervención artística y por las noches se convertiría en una escultura lumínica.

Preservar el patrimonio, el clamor general

El rechazo a la demolición de la icónica torre es algo generalizado —especialmente en Andorra— y los partidos políticos locales han empezado a hacerse eco del clamor de los vecinos. El pasado mes de junio el Partido Popular y Elijo Andorra presentaron en pleno extraordinario una moción en la que solicitaban el mantenimiento de la chimenea de la Central Térmica de Andorra y la declaración de la misma como Bien Industrial. Así mismo pedían que se paralice cualquier trámite y gestión encaminado a su derribo al tratarse de “un emblema para la localidad y también para la provincia de Teruel”. 

El resto de partidos mostró su acuerdo en cuanto a la visión de la chimenea como un emblema para Andorra, pero señalaron que para su mantenimiento deben estudiarse varias cuestiones como puede ser el coste anual que ello supondría o los usos que podría tener para que genere beneficios y sea rentable. Finalmente se aprobó con siete votos a favor y cinco abstenciones por parte del Partido Socialista.

No son los únicos que piden la preservación de la ‘torre Eiffel turolense’; nombre con el que la Agrupación de Electores Teruel Existe bautizó a la chimenea. Este grupo se opuso al desmantelamiento de la térmica desde el principio, señalando que “no es incompatible mantener el patrimonio industrial con el desarrollo de energías renovables y, sin embargo, mantener el patrimonio nos daría una oportunidad de diversificar la economía del territorio” y apuntando que la central “es uno de los símbolos que han identificado la historia del carbón y de la minería en la provincia, es un patrimonio industrial único”.

No obstante, las voces más críticas han surgido de la ciudadanía. Ya en 2020, Rolde de Estudios Aragoneses (REA) fue el primero en presentar un detallado estudio para justificar su preservación de la térmica y que esta fuera declarada Bien Catalogado del Patrimonio Cultural Aragonés. La petición se respaldaba en un informe científico de María Pilar Biel Ibáñez, miembro del Comité Internacional para la Conservación del Patrimonio Industrial y coordinadora del Máster de Gestión de Patrimonio Cultural de la Universidad de Zaragoza. 

En este documento Biel no solo defendía el valor tecnológico, arquitectónico y territorial de la central, sino que reivindicaba un plan estratégico para el territorio enfocado en conservar el paisaje industrial que había surgido como consecuencia de la generación energética y que englobaría también las minas y el ferrocarril minero.

Sin embargo, sus esfuerzos fueron en vano. “Nos dimos de bruces con el muro de la Dirección General de Patrimonio cultural del Gobierno de Aragón, que denegó nuestra petición”, apunta Vicente Ibáñez, miembro de la Plataforma en defensa del patrimonio industrial de la central térmica de Andorra, a la que pertenece Rolde.

Tampoco la Asociación de Acción Pública para la Defensa del Patrimonio Aragonés (Apudepa) logró paralizar el desmantelamiento. Su presidenta, Belén Boloqui, alegó el pasado 13 de mayo, cuando se dinamitaron las torres que estas caían “por la voluntad del poder representado por Endesa” y añadía “ese poder aliado con los gobiernos, con el de Aragón y con el MITECO”. Lamentaba, además que el patrimonio industrial “todavía no está suficientemente protegido ni por la Ley de Patrimonio Histórico Español ni por la Ley de Patrimonio Cultural aragonés”.

Endesa ha realizado a las 11:30 de este viernes, 13 de mayo de 2022, la voladura simultánea de las tres torres de refrigeración de la Central Térmica de Andorra (Teruel), en un acto al que han asistido representantes de la compañía, entre ellos, el director general de Generación, Rafael González.

Algunos vecinos han acudido a ver la voladura y numerosos medios de comunicación, al haber más de 70 periodistas acreditados, desarrollándose el evento como estaba previsto.

En declaraciones a los medios de comunicación, el director general de Generación de Endesa, Rafael González, ha dicho que este es un proceso importante que forma parte del desmantelamiento de la central y representa la conclusión de una etapa de más de 40 años en la cual “hemos desarrollado una actividad de producción de energía con carbón y hemos vertebrado el territorio”.

Ahora Endesa plantea para Andorra un proyecto de energía sostenible para su “apuesta global” por la energía renovable. En las próximas semanas se instalará en el vertedero de la central una planta de energía solar integrándose “las tecnologías más avanzadas” y llevará asociado “un desarrollo social y económico nuevo para la comarca”.

Este es un primer proyecto de 50 megavatios, vinculado al proceso de transición justa, en el que Endesa lleva trabajando “muchos años”, iniciándose en próximas fechas una primera fase, a la que seguirá una instalación eólica también de 50 MW.

Una decisión “lógica” según Lambán

El presidente de Aragón, Javier Lambán, ha considero “lógico” el derribo de las tres torres de refrigeración de la Central Térmica de Andorra (Teruel) y, si bien había personas “bien intencionadas” que han intentado que permanecieran donde están, “nadie ha dicho para qué iban a servir y mucho menos cómo se iba a pagar su mantenimiento, que resultaría carísimo”.

Lambán ha sostenido que el derribo de las torres es una decisión de la empresa, que no se haría cargo de su coste de mantenimiento, mientras que por parte del Ayuntamiento de Andorra no sería razonable que destinara sus recursos a mantener unas torres que progresivamente se iban a ir deteriorando y no iban a tener ningún propósito concreto en cuanto a su utilización“.

Por otra parte, el presidente autonómico ha recordado el anuncio este miércoles, 11 de mayo, de la inversión por parte de la compañía química Oxaquim de 370 millones de euros en una nueva planta de producción en Andorra y en la ampliación de la que ya tiene en Alcañiz, que supondrá crear 380 puestos de trabajo.

“Es una noticia relevante” y supondrá “superar las cifras de empleo que generaba la central térmica, es ir más allá” y, además, si se suman los puestos de trabajo que se crearán con la adjudicación de los megavatios del nodo de Andorra “hablamos de más que duplicar entre ambas iniciativas el empleo que existía cuando el carbón estaba plenamente vigente”.

Sobre el convenio de transición justa en Andorra, Lambán ha reconocido que su tramitación “se ha revelado más complicada de lo que inicialmente se pensaba, pero tarde o temprano llegará” y “las gentes de Andorra puede estar tranquilas porque poco a poco su futuro se va despejado”.

Cuando la central térmica cerró sus puertas, en junio de 2020, se planteaban numerosas incógnitas. A la principal, sobre el incierto futuro que le esperaba a Andorra y al resto de municipios afectados por el cese de la planta, se sumaron otras como la incertidumbre de qué ocurriría con la capacidad productiva que quedaba libre y si esta serviría para encaminarse hacia la ansiada transición justa. Todo apuntaba a que sería Endesa, la antigua propietaria de la central, la que resultaría beneficiaria de los megavatios, pero finalmente el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) optó por un concurso de concurrencia competitiva en el que, además, la propuesta o propuestas ganadoras deberían desarrollarse en la zona, haciendo uso de la red de transporte de electricidad ya existente. 

Ahora, una vez concluido el plazo para presentar los proyectos y con todas las cartas sobre la mesa, solo es cuestión de tiempo. Si se cumplen los plazos, en septiembre se dará a conocer la empresa o empresas adjudicatarias del Nudo Mudéjar, el primer concurso convocado por el Instituto para la Transición Justa que liberará 1.202 megavatios para la evacuación de energía renovable. Una concesión que pretende dar salida a gran parte de la capacidad que tenía el antiguo nudo Mudéjar 400 kV, al que se enganchaba la central térmica de Andorra.

El objetivo, señalan desde el Miteco es fomentar la instalación de nueva generación de energía eléctrica renovable “que impulse la recuperación económica y social de las zonas de transición justa, afectadas por los cierres de centrales”. Y añaden que deberá prestar “especial atención a la creación de empleo, el desarrollo empresarial y la lucha contra la despoblación”. Es por eso que entre los criterios de evaluación, el que más peso tendrá será el plan de acompañamiento social y económico que  hayan presentado las empresas, seguido de la innovación tecnológica que aporten sus proyectos, de la madurez en la que se encuentren y un último criterio gira en torno a la minimización del impacto ambiental.

En palabras de Antonio Amador, alcalde de Andorra, el proyecto que más beneficie al territorio será el que gane los megavatios. “Con este plan logramos que las empresas promotoras generen impacto y riqueza en el territorio gracias a la colaboración y contratación de empresas locales que plantean alternativas de desarrollo que no están vinculadas con la producción energética”, explica. Bajo su punto de vista es esta diversificación empresarial “lo que realmente hará que Andorra y los otros 33 municipios afectados tengan un futuro esperanzador”

El concurso ha atraído el interés de empresas nacionales y también internacionales que ya han presentado sus proyectos y finalmente son once las plicas que participarán en el proceso. Entre ellas, están las ofertas de Forestalia; Endesa; Copenhagen Infrastructure Partners (CIP); Ignis; Acciona y Falck Renewables; Energías de Portugal (EDP) y Térvalis; Iberdrola y Aurinka; Naturgy; Grupotec, Solaria Promoción y Desarrollo Fotovoltaico, y la empresa Calanda Renovables SL. 

Las propuestas

Algunas empresas participantes ya han filtrado información sobre el grueso de sus proyectos y a las propuestas más convencionales como parques eólicos o fotovoltaicos se unen otras novedosas como   el hidrógeno verde. También empiezan a conocerse algunos planes de acompañamiento. 

La antigua propietaria de la térmica, por ejemplo, ha desarrollado un plan técnico con diez parques renovables concebidos en cinco proyectos híbridos de tecnología eólica y fotovoltaica para un total de 1.495 MW a implantar en Calanda, Alcorisa, Alcañiz, Híjar, Albalate del Arzobispo, Samper de Calanda, Andorra y Escatrón (Zaragoza). A este complejo irá asociada la batería para almacenaje de energía más grande de España hasta el momento, de 87 MW de capacidad.

Así mismo, anunció que instalaría una planta de electrólisis para generar hidrógeno verde, pero no solo eso, su idea es lanzarse a fabricar electrolizadores para otros, lo que aportaría un gran componente de I+D+i a su propuesta de acompañamiento. También contempla inversiones en todos los sectores productivos, desde la “agrivoltaica” hasta una industria de seguidores solares para sus centrales fotovoltaicas, además de un centro logístico de aerogeneradores.

Por otro lado, Forestalia proyecta medio centenar de instalaciones eólicas, solares y de almacenamiento a las que sumaría una central fotovoltaica de 50 MW que cedería a los ayuntamientos y cuya electricidad abastecería de forma gratuita a los edificios municipales y los hogares de los vecinos de los 34 municipios del Nudo durante 40 años.

La propuesta conjunta que han presentado los grupos Ignis y Arcoiris incluye una planta fotovoltaica con baterías de almacenamiento de última generación y mecanismos de compensación síncronaun, además de un plan de acompañamiento con dos granjas de porcino en Andorra, una granjaescuela orientada a formación en porcino e instalaciones de autoconsumo en los 34 municipios del ámbito del concurso.

El proyecto del grupo Copenhagen Infrastructure Partners (CIP) junto con Enagás, Naturgy, Fertiberia y Vestas prevé la implantación de 1,7 gigavatios (GW) de potencia eólica y solar fotovoltaica que estarán conectados a un electrolizador de 500 megavatios (MW) capaz de producir 40.000 toneladas de hidrógeno verde al año. Además, lo acompañaría con la construcción de un hidroducto para transportar el hidrógeno hasta una nueva industria de amoniaco en Sagunto destinada a fertilizantes sostenibles, generando en la fase de construcción alrededor de 5000 empleos.

A largo plazo, el proyecto en su conjunto pretende alcanzar los 5 GW de eólica y fotovoltaica en Aragón que abastecerían un electrolizador de 2 GW, lo que serviría para cubrir el 30% de la demanda actual de hidrógeno en España.

Avales

Para asegurar que la empresa o empresas adjudicatarias cumplen con los planes de acompañamiento socioeconómicos, el Miteco decidió elevar la cuantía de los avales, de modo que una empresa que solicita el total de los 1.202 MW de evacuación tiene que depositar un total de 240 millones de euros. “Con esta medida se garantiza la calidad de los proyectos y además, si la empresa adjudicataria no cumple escrupulosamente con lo prometido y en el tiempo estipulado, perderá los avales y se le retirará la concesión”, explica Amador.

Aunque el alcalde todavía considera que es pronto para hablar de cuánto empleo dejará en la zona el Nudo Mudejar, sí adelanta que la idea es que la mayor parte de estos empleos pueda cubrirse con personas del territorio, “aunque también habrá puestos que requieran más especialización y quizá así atraigamos a gente de fuera”, señala. 

La central térmica de Andorra, la industria más contaminante de Aragón mientras funcionó y una de las factorías más rentables del territorio, fue durante los casi 40 años transcurridos entre su inauguración a finales de noviembre de 1981 y su apagado el 30 de junio de 2020, el principal motor económico de esa localidad y su comarca, que durante varios años pasó por ser la de mayor renta de la comunidad y una de las principales del país, y también de las colindantes Cuencas Mineras, Bajo Aragón y Bajo Martín.

El cierre de la central sitúa a los habitantes de esos territorios ante una reconversión pura y dura de la industria energética en la que se basó su sistema económico durante casi cuarenta años, similar a la que sufrieron sectores como la siderúrgica o la naval precisamente cuando los hornos del noreste de Teruel comenzaban a quemar carbón para generar electricidad por mucho que las instituciones y otros actores apelen a conceptos como “transición justa”, contaminados por una potente carga eufemística que su propia (e inconcreta) formulación no es capaz de maquillar: ¿hacia dónde se dirige el tránsito? ¿qué injusticia pretende evitar?

La térmica ha cerrado, la ocupación directa que generaba ha bajado de 600 a 150 empleados que ahora trabajan en el desmantelamiento de las infraestructuras y la actividad desaparece en la minería mientras mengua en otros sectores auxiliares como el transporte cuando sigue sin conocerse quién va a explotar los derechos de conexión a la red eléctrica de la capacidad que deja libre la central, algo de lo que depende, al menos en parte, una de las facetas de esa reconversión.

Esa realidad se consolida mientras la economía de las principales localidades del área nororiental de Teruel va prosperando, en algunos casos de manera notable según indican los registros que hace públicos la Agencia Tributaria, aunque quedan incógnitas por despejar como la capacidad tractora de supuestas alternativas como Motorland.

Lo relativo del retroceso de Andorra en la clasificación

Los datos de la Agencia Tributaria cifran en 752,38 millones los ingresos declarados entre 2013 y 2019, el año previo al cierre, por vecinos de Andorra en el IRPF, principalmente como procedentes de rentas salariales, de actividades económicas, de alquileres y de ganancias financieras.

Eso supone una renta media bruta anual de 107 millones de euros de la que Hacienda se llevaba casi veinte. Quedaban más de 87,5 para gastar tras soportar una presión fiscal del 18,48%.

En esos siete años, tanto la renta bruta media como la neta, que es la disponible tras descontar lo liquidado en el IRPF y lo aportado en cotizaciones a la Seguridad Social, se mantuvieron estables aunque con una ligera tendencia a la baja: la primera cayó menos de un punto y medio al pasar de 29.663 euros a 29.214 (-449) y la segunda lo hizo en 2,6 al menguar de 23.894 a 23.734 (-160).

No obstante, esos datos indican que el retroceso de Andorra en las clasificaciones sobre la renta bruta media tanto a nivel autonómico como estatal, donde en esos siete años cayó del primer al cuarto puesto y del 106 al 345, no se debió tanto al deterioro de su economía como a la mejora de otros, caso de Cuarte de Huerva, cuyo registro creció de 27.901 a 31.095, Villanueva de Gállego (de 26.912 a 29.940) y Zaragoza (de 26.390 a 29.475). 

Las rentas medias mejoran en las comarcas limítrofes

Algo similar había comenzado a ocurrir en el entorno de Andorra antes de que estuviera sobre la mesa el cierre de la central de manera definitiva, la consecuencia de cuyas eventuales ondas expansivas en el ámbito económico están por determinar.

Esa tendencia a la baja de las rentas medias declaradas en Andorra contrasta con la mejoría que se ha dado en ese mismo periodo en las principales poblaciones de las tres comarcas que rodean a la suya.

En este sentido, el avance de ‘solo’ 891 euros en siete años de Alcorisa (de 22.379 a 23.270) resulta escaso frente a los 2.742 de Calanda (de 17.736 a 20.482) o los 2.462 de Mas de las Matas (de 17.360 a 19.832), ambos en la comarca del Bajo Aragón, en cuya capital, Alcañiz, ese registro crece en 2.492 (de 21.600 a 24.092).

Las mejoras son de menor cuantía en el Bajo Martín, con crecimientos de 1.898 en Híjar (de 19.513 a 21.411) y de 1.706 en Albalate del Arzobispo (de 21.273 a 22.979), y más reducidas todavía en las Cuencas Mineras, donde se quedan en 1.638 en Montalbán (de 22.200 a 23.838) y en 1.020 en Utrillas (de 22.809 a 23.829).

Andorra sigue siendo la población turolense de más de mil habitantes con una mayor renta media, tanto bruta como neta, por declaración de IRPF, aunque Alcañiz ya la duplica en volumen con 203 millones anuales declarados por sus vecinos.

Y, al mismo tiempo, se va achicando de manera notable la diferencia que mantenía con las capitales de sus tres comarcas limítrofes: en siete años, la horquilla de más de 8.000 euros con la del Bajo Aragón se ha reducido a apenas 5.000, mientras las de Utrillas e Híjar pasaban, respectivamente, de más de 7.000 a apenas 6.000 y de más de 10.000 a apenas 8.000.

Cuando se pierden más habitantes que contribuyentes

Esos datos no indican que la renta bruta media por habitante de esas localidades haya crecido en esas magnitudes mientras la de Andorra permanecía congelada, ni tampoco que hayan variado en esas medidas las de los declarantes de cada municipio. Sin embargo, sí apuntan claramente a la existencia de dos tendencias opuestas, una de mejora y otra de declive.

La Agencia Tributaria deja claro en su portal “la información declarada en el IRPF se refiere a la totalidad de rentas percibidas en el año de devengo por todos los miembros que integran una unidad familiar”, por lo que “no puede interpretarse la renta media por declaración ni como renta individual ni como renta por hogar o familia en sentido estricto, ya que dependerá de la modalidad de declaración (individual o conjunta) escogida”.

Resulta llamativo, no obstante, que durante ese periodo de siete años en Andorra se haya ido reduciendo de una manera mucho más acusada el número de habitantes, que pasó de 8.148 a 7.345 (-803, -9,85%), que el de declaraciones del IRPF, que prácticamente se mantuvo al variar de 3.727 a 3.677 (-50, -1,34%), y el de declarantes, con una pérdida de solo 303 y un -6,17% (de 4.905 a 4.602).

IU ha vuelto a reivindicar en Andorra el cumplimiento de los compromisos de Endesa, Gobierno de Aragón y Ayuntamiento para que el desmantelamiento de la central térmica sea una verdadera “transición justa”. Bajo el monumento a los mineros, el coordinador general de IU, Álvaro Sánz, junto con los ediles Raúl Romero y David Villanueva, ha exigido una reindustrialización rápida de las comarcas afectadas por las deslocalizaciones o el cierre de emblemáticas industrias como es el caso de la central térmica.

Sanz ha señalado que “los convenios de transición no pueden demorarse más, para absorber a todos los trabajadores de Endesa y sus subcontratas, sobre todo a los mayores de 55 años, porque no podemos dejar a nadie atrás y eso tiene que ser más que un eslogan”.

Asimismo, ha señalado que “la sociedad desconoce qué proyectos se barajan en el Mecanismo Nacional de Recuperación, Transformación y Resiliencia, en el Plan España Puede, por parte de Aragón, que en teoría van a movilizar miles de millones de euros”. “No sabemos si responden a un criterio estratégico que responda a la vertebración y al impulso de un nuevo modelo productivo -ha criticado- no queremos que el medio rural se vea expoliado con una mala planificación de las renovables, como ya sucedió con el espacio urbano con la ley del suelo de Aznar”.

“Necesitamos descentralizar la actividad industrial, utilizar los fondos europeos para reindustrializar desde el sector público como tractor, el Gobierno de Aragón debe ser más que un lobby de las grandes empresas y atender e ir de la mano de las autónomos y pequeñas y medianas empresas del territorio, para conseguir un modelo más sostenible en lo social, económico y ambiental para el territorio”, ha concluido el coordinador de IU.

Raúl Romero, concejal del grupo municipal de IU en Andorra, ha señalado “la falta de empatía de las instituciones con los trabajadores que perdieron su empleo en la central y vemos que la transición ecológica se está reduciendo a un trasvase de millones para las multinacionales de energía”.

“Estamos viendo que el cronograma de las contrataciones para el desmontaje no se está haciendo en tiempo y forma, no se está cumpliendo con el compromiso rubricado en el acuerdo tripartito de contratar preferentemente a los trabajadores de la bolsa de excedentes, contratando a otras personas que ni siquiera tienen la formación necesaria para el desmontaje de infraestructuras de amianto”.

Pérdida de población

Romero ha destacado que en los dos últimos años Andorra ha perdido 500 habitantes, la mayor bajada en 20 años. Vemos marchar a muchas familias en busca de nuevas alternativas porque en nuestra comarca no las encuentran.

Finalmente, el concejal andorrano ha recordado “las promesas del Gobierno de Aragón de atraer a cinco empresas a la zona” y se ha preguntado “dónde está la planta de pellet que nos prometen desde la Alcaldía de Andorra”.

En Teruel hay otra Andorra en la que no se afincan los 'youtubers' ni los deportistas de élite en busca de ventajas fiscales. Es una Andorra árida, símbolo de la historia minera, como también lo son Aliaga, Utrillas o Ariño. Aunque a estas dos andorras las separan casi 300 kilómetros, los vecinos cuentan divertidos que no sería la primera ni la segunda vez que algún turista despistado llega al municipio turolense en busca de las pistas de esquí o de un hotel que realmente está en el Principado.

Las dos Andorras no podrían ser más diferentes. Mientras la del norte tiene una población de unos 77.500 habitantes, la del sur no supera los 7.500 –y aún así es el tercer municipio más poblado de la provincia–. La primera vive eminentemente del turismo –recibe cada año a millones de personas– y de sus ventajas fiscales; la segunda está inmersa en una fase de incertidumbre total por el cierre de su central térmica. 

En junio de 2020 la central echó el cierre definitivo después de 40 años de producción eléctrica. Los trabajadores llevaban años escuchando la letanía del fin del carbón y de la clausura de las minas, pero hasta el verano pasado ese final parecía algo casi imposible. El proceso para cerrar las centrales térmicas de carbón en España, que todavía no ha concluido, comenzó en el año 2010. El apagado de Andorra ha coincidido además con el año de la pandemia, por lo que encontrar trabajo y nuevas oportunidades no está siendo muy sencillo para los extrabajadores directos e indirectos que deja esta planta, en la que su propietaria, Endesa, ha ofrecido una inversión de cerca de 1.500 millones de euros basada en renovables.

Andorra, que en las últimas décadas ha sido uno de los municipios más florecientes de la provincia, se enfrenta ahora a una reconversión que tiene como objetivo crear puestos de trabajo para retener a su población, para que no se vacíe.

“Con lo del cierre la cosa cambiará. Lo que me han comentado mis compañeros en el instituto es que se nota el cierre de la térmica porque muchas familias se han ido del pueblo a vivir a Zaragoza [a poco más de una hora en coche] para intentar buscar trabajo”, cuenta Beatriz, profesora interina del instituto de Andorra. “Piensan que para el curso que viene habrá bastantes bajas de alumnos porque se mudarán a otra ciudad”, comenta esta docente, que es de Teruel y espera poder ir acercándose a la capital si le sale plaza.

“De momento, mucha gente no se ha ido porque están esperando a ver qué medidas toman con el desmantelamiento [de la central] y a ver si se crean más puestos de trabajo. Al final, todo esto repercute en el número de alumnos del instituto y del colegio. Al final se va vaciando todo, poco a poco”, relata.

Una de las cosas que más le sorprendió nada más llegar al pueblo fue la variedad de bares, restaurantes y comercios que había en la localidad. “También nos sorprendió mucho la cantidad de casas unifamiliares y con jardín que hay. Digamos que se nota que aquí ha habido poder adquisitivo”, comenta Beatriz desde el otro lado del teléfono.

Una hipoteca en Andorra y un piso compartido fuera

José Alberto López García es uno de los exempleados de la central que ya ha tenido que irse fuera de Andorra en diversas ocasiones para trabajar aun teniendo casa en el pueblo. “Voy cogiendo trabajos por donde salen. Ayer me llamaron para trabajar en Zaragoza, para un puesto de mantenimiento mecánico”. López García tiene 37 años, una hipoteca y preferiría seguir trabajando en su tierra, pero para ello es necesario que nuevas empresas se instalen en la zona.

“En mi caso, tengo una hipoteca aquí. O cobras mucho dinero o está la cosa muy difícil. Cuando estuve trabajando en Zaragoza estuve compartiendo piso con mucha gente porque si no, es imposible. Además, los sueldos de hoy en día no son los de antes”, lamenta.

“Vemos que no hay nada en firme, que lo que están vendiendo es pan para hoy y hambre para mañana”, critica sobre el proceso de transición. “Con la central térmica se necesitaban 1.000 trabajadores para generar 1.050 MW. Con las placas y los molinos se van a necesitar 100 trabajadores para generar 1.700 MW”, compara.

López García asegura que, desde hace unos años, “la gente empezó a comprarse pisos por Zaragoza y se empezó a marchar”.

Salvar la chimenea y apostar por el turismo

El desmantelamiento de la térmica de Andorra está a punto de comenzar y dará empleo durante cuatro o cinco años a un centenar de trabajadores. El Movimiento Ciudadano Teruel Existe reivindica una verdadera transición justa hacia las renovables y también que se conserven las tres torres y la chimenea para mantener viva la historia del carbón en la provincia y para activar propuestas turísticas para el pueblo.

“No se tiene prevista la conservación de patrimonio concreto [durante el desmantelamiento]. En Alemania y Reino Unido se está conservando, ¿por qué nosotros no? Es algo que no comprendemos”, explica Luis Bernal, miembro del Movimiento Ciudadano y nacido en Andorra.

Durante una rueda de prensa celebrada el pasado miércoles en Andorra, el diputado y los dos senadores de Teruel Existe mostraron su “preocupación” y su “oposición” al “derrumbe de la central térmica, tanto por la pérdida de un patrimonio industrial excepcional como por la desaparición de oportunidades para el desarrollo de Teruel”, explican en una nota de prensa.

Tomás Guitarte dijo durante la comparecencia que la torre de la central “es la Torre Eiffel de la provincia de Teruel” y que consideran que un patrimonio industrial como este puede ofrecer oportunidades de futuro para parte de la provincia.

Desde la agrupación de electores recuerdan que, hasta el momento de su cierre, la central ha supuesto el 9% del PIB de la provincia y que, según los números que manejan, con la clausura definitiva se han perdido unos 500 puestos de trabajo directos, sin contar los puestos indirectos.

Endesa calcula que se crearán más de cien empleos fijos una vez que el parque se ponga en marcha. “El plan para Andorra cuenta con una inversión de más de 1.487 millones de euros y tiene como objetivo final la construcción de 1.725 MW de potencia renovable, de los cuales 1.585 MW corresponderán a la que será la mayor planta solar en construcción en Europa y 139 MW tendrán origen eólico. El proyecto contará además con un sistema de almacenamiento energético a gran escala de hasta 159,3 MW”, explica Endesa en su web. El desmantelamiento, según indican, generará 130 empleos, con picos de hasta 200. Para las tareas de operación y mantenimiento, calculan que se crearán 138 puestos de trabajo durante 25 años.

“Que vengan los youtubers”

Andorra vive ahora “un momento crucial”, en palabras de Antonio Amador (PSOE), alcalde del municipio. “Aquí estábamos acostumbrados a oír que se iba a cerrar y al final llegó. Lo que hay que hacer es reinventarse. Intentar diversificar el tejido económico de Andorra”, explica Amador. Para ello, comenta, necesitan tiempo porque hay proyectos que se están gestando.

El regidor no cree que se vaya a ir mucha gente el próximo año. Admite que hay trabajadores de Endesa que se han ido porque les han dado un nuevo destino, pero cree que en 2021 revertirán esta dinámica. “Necesitamos un poco de oxígeno con el desmantelamiento de la central y la construcción del parque fotovoltaico”, apunta. Desde el Ayuntamiento quieren que la construcción de los parques sea escalonada, para ganar más tiempo, y que mientras tanto se conviertan en realidad los proyectos en los que están trabajando.

“En Andorra solo hay una cosa que no tenemos. Tenemos sol, playa no, pero tenemos un río subterráneo. No somos el pueblo más bonito, pero la gente es la mejor. Tenemos de todo, excepto tiempo”, dice Amador.

Algunos han llegado a confundir esta Andorra, la de Teruel, con la de los Pirineos. “Recuerdo que un día estaba en la gasolinera y llegaron unos chicos preguntando por las pistas de esquí. Y el gasolinero les respondió: '¿las de Valdelinares [Teruel tiene dos estaciones de esquí: Valdelinares y Javalambre]? Y los chicos les dijeron que no, las de Andorra'. Entonces el trabajador dijo todo serio: 'Ah, vale. Sigue por esta carretera, sal por la primera rotonda, llegarás a otra rotonda. Ahí coges dirección Alcañiz, sigue hasta que llegues a Alcañiz [el visitante estaba todo atento] y allí, lo mejor es que preguntes, y a unos 300 kilómetros tienes las pistas de Andorra'.

Sobre si le gustaría que unos cuantos youtubers despistados se afincasen en Andorra, lo tiene claro, le parecería estupendo. “Que vengan. Que venga gente joven, con o sin estudios, que quiera vivir en un sitio tranquilo como Andorra. Lo veo magnífico”, comenta divertido con la idea. “Eso sí, en Andorra solo pedimos una cosa: solidaridad. Y a mí me parece que muchos empresarios, en este caso los youtubers, no buscan buena gente o un sitio tranquilo sino pagar menos impuestos”, protesta. “Si quieren venir aquí, establecer su sede y desarrollar su proyecto empresarial […], les pondremos alfombra roja, eso sí, el IBI o el impuesto de vehículos lo pagarán como cualquier vecino de Andorra, la de Teruel, no de la otra Andorra”, zanja. 

A cinco meses de que la central térmica de Andorra (Teruel) eche el cierre, el futuro es incierto para sus trabajadores. No saben si serán recolocados, tal y como se les dijo, ni si podrán continuar viviendo en la localidad. Aseguran que nadie les ha planteado nada concreto y el tiempo corre en su contra. Por este motivo, más de un centenar de personas salieron este jueves a la calle en Teruel, escenificando con cruces y un ataúd lo que para ellos es “la muerte de la comarca”.

Bajo el lema 'Transición o traición. Andorra-Sierra de Arcos por la defensa del empleo', la marcha convocada por CCOO, UGT, Plataforma de Subcontratas de la Central Térmica, Comité de Empresa y Asociación de Jubilados y Personal Pasivo de Endesa, partieron desde la plaza el Torico, hasta la plaza San Juan, donde se leyó un manifiesto.

El objetivo, según explica el secretario general de la Unión Comarcal de CCOO en Andorra, Antonio Jiménez, es reivindicar soluciones para los trabajadores que el día 30 de junio irán a la calle. “Si el 1 de julio los compañeros de la central térmica y de la subcontrata no tienen un trabajo y se tienen que ir al paro, se acabó la transición justa”, sentencia, en referencia a las promesas del Gobierno central en ese sentido.

Jiménez indica que necesitan una solución a “corto plazo” porque “no va a dar tiempo” a recolocar a los trabajadores, que siguen sin tener “nada concreto”. Mientras tanto, añade, hay familias que ya se han ido de Andorra y otras que irán al paro. “Esto no es una transición justa, es una traición”, dijo, recordando que habría que recolocar a unas “600 personas directamente”.

En este sentido, el secretario general de CCOO en Andorra recuerda que el compromiso que el Gobierno central les transmitió era que “ningún trabajador de la central térmica ni de las subcontratas” se quedaría sin un puesto de trabajo. Sin embargo, a lo largo del 2019 se despidieron unas “70 u 80 personas”, además de los puestos de trabajo que se perdieron de las minas y de otros sectores ligados al carbón.

En la marcha también participaron el secretario territorial de UGT Teruel, Alejo Galve, quien señala que habían decidido manifestarse en la capital turolense para que “la gente conozca la problemática” de las cuencas mineras. “Si no se hace nada urgente, vamos a tener que irnos de nuestros pueblos a buscar trabajo a otro sitio”, apuntó.

Los mismos errores del pasado

Entre las más de cien personas que se movilizaron este jueves en Teruel estuvo Rosa María, vecina de Escucha, donde ya vivieron un episodio similar. Asegura que en Andorra se están cometiendo “los mismos errores que ya se cometieron”. “Los que están arriba no aprenden, si los de abajo vemos que hay que diversificar antes de cerrar, porque ellos intentan hacerlo cuando ya ha cerrado todo”, lamenta.

Igualmente, José María Mella, responsable de una empresa de reciclaje de la escoria de la térmica, critica que España haga “de Quijote” en la transición ecológica, cerrando las minas y las centrales térmicas, “mientras en Alemania seguirán hasta 2038 como mínimo”. “Es necesario que no se pierdan los puestos de trabajo para que siga el pueblo vivo y nosotros estamos cada día perdiendo más empleo”.

Sin alternativas a la térmica

El responsable del área de Juventud de la Unión Comarcal de CCOO, Darío Sanz,  lamenta que a 150 días para el cierre de la Térmica de Andorra ha habido “muchísimos despidos” y recolocaciones “a cientos de kilómetros de sus casas”, sin “ninguna alternativa industrial encima de la mesa”. “No dudamos en las buenas intenciones del Gobierno central y autonómico, pero desde luego hay que exigir más a las empresas como Enel Endesa, que quiere seguir impulsando su plan de negocio en las comarcas mineras”, manifiesta.

Desde la subcontrata Nervión, Ángel Villén, recuerda que a los trabajadores de Endesa los están destinando a otros lugares de la geografía española, pero que su destino “es el paro”. Igualmente, critica que en España se haya comenzado ya con el desmantelamiento de las centrales térmicas, mientas que en otros países de la Unión Europea continuarán hasta 2028.

En Andorra disponen de cuatro farmacias, dos residencias de personas mayores, siete centros educativos, una biblioteca pública municipal y seis panaderías. Los principales generadores de empleo son un par de fábricas, una de ellas de gres, el comercio minorista, los bares y restaurantes y, por supuesto, la central térmica que da trabajo directo a 153 personas y, según algunas estimaciones, puede llegar a generar cerca de 400 puestos de trabajo si se incluyen las contratas. El Gobierno incluyó a Andorra en el Plan de Transición Energética que pretende crear 300.000 nuevos empleos en España de 2021 a 2030.

Los andorranos llevan 20 años con gobiernos de izquierdas en el ayuntamiento. Antonio Amador ha cumplido 42 años y es alcalde de Andorra desde el mes de junio. Campechano y empático, este militante del PSOE es también secretario de organización de los socialistas en la provincia de Teruel. Presume de ser “un andorrano que está en la alcaldía” y manifiesta su preocupación por el futuro de su pueblo. “La decisión del cierre es irreversible. Vivimos con la angustia que provoca la incertidumbre. Se habla desde hace tiempo de proyectos que iban a llegar. La gente quiere creer en algo, pero ya no se fían. En realidad, debería suceder lo mismo gobierne quien gobierne. Mi trabajo será exigir lo que está acordado con el Gobierno para solventar con éxito la transformación”.

Este verano, el alcalde repartió 29 cachirulos a los niños nacidos en el último año. “Si la transición ecológica es perder a la mitad de la población, no la quiero”, dice tajante. Para ejemplificar algunos de los daños que producirá el cierre de la central, el alcalde explica que Endesa dejará de pagar al Ayuntamiento alrededor de 2,3 millones de euros, casi un tercio del actual presupuesto, que asciende a 8 millones de euros.

Celeste abrió Sfera Calzados en Andorra en 2007. “Puse en marcha una zapatería en plena crisis. Soy una luchadora y creo que en Andorra saldremos adelante. Notamos que el consumo ha bajado, pero es general en toda España. Los comerciantes apostamos por el pueblo y seguiremos luchando”.

El domingo no abrirá Sfera calzados. Celeste piensa ir a votar al mediodía con su marido y sus hijos. “Aunque son menores, me gusta hablar con ellos y que vean cómo se vota”. Considera que es necesario que se forme un Gobierno estable “para que se pueda buscar soluciones a problemas como el cierre de la central térmica. Que el Gobierno sea del color que sea, pero que gestione. Eso sí, decepciona la posibilidad de que volvamos a estar como en abril”. Quiere transmitir una sensación de optimismo: . Y en Andorra lo lograremos, como siempre“.

Mineros mileuristas

Salomón Amador es hermano del alcalde. Ha cumplido 36 años y empezó a trabajar en la mina cuando tenía 22 años. “Trabajo para una contrata y nos han dicho que cuentan con nosotros para nuevos proyectos aunque se cierre la mina”. Deja claro que los sueldos de los mineros no son los de antes. “Nosotros somos mileuristas”. Se casó a primeros de octubre y vive de alquiler. “Con la incertidumbre no te atreves a meterte en la compra de una vivienda. En mi grupo de amigos, a todos les pasa lo mismo. Mi mujer trabajaba en hostelería y se ha quedado en el paro porque la inestabilidad afecta al empleo. Además, en Andorra se nota que ha bajado el nivel de vida”. El domingo irá a votar pronto. Cree que para el futuro de su pueblo influirá mucho el gobierno que salga de las urnas, aunque el cierre de la central tenga una fecha fija. “Estamos hartos de tantas promesas. Todos vienen prometiendo desde hace muchos años. El problema es que se nos ha echado el tiempo encima”.

“Un palo muy gordo”

Javier Ginés (36 años) decidió hace un par de meses trasladar el bar 'Más que tapas' a la calle peatonal de Andorra. A medio camino entre tapería y vermutería, el bar de Ginés da trabajo a ocho personas. El domingo abrirá como todos los domingos, pero sabiendo que, posiblemente, la caja mejorará. “La gente sale a la calle para votar y toma un vermú por la mañana o merienda por la tarde”.

Desde detrás de la barra, cree “que la mayoría tiene muy claro lo que va a votar”. No madrugará para depositar sus papeletas. “Seguramente, iré a última hora, porque, como he dicho, esperamos tener mucho trabajo”.

Considera que “el cierre de la central, si no hay alternativas, va a ser un palo muy gordo. Llevamos mucho tiempo escuchando que van a venir empresas y los andorranos están ya hartos de promesas que no se cumplen. No obstante, acabo de hacer una inversión hace poco porque creo en el futuro de Andorra”.

“Lo que ha ocurrido aquí en Andorra es un ejemplo paradigmático de la forma de afrontar la política en Aragón, a corto plazo”, ha defendido la candidata de Podemos a presidir el Gobierno de Aragón, Maru Díaz, que ha criticado “que no se haya previsto ningún plan B al desmantelamiento de la central de Andorra ni se le haya exigido que devuelva al territorio parte de los beneficios que ha obtenido durante años”.

Para Díaz, “se requiere de un gobierno valiente, como el que propone Podemos-Equo, que ponga en marcha medidas como una empresa pública de energía, que no habría dejado en la estacada a miles de personas y que controlaría la producción energética”.

También ha destacado que “una forma de hacer atractivo el territorio para atraer empresas es potenciar infraestructuras y no tantos incentivos fiscales para grandes empresas que pueden marcharse en cualquier momento. Hay que desarrollar el autoempleo y generar puestos de trabajo aprovechando los recursos de aquí adaptados al territorio”.

Marta Prades, que lidera la candidatura a las Cortes de Aragón por Teruel, ha alabado la candidatura municipal de Andorra por su “capacidad de trabajo” y ha pedido el voto a Podemos-Equo porque “tienen ideas nuevas, gente con frescura, y nos están pidiendo paso porque la alternativa de futuro viene de los jóvenes”.

María Ángeles Manzano, candidata a la Alcaldía de Andorra, ha afirmado que la candidatura que lidera es “feminista, con personas ligadas al tejido asociativo, al tejido empresarial y de cultura y que luchan por empleos dignos y por un futuro sostenible. Queremos una Andorra con oportunidades y empleos estables y de calidad para todas, queremos una Andorra poblada, rejuvenecida y con futuro, queremos una Andorra verde y sostenible, eficiente, saludable, inclusiva y habitable, queremos una Andorra más democrática, más abierta y más participativa y tenemos propuestas para trabajar y para sumar, no para pasar cuatro años de tiras y aflojas”.

También ha intervenido Diego Bayona, candidato número dos en la lista a las Cortes de Aragón por Teruel, y ha destacado los problemas de despoblación en municipios pequeños, pero también en cabeceras de comarca. Para paliar esta situación, ha asegurado que Podemos-Equo tiene ideas para que la población joven se mantenga: “Apoyo a emprendedores, ayudas a agricultores, más trabajo en el sector del medioambiente... para poder decir que hay futuro en el medio rural”.

Los trabajadores de las subcontratas de la Central Térmica de Andorra contarán con un plan de empleo especifico de formación y orientación personalizada que se pondrá en marcha de forma inmediata, y serán priorizados en las selecciones de personal que se lleven a cabo desde el INAEM para dar respuesta a los nuevos proyectos empresariales que se instalen en la zona.

Así se lo anunció la consejera de Economía, Industria y Empleo del Gobierno de Aragón, Marta Gastón, el pasado jueves a los representantes de este colectivo, con quienes mantuvo una reunión en Andorra. El Ejecutivo autonómico y la plataforma de las subcontratas han establecido un plazo de diez días para poder incorporar propuestas o sugerencias adicionales al plan.

Este plan especial aprovechará las infraestructuras de las oficinas de empleo de Andorra y Utrillas, donde personal especializado va a trabajar “específicamente con este colectivo”, atendiendo de manera individualizada a sus integrantes “desde el diagnóstico inicial de su perfil de competencias, su formación, su especialización y su experiencia para trazar un itinerario que permita su inserción”, explicó Gastón.

La consejera trasladó “optimismo”, aunque ha mostrado su comprensión ante “cierto escepticismo en el territorio” tras los “muchos años de incertidumbre”. “Sería prácticamente suicida que trasladáramos optimismo sin tener la información que conocemos”, añadió en relación a los proyectos “que a modo de goteo estamos convencidos de que irán anunciándose” y de los que el Gobierno de Aragón “conoce los sectores y las necesidades”, lo que le permitirá orientar y formar a los trabajadores.

Gastón compartió con los representantes de las subcontratas sus “reivindicaciones legítimas” e insistió en la priorización “justa” de este colectivo de cara a los proyectos anunciados, los ya instalados que necesitan mano de obra adicional porque están creciendo y los que están trabajando con el Gobierno de Aragón, “en proceso de maduración”, y verán la luz próximamente. En este sentido, la consejera apuntó que solo en la convocatoria a punto de resolverse del Plan Miner, ya hay 22 proyectos que generarán más 140 puestos de trabajo.

“Los 400 empleados de las subcontratas configuran un colectivo de trabajadores especializados, cualificados, formados y con experiencia, que generan una mano de obra abundante para proyectos que estén buscando una ubicación”, subrayó la consejera, que puso en valor este “atractivo”, además de los recursos que ofrecen las Cuencas Mineras.

El Gobierno de Aragón pedirá que el convenio de transición justa que se fije con el Ministerio de Transición Ecológica recoja “la importancia que los trabajadores de las subcontratas tienen en el territorio”. En este sentido, solicitará que se priorice por escrito no solo su participación en el desmantelamiento de la central térmica de Andorra, sino también en la actividad que se genere en torno a la producción de energía fotovoltaica en la zona y en el acceso a la formación que permitirá dar respuesta a los nuevos proyectos empresariales que allí se ubiquen.

Así lo ha trasladado este lunes la consejera de Economía, Industria y Empleo, Marta Gastón, tras el encuentro mantenido en su despacho con los portavoces de la plataforma de las subcontratas de la térmica. Gastón ha manifestado la “sensibilidad del Gobierno de Aragón por las casi 400 personas que están trabajando desde unas 30 subcontratas distintas” en torno a la actividad de la central: “No hay distintas tipologías y categorías de trabajadores. La incertidumbre pende sobre todos los empleos que la minería y la central térmica de Andorra generan actualmente en las Cuencas Mineras”, ha subrayado la consejera.

Este encuentro se celebra tras el mantenido el pasado jueves con Endesa y un día antes de la reunión prevista para este martes por la tarde en Madrid entre la consejera Marta Gastón y el Secretario de Estado de Energía, José Domínguez Abascal. En ella abordarán el convenio para la transición justa que el Gobierno central va a firmar con las comunidades autónomas afectadas por el cierre de centrales térmicas y que Aragón, según manifestó el propio Ministerio, será la primera comunidad en firmar. Gastón ha avanzado que entre los puntos a tratar figura también las próximas actuaciones del “equipo-país” formado por Aragón, Asturias, Castilla-La Mancha, Castilla y León y el Ministerio para la Transición Ecológica, dentro de la Plataforma Europea de Regiones del Carbón en Transición.

Los portavoces de la plataforma han trasladado a la consejera que llevan tiempo solicitando una reunión con Endesa para la que, hasta el momento, no han obtenido respuesta. Marta Gastón se ha comprometido a intentar que sean escuchados por la compañía. “No son empleados directos, pero la tarea que han estado llevando a cabo durante todos estos años es tan importante para el buen funcionamiento de la central como la de los empleados directos”, ha apuntado Gastón, que ha considerado que debe tenerse en cuenta “su incertidumbre y preocupación por su futuro y el de la comarca”, así como las reivindicaciones y sensibilidades que manifiestan como “colectivo vulnerable”.

En esta línea, la consejera ha recordado que la problemática de las Cuencas Mineras “no solo es de los trabajadores actuales, sino de los trabajadores futuros; de esos jóvenes que necesitarán un horizonte de empleo en el que poder gestar sus esperanzas para quedarse a vivir en el territorio”.

En la reunión han participado tres portavoces de la plataforma: Pedro Miñana, presidente del comité de empresa de Maessa, y Macario Mora y Pedro Moneo, trabajadores de la empresa Nervión. Por parte del Gobierno de Aragón, además de la consejera Marta Gastón, ha estado presente Ramón Tejedor, director gerente del Instituto Aragonés de Fomento (IAF) y coordinador del Ejecutivo autonómico para las acciones dirigidas a paliar los efectos del cierre de la central térmica de Andorra.

El Gobierno de Aragón ha presentado diversas alegaciones al Anteproyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética, a la Estrategia de Transición Justa y al Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 2021-2030, que componen el Marco Estratégico de Energía y Clima.

El objetivo de estas modificaciones, explican, “es tratar de garantizar una transición energética verdaderamente justa. Para ello se solicita que el Anteproyecto de Ley prevea la participación de las comunidades autónomas –competentes en aspectos clave como la ordenación del territorio, la política industrial o la actividad económica- y se ponga a disposición de todos los operadores interesados la capacidad de evacuación de instalaciones como la Central Térmica de Andorra”.

En este sentido, el artículo 23 y la Disposición Final cuarta del anteproyecto ley –que el Gobierno de Aragón ha solicitado eliminar- permiten que, mediante una orden ministerial y convenio de transición justa con una de estas entidades, incluso sin participación de la comunidad autónoma afectada, el titular de una central térmica o termonuclear obsoleta la cierre reservándose la capacidad de evacuación, que no se revertiría a la red, en perjuicio de otros operadores.

De esta forma, dicen, “se promueven los beneficios económicos de esas entidades, en perjuicio de otras, y la falta de igualdad de condiciones entre operadores, quebrando las exigencias de competencia del actual marco regulatorio y vulnerando la normativa europea en la materia”.

Esto podría afectar a 50.000 MW de centrales térmicas y termoeléctricas que sus titulares podrían sustituir, sin competencia, por centrales de fuentes renovables. Además, apuntan, “algo similar se prevé para las centrales hidroeléctricas cuyas concesiones de agua queden extinguidas, garantizándose a sus titulares acceso preferente a nuevas concesiones. Esto afectaría a un total de 20.000 MW, que incluirían 45 centrales hidroeléctricas a las que les caduca la concesión en los próximos diez años. En Aragón tenemos 1.101 MW en central de carbón, 1.863 MW en ciclos combinados y 1.557 MW en centrales hidroeléctricas”.

Adaptación al cambio climático

Entre las peticiones del Gobierno de Aragón figura también la inclusión en el Objeto del Anteproyecto de Ley de una referencia explícita a la estrategia de adaptación al cambio climático, y que se tenga en cuenta el equilibrio territorial en relación con los beneficios fiscales relacionados con los combustibles.

Además, se solicita la inclusión de un plan específico para impulsar las renovables en los sistemas de regadío y un plan de mejora de la eficiencia en la fertilización agraria y la reutilización de los estiércoles.

Participación de las comunidades

El artículo 23 del Anteproyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética se desprende que las CCAA pueden no formar parte de los denominados Convenios de Transición Justa e incluso ser obviadas a la hora de concretar su contenido y objetivos, y no requiere expresamente una indispensable coordinación con las Estrategias que se pudiesen aprobar a nivel autonómico.

El Gobierno de Aragón defiende que la transición energética debe realizarse de forma planificada, solidaria, equitativa y respetuosa con los derechos y la dignidad de las personas y los territorios. Asimismo, apuesta por que la actividad de generación mediante fuentes renovables no quede reservada a las actuales propietarias de las actuales propietarias de las centrales térmicas y termonucleares españolas.

La quinta sesión de comparecencias de la Comisión especial de estudio para analizar la transición energética en Aragón y la continuidad de la Central Térmica de Andorra, que se ha celebrado este jueves en las Cortes de Aragón, ha servido para conocer las intenciones de la Comisión Europea, así como las vertientes sociolaboral y medioambiental que conllevan la transición energética anunciada.

Ferrán Tarradellas, portavoz de la Plataforma de Regiones Mineras en Transición de la Comisión Europea, ha presentado las grandes cifras de esta “revolución del sector energético en la que se apuesta decididamente por las renovables, la eficiencia, la reducción del consumo y la generación cercana de la energía”. Tarradellas, “consciente de la dificultad” que va a traer este cambio en zonas como la de las Cuencas Mineras, ha pedido verlo como una “oportunidad” y ha asegurado que el organismo europeo lo que pretende es “ayudar”.

El representante europeo ha asegurado que se prevén destinar para todas las zonas afectadas 379.000 millones de euros en inversiones anuales hasta 2030 y que esa sacudida del sector energético supondrá la creación de 900.000 nuevos puestos de trabajo.

Para apoyar ese cambio estructural, ha señalado, la Comisión ya se ha puesto a trabajar en la constitución de una plataforma multisectorial en la que se da cabida a reuniones de “equipos de país”, mesas en las que habrá representantes de las administraciones, entre ellas del Gobierno de Aragón, sindicatos, direcciones generales del organismo europeo y que estará presidida por la jefa de gabinete del comisario de Energía, el español Miguel Arias Cañete.

En lo concerniente a Aragón, la reunión para analizar la situación en España está prevista para el próximo miércoles 13 de febrero. En esos encuentros se constituirán dos grupos de trabajo, uno que aborde la transformación económica y social de las zonas afectadas y otra que atienda a cuestiones de transición medioambiental.

Por su parte, Luis Clarimón, portavoz en Aragón de la Plataforma por un nuevo modelo energético, un colectivo que agrupa a cerca de 500 organizaciones, ha llamado a lograr una transición “justa”, basada en “un amplio acuerdo y en el diálogo social”, para apostar por “alternativas realistas” y la promoción de oportunidades que sirvan para crear puestos de trabajo y acaben con la “grave situación actual” que mantiene en la “incertidumbre” a cientos de trabajadores y sus familias en la provincia de Teruel. Clarimón ha considerado que para que esa transición sea verdaderamente justa, “debemos buscar nichos de empleo más femeninos para atender a las mujeres de la comarca”.

El representante de la plataforma también ha puesto el acento en el papel que juegan la “privatizada y descapitalizada” Endesa y su propietaria Enel, a las que ha exigido que realicen inversiones para compensar los años de beneficios en Andorra. También ha sugerido al Gobierno que cree empresas públicas o que participe en privadas y ha reclamado formación para los trabajadores de la zona que presentan una baja cualificación.

Por último, la visión más centrada en el medio ambiente la ha aportado Tatiana Nuño, representante de Greenpeace, quien ha reclamado “claridad” a los representantes políticos para asumir el cambio de modelo energético. “Esto lo sabíamos todos hace muchos años, desde 2010 se conocían los nuevos límites contaminantes para 2020 y Endesa ya dejó claro que no haría las inversiones y desde 2013 las térmicas son una excepción normativa del Plan Nacional Transitorio”, ha recordado.

Frente a esa postura de resistencia en un sector carbonífero español que, según ha afirmado, mantiene a 6.600 trabajadores, Nuño ha puesto como contrapunto el caso de Alemania, donde el carbón mantiene a 35.600 personas y ya se ha fijado el cierre total de las centrales para 2022.

Para convencer de la necesidad de cambiar de fuente de energía, la representante de la organización ecologista ha esgrimido estudios científicos sobre el impacto contaminante del carbón, responsable del 45 % de las emisiones de dióxido de carbono y de la mitad de las emisiones contaminantes del sistema eléctrico pese a representar únicamente el 16 % del total.

El pasado 17 de enero se celebró en las Cortes de Aragón la tercera sesión de trabajo de la Comisión especial de estudio para buscar soluciones al anunciado cierre de la Central Térmica de Andorra. A esta comisión acudieron cuatro alcaldes: Sofía Ciércoles, de Andorra; Joaquín Noé Serrano, de Ariño; Javier Carbó, de Escucha, y Joaquín Moreno de Utrillas.

Los cuatro clamaron, de nuevo, por una solución a la transición energética e industrial de las cuencas mineras aragonesas. Un clamor intensificado por el anuncio de Endesa, a finales de 2018, de cerrar definitivamente la central de Andorra en 2020.

“Que nos dejen vivir en nuestros pueblos. Los planes serán la solución cuando se cumpla eso”

Un anuncio no por esperado menos demoledor. Tras cinco Plan Miner extendidos en varias décadas, “Andorra no está preparada para tener un porvenir tras el cierre de la central térmica”, afirma a eldiario.es la alcaldesa de Andorra, Sofía Ciércoles, para la que las medidas necesarias para enderezar la situación no son urgentes, sino “extremadamente urgentes”.

Ciércoles lamenta que no hay alternativas: “No nos queda otra que pedirle al Ministerio que no autorice el cierre hasta que no haya un plan de desarrollo con garantías encima de la mesa. Porque la gente se está preguntando que va a ser de ellos el día de mañana. Ya tendría que estar puesto en marcha este plan de desarrollo económico, hace años, ya tendría que estar en marcha la segunda fase de elevación de aguas del Ebro, ya tendría que estar encima la A-68 o ramales a nuestros polígonos para que las empresas puedan disponer de vías de comunicación competitivas, ya tendría que estar el muelle de carga del ferrocarril…”. Infraestructuras para sostener estructuras.

Tampoco acepta el plan de acompañamiento ofrecido por Endesa, “no es un plan que compense los puestos de trabajo que se van a destruir y el perjuicio económico que va a provocar el cierre”. Este plan pivota entre el trabajo que genere el desmantelamiento de la central térmica y la instalación de una huerta solar en su lugar.

“Endesa tiene que poner un proyecto dinamizador que cree empelo y compense lo que se va a destruir. ¿Cuándo termine el desmantelamiento de la central qué?, ¿cuándo se termine la huerta solar qué? No compensa. No deberíamos exigirlo, debería salir de Endesa dejar el territorio en las mismas condiciones socioeconómicas previas al cese de la actividad. Es una empresa fundada pública y ahora privada que ha repartido muchos dividendos a sus accionistas”.

El Ayuntamiento de Andorra prefiere alargar la vida de la central como medida desesperada: “Si no se han puesto las herramientas adecuadas no se puede autorizar el cierre. Estamos a favor de la transición ecológica, pero no se puede autorizar, no tenemos alternativa”.

Andorra es el tercer municipio en población de Teruel con 6700 habitantes, cabecera de comarca y saneado de deudas. Pero el cierre también conlleva una merma en la capacidad recaudadora del Ayuntamiento, que verá afectados sus ingresos, “nos va a afectar directamente en los servicios públicos que tenemos que prestar o en los puestos de trabajos directos del Ayuntamiento, que es el segundo mayor empleador de Andorra tras la central térmica. Se van a destruir 140 empleos por este motivo, que el plan de acompañamiento también contemple estos puestos de trabajo”, explica la alcaldesa.

La alternancia en el poder en el Gobierno de España tampoco ha supuesto un cambio para solucionar este problema de décadas, “han pasado muchas administraciones y muchos ministros y nadie ha conseguido solucionar el problema. En parte, por eso estamos aquí; la crisis de 2009 tuvo mucho que ver, pero seguimos estando en el mismo lugar que estamos desde hace años. Los gobiernos han pasado, los lemas son los mismos y las demandas son las mismas. En cambio, si que tenemos una fecha de cierre encima de la mesa. Las consecuencias negativas para la gente se cumplen una tras otra”.

Ciércoles ve la pérdida de población de Andorra y las perspectivas demográficas y pide “que nos dejen vivir en nuestros pueblos. Al final, lo que queremos es eso. Los planes serán la solución cuando se cumpla eso. Poder vivir en nuestros pueblos porque queremos seguir viviendo en ellos. Que no nos obliguen a marcharnos. Solo hay que echar un vistazo a los gráficos para ver que las comarcas languidecen”, y apostilla, “será suficiente cuando ya no tengamos que exigir que tenemos derecho a vivir en nuestro pueblo”.

“Todo lo que hemos conseguido tiene toda una historia de lucha y de movilizaciones detrás”

La misma mañana de la sesión de trabajo que reunió a estos cuatro alcaldes turolenses se conoció otra noticia: SAMCA no extraería más carbón en Ariño, porque Endesa tenía en reserva el suficiente para llegar hasta 2020, fecha del cierre. Después de más de un centenar de años de tradición se acabó la mina en Ariño. Joaquín Noé Moreno explica la sensación: “Es duro, es más de un siglo de historia minera de este pueblo, pero lo sabíamos”.

Sin embargo, el alcalde expresa cierta esperanza para el futuro de su municipio, “después del compromiso adquirido por SAMCA estoy más tranquilo; puedo decirlo”. El alcalde confía en el compromiso de la empresa, “es una empresa que no recibe ayudas y sigue aquí; esta y otras. Hay que apoyar a estos empresarios serios que están apostando por el territorio en una situación tan difícil como esta. Estoy en la comisión permanente de comarcas de cuencas mineras en contacto continuo con alcaldes de las cuencas de León y Asturias y ninguna empresa ha puesto un plan encima de la mesa como este. SAMCA es un ejemplo a seguir en este caso”.

La empresa minera, muy arraigada en Ariño, va a reconvertir su actividad en una planta de tratamiento de fertilizantes que va a generar más de 30 empleos y pueden llegar a 80 en la fase de producción además de una planta de tratamiento de arcillas, a lo que Noé suma que “el balneario está atrayendo turismo y con la ampliación vamos a generar más puestos de trabajo hasta 75 trabajadores”.

El alcalde de Ariño respira con cierto alivio tras el arreglo alcanzado con los empresarios locales, pero recuerda la movilización de años para conseguirlo: “Todo lo que hemos conseguido tiene toda una historia de lucha y de movilizaciones detrás. Desde que estallara la crisis en 2009, la cosas han ido de mal en peor y ha hecho falta mucha movilización durante años: la huelga de 64 días, los encierros en las minas o la marcha minera con los niños entrando con linternas a Madrid por la noche acompañados por un millón de personas. Esto es lo que pedíamos. Pero no solo para Ariño, para toda la comarca y para toda la minería. Una transición justa”.

“El compromiso social que podemos esperar por parte de Endesa es cero”

Dos de los cuatro alcaldes que acudieron a la sesión de trabajo, Javier Carbó y Joaquín Moreno, ya han visto cerradas sus centrales y las consecuencias.

La de Utrillas se cerró hace 26 años, “lo que atravesamos fue muy duro y muy traumático. Hemos perdido el 50 % de la población, de 6.000 habitantes a 3.000”, lamenta su alcalde, y añade, “si no se pone una solución seria y real sobre la mesa, cosa que todavía no ha pasado, me temo que a Andorra le va a pasar lo mismo”.

El alcalde de Utrillas siente que tanto Aragón como el resto del país tienen contraída una deuda histórica con las cuencas mineras por la aportación de materia prima al desarrollo de la industria y el enriquecimiento que ese desarrollo ha dejado en las zonas industrializadas. Por el contrario, la producción de esa riqueza no se ha visto reflejada en el propio territorio donde se ha extraído el carbón, “más de 100 años de minería solo nos van a dejar las huellas de minas en la sierra”, a lo que suma el temor de que se produzca la paradoja de la deslocalización, “pudiendo ser autosuficientes en producción energética vamos a acabar importando energía a terceros países por no haber desarrollado alternativas en todo este tiempo”.

El regidor utrillano afirma que los planes no se han aplicado con eficiencia, “somos 17 localidades mineras y estos fondos alcanzan a 95 municipios colindantes o comarcales. Municipios que por mera proximidad pueden beneficiarse pero que no los necesitan, bien porque están bien ubicados, bien por que son pujantes. Fraga es una localidad ejemplar, próxima a la autopista y con una industria frutícola y manufacturera boyante. Bien, por su proximidad con Mequinenza, una localidad con una gran tradición minera, puede acogerse a los fondos. Esta dispersión hace que el efecto se diluya”

También es muy crítico en cuanto a los tiempos y la agilidad en la asignación de las partidas y lo ejemplifica: “Los fondos del Plan Miner 2013-2018 están aún sin distribuir. Estamos en 2019 y en febrero nos dirán qué planes son los beneficiarios de los fondos. Tarde y sin un control eficiente”.

En cuanto a la implicación de Endesa con el futuro de la comarca, el alcalde de Utrillas es escéptico, “el compromiso social que podemos esperar por parte de Endesa es cero. Es una empresa, ahora, con matriz italiana y se debe a sus accionistas. Para mí fue un error catastrófico su privatización, pues nos ha privado de una empresa de valor estratégico nacional. Pero es una empresa privada y no se le puede exigir compromiso alguno. Del Gobierno de España sí esperamos ese compromiso. Un compromiso como el que han tenido todas las cuencas mineras en el desarrollo industrial y económico del país”, termina Moreno.

“Las cuencas mineras ya no son mineras”

Javier Carbó vio cerrar la central térmica de Escucha hace seis años, “cuando pasamos ese escalón perdimos de golpe un 20 % de la población en un solo año. Ahora es un goteo de gente que se va”, explica sobre las consecuencias demográficas del cierre.

Como Moreno, incide en la falta de estrategia de todos los planes desarrollados hasta la fecha: “A los planes les faltaba el plan”. Advierte también la falta de visión estratégica que permita que las inyecciones de fondos públicos se retroalimenten generando un ciclo económico estable, “la reconversión ha sido un desorden, las soluciones parches y el desarrollo parcial. No es necesario construir dos polígonos por pueblo y menos si las vías de comunicación y las infraestructuras tampoco están desarrolladas como los ramales de la autopista, líneas de alta tensión, etcétera,”.

Pide ideas estratégicas, “en Alcañiz, un punto de comunicaciones estratégico, hay un centro de tecnología sin desarrollar. Ante la llegada de los coches eléctricos, precisamente por el cambio del modelo energético, ¿por qué no implantamos ahí a grandes empresas del automóvil? Porque hemos hecho MotorLand. Así pensamos, así estamos”.

El alcalde de Escucha pide otra mentalidad, “los distintos gobiernos han apostado porque el futuro del carbón es el carbón y no. El monocultivo del carbón es lo que nos ha traído hasta esta situación. Hace falta pensar de otra manera. Las cuencas mineras ya no son mineras. Los planes generan decenas de empleos, de duración indefinida, contra perdidas de cientos o miles de puestos de trabajo estables. Es una situación muy dura, es el futuro de la comarca y los ánimos cada vez se caldean más y al final esto puede ser un polvorín”, previene Carbó.

La visita de la ministra

El pasado miércoles acudió a Andorra Teresa Ribera, ministra para la Transición Ecológica. La capital minera estaba empapelada con carteles de “Se Vende, razón: ENDESA”; cada casa, cada balcón. Y cada vecino en la plaza del Ayuntamiento.

Ribera no concretó ninguna certidumbre urgente para Andorra, “son los vecinos, el Ayuntamiento y el comité de empresa quienes entienden mejor cuales son las alternativas con mayor recorrido y más adecuadas. Sé que es un momento difícil para los andorranos”, y continuó la explicación, “desde el Gobierno de la nación hemos querido acompañar a todos estos agentes para explorar cuales son las mejores iniciativas, incentivos fiscales y la mejor manera de desarrollar las infraestructuras y ejecutarlas”. Afirmó que la novedad es “que lo vamos a hacer juntos, la gente de aquí nos ha dado pistas muy claras”. “Confío en que entre todos conseguiremos que nadie se quede atrás”, dijo y no dijo Ribera.

Según la ministra, las señales que manda la administración “van en la línea de crear un instrumento, en la estrategia de transición justa, de subastas de nueva potencia renovable que se potencie en el desarrollo de tecnologías y transformación energéticas que sea más eficaces. Un desarrollo que se centre en los municipios que sufren el cambio y hacerlo con la gente e iniciativas de aquí”. No aclaró si se solucionaría la falta de presupuestos para el desarrollo de la autovía o la elevación de aguas a Andorra, “están avanzadas pero las cosas no suceden de la noche a la mañana”. “Este tiene que ser un modelo de éxito”, apostilló.

“Con independencia de las cosas que están maduras, el objetivo del Gobierno es que no se vaya la gente; fijación de empleo y fijación de la población”, y anunció un convenio junto al Gobierno de Aragón, el Instituto del Carbón y agentes locales: “Desarrollaremos el primer convenio de transición justa con programas de financiación para desarrollar estos elementos indispensables. La intención es tenerlo operativo en junio con una dotación entre 10 y 15 millones de euros”.

En cuanto a las medidas para con Endesa, no dejó claro si permitiría el cierre de la central para ampliar la vida de esta más allá de 2020, “hay que mirar el marco normativo, el derecho de la UE y nuestra normativa”. Afirmó que el actual plan de acompañamiento ofrecido es insuficiente y confía en un mayor compromiso social por parte de la empresa.

El presidente de Aragón también compareció ante la prensa, y señaló cinco grandes empresas están interesadas en Andorra, aunque no desveló cuales.

El presidente de Aragón, Javier Lambán, ha afirmado que, “si se confirma el cierre de la central de Andorra, sería una pésima noticia para el sistema energético y para toda la comarca y alguien debería rendir responsabilidades por ello”. Ha defendido, además, que el Gobierno de España “ha de ser muy exigente con Endesa, hasta el punto de que no debe darse por adjudicataria de los 1.100 megavatios que en este momento tiene de capacidad de evacuación de energía”.

Esa capacidad de evacuación de energía, ha dicho, “hay que ponerla a disposición de empresas aragonesas más comprometidas con el territorio y que generan más empleos”. Y ha insistido en que el Gobierno central tiene “muchos instrumentos” para evitar que Endesa “se vaya de rositas” pues “tiene que devolverle al territorio lo mucho que, en términos de negocio, se ha llevado de ahí”.

El máximo mandatario aragonés ha pedido encarecidamente a la comarca “que no se rinda, que no se cierren negocios porque se está trabajando seriamente para asegurar el futuro a sus gentes tras el cierre de la térmica y de varias minas”.

Ha adelantado que el Instituto Aragonés de Fomento (IAF), trabaja actualmente con “cinco iniciativas empresariales concretas con contactos muy avanzados que solucionarían en gran medida el problema que se podría generar en caso del cierre de la central”.

Visita de la ministra

Son algunos de los mensajes que ha lanzado el presidente aragonés tras la reunión que ha mantenido en Andorra con la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, que ha visitado la zona.

El Gobierno de Aragón, según ha dicho Lambán, “se ha puesto manos a la obra hace tiempo en varias direcciones para buscar alternativas al cierre de la térmica y de las minas dependientes. Por ello, el BOA publicará en próximas fechas una línea de ayudas de 3,7 millones de euros para pymes que se instalen en los municipios mineros o que quieran reforzar sus posibilidades de empleo, y otra de un millón de euros en inversiones de I+D+i para grandes empresas que quieran venir aquí o que ya estén y quieran mejorar su competitividad y su capacidad de generar empleo”.

La tercera sesión de trabajo de la Comisión especial de estudio para buscar soluciones al anunciado cierre de la central de Andorra ha recibido este jueves en el Parlamento aragonés los testimonios de los alcaldes de Andorra, Ariño, Escucha y Utrillas, quienes han trasladado la necesidad de contribuir a desarrollar alternativas empresariales que generen empleo que ayude a fijar población en la comarca Andorra-Sierra de Arcos.

La alcaldesa de Andorra, Sofía Ciércoles (IU), ha sido la primera en intervenir en el turno de exposición pública, en el que ha exigido alternativas que contribuyan a la “diversificación” de la industria mediante un plan de desarrollo con líneas de ayudas, sin olvidar el plan de acompañamiento comprometido. “No se puede dar carpetazo a Andorra y su comarca”, ha denunciado después de recordar el descenso de alumnos que el instituto de su localidad viene sufriendo desde 2015 (de 750 estudiantes ha pasado a 560).

La máxima representante de la corporación municipal andorrana ha aportado propuestas como la segunda elevación de aguas del Ebro, el ramal de la A68, la puesta en marcha de la cementera y la dotación de contenido a los polígonos industriales ya existentes, las ampliaciones de la residencia, el centro de empleo para discapacitados con la opción incluso de poner en marcha uno nuevo. En materia educativa, Ciércoles ha sugerido también dotar de contenido al centro de estudios ambientales y desarrollar planes en investigación de energías renovables.

También ha recordado el “esfuerzo” realizado desde los consistorios por “buscar alternativas y diversificar la economía” ante el declive del carbón. “El Ayuntamiento se ha mostrado siempre flexible y se ha puesto a disposición de las diferentes administraciones para dotar de contenido a nuestros polígonos”, ha asegurado, y ha puesto como ejemplo la labor desarrollada por la sociedad municipal dotando de liquidez a las empresas implantadas para mantener y crear puestos de trabajo. Y ha vuelto a alertar de las graves consecuencias que para las arcas municipales traerá el cierre de la térmica por los ingresos que el consistorio dejará de percibir vía impuestos. “Contamos con ciento cuarenta trabajadores y con el cierre los servicios públicos se van a ver afectados”, ha advertido.

El alcalde de Ariño, Joaquín Noé Serrano (PSOE), ha comenzado lamentando profundamente el cierre de Samca y ha reclamado la “unanimidad” y la “implicación” de todos los grupos parlamentarios para encontrar alternativas a la desaparición de la térmica de Andorra. Noé ha rogado “agilidad” al Gobierno de Aragón en el proceso de implantación de nuevas empresas de sectores como los fertilizantes, las cerámicas y la industria agroalimentaria. “Somos mineros y estamos dispuestos a todo. Somos capaces de volver a donde haga falta”, ha defendido.

El regidor de la localidad turolense ha planteado diversas actuaciones para atraer negocios y mejorar la empleabilidad de los vecinos, como el desarrollo de un “instituto potente” con grados de FP, la posibilidad de ampliar la residencia actual de personas mayores o incluso hacer una nueva, así como la reversión de la conocida como “pista minera” entre Ariño y Andorra “cuyo uso público recortaría el trayecto en diez minutos hasta Alcañiz”, ha destacado. Otras mejoras que ha considerado necesarias han sido el desdoblamiento de las N-233 con la A-69, la dotación de fibra óptica a los polígonos, algo “esencial”, el impulso de una terminal ferroviaria alargando la existente de la térmica hasta el polígono industrial de Andorra, y la elaboración de un “plan de desarrollo turístico supracomarcal” para “aprovechar el entorno”.

Por su parte, el alcalde de Escucha, Javier Carbo Cabañero (CHA), ha llamado a impulsar “una reestructuración de la provincia de Teruel, que vengan inversores a trabajar y no al granujeo y que el Gobierno de Aragón plantee un plan de desarrollo diversificado que no sea Zaragón”. Carbo ha dedicado buena parte de su intervención a criticar el resultado de las diferentes iniciativas impulsadas en los últimos veinte años para la reconversión de las cuencas mineras. “Decisiones sin orden y a lo loco”, que, a su juicio, han provocado un “solape de infraestructuras en los pueblos, escasa creación de empleo, la atracción de empresas que sólo venían a por las subvenciones y el derroche de dinero público en obras de dudosa utilidad”.

“Todos los pueblos quisimos tener nuestro polígono y ninguno está suficientemente dotado, todos intentan tener su museo turístico, su piscina, su pabellón… Hay cuatro pueblos en diez kilómetros por lo que hay que ser más originales y apostar por proyectos comunes”, ha defendido.

Además, ha denunciado “intereses partidistas y falta de control y de rigor” en el reparto de las ayudas, algunas de las cuales incluso se han empleado “para arreglar lavaderos” y ha lamentado el sobrecoste y el retraso de la obra del pantano de Las Matas. Para el regidor de Escucha, “el futuro de las cuencas no era el carbón”, algo que en su opinión queda claro tras el desarrollo de cinco planes nacionales y miles de millones repartidos.

Por último, el alcalde de Utrillas, Joaquín Francisco Moreno Latorre (Compromiso por Aragón), ha asegurado tener claro “lo que no hay que hacer” tras los resultados de los anteriores planes de la minería. “La transición no ha sido justa ni razonable y se ha distribuido una cantidad ingente de dinero”, ha denunciado, por lo que a su juicio solo cabe impulsar una “verdadera reconversión industrial” que venga acompañada por un “cambio normativo” de la distribución de las ayudas para centrarlas en los municipios con empresas dedicadas al carbón.

“De los 158 destinos de esos fondos, 98 han recaído en localidades limítrofes y sesenta en municipios estrictamente mineros”, ha denunciado. Además, ha lamentado la “politización” de las mesas técnicas de la minería y ha reclamado “celeridad” en la aplicación del plan Miner para que no ocurra como con el plan 2013-18, “que todavía no se ha aplicado en las infraestructuras municipales”.

Moreno ha considerado “esencial” dotar de “competitividad” a los polígonos de la zona, así como la mejora de las comunicaciones terrestres, con Sagunto y Fraga como ejemplos en los que fijarse, y ha apostado por el uso del FITE para que sea Aragón la que acometa “una reconversión de la zona con urgencia”. También ha solicitado un “esfuerzo en formación con el fin de que la comarca cuente con personal cualificado para las empresas de energías renovables. En dos años no se ha aprobado ninguna escuela taller en toda la cuenca minera”, ha recordado. Y ha reprochado la falta de facilidades que encuentran en la administración autonómica para atraer a nuevas empresas. “El Gobierno de Aragón nos remite a unas convocatorias públicas de ayudas que nos limitan a 150.000 euros y con eso poco se puede hacer”, ha lamentado.

La Comisión especial de estudio para buscar soluciones al cierre de la térmica de Andorra ha continuado este martes sus trabajos con la solicitud de diversos informes por escrito a Endesa y a los ejecutivos central y autonómico. En ellos, esperan que se muestren las medidas que tienen previsto adoptar ante el cierre de la central, así como la fijación de una primera tanda de comparecencias para los próximos jueves 17 y 24 de enero en la que se dé voz a los representantes del territorio.

El grupo de trabajo, presidido por el portavoz del PAR, Arturo Aliaga, ha acordado reclamar a la compañía eléctrica, asimismo, que presente por escrito el plan de acompañamiento previsto para la comarca Andorra-Sierra de Arcos.

Mientras llegan esos informes, por la comisión pasarán primero los alcaldes de las localidades de Escucha, Utrillas, Andorra y Ariño y luego los representantes de empresarios y sindicatos (CEOE, Cepyme, UGT y CC.OO.) en dos jornadas de comparecencias públicas en las que también habrá tiempo para responder en régimen privado a las preguntas de los representantes de los diversos grupos políticos del órgano.

La Comisión tiene el propósito de presentar un dictamen definitivo antes de que se disuelvan las Cortes y se ha dado de plazo hasta la próxima sesión de trabajo para fijar el resto de comparecencias, entre las que está previsto figuren las de diversos expertos en la materia así como, posiblemente, representantes de Endesa, del Gobierno de Aragón y del Gobierno de España, según ha trasladado el presidente de la comisión en una comparecencia posterior ante los medios de comunicación.

En la reunión de este martes han participado, además de su presidente Aliaga, Dolores Serrat y Ricardo Oliván (PP), Julia Vicente y Leticia Soria (PSOE), Marta Prades y Román Sierra (Podemos), Berta Zapater (PAR), Javier Vicente y Ramiro Domínguez (Ciudadanos), Gregorio Briz (CHA) y Patricia Luquin (IU).